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“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú?

Publicada

hace 2 años

25/07/2022

Cinco efectivos bonaerenses fueron detenidos el domingo por el crimen de la joven en Laprida, provincia de Buenos Aires. Por lo menos desde los años 90, la brutalidad de los oficiales sometió al miedo a toda una población. Picanas, bolsas y palizas. Entrar a la comisaría del pueblo se convirtió en tortura. Facundo Lo Duca investigó los archivos del lugar y entrevistó a otras personas que sufrieron violencia institucional en la misma comisaría donde murió Daiana.

Cuarta entrega de la cobertura conjunta entre Revista Cítrica, Lavaca y Perycia. Fotos: Mauro Arias

Con el pecho en el suelo, la cara ensangrentada y las manos esposadas detrás, Alan Torres intenta ladearse a un costado. Un policía llega y lo frena con la punta del borcego.

─Así que te gusta joder con nosotros ─dice el oficial, pero él no entiende. En esa noche fresca de mayo del 2021, tirado en la puerta de su casa del barrio Fonavi, Alan ─fibroso y desgarbado─ siente desde el piso cómo los ganchos se aflojan. Distingue, en ese breve alivio, a siete policías rodeándolo. Uno de ellos agarra su muñeca derecha y la estira hacia atrás. Otro levanta su tobillo izquierdo. Las partes se tocan en el aire. Y así, desafiando los límites de su propia flexibilidad, lo levantan.

─¿No te das cuenta que la ciudad es nuestra, pelotudo? ─será lo último que escuche antes de desmayarse, luego de que lo arrojen, como un bolso viejo, a la caja trasera de una camioneta policial que arrancará dando tumbos frente a un grupo de vecinos. Nadie dirá una palabra, mientras los destellos azules del móvil se pierden en la noche cerrada.

El día que nadie festejó a Salamone

“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú?

Laprida queda a unos 470 kilómetros de Capital Federal. Sus doce mil habitantes, la vastedad de sus campos y un clima árido son particularidades pequeñas al lado de la única condición que la hace reconocida en todo el sur de la provincia de Buenos Aires: cuatro construcciones del enigmático arquitecto e ingeniero, Francisco Salomone. Alrededor de toda la ciudad, y durante toda la década del 30, Salamone ideó y dirigió obras tan monumentales como innovadoras para la época. También para el lugar: nada había antes. Un matadero, el portal de un Cristo gigante en el cementerio, la plaza principal, la municipalidad y una delegación zonal conforman el abanico artístico que el “arquitecto de las pampas” dejó para la posteridad.

El edificio vidriado del Centro de Interpretación de la Obra de Francisco Salamone es lo primero que uno se encuentra al entrar al pueblo. Allí, una mujer sonriente, con folletos en mano, hablará de datos biográficos, planos perdidos de las obras del arquitecto y fechas. Sobre todo fechas.

─Durante todo junio festejamos el mes de Salomone. Hacemos actividades, visitas guiadas, charlas ¿sabías que volaba en avión desde Buenos Aires para supervisar sus propias obras?

Salamone nació el 5 de junio de 1897 en Sicilia, Italia. Desde hace décadas, la ciudad festeja su natalicio con orgullo. Los turistas llegan desde el extranjero, se invitan a investigadores, universitarios y su historia se narra de espaldas a alguno de sus monumentos.

El pasado 5 de junio, sin embargo, los datos biográficos, los planos perdidos, las fechas quedarían en segundo plano.

Daiana no se ahorcó

Daiana Abregú, una joven de 26 años que había salido a bailar la noche anterior, apareció muerta en una celda de la Comisaría Comunal de Laprida. Los policías, ese mismo día, les avisaron a sus padres que su hija se había suicidado ahorcándose en el calabozo con su propia campera. La segunda autopsia del cuerpo ─solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras no haberse respetado los protocolos necesarios en la primera─ mostró exactamente lo contrario: no hubo ahorcadura, ni lesiones en su cuello.

Daiana, señalaron los primeros resultados periciales en el último examen, murió por una asfixia. “Fue un homicidio. Y vamos a probarlo”, aseguraron desde un primer momento los abogados de la familia.

Cinco efectivos bonaerenses fueron implicados y detenidos el domingo por la muerte de la joven: Adrián Núñez, Pamela Di Bin, Vanesa Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya. Todos estuvieron presentes en diferentes horarios desde que Daiana entró en la comisaría a las siete de la mañana ─por disturbios en la vía pública─ hasta que se la encontró sin vida entre las tres y cuatro de la tarde.

“Lo primero que un policía tiene que hacer cuando encierra a alguien es notificar al secretario de turno del juzgado de paz”, explica Sergio Roldán, uno de los abogados de la familia. “Y acá nadie lo hizo. El juzgado de Laprida se enteró de que Daiana estaba en la comisaría cuando ya estaba muerta”, cuenta.

La oficial Vanesa Núñez, sigue Roldán, estaba a cargo de la última guardia imaginaria que vigiló a Daiana. “Ellas habían tenido sus encontronazos antes fuera de la comisaría”, cuenta el abogado. Núñez, según la versión policial de lo sucedido, es quien encuentra fallecida a la joven. Pide ayuda a Pamela Di Bin, quien se acerca y desata la supuesta campera de las rejas de la ventana. El resto ─Adrián Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya─ colaboraron con maniobras de reanimación del cuerpo. “Los cinco estuvieron presentes en la comisaría. Ahora hay que demostrar cómo actuaron verdaderamente ese día”, vuelve Roldán.

Hay otros policías, sin embargo, que seguirán investigados. El oficial Víctor Mallón, explica el defensor de la familia, sería uno de ellos. La carátula del caso cambió de averiguación de causales de muerte a homicidio doblemente agravado por alevosía y abuso de la condición de funcionarios públicos.

El fiscal de la causa, Ignacio Calonje, había ordenado allanamientos en los domicilios de cuatro de los cinco implicados a diez días del hecho. Allí secuestraron celulares que aún están siendo peritados. Ninguno, por el momento, había sido llamado a declarar. Sin embargo, a partir de sus detenciones, el fiscal avanzaría con sus indagatorias en los próximos días. Según una fuente policial de Laprida, Adrián Núñez y Pamela Di Bin habían estado cumpliendo funciones en otras dependencias fuera de la ciudad. La única desafectada fue Vanesa Núñez. Los responsables del destacamento ─el comisario inspector Marcelo Amaya y el comisario Christian Barrios─, también fueron trasladados. Ambos siguen con sus tareas en la ciudad Tres Arroyos.

La muerte de Daiana marcó a Laprida. Las marchas en reclamo de justicia se hicieron cada vez más frecuentes. Las calles arboladas y taciturnas del pueblo se adornaron con fotos y carteles de la joven. En la plaza que Salamone había ideado para la posteridad hay un mástil, pero hoy funciona como altar. Entre los restos de velas derretidas y restos de pancartas, sobre la piedra gruesa, alguien escribió con marcador rojo: “¿Quién nos cuida de la policía?”

Bolsas, picanas y palizas

Para hablar de su primer encuentro con el oficial Víctor Mallón, Alan Torres se toca las orejas. Era un sábado del 2018 y había salido de un boliche junto a unos amigos. En la calle discutieron con otro grupo. Un patrullero llegó al instante. Mallón bajó y lo tumbó al piso sin mediar palabra. En esa posición, le retorció las orejas. “Otro me apretó los testículos”, recuerda Alan, de 27 años, en el comedor de su casa en Laprida. “Igual nada se compara a cuando me rompieron los dientes”, dice.

Fue el año pasado. Estaba borracho y había discutido con un vecino a unas cuadras de su casa. Al volver, dos patrulleros con siete policías lo estaban esperando. “Me les planté y ahí nomás me destrozaron la cara”. Le partieron dos dientes y lo esposaron cruzado, con una muñeca unida a un tobillo. Así, con el cuerpo contorsionado, lo arrojaron a la caja de una camioneta policial, donde se desmayó. Al despertar, estaba en el hospital municipal del pueblo. Lo habían llevado para hacerle el examen médico antes de ingresarlo en la comisaría. “Seguí discutiendo y en la cama del hospital un oficial me empieza a ahorcar. La doctora entra justo y ve todo”, cuenta.

Ese día Alan le dijo a la médica que había ingerido varias pastillas de un antidepresivo que tomaba su madre. Quedó detenido en el hospital. “Si entraba al calabozo, me molían a palos. Lo hacen siempre. Te agarran entre todos”, dice. “O te ponen la bolsa”.. “Te atan las manos a las rejas de la ventana de la celda y te embolsan la cara”, cuenta Torres. Expolicías de la estación de Laprida consultados para esta nota confirmaron su uso como instrumento de tortura.

Stella Maris de la Torre vio a su hijo de nueve años esposado y custodiado por dos policías en el hospital del pueblo, pero no dijo nada. En cambio, le susurró a Dios. “Le pedí clemencia”, cuenta. Era el año 2013 y había llevado a su hijo a la guardia del hospital por un ataque de nervios, pero en un descuido el menor se escapa. Las autoridades del nosocomio avisan a la Ppolicía.

“Lo salieron a buscar como un delincuente”, cuenta Stella. La madre, finalmente, lo encuentra llorando y atado con esposas en la guardia. “¿Cómo le van a poner los ganchos a un nene de nueve años?”. Stella denunció el hecho en la ayudantía fiscal de Laprida a cargo de Alejandro Braga, pero durante años se negaron a darle una copia. “Braga me decía que no se entregaban y que me olvidara del tema”, cuenta. Tres años después, en 2016, ante el Departamento de Control Interno de la Procuración General de La Plata, denuncia a Braga por no darle ese documento. Nunca le contestaron.

En 2015, Stella volvería a rezar, pero sus plegarias serían reprimidas con golpes. Su hijo, con 11 años, paseaba en su bicicleta cuando un policía lo detiene. Le dice que esa bici no era suya, que se la robó. Lo empuja y se la quita. “Volvió a casa llorando”, recuerda Stella. Ella, su exmarido Héctor Almada y su hijo fueron hasta la comisaría para retirar la bicicleta. Adentro, Héctor discute con unos policías. Identifica a Adrián Núñez ─uno de los policías detenidos─, y a Gustavo Rojas, entre otros. Lo tiran al suelo y lo golpean. Stella y su hijo intervienen. Toda la familia es agredida. A los padres los esposan y los encierran. Al menor lo dejaron en un pasillo llorando por cuatro horas hasta que un familiar pasó a retirarlo. Hicieron la denuncia por las agresiones, pero nunca tuvieron una respuesta. Stella, ahora, reza para que se esclarezca lo que pasó con Daiana. “En Laprida la Policía se cree dueña de nosotros y la Justicia no hace nada. ¿Quién nos ayuda entonces?”, vuelve a preguntarse.

“Todos tenemos alguna historia en esa comisaría”

A Franco Palavecino le rompieron el brazo dentro de la comisaría. Era 2017 y tenía 17 años. Había sido detenido por una pelea en grupo. Adentro, cuatro oficiales, entre los que estaba Adrián Núñez, lo recibieron con una paliza. “Acá no importa si sos menor de edad. Te meten al calabozo y te revientan igual”, cuenta. Esa noche su mamá lo retiró de la comisaría. Al ver a su hijo rengueando, con un brazo colgando de un pañuelo y la espalda lacerada, le tomó una foto. Después hizo la denuncia, pero nunca los volvieron a llamar. “Todos tenemos alguna historia en esa comisaría”, cuenta Palavecino.

Ailén Arias pasó dos días encerrada en la dependencia por una contravención. Fue en 2020 y había salido de un boliche cuando fue detenida junto a su hermana, su cuñado y su pareja por disturbios en la calle. Estuvieron todo un fin de semana en la celda. “Nos pusieron gas pimienta en la comida que mandaban nuestros familiares”, cuenta. “Una abogada nos ayudó después a salir”.

Lorena Julián Rodriguéz es abogada en Mar del Plata, pero tiene familiares en Laprida. Esa relación la llevó a tomar varios casos de la ciudad desde La Feliz. Con Ailén, cuenta, bastó con llamar a la comisaría y pedirle explicaciones al jefe de turno. “La tuvieron sin causa y sin dar aviso a ningún juzgado por dos días. Eso es completamente ilegal”, dice la abogada. “En Laprida no se respetan los derechos básicos y muchas denuncias quedan encajonadas”.

Las historias sobre la brutalidad policial en Laprida se repiten. El paisaje de un pueblo sereno y tradicional de la pampa bonaerense, se enturbia.

Algo se enciende

Lo dejaron tirado en la celda. De espaldas, con los brazos extendidos en el suelo. Intenta ponerse de pie, pero desiste: un cuerpo estropeado, inútil. Sin embargo, desde afuera, escucha la orden del policía.

─Mandale la picana al gil ese.

Reconoce esa voz. Lo había visto al entrar a la comisaría, casi desmayado por los golpes. “¿Cómo olvidar a un defensor tan rústico?”, pensará Juan Pablo Guzmán cuando el oficial Adrián Núñez, su excompañero en el club Platense de Laprida, dé la orden para picanearlo en el calabozo.

Son cinco. Se mueven rápido adentro. Lo levantan entre cuatro. El quinto, el oficial Gustavo Rojas, está de frente y lo mira fijo. Tiene una linterna larga en la mano. No es cualquier linterna. De un lado ilumina y del otro, comprenderá luego Juan Pablo, traerá oscuridad. Los policías le estiran el brazo. Algo se enciende. Rojas lo picanea una, dos, tres veces. Él aún no lo sabe, pero su verdugo no tendrá ninguna consecuencia. De hecho, al mes, será ascendido a teniente. Mientras tanto, Juan Pablo grita, siente el olor a piel chamuscada.

─¿Ya aprendiste que con nosotros no se jode? ─le preguntarán tras la sesión de tortura en la celda.

El 27 de diciembre de 2020, Juan Pablo Guzmán conducía su camioneta junto a cuatro amigos cuando un móvil policial lo frenó durante la madrugada. Tras presentarles todos los papeles en regla del vehículo, empieza una discusión con tres oficiales. Lo golpean salvajemente en la calle y lo llevan a la comisaría. Allí lo torturan.

Dos días después, con la ayuda de la abogada Lorena Julián Rodríguez, hace la denuncia en la fiscalía local. “También hicimos presentaciones en organismos de derechos humanos de La Plata”, cuenta Lorena. Luego de dos años, la fiscalía explicó a este medio que “están a la espera de una serie de oficios judiciales respecto a la causa para avanzar”. También asignaron una audiencia para Brian Quinteros, quien estaba con Juan Pablo la madrugada en que lo detuvieron. “Nunca me llamaron de ningún lado”, aseguró Quinteros.

“Pensé que me mataban ahí nomás”, dice Juan Pablo Guzmán sobre esa noche. Detenido en el penal de Sierra Chica de Olavarría por un supuesto robo ─que nada tiene que ver con lo que le pasó en Laprida─ Juan Pablo solo quiere justicia. “Yo la pude contar. La mano dura de algunos oficiales ya es conocida en el pueblo. Ojalá que lo que le pasó a Daiana sirva para que las cosas cambien”.

Desde adentro

Julieta V. ─un nombre ficticio para resguardar su identidad─, es policía bonaerense y formó parte de la comisaría de Laprida. “Amo mi uniforme, aunque otros no merecen ni llevarlo puesto”, dice Julieta desde un café del pueblo. En sus cinco años como oficial de esa estación Julieta, cuenta, vio de todo: desde efectivos violentos hasta inescrupulosos. Sin embargo, nunca pensó que lo sufriría en carne propia.

En 2019, denunció ante la secretaría de Seguridad que su superior de servicio, Juan Felipe Caparrós, la acosaba sexualmente. “No solo a mí sino a mis compañeras y a cualquier mujer que se acercaba a la comisaría”, cuenta. “Si alguien dejaba sus datos, él las llamaba”. Julieta había dado aviso de esto a una de las jefas de la estación, Karina Couchez, pero no la escucharon. “Me cansé y lo denuncié directamente”. Ese mismo día, Caparrós fue trasladado preventivamente a otra dependencia. Su denuncia, luego, sería descartada por falta de pruebas.

“No hubo sanción, solo lo derivaron a otro lugar, donde quizás siga haciendo lo mismo”, dice. Según datos que surgen de un pedido de información pública realizado por Perycia, hubo siete denuncias por violencia de género a policías de Laprida entre 2013 y 2019.

Tras la salida de Caparrós, las represalias llegaron para Julieta. Sus colegas de la comisaría ya no le hablaban y sus jefes le perdieron consideración. Un año después, pidieron su traslado a Olavarría. “Fue duro. Estoy lejos de mis hijos y tengo que viajar 150 kilómetros todos los días”. No sería la última experiencia de Julieta con la dependencia de Laprida.

En octubre de 2020, durante el aislamiento por la pandemia, su hijo había salido a festejar sus dieciocho años con unos amigos. Un patrullero los frena. Dos policías, entre los que estaba Gustavo Rojas, se bajan. La discusión se tensa y Rojas hace lo que mejor sabe: lo deja sangrando en el piso y se lo lleva detenido. Cuando Julieta fue a buscarlo, se despachó con la jefa de turno. “Les dije a todos que tenían el uniforme sucio y que yo me había ido, pero limpia”. Acompañó a su hijo a hacer la denuncia, pero nunca tuvieron novedades. Consultamos a la fiscalía local para ver el estado de la misma. “Estamos a la espera de oficios e informes”, dijeron, otra vez.

Respecto a lo que pasó con Daiana, Julieta apunta al subcomisario Christian Barrios, trasladado a Tres Arroyos. “Siempre avaló cada manejo de sus policías. Como jefe, debería haber cambiado las cosas que estaban mal, pero no hizo nada”. La detención de sus excompañeros, avivó la hipótesis de que Daiana fue asesinada por una asfixia. La bolsa, como método de tortura, también cobró fuerza. “Un detenido me contó hace tiempo que lo habían embolsado para subirlo al patrullero. Yo nunca lo presencié, pero sí que ocurría”, dice.

“Es un tipazo, pero a veces se le va la mano”

Es una noche fresca de junio y el policía bonaerense Pablo A. ─prefiere no dar su verdadero nombre─, maneja su camioneta por Laprida con liviandad. Cada vez que pase por la comisaría ─que serán varias─ la mirará fija y dirá cosas como:

─Acá el problema era Christian Barrios. Nunca tuvo que haber llegado a jefe.

Pablo fue policía de la estación desde 2016 hasta 2020, cuando el exsubcomisario Barrios pidió urgente su traspaso a otra localidad.

─Quise rebuscarmela desde lo económico y molestó, pero los jefes sí pueden hacer sus negocios. ¿Sabés cuánto gana un policía? Bueno, poco.

En sus cuatro años entabló relación con varios de los oficiales detenidos, y también con Víctor Mallón.

─Víctor es un tipazo, yo lo quiero mucho. Pero a veces se le va la mano.

El “se le va la mano” de Pablo derivará en Mallón golpeando varias veces la cabeza a un joven contra la reja del patrullero. Esa vez los dos habían ido a una casa por un llamado de música fuerte. Pablo bajó del móvil y les pidió a los jóvenes que apagaran los parlantes, pero no hicieron caso. Mallón, en cambio, bajó con una escopeta. Y empezó el desmadre.

─Víctor es temperamental. En el pueblo no le quieren mucho por eso. Pero es una buena persona. No te creas que los vecinos de acá son todos santitos, eh. A veces se la buscan.

Del detenido Adrián Núñez dirá que es una “excelente persona” y un “muy buen compañero”. El 20 de diciembre del 2019, Pablo y Adrián fueron reconocidos por sus desempeños en un acto oficial. Núñez, esa jornada, recibió un premio estímulo como oficial ayudante.

─Igual no pongo las manos en el fuego por nadie ─dice Pablo, mientras un patrullero pasa por el otro carril y él saluda a su conductor─. Yo no creo que la piba se haya suicidado. O si lo hizo, la dejaron morir.

Pablo se detiene en un semáforo al costado de la plaza. Debajo de su camioneta, en el pavimento, todavía hay pintadas de la última marcha en reclamo de justicia por Daiana.

─El tema de la bolsa y las torturas yo nunca lo presencié, pero sé quién lo empezó ─dice Pablo. ─Jorge Hein. El “ruso”. Ya murió, pero es una leyenda el tipo.

─¿Qué hacía?

─Mañas de policía viejo. Capaz torturaba un poco. Acá hicieron escuela varios con él. Barrios (Christian) fue uno.

El legado Hein

El policía Jorge Mario Hein llegó a Laprida a principios de los ´90 cuando la ciudad ─explica el periodista de policiales Marcelo Beltrán─, “era un caos”. “Había mucha delincuencia. Banditas que hacían quilombo en las calles. Hein llegó de Olavarría, lo nombraron subcomisario y puso orden”, cuenta Beltrán.

El orden para Hein, sigue el periodista, fue la mano dura. “Era guapo ‘el ruso’. Tenía sus métodos, claro, pero el delito bajó”. Las bolsas en la cabeza, las picanas y las palizas feroces dentro de la comisaría se volvieron moneda corriente. El oficial bonaerense Pablo confirma esto. “Mi papá era policía y me contaba historias sobre él. Los viejos oficiales del pueblo lo recuerdan así, con esas prácticas”. El abogado Sergio Roldán también tiene su anécdota con ‘el ruso’: “Una vez me prohibió entrar a un allanamiento con él. Me ordenó por las buenas que me quedara afuera”.

Las denuncias contra la policía de Laprida en ese entonces ─y como ahora─ se acumularon. Tanto que, en el año 2003, Asuntos Internos tenía previsto llegar al pueblo a fines de julio para revisar una serie de expedientes y documentación sensible. El 21 de julio de ese año, como detalla el Diario Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a la cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. En agosto, el peritaje de esa investigación determinaría que el fuego se encendió de forma “intencional”.

De hecho, en la noticia, figura que Marcelo Amaya ─excomisario de la estación separado por el caso Daiana─ estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.

Hein, por esa fecha, ya estaba siendo investigado por una malversación de horas extras en la comisaría. Según una fuente de Asuntos Internos consultada por este medio, el subcomisario fue declarado “prescindible” de la comisaría en 2004. Al año, es exonerado por completo de la fuerza, poniendo fin a su mandato en el pueblo.

En Laprida, tras 20 años, las cosas siguen ─más o menos─ igual.

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91 femicidios y ninguna respuesta

Publicada

hace 3 semanas

08/04/2024

“Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios nos dirigimos a usted para solicitar con respeto y esperanza una audiencia” dice la 2ª carta del colectivo que nuclea a familiares de todo el país, dirigida a Javier Milei. Este 8 de abril las Familias Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo, como todos los primeros lunes de cada mes, mientras el mundo seguía el eclipse de sol. Denunciaron en un documento –también presentado en la Casa Rosada– que hasta el domingo 7 se produjeron 91 femicidios en el año, que dejaron además 9 víctimas menores asesinadas y 52 huérfanos. Hay, en lo que va de 2024, 18 mujeres desaparecidas. Luego las Familias hablaron sobre las causas, el factor narco y la responsabilidad del Estado.

Marta, madre de Lucía Pérez y Facundo, el papá de Luna Ortiz. La lectura del documento que exhibe el nivel de violencia contra las mujeres en el país.

En sintonía con el eclipse de sol de este lunes, la Plaza de Mayo presentó de pronto un clima desapacible, frío, ventoso, mientras las Familias Sobrevivientes de Femicidios volvieron a presentarse allí para visibilizar el reclamo sobre las mujeres asesinadas y para solicitar por carta (la 2ª en el año) que el presidente Javier Milei las reciba.

El grupo, alineado en sillas negras de espaldas a la Casa Rosada, aguantó la ventolera y leyó un documento del que se desprenden distintos datos:

º Hubo 91 femicidios en los 98 días del año hasta el domingo 7 de abril, registrados por el Observatorio Lucía Pérez.
º Además, 9 víctimas menores fueron asesinadas en el transcurso de esos femicidios.
º Otro saldo: 52 huérefanxs.
º Se contabilizaron otros 62 intentos de femicidios.
º Hay en el país 18 mujeres desaparecidas en lo que va de 2024.

Mariela, y el reclamo por su hija.

Genocidio por goteo

Sobre estas cifras –que revelan lo que Marta Montero (madre de Lucía Pérez) define como “genocidio por goteo”– no ha habido respuesta alguna por parte del Estado.

El texto de la misiva fue presentado por la propia Marta, su esposo Guillermo Pérez, Susana Reyes (madre de Cecilia Basaldúa), Mariela Quintanilla (madre de Iara Nardelli), Facundo Ortiz y Marisa Rodríguez (padres de Luna Ortiz) en nombre del colectivo.

El texto: “Señor Presidente de la Nación Argentina. Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios nos dirigimos a usted para solicitar con respeto y esperanza una audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias”. En marzo se había presentado la primera carta en la Casa Rosada y les dijeron que sería derivada a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Susana con imágenes de su hija, Cecilia Basaldúa.

Asesinadas en democracia

Susana Reyes, con una foto de su hija y las palabras “Verdad y justicia”, recordó que hace cuatro años desaparecía Cecilia Basaldúa en Córdoba, cuyo cuerpo apareció el 25 de abril de 2020. “Y todavía estamos luchando para tener un fiscal en la causa por el crimen de mi hija, porque hubo un primer juicio en el que metieron preso a un inocente. Hay muchas causas armadas en Córdoba. Ahora estamos esperando que nos nombren nuevo fiscal, porque el que nos habían designado se jubiló el año pasado en agosto. Y no salió el decreto del nuevo. Nosotros vamos a seguir siempre. Estamos luchando no solo por Cecilia sino por todas y todos los asesinados en democracia”.

Susana agrega: “Queremos que nos reciban para ver si nos pueden escuchar, si pueden hacer algo. Cada vez son más muertes que se siguen sumando. Hay niños huérfanos y las madres también quedamos huérfanas por la muerte de nuestras hijas. Así que vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias”.

Marisa y Facundo, los padres de Luna Ortiz. El caso de su hija (drogada y muerta por sus captores) fue calificado como “homicidio imprudente”. Las familias reclaman justicia.

Homicidios imprudentes

Facundo suma sobre la historia de su hija, Luna Ortiz (19 años cuando fue asesinada el 2 de junio de 2017): “Hace ya siete años que asesinaron a Luna y todavía no podemos llegar a conseguir justicia, es una lucha interminable. La causa está en Casación, la Sala I. Es algo muy importante. Necesitamos que estos jueces nos escuchen y tomen una buena decisión condenando a Villarreal por femicidio”.

Para comprender: Luna fue contactada por Isaías Villarreal el 2 de junio de 2017 mediante Facebook. Se encontraron y él la llevó a su casa, donde la esperaban otros dos hombres: ahí la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. Un día después, el 3 de junio de 2017, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa del propio Villarreal. Los jueces Ariel Introzzi Truglia y Sebastián Hipólito Urquijo y la jueza Verónica Mara Di Tommaso lo condenaron finalmente al máximo posible solicitado por un delito menor: 4 años y 11 meses por “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”.

Marisa, la madre de Luna, agrega: “El femicidio sigue impune, nos encontramos en la etapa de Casación otra vez planteando un femicidio. Apelando lo después de siete años de impunidad porque los jueces liberaron a uno de los femicidas de Luna. Vamos a seguir luchando porque queremos justicia por Luna y por todas nuestras hijas”.

Lucía Pérez y Carla Soggiu. “Luchamos por justicia para todas”.

¿Cuál es la responsabilidad del Estado?

Guillermo (el padre de Lucía Pérez): “Hace 8 años que venimos buscando justicia por nuestra hija (el femicidio ocurrió el 8 de octubre de 2016 y provocó el Primer Paro Nacional de Mujeres). Ahora el 29 de abril tenemos el recurso de Casación”. En el caso de Lucía, en marzo de 2023 hubo sentencia a perpetua en un caso (Matías Farías), y el otro acusado (Juan Pablo Offidani) terminó con una condena menor, 15 años en total, como “partícipe secundario” del crimen, que incluye la condena a ambos por la venta de drogas en la puerta de una escuela secundaria, lo que desencadenó toda la tragedia. La familia apeló la sentencia a Offidani, y las defensas de los acusados apelaron sus condenas. Es lo que comenzará a debatirse en el tribunal de Casación bonaerense.

“Queremos justicia” dice Guillermo, “y que nuestras hijas puedan descansar”.

En el documento presentado el mes pasado al gobierno junto a la solicitud de audiencia, se planteaba una mirada amplia y a la vez profunda de lo que ocurre: “No podemos hablar de femicidios y travesticidios sin hablar de narcotráfico, como no podemos hablar, sin nombrarlo, de ningún otro tema de esta emergencia social que estamos padeciendo hoy: hambre, desocupación, destrucción de la educación y salud pública. Todos fuegos que alimentan el incendio de nuestro futuro y paz social”.

Marta Montero habla sobre el rol estatal: “El Estado es responsable, por eso hablamos de genocidio, con un Estado que no hizo ni hace nada por evitarlo. Y decimos que son narcofemicidios, porque muchísimas veces tienen que ver con esa cuestión de lo narco, donde el Estado no solo está ausente sino que muchas veces está presente, porque ¿quién es el que no hace nada cuando venden droga en la puerta de una escuela? La policía, que es parte del Estado. ¿Y quién deja impunes muchos de estos crímenes? El Poder Judicial, que es parte del Estado”.

¿Y en los casos en que el origen es la violencia dentro de una pareja? “El Estado también es responsable al no avanzar en las investigaciones, al ocultar pruebas muchas veces, al dejar impune al asesino, al no atender a las víctimas, a los huérfanos, a las familias. Pero además, muchas veces esa violencia se genera por lo que hablábamos antes: el tema de la droga, la violencia que se genera territorialmente y en la gente que está en eso, que termina golpeando y matando a las mujeres”.

Marta y Guillermo, los padres de Lucía.

El caso de Lucía implica una ruptura y un precedente, porque la familia logró que se anule el primer y vergonzoso juicio que absolvió a Farías y Offidani por el femicidio, acusándolos solamente de vender droga en vereda de la escuela marplatense a la que iba Lucía, que tenía 16 años cuando la mataron. Esa anulación permitió el segundo juicio (el que ahora irá a Casación por las respectivas apelaciones) y motivó además un jury: un juicio a los jueces de aquel primer proceso. “Estamos esperando que se concrete, porque ya está todo listo” explica Marta.

El rol de Marta Montero en Mar del Plata generó la invitación a participar con una ponencia en la 5º Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos que se está llevando a cabo en esa ciudad hasta el 11 de abril. Marta intervendrá este martes 9 en una sesión que tratará “Justicia de género en salud. Praxis feminists por la justicia en salud”. En el panel coordinado por Melanie Alperstein (Sudáfrica) intervendrá Marta (Femicidio, luchas por la justicia de género y rendición de cuentas), Julie Dale, de Brasil (Violencia y discriminación contra LGBTQI+), Zahira Bouhabra (en conexión desde Marruecos), y hablará sobre Resistencia a los sistemas violentos y respuesta a las crisis de violencia de género Rawia Mahmoud (en conexión desde Sudán).

Lo crucial del trabajo de la familia continúa en Mar del Plata con La Casa de Lucía, punto de encuentro, de conferencias, recitales, eventos culturales y lugar además de acompañamiento para otras familias víctimas de violencia o de femicidios.

O sea que allí se reúne lo académico con lo barrial y la solidaridad concreta, no discursiva. Sostiene Marta: “Para nosotros es una alegría, porque hay un enorme movimiento alrededor de las cosas que se hacen allí. Vienen mujeres, familias, también estudiantes, abogados, de todo. Estamos empezando un curso de huerta, pero también va a ser lugar para que terminen la secundaria quienes no pudieron hacerlo. Y el acompañamiento a otras familias es fundamental, porque a todos nos pasa que ante la justicia estamos desorientados, te hablan de modos que no entendés muchas veces. Con la experiencia que lamentablemente hemos tenido, ahora podeos ayudar a otra gente que pasa por lo mismo para que conozca y entienda sus derechos, y cómo llevar adelante las causas”.

Vuelve a hablar sobre la casa, y la cantidad y calidad de eventos que allí suceden: “Eso sorprendió incluso a los vecinos. Nos decían que era una casa que había estado siempre cerrada, oscura, abandonada (había pertenecido a un grupo narco, según puede verse en MU 190). Y la gente del barrio nos dice que hoy pudimos transformar esa oscuridad en una luz muy linda, que les da entusiasmo. Imaginate la alegría que es para nosotros” dice Marta, cuando se iban de Plaza de Mayo habiendo presentado la carta y el informe y –sorprendentemente- el lunes frío, ventoso, desapacible y eclipsado se transformaba en un día de otoño cálido y luminoso.

El próximo encuentro está previsto para el 6 de mayo.

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En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 4 semanas

01/04/2024

Nuevo informe mensual del primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal.

En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez registró 85 femicidios y travesticidios en todo el país. Solo durante marzo ocurrieron 18, con el agregado de 3 infancias asesinadas: Alma, de 11 años; Mateo, de 2; y Zamir, de 9. El total en lo que va del año es de 9.

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Otro dato que surge del relevamiento es que, como resultado de estos crímenes de mujeres, se registraron 47 huérfanxs.

En este 2024, se llevan registradas 53 tentativas de femicidios.

Hay 18 mujeres desaparecidas.

Y llevamos 1.144 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

Por otra parte, se realizaron 105 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal que exigen justicia ante los crímenes que no cesan.

El número de funcionarios denunciados que ha registrado el Observatorio asciende a 482.

Esos datos, esos crímenes, no son solamente cifras: por eso en nuestros padrones se visualiza cada nombre, la edad, el lugar donde vivían las víctimas y cómo sucedió cada femicidio, entre otros muchos datos que permiten dimensionar la violencia.

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencia, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así reunidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

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#NiUnaMás

8M: Estamos

Publicada

hace 2 meses

08/03/2024

En otro Día Internacional de la Mujer el movimiento feminista volvió a llenar las calles de Buenos Aires, frente al Congreso, como supo hacer durante las movilizaciones a favor del aborto, en medio de algunas novedades: un gobierno que ataca al feminismo, que cree que lo puede contener con un protocolo antipiquetes y que enfrenta la agenda de derechos que las mujeres y disidencias volvieron a poner hoy en la calle. La desigualdad como eje. Las principales reinvindicaciones y palabras de hoy. Los testimonios que hablan de emergencias de hambre (con comedores sin comida y con el triple de gente), a la conexión con las banderas de derechos humanos. Les Nietes de personas desaparecidxs, y el lema de la bandera que salió hoy por primera vez a la calle: “Soy feminista porque tengo memoria”.

Texto: Anabella Arrascaeta

Fotos: Lina M. Etchesuri

“Soy feminista porque tengo memoria”, dice la bandera que Ana, nieta de detenidos desaparecidos en la última dictadura cívico militar, pintó para marchar junto a sus compañeres de Nietes. Es la primera vez que esta frase sale a la calle, en este 8M, a días del 24, el primer marzo de la era de Javier Milei.

8M: Estamos — ***Les Nietes en la puerta de Mu Trinchera Boutique. Foto: Lina Etchesuri***

Argentina, 2024. Sobre Callao la Policía Federal intenta mantener cortada la Avenida para la foto que da cumplimiento al protocolo de la ministra Patricia Bullrich. No pueden. Los autos circulan solo esa cuadra y doblan a la izquierda por Avenida Rivadavia. Hacia la plaza Congreso las calles están cortadas porque el músculo de los feminismos está entrenado y volvió a llenarla. Partidos políticos, organizaciones sociales, sindicales, culturales, asambleas, deportistas, músicas, periodistas, y miles de grupitos de amigas, madres, abuelas, hijas, vecinas, nietes, en un largo y cada vez más inabarcable etcétera.

A las cuatro de la tarde el hit sacude el pasto: “El que no salta votó a Milei”.

La Plaza, una vez más, está llena.

¿Por qué?

Límites

Cristina, 80 años, abre los ojos grandes desde abajo de la gorra que la protege del sol y dirige la mirada hacia sus amigas (otra Cristina de 72 años, y dos Lilianas, 67 y 70 años). Dice: “Peleamos mucho por este momento, y lo tenemos que defender”. Llegaron temprano, con sus remeras del grupo de teatro comunitario al que pertenecen y con el que en el último tiempo hicieron una obra sobre la Semana Trágica, y otra que es un homenaje a Azucena Villaflor, Madre de Plaza de Mayo desaparecida. “Tenemos una edad donde vivimos a full el patriarcado, y vemos en nuestras hijas ese cambio de paradigma: no son las mismas mujeres y yo me alegro profundamente por eso. Y aprendo todos los días de las generaciones nuevas, necesitamos acompañarlas porque debemos lograr ese cambio que de a poco se va modificando. No es que se haya logrado todo, nos falta, pero tenemos que estar unidas”.

“Estar” y “juntas” son de las palabras que más se repiten hoy en Congreso. Y que se sienten: todas las generaciones, de los centros a los bordes. Dice una de las Cristinas: “Te voy a decir una frase peronista: unidos o dominados. En este momento, con este gobierno estamos en un retroceso, y nosotras tenemos que poner un límite: hoy, todas en las calles, estamos poniendo ese límite concreto en la calle”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Comedores

Claudia, 54 años, vino de San Miguel y señala a una compañera: “Ella trae una papa”, y después apunta a otra: “Ella trae una cebolla”. Después mira a otra: “Ella trae fideos”. Así explica cómo están sosteniendo en los barrios las ollas desde que no reciben alimentos tras la asunción del nuevo gobierno.

Dice que lo hacen porque, cuando hay una emergencia, “el pueblo es solidario”. Y porque saben cómo hacerlo. “Nosotras echamos a los ingleses: las mujeres. Hicimos la bandera para Belgrano, organizamos la campaña para San Martín, y ahora tenemos que organizar la campaña para sacar a este loco. Las compañeras muchas son de programas sociales, todas trabajan, sirvieron cuando estaba la pandemia pero ahora las quieren descartar”.

Según su termómetro, la gente que asiste a los comedores se triplicó. No son solo niñes: ahora son familias enteras.

Fotos: Lina Etchesuri

“El barrio ahora se está dando cuenta que la casta somos nosotros” dice a lavaca. “La gente estaba cansada de los políticos comunes corrientes, pero ahora las mujeres del barrio están preocupadas porque no les alcanza para comer. Muchas no pudieron comprar útiles de sus hijos, y en los comedores no hay mercadería”.

Claudia, que es militante del Movimiento Evita, dice que la organización está haciendo una autocrítica interna, pero ella ya tiene clara una posición: “Aunque sea un gobierno nuestro, si hay que hacer un reclamo, hay que hacerlo. No hay que esperar. Aprendimos que si un funcionario o compañero no está haciendo las cosas como corresponde, hay que protestar”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

En los comedores de La Boca que tiene el MST también se triplicó la demanda. “Muchos vecinos que no iban, ahora van. En diciembre ya teníamos escasez de variedad pero ahora la situación está cada vez peor. No tenemos alimentos, hace varios meses no llegan”, dice Susana. Para sostener la olla organizan actividades: rifas, hay quienes arreglan cosas, otras que hacen las uñas: “Nos la rebuscamos”. Ese es el reclamo que llegó hoy hasta el Congreso.

Susana explica: “Los comedores están compuestos por mujeres: somos las que los mantenemos. Pero hoy hay muchas compañeras grandes que no pudieron venir; son mayores y hace mucho calor; otras tienen muchos chicos. Antes podíamos venir, pero ahora no, porque se reprime. Es una decisión que muchas compañeras que tienen muchos hijos se quedan cuidando los comedores y las demás que podemos venir, venimos”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Aguante

Paula está con un cartel que clama: “Nuestros derechos no se negocian”. Del otro lado sentencia: “Milei nunca”. Llegó sola a Plaza Congreso, pero se encontró con amigas en el camino. Tiene 52 años, y dice: “Viví muchas crisis, pero hoy veo que estamos cada vez peor, tenemos un gobierno que no tiene idea de lo que es la empatía, de cómo se lleva adelante un país con todos los sufrimientos que hemos tenido, con una dictadura todavía reciente, con cosas nefastas que nos han pasado. Y en ese contexto, las mujeres somos las que hemos luchado”.

Paula afirma que así como hubo y hay crisis, hay salidas: “Salimos primero organizándonos; somos las que podemos sacar este país adelante, porque somos empáticas. Hoy tenía miedo que no haya gente pero para sorpresa y alegría veo que todavía hay mucho aguante. Seguimos acá”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Tensión

Cuando los bombos de ATE dejan de tocar, Marina, a quien llaman “La capitana”, descansa. Están al frente de la masiva columna de trabajadoras del Estado, aún cuando se anunció que se les iba a descontar el día a quienes pararan. El efecto fue el contrario: “Estamos acá justamente por eso, a pesar que nos quieren guardadas en nuestros lugares y casas, aunque estén avasallándonos con que nos van a descontar el paro, con tomar represalia, venimos a poner el cuerpo más que nunca porque no vamos a permitir que se retroceda en ninguno de los derechos que hemos conquistado y están tratando de poner en riesgo”.

¿Cómo los resguardamos? “Con esto”, dice y mira alrededor una marea de gente. “Animándonos entre nosotras a salir a la calle, fortaleciéndonos entre nosotras en los lugares que ya habíamos conquistado, perdiendo el miedo, entendiendo que si estamos juntas vamos conseguir la fuerza para defendernos, que ninguna se va a salvar sola, que es muy necesario que los feminismos puedan poner una voz en lo que está sucediendo y poder decir cómo impacta sobre nosotras el hambre que está generando este gobierno. Las voces están, las compañeras estamos: hay que animarse a levantarlas porque los lugares están todavía en tensión”.

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa, joven asesinada en Capilla del Monte. Foto: Lina Etchesuri

Transversal

Las integrantes de Nietes posan con su bandera que lleva la insignia con la que comienza esta nota. Ana cuenta que escribió esa frase para recuperar “las luchas que hacen a las libertades que tenemos hoy y la memoria de los derechos que tenemos: esa es la conciencia que hoy reivindicamos”.

¿Cómo se conectan el movimiento feminista y el de derechos humanos?

Lucía: No lo hemos charlado con tal profundidad en el organismo, podemos darte nuestras perspectivas; yo considero que empezaron a tener puntos de conciliación a partir del 2017-2018, con todo el movimiento que generamos las feministas jóvenes junto con las feministas históricas, contra la violencia hacia las mujeres que después se pudo darle muchísima fuerza a lo que fue la legalización del aborto. Solemos tener mucho vínculo con sobrevivientes, construcción política fraternal y compañerismo; hablando con una compañera de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, de Tucumán, nos contaba cómo le influyó el movimiento desde el 2017 en adelante, para tener el valor de poner en palabras la violencia sexual como parte de las torturas. A partir del 2017 se pudo retomar de otra manera porque también había más herramientas para problematizar un montón de cosas y para que también las nuevas generaciones acompañen procesos de históricas luchadoras.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

¿Por qué les parece que esas dos banderas, la de feminismos y derechos humanos, son las más atacadas hoy?

Ana: Creo que son los dos movimientos que han tenido la masividad, que han logrado interpelar al conjunto de la sociedad; tanto el movimiento de derechos humanos como el movimiento feminista ha logrado ser transversal a todas las tendencias. Y esa fuerza constituye una amenaza muy fuerte y ellos lo saben. Yo creo que los esfuerzos en desarmar todo esto es por la potencia que tiene en términos de transformación social, económica, subjetiva; por la fuerza y la potencia que tiene de interpelar al conjunto de sociedad, que se involucren personas que por ahí en la política no se meten tanto y en temas como derechos humanos y feminismos, sí. Eso es una fuerza muy grande.

Después de marchar, les Nietes tocan en el piano de nuestra trinchera “Los dinosaurios” de Charly García. Y cuando terminan, aplauden y brindan por lo que están haciendo juntes. Historia, futuro, y presente.