Nota
La fiscalía del despojo en Ciudad de México
Cómo opera la unidad especializada en desalojar personas en el DF, con procedimientos por fuera de la ley.
En esta nota Eliana Gilet y Ernesto Álvarez muestran que en la Ciudad de México ya no hace falta una sentencia judicial para vaciar una vivienda. Desde 2016 hasta la fecha retrataron cómo la fiscalía ambiental ganó potestad para investigar las denuncias por despojo de inmuebles en la capital y usó ese poder para definir antiguos conflictos de vivienda, al expulsar a los vecinos sin permitirles defenderse y entregar sus casas al capital inmobiliario, sin intervención de un juez. Las crónicas, los datos y las fotos de esta investigación que revela la violación a derechos humanos por parte del Estado, como parte de un problema de vivienda estructural que azota a la región.
Texto: Eliana Gilet y Ernesto Álvarez / Quinto Elemento Lab.
(Desde Ciudad de México) Cuando escuchó las patadas en la puerta, se alarmó y miró la hora: pasaba las once de la mañana. Abrió la puerta y dos policías de investigación encapuchados entraron a la sala, apuntando a su mujer y a su hijo. Se metieron al departamento, gritando que de una vez les dijeran dónde estaban las armas, las drogas. Antes que los sacaran de su casa sin explicación, el padre identificó a quien traía la operación a cargo. Vestido de traje y corbata, con un fajo de hojas en un expediente, encaró al agente del Ministerio Público, Juan Carlos Díaz Alamilla, con quien tuvo la discusión que sigue:
–¿Dónde está tu orden?
–No tengo por qué tener una orden.
–¡Claro que tienes que tener una orden para desalojarnos!
–¿Sabes una cosa? ¡Me vale madre!
Díaz Alamilla encarnó el poder que desde 2016 tiene la fiscalía ambiental de la Ciudad de México, para investigar denuncias por despojo. El funcionario firmó el acuerdo de aseguramiento del viejo edificio de Leonardo da Vinci 129, tras recibir una denuncia anónima; facilitó su demolición y entregó el predio vacío a un abogado. Todo esto, en dos meses: octubre y noviembre de 2017. Para diciembre, el edificio fue demolido con las cosas de la gente aún dentro. Hoy, hay una torre de departamentos de alta plusvalía construida por la empresa GDC Desarrollos.
El mecanismo del despojo
Desde que fue bautizada como Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de Protección Urbana (Fedapur) en el gobierno de Miguel Ángel Mancera (2012-2018) hemos reporteado 36 casos de edificios asegurados por esta autoridad; en diez casos, fueron expulsados vecinos precarios que llevaban años buscando la regularización de su tenencia ante el Instituto de Vivienda de la capital (Invi). A partir de la revisión de cinco expedientes de la fiscalía ambiental, identificamos una forma de desalojar extrajudicialmente, ignorada hasta el momento en las discusiones sobre gentrificación y recambio poblacional de la capital. Opera así:
1. Aseguramiento exprés. Poner en custodia objetos vinculados al crimen investigado, es una potestad que tiene cualquier agente del Ministerio Público. Pero cuando lo “asegurado” es un edificio habitado, se encubre un desalojo extrajudicial tras el eufemismo. Asegurar un edificio es tomarlo por la fuerza y en los expedientes analizados se evidencia cómo esta decisión no pasa por ningún control externo a la fiscalía ambiental, como sí ocurre en los juicios civiles que hasta el momento monopolizaban la emisión de órdenes de desalojo.
Al asegurar un edificio, la fiscalía ambiental pone sellos que indican el número de expediente. De allí, extrajimos la fecha de inicio de las investigaciones en cada caso y la comparamos con la fecha del aseguramiento. Así evidenciamos que la medida de fuerza es tomada prematuramente, al inicio de sus investigaciones. En Isabel La Católica 245 registramos el plazo más breve: la averiguación inició el 14 de noviembre de 2018 y el edificio fue asegurado el 3 de diciembre de 2018, tras menos de un mes de haber recibido una denuncia anónima contra los vecinos, por haber tirado cascajo en la vía pública. Aún sin pruebas del delito denunciado, la fiscalía lo mantiene “preservado” y bajo su control, desde hace cuatro años.
La rapidez del aseguramiento tomó a los vecinos por sorpresa y les impidió defenderse, antes de someterles a esta novedosa forma de “desalojo extrajudicial”. En cambio, la autoridad no actuó con esa misma rapidez, al recibir la denuncia por falsificación del certificado de uso de suelo del Colegio Rébsamen, de Coapa, materia que también le compete a la fiscalía ambiental. En este caso, durmió la decisión por seis meses, hasta que el sismo del 19 de septiembre de 2017 mató allí 19 niños y 7 adultos. Retomó su investigación días después del sismo.
2. Penaliza lo civil. Rogelio León Fortanel supo qué era la Fedapur cuando ya estaba preso. Fue uno de los primeros procesados por despojo en la capital y pasó dos años injustamente detenido en el Reclusorio Sur, hasta que fue absuelto. Logró probar que, el día que la fiscalía lo acusó de cometer el despojo, él estaba en Chiapas. Su nombre fue tomado de un pleito archivado en la justicia civil, cuando Fortanel defendió legalmente a la Okupa Chanti Ollin, un espacio de gestión colectiva, que resistió trece años hasta que topó con la fiscalía ambiental.
En el aseguramiento del Chanti en la madrugada del 22 de noviembre de 2016 intervinieron 800 agentes de choque (según la tarjeta informativa) que tomaron el edificio trepando por la fachada, para irrumpir en la asamblea que ocurría en el primer piso. La Fiscalía detuvo a 26 personas y las liberó sin cargos, pero Fortanel fue apresado dos días después, por policías de civil que lo metieron en un automóvil sin placas.
En entrevista, Fortanel describió con claridad el mecanismo del despojo: “Esta fiscalía parece tener todos los poderes que pueda tener una autoridad en el país, porque tienen la facultad de aseguramiento y con eso, de desalojarte, algo que antes sólo podía hacer un juez. Llegué a entender que esta fiscalía fue creada justamente para esto: para anular procesos civiles que pueden ser muy largos en favor de quienes teníamos la posesión, en este caso, el Colectivo Chanti Ollin”.
Durante el primer año de acción del mecanismo, las denuncias por despojo se multiplicaron por siete. Crecieron de 484 carpetas de investigación en 2015 a 3,242 en 2016 y en 2019, pasó de ser considerado un delito de bajo impacto a estar penado con diez años de cárcel, cuando se comete con el agravante de “agrupación delictuosa”. Es el caso de la comunidad mazahua, que pelea su permanencia en la colonia Juárez, en el predio de Turín 46.
La amenaza de ir a la cárcel inhibió que la gente afectada peleara por sus derechos y que, en la mayoría de los casos, hablase a condición de anonimato, como los vecinos de Da Vinci. No sólo eso: la marca de la fiscalía ambiental es hacerles perder todas sus pertenencias, porque las asegura con el edificio.
A los de Da Vinci se les permitió entrar brevemente dos personas por familia a sacar algunas cosas, pero la mayoría de los muebles se perdió en la demolición del lugar. Además de la posesión, se les despojó de cómo probar que alguna vez la tuvieron. Ni se diga del daño económico que les implicó quedarse sin nada.
3. Cambia el suelo de manos. Comparados al total de denuncias por despojo recibidas, es baja la cifra de 268 edificios asegurados entre 2019 y 2021. Sin embargo, el 61 por ciento de ellos fue entregado a los denunciantes. Para esto, tampoco intervino ningún juez, ya que los expedientes muestran que esta decisión depende del agente del Ministerio Público que lleva el caso.
Este super poder se concentró a inicios del año 2016 en la sede central de la Fiscalía General de Justicia y se gestó en dos ordenamientos cuando Miguel Ángel Mancera fue procurador y luego jefe de gobierno. Sin embargo, el mecanismo ha gozado de buena salud durante el gobierno de Claudia Sheinbaum. Tuvo cinco titulares, pero la actual es Alma Luisa Rodríguez Soberanes y aunque cambió de nombre a Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu), mantiene sus potestades intactas.
Desde 2022, una decena de autoridades de alto nivel del gobierno capitalino conforman la “Mesa de Despojos” y respaldan el mecanismo como un pilar del Plan de política criminal de este año: “el aseguramiento de inmuebles por parte de esta institución inhibe la intención de los grupos delictivos de continuar con la ejecución del delito, permitiendo la entrega y devolución a la persona que se encuentra legitimada”, según el citado documento.
Una vez “restituidos” (como la fiscalía llama al cambio de manos tras el aseguramiento) los edificios quedaron abandonados o fueron derrumbados. Salvo Cuauhtémoc 166, donde los vecinos frenaron la demolición ilegal gracias a tres clausuras de obra entre 2020 y 2021. Su esqueleto permanece medio de pie, medio caído, como un fantasma entre las colonias Roma y Doctores, que recuerda que no todo conflicto se resuelve por la fuerza.
Despojo y desalojo
Laura Frías fue la Ministerio Público que firmó la suerte de Cuauhtémoc 166: mandató el aseguramiento tras dos meses de investigación; ordenó el desalojo del plantón (con la presencia del ex fiscal, José Espinosa Nolasco) que las afectadas sostuvieron dos años y medio junto al predio, el 5 noviembre de 2019. Y entregó el lugar a los denunciantes: Antonio Omar Abud Cardona, hijo de Antonio Abud Nacif, un arquitecto de 90 años; y al abogado Roberto Sánchez Rocha, quien firmó junto a Frías el documento de recepción de Cuauhtémoc, fechado el 28 de noviembre de 2019, que forma parte de esta investigación.
La primera vez que fuimos a Cuauhtémoc, el 9 de junio de 2017, nos desconcertó que no hubiese cosas ni gente en la calle. Dos chavitos nos confirmaron que sí habían sido expulsados pero que todo estaba dentro, salvo los vecinos que buscaban respuestas en distintas oficinas de gobierno. Los encontramos en la sede de la fiscalía, donde pidieron ver el expediente y se los negaron. Sólo si aceptaban la imputación por despojo, les dijeron, les darían una copia.
Desde entonces, acompañamos el proceso que terminó por darles la razón. El último documento que se agregó a esta investigación está fechado el 24 de junio de 2022 y reconoce, cinco años después del aseguramiento de Cuauhtémoc 166, que la fiscalía no tiene evidencia del delito con que justificó la expulsión de la gente: “hasta este momento procedimental, los medios de prueba son insuficientes para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del probable responsable”.
Sin embargo, según consta en el Programa de persecución penal 2023, la autoridad está promoviendo que se modifique el delito de despojo y se “permita detener al despojante en flagrancia”, en el momento del aseguramiento. La propuesta implica que, en vez de mejorar su capacidad para probar el delito, bajarán las garantías individuales para detener a quien se encuentre en el lugar. Si esto hubiese estado vigente al inicio de nuestra investigación, los vecinos expulsados con los que conversamos estarían injustamente presos.
En los siete años que llevamos trabajando, también reporteamos una ola de desalojos arbitrarios ordenados por la justicia civil, concentrada en la alcaldía Cuauhtémoc. En los 53 casos de desalojo de múltiples departamentos que cubrimos en esa demarcación, ningún vecino tuvo aviso previo a ser desalojado, un requisito del proceso judicial que, en 2019, se incluyó en la Constitución Política de la Ciudad de México.
En un caso del Centro Histórico, Zapata 68, entendimos por qué nadie era notificado: las demandas estaban dirigidas a otras personas, algunas ya fallecidas, por deber rentas de contratos falsos, que ni ellos ni los muertos habían firmado. Organizados desde 2001 en una asociación civil para defender su permanencia, los vecinos de Zapata habían resistido desalojos en 2006 pero, una década después, como si hubiera cambiado el viento, sufrieron 11 desalojos arbitrarios y fueron denunciados por despojo ante la fiscalía en enero de 2019.
Su caso evidenció cómo, más que atacar mafias invasoras, la “Fiscalía del despojo” actúa contra vecinos sin papeles, con largas posesiones y procesos de regularización abiertos ante el Invi, institución en la que fue canalizada la política de acceso a la vivienda popular en la Ciudad de México, desde fines de los años 90. La carpeta del Invi de Cuauhtémoc fue abierta en 1999 y la de Zapata en 2002.
Desde el terreno, se ve cuánto los despojos de la fiscalía ambiental y los desalojos judiciales, tienen en común: la falta de aviso previo a los afectados; su nulo acceso a los documentos que causaron su expulsión y la imposibilidad de defenderse antes de serlo. Sobre todo, se asemejan en cómo la violencia institucional fue usada contra las personas más vulnerables, en su mayoría mujeres, que habían invertido una vida en esos sitios para tener un lugar digno donde vivir. Esa violencia motivó este reportaje.
Los desalojos extrajudiciales de la “Fiscalía del despojo” hicieron de la criminalización su arma para extinguir décadas de lucha.
Camuflados en la arbitrariedad que campea en los desalojos civiles, se destacan por privar a la gente de todo, incluso de la triste fortuna de ver sus cosas, regadas en la calle.
*
Ernesto Álvarez y Fran Richart en la fotografía y video; Eliana Gilet en la investigación y texto; Axel Hernández y Ernesto Álvarez en la edición de video; Paola Macedo en diseño gráfico; Matías Oviedo y Álvaro Núñez compusieron la canción original llamada “Zapata 68” que se escucha en el video; la producción musical estuvo a cargo de Matías Oviedo en Moreno Musical Home Studio. La locución fue hecha por el rapero mexicano Eme Mala Fe y grabada por Vinicio Cruz, en el estudio Vida Baja Music. Edición de la investigación: Rubén Martín.
Protesta social
Marcha de jubilados: medias, bochinches y ningún dólar en las orejas
Un miércoles tranquilo en la ronda de jubilados en Congreso, que despierta dudas ante la necesidad de hacer “un poco más de bochinche”. Como homenaje al Día del Jubilado (domingo pasado) hubo un puesto de hamburguesas y choripanes de la UTEP. “El hambre es desesperante” dijo una de las mujeres que servía a esa cola ampliada con gente de la calle en busca de qué comer. Historia de cómo sobrevivir a una jubilación hiper mínima (porque encima se arrastra una deuda). Los alfajores, las medias, y la salud encontrada en el gesto de movilizarse.
Por Lucas Pedulla Fotos Juan Valeiro/lavaca.org
A sus 76 años, Luis Relinque tiene que vender medias para llegar a fin de mes.
–Si no trabajo, no como.
Y para comer tiene que trabajar, aunque hace once años que está jubilado. El único día que no sale a vender por la zona de Once es el miércoles, cuando camina las diez cuadras que separan su casa –Remedios de Escalada, sur del conurbano bonaerense– de la parada del 37 que lo deja en el Congreso de la Nación.
El dato, que solo en esta Argentina pareciera naturalizarse, lo explica fácil:
–Soy jubilado de la mínima. Cobro $400.000 limpios, justos. El mismo día de cobro pago la luz, el gas, el agua y con todo lo que tengo me quedan limpios, justos, $210.000. Si no trabajara, son $7.000 por día hasta el mes siguiente. ¿Cómo hacés?
La pregunta flota mientras alrededor se dispone la movilización de cada miércoles. La Rama de Trabajadoras y Trabajadores de Espacios Públicos de la UTEP (gremio de la economía popular), llamada “Lxs Parrillerxs”, puso un puesto para regalar choripán y hamburguesas por el Día del Jubilado, que fue el domingo. Se sumó mucha gente de la calle: “El hambre es desesperante”, dice una señora mientras corta el pan. Sobre la vereda se acomodan trabajadoras y trabajadores de la ANSES, que denuncian una “sangría por goteo” en el organismo encargado de las jubilaciones y pensiones: el Gobierno abrió un plan de retiros voluntarios, el segundo del año. Un trabajador dice a lavaca: “En el anterior se fueron más de 1.000 personas. Muchos agarran porque están muy endeudados. La idea es que quede un ANSES chico, si es que queda”.
Por su parte, Luis tendría que estar cobrando un poco más: en septiembre la mínima llegó a $498.633,20, contando el bono de $70.000, congelado hace 30 meses: según el Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA), si fuera por movilidad Luis y cinco millones de jubilados y jubiladas más tendrían que percibir un bono de $223.148. Pero Luis cobra solo $400.000 limpios porque está endeudado: hace ocho años sacó un crédito.
–Se me cayó un árbol del fondo de casa en la cabeza. Tuve derrame cerebral. También me hizo pelota la rodilla: hoy tengo una prótesis. Mirá vos, es la misma rodilla que la policía me reprimió en una marcha el año pasado: la tengo peor. Me queda este año de crédito, así que espero para fin de año terminar de pagarlo y poder cobrar un poquito más.
Por eso todos los días –salvo los miércoles– sale a vender tres pares de medias a $1.000: camina mirando a todos lados para que los “parásitos con uniforme” no le decomisen la mercadería, como viene ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires bajo la gestión de Jorge Macri. Antes Luis vendía alfajores y podía hacerle algún regalo a su nieta de 13 años, o darse un gustito como ir al teatro. Pero los alfajores subieron tanto que ya no es negocio. Cuenta que la idea de las medias le llegó mirando la televisión.
–Veía a tanto operador político en la tele que pensé: si las medias me salen lo mismo que un chupetín, quizá la salida a esta crisis sea chupar medias, en serio te digo.
Luis habla y piensa con mucho humor, pero siempre aclara que lo dice en serio. Cuenta que fue la primera persona que puso un boliche gay en provincia de Buenos Aires – “Chelovecos, en 1974”–, que también tuvo una tanguería y que por muchos años se dedicó a cocinar en su casa para geriátricos o centros de jubilados. Como siempre trabajó por su cuenta, pudo jubilarse con una parte de aportes y otra de moratoria.
–Hoy el Gobierno la cortó, pero la moratoria ayudó mucho. Conozco gente que nunca aportó y ahora te dice: “Cristina chorra”. Bueno, entonces devolvé la jubilación o donala a un comedor.
A diferencia de lo que dijo el presidente Javier Milei tras su discurso en Naciones Unidas en Nueva York, a Luis –como argentino– no le salen dólares por las orejas. Es una de las tantas razones por las que no se pierde ningún miércoles.
–Hace unos años me quedé viudo. Me pasaron todas, pero yo le aconsejo a la gente mayor que venga a la marcha. No sólo como protesta, sino porque es bueno para uno. Es una cuestión de salud. A mí me ayudó mucho porque me olvidé de mí: me acuerdo más de la madre de Milei que de mí. En serio, te digo. Algunos jubilados me dicen: “No, mejor me voy a hacer un estudio al médico”, pero es como un coche en el mecánico: algo siempre te van a encontrar. No digo que esté mal, ojo, pero hay gente que está todo el día en la casa mirándola por televisión y pensando en sí mismo. Con hacer un cartel o pensar alguna cosita, ya la cabeza se me despeja.
La semana pasada, Luis trajo el “Desodorante Javo”, con una característica premium: “Te deja seco las 24 horas”. ¿Qué significa ese humor en la lucha de cada miércoles?
Luis es crítico:
–Yo vengo porque la jubilación me alcanza nomás para diez días. Me gustaría que hagamos un poco más de bochinche. Acá nos encerraron. Venimos y damos una ronda: no tenemos nada para festejar pero damos la vuelta olímpica como si fuéramos campeones. Luego, a casa. Hay que ir al Obelisco, a Corrientes. Acá no nos ve nadie. No estoy en contra, porque nos encontramos, pero haría un poco más de calle. Lo único que falta es que nos pongan mesas y nos hagan jugar a las damas: para eso voy a la plaza de mi barrio. En Lanús me preguntan: “¿Luis, no marchan más?”.
La marcha –la ronda a la que Luis pide más bochinche– está por empezar.
¿Qué espera?
–Mirá, el día que no pueda caminar más ni vivir a medias, me amenazo al Presidente así me vienen a buscar: ya averigué que no me sacan la jubilación, me llevan en cana, y al menos tengo una lamparita para leer algún libro y amigos que me traerán algún sanguchito de miga. Lo mismo que haría en casa lo hago allá. En serio, te digo.
¿Hay opción B?
–Que cambie el Gobierno. Eso daría un poquito de esperanza. La primera medida tendría que ser darnos un aumento. De mínima. Esta lucha que hacemos va a pasar a la historia como algo que era necesario hacer. El que no labura ni lucha, no come.
Hincha de Independiente y fanático de Manal, Luis se despide y se mete a la marcha.
Revista Mu
MU 216: Qué, cómo y cuándo cambió todo
Ley de Tierras y después: Cambio de tema
Durante meses el gobierno logró imponer los temas, los tiempos y las preguntas. Hasta que una discusión sobre la tierra parió otra cosa. Lo que apareció detrás y después de ese debate no es –solo– una disputa jurídica ni económica, sino una pregunta más profunda sobre la soberanía, la identidad y el futuro. De César Aira a Peter Thiel, una lectura de la actualidad para crear lo que falta.
Por Claudia Acuña
Viaje a la vida en el Paraná II: En modo Costa Pobre
Los incendios y el dragado que rompen el ecosistema, los countries ocupándolo todo, el extractivismo de arena para el fracking, las privatizaciones, la contaminación masiva, la indolencia estatal: el Paraná debería ser un río de todos, pero parece un río de nadie. Navegación desde Escobar hasta las Lechiguanas, pasando por Costa Pobre, barrio popular amenazado, que simboliza mucho de esta historia. Voces e imágenes de quienes siguen defendiendo la vida del aire, el suelo, el agua y la justicia.
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Atanor condenada por contaminación: La odisea
Más de 200 muertes en seis manzanas del Barrio Química, la contaminación probada del agua, aire y suelos, y el “daño irreversible” al Paraná en San Nicolás ratificado por la Corte Suprema bonaerense. La sanción económica es mínima para una multinacional (equivalente a dos camionetas) pero está por comenzar la causa penal a sus ejecutivos. Lo que cuentan el barrio y el abogado Fabián Maggi sobre este viaje de más de una década para que no haya impunidad.
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Agroecología en Misiones: El libro de la selva
Una cooperativa agroecológica de quince familias produce alimentos sin químicos en medio de la selva misionera y muestra cómo cultivar de un modo sano y rentable. Unión Campesina, los secretos de la tierra, la casa de las semillas, y una decisión: hacer mucho y hablar menos. El método del Fukuoka misionero. ¿Cuál es la rueda que está girando?
Por Francisco Pandolfi
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Delia Tedín, decoración, política y clases altas: Mucho gusto
Con tupido árbol genealógico y privilegios de cuna, aprendió el valor de la diversidad y la rebeldía frente a un ambiente que “olía a odio”. Eligió su propia vida como decoradora, sin perder nunca de vista el contexto social. Sus pasiones: fomentar el trabajo y la creatividad del país, y combatir la idea de que las personas tienen la culpa si les va mal en estos tiempos. Conversación sobre bombas, estupidez, poder, Nerón y el arte de mantener los ojos abiertos.
Por Sergio Ciancaglini
Fotos: Juan Valeiro
Carne de cañón: las víctimas travestis-trans de la dictadura
A 50 años del golpe de Estado, el Archivo de la Memoria Trans reunió en un libro testimonios individuales, relatos colectivos y el registro del Juicio Brigadas, el primero que toma como víctimas del terrorismo de Estado a mujeres travestis trans. El libro no habla solo de violencia, sino también del humor, la amistad, la resistencia y las formas que ellas inventaron para poder seguir vivas. Pistas sobre dónde encontrar claves para el futuro.
Por Evangelina Bucari
El libro La nueva oligarquía: Tecnopoder
¿Quién gobierna el mundo? ¿Qué transformaciones y deformaciones de la democracia se están intentando? ¿Qué pasa con la soberanía? ¿A quién hay que vigilar? Temas de La nueva oligarquía, del sociólogo argentino Ariel Goldstein y editado por Marea. Aquí, fragmentos que invitan a su lectura para bucear varios dilemas del presente.
Zoe Hochbaum: Comerse el mundo
Actriz, bailarina, escritora, productora: 27 años, una nueva película y un programa de radio. Zoe puede oscilar entre la comedia con flamenco, los monstruos literarios y la reconstrucción de los vuelos de la muerte. El homenaje al radioteatro, y el ejercicio de la amistad como salvavidas para los tiempos en los que la realidad parece querer fagocitarnos.
Por María del Carmen Varela
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Crónicas del Más Acá: Rambo al sur
por Carlos Melone
Nota
La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina
Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.
Por Bernardina Rosini
El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.
El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.
Lo que no se puede creer
Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.
Varones
Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.
Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org
«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.
La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.
Dónde está Delicia
Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.
Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.
Justicia sin apellido
Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»
Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.
La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.
Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
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