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Alberto Nallar, el abogado insólitamente acusado de sedición en Jujuy: “Mientras esté Morales somos todos rehenes”

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Alberto Nallar, el abogado insólitamente acusado de sedición en Jujuy: “Mientras esté Morales somos todos rehenes”
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Desde su casa en El Carmen donde cumple prisión domiciliaria, el abogado Alberto Nallar habló con lavaca sobre su sorprendente detención y la situación en Jujuy. El video completo incorporado a la causa con el que pretenden acusarlo. Cómo lo detuvieron, la confiscación de su celular, la acusación de “sedición” que levantó una campaña internacional frente al tema.

Su denuncia contra Gerardo Morales (incluimos la versión completa) por pretender la suma del poder público al controlar también a la justicia. El pedido de intervención federal. El gobernador jujeño, sus hijos, la marihuana, el cine, el litio. La ruptura del concepto de república. Argumentos de un abogado especialista en Derecho Administrativo que defiende a pobladores, agricultores y comunidades originarias sin cobrarles.

El video completo incluido en la causa con el que pretenden acusarlo. El texto de su reclamo y sus argumentos para que se intervenga la provincia.

Por Sergio Ciancaglini

El abogado Alberto Nallar cumple prisión domiciliaria en Jujuy aunque asegura que no sabe de qué defenderse porque no le explicaron qué delito cometió, y está preso en su casa sin haber sido juzgado. Fue detenido el 13 de julio, pasado el mediodía. Aclara sobre esta situación en modo Kafka: “Yo entiendo que pueda no entenderse lo que cuento, porque las cosas que nos están pasando son absurdas. Pero así estamos”.

El fiscal Walter Rondón declara en un tortuoso raid idiomático que Nallar, textualmente, “se presentó en los cortes de ruta que ser realizaban en la ruta 66 (…) instigando públicamente a los persona que realizaban dichos ilícitos, a continuar realizando los la interrupción de los servicios públicos, y transporte vehicular, instigando también en sendas oportunidad a que las personas cometan el delito de motín y sedición, alzándose en contra de la Constitución de la Provincia”. Luego plantea como calificación legal: “Instigación pública a cometer delitos”, “instigación a la violencia colectiva” y “alzamiento o motín”.  

“Pero no me victimizo” dice Nallar, 65 años, a lavaca. “Estoy mi casa, con la estufa acá al lado. El verdadero problema sigue siendo lo que le pasa al pueblo” explica desde El Carmen, 20 kilómetros al sur de San Salvador. “Lo que a mí me toque por esta ignominia es nada en relación al esfuerzo que está haciendo la gente, las comunidades, principalmente las mujeres, que siguen al lado de la ruta para defender sus derechos.Nadie va a sacrificar su integridad física, su libertad, lo tremendo de tener que instalarse al costado de las rutas mañana, tarde y noche”.

“¿Por qué la gente hace eso?” se pregunta: “Las personas que reclaman no están pidiendo un plan social, no están pidiendo que les regalen nada, sino que están defendiendo una entidad y una identidad de derechos esenciales que hacen a la subsistencia particularmente de los pueblos originarios. Está su vida en juego. Es lo que explica que las comunidades hagan semejantes sacrificios”.

Nallar es abogado especializado en Derecho Administrativo (no es penalista, según se ha difundido), y como tal asesora a familias, agricultores y comunidades originarias que ven amenazadas sus tierras y sus bienes por diferentes negocios impulsados desde el Estado. Explica: “Las comunidades originarias defienden el derecho a mantener sus territorios, el derecho a evitar el saqueo que significa desde el punto de vista ambiental, territorial y del agua, todo el tema del litio. Pero no es lo único”.

En estos casos el Derecho Administrativo no es sedicioso, pero puede ser mucho más práctico y revulsivo que otras ramas del oficio, incluso la Penal.

Por su trabajo de asesoramiento recorrió efectivamente muchos cortes de ruta, explicando por qué la reforma impuesta por el gobernador Gerardo Morales en realidad es inconstitucional. El video que consta en la causa contra Nallar dura 22 minutos. Fue tomado en Perico, en la autopista Raúl Alfonsín, y permite entender el absurdo de considerar “sedición” la actitud de Nallar. Allí plantea que Morales está cometiendo el delito de “suma del poder público” y lo explica, así como la incompatibilidad de Morales, entre otros funcionarios, para ser a la vez convencionales constituyentes. Las familias reconocen que el abogado las ha defendido de desalojos, que no les cobró, él les propone “luchar para sostener la razón” y remarca la necesidad de hacer visible todo este reclamo. Ironiza sobre la posibilidad de informar a Patricia Bullrich sobre la realidad provincial, y sostiene que ningún canal de televisión informa sobre el trasfondo del problema.

Alberto Nallar: El video completo

La suma del poder

Explica Alberto Nallar sobre Gerardo Morales: “Ha incurrido en un delito penal que es el de la suma del poder público, previsto en el artículo 227 del Código Penal y es un delito que tiene pena de prisión perpetua. El presidente de la Nación debe intervenir en la provincia porque en Jujuy está gobernando alguien que está incurso en este delito, que rompió el sistema republicano porque hablamos de República Argentina y muchas veces no tenemos ni idea sobre la República”.

¿Por ejemplo? “Donde no hay división de poderes se rompe el sistema republicano y en Jujuy no la hay: quien conduce el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es en la práctica la misma persona. Él asumió el 10 de diciembre y el 17 de diciembre ya había sacado la ley para ampliar el número de jueces. Y en 2018 designó a los miembros del Superior Tribunal, que eran miembros de la Cámara de Diputados. Ya lo denuncié en esa época”.

“¿Para qué Morales hizo eso? Para gozar de impunidad absoluta por los delitos que ya venía dispuesto a cometer, que cometió, y que incluí en el pedido de intervención federal que dirigí al presidente de la Nación”.

Nallar encabeza el pedido de intervención a la provincia, por ejemplo, con el “Delito de Atentado al Orden Constitucional y a la vida democrática”, según el artículo 227 del Código Penal. Plantea además describe lo que define como “Captura y Sometimiento Absoluto del Poder Judicial”. Argumenta que “la reforma constitucional antisocial que se lleva a cabo, sumada al ahogo económico del personal docente, de la salud pública y de los demás sectores esenciales del Estado, al despojo territorial de las comunidades originarias y a la imposibilidad absoluta de recurrir a la Justicia por su incondicional sumisión a Morales, han detonado una inclaudicable rebelión popular que desnudará en el escenario nacional el indeseable prontuario que resumimos a continuación”.

Define la “complicidad” del justicialismo, la incompatibilidad de Morales para ser convencional constituyente, cuestiona la creación de una empresa para la producción de marihuana (10.000 hectáreas) encabezada por Gastón Morales (hijo del gobernador), la creación de un instituto de artes audiovisuales en el que puso al frente a otro hijo (Facundo) con un presupuesto que define como “faraónico”, el “impostado matrimonio aborigen Morales/Snopek financiado por el Estado”, el desfalco y liquidación del Banco de Jujuy, el megaendeudamiento de 2019, entre otras cosas. Denuncia también La confiscación de las tierras urbanas en las que se asienta la comunidad Pueblo Kolla de Caspalá. “La Organización Internacional de Turismo planteó a fines de 2021 que Caspalá es uno de los 43 destinos turísticos más atractivos del mundo” explica Nallar a lavaca sobre ese pueblo de 350 habitantes a 4.000 metros de altura. “El gobierno entonces organizó una maniobra engañando y haciéndole firmar a la gente de la comunidad una declaración jurada en la que decían que no eran propietarios de ningún bien, siendo que les correspondía según todas las leyes la posesión del territorio ocupado desde tiempos remotos por esa comunidad aborigen, según lo plantea el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional. La movilización de la gente frenó ese despojo”.   

Este es el texto completo del pedido de intervención

El objetivo real de la detención

Sostiene Nallar que tiene ideología pero no partido. “Soy peronista, pero no del partido sino del movimiento”. Considera al hasta hace poco jefe del peronismo local Rubén Rivarola como “el subjefe de Morales”. Sobre la incompatibilidad de Morales para ser gobernador y a la vez constituyente, aunque lo haga con una licencia: “Ni el presidente ni un gobernador gozan de licencia en ese sentido. Pueden hacerlo para ir al exterior en misión oficial, pero no se suspende su función. El presidente puede estar en China, pero si llama al jefe de la Policía y da una orden, tendrá que cumplirla porque se sabe que está en funciones. Acá hubo un copamiento del poder constituyente por parte del ejecutivo”.

Sobre su detención. “Primero me llevaron a un penal, lo cual es un absurdo porque ahí es a donde se va a cumplir una condena cuando te declaran culpable. Me tuvieron 12 horas, y después a la prisión domiciliaria. Otro absurdo: me anunciaron que es por 20 días, sin que haya ninguna explicación de por qué me acusan de esos delitos. Ponen que de acuerdo al video yo estaba allí. Y claro que estaba. Pero una cosa es que esté ahí, y otra que instigue al delito. ¿Cuándo hice eso? ¿Con qué palabras? Ni siquiera sé de qué defenderme, porque no se entiende de qué me acusan”.

A partir de esa situación, tiene una percepción inquietante. “Me hago a la idea: me van a mandar de vuelta al penal”.

-¿Por qué?

-Porque hacen cualquier cosa, sin ningún escrúpulo. Acá está roto el sistema republicano, la división de poderes. Mientras siga Morales somos todos rehenes. El verdadero objetivo de detenerme es amedrentarme pero, mucho más, amedrentar a todos los abogados, para que piensen que mejor no meterse en problemas.   

¿Qué relación establece entre la situación actual y la de Milagro Sala, detenida desde 2015?

Es un tema muy largo de hablar. No te voy a decir si ella es buena o si es mala. Lo que sí te puedo decir es porque estuve en el juicio defendiendo al que era presidente del Instituto de la Vivienda que supuestamente era el partícipe necesario del delito. Acá jueces y fiscales tendrán que dar cuenta alguna vez de los delitos que cometieron en este juicio, que fue una locura. No la califico a ella, pero lo que digo es que en ese juicio eso por lo que la acusaron es falso.

¿Cómo toma las campañas hechas por oenegés internacionales, asociaciones de abogados y de derechos humanos (APDH y Serpaj, por ejemplo) o el pedido de hábeas corpus planteado por la Secretaría de Derechos Humanos?

Si no fuera por ellos y por medios como ustedes, que están visibilizando todo lo que ocurre, la situación sería todavía más grave. Estaríamos expuestos a cualquier locura. Si las cosas no pasaron a mayores es gracias a toda la gente de diferentes lugares que tiene los ojos puestos en Jujuy. Eso dificulta que hagan lo que vienen haciendo. Para nosotros que todos esos organismos y medios intervengan es una bendición. Esto es una especie de novela de terror, y tranquiliza poder socializar y difundir lo que está pasando.

La comunicación con Alberto no fue sencilla. Al quedar detenido le confiscaron el celular. “No tengo mi agenda, los teléfonos de mis clientes, pero bueno, ya iré recuperando todo”.

Sobre la confiscación del móvil tiene otro sentimiento. “Yo, encantado de la vida. Quien no tiene problema en su conciencia no tiene problema en abrir la puerta de su casa. Que busquen lo que quieran. Van a tener oportunidad de ver que no tengo nada que ocultar y que lo que han hecho es una canallada para satisfacer a su jefe. Pero hagan lo que hagan, no van a poder evitar que sigamos haciendo lo posible para que en la provincia no haya más impunidad”.

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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