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Informe Alerta Argentina. La política de seguridad ciudadana. Caso testigo: la ciudad de Córdoba

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La ciudad de Córdoba constituye un espacio en el cual, al igual que en el resto del país, la problemática de la seguridad ocupa un lugar central en el debate público. La política de seguridad puede ser leída como uno de los ejes de planificación de la política pública del gobernador José Manuel De la Sota: la criminalización de la pobreza y la limpieza de la ciudad, a través de la relocalización de villas (presentados como creación de viviendas), el aumento exponencial del presupuesto policial y la creación del cuerpo especial de la Policía denominado Comando de Acción Preventiva.
Este informe se concentra en el accionar de las dos fuerzas de seguridad de la Provincia, la Policía y el Servicio Penitenciario a través de la presentación de dos líneas de trabajo que se vienen desarrollando en la ciudad por un conjunto de organizaciones sociales: la situación carcelaria en Córdoba, a través del caso del Motín en el Penal de San Martín en febrero de 2005; y la multiplicación de detenciones arbi-trarias a partir del uso de un Código de Faltas que vulnera derechos constitucionales básicos y permite un uso discrecional por parte de la policía de la provincia en función de la política de Seguridad. El importante aumento de presupuesto policial y de la implementación de una política fuer-temente represiva sobre los pobres, culmina en la elaboración de una Nueva ley de Seguridad que no contempla derechos básicos de los ciudadanos y profundiza la represión, marginación y estigmatización sobre los pobres, naturalizando la relación entre pobreza y delito.
La política de seguridad, elaborada con el asesoramiento del Manhattan Institute, sigue las pautas de la doctrina de la Tolerancia 0: una política que apunta al delito callejero, entendido como reflejo de la “corrupción moral” de una sociedad. De allí que reclame la intensificación del castigo al pequeño delito y a las infracciones menores. Estas políticas profundizan la selectividad del sistema penal, es decir, el hecho de que son los pobres quienes hoy llenan las cárceles de Córdoba. Al disociarse las causas estructurales que originan el delito, son los pobres quienes permanentemente son clientes de la Justicia por delitos menores.
La traducción de esta política a la política policial quedó clara en las denuncias publicadas por el diario La Mañana de Córdoba, donde aparecen las detenciones arbitrarias como condición para demostrar la “eficiencia” de la institución policial. “Por primera vez, policías admiten que hay órdenes expresas de “levantar a gente en las calles para abultar las estadísticas internas. La exigencia mínima es lograr de cinco a siete “contraventores” por patrulla y por turnos. Los que no cumplen, son sancionados con más horas de trabajo” . Las cifras de las estadísticas policiales hablan de la multiplicación de las detenciones por contravención en los últimos 3 años. Durante la primer mitad del año 2005 se realizaron 8.978 detenciones a través del Código de Faltas, mientras que en el año anterior, completo, se registraron 5.201 .
Esta situación, que multiplica el número de personas detenidas, junto al desen-tendimiento del Estado respecto de su responsabilidad sobre las condiciones y situación de quienes están presos -como parte de la sistemática política de implementación del neoliberalismo durante los ´90- ha sido clave para comprender el estallido que significó la rebelión del Penal de San Martín durante el mes de febrero de este año. Las condiciones de extremo hacinamiento , la vulneración de derechos básicos de quienes están presos a través del incumplimiento de la Ley Nº 24660, entre otras causas, desencadenaron uno de los hechos más importantes en la historia de la institución penitenciaria en la provincia.
En este marco, la respuesta del Gobernador de la Provincia dejó planteada con claridad su idea respecto de los problemas vinculados a la situación carcelaria y al lugar de la cárcel en la sociedad. En declaraciones del 10 de febrero, a horas de iniciado el motín, dijo: “El que va preso en Estados Unidos no tiene ningún derecho. Los presos son presos, no tienen visitas sexuales como en Argentina, o teléfonos públicos que algunos utilizan para hacer secuestros virtuales. Esa no es la rigurosidad que hay en Argentina en virtud de que nuestro país adhirió al Pacto de San José de Costa Rica”, y remató: “El Pacto de San José de Costa Rica les concede algunos derechos que les dan algún margen de maniobra.” De este modo, el respeto de los derechos humanos es un problema para la política penal en la provincia, derechos que a su parecer son sólo para algunos: “Soy el Gobernador de todos los cordobeses, y lo soy para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes.”
El Motín del 10 de febrero en el Penal de San Martín:
Las imágenes del Motín recorrieron el país, sin que existan demasiadas claves para comprender cuáles fueron los hechos, las causas y las consecuencias de la toma del Penal por más de 24 horas, en la que los presos tuvieron el control del establecimiento, de las armas del Servicio Penitenciario y donde las muertes que se registraron se produjeron afuera del Penal por parte de la Policía .
La situación previa: superpoblación carcelaria, condiciones de vida en el Penal e incumplimiento de la Ley Nacional Nº 24660.
Teniendo en cuenta la población penitenciaria del país en Diciembre de 2004, la Provincia de Córdoba ocupaba el tercer puesto con respecto a la cantidad de personas presas: 5.661. Superada sólo por el Servicio Peniten-ciario de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal.
Según las estadísticas del propio Servicio Penitenciario Córdoba (SPC) en mayo de 2005 había en toda la provincia una población penitenciaria total de 5.823 personas alojadas en estable-cimientos que tenían una capacidad total para albergar a 3.432 detenidos. En el caso del establecimiento penitenciario N° 2 de San Martín (Condenados, varones mayores de la capital) había 1.621 personas en un establecimiento que el SPC declara que tiene una capacidad real para alojar 850 personas . Esto representa para este establecimiento una sobrepoblación del 91%.
Según estos datos, en Córdoba existían en 2005, 5.823 presos alojados en cárceles que tienen una capacidad real de 3.432 plazas, existiendo en consecuencia una sobrepoblación de 2.391 internos. Los datos oficiales señalan que la situación de hacinamiento varía según el establecimiento, pero en general se puede observar una sobrepoblación del 70%. Las diferencias entre establecimientos también mere-cerían una lectura más profunda. Aquí no intentaremos realizar esta lectura, sólo nos limitaremos a señalar que los dos únicos establecimientos donde no se verifica sobrepoblación, corresponden a las unidades con modalidades menos coercitivas de detención: el estable-cimiento de semilibertad (EP 9) y el establecimiento abierto (EP 4).
Ni siquiera la moderna cárcel de Bouwer (donde se alojan los procesados) escapa a los problemas de sobrepoblación: en esta cárcel “modelo” ya se han construido camas cuchetas en espacios diseñados para alojar una sola persona.
Es de destacar que la edad promedio de las personas detenidas en las cárceles de Córdoba es de entre 23 y 27 años. El 95% son hombres y el 90% tenía residencia urbana al momento de su detención. El 88% de estas personas estaba desocupada o era trabajador de tiempo parcial (la mayoría changas) al momento de su ingreso a prisión. Con relación al nivel de instrucción, el 6% de los presos de la provincia son anal-fabetos, el 30 % no han finalizado la escuela primaria y el 40 % sólo ha logrado completar el nivel primario de escolaridad.
El 52% está condenado y el 48% de los presos no ha recibido aún condena. Entre los condenados el 59% es al primera vez que cumplen una condena.
Sin embargo el problema del hacina-miento no es el único que existía en el penal antes de la revuelta de los presos. Es, sí, el más visible y el más obvio, pero quizá no el más grave. A la situación de hacinamiento y condiciones de inhabitabilidad absoluta de las instala-ciones de la cárcel, hay que sumar la situación de incumplimiento sistemático de la ley y por ende de violación sistemática de derechos de los presos.
– El derecho al trabajo: el régimen laboral del penal no garantiza lo establecido por la Ley de Ejecución Penal para el tratamiento criminológico. La retri-bución salarial se encontraba entre los $21 a $50 por trabajos que van de 10 a 40 horas semanales; sólo existían alrede-dor de 300 puestos de trabajo para 1.636 reclusos, relacionados en su mayoría con tareas direc-tamente vinculadas al funcionamiento del estableci-miento penal (fajina, manteni-miento, limpieza) o con la atención de empleados y jefes de unidad (casina y cantina de los jefes). Es necesario destacar que la mayoría de los puestos de trabajo no están relacionados con las posibilidades laborales posteriores a la liberación.
– Inexistencia de Jueces de Ejecución: en la provincia de Córdoba no se ha implementado hasta la fecha la figura del Juez de Ejecución, cuya tarea es el control judicial de las condiciones en que se ejecutan las penas privativas de la libertad, alegando razones presupuestarias. Esta situación favorece las condiciones de ilegalidad y violación de derechos fundamentales que se vivía en el Penal antes del 10 de febrero (y que continúa), y se agudiza por la ausencia de control judicial de la ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
– La inconstitucionalidad de la (in) adecuación de la legislación provincial a la Ley nacional: la legislación vigente en Córdoba – que corresponde a la reglamen-tación de la Ley nacional Nº24660 que debían realizar las provin-cias- a pesar de la declaración de intenciones se aparta sustancial-mente de la misma, violando la jerarquía de leyes contemplada en la Constitución Nacional. Es así que deroga los capítulos 7 y 16 de la Ley Nacional, referidos al Trabajo y al Personal Peniten-ciario respectivamente. Esta derogación se realiza a través de un decreto del Poder Ejecutivo Provincial (1293/00) que también en sus anexos excede lo legis-lado a nivel nacional en materia disciplinaria a través de la introducción de sanciones no establecidas en la Ley, estable-ciendo una correlación entre faltas y sanciones que viola de modo explícito el principio de legalidad establecido en la Constitución Nacional.
El Motín:
La lectura que se hace respecto de lo sucedido en el Penal de Barrio San Martín es que no fue un motín organizado por los presos. La rebelión del 10 de Febrero cobró fuerza como una forma de denuncia pública y un reclamo explícito a la sociedad en su conjunto para que, como sociedad, conozca lo que sucede en el interior de la cárcel y se haga cargo de su responsabilidad al respecto.
Fue, sin duda alguna, un auténtico caso de ejercicio del derecho de resistencia ante la violación sistemática de derechos humanos de un sector de la sociedad que cotidianamente se ve vulnerado en los derechos más fundamentales de cualquier ciudadano de un Estado democrático.
Queremos destacar que las 8 muertes provocadas (5 reclusos, 2 guardia- cárceles y 1 policía) durante el Motín, se produjeron afuera del Penal, situación que da cuenta de la respuesta del Gobierno provincial a la situación.
La respuesta del Estado provincial
“No vamos a responder críticas infundadas; tenemos en claro lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Por eso estamos construyendo más cárceles que nadie.”
José Manuel De la Sota, 15 de febrero de 2005
Una vez desatada la rebelión el gobierno de la Provincia manejó la situación con total hermetismo, que se manifestó en el silencio y la falta de apertura al diálogo y a los ofrecimientos de diversos sectores de la sociedad para mediar en el conflicto por parte del Comité de Crisis que se constituyó a los pocos minutos del estallido. Frente al intento de los presos y de quienes intentaban mediar en el conflicto para lograr una salida pacífica y evitar la muerte de personas, el Gobernador dio a la policía la orden de “Tirar a matar”- como él mismo confirmó en una entrevista con Cadena 3-, provocando la muerte de 5 reclusos, 2 guardiacárceles y 1 policía de la provincia de las que el Gobernador De la Sota es directamente responsable.
En esa misma entrevista radial el Gobernador hizo declaraciones que dan cuenta de lo peligroso de su concepción restrictiva de los derechos humanos y la ciudadanía, desconociendo y cuestionando el Pacto de San José de Costa Rica incorporado con jerarquía constitucional en la Reforma de1994. En esa oportunidad señaló: “Soy el Gobernador de todos los cordobeses, y lo soy para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes.” “No vamos a responder críticas infundadas; tenemos en claro lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Por eso estamos construyendo más cárceles que nadie.”
Queda claro, a partir de las declara-ciones del gobernador que la respuesta del Estado frente al reclamo de los presos por el estado de ilegalidad y violación sistemática de sus derechos, es sólo más cárceles y la negación de su calidad de ciudadanos y sujetos portadores de derechos.
En el ámbito de la Legislatura Provincial, se solicitó la interpelación del Ministro de Seguridad Carlos Alessandri para que diera cuenta de lo sucedido en el penal. Esta interpelación no pudo realizarse por la decisión del bloque de Legisladores de Unión por Córdoba de no someter a ningún ministro del ejecutivo a un procedimiento de este tipo.
Por otro lado se apartó de sus cargos a la anterior Jefa del Servicio Penitenciario, Lic. Graciela Lucientes de Funes, y al anterior Director del Penal de Barrio San Martín, Daniel Corso. Además se decidió la intervención del SPC designando interventor del mismo al Crio. My. Ricardo Bonaldi . Hasta la fecha, no se conocen los alcances de la intervención. Sólo se hizo pública la efectivización de 787 empleados penitenciarios que se encontraban en situación de contratados.
En el interior de la Penitenciaría, la respuesta ha sido la instalación de más rejas y el aumento de las restricciones y los controles para las salidas del pabellón. Los talleres de industria no se han vuelto a abrir; la panadería ha sido desmantelada y algunas versiones indican que no volverá a ser puesta en funcionamiento.
La respuesta de la Justicia
La investigación está a cargo del fiscal de instrucción Javier Paradaude, quien públicamente ratificó su decisión de investigar primero las causas de las muertes de los agentes de seguridad para luego pasar a investigar las causas de las muertes de los presos. El resultado de la misma lleva a la fecha la suma de 160 presos imputados por privación ilegítima de la libertad y/o robo calificado.
No hay ningún agente de seguridad imputado, a pesar de que se ha comprobado que, al menos, el guardiacárcel que iba en el camión es asesinado por balas de la Policía de la Provincia, en un acto de represión inne-cesario y alevoso, ya que no era imprescindible tirar a matar para impedir una fuga.
Además queremos resaltar que aún no hay resultados de la investigación por la muerte de 5 presos. Por el contrario, cuando la fiscalía solicita el archivo de la causa por la muerte del guardiacárcel Abregú, pide que se archive “el suceso histórico”, suceso donde también murie-ron los reclusos. De este modo, queda clara su intención de no investigar la muerte de las otras 5 personas que murieron asesinadas en el mismo hecho.
Hasta ahora, la única causa donde se ha avanzado en la investigación tiene que ver con las denuncias concretas realizadas por vejaciones, tratos degradantes, apremios ilegales durante los sucesos de febrero en contra de los presos Esta es la única causa donde se ha avanzado en la investigación y la justicia estaría en condiciones de imputar por las torturas y vejaciones a que fueron sometidos los reclusos a un grupo de efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba (que cumplen funciones en la Alcaidía de Barrio Güemes) y del Servicio Penitenciario Córdoba.
Dentro de la justicia cordobesa el único magistrado que se hizo presente para verificar e interiorizarse del estado de los presos fue un camarista federal que se presentó en el penal para constatar la situación de los presos por causas federales. Al salir de la penitenciaría, el Dr. Pérez Villalobos realizó declara-ciones públicas absolutamente críticas y casi denunciantes sobre el estado deplorable en que se encontraban la población carcelaria y el propio edificio.
Recién dos meses después se presen-taron a requerimiento de los presos los jueces de cámara provincial, circuns-cribiéndose a sólo a recibir declaraciones testimoniales en oficinas sin ni siquiera recorrer algún pabellón para verificar el estado de los mismos, aduciendo causas de seguridad.
Nos interesa destacar cómo tanto las declaraciones del gobernador de la provincia, así como el ejercicio concreto del Poder Legislativo, su sostienen en una concepción de los presos como ciudadanos sin derechos, ya que para ellos no existe posibilidad de acceder a la Justicia.
Por otra parte, tal como se plante en la presentación del HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO el 11 de agosto de 2005 (Presentado por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), las condiciones de detención de los presos no sólo no han mejorado sino que han empeorado. A través de este recurso se solicita a la justicia que investigue si las condiciones de detención en las cárceles superpobladas de la provincia (4 o más personas en una celda de 2x3m, sin comida suficiente, sin asistencia médica, sin educación, sin trabajo, sin baños, en un ambiente de violencia cotidiana, entre otras cosas) son acordes a lo estable-cido por la legislación nacional e inter-nacional y los principios de dignidad y humanidad. Este recurso aún no ha sido resuelto por la justicia cordobesa a pesar de haber un antecedente directo en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para un recurso similar presentado por la situación de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires.
Frente a la complejidad de la proble-mática, la única respuesta conseguida ha sido la duplicación de las rejas antimotines en el Penal de San Martín y la construcción de más cárceles.
Se ha solicitado a lo largo de todo el año 2005 que se permita el ingreso de organizaciones de la sociedad civil y organismos de Derechos Humanos a los lugares de detención de personas para verificar el estado de los mismos y poder conversar con los detenidos a cerca de las condiciones en que viven. El Gobierno de la Provincia de Córdoba se ha negado sistemáticamente a autorizar estas visitas, sin dar explicaciones del porqué de su negativa.
Criminalización de la pobreza: Detenciones Arbitrarias y uso discrecional del Código de Faltas.
“Te obligan a detener a cualquiera, a cinco personas por día y por patrulla. Nosotros sabemos que le estamos jodiendo la vida, pero de eso depende que te puedas ir a tu casa luego de hacer las 17 horas de guardia. Vos sabés que el tipo no hizo nada, pero en ese momento sólo pensás en que no te recarguen”, Raúl, cabo del Distrito 3 .
Tal como planteábamos al principio de este informe, el gobierno de la Provincia de Córdoba se adelantó a los reclamos por mayor seguridad que tomaron su punto cúlmine con las manifestaciones de J. C. Blumberg, ya que los lineamien-tos de esta política de seguridad están esbozados desde el principio del segun-do mandato del Gob. De la Sota con la creación de la denominada “Red Vida”. La erradicación de villas, el barrido de los sujetos potencialmente peligrosos de las zonas públicas simbólicamente recono-cidas (lugares céntricos, barrios cotizados, plazas o parques) supone a la vez el barrido de derechos civiles y de la tarea niveladora del Estado en lo que respecta a la tarea social con grupos sociales precarizados, mientras se trabaja para el reposicionamiento de intereses económicos ligados a sectores con importante capacidad de inversión de capital , especialmente vinculados al mercado inmobiliario.
Esta suerte de problematización (Castel, 1995) de lo delictual ha puesto su acento en la “seguridad ciudadana”, concibiendo a ésta “siempre y solamente en relación con los lugares públicos y de visibilidad pública o con relación a un pequeño número de delitos que entran en la así llamada criminalidad tradicional (sobre todo agresiones con violencia física a la persona y al patrimonio), que están en el sentido común y son dominantes en la alarma social y en el miedo a la criminalidad” . Esta afirmación, remite a reconocer cómo se fue abandonando una concepción de la seguridad que tenga en cuenta la provisión de garantías de derechos y de reaseguros sociales de toda la población, a toda persona que viva en un territorio, cualquiera sea, y por supuesto también la posibilidad de transitar sin riesgos de ser víctimas de diferentes presiones de la violencia en los espacios urbanos.
Es en este sentido en que nos interesa trabajar una lectura de la multiplicación de casos de detenciones arbitrarias que sufre en particular la población joven de los barrios periféricos de la ciudad de Córdoba a través de la aplicación del Código de Faltas; sobre todo, a través del uso de la figura del merodeo, que constituye un 78% de las detenciones por contravenciones.
La aplicación de esta figura del Código de Faltas de la mano de la política de seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba genera mayor cantidad de arrestos y privaciones de libertad que las detenciones por la imputación de delitos.
El antecedente inmediato es la Ley 6392, de 1980, dictada durante el gobierno de facto del Gral. de Brigada Adolfo Sigwald, en consulta con el entonces Ministro del Interior Gral. Albano Harguindegui. En particular, la figura del merodeo se establece en la ley provincial Nº 7462 del año 1987, como artículo 45 bis y encuentra su antecedente más remoto en un edicto policial dictado el 28 de enero de 1869 por el jefe de la Policía de Córdoba.
En los casos de aplicación del Código de Faltas provincial, la policía es la encargada tanto de efectuar la detención como de investigar, acusar, y juzgar la falta cometida. Esta facultad policial, constituye un importante dispositivo de control, ya que “en los hechos es el poder policial el que maneja y gestiona la (in)seguridad ciudadana (Ferrajoli, 1989) y no como se cree, esa institución subordinada a la Justicia” . Con esta práctica se desconoce un principio básico del Estado de Derecho, ya que al recaer sobre la misma persona e institución la potestad de acusar y juzgar, desaparece la división de funciones que se establece como una garantía para el ciudadano y como un límite para el ejercicio de poder por parte de los funcionarios.
Nos interesa destacar que las conductas tipificadas en el citado Código son sumamente difusas, vagas e imprecisas sin que se detalle en forma clara y precisa la acción ilícita, es decir, el daño concreto provocado. Esto implica una violación al principio de legalidad que exige una descripción precisa de las conductas que la ley prohíbe. La mayoría de las mismas se focalizan en la descripción de condiciones de vida de las personas, tales como la “vagancia”, la “mendicidad”, “la prostitución” o normas de civilidad tales como desórdenes en la vía pública, o falta de respeto a las mujeres .
De este modo, la aplicación de las normas contravencionales constituye en la práctica el ejercicio de una política de control, selectiva y arbitraria en manos de la agencia policial, de la mano de una política de seguridad represiva pensada y puesta en práctica desde la redacción misma del Código de Faltas y sus posteriores modificaciones. Cabe señalar que la última modificación fue realizada por pedido del Gobernador De la Sota, y prevé entre otras cosas, que la pena de arresto pueda extenderse hasta 90 días en algunos casos, ampliando el límite legal de detenciones por contraven- ciones.
Observaciones sobre el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba.
En el Código de Faltas se encuentran vulnerados principios y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, tanto Nacional como Provincial, así como en los tratados internacionales de Derechos Humanos.
– La inconstitucionalidad surge de la violación de las garantías básicas de la Constitución nacional previstas en el Art 18: privación de la libertad sólo con orden judicial, inviolabilidad de la defensa en juicio, condena de privación de libertad sólo como consecuencia de un juicio previo regular y legal con la intervención de un juez.
– El procedimiento Contravencional mutila la acción de la Justicia en el proceso de detención de una persona, ya que otorga al Jefe de Policía la autoridad de “dictar sentencia” contra un presunto contraventor y sólo interviene la justicia en el caso en que el detenido “conozca su derecho” a apelar ante el juez de faltas, para lo cual tiene un exiguo plazo de 48 horas. a quien no otorga el recurso de apelación a la Justicia.
– El Código de Faltas plantea una Justicia Contravencional que reproduce la lógica de la Justicia Penal, con la diferencia de que es implementada por personal policial sin ninguna formación jurídica. Así, su única respuesta es la sanción punitiva centrada en el arresto, cuando se supone que se caracteriza por ser una sanción que debe ser aplicada como último recurso o de estricta necesidad, recurriendo a este tipo de pena de manera discrecional e ilimitada.
– La prueba que demuestra la falta se limita por lo general a las declaraciones de los propios agentes que realizaron la deten-ción. Estas declaraciones debe-rían valorarse con particular cui-dado ya que los policías están obligados, en su propio interés, a justificar su conducta.
De este modo, el supuesto contraventor se enfrenta a un poder total que lo detiene, declara y reúne la prueba en su contra, sostiene la acusación y establece la pena. La suma de las funciones de acusar y juzgar en un mismo órgano vulnera de manera flagrante los princi-pios constitucionales de independencia e imparcialidad y viola, por ende, el derecho del contraventor de obtener una sentencia justa.
En particular, en lo que hace a la figura de merodeo, es necesario destacar que:
– La incorporación de una presunción de sospecha delictiva que autorice la intervención policial por un supuesto “estado de peligrosidad” del contraventor contradice la propia Constitución Nacional y diferentes Tratados Internacionales.
– A diferencia de lo que sucede en nuestro Código de Faltas, el comportamiento punible debe estar perfectamente determinado en forma previa y de manera válida general, de manera que la sanción no quede sólo en el arbitrio de los agentes estatales.
– El merodeo sin motivo -esto es, el simple ejercicio del derecho a la libertad ambulatoria- se plantea en los siguientes términos: “en forma susceptible de causar alarma o inquietud a quienes estuvieren en esos lugares” .
– Una característica común de muchas de las figuras contravenciones de la que el merodeo es ejemplificadora, consiste en sancionar compor-tamientos no por el peligro o daño que el comportamiento acarrea en sí mismo, sino por la impresión -el juicio subjetivo- que el comportamiento provoca en terceras personas.
La política policial: engrosar las estadísticas.
En una provincia en la que existe una estructura policial específicamente destinada a la vigilancia de las zonas más pobres y de menor acceso a derechos básicos, como el Comando de Acción Preventiva de la provincia de Córdoba, los términos en que se encuentra redactado el Código de Faltas constituye una herramienta eficaz. Tal como lo establece la Doctrina de Tolerancia Cero, se pretende generar una sensación tranquilidad, seguridad e imagen de orden para las clases medias y altas a través de la violación de derechos básicos de los sectores más desprotegidos de la población. Por ello mismo, cabe preguntarse de qué seguridad hablamos cuando gran parte de los ciudadanos de esta provincia se sienten amenazados por la aplicación de una normativa legal que permite seleccionar arbitrariamente quiénes pueden ser detenidos sin motivo fundado. En este sentido, es posible hablar de la traducción concreta de la Doctrina de Tolerancia O: “En la fuerza te van adoctrinando: por ser morocho y vivir en un barrio son potencialmente delincuentes. Hay mucho de portación de rostro: es la franja más débil y la más fácil de apremiar con detenciones”, admitió, de manera inaudita, Jorge, un suboficial del Comando de Acción Preventiva (CAP) . Por otra parte, también en declaraciones realizadas al mismo diario, otro de los policías afirmó “pide cinco detenidos todos los días, menos el sábado que quiere siete y los martes baja por es un dia “colados”. Entonces vos el domingo a la mañana le llenás la patrulla, pero son chicos que vienen de bailar”, en relación a las órdenes del Comisario del Precinto 3.
A modo de cierre.
Durante el año 2004, en la ciudad de Córdoba se realizaron 5.201 detenciones por aplicación del Código de Faltas, frente a 909 realizadas por imputaciones por hechos delictivos. Durante los primeros 6 meses del año 2005, las detenciones por contravenciones en los 5 distritos en que está dividida la ciudad fueron 8.968. Es decir que sólo en la primer mitad del año, casi se duplicaron las detenciones de todo el año anterior.
La multiplicación de las detenciones por contravenciones, el altísimo porcentaje de detenciones aplicando la figura del merodeo y las confirmaciones policiales de las órdenes de detener arbitra-riamente en función de llenar cupos diarios de detenciones como indicador de eficacia, constituyen una preocu-pación central de muchas de las organizaciones sociales, en particular, aquellas que trabajan con jóvenes de los barrios pobres de la ciudad de Córdoba.
Una política de seguridad que profundiza la exclusión, que se sostiene en una herramienta legal que viola garantías constitucionales básicas, que circuns-cribe la noción de seguridad a la defensa social contra el delito fundada en la violación de derechos de los sectores económicamente más desfavorecidos constituye una situación de violencia institucional permanente. Si a esto le sumamos que a quienes “se les pintan los dedos” se les disminuye aún más sus posibilidades de ingreso al mercado laboral (ya que las contravenciones aparecen en los certificados de buena conducta que emite la policía), la situación que describimos constituye una problemática que requiere del debate público y de medidas que tiendan a disminuir la discrecionalidad del aparato represivo estatal.
Contacto
Comisión Intersectorial de Observación y Seguimiento de la Situación Carcelaria en Córdoba
Casa del Liberado: 0351-4577205 / 155920620/ 155394147/ 155936616
Dr. Gustavo Cosacov, [email protected];
Dr. Jorge Perano, [email protected]
Prof. Mirta Antonelli, coordinadora [email protected]

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Ya se juega el partido por la Ley Bases, con movilización y represión afuera

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Crónica del comienzo de una jornada clave desde adentro y afuera del Congreso. Los artículos que se sacaron, lo que se vota, y qué está en juego. Qué está pasando, qué puede pasar. La presencia de los sindicatos, interna de la CGT incluida. Los gases lacrimógenos y el camión hidrante. El operativo desmedido, que no puede parar lo que grita la calle: voces de los barrios más golpeados, de jubilados y de sindicalistas alrededor del Congreso, donde se juega el futuro del país.

Anabella Arrascaeta, Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi. Fotos de Lina Etchesuri.

Desde las 10 de la mañana las y los senadores “debaten” la Ley Bases, mientras sigue el poroteo de votos y se desarrolla un operativo policial desmedido que incluye represión con gases lacrimógenos y camión hidrante.

La jornada arrancó así: el oficialismo consiguió el quórum con la base mínima e indispensable, 37 senadores (la mitad más 1), desterrando así las elucubraciones sobre la posible caída del tratamiento de la Ley cuando los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano anunciaron que no se sentarían en el recinto.

Horas antes había sucedido otra polémica: la senadora Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, sería nombrada por el gobierno nacional embajadora de la UNESCO. Hoy, la senadora, que ya confesó su voto a favor de la Ley Bases, ingresó al palacio bien temprano para gambetear a la prensa. Hoy también se conoció que fue denunciada por el delito de “cohecho”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Lo que se sacó y lo que se vota

El senador oficialista Bartolomé Abdala, quien presidió el plenario de comisiones hasta que llegó el texto al recinto, fue el primero en tomar la palabra como miembro informante de la Ley Bases y anunció cambios que se aceptaban sobre el texto (ya diezmado). Entre ellos, el gobierno sacó de las empresas a privatizar Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Pública y Correo Argentino. Casualidad o causalidad, la modificación se produjo casi al mismo tiempo que se conoció una foto del Papa Francisco en el Vaticano con distintos gremialistas, entre ellos representantes de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, que apoyan a la aerolínea estatal.

Además, se sacaron los artículos que eliminaban la moratoria previsional. Y Abdala anunció la modificación de prohibir la disolución de los organismos de cultura.

Luego habló Martin Lousteau (UCR), que defendió su dictámen propio y aseguró que votará en contra de la ley. Para que llegue ese momento aún falta: hay más de 40 oradores anotados, cada uno con 10 minutos para exponer y 20 minutos para quienes presiden los bloques. Hasta ahora, las presunciones vaticinan un empate en 36. Por reglamento, en casa de igualdad el desempate está a cargo de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Sin embargo, como el presidente Javier Milei viaja esta noche a Italia para la cumbre del G7, Villarruel debe asumir el Poder Ejecutivo y así el desempate lo haría el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza. De esa manera, su voto valdría doble, según el artículo 33 de la Constitución Nacional y el reglamento del Senado.

Mientras siguen los discursos de las y los senadores (hay anotados 47), desde adentro se escuchan los estruendos del afuera. 

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

Los perjudicados

Un afuera que habla, en medio de una neblina acorde a la película de terror que se quiere votar.

Carmela es vecina de la Villa 20 de Lugano, tiene 48 años e integra la organización Izquierda Latinoamericana y la Federación de Trabajadores Precarizados. “De esto depende nuestro futuro, el de nuestros hijos y nuestros nietos. Si aplican la ley, como trabajadores vamos a perder muchos de los derechos que ya hemos ganado”. ¿Por ejemplo? “El empresario podrá sacarnos el trabajo sin la indemnización que teníamos hasta ahora. Nos ven como una máquina, que si no les servimos más, chau, andate. No quiero eso para mis hijos y mis nietos, no quiero que sean esclavos”.

¿Cómo está el barrio?

Es una desesperanza total, este gobierno vino a arrasar con todos los laburantes, a los que sacamos adelante al país, a los monotributistas, a los que trabajan en blanco y aportaron, a los que no, a todos. Y encima para ellos no tenemos derecho a protestar; en vez de darnos soluciones, nos ofrecen balas y palos. 

Ya se juega el partido por la Ley Bases, con movilización y represión afuera

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

En la esquina de Rivadavia y Montevideo, están Ruben y Guillermo, jubilados. Rubén, 71 años, dice que es un “jubilado en lucha”; Guillermo, 68, dice que es un “jubilado independiente y solidario”. 

Rubén dice: “Somos el sector más perjudicado, ese déficit cero que ellos alcanzan o dicen alcanzar, porque en realidad es un dibujo, fue por sacarnos a nosotros el 43% de ese ajuste. Nos tienen en una encerrona que no nos permite ni siquiera vivir como corresponde. Esta ley no solamente nos perjudica a nosotros sino a todos los trabajadores. Están avasallando el sistema democrático y lo único que podemos hacer es estar en la calle, juntarnos, demostrar nuestra fuerza como pueblo. Yo confío en nuestra clase obrera; hace sólo seis meses que está el gobierno y el pueblo consciente va a pelear. Esta manifestación es una demostración de cómo derrotar a este gobierno”.

Guillermo, en pocas palabras, analiza por qué llegamos hasta acá: “Si estamos acá como jubilados, en la calle, movilizando, quiere decir que de los gobiernos anteriores tampoco pudimos esperar nada”. 

¿Tienen miedo de lo que viene? Responde Rubén: “El miedo es un sentimiento, vos no podés rechazar un sentimiento, lo que hay que hacer es asumirlo. Nosotros ya vivimos etapas más sangrientas de este país, vivimos la desaparición de compañeros, el asesinato, la clandestinidad, la persecución, la cárcel; el miedo ya lo tenemos incorporado como herramienta para salir adelante, enfrentarnos y poner el cuerpo en la calle”. Responde Guillermo, cuya prima embarazada fue desaparecida por la última dictadura cívico-militar: “No hay ningún punto de este gobierno a favor de jubilados y la clase trabajadora, cada vez estamos peor y ojo que la gente, una vez que pierde la paciencia, lo siguiente que pierde es el miedo”.

Ya se juega el partido por la Ley Bases, con movilización y represión afuera

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

El rol de los gremios

Francisco Gómez tiene 44 años y es el prosecretario gremial de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), que integra la CGT. Francisco habla con la boca pero también con todo el cuerpo. Sus gestos hablan, cuando dice que “no”, que “no viene toda la CGT”. ¿Por qué no? “La verdad no sabría decirte, es una decisión política supongo. Nosotros desde que está Javier Milei tratamos de protestar en todas las ocasiones; se están tomando decisiones en el gobierno que afectan directamente a nuestras fuentes laborales, así que no nos importa lo que decida la CGT, nosotros vamos a reclamar por nuestros derechos”. Agrega: “Dentro de la CGT se está gestando un cambio, yo creo que necesitamos nuevos líderes, una representación que esté más en contacto con los trabajadores”. 

Mario “Paco” Manrique es el Secretario General Adjunto de SMATA, además de diputado nacional. Contextualiza el impacto que podría tener su aprobación: “Va a provocar un quiebre en la Argentina porque es una ley totalmente regresiva que no tiene en su contenido ningún aspecto beneficioso para cubrir las necesidades del pueblo trabajador y el pueblo más humilde”. Profundiza: “El RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) es una herramienta entreguista, estamos rifando la soberanía por más que la quieran disfrazar, estamos entregando las riquezas naturales a cambio de nada, para que sigan acumulando 20 personas”. Y solicita algo simple, aunque en desuso: “Pretendemos que los senadores escuchen al pueblo, tomen decisiones para el conjunto y dejen de lado los intereses personales o sectoriales, porque a la Argentina la conformamos todos, y esta ley a la larga o a la corta va a perjudicar a la mayoría. Milei está poniendo en discusión el valor democrático, y cuando se pone en discusión el valor democrático todo el mundo se ve afectado, porque está poniendo en jaque a toda una nación”. 

-¿Por qué no está toda la CGT acá? 

-Creo que es el momento donde los dirigentes tienen que mostrar de qué están hechos y los valores que defienden.

Sobre Callao y Mitre llegan las primeras noticias de represión. La policía avanzó en desalojar Callao y su continuación, Entre Ríos, donde hay familias, trabajadorxs y diputados, como Carlos Castagneto, Eduardo Valdés y Luis Basterra. Un trabajador denuncia a lavaca: “La policía empezó a despejar la calle desde la puerta del ingreso del Congreso y en un momento empezaron a tirar gas pimienta.  Lo que quieren es que la gente no esté en la calle”.

Pero la gente sigue en la calle. Una jubilada le grita a los policías: “Todos somos jubilados, es cuestión de tiempo. Sigan así que no van a tener jubilación”.

Mientras, adentro del Senado, la sesión continúa. 

Fotos: Lina Etchesuri para lavac

(Nota en proceso).

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Juan Kiehr, y la aurora de la agroecología

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Hace un tiempo Juan Kiehr recibió –como recibía siempre– a  decenas de productores agropecuarios de todo el país que querían conocer La Aurora, su campo de 650 hectáreas en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires. Desde hace décadas La Aurora se convirtió en un imán para productores y estudiosos, porque desnudó al modelo de agronegocios: demostró que se puede producir sin agrotóxicos, y además generar más rentabilidad. La FAO (Naciones Unidas para la alimentación) declaró a La Aurora un campo emblemático de la agroecología a nivel mundial. Esas cosas hacían sonreír a Juan, un hombre a contramano de las patologías actuales: con mucha personalidad, y muy poco ego.

Cuando los productores se iban Juan tomó del hombro a su asesor, amigo y compinche de décadas en la transición hacia la agroecología, el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá. Le dijo: “¿Vio Eduardo? Qué linda esta gente, y qué alegría que me genera poder compartir todo esto. Compartir da felicidad ¿no? Pero felicidad real: no es la misma felicidad de andar en crucero o comprar algo nuevo”.   

Este lunes 3 de junio Cerdá me mandó un whatsapp: “Ayer partió Juan, no pudo superar una intervención quirúrgica en el corazón. Una excelente persona y un gran amigo, un gran compañero. Se fue, pero dejó mucho”. Cuatro días antes había fallecido Norita Cortiñas. Malos días. Imposible olvidar el deseo que una vez me planteó María Elena Walsh “Abrir los diarios y que haya muerto un gran hijo de puta, y no la gente buena. No personas queridas y valiosas”.

Juan Kiehr, y la aurora de la agroecología

Las manos de Juan Kiehr, productor agroecológico. Foto: Lina Etchesuri para lavaca

Cerdá agregó otro mensaje: “Siempre estará presente con su gran enseñanza de vida, de respeto de cuidado y de amor con su familia y todos los que lo conocimos. Nos abrió su corazon, junto a su familia y a su lugar tan querido como La Aurora. El quería dejar ese suelo igual o mejor de como se lo dejaron sus padres. Lo logró y lo superó, desde los últimos análisis de suelo, químicos, físicos, biológicos. Por todo lo que se demostró que la Agroecologia es posible, rentable segura y sana. Juan nseñó un camino de vida. Extrañaremos tu abrazo y tu consejo”.

La RENAMA (Red Nacional de Municipios y comunidades que fomentan la Agroecología) publicó en su redes lo siguiente:

“Hoy se fue de esta tierra Juan Kiehr.
Era sabido que llevaba un campo agroecológico de 650 hectáreas, un faro para quienes lo conocían y que fue seleccionado como una de las 52 experiencias a nivel mundial en agroecología por la FAO.
Quizás no tan conocido fue lo que su presencia irradiaba, que su manera de habitar este mundo nos cambió la vida para siempre y generó procesos colectivos y transformaciones humanas profundas en quienes tenían la oportunidad de compartir su compañía y conocer su obra”.

Juan Kiehr nació en 1943. El 12 de junio cumpliría 81 años, pero es de esas personas a las que la muerte no borrará de los mapas ni de los corazones. El suyo no funcionaba mal, diga lo que diga la medicina: su corazón funcionaba demasiado bien. Por eso es (perdón, fue) de las personas que generan respeto, pero además afecto. La Aurora fue motivo de contagio para cantidad de productores que escuchaban hablar o leían sobre el campo, y se acercaban a conocerlo. Escuché muchas veces frases como “me abrió la cabeza”, o “me cambió la vida” en Guaminí, Lincoln, Bolivar, Córdoba, Santa Fe. Sin ser agricultores, la fotógrafa Lina Etchesuri y yo podríamos decir lo mismo tras haber tenido el enorme privilegio de pasar un par de días en La Aurora en nombre de la revista MU.

Compartimos aquí una edición del programa radial Decí MU dedicado a La Aurora.

Y aquí reproducimos el artículo publicado en la revista MU 79 (La que se viene) que es además el capítulo “Producir mañanas”, del libro Agroecología – El futuro llegó.

En tiempos tan oscuros, un homenaje a la aurora.

Por Sergio Ciancaglini

Juan Kiehr, y la aurora de la agroecología

Encuentro en Guaminí, uno de los lugares contagiados por la experiencia agroecológica de La Aurora. En el centro, sombrero blanco, el pionero: Juan Kiehr. A su derecha, el ingeniero Eduardo Cerdá. Los rodean Martín, Maurcio, Fabián, Norman, Cecilia, Chiquito, Esteban, Sebastián, María Ester, Cristian y en primera fila, sin boina, Marcelo Schwerdt.

La que se viene

La Aurora, en Benito Juárez. ¿Se puede trabajar en el campo sin agrotóxicos ni fertilizantes, y ser rentable y eficiente? Un establecimiento agroecológico bonaerense muestra sus cultivos, su ganadería y sus resultados. La alianza entre productor y agrónomo, y un nuevo paradigma sobre cómo independizarse del modelo transgénico para hacer una agricultura sana.

Implantes mamarios fondos buitres precio de los jugadores de fútbol guerras sin tregua concursos de cocina internas políticas divorcio en la farándula torturas para la paz premios instantáneos homicidios por bicicletas virus asesino tráfico de efedrina mes del niño pedófilos abusadores boliches con prostíbulos despidos en cuotas todo para tu hogar editoriales apocalípticos beneficios grieta exclusivos incertidumbre global tratamientos de belleza noticias verdaderas y falsas y avisos y operaciones de prensa y palabras palabras palabras.

Si se levanta la vista de la pantalla, el paisaje desde la ventanilla del micro es un océano de campos sojeros que se cruza a 90 kilómetros por hora por la Ruta 3, hasta que se llega a Benito Juárez, 15.000 habitantes, Capital de la Amistad, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Y luego a un campo de 650 hectáreas llamado La Aurora.

Otro paisaje y otras palabras.

Allí, junto a un tractor está Juan Kiehr, manos grandes de trabajar en el campo, botas de caña alta, sombrero de ala corta, productor agropecuario que concibió un proyecto casi épico a esta altura de la historia: vivir tranquilo.

La 4×4 y la F100

Juan Kiehr nació en 1941, es nieto de daneses, cordial, hospitalario y con tendencia a la perseverancia: se casó una sola vez, hace más de 40 años, con la suiza Erna Bloti, tiene dos hijas, y no anda en una vulgar 4×4, sino en su F100 de casi 50 años y una cantidad incierta de mundos recorridos, ya que hace mucho se le rompió el cuenta kilómetros. “Y si tengo que viajar, uso el Mégane, que es una joyita”.

Juan Kiehr, y la aurora de la agroecología

Foto: Lina Etchesuri para lavaca

En la F100 llegamos a una loma desde la que se ve el campo en perspectiva. Cuenta con su voz cascada y serena: “Esto era de mi padre. Yo me hice cargo en 1981 cuando él falleció. Los primeros años seguí un poco la corriente, como cualquier productor. Pero el tiempo, sobre todo en los últimos 15 ó 20 años, me mostró lo que producen los agrotóxicos en el suelo, y eso sumado a las estadísticas de lo que se usa en Argentina, es una cosa escalofriante”.

No habla para convencer a nadie, sólo cuenta su experiencia. “Pensé: no quiero dejarle un cadáver a los que me sucedan. No me sumo a ese modo de trabajar. Quiero que este campo quede tan bien o mejor que como lo encontré”.

Dejar las cosas igual o mejor que al encontrarlas: si esa idea sencilla se propagase, el planeta estaría en una situación menos patológica.

Sigue la caminata: “Tengo desde siempre como una alergia psicológica a trabajar con venenos. No es que tenga miedo a manejarlos, pero veo lo que le hacen al suelo y al agua, que son cosas muy difíciles de recomponer. Y yo estaba aquí con mi familia. No quería eso para el lugar en el que vivimos”.

Diagnóstico práctico: “Para colmo, todos esos productos son carísimos. Y como van perdiendo su efecto, tenés que usar cada vez más. Empezaron con 2 litros por hectárea, y ya están en 12 ó 14. O sea: gastar más, envenenar más, para obtener lo mismo”.

Juan tenía otro sueño resbaladizo: vivir, en lo posible, sin sobresaltos económicos. “Que a la familia no le falte. Uno trabaja todo lo que puede porque es el rol de la paternidad con responsabilidad, digo yo. No es decir: me voy a pescar y que se arreglen”.

Corazón + rentabilidad

Rumiaba Juan sus proyectos cuando su camino se cruzó con el de un ingeniero agrónomo, Eduardo Cerdá, que desde 1990 asesoraba a varios productores de la zona organizados como cooperativa. El grupo se fue desmantelando por distintas razones, fallecimientos (cáncer) y miradas diferentes sobre cómo trabajar el campo. En 1997 Eduardo se convirtió en asesor de Juan. Un año antes había ocurrido la vertiginosa aprobación menemista de la soja transgénica, en base a un informe de la propia interesada: Monsanto.   

Cerdá había estudiado en La Plata, donde conoció al ingeniero agrónomo Santiago Sarandón, profesor de la Cátedra de Cereales, de la que Cerdá fue adjunto. Sarandón venía tratando de encontrarle un sentido a su carrera, más allá del estereotipo de una agronomía reducida a aplicar recetas y recomendar productos químicos. Creó la primera cátedra de Agroecología del país, ciencia que combina la agronomía con la ecología.

Definición técnica: “Agroecología es la aplicación de conceptos y principios ecológicos en el diseño y gestión de agroecosistemas sostenibles. La agroecología aprovecha los procesos naturales de las interacciones que se producen en la finca con el fin de reducir el uso de insumos externos y mejorar la eficiencia biológica de los sistemas de cultivo”.

Los insumos externos son los herbicidas, plaguicidas, fertilizantes y demás inventos de la industria química, que crearon la superstición de que es imposible trabajar sin su uso masivo, sumado a los cultivos transgénicos como soja, maíz, colza, girasol, algodón y arroz.

Cerdá venía con este equipaje de ideas sobre la agroecología que hacia fines de los 90 chocaba con un territorio cada vez más inundado de fumigaciones masivas y monocultivo sojero. “El argumento de la agroecología era teórico, pero no adaptado a situaciones productivas concretas, sobre todo en esta zona”, recuerda.   

En Benito Juárez, a Juan le fertilizaban la desconfianza: “Venían ingenieros agrónomos que en realidad son vendedores de productos. A lo mejor no tienen otra alternativa que esa, pero al productor lo endulzan, lo llevan de la nariz como a una vaca de exposición, le regalan una gorrita, le hablan de tecnología de punta para vender productos y maquinarias, todo un aparato propagandístico que se ve en Chacra Clarín Rural” (folletería de venta libre).

Abre sus manos: “Uno es un agricultor, no un explotador agropecuario. Pero es como una vorágine que te quieren hacer sentir: estás en la tecnología que te venden, o sos un pobre atrasado. No quiero acusar a nadie por lo que hace, pero no es cierto que eso sea lo único ni lo mejor que hay. Y además, ¿quién es el que se beneficia en serio? ¿El productor, o las empresas que fabrican y publicitan todo eso?”.

A nivel nacional, la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE) señaló que el consumo de pesticidas aumentó 858% en las primeras dos décadas del modelo transgénico, la superficie cultivada sólo en un 50% y el rendimiento de los cultivos un 30% (dato de la Red Universitaria de Ambiente y Salud).

El negocio que encabezan corporaciones como Syngenta, Bayer y Monsanto significó la aplicación de 317 millones de litros de pesticidas en Argentina durante la campaña 2012/13 (200 millones de glifosato), con una facturación de 2.381 millones de dólares. Para 2020 se había pasado a 500 millones de litros, confirmando lo que decía Juan.   

En La Aurora, en cambio, había recorridas por los lotes en la F100, charlas que armonizaban lo que Cerdá traía de la universidad con lo que Kiehr sabía del suelo.

No fue un cambio de un día para el otro, sino de una vida para otra.

El campo se fue rediseñando agroecológicamente, con gente capaz de tener el corazón, la cabeza y los pies en la tierra.

El corazón, porque es el campo familiar que Juan heredó, ama, y que dejará a los suyos.

La cabeza, para pensar cómo gestionarlo de un modo que no empobrezca o mate el suelo, ni sea un peligro para los seres vivos, incluyendo a los humanos.

Y los pies en la tierra, para que ese trabajo valorice el campo en lugar de vampirizarlo, y permita una producción que, además, sea eficiente y rentable.

Queda pendiente un pequeño detalle: ¿cómo se hace?

Juan Kiehr, y la aurora de la agroecología

Perfil de un pionero. Foto: Lina Etchesuri para lavaca

República Transgentina

La Aurora aparece como caso de estudio en uno de los libros más interesantes y revulsivos del momento, aún no publicado pero que puede ser descargado gratuita y libremente de Internet googleando Agroecología: bases teóricas para el diseño y manejo de agroecosistemas sustentables. Lo editó la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad de La Plata, escrito por el ingeniero agrónomo Santiago Sarandón y su colega Cecilia Flores, con aportes de otros profesionales.

O sea: un trabajo científico y técnico que estudia la producción, describe nuevos paradigmas para comprender la situación rural, y traza propuestas. Por ejemplo, el Capítulo 1 se llama La insustentabilidad del modelo agrícola actual. 

Plantea entre otros problemas:

  • La dependencia agroquímicos (insecticidas, herbicidas, fungicidas, fertilizantes).
  • Contaminación de alimentos, aguas, suelos y personas por pesticidas y productos derivados del uso de fertilizantes sintéticos.
  • Desarrollo de resistencia a los plaguicidas de ciertas plagas y patógenos.
  • Pérdida de la capacidad productiva de los suelos, debido a la erosión, degradación, salinización y desertificación.
  • Pérdida de nutrientes de los suelos.
  • Pérdida de biodiversidad.
  • Contribución al calentamiento global y disminución de la capa de ozono.
  • No ha solucionado el problema de la pobreza rural.

El último capítulo está dedicado a La Aurora, y fue escrito por Sarandón y Flores junto al propio Cerdá, en su doble condición de agrónomo y asesor del campo. Allí se explica la situación pampeana, donde se reemplazó a la ganadería por la agricultura dependiente de insumos tóxicos, se incrementaron los costos y eso expulsó a productores de escala intermedia de tipo familiar: en 20 años, la cantidad de establecimientos agrícolas se redujo a la mitad en la región, concentrando en pocas manos la propiedad de la tierra. Con ese paisaje, vuelve la pregunta: ¿cómo hicieron para concretar un modelo sin agrotóxicos y eficiente, que ahora describen hasta los libros científicos?

Estilo campo

La casa es amplia, bella, cálida. No es “estilo campo”, sino campo. O estilo Juan-Erna. Hay muebles de madera que se trajeron del Chaco, un living con bibliotecas y recuerdos familiares, un HD, reproductor de videos, una salamandra para pasar el invierno y una gran cocina comedor por la cual a estos lugares se los llama hogar. Hay una segunda casa para los huéspedes. Juan habla orgulloso de sus hijas: Teresa es médica y Sara fisioterapeuta. Ambas casadas, le han dado 3 nietos. Sara vive en Alemania, donde la familia suele visitarla todos los años.

Juan ceba mate y traza una pincelada geográfica: “La Aurora está rodeada por una naturaleza muerta. No hay ni pájaros”. Se queda pensando: “Uno espera el aroma de primavera, pero lo que llega aquí es el aroma de los pesticidas”.

Pasa el mate al ingeniero Cerdá: “La clave en el comienzo surgió del intercambio con Juan sobre el diseño de la producción. Por ejemplo, había mucho girasol, pero él propuso cambiarlo”. Kiehr justifica: “Lo hicimos durante años con herbicidas preemergentes (previos a que crezca el cultivo). Pero dejaban el suelo polvoriento, raro. Después había babosas y había que fumigar otra vez, y otra más por las malezas, y después por plagas como la isoca, hasta que dije: basta. Decidí volcarme más a la ganadería”.

La Aurora tiene 297 hectáreas para agricultura, y 334 (cerros y bajos) más aptas para el ganado.

Eliminaron el girasol y comenzaron un trabajo de consolidación de lo ganadero (haciendo cría y además invernada), como base para relanzar así la producción agrícola, pero sin agrotóxicos. Cerdá: “La ganadería no dejaba tanta plata como la agricultura, pero servía como una gran base y complemento para pasar a tener una producción de trigo, avena, cebada y sorgo, no dependiente de los insumos”.

Juan Kiehr, y la aurora de la agroecología

Juan Kiehr y Eduardo Cerdá en La Aurora: el campo, y los números que muestran una transformación ambiental y económica. Foto: Lina Etchesuri para lavaca

Números

La agroecología aplicada a La Aurora, en pocos trazos:

  • La ganadería sana, libre, alimentada a pastos naturales, con terneros que llegan a 500 kilos y se venden como novillos de exportación, alimenta el suelo con bosta y orín. Hay entre 600 y 700 cabezas. Juan instaló estratégicamente 25 bebederos (donde los animales bostean naturalmente) para cubrir la superficie del campo.
  • El suelo así se fortalece, se enriquece, se fertiliza y conserva mejor la humedad y los nutrientes. Detalle: así como un feed lot voltea a kilómetros por el olor a podredumbre sobre el que viven los animales, en La Aurora jamás hay olor a bosta.
  • Las plantaciones sobre esos suelos se hacen con cultivos asociados. Por ejemplo los cereales junto a leguminosas como el trébol rojo, que evitan el nacimiento de malezas y fijan el nitrógeno, nutriente fundamental del suelo. Así el policultivo evita, desde 2001, que haya que comprar fertilizantes como la urea.
  • El suelo nutrido y vital, sumado a sistemas que permiten el hábitat natural de insectos que, además, aportan beneficios al ecosistema, anula la necesidad de herbicidas, fungicidas, insecticidas, y fertilizantes químicos.

Todo esto es más fácil escribirlo que hacerlo, pero el resultado es que sin contar las ganancias ganaderas, por la agricultura Juan obtiene casi el mismo rendimiento que los campos vecinos (un 10% menos), pero el gasto es menor: 300 dólares menos por hectárea en el caso del trigo.

En las 80 hectáreas que está cultivando en estos días, este ahorro representa 24.000 dólares, y salva al suelo, al agua y a todos de los diluvios de venenos cada vez más inútiles, y de químicos que fertilizan poco y mal: aportan solo dos o tres de los nutrientes, contra los 16 del proceso natural de La Aurora. Al faltar esos nutrientes la planta está débil (aunque estimulada artificialmente por los fertilizantes) y así se convierte en víctima de hongos y enfermedades que obligan a usar más fungicidas y químicos, calesita eterna que beneficia ya se sabe a quiénes.        

Juan Kiehr evita todo eso, cubre sus costos velozmente, gasta menos, obtiene prácticamente lo mismo, pero sano y sin estimulantes artificiales, y tiene una ganancia mayor. Datos del libro de Sarandón y Flores, por hectárea de trigo.

Rendimiento

Campo convencional, 5.423 kilos. La Aurora: 5.119 kilos.

Margen bruto (ganancia)

Convencional: 549 dólares. La Aurora, 762 dólares.

Costos directos

Convencional: 417 dólares. La Aurora: 148 dólares.

Rendimiento necesario para cubrir costos

Convencional: 2.200 kilos. La Aurora: 1270 kilos.

Retorno por cada dólar invertido

Convencional: 1,13 dólares. La Aurora: 5,15 dólares.

Cerdá: “Si el sistema trabaja con transgénicos y agrotóxicos, es por su enorme ineficiencia y porque reina una lógica empresarial, desnaturalizada, yo diría que como la del drogadicto, basada en la química y la plata. Nosotros apuntamos a una agricultura con salud, que restablezca los procesos biológicos, no degrade los recursos y tenga eficiencia en la producción. Esto es una mirada de independización, de no quedar atado a un modelo que intoxica y empobrece”.

Cómo funciona   

El campo utiliza semillas propias. Cerdá: “¿Cómo vas a patentar algo vivo, que es lo que pretenden los laboratorios, por más que le hayas metido un gen? Es algo que te muestra que lo transgénico no es conveniente para el país, los ciudadanos y los productores. El alimento tiene un principio activo en la planta, destinado a lepidópteros, isocas, plagas, que lo consumimos las personas sin conocer sus efectos y capacidad de transfigurar evolutivamente. Esas semillas y transgenes no ayudan al productor, sólo lo endeudan, y terminan provocando una extracción de la riqueza del suelo que regalamos vía exportación de granos para animales y aceite, sobre todo para China”.

Juan acota: “Y no es cierto que sea para alimentar a la humanidad, porque sobran alimentos en el mundo. El problema es que están mal distribuidos. Lo hacen por puro interés comercial. Además, la Ley que quieren sancionar para Monsanto por las semillas me hace pensar en lo que vi sobre Colombia: la gente no puede tener sus propias semillas, es ilegal. Se las queman si no son las que venden las corporaciones. Aquí hubo gobiernos que parecían progresistas apoyando esa Ley que es de derecha, y a la vez proponen cosas para la agricultura familiar. No se sabe qué es izquierda o derecha pero, claro, puede ser que me equivoque”.   

La agroecología aplicada a este establecimiento permitió el aumento de stock ganadero, engorde más eficiente, y alta estabilidad en la producción (95 toneladas anuales). En una de las mayores sequías de los últimos 70 años (2008/9) murieron 15.000 cabezas por falta de alimento en la región. La Aurora no tuvo pérdidas, gracias a que el suelo y los pastos así trabajados resistieron la debacle.

Juan se queda pensando en la sequía: “Uno quisiera manejar las nubes, pero no se puede. Entonces hay que concentrarse lo que uno sí puede manejar”.

¿Lo agroecológico tiene que ver con lo orgánico? Cerdá: “Los orgánicos en esta zona hacen el mismo modelo convencional, pero sin pesticidas”. La certificación de “orgánico” termina siendo el nicho supuestamente sano del mismo mercado fumigador, a precios prohibitivos. “Cuando veo a productores orgánicos, hablan de qué negocio hicieron, cuánto ganaron. Nunca hablan del suelo, de cómo trabajarlo. Sus campos son buenos, pero rinden mucho menos que La Aurora (1.000 kilos de trigo por hectárea contra 5.000 en el campo de Juan), y usan fertilizantes químicos, que es como drogar a las plantas para que luzcan bien, con productos que perjudican el biosistema del suelo, y drenan hacia las napas subterráneas generando contaminación y toxicidad por nitratos y nitritos. Comprás una lechuga crujiente y colorida pero por los fertilizantes no sabés qué perturbaciones pueden traerte. Lo orgánico no está teniendo una mirada agroecológica”.      

Tener o ser

“Es importante destacar que las tecnologías que se utilizaron en este campo son de fácil apropiación por parte de los productores, dado que no requieren importantes sumas de capital, dependen más del ingenio, la complementación asesor-productor y la motivación que genera entender lo que uno está diseñando y manejando”, dice el libro de Sarandón-Flores en el capítulo sobre La Aurora.

Destaca que los resultados obtenidos “muestran las potencialidades de este enfoque para ser aplicado en sistemas extensivos (traducción: grandes campos) de clima templado como los de la Región Pampeana Argentina”.   

Sigue circulando el mate, con Cerdá al micrófono: “Juan pudo vivir sin sobresaltos, sus hijas pudieron estudiar, viajan, y aunque algunos vean la F100 como un símbolo de pobreza, Juan no se compra la 4×4 porque no le interesa estar simulando gastos para achicar impuesto a las ganancias, ni tener todos los costos que implica la 4×4. Está al día con todos sus impuestos, y tiene todo el campo en blanco”.

Kiehr agrega otra hazaña: “Jamás tuve que pedir un crédito”.

El INTA y otras entidades empezaron a acercarse de modo a veces sinuoso, y se han visto obligadas a pronunciar con mayor frecuencia la palabra “agroecología”. Los visitantes se entusiasman. No es difícil ante esa combinación de aire limpio, vitalidad de las plantas y energía que se percibe al estar allí.   

Cuentan que en la Facultad de Ciencias Agrarias de La Plata, Kiehr y Cerdá tuvieron 400 estudiantes como público. “Esas cosas me hacen muy bien”, dice Juan, como retomando algo que su esposa Erna describe como años maravillosos. Se conocieron en Chaco a principios de los 70, ella como enfermera y él como integrante de una iglesia luterana, ambos colaborando con el pueblo qom, al que entonces llamaban toba.

“Aquel trabajo me transformó”, dice Juan. “Entendí qué significaba eso de no tener tantas cosas, pero ser más persona. Cuando volví me costaba adaptarme. Mis vecinos se la pasaban hablando del culo de esta o de aquella, ese tipo de conversaciones, ¿no? Y yo sentía un vacío. Ahora estoy contento, haciendo algo que siento útil, conectándome con otra gente, con otras mentalidades. Son cosas que agradezco, y me cambiaron la vida”.

Noticias sobre pájaros

Indicios de cambio, según Cerdá: “En distintos lugares del país estoy trabajando con productores sojeros que empiezan a desandar el camino de lo transgénico. No se hace de golpe, como un adicto no se cura de un día para el otro, pero se va confirmando que es factible hacerlo”.

No solo es factible: la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) destacó a La Aurora como uno de los 52 emblemas mundiales de la agroecología, al haber demostrado que una agricultura sin agrotóxicos es posible y rentable.

Tal vez algún día, como lo suele plantear Santiago Sarandón, la agroecología sea el nombre de toda la agronomía.

Mientras tanto Cerdá está asesorando a un campo cercano. La documentalista Valeria Mapelman vio La Aurora, se contagió, y en apenas dos años hizo su propia reconversión agroecológica. Ya le está resultando más rentable de lo esperado y de lo que hubieran ganado arrendándolo a pooles de siembra que entran al negocio hasta que vuelan buitrescamente hacia otras burbujas. 

En este campo ocurre algo diferente: no son los buitres sino otros los pájaros de visita. Ejemplo: las garcitas boyeras, que defienden a las vacas de unas langostas llamadas tucuras.

Juan sonríe. Y deja que se escuche el fresco silencio del aire libre en La Aurora que

–como su nombre lo indica– significa también alba, amanecer y mañana.

Juan Kiehr, y la aurora de la agroecología

Foto: Lina Etchesuri para lavaca

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Nota

Descuentos a docentes por parar: responde el Ministro de Educación de Misiones

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Entrevista al ministro de Educación de Misiones, Ramiro Aranda, en medio del conflicto docente: qué piensa del reclamo y por qué se mantienen alineados al gobierno nacional. Los 6 puntos clave del efecto motosierra que explican la situación límite. Los números: un básico de 100 mil y un neto de 400 mil pesos. Los descuentos (de hasta más de 300 mil pesos) por parar: la prueba de un recibo, frente a la versión del ministro. El ministro pide “paciencia”, y le contesta desde Eldorado Luján Ñiripil, maestra mapuche.

Hoy una mesa de diálogo entre el gobierno y representantes gremiales negociarán una suba mayor al 34%, la última oferta no aceptada por las y los docentes. En vísperas de esta reunión, el gobierno desalojó el acampe en Posadas.

Crónica, fotos y entrevista urgente desde la provincia, en una cobertura especial de lavaca.org y revista MU.

Por Francisco Pandolfi desde Misiones. Fotos de Lina Etchesuri

“Hay docentes a quienes les están llegando descuentos de entre 20 mil y 300 mil pesos por haber parado. Esto se da en paralelo a que hasta mayo el salario mínimo estuvo en 270 mil pesos y con el aumento del 34% a partir de junio llegamos recién a los 400”.

Luján Ñiripil es maestra y una de las fundadoras del Movimiento Pedagógico de Liberación, sindicato que tiene la mayoría de sus afiliados en el interior de la provincia. Luján está en el acampe que las y los docentes sostienen en Eldorado y donde se quedarán, de mínima, hasta hoy, cuando se desarrolle la mesa de diálogo entre el gobierno y los representantes gremiales que no aceptaron la suba del 34%, ya que insisten en una recomposición salarial mayor.

Corte de ruta y asamblea en Eldorado, a 199 km de Posadas. Foto: Lina Etchesuri para Lavaca

Clase abierta

El campamento se instaló hace 18 días. “El gobierno juega al desgaste”, sintetiza Luján. La unidad les hace la fuerza: en distintos horarios del día la ruta nacional 12 se corta por una multitud de maestras y maestros que exigen una respuesta en esta localidad situada a 199 kilómetros al norte de Posadas. Esto mismo se replica en distintos puntos del país.

En Eldorado se soporta el frío de la mañana, el calor potente por la tarde y otra vez el frío, aunque mucho más intenso, por la noche. Cuando hay alguna novedad o cuando hay que organizar algo puntual de la vigilia, se llama a asamblea. Son mucho más que reuniones para decidir acciones concretas: son clases abiertas de ciudadanía, de democracia participativa, de política, de economía. Ahí está viva la universidad de la calle, de los barrios. Es una postal de cómo incluso en momentos de conflictos (o “más todavía” en momentos de conflictos) la transformación pasa por el aprendizaje colectivo.

Rubén Ortiz es el referente del MPL. Es un libro abierto que no se hizo en facultades ni en bibliotecas (o no solo en ellas). Tiene su carpa ahí, porque el convencimiento se da con el ejemplo, mucho más que con la palabra. Y con la palabra también: “Con las operaciones que hace el gobierno buscan dividirnos, quebrarnos para darnos menos plata y no devolver lo descontado. Para nosotros lo principal es la unidad, ya que no representamos a una porción de trabajadores, representamos a toda una clase. Somos unidad en acción”.

Descuentos a docentes por parar: responde el Ministro de Educación de Misiones

Rubén Ortiz, referente del MPL. Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En El dorado la asamblea parece un aula: “Lo más importante de estar acá es que logremos la democratización del saber. El salario es político, y por eso todos los que estamos acá debemos comprender lo que discutimos para poder defendernos; lo que debatimos es nuestra comida”. En la ronda se define elaborar una especie de cartulina con la grilla de cada uno de los 118 cargos de docentes de los tres niveles y cuánto se cobra en cada uno. “Nos hacen creer que es imposible de entender, pero no es así. Nadie debe irse a dormir sin saberlo”, propone Rubén.

Agrega: “El salario básico es miserable, no puede estar en 100 mil pesos. Y el neto también, ¿qué hacemos con 400 mil pesos? Para eso necesitamos una recomposición que suba el básico y que suba el neto, como para empezar a hablar”.

Daniela López es la presidenta del Consejo General de Educación, órgano que rige el salario docente. El pedido de entrevista ni lo contesta. Quien sí lo hace es Miguel Pintos, el interlocutor que puso el gobierno para negociar con los sindicatos docentes. Responde: “No hablo con ningún medio. Es decisión personal”.

Descuentos a docentes por parar: responde el Ministro de Educación de Misiones

Foto: Lina Etchesuri para Lavaca

Responde el Ministro

El que rompe el bozal comunicacional que tiene el gobierno de Misiones sobre el tema es el Ministro de Educación Ramiro Aranda. Tanto él, como Daniela López, fueron “apartados” de las negociaciones.

A continuación, la entrevista con lavaca:

¿Qué opinás sobre el reclamo docente?

–Desde ya, entendemos que el reclamo salarial es justo, más en el contexto de crisis nacional que estamos viviendo donde a Misiones le toca, como a todas las provincias, una caída grande de la coparticipación, que son fondos propios nuestros, no regalados. A su vez, hay una caída terrible de la recaudación de la propia provincia, producto de políticas que tampoco son locales y que nos perjudicaron mucho más siendo una provincia de frontera. Nosotros tenemos paritaria todos los meses para ver de qué manera recomponemos el salario íntegramente de fondos provinciales, porque no tenemos el financiamiento de la Nación, como también le pasa al resto de las provincias. A partir de la falta de recaudación, lastimosamente a la docencia le pedimos paciencia. Obvio que es complejo este contexto de crisis económica a nivel nacional. La crisis inflacionaria, con el salto que pegó en diciembre y enero, hizo que todos perdamos el poder adquisitivo. En las aperturas de sesiones del 1 de marzo, el gobernador (Hugo Passalacqua) dijo que la plata no alcanzaba y que de a poco se iban a recomponer los salarios, algo que ninguna provincia pudo hacer. Con la suba del 34% que ya impacta en los salarios de junio, estamos con los sueldos de la media para arriba a nivel nacional y los más altos a nivel regional. Hay provincias que están pagando los sueldos en cuotas, acá eso no pasa.

–El gobierno nacional también dejó de pagar el FONID.

–Sí, Nación dejó de enviar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), fijado por la ley de financiamiento educativo. Sin eso, había un 13% del salario que perdían todos los docentes de la provincia. Para que no sucediera creamos el FOPID, como fondo ya no nacional sino provincial. Esto no lo tomamos como un aumento, sino lo que estamos haciendo es paliar una situación por el corrimiento de Nación. Otro aspecto es que hasta el año pasado había una paritaria nacional y eso permitía que se fijara un piso, por lo que no había tanta diferencia de sueldos entre las jurisdicciones. Por último, y algo que no empezó con la gestión de Milei sino que venimos reclamando hace muchos gobiernos, es que estamos entre las 10 primeras provincias que aportamos recursos al gobierno central, pero entre las últimas cinco que nos devuelven en coparticipación. Eso es muy injusto.

–En tus respuestas marcás seis puntos clave cuya política del gobierno nacional influye en que no puedan solucionar el conflicto: coparticipación, caída de la recaudación, falta de financiamiento nacional, FONID, ausencia de la paritaria nacional, y lo mucho que dan y lo poco que reciben. ¿Por qué frente a esta situación, el gobierno provincial decide ser aliado del nacional?

–Nosotros tenemos muy en claro que desde el Frente Renovador de la Concordia a la democracia la defendemos muchísimo y no solamente en el discurso, sino en los hechos. Nosotros no acompañamos a Milei en las elecciones; el candidato al que apoyamos perdió. Sin embargo, somos representantes de la población, que hoy acompaña el modelo nacional. Por eso debemos ser una oposición responsable y dar herramientas de gobernabilidad.

–¿Cuánto creés que debería ser el salario mínimo docente?

–Con el aumento que ya dimos estamos en los 400 mil, arriba de la media nacional. El cargo testigo en la provincia es el de una maestra sin antigüedad por cuatro horas. Como soy ministro de Educación los docentes me han planteado que ese sueldo debería ser de 850 mil pesos. En este momento del país, absolutamente ninguna jurisdicción, ni la que tiene petróleo ni los mayores recursos, está en condiciones de pagar eso y no lo está pagando. Hay docentes que ganan arriba del millón y me dijeron que no les alcanza y yo les digo que los entiendo, porque la situación económica a nivel nacional es muy compleja. Por ejemplo, ahora vuelve a subir el combustible y no por una decisión del gobierno provincial. Entonces, sabemos que siempre el dinero va a parecer poco. Todos los docentes, te lo digo yo como ministro de Educación de la provincia de Misiones, merecen ganar más, merece ganar mejor.

–¿Cuánto merecen ganar?

–Lo que pasa es que es muy relativo. A ver… es una terrible injusticia, una terrible injusticia que el cargo testigo siempre sea el de maestra o maestro, porque siempre son los que menos ganan.

–¿No tenés injerencia para modificarlo como Ministro de Educación?

–A ver, te cuento: estoy recién hace cinco meses como ministro, yo estaba dentro de un aula, soy profesor de ciencia política de toda la vida. Hay siempre un rechazo a la modificación del estatuto y tiene que ver con ideas conservadoras. Nosotros venimos a proponer cuestiones más progresistas con la docencia.

–¿Te parece lógico y progresista que el salario básico haya sido hasta ahora 70 mil pesos y que a partir de junio sea de 100 mil?

–Quiero ser muy responsable; el monto es lo que negociamos en cada mesa salarial, porque el salario es complejo y se compone de otros ítems remunerativos; no queda exclusivamente en el básico.

–¿No creés que es fundamental subir su piso?

–Sí, obvio que sí; hay una centralidad en el básico, pero no te puedo dar un número. Yo tengo 16 años de docencia y empecé a entender la composición del salario a partir de que me senté en la primera mesa paritaria en diciembre junto con el Ministro de Hacienda y los gremios. Uno también va aprendiendo, yo nunca fui Ministro de Educación anteriormente.

–¿Creés justo que le hayan descontado a los docentes por hacer paro?

–Hubo grupos de docentes que no tienen personería gremial y que al no tener un marco legal que las resguarde del derecho a huelga, para el Ministerio de Trabajo es un día que se descuenta.

–Para que sea como decís, el Ministerio de Trabajo debió haber dictaminado que el paro era ilegal. ¿Lo declaró así?

–No, no fue declarado ilegal. Pero no es lo mismo que el sindicato convoque a una medida de fuerza, a que lo haga un grupo de personas que no pertenecen a un sindicato con personería.

–No tienen personería, pero sí inscripción gremial. Además, anteriormente mencionaste que el descuento fue solo para los docentes afiliados a un gremio sin personería, cuando también le descontaron a maestros de sindicatos con personería gremial.

–No puede ser.

Descuentos a docentes por parar: responde el Ministro de Educación de Misiones

Recibo de un maestro afiliado a UDNAM. Le descontaron 309 mil pesos por dos días de paro. Casos similares le ocurrieron a cientos de docentes.

–Sí, tengo recibos de diferentes gremios, con o sin personería. Sobre el mismo tema, ¿cómo explicás que a docentes le descontaran por parar y a la policía, que también fue al paro, les otorgaron una amnistía?

–Desconozco las medidas que se tomaron con la Policía.

–Como Ministro de Educación, ¿no estás al tanto de ese arreglo?

–Estoy abocado a la paritaria docente. No te voy a mentir, desconozco si hubo o no descuentos.

–Los sectores que no arreglaron el 34% plantearon un aumento del 100% en el salario neto. ¿Estás de acuerdo con esa suba, que llevaría el sueldo mínimo a los 540 mil?

–El 100% es… no sé cómo explicarte, es un número relativo. Por ejemplo, hay provincias que aumentaron el 56% y tienen el salario más bajo que el nuestro. No queremos hablar de porcentajes, sino hablar del neto y nosotros dimos el máximo que podíamos, que fue llevarlo a 400 mil.

Sin paciencia

Luján Ñiripil, maestra, mapuche, fundadora y afiliada al Movimiento Pedagógico de Liberación, le contesta al pedido del ministro de Educación de tener “paciencia”.

“Yo creo que los docentes de Misiones somos pacientes. Somos muy pacientes. De hecho, costó mucho que los docentes salgan a la calle. Creo que la paciencia está demostrada. Como ministro es muy irresponsable al decir que tengamos paciencia, cuando no tenemos plata para llenar la olla de nuestra familia, cuando no tenemos plata para pagar los servicios. Con paciencia nosotros no vivimos, no comemos, no pagamos servicios y no compramos medicamentos. A veces la paciencia se acaba y uno debe salir a luchar. En febrero empezamos a acampar, estamos en junio y ya perdimos la paciencia. Todos los años hacen lo mismo, aunque ahora se excusen en culpar a la política nacional cuando se alinearon con ellos votando la Ley Bases. Este gobierno provincial le está abriendo el camino a Milei para que ejecute las medidas sin piedad. Es el brazo ejecutor de sus políticas, que a nosotros nos está matando de hambre”.

Descuentos a docentes por parar: responde el Ministro de Educación de Misiones

Luján Ñiripil, maestra en Eldorado, Misiones. Foto: Lina Etchesuri para lavaca

Al cierre de esta nota, en la madrugada del sábado, llega al acampe docente en Posadas una orden de desalojo firmada por el juez Walter Balor. Más de 40 policías de la provincia de Misiones (la misma que tomó por 12 días el Comando Radioeléctrico en reclamo de sus magros salarios y el miércoles pasado arregló con el gobierno levantar su campamento por $15.521) se apostan a un par de cuadras para avanzar sobre los docentes, que definen en asamblea replegarse a las veredas a esperar la mesa paritaria que se llevará a cabo hoy en Eldorado. Denuncia Rubén Ortiz: “El gobierno provincial convoca hoy a la reunión de mesa paritaria, pero al mismo tiempo violenta todas las condiciones mínimas para que ese diálogo se dé. En primer lugar ha desalojado el acampe de Posadas y a nosotros nos anunciaron a altas horas de la noche que si queremos sentarnos tenemos que ceder los descuentos que nos hicieron a los docentes. El Gobierno ha puesto en marcha el proceso de represión y violencia”.

Un policía lee el acta de desalojo esta madrugada, mientras Mónica Gurina, secretaria general de la CTA Autónoma, le sostiene el megáfono.

Descuentos a docentes por parar: responde el Ministro de Educación de Misiones

Calle desierta, veredas alertas. El desalojo se consumó a las 3 de la madrugada. Foto Lina Etchesuri para lavaca.

La Policía organizada para desalojar el acampe docente, mientras las y los docentes se replegaron a la veredas tras el desalojo por orden judicial. Foto: Lina Etchesuri para lavaca.

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