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“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú?

Cinco efectivos bonaerenses fueron detenidos el domingo por el crimen de la joven en Laprida, provincia de Buenos Aires. Por lo menos desde los años 90, la brutalidad de los oficiales sometió al miedo a toda una población. Picanas, bolsas y palizas. Entrar a la comisaría del pueblo se convirtió en tortura. Facundo Lo Duca investigó los archivos del lugar y entrevistó a otras personas que sufrieron violencia institucional en la misma comisaría donde murió Daiana.
Cuarta entrega de la cobertura conjunta entre Revista Cítrica, Lavaca y Perycia. Fotos: Mauro Arias
Con el pecho en el suelo, la cara ensangrentada y las manos esposadas detrás, Alan Torres intenta ladearse a un costado. Un policía llega y lo frena con la punta del borcego.
─Así que te gusta joder con nosotros ─dice el oficial, pero él no entiende. En esa noche fresca de mayo del 2021, tirado en la puerta de su casa del barrio Fonavi, Alan ─fibroso y desgarbado─ siente desde el piso cómo los ganchos se aflojan. Distingue, en ese breve alivio, a siete policías rodeándolo. Uno de ellos agarra su muñeca derecha y la estira hacia atrás. Otro levanta su tobillo izquierdo. Las partes se tocan en el aire. Y así, desafiando los límites de su propia flexibilidad, lo levantan.
─¿No te das cuenta que la ciudad es nuestra, pelotudo? ─será lo último que escuche antes de desmayarse, luego de que lo arrojen, como un bolso viejo, a la caja trasera de una camioneta policial que arrancará dando tumbos frente a un grupo de vecinos. Nadie dirá una palabra, mientras los destellos azules del móvil se pierden en la noche cerrada.
El día que nadie festejó a Salamone

Laprida queda a unos 470 kilómetros de Capital Federal. Sus doce mil habitantes, la vastedad de sus campos y un clima árido son particularidades pequeñas al lado de la única condición que la hace reconocida en todo el sur de la provincia de Buenos Aires: cuatro construcciones del enigmático arquitecto e ingeniero, Francisco Salomone. Alrededor de toda la ciudad, y durante toda la década del 30, Salamone ideó y dirigió obras tan monumentales como innovadoras para la época. También para el lugar: nada había antes. Un matadero, el portal de un Cristo gigante en el cementerio, la plaza principal, la municipalidad y una delegación zonal conforman el abanico artístico que el “arquitecto de las pampas” dejó para la posteridad.
El edificio vidriado del Centro de Interpretación de la Obra de Francisco Salamone es lo primero que uno se encuentra al entrar al pueblo. Allí, una mujer sonriente, con folletos en mano, hablará de datos biográficos, planos perdidos de las obras del arquitecto y fechas. Sobre todo fechas.
─Durante todo junio festejamos el mes de Salomone. Hacemos actividades, visitas guiadas, charlas ¿sabías que volaba en avión desde Buenos Aires para supervisar sus propias obras?
Salamone nació el 5 de junio de 1897 en Sicilia, Italia. Desde hace décadas, la ciudad festeja su natalicio con orgullo. Los turistas llegan desde el extranjero, se invitan a investigadores, universitarios y su historia se narra de espaldas a alguno de sus monumentos.
El pasado 5 de junio, sin embargo, los datos biográficos, los planos perdidos, las fechas quedarían en segundo plano.
Daiana no se ahorcó

Daiana Abregú, una joven de 26 años que había salido a bailar la noche anterior, apareció muerta en una celda de la Comisaría Comunal de Laprida. Los policías, ese mismo día, les avisaron a sus padres que su hija se había suicidado ahorcándose en el calabozo con su propia campera. La segunda autopsia del cuerpo ─solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras no haberse respetado los protocolos necesarios en la primera─ mostró exactamente lo contrario: no hubo ahorcadura, ni lesiones en su cuello.
Daiana, señalaron los primeros resultados periciales en el último examen, murió por una asfixia. “Fue un homicidio. Y vamos a probarlo”, aseguraron desde un primer momento los abogados de la familia.
Cinco efectivos bonaerenses fueron implicados y detenidos el domingo por la muerte de la joven: Adrián Núñez, Pamela Di Bin, Vanesa Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya. Todos estuvieron presentes en diferentes horarios desde que Daiana entró en la comisaría a las siete de la mañana ─por disturbios en la vía pública─ hasta que se la encontró sin vida entre las tres y cuatro de la tarde.
“Lo primero que un policía tiene que hacer cuando encierra a alguien es notificar al secretario de turno del juzgado de paz”, explica Sergio Roldán, uno de los abogados de la familia. “Y acá nadie lo hizo. El juzgado de Laprida se enteró de que Daiana estaba en la comisaría cuando ya estaba muerta”, cuenta.

La oficial Vanesa Núñez, sigue Roldán, estaba a cargo de la última guardia imaginaria que vigiló a Daiana. “Ellas habían tenido sus encontronazos antes fuera de la comisaría”, cuenta el abogado. Núñez, según la versión policial de lo sucedido, es quien encuentra fallecida a la joven. Pide ayuda a Pamela Di Bin, quien se acerca y desata la supuesta campera de las rejas de la ventana. El resto ─Adrián Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya─ colaboraron con maniobras de reanimación del cuerpo. “Los cinco estuvieron presentes en la comisaría. Ahora hay que demostrar cómo actuaron verdaderamente ese día”, vuelve Roldán.
Hay otros policías, sin embargo, que seguirán investigados. El oficial Víctor Mallón, explica el defensor de la familia, sería uno de ellos. La carátula del caso cambió de averiguación de causales de muerte a homicidio doblemente agravado por alevosía y abuso de la condición de funcionarios públicos.
El fiscal de la causa, Ignacio Calonje, había ordenado allanamientos en los domicilios de cuatro de los cinco implicados a diez días del hecho. Allí secuestraron celulares que aún están siendo peritados. Ninguno, por el momento, había sido llamado a declarar. Sin embargo, a partir de sus detenciones, el fiscal avanzaría con sus indagatorias en los próximos días. Según una fuente policial de Laprida, Adrián Núñez y Pamela Di Bin habían estado cumpliendo funciones en otras dependencias fuera de la ciudad. La única desafectada fue Vanesa Núñez. Los responsables del destacamento ─el comisario inspector Marcelo Amaya y el comisario Christian Barrios─, también fueron trasladados. Ambos siguen con sus tareas en la ciudad Tres Arroyos.
La muerte de Daiana marcó a Laprida. Las marchas en reclamo de justicia se hicieron cada vez más frecuentes. Las calles arboladas y taciturnas del pueblo se adornaron con fotos y carteles de la joven. En la plaza que Salamone había ideado para la posteridad hay un mástil, pero hoy funciona como altar. Entre los restos de velas derretidas y restos de pancartas, sobre la piedra gruesa, alguien escribió con marcador rojo: “¿Quién nos cuida de la policía?”
Bolsas, picanas y palizas

Para hablar de su primer encuentro con el oficial Víctor Mallón, Alan Torres se toca las orejas. Era un sábado del 2018 y había salido de un boliche junto a unos amigos. En la calle discutieron con otro grupo. Un patrullero llegó al instante. Mallón bajó y lo tumbó al piso sin mediar palabra. En esa posición, le retorció las orejas. “Otro me apretó los testículos”, recuerda Alan, de 27 años, en el comedor de su casa en Laprida. “Igual nada se compara a cuando me rompieron los dientes”, dice.
Fue el año pasado. Estaba borracho y había discutido con un vecino a unas cuadras de su casa. Al volver, dos patrulleros con siete policías lo estaban esperando. “Me les planté y ahí nomás me destrozaron la cara”. Le partieron dos dientes y lo esposaron cruzado, con una muñeca unida a un tobillo. Así, con el cuerpo contorsionado, lo arrojaron a la caja de una camioneta policial, donde se desmayó. Al despertar, estaba en el hospital municipal del pueblo. Lo habían llevado para hacerle el examen médico antes de ingresarlo en la comisaría. “Seguí discutiendo y en la cama del hospital un oficial me empieza a ahorcar. La doctora entra justo y ve todo”, cuenta.
Ese día Alan le dijo a la médica que había ingerido varias pastillas de un antidepresivo que tomaba su madre. Quedó detenido en el hospital. “Si entraba al calabozo, me molían a palos. Lo hacen siempre. Te agarran entre todos”, dice. “O te ponen la bolsa”.. “Te atan las manos a las rejas de la ventana de la celda y te embolsan la cara”, cuenta Torres. Expolicías de la estación de Laprida consultados para esta nota confirmaron su uso como instrumento de tortura.
Stella Maris de la Torre vio a su hijo de nueve años esposado y custodiado por dos policías en el hospital del pueblo, pero no dijo nada. En cambio, le susurró a Dios. “Le pedí clemencia”, cuenta. Era el año 2013 y había llevado a su hijo a la guardia del hospital por un ataque de nervios, pero en un descuido el menor se escapa. Las autoridades del nosocomio avisan a la Ppolicía.
“Lo salieron a buscar como un delincuente”, cuenta Stella. La madre, finalmente, lo encuentra llorando y atado con esposas en la guardia. “¿Cómo le van a poner los ganchos a un nene de nueve años?”. Stella denunció el hecho en la ayudantía fiscal de Laprida a cargo de Alejandro Braga, pero durante años se negaron a darle una copia. “Braga me decía que no se entregaban y que me olvidara del tema”, cuenta. Tres años después, en 2016, ante el Departamento de Control Interno de la Procuración General de La Plata, denuncia a Braga por no darle ese documento. Nunca le contestaron.
En 2015, Stella volvería a rezar, pero sus plegarias serían reprimidas con golpes. Su hijo, con 11 años, paseaba en su bicicleta cuando un policía lo detiene. Le dice que esa bici no era suya, que se la robó. Lo empuja y se la quita. “Volvió a casa llorando”, recuerda Stella. Ella, su exmarido Héctor Almada y su hijo fueron hasta la comisaría para retirar la bicicleta. Adentro, Héctor discute con unos policías. Identifica a Adrián Núñez ─uno de los policías detenidos─, y a Gustavo Rojas, entre otros. Lo tiran al suelo y lo golpean. Stella y su hijo intervienen. Toda la familia es agredida. A los padres los esposan y los encierran. Al menor lo dejaron en un pasillo llorando por cuatro horas hasta que un familiar pasó a retirarlo. Hicieron la denuncia por las agresiones, pero nunca tuvieron una respuesta. Stella, ahora, reza para que se esclarezca lo que pasó con Daiana. “En Laprida la Policía se cree dueña de nosotros y la Justicia no hace nada. ¿Quién nos ayuda entonces?”, vuelve a preguntarse.
“Todos tenemos alguna historia en esa comisaría”

A Franco Palavecino le rompieron el brazo dentro de la comisaría. Era 2017 y tenía 17 años. Había sido detenido por una pelea en grupo. Adentro, cuatro oficiales, entre los que estaba Adrián Núñez, lo recibieron con una paliza. “Acá no importa si sos menor de edad. Te meten al calabozo y te revientan igual”, cuenta. Esa noche su mamá lo retiró de la comisaría. Al ver a su hijo rengueando, con un brazo colgando de un pañuelo y la espalda lacerada, le tomó una foto. Después hizo la denuncia, pero nunca los volvieron a llamar. “Todos tenemos alguna historia en esa comisaría”, cuenta Palavecino.
Ailén Arias pasó dos días encerrada en la dependencia por una contravención. Fue en 2020 y había salido de un boliche cuando fue detenida junto a su hermana, su cuñado y su pareja por disturbios en la calle. Estuvieron todo un fin de semana en la celda. “Nos pusieron gas pimienta en la comida que mandaban nuestros familiares”, cuenta. “Una abogada nos ayudó después a salir”.
Lorena Julián Rodriguéz es abogada en Mar del Plata, pero tiene familiares en Laprida. Esa relación la llevó a tomar varios casos de la ciudad desde La Feliz. Con Ailén, cuenta, bastó con llamar a la comisaría y pedirle explicaciones al jefe de turno. “La tuvieron sin causa y sin dar aviso a ningún juzgado por dos días. Eso es completamente ilegal”, dice la abogada. “En Laprida no se respetan los derechos básicos y muchas denuncias quedan encajonadas”.
Las historias sobre la brutalidad policial en Laprida se repiten. El paisaje de un pueblo sereno y tradicional de la pampa bonaerense, se enturbia.
Algo se enciende
Lo dejaron tirado en la celda. De espaldas, con los brazos extendidos en el suelo. Intenta ponerse de pie, pero desiste: un cuerpo estropeado, inútil. Sin embargo, desde afuera, escucha la orden del policía.
─Mandale la picana al gil ese.
Reconoce esa voz. Lo había visto al entrar a la comisaría, casi desmayado por los golpes. “¿Cómo olvidar a un defensor tan rústico?”, pensará Juan Pablo Guzmán cuando el oficial Adrián Núñez, su excompañero en el club Platense de Laprida, dé la orden para picanearlo en el calabozo.
Son cinco. Se mueven rápido adentro. Lo levantan entre cuatro. El quinto, el oficial Gustavo Rojas, está de frente y lo mira fijo. Tiene una linterna larga en la mano. No es cualquier linterna. De un lado ilumina y del otro, comprenderá luego Juan Pablo, traerá oscuridad. Los policías le estiran el brazo. Algo se enciende. Rojas lo picanea una, dos, tres veces. Él aún no lo sabe, pero su verdugo no tendrá ninguna consecuencia. De hecho, al mes, será ascendido a teniente. Mientras tanto, Juan Pablo grita, siente el olor a piel chamuscada.
─¿Ya aprendiste que con nosotros no se jode? ─le preguntarán tras la sesión de tortura en la celda.
El 27 de diciembre de 2020, Juan Pablo Guzmán conducía su camioneta junto a cuatro amigos cuando un móvil policial lo frenó durante la madrugada. Tras presentarles todos los papeles en regla del vehículo, empieza una discusión con tres oficiales. Lo golpean salvajemente en la calle y lo llevan a la comisaría. Allí lo torturan.
Dos días después, con la ayuda de la abogada Lorena Julián Rodríguez, hace la denuncia en la fiscalía local. “También hicimos presentaciones en organismos de derechos humanos de La Plata”, cuenta Lorena. Luego de dos años, la fiscalía explicó a este medio que “están a la espera de una serie de oficios judiciales respecto a la causa para avanzar”. También asignaron una audiencia para Brian Quinteros, quien estaba con Juan Pablo la madrugada en que lo detuvieron. “Nunca me llamaron de ningún lado”, aseguró Quinteros.
“Pensé que me mataban ahí nomás”, dice Juan Pablo Guzmán sobre esa noche. Detenido en el penal de Sierra Chica de Olavarría por un supuesto robo ─que nada tiene que ver con lo que le pasó en Laprida─ Juan Pablo solo quiere justicia. “Yo la pude contar. La mano dura de algunos oficiales ya es conocida en el pueblo. Ojalá que lo que le pasó a Daiana sirva para que las cosas cambien”.
Desde adentro
Julieta V. ─un nombre ficticio para resguardar su identidad─, es policía bonaerense y formó parte de la comisaría de Laprida. “Amo mi uniforme, aunque otros no merecen ni llevarlo puesto”, dice Julieta desde un café del pueblo. En sus cinco años como oficial de esa estación Julieta, cuenta, vio de todo: desde efectivos violentos hasta inescrupulosos. Sin embargo, nunca pensó que lo sufriría en carne propia.
En 2019, denunció ante la secretaría de Seguridad que su superior de servicio, Juan Felipe Caparrós, la acosaba sexualmente. “No solo a mí sino a mis compañeras y a cualquier mujer que se acercaba a la comisaría”, cuenta. “Si alguien dejaba sus datos, él las llamaba”. Julieta había dado aviso de esto a una de las jefas de la estación, Karina Couchez, pero no la escucharon. “Me cansé y lo denuncié directamente”. Ese mismo día, Caparrós fue trasladado preventivamente a otra dependencia. Su denuncia, luego, sería descartada por falta de pruebas.
“No hubo sanción, solo lo derivaron a otro lugar, donde quizás siga haciendo lo mismo”, dice. Según datos que surgen de un pedido de información pública realizado por Perycia, hubo siete denuncias por violencia de género a policías de Laprida entre 2013 y 2019.
Tras la salida de Caparrós, las represalias llegaron para Julieta. Sus colegas de la comisaría ya no le hablaban y sus jefes le perdieron consideración. Un año después, pidieron su traslado a Olavarría. “Fue duro. Estoy lejos de mis hijos y tengo que viajar 150 kilómetros todos los días”. No sería la última experiencia de Julieta con la dependencia de Laprida.
En octubre de 2020, durante el aislamiento por la pandemia, su hijo había salido a festejar sus dieciocho años con unos amigos. Un patrullero los frena. Dos policías, entre los que estaba Gustavo Rojas, se bajan. La discusión se tensa y Rojas hace lo que mejor sabe: lo deja sangrando en el piso y se lo lleva detenido. Cuando Julieta fue a buscarlo, se despachó con la jefa de turno. “Les dije a todos que tenían el uniforme sucio y que yo me había ido, pero limpia”. Acompañó a su hijo a hacer la denuncia, pero nunca tuvieron novedades. Consultamos a la fiscalía local para ver el estado de la misma. “Estamos a la espera de oficios e informes”, dijeron, otra vez.
Respecto a lo que pasó con Daiana, Julieta apunta al subcomisario Christian Barrios, trasladado a Tres Arroyos. “Siempre avaló cada manejo de sus policías. Como jefe, debería haber cambiado las cosas que estaban mal, pero no hizo nada”. La detención de sus excompañeros, avivó la hipótesis de que Daiana fue asesinada por una asfixia. La bolsa, como método de tortura, también cobró fuerza. “Un detenido me contó hace tiempo que lo habían embolsado para subirlo al patrullero. Yo nunca lo presencié, pero sí que ocurría”, dice.
“Es un tipazo, pero a veces se le va la mano”
Es una noche fresca de junio y el policía bonaerense Pablo A. ─prefiere no dar su verdadero nombre─, maneja su camioneta por Laprida con liviandad. Cada vez que pase por la comisaría ─que serán varias─ la mirará fija y dirá cosas como:
─Acá el problema era Christian Barrios. Nunca tuvo que haber llegado a jefe.
Pablo fue policía de la estación desde 2016 hasta 2020, cuando el exsubcomisario Barrios pidió urgente su traspaso a otra localidad.
─Quise rebuscarmela desde lo económico y molestó, pero los jefes sí pueden hacer sus negocios. ¿Sabés cuánto gana un policía? Bueno, poco.
En sus cuatro años entabló relación con varios de los oficiales detenidos, y también con Víctor Mallón.
─Víctor es un tipazo, yo lo quiero mucho. Pero a veces se le va la mano.
El “se le va la mano” de Pablo derivará en Mallón golpeando varias veces la cabeza a un joven contra la reja del patrullero. Esa vez los dos habían ido a una casa por un llamado de música fuerte. Pablo bajó del móvil y les pidió a los jóvenes que apagaran los parlantes, pero no hicieron caso. Mallón, en cambio, bajó con una escopeta. Y empezó el desmadre.
─Víctor es temperamental. En el pueblo no le quieren mucho por eso. Pero es una buena persona. No te creas que los vecinos de acá son todos santitos, eh. A veces se la buscan.
Del detenido Adrián Núñez dirá que es una “excelente persona” y un “muy buen compañero”. El 20 de diciembre del 2019, Pablo y Adrián fueron reconocidos por sus desempeños en un acto oficial. Núñez, esa jornada, recibió un premio estímulo como oficial ayudante.
─Igual no pongo las manos en el fuego por nadie ─dice Pablo, mientras un patrullero pasa por el otro carril y él saluda a su conductor─. Yo no creo que la piba se haya suicidado. O si lo hizo, la dejaron morir.
Pablo se detiene en un semáforo al costado de la plaza. Debajo de su camioneta, en el pavimento, todavía hay pintadas de la última marcha en reclamo de justicia por Daiana.
─El tema de la bolsa y las torturas yo nunca lo presencié, pero sé quién lo empezó ─dice Pablo. ─Jorge Hein. El “ruso”. Ya murió, pero es una leyenda el tipo.
─¿Qué hacía?
─Mañas de policía viejo. Capaz torturaba un poco. Acá hicieron escuela varios con él. Barrios (Christian) fue uno.
El legado Hein
El policía Jorge Mario Hein llegó a Laprida a principios de los ´90 cuando la ciudad ─explica el periodista de policiales Marcelo Beltrán─, «era un caos». “Había mucha delincuencia. Banditas que hacían quilombo en las calles. Hein llegó de Olavarría, lo nombraron subcomisario y puso orden”, cuenta Beltrán.
El orden para Hein, sigue el periodista, fue la mano dura. «Era guapo ‘el ruso’. Tenía sus métodos, claro, pero el delito bajó». Las bolsas en la cabeza, las picanas y las palizas feroces dentro de la comisaría se volvieron moneda corriente. El oficial bonaerense Pablo confirma esto. “Mi papá era policía y me contaba historias sobre él. Los viejos oficiales del pueblo lo recuerdan así, con esas prácticas”. El abogado Sergio Roldán también tiene su anécdota con ‘el ruso’: “Una vez me prohibió entrar a un allanamiento con él. Me ordenó por las buenas que me quedara afuera”.
Las denuncias contra la policía de Laprida en ese entonces ─y como ahora─ se acumularon. Tanto que, en el año 2003, Asuntos Internos tenía previsto llegar al pueblo a fines de julio para revisar una serie de expedientes y documentación sensible. El 21 de julio de ese año, como detalla el Diario Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a la cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. En agosto, el peritaje de esa investigación determinaría que el fuego se encendió de forma “intencional”.
De hecho, en la noticia, figura que Marcelo Amaya ─excomisario de la estación separado por el caso Daiana─ estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.
Hein, por esa fecha, ya estaba siendo investigado por una malversación de horas extras en la comisaría. Según una fuente de Asuntos Internos consultada por este medio, el subcomisario fue declarado “prescindible” de la comisaría en 2004. Al año, es exonerado por completo de la fuerza, poniendo fin a su mandato en el pueblo.
En Laprida, tras 20 años, las cosas siguen ─más o menos─ igual.

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Condenan a cadena perpetua al ex sargento de la Bonaerense Ricardo Panadero por el femicidio de Natalia Melmann

El ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero fue encontrado culpable de secuestrar, violar y asesinar a Natalia Melmann cuando tenía 15 años: el Tribunal Oral en lo Criminal n°4 de Mar del Plata, conformado por los jueces Néstor Conti y Juan Galarreta, y la jueza Mariana Irianni, lo condenó por unanimidad a cadena perpetua.
La sentencia llegó 22 años después del femicidio. Natalia fue secuestrada la noche del 4 de febrero de 2001 en Miramar. Su cuerpo se encontró cuatro días después en el vivero municipal. La autopsia reveló la presencia de cinco perfiles genéticos distintos en su cuerpo.
Un año después, en octubre de 2002 los policías bonaerenses Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez fueron condenados a perpetua por privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas para asegurar el resultado. En ese juicio también fue condenado a 25 años Gustavo “Gallo” Fernández, por su participación en el secuestro, pero la pena luego fue reducida a 10 años de prisión.

La sentencia a Ricardo Panadero tardó mucho más tiempo en llegar: en el proceso de 2012 la justicia lo había sobreseído. Recién en 2018 fue juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata integrado por los jueces Jorge Peralta, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro: también lo absolvieron. Sin embargo, ante una presentación de la familia Melmann el Tribunal de Casación en 2020 decidió anular el fallo y ordenó hacer un nuevo juicio: así llegó Panadero a ser condenado.
Hoy, finalmente, el TOC 4 lo encontró culpable del delito de privación ilegítima de la libertad agravada por el uso de violencia, abuso sexual agravado por acceso carnal calificado por la participación de dos o más personas y homicidio doblemente agravado por la participación de dos o más personas y criminis causa, todos en concurso material entre sí.
Su detención fue pedida de manera inmediata así como su traslado a la Unidad Penal Nº7 del complejo penitenciario Batán.
La búsqueda de justicia continúa: hay un quinto perfil genético que aún no pudo ser identificado. Por eso Gustavo sostuvo después de la sentencia: “Ojalá que nos alcance la vida para poder condenar a todos”.
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Natalia Melmann: 22 años después, el ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero llega a juicio por el femicidio

Natalia Melmann fue secuestrada la noche del 4 de febrero de 2001 en Miramar: su cuerpo se encontró cuatro días después en el vivero municipal, con cinco perfiles genéticos distintos en su cuerpo. Por el hecho fueron condenados a cadena perpetua tres policías bonaerenses, y un cuarto cómplice del secuestro a 10 años de prisión; pero el sargento Ricardo Panadero, acusado de secuestrar, violar y asesinar a Natalia, había sido sobreseido en dos intancias. Por la lucha familiar mañana se sentará en el banquillo par ser juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata: tanto la fiscalía como la querella piden perpetua. Las palabras de Gustavo Melmann en la antesala de este nuevo proceso, a 22 años de la muerte de su hija, y cómo es la construcción de justicia «víctima a víctima» y en la calle.
Gustavo Melmann mañana se va a levantar temprano, va a buscar la misma camisa que usó durante todo el juicio y antes de salir va a ponerse el perfume que usaba su hija Natalia: Mujercitas. “Son mis rituales”, describe en la antesala de conocerse la sentencia en el juicio al ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero, acusado de secuestrar, violar y asesinar su hija, Natalia Melmann, cuando tenía 15 años.
“Estamos con cierta angustia, más viejos y desgastados”, dice Gustavo a lavaca.
Habla en plural, como familia,pensando en Laura Calampuca, con quien tuvo 4 hijos y 5 nietos. Es el tercer juicio que toda la familia Melmann atraviesa por el femicidio de Natalia.

El caso
Natalia Melmann fue secuestrada la noche del 4 de febrero de 2001 en Miramar. Su cuerpo se encontró cuatro días después en el vivero municipal. La autopsia reveló la presencia de cinco perfiles genéticos distintos en su cuerpo.
Un año después, en octubre de 2002 los policías bonaerenses Oscar Echenique, Ricardo Anselmini y Ricardo Suárez fueron condenados a perpetua por privación ilegal de la libertad agravada, abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas para asegurar el resultado. En ese juicio también fue condenado a 25 años Gustavo “Gallo” Fernández, por su participación en el secuestro, pero la pena luego fue reducida a 10 años de prisión.
El ex sargento de la bonaerense Ricardo Panadero, que ahora llega a juicio, no estuvo en aquel proceso; la justicia lo había sobreseído previamente. Recién en 2018 fue juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata integrado por los jueces Jorge Peralta, Fabián Riquert y Juan Manuel Sueyro: también lo absolvieron. Sin embargo, ante una presentación de la familia Melmann el Tribunal de Casación en 2020 decidió anular el fallo y ordenó hacer un nuevo juicio: así llega Panadero nuevamente a ser enjuiciado.
“Esperamos que realmente se resuelva mañana”, sostiene Gustavo sobre la espera y las dilaciones. La sentencia está anunciada a las 10.30 horas.

22 años después
El juicio, que empezó el último 5 de mayo, estuvo a cargo nuevamente del Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Mar del Plata, esta vez integrado por los jueces Néstor Conti y Juan Galarreta, y la jueza Mariana Irianni. La fiscal del proceso, Ana Caro, pidió prisión perpetua para Panadero durante los alegatos, la misma pena pidió el abogado de la familia. Agrega Gustavo: “Nuestro abogado pidió también que se miren las pruebas con perspectiva de género y desde las ciencias vinculadas a la niñez: Nati tenía solo 15 años”, recuerda.
La sentencia llega 22 años después del crimen. Para Gustavo el entramado de impundad se dio porque son policías los involucrados, “de haber sido otra gente la involucrada se hubiera resuelto mucho antes”, sentencia. Por eso al crimen lo describe así: “El de Nati fue un femicidio en manos del Estado”.
Mañana desde las 9 horas organizaciones y familias de víctimas estarán acompañando en la calle de los tribunales marplatenses. Gustavo resalta que durante todos estos años estuvieron acompañados por familias de víctimas, organizaciones feministas y organizaciones vinculadas a la lucha contra la violencia institucional.
“Construimos víctima a víctima, hay un montón de cosas que son iguales, que se repiten, y hay una necesidad de buscar justicia en conjunto y cambiarlas en conjunto también”.
Gustavo sabe que después de conocerse la sentencia la lucha sigue: hay un quinto perfil genético que aún no pudo ser identificado.
Mañana va a colgarse en el pecho la misma foto de su hija que plastifica una y otra vez hace más de dos décadas, y va a volver a salir a la calle para pedir justicia.
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Perpetua para los femicidas de Iara Rueda
Dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena: así fallaron las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig, por el femicidio de Iara Rueda -16 años- asesinada en septiembre de 2020 en Palpalá, Jujuy.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
Pasadas las 17.25 de la tarde, mientras un centenar de mujeres aguardaban en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 atentas a lo que iba conociéndose, se escuchó leer a la secretaria de juzgado Silvana Anún la sentencia a los tres acusados:
- «Declarar penalmente responsable a Fernando Tomás Fernández, por el delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia a la jueza de menores de turno en el momento del hecho.
- Declarar a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género; con pena de prisión perpetua».
Ahora cabe esperar que el juzgado de menores dicte la sentencia a Tomás Fernández y se conozcan los fundamentos del fallo que dictó la perpetua para Cachizumba y Abad.
El abrazo en la calle
Pocos minutos después de conocerse la sentencia, abrazada de su esposo Juan José Rueda, Mónica Cunchila, la mamá madre de Iara, entre lágrimas, dijo: “Es lo que estábamos esperando, pero aún falta más, aquí hay complicidad y vamos a seguir trabajando en eso. Hoy mi hija tuvo justicia, mi hija está acá conmigo”. Mónica se mostró conforme con lo que dijo el Tribunal, el fiscal, el abogado. “Me han escuchado, ha sido duro, en el camino hemos ido aprendiendo muchas cosas de cómo se maneja la justicia”.
Relató emocionada también que en Palpalá, donde viven, siempre le deja flores en la tumba de su hija: “Se marchitaban rápido y ahora no, hoy me acerqué y sus flores estaban como el primer día, son señales».
Al preguntarle qué significaba para ellos el abrazo de toda una provincia, todo un país que los acompañó durante todo este tiempo, Mónica respondió: «Es muchísimo porque toda la sociedad nunca nos dejó, toda la gente de la provincia nos apoyó con mensajes que decían que no bajemos los brazos, nos daban aliento. Porque esto le puede pasar a cualquiera. A veces miramos para otro lado y ahora me tocó estar de este lado de la vereda. Se hizo justicia por Iara, y esto no tiene que pasar con ninguna mujer, no queremos nunca más una Iara, no queremos otro femicidio. Le agradezco a cada uno y a todos los medios de prensa, porque no hay que naturalizar la violencia y menos un femicidio”.



En la calle Mónica y José se fundieron en un abrazo con Florencia, mamá de Monica y abuela de Iara, para luego encontrarse con la cientos de personas de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy y organizaciones sociales que, como cada jornada, esperaron atrás de las vallas del juzgado a la familia. Además también los esperaban madres y padres de la Asamblea Nacional de Víctimas de Femicidios que viajaron desde distintos puntos del país.
Mónica: «Hoy se hizo justicia, hoy terminó un juicio que veníamos mendigando durante casi tres años en las calles, soportando que me echen de Casa de Gobierno, soportando la lluvia, el sol, pero nunca baje los brazos por mi hija. Les agradezco a todas por el apoyo, por que es eso también lo que no me dejo bajar los brazos: la familia, los amigos, los vecinos y ustedes».
Cómo se sigue
Después de la sentencia, dijo Mónica que el desafío es empezar como familia a reconstruirse, “y pensar en las otras chicas, porque Iara son todas, como yo siempre digo Iara dejo esto, para que su mamá siga, no fue fácil lo que aprendí en el camino, pero vamos a seguir por cada una de las que necesiten, vamos a estar presentes ahí».
Además está vigente la denuncia penal que la familia de Iara presentó por “abandono de persona” contra los funcionarios policiales que no buscaron a la joven como lo indican las legislaciones vigentes. Sobre la denuncia dijo Mónica: “Se esperaba a que termine este juicio y ahora hay algunos informes que se elevan en contra de ellos, la elevación a juicio para los 8 policías que tiene que ser en estos meses”.
Juan José Rueda: «Fueron 30 meses en la calle mendigando justicia y por fin llegó. Iara puede descansar en paz, ser libre, y nosotros tener un poco de paz. Me acuerdo que me decían ‘se tienen que preparar para el juicio porque es duro’, y ustedes nos preparaban para este momento, el acompañamiento, las marchas, las charlas nos prepararon para este día. Nuestra hija, junto a ustedes, nos daban esa fuerza, esa fortaleza para que hoy estemos de pie, firmes. Les agradecemos de todo corazón y esto no se termina acá, falta la cúpula policial y faltan los cómplices y los encubridores: vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.
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