Nota
La Asamblearia: otra forma de consumir
Una cooperativa formada por asambleístas de Núñez y Saavedra, se dedicará a vender en un local de la calle 3 de Febrero -barrio de Belgrano- productos y alimentos de movimientos campesinos, cooperativas agrarias, fábricas recuperadas y socioemprendedores urbanos. Piensan distinguir a su idea con un logo, Economía Solidaria, para pasar a distribuir algunos artículos a mercados y supermercados. ¿Se trata de un proyecto capitalista, o no capitalista? ¿En qué se diferenciará de los mercados y supermercados convencionales? Ideas sobre el nuevo cooperativismo, la toma del poder, y cómo establecer el valor de los pollos.
¿Existe alguna alternativa económica, a la vez social y solidaria, y a la vez eficiente? ¿Existe semejante cosa en tiempos de crisis, pobreza y mediocridad? Los integrantes de algunas asambleas vecinales parecen considerar que sí, y empezarán a demostrarlo en pocas semanas al inaugurar una iniciativa sin antecedentes donde -entre muchos otros proyectos- están dispuestos a poner huevos.
Huevos agroecológicos, sin hormonas, antibióticos ni contaminantes, empollados en cooperativas de Florencio Varela.
Y pollos (no los de supermercado sino los verdaderos, esos que son criados naturalmente y tienen un inesperado gusto a pollo).
Y yerba Tietrayjú del Movimiento Agrario Misionero (heredero de las Ligas Agrarias; el nombre de la yerba sintetiza las palabras Tierra, Trabajo y Justicia).
Y carbón del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero).
Y verduras orgánicas (que también tienen la rara cualidad de ser verdura verdadera).
Y pan francés posiblemente insuperable, de empresas recuperadas. Budines y bizcochos de grasa. Y prepizzas de otras recuperadas. Esta restitución del pan puede ir acompañada con toda clase de embutidos, quesos y muzzarella (para las prepizzas) de una cooperativa flamante. Y habrá tapas de empanadas y de pascualina. Y grisines.
Y envases plásticos fabricados por otra cooperativa.
Y calzado, alpargatas, pañales, trapos de piso, dulces y multitud de productos de altísima calidad -algunos decididamente artesanales- realizados por socioemprendedores, a los que en esta cooperativa no llaman «microemprendedores» porque sus proyectos están sintonizados con la idea de economía social, y porque «micro» parece hacer alusión a capitalistas petisos.
Teoría y práctica
Este proyecto quedará inaugurado en los primeros días de junio, en la calle 3 de Febrero al 3200, por la cooperativa La Asamblearia. La cooperativa reúne a unos 50 socios, y es consecuencia del trabajo de dos grupos vecinales. La Asamblea Barrial de Núñez, y la Asamblea Popular de Núñez-Saavedra.
La idea -que ya es mucho más que una idea- está desarrollada en un documento finamente escrito. No es casual: el autor, asambleísta e inspirador de algunas de las ideas que la cooperativa acordó aplicar como teoría y práctica, es un escritor fantasma. O escritor en las sombras, que redacta para otros tesis doctorales y presentaciones varias. Tal el oficio de Lucio Salas, un hombre que ha pasado por la izquierda de los ’70, por el exilio en Suecia, por el ahogo cultural que representó la sombría década menemista, y que asegura que encontró en estas iniciativas vecinales una forma de resignificar su propia vida (ver nota aparte).
Las asambleas de Núñez y Núñez-Saavedra empezaron por intentar ayudar a empresas recuperadas como la imprenta Chilavert, de libros de arte, o a Zanón, a vender sus productos. Por otro lado, hacían compras comunitarias, sobre todo de verdura, para luego vender en el barrio.
«En un momento, comenzamos a ligar las dos cosas -cuenta Salas- la venta comunitaria de verduras, con la idea de sumar a las empresas recuperadas como Panificación 5, que ahora es la Cooperativa El Aguante y Grisinópolis, que ahora es la Cooperativa La Nueva Esperanza, Limitada». Alto ahí.
Salas se ríe: «Quedó medio mal el nombre porque al poner cooperativa, al final tiene que decir ‘limitada’: así son las cosas, no hay que andar exagerando».
Sin esperanzas ilimitadas, pero con las suficientes, comenzaron a aprender sobre alimentos, sobre su elaboración, distribución y comercialización, hasta que se les hizo visible la asombrosa idea de que podían intentar poner en red a toda esa cadena a través de una cooperativa.
«Habíamos empezado a comprar las cosas en el Mercado Central. Después entramos en contacto con productores quinteros de la zona del Parque Pereyra. Aprendimos lo que era la producción orgánica. Dentro de lo orgánico hay otro grado: ¿cómo es la organización social de esa producción? Hay cooperativas, hay cooperativas medio truchas, y hay productores que son empresarios capitalistas. Nosotros buscamos a los que contienen un proyecto de gestión social más interesante, que por lo general tienen origen en comunidades cristianas de base.»
La red siguió creciendo por el contacto con productores agrarios y campesinos del interior, como los misioneros que elaboran la yerba Tietrayjú. «Es interesante para los que somos más viejos porque son los herederos de las Ligas Agrarias, que sucumbieron por la represión en la dictadura y se reorganizaron como cooperativas agrícolas. Y dieron después origen a este movimiento agrario misionero que está relacionado con el Mocase, entre otros de los que van a enviar sus productos para que vendamos aquí».
La estrategia se completa con los propios socioemprendedores de la asamblea. De allí surgirán muchos de los productos que se venderán en el local de La Asamblearia. «Es todo un submundo económico, que es parte de la economía informal, pero con esa característica adicional: lo social. Habíamos empezado a desasnarnos». Encontraron libros y experiencias previas en lo que se suele llamar Economía Solidaria o Economía Social, o economía vinculada a sectores populares, o como se la quiera llamar.
Una sociedad distinta
El origen de esta historia está en el cooperativismo que surgió en la primera mitad del siglo XIX y que fue quedando diluido por la sociedad salarial -recapitula Lucio Salas- y las luchas sociales en defensa del salario que no cuestionaban la propia relación asalariada.
Otra cosa que jugó en contra de las ideas cooperativas fue la siguiente, según Salas: «La perspectiva que muchos hemos compartido de una construcción de una sociedad distinta a partir de una toma del poder del Estado es un poco contraria al hecho de ponerte hoy mismo a construir una forma de relación social alternativa. La idea de que cuando conquistes el poder del Estado vas a resolver desde arriba los problemas de la sociedad, en un grado u otro te inhibe de concentrarte ahora en hacer algo para transformar la vida que vamos viviendo».
Pero esa visión, al no plantearse una estrategia de poder, suele ser acusada de puro reformismo:
«Es real que son iniciativas dentro del marco del capitalismo. No es que lo aceptemos: es lo que hay. Uno trata de desenvolverse en un modo de producción capitalista pero tratando de desarrollar una forma de producción y de gestión que no es capitalista. Para nosotros lo distinto es que las formas de producción , distribución y relaciones sociales que establecemos en el plano económico, no son capitalistas. Hay una cita de Lenin del año 23 que dice más o menos: ‘bueno, ahora que hicimos la revolución, tenemos que hacer cooperativas’. ¿Cuál era la forma de organizar la producción y distribución en el socialismo? No había modelo. Los bolcheviques se oponían al cooperativismo por su concepción revolucionaria de la toma del poder. Pasan por una guerra civil y aplican una política capitalista a ultranza, la Nueva Política Económica. Y luego Lenin dice que, llegados a ese punto, la única forma de organizar al socialismo es a través de cooperativas. Se ha olvidado, pero es una cita interesante. De alguna forma el desprestigio y achanchamiento en que fue cayendo el movimiento cooperativo ensombreció esa imagen original que tenía, como propuesta auténticamente anticapitalista. Sigue siendo una forma de producir, distribuir y consumir que rechaza el lucro y pone el acento en la forma de decisión igualitaria y democrática».
La cura del neoliberalismo
Para Salas el valor de todo esto frente a la otra idea, la de la toma del poder, es que esta puede funcionar -en la vida que vamos viviendo- y la otra ha demostrado no ser muy exitosa.
La evolución del cooperativismo y de la Economía Solidaria, según Salas, es la contracara de la infección neoliberal de los últimos 25 años.
Y va produciendo cambios acaso históricos: «La crisis ha hecho mucho. Si el capitalismo argentino funcionara de un modo más o menos estable, esto no hubiera sucedido. Pensá que hace 4 ó 5 años, cuando quebraba una fábrica, los trabajadores cobraban la indemnización y ponían un quiosco, o compraban un remis. No se les hubiera ocurrido asociarse para conservar el trabajo».
Otro cambio es que el cooperativismo actual no es como el anterior que -simbolizado en la Cooperativa El Hogar Obrero- se volcó a un manejo de lógica capitalista, venta de cualquier cosa, casta gerencial dominante, y mala administración dentro de esa lógica. «No hay una teoría muy cerrada. Por principio en una cooperativa no debería haber asalariados, pero algunas los tienen porque la situación los ha llevado a eso».
El ejemplo que más atrae a Salas es el del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil. «Es que además incorporaron esta idea de la Economía Solidaria, tienen hasta un logo que identifica sus artículos para que exista la relación más directa posible entre los productores campesinos y los consumidores».
La forma de la cooperativa fue otro tema de debate. Se resolvió integrarla como cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo: «A diferencia de una cooperativa de trabajo, así pueden participar los que trabajan, y también los que no vamos a estar con un trabajo específico con horario, pero sí con trabajo voluntario. Eso se hizo para evitar que, por necesidad, y en todo su derecho, los que están trabajando terminen vendiendo cocacola si eso responde a una necesidad puramente económica. Sería perder todo sentido de autogestión y vínculos solidarios. Para los que la creamos, es importante que esta cooperativa esté al servicio de la Economía Solidaria».
Sociedad en movimiento
Una punta de este asunto es la producción de movimientos campesinos, fábricas recuperadas y socioemprendedores. En el otro extremo aparecen los hipotéticos clientes. Para La Asamblearia, hay un sector de lo que llaman «consumidores responsables» que está gestándose y que aspiran a ayudar a crear. El problema es que algunos pocos productos (pollos y huevos, fundamentalmente) tendrán un precio mayor que el que cobran los supermercados por sus pollos y huevos plásticos. «Claro, una producción orgánica es diferente que una industrial, como es diferente también la calidad del producto. El huevo orgánico es más grande, con yema roja, con otro sabor. Te dicen que le des un huevo por día a tu hijo por las proteínas, pero si es un huevo orgánico, le podés dar uno cada dos días y son las mismas proteínas, y encima sin antibióticos ni hormonas».
Por eso en la cooperativa más que de precios caros y baratos, prefieren hablar de un precio justo. El que considera el valor del producto, el trabajo y la distribución. Y agregan otro elemento: «Además, en esa producción no media la explotación de nadie, ni el lucro capitalista. Ese es otro valor adicional».
De todos modos, ¿no podrá convertirse la cuestión en un área de consumo para un nivel adquisitivo alto?
Dice Salas: «Sabemos que esto tiene que ver con la capacidad adquisitiva en algunos casos, pero sólo algunos productos van a ser más caros, y no mucho más que en los supermercados. El pollo orgánico, por ejemplo, es un 50% más caro pero hay bastante conciencia, más de lo que uno cree, acerca de que los pollos de supermercado son un paquete de hormonas de consecuencias imprevisibles».
Un dato: los futuros clientes y vecinos, podrán asociarse por 10 pesos anuales, y tener un descuento del 5 % en todas sus compras.
La cooperativa va a colaborar (como lo viene haciendo la asamblea) con el comedor popular Padre Mujica del barrio, «y eso nos permite que estos productos lleguen también a sectores marginados que ni van a los supermercados, y que compran poco y caro, las veces que pueden. Esa es la realidad un poco pavorosa de la Argentina».
Otra diferencia de la cooperativa, como administración, será su transparencia económica. «La apuesta a una gestión popular económica en el contexto capitalista, para que vaya siendo asumida por cada vez más personas, debe tener criterios muy estrictos de transparencia».
Transparencia. Entonces, ¿de donde obtuvieron el dinero para comenzar a moverse? Salas cuenta que 40 pintores argentinos que viven en Paris donaron sus cuadros: «4.000 euros». Hubo donaciones de integrantes de Znet, donde colaboran el propio Lucio y su esposa, la escritora Cristina Feijóo. Otro aporte (1.000 dólares) fue de la fundación Vallas y Ventanas, de los canadienses Naomi Klein y Avi Lewis. Y hubo una colecta en los Estados Unidos, a través de relaciones personales, y ayudados porque los traductores de Znet difundieron una versión en inglés del proyecto.
Salas cree que todos estos participantes del proyecto funcionaron como el crédito que no existe en la Argentina. «Como pensamos que nuestra idea es perfectamente sustentable y razonable, cualquier banquero honesto nos debería dar un crédito. Pero no hay. Ni crédito ni banqueros honestos, pero sobre todo crédito».
Hasta ahora reunieron 7.500 dólares, y piensan conseguir otro tanto para comprar un vehículo: «Un utilitario con caja para conservar la cadena de frío». El detalle, dice Salas, no es menor, y representa una maduración de los que asumieron el proyecto para hacer las cosas bien. No romper la cadena de frío es un criterio de calidad central. «Cuando surgió, el cooperativismo decía que debía ofrecer productos puros. Cuando asumís esta responsabilidad no te podés permitir fallar en esas cosas. No se puede defraudar al consumidor».
Autogestión y después
De los 50 socios de La Asamblearia, 30 ó 35 pertenecen a las asambleas, y el resto llegó por esta propuesta en sí misma. Creen que el número de asociados crecerá mucho. Se formó hace 45 días: «Somos optimistas sobre sus posibilidades, pero como pasa con las asambleas, lo importante no es cuántos miembros tenga, sino cuán expandidas puedan ser sus relaciones. La cantidad de colectivos, consumidores sociales o asociados, con los que podamos establecer una relación y llegar con los productos autogestionados» dice Lucio.
El local tendrá más de 200 metros cuadrados, y esperan instalar allí un área para actividades culturales, y también una Escuela Popular de Economía Solidaria.
«Queremos salir de la pura práctica que es común en el movimiento social, y generar un conocimiento que sea aprovechable para la construcción de otras experiencias». También aspiran a que exista allí una matriz o incubadora de emprendimientos económicos, algo tomado de las universidades brasileñas. «Se concentran personas, se concentran saberes, se resuelven cosas y se ponen proyectos en marcha» sintetiza Salas.
Otro proyecto es que toda esta producción salte también a las cadenas convencionales de comercialización, incluyendo a los supermercados, para lo que imaginan un logo (por ejemplo, Economía Solidaria). En Brasil ya lo aplican los Sin Tierra para sus productos.
Salas cree que ni siquiera Naomi Klein pondrá objeciones al logo: «Es un logo que es un no-logo, un logo contracultural».
Los vendedores del futuro emprendimiento serán tres desocupados del barrio. «Por ahora no tenemos plata para más. Pensemos que son tres nuevos puestos legítimos de trabajo, y ojalá que los dupliquemos en poco tiempo. Además, al multiplicar la distribución de los productos de empresas recuperadas y cooperativas, estamos ampliando las posibilidades que tienen ahora. Ojo, que en una planta recuperada donde hoy hay 30 trabajadores, llegó a haber 70. Los otros 40 probablemente se reincorporarían si hubiera trabajo. Apostamos a poder hacer más sólida la economía de muchas de las fábricas recuperadas que están en condición endeble».
No falta demasiado para comprobar a cuántas de estas esperanzas se las puede ir aliviando de la palabra «limitadas».
Nota
Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros
(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
Nota
Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.
El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.
La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.
Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.
Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.
Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.
Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.
Nota
La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.
Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.
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