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La familia de Carla Soggiu denuncia a Larreta y Santilli por las fallas en el sistema de GPS que debió protegerla

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A 3 años y 3 meses sin Carla Soggiu, y sin culpables por su femicidio, su familia apunta contra el sistema que debió protegerla: el botón antipánico concesionado por el Gobierno de la Ciudad. Carla lo apretó 5 veces antes de morir. La denuncia apunta sin vueltas contra el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, y el entonces vicejefe, Diego Santilli, quien dijo que el sistema funcionaba cuando las pruebas, y los hechos, indican lo contrario.  Cómo se desprotegio no solo a Carla sino a las 3 mil mujeres que contaban con el botón en la Ciudad. Y la necesidad de empujar justicia, cuando la impunidad de los femicidios es lo único que sigue funcionando.

5 veces.

Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces.

5 veces apretó el botón antipánico, antes de dejar de responder. Llegó a hablar con dos operarios de la empresa Coradir S.A., concesionaria del servicio licitado por el Gobierno de la Ciudad. Y pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. La pregunta es: ¿por qué?

4 días.

4 días Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero la encontró, ya fallecida, en el riachuelo. Según la autopsia, Carla murió por “asfixia mecánica por sumersión”.

La justicia le había otorgado el botón antipánico tras haber denunciado a su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, por torturas y violación ante la Oficina de Violencia Doméstica.

La lesión por la golpiza en el cráneo, según sus padres, derivó en una desestabilización y desorientación que terminó desencadenando en su muerte. Sin embargo, la causa judicial que investiga el caso no conectó esos dos hechos: Fuentes fue condenado por violación, pero no por femicidio.

Tampoco la causa investigó por qué a pesar de que Carla Soggiu pidió ayuda, el GPS del botón antipánico no funcionó.

1.

2.

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4.

5 veces.

Declaraciones versus pruebas

La familia asegura que no la encontraron porque el GPS del botón antipánico que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le había entregado, evidentemente, no funcionaba. Alfredo Barrera: “Escuchando los audios de mi hija no te queda ninguna duda de que no funciona nada. Cuando mi hija se comunicó, a los 5 minutos tenía que haber un patrullero: le dieron un aparato especialmente para eso”. En cambio, los patrulleros fueron enviados al domicilio de Carla, donde no había nadie.

“En programas de radio (Diego) Santilli dijo que el sistema funcionaba y que la contuvieron. Nunca nada más alejado de la realidad: él se refiere a que habló con los operadores pero ese no es el tema. Ella estaba hablando con alguien que no le podía solucionar nada, porque no funcionaba el GPS. Si funcionaba, a los 5 minutos ya le hubiesen mandado un móvil. Dicen que mandaron para su casa, y en la casa no estaba: no tenían ni idea donde estaba. Les reportaba por todos lados, pero en realidad no funcionaba”.

La investigación de por qué el botón no funcionó no la realizó la justicia penal sino la periodista María Miranda para el medio El Destape: la misma comprueba que el servicio de geolocalización de la empresa Coradir S.A. se encontraba caído porque el Gobierno de la Ciudad no había renovado el contrato. El 31 de diciembre de 2018 Coradir habría dejado de brindar el servicio de soporte; las últimas llamadas de Carla datan del 15 de enero. Según El Destape, el último “Informe de evento” de la Policía de la Ciudad, arrojó “Ubicación GPS aproximada: No encontrado”.

En la denuncia Alfredo detalla: “A raíz de lo sucedido en el caso de mi hija que tomamos conocimiento de que se produjo un cambio de empresa tercerizada prestadora del servicio de botón antipánico, y durante veinte días ninguna de las personas asistida por el sistema tuvo cobertura de ubicación por GPS”. Esto significa que el sistema no funcionaba ni para Carla ni para cerca de tres mil mujeres en situación de riesgo, de manera simultánea. 

Por esta razón Alfredo Barrera acaba de firmar y presentar una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad, puntualmente contra su jefe, Horacio Rodríguez Larreta, y su vicejefe al momento de la muerte de Carla, Diego Santilli. En la misma se los cita a declarar junto a los dos operarios que hablaron con Carla, como al dueño de la empresa, y la periodista de El Destape.

La denuncia es clara: “El Gobierno de la Ciudad es culpable”. Y remata: “Es claro por qué: no funcionaba el GPS. Si hubiese funcionado, mi hija estaría. No hay mucha vuelta que darle”. 

Lo que no funciona

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión. “El fallo es vergonzoso. Nosotros ni estábamos de querellantes”, cuenta Alfredo sobre el proceso de injusticia.

La familia Soggiu denunció que esta condena no contempló la relación con la muerte de Carla, con graves secuelas tras la golpiza de Fuentes, y por eso abrió otra causa por femicidio. La misma fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. “Nos enteramos en noviembre de 2021 que estaba archivada. Ese mismo día habíamos ido a hablar con el abogado, que nos dijo que seguía todo parado, pero ¡no nos dijo que estaba archivada! Nos enteramos después. Ahí nosotros caímos de que estaba todo armado, de que este tipo habrá hecho su negocio o no sé, pero a nosotros nos iba a dejar sin nada”.

Que no exista una condena por “femicidio” implica, entre muchas otras cosas, que los padres de Carla hayan quedado a cargo de sus hijos sin poder obtener la asistencia que brinda la Ley Brisa a familiares víctimas de femicidios.

Sin culpables por la muerte de Carla, ahora la familia apunta al sistema que debió protegerla: el provisto por la Corte Suprema de Justicia y controlado por el Gobierno de la Ciudad. Cómo lo lograron: “Tuvimos que andar a las corridas, moviéndonos nosotros. Desde la Defensoría General de la Nación me consiguieron una audiencia con Defensoría de la Ciudad que de mala gana y porque yo les preguntó si podían hacer un papel para prorrogar la prescripción, me lo hicieron. Después de eso teníamos que encontrar un abogado que quisiera ir contra la ciudad. Y también pudimos”.

Alfredo subraya lo que no funciona: “Ni el GPS, ni la justicia”. Y describe este nuevo round judicial contra un rival difícil, de esta manera: “Pudimos subirnos al ring de nuevo; nos habían bajado violentamente. Después faltan un montón de cosas pero, simplemente, es tener la chance de poder pelear. Ahí estamos”.

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Lucía Pérez: la trama de la injusticia

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“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

  1. Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.
Lucía Pérez: la trama de la injusticia
  1. Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.
  2. Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.
  3. Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.
  4. Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

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Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

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Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.  

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

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38º Encuentro Plurinacional: el regreso

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Por Claudia Acuña

Fotos Line Bankel

A las doce de la noche parte el micro que nos trae de regreso a Buenos Aires con el grupo de mujeres que lucen imborrables sonrisas y cachetes decorados con purpurina. La noche es para soñar y la mañana para compartir la transmisión de la asamblea que decide en qué ciudad se realizará el próximo encuentro: Córdoba.

Con el festejo llega la ceremonia que preparó la Comisión de Mística.

Estamos todas sentadas en el piso superior del micro mientras una voz encantadora nos cuenta el cuento La cabeza en la bolsa, mientras recorre el angosto pasillo mostrando las ilustraciones que dan vida a esta historia que escribió Marjorie Pouchet: la de una chica rabiosamente tímida que siempre sale a la calle con una bolsa en la cabeza, hasta que un día, regado por sus lágrimas, crece allí un jardín. ¿Qué hará entonces con esa timidez y con esas flores?

Consultar a una amiga.

Algunas compartirán en voz alta lo que ese cuento les resuena; otras sus lágrimas.

Luego, las organizadoras de la colecta para el viaje nos darán dos regalos. Cada una recibirá así una de las serigrafías creadas por el grupo de arte Vivas Nos Queremos y un pedido: que sean expuestas en lugares colectivos. El otro regalo está guardado en un sobre hecho a mano con papel reciclado. Contiene stickers, calcomanías y un papel amarillo donde nos piden que escribamos un deseo que acompañe a nuestras amigas de viaje hasta el próximo Encuentro. Una cajita de cartón recoge los mensajes y de allí cada una extraerá el suyo.

El mío:

“Seguí tus sueños, abrazá tu intuición, aferrate a tus compañeras: todo es posible”. Llegamos.

38º Encuentro Plurinacional: el regreso

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