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“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú? 

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Cinco efectivos bonaerenses fueron detenidos el domingo por el crimen de la joven en Laprida, provincia de Buenos Aires. Por lo menos desde los años 90, la brutalidad de los oficiales sometió al miedo a toda una población. Picanas, bolsas y palizas. Entrar a la comisaría del pueblo se convirtió en tortura. Facundo Lo Duca investigó los archivos del lugar y entrevistó a otras personas que sufrieron violencia institucional en la misma comisaría donde murió Daiana. 

Cuarta entrega de la cobertura conjunta entre Revista Cítrica, Lavaca y Perycia. Fotos: Mauro Arias

Con el pecho en el suelo, la cara ensangrentada y las manos esposadas detrás, Alan Torres intenta ladearse a un costado. Un policía llega y lo frena con la punta del borcego.

─Así que te gusta joder con nosotros ─dice el oficial, pero él no entiende. En esa noche fresca de mayo del 2021, tirado en la puerta de su casa del barrio Fonavi, Alan ─fibroso y desgarbado─ siente desde el piso cómo los ganchos se aflojan. Distingue, en ese breve alivio, a siete policías rodeándolo. Uno de ellos agarra su muñeca derecha y la estira hacia atrás. Otro levanta su tobillo izquierdo. Las partes se tocan en el aire. Y así, desafiando los límites de su propia flexibilidad, lo levantan.

─¿No te das cuenta que la ciudad es nuestra, pelotudo? ─será lo último que escuche antes de desmayarse, luego de que lo arrojen, como un bolso viejo, a la caja trasera de una camioneta policial que arrancará dando tumbos frente a un grupo de vecinos. Nadie dirá una palabra, mientras los destellos azules del móvil se pierden en la noche cerrada.

El día que nadie festejó a Salamone

“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú? 

Laprida queda a unos 470 kilómetros de Capital Federal. Sus doce mil habitantes, la vastedad de sus campos y un clima árido son particularidades pequeñas al lado de la única condición que la hace reconocida en todo el sur de la provincia de Buenos Aires: cuatro construcciones del enigmático arquitecto e ingeniero, Francisco Salomone. Alrededor de toda la ciudad, y durante toda la década del 30, Salamone ideó y dirigió obras tan monumentales como innovadoras para la época. También para el lugar: nada había antes. Un matadero, el portal de un Cristo gigante en el cementerio, la plaza principal, la municipalidad y una delegación zonal conforman el abanico artístico que el “arquitecto de las pampas” dejó para la posteridad.

El edificio vidriado del Centro de Interpretación de la Obra de Francisco Salamone es lo primero que uno se encuentra al entrar al pueblo. Allí, una mujer sonriente, con folletos en mano, hablará de datos biográficos, planos perdidos de las obras del arquitecto y fechas. Sobre todo fechas.

─Durante todo junio festejamos el mes de Salomone. Hacemos actividades, visitas guiadas, charlas ¿sabías que volaba en avión desde Buenos Aires para supervisar sus propias obras?

Salamone nació el 5 de junio de 1897 en Sicilia, Italia. Desde hace décadas, la ciudad festeja su natalicio con orgullo. Los turistas llegan desde el extranjero, se invitan a investigadores, universitarios y su historia se narra de espaldas a alguno de sus monumentos.

El pasado 5 de junio, sin embargo, los datos biográficos, los planos perdidos, las fechas quedarían en segundo plano. 

Daiana no se ahorcó

“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú? 

Daiana Abregú, una joven de 26 años que había salido a bailar la noche anterior, apareció muerta en una celda de la Comisaría Comunal de Laprida. Los policías, ese mismo día, les avisaron a sus padres que su hija se había suicidado ahorcándose en el calabozo con su propia campera. La segunda autopsia del cuerpo ─solicitada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) tras no haberse respetado los protocolos necesarios en la primera─ mostró exactamente lo contrario: no hubo ahorcadura, ni lesiones en su cuello. 

Daiana, señalaron los primeros resultados periciales en el último examen, murió por una asfixia. “Fue un homicidio. Y vamos a probarlo”, aseguraron desde un primer momento los abogados de la familia.

Cinco efectivos bonaerenses fueron implicados y detenidos el domingo por la muerte de la joven: Adrián Núñez, Pamela Di Bin, Vanesa Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya. Todos estuvieron presentes en diferentes horarios desde que Daiana entró en la comisaría a las siete de la mañana ─por disturbios en la vía pública─ hasta que se la encontró sin vida entre las tres y cuatro de la tarde.

“Lo primero que un policía tiene que hacer cuando encierra a alguien es notificar al secretario de turno del juzgado de paz”, explica Sergio Roldán, uno de los abogados de la familia. “Y acá nadie lo hizo. El juzgado de Laprida se enteró de que Daiana estaba en la comisaría cuando ya estaba muerta”, cuenta.

“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú? 

La oficial Vanesa Núñez, sigue Roldán, estaba a cargo de la última guardia imaginaria que vigiló a Daiana. “Ellas habían tenido sus encontronazos antes fuera de la comisaría”, cuenta el abogado. Núñez, según la versión policial de lo sucedido, es quien encuentra fallecida a la joven. Pide ayuda a Pamela Di Bin, quien se acerca y desata la supuesta campera de las rejas de la ventana. El resto ─Adrián Núñez, Leandro Fuhr y Juliana Zelaya─ colaboraron con maniobras de reanimación del cuerpo. “Los cinco estuvieron presentes en la comisaría. Ahora hay que demostrar cómo actuaron verdaderamente ese día”, vuelve Roldán. 

Hay otros policías, sin embargo, que seguirán investigados. El oficial Víctor Mallón, explica el defensor de la familia, sería uno de ellos. La carátula del caso cambió de averiguación de causales de muerte a homicidio doblemente agravado por alevosía y abuso de la condición de funcionarios públicos. 

El fiscal de la causa, Ignacio Calonje, había ordenado allanamientos en los domicilios de cuatro de los cinco implicados a diez días del hecho. Allí secuestraron celulares que aún están siendo peritados. Ninguno, por el momento, había sido llamado a declarar. Sin embargo, a partir de sus detenciones, el fiscal avanzaría con sus indagatorias en los próximos días. Según una fuente policial de Laprida, Adrián Núñez y Pamela Di Bin habían estado cumpliendo funciones en otras dependencias fuera de la ciudad. La única desafectada fue Vanesa Núñez. Los responsables del destacamento ─el comisario inspector Marcelo Amaya y el comisario Christian Barrios─, también fueron trasladados. Ambos siguen con sus tareas en la ciudad Tres Arroyos. 

La muerte de Daiana marcó a Laprida. Las marchas en reclamo de justicia se hicieron cada vez más frecuentes. Las calles arboladas y taciturnas del pueblo se adornaron con fotos y carteles de la joven. En la plaza que Salamone había ideado para la posteridad hay un mástil, pero hoy funciona como altar. Entre los restos de velas derretidas y restos de pancartas, sobre la piedra gruesa, alguien escribió con marcador rojo: “¿Quién nos cuida de la policía?”

Bolsas, picanas y palizas 

“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú? 

Para hablar de su primer encuentro con el oficial Víctor Mallón, Alan Torres se toca las orejas. Era un sábado del 2018 y había salido de un boliche junto a unos amigos. En la calle discutieron con otro grupo. Un patrullero llegó al instante. Mallón bajó y lo tumbó al piso sin mediar palabra. En esa posición, le retorció las orejas. “Otro me apretó los testículos”, recuerda Alan, de 27 años, en el comedor de su casa en Laprida. “Igual nada se compara a cuando me rompieron los dientes”, dice.

Fue el año pasado. Estaba borracho y había discutido con un vecino a unas cuadras de su casa. Al volver, dos patrulleros con siete policías lo estaban esperando. “Me les planté y ahí nomás me destrozaron la cara”. Le partieron dos dientes y lo esposaron cruzado, con una muñeca unida a un tobillo. Así, con el cuerpo contorsionado, lo arrojaron a la caja de una camioneta policial, donde se desmayó. Al despertar, estaba en el hospital municipal del pueblo. Lo habían llevado para hacerle el examen médico antes de ingresarlo en la comisaría. “Seguí discutiendo y en la cama del hospital un oficial me empieza a ahorcar. La doctora entra justo y ve todo”, cuenta. 

Ese día Alan le dijo a la médica que había ingerido varias pastillas de un antidepresivo que tomaba su madre. Quedó detenido en el hospital. “Si entraba al calabozo, me molían a palos. Lo hacen siempre. Te agarran entre todos”, dice. “O te ponen la bolsa”.. “Te atan las manos a las rejas de la ventana de la celda y te embolsan la cara”, cuenta Torres. Expolicías de la estación de Laprida consultados para esta nota confirmaron su uso como instrumento de tortura. 

Stella Maris de la Torre vio a su hijo de nueve años esposado y custodiado por dos policías en el hospital del pueblo, pero no dijo nada. En cambio, le susurró a Dios. “Le pedí clemencia”, cuenta. Era el año 2013 y había llevado a su hijo a la guardia del hospital por un ataque de nervios, pero en un descuido el menor se escapa. Las autoridades del nosocomio avisan a la Ppolicía. 

“Lo salieron a buscar como un delincuente”, cuenta Stella. La madre, finalmente, lo encuentra llorando y atado con esposas en la guardia. “¿Cómo le van a poner los ganchos a un nene de nueve años?”. Stella denunció el hecho en la ayudantía fiscal de Laprida a cargo de Alejandro Braga, pero durante años se negaron a darle una copia. “Braga me decía que no se entregaban y que me olvidara del tema”, cuenta. Tres años después, en 2016, ante el Departamento de Control Interno de la Procuración General de La Plata, denuncia a Braga por no darle ese documento. Nunca le contestaron.

En 2015, Stella volvería a rezar, pero sus plegarias serían reprimidas con golpes. Su hijo, con 11 años, paseaba en su bicicleta cuando un policía lo detiene. Le dice que esa bici no era suya, que se la robó. Lo empuja y se la quita. “Volvió a casa llorando”, recuerda Stella. Ella, su exmarido Héctor Almada y su hijo fueron hasta la comisaría para retirar la bicicleta. Adentro, Héctor discute con unos policías. Identifica a Adrián Núñez ─uno de los policías detenidos─, y a Gustavo Rojas, entre otros. Lo tiran al suelo y lo golpean. Stella y su hijo intervienen. Toda la familia es agredida. A los padres los esposan y los encierran. Al menor lo dejaron en un pasillo llorando por cuatro horas hasta que un familiar pasó a retirarlo. Hicieron la denuncia por las agresiones, pero nunca tuvieron una respuesta. Stella, ahora, reza para que se esclarezca lo que pasó con Daiana. “En Laprida la Policía se cree dueña de nosotros y la Justicia no hace nada. ¿Quién nos ayuda entonces?”, vuelve a preguntarse.

“Todos tenemos alguna historia en esa comisaría”

“La ciudad es nuestra”: ¿Cómo opera la Policía señalada por el crimen de Daiana Abregú? 

A Franco Palavecino le rompieron el brazo dentro de la comisaría. Era 2017 y tenía 17 años. Había sido detenido por una pelea en grupo. Adentro, cuatro oficiales, entre los que estaba Adrián Núñez, lo recibieron con una paliza. “Acá no importa si sos menor de edad. Te meten al calabozo y te revientan igual”, cuenta. Esa noche su mamá lo retiró de la comisaría. Al ver a su hijo rengueando, con un brazo colgando de un pañuelo y la espalda lacerada, le tomó una foto. Después hizo la denuncia, pero nunca los volvieron a llamar. “Todos tenemos alguna historia en esa comisaría”, cuenta Palavecino.

Ailén Arias pasó dos días encerrada en la dependencia por una contravención. Fue en 2020 y había salido de un boliche cuando fue detenida junto a su hermana, su cuñado y su pareja por disturbios en la calle. Estuvieron todo un fin de semana en la celda. “Nos pusieron gas pimienta en la comida que mandaban nuestros familiares”, cuenta. “Una abogada nos ayudó después a salir”. 

Lorena Julián Rodriguéz es abogada en Mar del Plata, pero tiene familiares en Laprida. Esa relación la llevó a tomar varios casos de la ciudad desde La Feliz. Con Ailén, cuenta, bastó con llamar a la comisaría y pedirle explicaciones al jefe de turno. “La tuvieron sin causa y sin dar aviso a ningún juzgado por dos días. Eso es completamente ilegal”, dice la abogada. “En Laprida no se respetan los derechos básicos y muchas denuncias quedan encajonadas”. 

Las historias sobre la brutalidad policial en Laprida se repiten. El paisaje de un pueblo sereno y tradicional de la pampa bonaerense, se enturbia. 

Algo se enciende

Lo dejaron tirado en la celda. De espaldas, con los brazos extendidos en el suelo. Intenta ponerse de pie, pero desiste: un cuerpo estropeado, inútil. Sin embargo, desde afuera, escucha la orden del policía.

─Mandale la picana al gil ese.

Reconoce esa voz. Lo había visto al entrar a la comisaría, casi desmayado por los golpes. “¿Cómo olvidar a un defensor tan rústico?”, pensará Juan Pablo Guzmán cuando el oficial Adrián Núñez, su excompañero en el club Platense de Laprida, dé la orden para picanearlo en el calabozo.

Son cinco. Se mueven rápido adentro. Lo levantan entre cuatro. El quinto, el oficial Gustavo Rojas, está de frente y lo mira fijo. Tiene una linterna larga en la mano. No es cualquier linterna. De un lado ilumina y del otro, comprenderá luego Juan Pablo, traerá oscuridad. Los policías le estiran el brazo. Algo se enciende. Rojas lo picanea una, dos, tres veces. Él aún no lo sabe, pero su verdugo no tendrá ninguna consecuencia. De hecho, al mes, será ascendido a teniente. Mientras tanto, Juan Pablo grita, siente el olor a piel chamuscada.

─¿Ya aprendiste que con nosotros no se jode? ─le preguntarán tras la sesión de tortura en la celda.

El 27 de diciembre de 2020, Juan Pablo Guzmán conducía su camioneta junto a cuatro amigos cuando un móvil policial lo frenó durante la madrugada. Tras presentarles todos los papeles en regla del vehículo, empieza una discusión con tres oficiales. Lo golpean salvajemente en la calle y lo llevan a la comisaría. Allí lo torturan. 

Dos días después, con la ayuda de la abogada Lorena Julián Rodríguez, hace la denuncia en la fiscalía local. “También hicimos presentaciones en organismos de derechos humanos de La Plata”, cuenta Lorena. Luego de dos años, la fiscalía explicó a este medio que “están a la espera de una serie de oficios judiciales respecto a la causa para avanzar”. También asignaron una audiencia para Brian Quinteros, quien estaba con Juan Pablo la madrugada en que lo detuvieron. “Nunca me llamaron de ningún lado”, aseguró Quinteros. 

“Pensé que me mataban ahí nomás”, dice Juan Pablo Guzmán sobre esa noche. Detenido en el penal de Sierra Chica de Olavarría por un supuesto robo ─que nada tiene que ver con lo que le pasó en Laprida─ Juan Pablo solo quiere justicia. “Yo la pude contar. La mano dura de algunos oficiales ya es conocida en el pueblo. Ojalá que lo que le pasó a Daiana sirva para que las cosas cambien”.

Desde adentro

Julieta V. ─un nombre ficticio para resguardar su identidad─, es policía bonaerense y formó parte de la comisaría de Laprida. “Amo mi uniforme, aunque otros no merecen ni llevarlo puesto”, dice Julieta desde un café del pueblo. En sus cinco años como oficial de esa estación Julieta, cuenta, vio de todo: desde efectivos violentos hasta inescrupulosos. Sin embargo, nunca pensó que lo sufriría en carne propia.

En 2019, denunció ante la secretaría de Seguridad que su superior de servicio, Juan Felipe Caparrós, la acosaba sexualmente. “No solo a mí sino a mis compañeras y a cualquier mujer que se acercaba a la comisaría”, cuenta. “Si alguien dejaba sus datos, él las llamaba”. Julieta había dado aviso de esto a una de las jefas de la estación, Karina Couchez, pero no la escucharon. “Me cansé y lo denuncié directamente”. Ese mismo día, Caparrós fue trasladado preventivamente a otra dependencia. Su denuncia, luego, sería descartada por falta de pruebas. 

“No hubo sanción, solo lo derivaron a otro lugar, donde quizás siga haciendo lo mismo”, dice. Según datos que surgen de un pedido de información pública realizado por Perycia, hubo siete denuncias por violencia de género a policías de Laprida entre 2013 y 2019.

Tras la salida de Caparrós, las represalias llegaron para Julieta. Sus colegas de la comisaría ya no le hablaban y sus jefes le perdieron consideración. Un año después, pidieron su traslado a Olavarría. “Fue duro. Estoy lejos de mis hijos y tengo que viajar 150 kilómetros todos los días”. No sería la última experiencia de Julieta con la dependencia de Laprida.

En octubre de 2020, durante el aislamiento por la pandemia, su hijo había salido a festejar sus dieciocho años con unos amigos. Un patrullero los frena. Dos policías, entre los que estaba Gustavo Rojas, se bajan. La discusión se tensa y Rojas hace lo que mejor sabe: lo deja sangrando en el piso y se lo lleva detenido. Cuando Julieta fue a buscarlo, se despachó con la jefa de turno. “Les dije a todos que tenían el uniforme sucio y que yo me había ido, pero limpia”. Acompañó a su hijo a hacer la denuncia, pero nunca tuvieron novedades. Consultamos a la fiscalía local para ver el estado de la misma. “Estamos a la espera de oficios e informes”, dijeron, otra vez.

Respecto a lo que pasó con Daiana, Julieta apunta al subcomisario Christian Barrios, trasladado a Tres Arroyos. “Siempre avaló cada manejo de sus policías. Como jefe, debería haber cambiado las cosas que estaban mal, pero no hizo nada”. La detención de sus excompañeros, avivó la hipótesis de que Daiana fue asesinada por una asfixia. La bolsa, como método de tortura, también cobró fuerza. “Un detenido me contó hace tiempo que lo habían embolsado para subirlo al patrullero. Yo nunca lo presencié, pero sí que ocurría”, dice. 

“Es un tipazo, pero a veces se le va la mano”

Es una noche fresca de junio y el policía bonaerense Pablo A. ─prefiere no dar su verdadero nombre─, maneja su camioneta por Laprida con liviandad. Cada vez que pase por la comisaría ─que serán varias─ la mirará fija y dirá cosas como:

─Acá el problema era Christian Barrios. Nunca tuvo que haber llegado a jefe.

Pablo fue policía de la estación desde 2016 hasta 2020, cuando el exsubcomisario Barrios pidió urgente su traspaso a otra localidad.

─Quise rebuscarmela desde lo económico y molestó, pero los jefes sí pueden hacer sus negocios. ¿Sabés cuánto gana un policía? Bueno, poco.

En sus cuatro años entabló relación con varios de los oficiales detenidos, y también con Víctor Mallón.

─Víctor es un tipazo, yo lo quiero mucho. Pero a veces se le va la mano.

El “se le va la mano” de Pablo derivará en Mallón golpeando varias veces la cabeza a un joven contra la reja del patrullero. Esa vez los dos habían ido a una casa por un llamado de música fuerte. Pablo bajó del móvil y les pidió a los jóvenes que apagaran los parlantes, pero no hicieron caso. Mallón, en cambio, bajó con una escopeta. Y empezó el desmadre.

─Víctor es temperamental. En el pueblo no le quieren mucho por eso. Pero es una buena persona. No te creas que los vecinos de acá son todos santitos, eh. A veces se la buscan.

Del detenido Adrián Núñez dirá que es una “excelente persona” y un “muy buen compañero”. El 20 de diciembre del 2019, Pablo y Adrián fueron reconocidos por sus desempeños en un acto oficial. Núñez, esa jornada, recibió un premio estímulo como oficial ayudante.

─Igual no pongo las manos en el fuego por nadie ─dice Pablo, mientras un patrullero pasa por el otro carril y él saluda a su conductor─. Yo no creo que la piba se haya suicidado. O si lo hizo, la dejaron morir.

Pablo se detiene en un semáforo al costado de la plaza. Debajo de su camioneta, en el pavimento, todavía hay pintadas de la última marcha en reclamo de justicia por Daiana.

─El tema de la bolsa y las torturas yo nunca lo presencié, pero sé quién lo empezó ─dice Pablo. ─Jorge Hein. El “ruso”. Ya murió, pero es una leyenda el tipo. 

─¿Qué hacía?

─Mañas de policía viejo. Capaz torturaba un poco. Acá hicieron escuela varios con él. Barrios (Christian) fue uno.

El legado Hein

El policía Jorge Mario Hein llegó a Laprida a principios de los ´90 cuando la ciudad ─explica el periodista de policiales Marcelo Beltrán─, “era un caos”. “Había mucha delincuencia. Banditas que hacían quilombo en las calles. Hein llegó de Olavarría, lo nombraron subcomisario y puso orden”, cuenta Beltrán.

El orden para Hein, sigue el periodista, fue la mano dura. “Era guapo ‘el ruso’. Tenía sus métodos, claro, pero el delito bajó”. Las bolsas en la cabeza, las picanas y las palizas feroces dentro de la comisaría se volvieron moneda corriente. El oficial bonaerense Pablo confirma esto. “Mi papá era policía y me contaba historias sobre él. Los viejos oficiales del pueblo lo recuerdan así, con esas prácticas”. El abogado Sergio Roldán también tiene su anécdota con ‘el ruso’: “Una vez me prohibió entrar a un allanamiento con él. Me ordenó por las buenas que me quedara afuera”.

Las denuncias contra la policía de Laprida en ese entonces ─y como ahora─ se acumularon. Tanto que, en el año 2003, Asuntos Internos tenía previsto llegar al pueblo a fines de julio para revisar una serie de expedientes y documentación sensible. El 21 de julio de ese año, como detalla el Diario Popular de esa fecha, un “depósito con documentación y otros elementos” se incendió. En la foto del hecho un bombero mira a la cámara, mientras señala biblioratos de carpetas carbonizadas. En agosto, el peritaje de esa investigación determinaría que el fuego se encendió de forma “intencional”

De hecho, en la noticia, figura que Marcelo Amaya ─excomisario de la estación separado por el caso Daiana─ estaba presente cuando las llamas se avivaron. “El incendio se originó voluntariamente sobre los libros y biblioratos”, concluyó el peritaje.

Hein, por esa fecha, ya estaba siendo investigado por una malversación de horas extras en la comisaría. Según una fuente de Asuntos Internos consultada por este medio, el subcomisario fue declarado “prescindible” de la comisaría en 2004. Al año, es exonerado por completo de la fuerza, poniendo fin a su mandato en el pueblo.

En Laprida, tras 20 años, las cosas siguen ─más o menos─ igual.

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Observatorio Lucía Pérez

30 femicidios en el primer mes del año

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A Rosa, a Anabella y a Yamila 20, 29 y 39 años las asesinaron el primer día del año: en Budge, en Burzaco, y en Pergamino.

El femicidio de Rosa fue frente a sus dos hijos menores. 

Desde ese día hasta hoy registramos 30 femicidios en todo el país: uno por día, sin freno. 

30 femicidios en el primer mes del año

Conocemos el nombre de cada una de las 30 asesinadas. En muchos casos también su cara porque recuperamos la foto para ponerle cuerpo a esa vida que nos quitaron. Registramos sus edades, donde vivían, cómo pasó. Buscamos también el nombre del sospechoso, su edad, si había algún vínculo. Indagamos en los datos que debe dar el Poder Judicial: quién lleva adelante la investigación y cuál es la carátula. 

Mientras escribimos este informe se confirma, por parte de los fiscales de la causa, que Berenice González (23 años y un hijo de 4) fue drogada y violada en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Luego del abuso sufrió un colapso, murió en el hospital a donde había sido trasladada después de que la encontraran en la calle. Hay dos detenidos: Daniel Castañeda, 46 años, acusado del suministro de material estupefaciente en concurso con abuso sexual con acceso carnal; y una amiga de Berenice, de 25 años, acusada de facilitación del encuentro sexual a cambio de la obtención de drogas. 

La muerte de Berenice no está caratulada en la justicia aún como femicidio. Su hijito, huérfano, jamás podrá acceder a la ayuda económica que siempre tarde, entrega la ley Brisa.

30 femicidios en el primer mes del año

Hechos vs teorías

Este mes, también, la Fiscalía General de Chubut, por primera vez, restringió información sobre un femicidio alegando la tesis de la “mímesis” promocionada por Rita Segato. Se trata de un texto de una alumna brasileña, que Segato tuteló, que relaciona estos crímenes con los relatos mediáticos. 

En el contexto de degradación del ministerio de las Mujeres y el desmantelamiento de programas y líneas de atención a violencias de género, sumado a la total ausencia de programas de prevención, estas órdenes de silencio a la prensa nos resultan totalmente funcionales a la ausencia de política oficial, especialmente si se tiene en cuenta que, según los 4.623 casos que registra nuestro padrón, esta tesis no tiene ningún sustento en cifras concretas. 

Sin embargo, no hay textos académicos que se refieran a la relación entre el narcotráfico y la violencia femicida, donde sí aparece claramente una mímesis, por cierto no atribuible a los medios de comunicación, como frivoliza la teoría promovida por Segato.

30 femicidios en el primer mes del año

 

El femicidio de Berenice reproduce los pasos de los que en nuestro padrón clasificamos como Femicidios Territoriales. Por ejemplo:

En 2016 en Mar del Plata asesinaban a Lucía Pérez, 16 años: a los responsables se los encontró primero culpables de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser cometido en perjuicio de una menor de edad, pasaron años hasta que se los juzgó por femicidio. También Lucía fue presentada a sus asesinos por una amiga consumidora.

En 2017, en Tigre, Luna Ortiz, 19 años, drogada, alcoholizada y trasladada en un raid en el que intercambiaban violación por droga: su crimen no fue juzgado como femicidio. El único condenado fue encontrado responsable del delito de “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal, en concurso real con homicidio imprudente”. Hoy está libre, viviendo a pocas cuadras de la familia de Luna, que consiguió, tras años de movilizaciones, que a través de un juicio cesura pudiese reabrirse el debate sobre su crimen. 

Esta misma mecánica con la que opera la máquina femicida es reproducida en Mar del Plata, San Martín o Victoria, territorios muy distantes y diferentes, pero donde la desigualdad social produce lo mismo: consumos problemáticos que convierten los cuerpos femeninos en mercancías y a las masculinidades de una franja etaria similar (45/55 años), tan dañadas por el sistema, en seres capaces de destrozar cuerpos adolescentes, produciendo crímenes brutales, que luego el Poder Judicial juzga con prejuicios cómplices y arbitrarios.

Esta mímesis real y concreta desnuda una realidad que duele, crece y que podemos detener si no nos ciegan con teorías construidas desde lejanías, por prejuiciosas distancias de clase y raza, y por foráneas: otra galaxia.

Desde el Observatorio Lucía Pérez proponemos hace tiempo la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Berenice, Lucía o Luna. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación (pasiva o concreta) de agentes estatales tales como policías, gendarmes y fiscales. 

30 femicidios en el primer mes del año

También proponemos que todo análisis de la violencia femicida parta de su contexto: el territorio, porque allí están las raíces, pero también las alas. Es la comunidad quien tiene la posibilidad de cambiar esta realidad que nos mata.

Por último reiteramos una alerta: el lavado epistémico que representa la ausencia de trabajos de investigación académica que analice la relación entre narcotráfico que en su escala territorial se transforma siempre en narcomenudeo y la violencia femicida.

30 femicidios en el primer mes del año

La información de enero 2024:

30 femicidios, uno por día 

4 víctimas eran menores de edad.

14 infancias huérfanas 

31 marchas exigiendo paren de matarnos

19 tentativas de femicidios

2 desaparecidas 

1084 días sin Tehuel

Toda la  información en www.observatorioluciaperez.org

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Nota

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio

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Llegando a los últimos días del año, Mónica Ferreira pensó que iba a poder festejar el 2024 con la tranquilidad de que su hija estaba en paz. Pero el veintiocho de diciembre por la mañana recibió un llamado. Del otro lado, el abogado Diego Szpigel: “Te tengo que dar una mala noticia: los asesinos de tu hija están sueltos”. Esas fueron las palabras que generaron que la familia de Araceli Fulles volviera a derrumbarse. “Sentí lo mismo que cuando encontraron su cuerpo: como si la hubieran vuelto a matar” dice Mónica. Por eso decidió hacer lo mismo que aquel día: movilizar al barrio. Cómo sigue este reclamo de justicia.

Por Delfina Pedelacq para lavaca.org

Fotos: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Son las cuatro de la tarde del viernes cinco de enero, el sol raja el asfalto de las calles de Barrio Sarmiento en San Martín. Más de cien personas se concentraron en la intersección de las calles Cabildo y Campichuelo para visibilizar, en el barrio de Araceli Fulles, que sus asesinos están sueltos otra vez. Muchas son madres o familiares de otras víctimas de femicidio que llegaron para acompañar este reclamo. Una a una se colocan detrás de la bandera que grita el reclamo de justicia, para caminar hasta la plaza donde Araceli fue vista por última vez, en marzo de 2017. Mónica lleva en su antebrazo derecho un tatuaje con la cara de su hija. Mira al cielo, lo besa y comienzan a caminar.

Rastros

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados a perpetua el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. El 29 de diciembre pasado, los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar de un perito. Tras 25 días de búsqueda, fue este perito, con su perro adiestrado en la búsqueda de personas, quien encontró el cuerpo de Araceli Fulles en la casa de Dario Badaracco y marcó en el corralón de Cassalz los lugares donde habría estado Araceli.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Mónica, mamá de Araceli. Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Los magistrados en su fallo pidieron que la Fiscalía General de San Martín investigue la actuación del perito Marcos Herrero en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones de los binomios guía-can idóneos para esa tarea, en función de lo corroborado en esta causa y otros antecedentes”.

Después de conocer el fallo, el abogado de la familia Fulles, Diego Szpigiel presentará un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires: “No nos vamos a quedar con esta resolución porque la entendemos absolutamente arbitraria”.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Araceli Fulles: El sabor de la justicia

Cinco cuadras caminó la multitud hasta llegar a la Plaza “Soberanía Nacional”, donde también se encuentra un monolito en homenaje a Araceli. Es una imagen grande de su cara, abajo tiene una inscripción que dice: “Vamos negrita: bailá hasta el fin”. Monica abre despacio la reja que lo protege, levanta un cuadro y mantiene durante algunos minutos su mirada fija en él. Es una foto escolar de tercer año de Araceli: “3ro D, Señorita Maria Luisa”.

“Se me va a ir la vida, pero quiero que mi hija descanse en paz. Voy a seguir luchando y quiero que me acompañen siempre” dijo Monica ante toda la gente que participó de la movilización. “Ahora no se trata tampoco de llorar, se trata de recuperar fuerza para luchar por ella y por todas las mujeres, porque lamentablemente estos jueces corruptos han largado a estos asesinos, van a estar sueltos y le puede pasar a cualquier mujer. Tanto Carral, Violini y Maidana son más asesinos que los que mataron a mi hija, porque la volvieron a matar. Son los mismos que también soltaron a los femicidas de Anahí Benítez y Luna Ortiz”.

Alrededor del monolito se forma una ronda. Le acercan a Mónica un megáfono. La mayoría de las personas que están en la plaza se arriman a escuchar. “Nosotros queremos vivir libres. A ellos les dieron perpetua y no la cumplen: están en la calle. Mi hija está en el cementerio y no la saco nunca más. Somos nosotros los que tenemos que vivir con este dolor hasta el día de nuestra muerte”, dice Mónica, sin contener el llanto. Ricardo Fulles la aprieta en sus brazos y le seca las lágrimas.

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Con la voz quebrada y agarrada fuerte de su mano, Marisa (mamá de Luna Ortiz) toma la palabra: “Luchar sirve, no nos vamos a quedar en nuestras casas llorando porque siempre se nos hizo difícil con esta justicia. Esta es la justicia que nos dan con sabor a nada, que los encierran un par de años como para decir acá ya está y después los vuelven a liberar. En estas causas hay mucha mugre y queremos que los asesinos estén donde tienen que estar, en la cárcel. Y basta de jueces y fiscales corruptos”.

Familiares de víctimas de violencias como Candela Sol Rodríguez, Natalia Sabán, Zaira Rodríguez, Luna Ortiz, Andrea Jara, Damián Castillo, Nicolás Duarte, Laura Iglesias, Lucia Costa entre otros, acompañan a la familia de Araceli durante esta primera jornada de lucha del año. La familia de Lucía Pérez y la campaña “Somos Lucía” se sumaron al reclamo y llevaron adelante una acción en Mar del Plata. También está presente el Padre Adolfo Benassi y la monja Martha Pelloni. “Esta es nuestra nueva familia”, dirá Mónica después de mencionarlos a todos y todas, “porque pasamos lo mismo, sabemos el dolor que cada uno siente porque también lo sentimos.”

Araceli Fulles: la mala noticia y la respuesta del barrio
Foto: Evelyn Schonfeld para lavaca.org

Cómo sigue

La movilización llegó a la plaza Soberanía Nacional y después de un pequeño acto, volvió hasta el lugar de salida. Con el objetivo de que el barrio se entere y conozca el nombre de los jueces que permitieron que los asesinos de Araceli estén nuevamente libres.

“El día que me digan: Señora, usted consiguió la perpetua para todos, no solamente por Araceli sino por todas las demás, ese día voy a poder descansar e irme con mi hija, porque lo que más anhelo es eso. Algún día voy a reencontrarme con vos, mamita”, dirá Mónica.

“¿El poder siempre gana? No, vamos a luchar hasta el final, hasta las últimas consecuencias”, finaliza Mónica y agradece a todos por el acompañamiento. Estas movilizaciones por el distrito se realizarán durante todo enero y cuando termine la feria judicial, el objetivo es llegar a La Plata, frente a la Cámara de Casación, para visibilizar también quienes fueron los responsables de que hoy los asesinos de Araceli estén libres.

En la esquina de Campichuelo y 25 de mayo hay un mural donde se la puede ver sonriente, como si saliera de la pared. Coronando su imagen hay una frase que Araceli había posteado en su Facebook, tiempo antes de su femicidio. “La vida es como un restaurante: nadie se va sin pagar”.

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Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

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Qué revela la cantidad de crímenes registrados por el único padrón autogestivo y público del país en este 2023. Otro informe anual que esta vez se sitúa en Mar del Plata para analizar desde un territorio concreto cómo funciona la máquina femicida. Cómo se mata, cómo se muere, cómo se tejen las violencias, las relaciones con el medioambiente, los derechos humanos y el extractivismo. Una tesis sobre la importancia de pensar la complejidad desde el territorio, en un número especial.

Texto: Claudia Acuña

Fotos: Sebastián Smok

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez
Movilización contra los femicidios en la ciudad, que ocupó unas diez cuadras, a propósito del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Ante la falta de justicia, las mujeres revelan las caras de los femicidas. Fotos: Sebastián Smok.

Al comenzar a escribir esta nota nuestro padrón público de femicidios y travesticidios registra 4.550 crímenes. Cada uno es nombres, edades, fechas, localidades, imputaciones, modalidades y resoluciones judiciales. Actualizar diariamente este padrón nos interpela todos los días, no porque nos cuestione el para qué si no porque nos impone el porqué y, más impotentemente, el hasta cuándo.

En este largo trayecto mucha de la información que allí se recopila no representa para nuestro Observatorio “casos”. Son familias, infancias huérfanas, barrios, vecinas, asambleas y herramientas creadas y sostenidas durante años en el camino de la búsqueda no solo de justicia, sino de algo más trascendente para cada tejido social involucrado: Nunca Más.

Es esta tensión entre la acumulación de datos y de relaciones la que nos desafía a reflexionar críticamente sobre lo que esta sistematización puede aportar a esas batallas contra la violencia. Y, al mismo tiempo, la que nos obliga -al construirla- a ponderar la relevancia de los marcos teóricos que se han aportado recientemente, con una hipótesis incómoda: qué relación hay entre los relatos académicos “de género” –que consagran quienes saben de este “tema”-, la realidad y la incapacidad para politizar acciones concretas que permitan prevenir este dolor social que parece no tener otro destino que el de la reiteración sistemática.

La primera dificultad a enfrentar es la trama de estas violencias. Su complejidad, su multidiversidad, su raíz histórica, su actualidad y sus diversas variantes tienden a que la lectura parcial, sesgada y disciplinaria responda supuestas preguntas que ya tienen respuestas concebidas de antemano, certezas que se aplican sobre partes o sobre el todo, para concluir en mandamientos teóricos que refuerzan prejuicios morales: la violencia patriarcal está mal. Pero está y goza de un impulso continuo que no podemos detener. Funciona, y muy bien.

¿Entonces?

¿Qué está mal?

La época, el sistema, las representaciones políticas y el funcionamiento de las instituciones–el Estado, el Poder Judicial, los medios, etc., en las cuales hemos depositado enteramente la supuesta solución de estos crímenes- mitigan con su funcionamiento atroz, cómplice y corrupto todas las responsabilidades que podamos tener quienes intentamos analizar estas violencias. Pero las tenemos. 

Nombrar en una nota o un artículo académico un femicidio o 4.569 nos compromete a honrar la vida, su condición sagrada. Con ese compromiso compartimos lo que por ahora tenemos: preguntas y formas de hacer. Las buscamos en trabajos académicos y en barrios, en personas que sufren y en aquellas que las escuchan. Son incógnitas a revelar comunitariamente y prácticas que hicieron y luego, pusieron en palabras lo hecho como forma de criar lo que nos falta y nutrir lo que necesitamos.  

De eso se trata este informe.

Femicidios y territorio: la tesis del Observatorio Lucía Pérez
Mar del Plata fuera de temporada: ¿qué ves?

Primera pregunta

“¿Cómo salir de este continuum de violencia? ¿Cómo reconocerla para erradicarla, cómo revivir experiencias que hemos enterrado adentro de nosotras, para sobrevivir?”. La que nos y se interroga es Giulia Marchese, geógrafa italiana, investigadora de las violencias que sufren mujeres y pueblos indígenas en México, integrante de GeoBrujas y del Instituto de Geografía Humana de la Universidad de Frankfurt. La pregunta es parte del artículo “Del cuerpo en el territorio al cuerpo-territorio: elementos para una genealogía feminista latinoamericana de la crítica a la violencia”, donde expone exactamente eso: preguntas y elementos. El principal es el que nos interesa: qué entendemos por territorio y por qué puede ser esa la clave para analizar estas violencias.

Marchese lo define primero según los preceptos sistémicos dominantes:

“La palabra ‘territorio’ viene del latín ‘territorium’, término que de un lado está etimológicamente vinculada a ‘territor’, que significa ‘quién posee la tierra’ y del otro está vinculada a ‘terrorem’, terror. En las Ciencias Sociales, el territorio ha sido ubicado como la parte del espacio que pertenece a un Estado: literalmente en donde se extiende el terror, el poder, la autoridad. El territorio entonces es el ámbito definido por el ejercicio del poder, o sea la producción del miedo: una noción que no tiene nada de natural, sino es totalmente política” (Farinelli, 2008: 29).

Dentro de esta organización del territorio distingue las “zonas de ser” y las “zonas de no ser” diferenciadas por la maquinaria de producir despojo y acumulación. “El principal instrumento de la acumulación por desposesión es la violencia, y sus agentes son, indistintamente, poderes estatales, paraestatales y privados, que en muchos casos trabajan juntos pues comparten los mismos objetivos”. Esa organización que consagra ciudadanías privilegiadas y despojadas está sexualizada y racializada. Sigue Marchese: “En esta geopolítica de la producción, las zonas de operación y penetración a nivel extractivo están interconectadas por una infraestructura de corredores multimodales” y señala estas zonas como una posible “geopolítica de la violencia sexual”. Son las fronteras o “territorios fronterizados”, escenarios de la imprescindible movilidad que requiere el despojo extraccionista y el narcotráfico, dualidades que cada vez más se nos presentan como dos caras del mismo sistema. Así Marchese nos invita a pensar como fronteras no sólo aquellas marcadas en línea de puntos en los mapas, sino por el sistema productivo, por ejemplo los puertos y los suburbios.

Rosario (informe 2022) y Mar del Plata (el de este año) nos convocó desde esta perspectiva.

Segunda pregunta

“¿Qué tipo de subjetividad se construye dentro del capitalismo para que existan personas que son exterminables como condición para la reproducción del sistema?”, cuestiona Marchese. La construcción de subjetividad es una tarea multidisciplinaria y universal: condiciona todo, no limitándose a las personas sino a las representaciones que las sociedades construyen, las formas de ser, de hacer, de proyectar, de estar juntas, los sueños y las  pesadillas. Y aunque el sistema haya desterrado de nuestro imaginario la concepción que nuestros ancestros tienen del territorio, ahí está, en la realidad, manifestándose en sus formas de sacrificio. “El territorio es lo que permite existir, vivir”, nos recuerda Marchese. Y quizás por eso mismo ahí habitan los femicidios.

Resignarse a que hoy la concepción del territorio esté unida a su defensa es una derrota del imaginario colectivo. “El territorio se queda atrapado en la lógica reactiva, como concepto relacional que nace frente al reclamo, a la defensa, a la acción frente al despojo”, advierte Marchese.

Tercera pregunta

“¿Es posible trazar estrategias de autodefensa de la violencia reapropiándonos de un concepto de territorialidad positivo? ¿Qué papel juegan los conceptos de cuerpo y territorio en este esfuerzo?”, interroga Marchese. Enuncia entonces una posibilidad en juego: “El territorio es lo que permite existir, vivir. Es una construcción y un concepto histórico. Es memoria del espacio ocupado físicamente, fuente del poder público, y es necesario volverlo, regresarlo, re-entenderlo como sustento material de la vida. Tanto el cuerpo como la tierra son elementos que generan las condiciones para la reproducción de experiencias vitales, y para reapropiarnos de nuestros territorios es un esfuerzo fundamental para contraponer y erradicar la violencia. Cada cuerpo tiene una historia y una geografía distinta, pero es necesario un proceso colectivo para reconocer el territorio y reapropiarlo para su rehabitabilidad”.

Cuarta pregunta

¿Cómo hacerlo?

Es la filósofa dominicana Yuderkys Espinosa Miñoso quien nos invita a encontrar respuestas  volviendo “la mirada hacia allí donde hemos dejado de mirar para encontrar lo que tan diligentemente hemos estado dispuestas a desechar en nuestra complicidad con el relato moderno, dar valor y recuperar los saberes producidos por las mujeres que han sido vistas como que no saben o que no tienen razón”.

Pensar estos posibles ante el precipicio que nos abre hoy la realidad argentina es utópico, pero por eso mismo es la responsabilidad que tenemos para crear otras condiciones de realidad que nos permitan orientarnos en las tinieblas.

Pensar estos 4.550 femicidios como el listado de rebeldías que se producen todos los días en las trincheras de la cotidianeidad, en la trama íntima de aquello que por resumir vamos a denominar patriarcado, pero que es sistema de producción y es política y es, fundamentalmente, la batalla que nos obligan a dar estos tiempos, seamos o no conscientes de que se está librando en nuestros cuerpos.

Pensar que con nuestros pies en las dolientes fronteras crecen las raíces del saber y las alas de nuestros deseos. Y abrazarnos en ellos.

Al terminar de escribir esta nota nuestro padrón público de femicidios y travesticidios registra 4.569 crímenes.

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