Nota
La 4º marcha del piquete más grande del mundo
Mientras en Gualeguaychú no se hipnotizan con la polarización “campo vs. gobierno” (y cuestionan a ambos), el domingo 27 se producirá la cuarta marcha hacia el Puente Libertador San Martín, frontera a la vez argentino-uruguaya, y de un conflicto que puso al descubierto un modelo económico y de manipulación de poder. Son las marchas más grandes de la historia en defensa de un tema ambiental, con un piquete internacional que lleva un año y medio.
“Esto venía frío-.frío, pero en los últimos días la gente se empezó a prender de un modo impresionante” cuenta Gustavo Rivollier, asambleísta de Gualeguaychú y uno de los organizadores de la marcha que el domingo volverá a superar las 100.000 personas reclamando el retiro de la pastera finlandesa Botnia, instalada en Fray Bentos, que no exhibe riesgo alguno de conmoverse ante el reclamo.
Sin embargo, la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú ya logró, entre otras cosas:
- ·
- correr de la zona a la española ENCE (que se mudó río abajo y ahora amenaza ser una plaga para la zona turística y los productores cercanos a Colonia),
· - hacer visible un modelo de desarrollo económico (en ambas orillas) basado en la ganancia rápida, el monocultivo y la depredación,
· - despertó –como lo había hecho Esquel- a cantidad de poblaciones del país que comenzaron a rechazar emprendimientos mineros formando asambleas ciudadanas,
· - mostró de qué modo una sociedad puede concretar una suerte de autogestión política cuando los “representantes” no representan a nadie. Esto es lo que más temor provoca por ejemplo a los grupos mediáticos y al gobierno, que en estos temas –como en la mayoría, más allá de sus esporádicos teleteatros- no parecen disentir.
Las secretarias y la causa nacional
La primera de estas marchas se produjo el 30 de abril de 2005 y reunió a 30.000 personas en una comunidad de 80.000. Fue la explosión pública de un tema que venía germinando: la contaminación, pero además la sensación de ser víctima de engaños por parte de la dirigencia política tanto argentina como uruguaya.
El conflicto sólo pudo crecer. En el 2006 el gobierno en pleno se instaló en Gualeguaychú: ministros, gobernadores, intendentes bonaerenses (?), todos acompañados por sus asesores de prensa y sus secretarias, conformaron una multitud a la que los gualeguaychenses miraron de lejos mientras Néstor Kirchner prometía convertir lo ambiental, y la cuestión Gualeguaychú, en “causa nacional”. El acto se realizó en el Corsódromo.
La Asamblea resolvió instalarse en la ruta cortando el acceso al puente y nunca volvió a salir.
Rivollier percibe que la sensación al avecinarse el domingo “es de mucha bronca, con el gobierno uruguayo, con el argentino. La sensación con respecto al gobierno nacional es de abandono. No cumplieron las promesas y en todo caso las condicionan a que salgamos de la ruta”.
¿Que promesas? “Llevar la causa a Europa, recorrer parlamentos, denunciar a Botnia y a Finlandia. Pero no sólo no lo hacen, sino que cierra convenios con mineras y con toda clase de empresas que son igual de nocivas. Entonces hay un doble discurso. Te llevo a Europa a dar una vueltita y volvemos todos chochos”.
Rivollier considera que el problema va mucho más allá: “La Presidenta dijo ‘salgan de la ruta’, pero nosotros ya nos hemos convertido en algo más que un rechazo a Botnia, en algo que prendió en muchos lugares y asambleas en todo el país, que se plantan justamente frente a la política del gobierno”.
$1.000.000 o una camioneta
Otra promesa trunca es el plan de vigilancia ambiental que implica una inversión de 4 millones de pesos, con un desembolso inicial por parte del Estado del Superávit de 1 millón. “Empezamos a hablar de esto en agosto, y hasta ahora lo único que mandaron fue una camioneta. Nosotros vemos un doble discurso del gobierno, no un compromiso en serio”.
Rivollier se considera un defensor de siempre de darle tiempo al gobierno, tenerle paciencia. “Pero me doy cuenta de que pusiste buena fe, y ellos lo que están haciendo es dejarte morir, apostar al desgaste de Gualeguaychú” (ver nota sobre IMPA, donde la “táctica” gubernamental parece idéntica).
De todos modos, esa táctica puede llegar a no tener éxito en Gualeguaychú: “Esperan nuestro desgaste. Y yo me canso. Pero en seguida aparecen 20 para ocupar mi lugar”. Al no haber “dirigentes” la Asamblea no depende de líderes, mesías ni iluminados: “La Asamblea depende de sí misma, y por eso no se detiene nunca nada de lo que hacemos”.
Campo versus gobierno
El conflicto del “campo” versus “el gobierno” no parece convencer a gualeguaychenses como Rivollier, técnico en computación. “Yo veo lo que ocurre con nuestro asambleísta Alfredo de Angeli (de la Federación Agraria) y tengo, a título personal, un apoyo crítico. Porque el campo genera muchos problemas. Están fumigando para la soja en las puertas de la ciudad. Destrozan ríos, arroyos, secado de los humedales, la quemazón, el desmonte. Para mí con lo de la soja se está haciendo un desastre, todo para la ganancia rápida. Los docentes en la Asamblea cuentan que cada tanto tienen que correr de los patios a las aulas y encerrarse porque pasan los aviones fumigándolos”.
Por lo tanto Rivollier estima que hay “mucha irresponsabilidad en el campo” pero ve del otro lado “al gobierno, que le saca el 50% del trabajo al productor. Si hubiera una política seria para diversificar la agricultura, romper el monpolio, no me parece que lo que hace el gobierno sea la forma adecuada. Así que no quiero quedar pegado ni a la explotación directa de soja, ni a la quema de pastizales que son una práctica siniestra, ni me parece que el gobierno tenga una política acertada para hacer algo distinto. Vos ves que los Grobocopatel, los monopolios, medio que ni se inmutan”.
Por eso, Gualeguaychú no revela sólo lo que pasa en Uruguay, sino lo que pueden estar haciendo sus propios asambleístas, llevados por la lógica de una dinámica económica que va dejando más gente afuera que adentro.
El domingo se verá una nueva escena de toda esta situación. La gente tomando el espacio público, para hacerse oír, y para intentar escribiendo la historia con sus propias palabras.
Nota
Blas Correa, y la condena a 11 policías responsables de su muerte: “Esto recién comienza”

11 agentes policiales fueron condenados por la muerte de Blas Correas en agosto de 2020 en Córdoba, después de 7 meses, 36 audiencias y el testimonio de más de medio centenar de testigos. La sentencia es histórica no solo porque demostró cómo funciona la máquina de violencia institucional, sino porque incorpora la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, y obliga que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Estos argumentos fueron planteados por la familia de Blas, que dice: “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.
Por Bernardina Rosini desde Córdoba. Fotos: Amnistía Internacional Argentina | Nicolás Bertea

“Prometo hacer todo lo posible para que las cosas cambien”.
Soledad Laciar en una carta dirigida a su hijo.

Soledad Laciar es la mamá de Valentino Blas Correas, el joven de 17 años que la noche del 5 de agosto de 2020 salió a comer una pizza junto a cuatro amigos -Mateo, Cristóbal, Camila y Juan Cruz- y quien horas se convertiría en una nueva víctima de la policía de Córdoba.
Vale recordar: los cinco jóvenes regresaban a casa a bordo de un Fiat Argo cuando divisan un control vehicular; Juan Cruz (19 años, quien conduce) al ver que uno de los policías tiene un arma en la mano, se asusta, se saltea el control. Entonces se escuchan disparos. Seis. Uno de impacta en la espalda de Blas, quien siente la herida y le pide a Camila que le de la mano. Van rápidamente a un clínica, la primera que ven, lo bajan a Blas pero en la puerta se niegan a recibirlo, lo suben nuevamente al auto, intentan llegar al Hospital de Urgencias pero nuevamente son detenidos por un control policial; no los dejan avanzar y los obligan bajarse del auto; los amigos de Blas desesperados ruegan que atiendan al amigo herido pero los agentes policiales niegan cualquier asistencia, les piden documentos y hablan por radio.
Así muere Blas, en el asiento trasero del auto, solo.
Pero el horror no termina ahí: en minutos las dos duplas policiales que participaron del tiroteo se reúnen y resuelven plantar un viejo revólver calibre 22 y así intentar justificar sus disparos. El elenco policial interviniente lo conforman 13 agentes. 11 acaban de ser condenados (debajo de la nota, el detalle de las condenas).

Hacer historia
La sala del primer piso de Tribunales II en la ciudad de Córdoba está repleta, desborda hacia los pasillos. Amigos de Blas y de los sobrevivientes, hinchas de Belgrano (club del cual Blas era fanático), Abuelas de Plaza Mayo, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, madres que llevan remeras de sus hijos también víctimas fatales de la policía, mucha prensa, y ningún funcionario.
Es una jornada histórica, no sólo por la cantidad de agentes policiales condenados, sino porque la sentencia reconoce a Blas Correas, a su familia y a los sobrevivientes, como víctimas de actos de violencia institucional. Soledad Laciar, la madre, luego señalaría que éste reconocimiento fue el momento más conmovedor de la lectura, puesto que señala a la maquinaria en su totalidad.
Y es que la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dió lugar al señalamiento de la familia de Blas, por un lado, con respecto a la ampliación del alcance de responsabilidades y ordenó investigar al ahora ex Ministro de Seguridad de Córdoba y actualmente legislador por el oficialismo, Alfonso Mosquera, y a la actual jefa de la Policía, Liliana Zárate.
Al primero, por presuntos actos de corrupción y malversación de caudales públicos al entregar un vehículo judicializado a uno de los comisarios. Mosquera declaró en el juicio que se trató de “una gauchada personal”.
En cuanto a Zárate -que se desempeñaba como titular de Recursos Humanos de la fuerza para aquel entonces- se la responsabiliza de que los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón (autores de los disparos) se encontraran en ejercicio a pesar de que sus legajos estaban nutridos con varias imputaciones anteriores al hecho y, en el caso particular de Alarcón, de no haber aprobado una práctica de tiro. A Zárate se la investigará por omisión de los deberes de funcionario público y por las falencias en la formación y el control de los agentes policiales.



El Tribunal también indicó que se inicie investigación judicial y se identifique a los uniformados policiales que durante esa madrugada detuvieron el Fiat Argo y no permitieron que los amigos de Blas lo llevaran al hospital a pesar de la evidente necesidad de atención médica.
Conforme con la sentencia, la mamá de Blas expresó: “Siento que me acerqué enormemente a la justicia, confieso que tenía muchas dudas. Pero para mí es importantísimo que hayan incorporado la capacitación a todos los agentes de la policía en el trato a víctimas, en el uso de armas de fuego, que se profundicen los exámenes psicotécnicos periódicos. Un mes más o menos en las condenas no me significa nada, pero que se realicen cambios para asegurar que ésto no siga pasando, es lo que me importa”.
Además de las capacitaciones a la totalidad de los agentes de la fuerza, se indicó al Ministerio de Seguridad que se retenga el armamento a todo policía que repruebe las evaluaciones de tiro.
“Esto recién comienza” añadió Soledad, porque ahora asegura que irá tras los demás responsables, estará pendiente de la implementación efectiva de lo expresado en la sentencia, y acompañará a las demás familias que buscan justicia por sus hijos. “Ahora será buscar justicia para Joaquín Paredes, tenía 15 años. Les pido que nos acompañen, que no les quede lejos Cruz del Eje”.
Unas horas antes de conocerse la sentencia Soledad ya lo había adelantado “Marchando el 24 de marzo por mi hijo entendí en el lugar que estoy: vi mujeres marchando durante 40 años y así voy a morir yo, como las abuelas. Ese es el camino”.


Las condenas:
- Lucas Gómez (37) y Javier Alarcón (33) ,autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos: condena a reclusión perpetua, inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público.
- Wanda Esquivel (34), la oficial que plantó el arma que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria.
- La oficial Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años.
- Leando Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión.
- El cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años.
- El subcomisario Sergio González (44); subcomisario Enzo Quiroga (36); comisario inspector Walter Soria (45); el comisario inspector Jorge Galleguillo (46) el comisario Juan Antonio Gatica (46) condenados por falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal a cuatro años y diez meses de prisión.
Nota
Daniel Solano: la Corte confirmó la detención de los 7 policías condenados por homicidio

Los siete policías condenados a prisión perpetua por el asesinato de Daniel Solano, el joven salteño de 27 años desaparecido en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011, fueron detenidos tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a un recurso de queja de los efectivos, y así deberán empezar a cumplir la pena en prisión por primera vez desde la sentencia. El juicio concluyó el 1 de agosto de 2018, pero desde entonces los oficiales Sandro Berthe, Pablo Bender, Juan Barrera, Pablo Albarrán Cárcamo, Pablo Quidel, Diego Cuello y Héctor Martínez estaban en libertad, a la espera de la resolución de la Corte. “Nunca los sacaron de la policía: tenían libertad, cobrando sueldo y portando armas”, dice Leandro Aparicio, uno de los abogados de la familia Solano, que subrayó su “satisfacción” por el fallo: “Uno está golpeado, pero esto da energías para poder avanzar. No hay muchos casos en los que se detengan a 7 policías”.
La desaparición de Daniel se produjo tras un episodio de violencia policial en la vereda de un boliche de la ciudad. Antes había reclamado por su sueldo y el de sus compañeros como trabajadores rurales de la empresa Agrocosecha, tercerizada de Expofrut Argentina. Aparicio: “Fue un homicidio más allá de la desaparición, y fue un homicidio en un contexto de trata de personas, que está denunciada en la justicia federal de Roca, como está denunciado el narcotráfico, pero la causa no se mueve como se debería. Está parada. Pero esto va a servir para darle un impulso a toda esas cuestiones pendientes”.

Entre esas cuestiones, en abril habrá audiencias por la acusación a otros cuatro policías, entre ellos Tomás Vega, a quien la familia lo señala como el “nexo” con la empresa: “Vega estuvo cuando le pegaban a Solano en el boliche. Vio todo eso. Y fue el que estuvo a cargo de la investigación los primeros día de la desaparición”.
Daniel sigue desaparecido. Gualberto, su papá, murió en medio del juicio, sin poder llegar a la sentencia por homicidio, y fue el principal motor de la causa que denunció la desaparición forzada y la connivencia judicial y estatal bajo un reclamo concreto que repitió una y otra vez a lo largo de seis años y medio: “Quiero encontrar el cuerpo y llevarlo”. No se detuvo un día: hizo huelgas de hambre, inició acampes y se encadenó al juzgado para exigir respuestas. Así reveló la trama de explotación laboral en Río Negro, la corrupción judicial que cubrió el caso y logró la detención de los oficiales que hoy están presos. Aparicio lo recuerda: “Nosotros tenemos esperanza de que el cuerpo aparezca. Algún policía capaz que se puede quebrar, o Vega mismo, sabiendo lo que se viene, puede dar información. Hemos hecho lo imposible para que aparezca el cuerpo”.
Compartimos la investigación de MU sobre este caso:
Nota
Sí, podemos: 20 años del No a la Mina de Esquel

Esquel está cumpliendo 20 años del histórico plebiscito en el que por más del 81% de los sufragios la comunidad votó «No a la Mina» y rechazó así la instalación de la megaminería en la región. A qué le dijeron que «Sí», desde la nota histórica que se hizo desde MU en uno de los tantos viajes, el primero, a la madre de muchas batallas.

El 23 de marzo se cumplieron 20 años del rechazo a la megaminería en Esquel, símbolo de lucha contra los proyectos contaminantes, inconsultos, impuestos en silencio y con violencia, y símbolo también de la democracia participativa, la organización y una lucha que se contagió a otros lugares del país.
En estos días hubo recitales, charlas, caminatas, marcha el 23 de marzo, y este domingo culminará la celebración con un ascenso al cerro Calfu Mahuida, un modo de simbolizar ese contacto permanente de la comunidad de Esquel con la naturaleza.
La historia viva cuenta que un puñado de vecinas y vecinos, que fueron cada vez más, comenzaron a reunirse, a estudiar la situación, a ir a escuelas, clubes, barios, difundiendo capilarmente, en una movilización a la vez inmensa, lo que se estaba tramando para hundir a Esquel en la megaminería. El 4 de diciembre de 2002 fue la primera marcha que reunió a más de 6.000 personas. Nunca desde entonces se dejó de marchar el 4 de cada mes.
Esa creación de movilización involucró otro hecho histórico: se había formado la Asamblea No a la Mina, grupo apartidario, horizontal, democrático, diverso, expresión de las nuevas formas de organización social que emergían en el país tras la crisis de 2001.
El mecanismo asambleario en el que participaba todo el que quisiera, llevó a presionar la situación hasta obtener la posibilidad de la que se celebraron ahora 20 años: el 23 de marzo de 2003 se realizó un plebiscito en el que la comunidad rechazó por más del 81% de los votos al proyecto que intentaban imponer la empresa Meridian Gold y el Estado. Esquel hizo nacer aquel No, pero además generó un contagio en diferentes lugares en que se manifestaban conflictos ambientales en todo el país (Gualeguaychú, Famatina, Andalgalá, como emblemas de una actitud ciudadana no ha dejado de crecer hasta hoy frente a diferentes situaciones territoriales, de salud, y hasta de derechos humanos). Se ponía en foco al modelo extractivo.
Desde aquellos años Esquel ha pasado por situaciones de todo tipo que han sido reflejadas tanto en lavaca.org como en la revista MU:
- la intención de dar vuelta la decisión de la población a través de campañas de acción psicológica y desinformación;
- el espionaje a vecinas y vecinos que integraban la Asamblea, por parte de la AFI, como forma de amedrentamiento y control social;
- las presiones políticas y hasta laborales que sufría toda persona involucrada con el proceso asambleario;
- el contagio fundamental de la acción de Esquel a toda Chubut, que se pobló de asambleas en todo el territorio, incluyendo a las comunidades de pueblos originarios, siempre rechazando los proyectos y negociados minero-estatales;
- las trampas legislativas detectadas cuando se obtuvo la foto del diputado Gustavo Muñiz (del Frente para la Victoria) chateando por celular con el gerente Gastón Berardi de Yamana Gold, la empresa que había asumido el proyecto para impedir y ningunear la Iniciativa Popular presentada por la ciudadanía para que se convirtiera en Ley;
- las represiones a los manifestantes en Rawson, cuando la lucha debió concentrarse en la capital provincial; el acoso mediático a toda esta movida en defensa de la naturaleza por parte de buena parte del sistema mediático, dependiente de pautas publicitarias estatales y privadas.
- Y, por nombrar algo de lo más relevante en los últimos tiempos, el Chubutazo, o “Chubutaguazo”, con que la provincia movilizada logró dar vuelta de un modo comovedor en 2020 un nuevo intento de legislación que bajo el disfraz de una “zonificación” provincial buscaba lo de siempre: ir por la minería. La ciudadanía logró tumbar esa intentona y reponer la ley que prohíbe los megaproyectos extractivos.
- Otro detalle de estos tiempos: ya hay una tercera generación de integrantes de las asambleas participando plenamente, un sub-17 que demuestra el alcance de todo lo que se ha realizado, también desde el punto de vista inter-generacional.
Esquel fue el nacimiento de la resistencia de Chubut, que no significa solamente un rechazo al saqueo y la contaminación, un No, sino también múltiples Sí:
- Sí: sí a la vida.
- Sí a la reivindicación por la positiva de otras formas de producción que no impliquen la destrucción.
- Sí a la necesidad de licencia social para cualquier proyecto, de cuidado de ambiente como forma de preservación de la vida y el trabajo.
- Sí a nuevas formas de relación entre lo humano y la naturaleza. A nuevas relaciones también entre las personas para plasmar la idea de que el agua vale más que el oro, y de que el futuro es posible.
Como homenaje a todo eso aquí puede verse la primera de las notas publicadas en MU sobre la asamblea de Esquel: “La madre del No”, para conocer esa experiencia histórica hecha de resistencia, inteligencia, generosidad y, también, alegría.
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