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La política de seguridad ciudadana. Caso testigo: la ciudad de Córdoba

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La ciudad de Córdoba constituye un espacio en el cual, al igual que en el resto del país, la problemática de la seguridad ocupa un lugar central en el debate público. La política de seguridad puede ser leída como uno de los ejes de planificación de la política pública del gobernador José Manuel De la Sota: la criminalización de la pobreza y la limpieza de la ciudad, a través de la relocalización de villas (presentados como creación de viviendas), el aumento exponencial del presupuesto policial y la creación del cuerpo especial de la Policía denominado Comando de Acción Preventiva.
Este informe se concentra en el accionar de las dos fuerzas de seguridad de la Provincia, la Policía y el Servicio Penitenciario a través de la presentación de dos líneas de trabajo que se vienen desarrollando en la ciudad por un conjunto de organizaciones sociales: la situación carcelaria en Córdoba, a través del caso del Motín en el Penal de San Martín en febrero de 2005; y la multiplicación de detenciones arbi-trarias a partir del uso de un Código de Faltas que vulnera derechos constitucionales básicos y permite un uso discrecional por parte de la policía de la provincia en función de la política de Seguridad. El importante aumento de presupuesto policial y de la implementación de una política fuer-temente represiva sobre los pobres, culmina en la elaboración de una Nueva ley de Seguridad que no contempla derechos básicos de los ciudadanos y profundiza la represión, marginación y estigmatización sobre los pobres, naturalizando la relación entre pobreza y delito.
La política de seguridad, elaborada con el asesoramiento del Manhattan Institute, sigue las pautas de la doctrina de la Tolerancia 0: una política que apunta al delito callejero, entendido como reflejo de la «corrupción moral» de una sociedad. De allí que reclame la intensificación del castigo al pequeño delito y a las infracciones menores. Estas políticas profundizan la selectividad del sistema penal, es decir, el hecho de que son los pobres quienes hoy llenan las cárceles de Córdoba. Al disociarse las causas estructurales que originan el delito, son los pobres quienes permanentemente son clientes de la Justicia por delitos menores.
La traducción de esta política a la política policial quedó clara en las denuncias publicadas por el diario La Mañana de Córdoba, donde aparecen las detenciones arbitrarias como condición para demostrar la «eficiencia» de la institución policial. «Por primera vez, policías admiten que hay órdenes expresas de «levantar a gente en las calles para abultar las estadísticas internas. La exigencia mínima es lograr de cinco a siete «contraventores» por patrulla y por turnos. Los que no cumplen, son sancionados con más horas de trabajo» . Las cifras de las estadísticas policiales hablan de la multiplicación de las detenciones por contravención en los últimos 3 años. Durante la primer mitad del año 2005 se realizaron 8.978 detenciones a través del Código de Faltas, mientras que en el año anterior, completo, se registraron 5.201 .
Esta situación, que multiplica el número de personas detenidas, junto al desen-tendimiento del Estado respecto de su responsabilidad sobre las condiciones y situación de quienes están presos -como parte de la sistemática política de implementación del neoliberalismo durante los ´90- ha sido clave para comprender el estallido que significó la rebelión del Penal de San Martín durante el mes de febrero de este año. Las condiciones de extremo hacinamiento , la vulneración de derechos básicos de quienes están presos a través del incumplimiento de la Ley Nº 24660, entre otras causas, desencadenaron uno de los hechos más importantes en la historia de la institución penitenciaria en la provincia.
En este marco, la respuesta del Gobernador de la Provincia dejó planteada con claridad su idea respecto de los problemas vinculados a la situación carcelaria y al lugar de la cárcel en la sociedad. En declaraciones del 10 de febrero, a horas de iniciado el motín, dijo: «El que va preso en Estados Unidos no tiene ningún derecho. Los presos son presos, no tienen visitas sexuales como en Argentina, o teléfonos públicos que algunos utilizan para hacer secuestros virtuales. Esa no es la rigurosidad que hay en Argentina en virtud de que nuestro país adhirió al Pacto de San José de Costa Rica», y remató: «El Pacto de San José de Costa Rica les concede algunos derechos que les dan algún margen de maniobra.» De este modo, el respeto de los derechos humanos es un problema para la política penal en la provincia, derechos que a su parecer son sólo para algunos: «Soy el Gobernador de todos los cordobeses, y lo soy para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes.»
El Motín del 10 de febrero en el Penal de San Martín:
Las imágenes del Motín recorrieron el país, sin que existan demasiadas claves para comprender cuáles fueron los hechos, las causas y las consecuencias de la toma del Penal por más de 24 horas, en la que los presos tuvieron el control del establecimiento, de las armas del Servicio Penitenciario y donde las muertes que se registraron se produjeron afuera del Penal por parte de la Policía .
La situación previa: superpoblación carcelaria, condiciones de vida en el Penal e incumplimiento de la Ley Nacional Nº 24660.
Teniendo en cuenta la población penitenciaria del país en Diciembre de 2004, la Provincia de Córdoba ocupaba el tercer puesto con respecto a la cantidad de personas presas: 5.661. Superada sólo por el Servicio Peniten-ciario de la Provincia de Buenos Aires y el Servicio Penitenciario Federal.
Según las estadísticas del propio Servicio Penitenciario Córdoba (SPC) en mayo de 2005 había en toda la provincia una población penitenciaria total de 5.823 personas alojadas en estable-cimientos que tenían una capacidad total para albergar a 3.432 detenidos. En el caso del establecimiento penitenciario N° 2 de San Martín (Condenados, varones mayores de la capital) había 1.621 personas en un establecimiento que el SPC declara que tiene una capacidad real para alojar 850 personas . Esto representa para este establecimiento una sobrepoblación del 91%.
Según estos datos, en Córdoba existían en 2005, 5.823 presos alojados en cárceles que tienen una capacidad real de 3.432 plazas, existiendo en consecuencia una sobrepoblación de 2.391 internos. Los datos oficiales señalan que la situación de hacinamiento varía según el establecimiento, pero en general se puede observar una sobrepoblación del 70%. Las diferencias entre establecimientos también mere-cerían una lectura más profunda. Aquí no intentaremos realizar esta lectura, sólo nos limitaremos a señalar que los dos únicos establecimientos donde no se verifica sobrepoblación, corresponden a las unidades con modalidades menos coercitivas de detención: el estable-cimiento de semilibertad (EP 9) y el establecimiento abierto (EP 4).
Ni siquiera la moderna cárcel de Bouwer (donde se alojan los procesados) escapa a los problemas de sobrepoblación: en esta cárcel «modelo» ya se han construido camas cuchetas en espacios diseñados para alojar una sola persona.
Es de destacar que la edad promedio de las personas detenidas en las cárceles de Córdoba es de entre 23 y 27 años. El 95% son hombres y el 90% tenía residencia urbana al momento de su detención. El 88% de estas personas estaba desocupada o era trabajador de tiempo parcial (la mayoría changas) al momento de su ingreso a prisión. Con relación al nivel de instrucción, el 6% de los presos de la provincia son anal-fabetos, el 30 % no han finalizado la escuela primaria y el 40 % sólo ha logrado completar el nivel primario de escolaridad.
El 52% está condenado y el 48% de los presos no ha recibido aún condena. Entre los condenados el 59% es al primera vez que cumplen una condena.
Sin embargo el problema del hacina-miento no es el único que existía en el penal antes de la revuelta de los presos. Es, sí, el más visible y el más obvio, pero quizá no el más grave. A la situación de hacinamiento y condiciones de inhabitabilidad absoluta de las instala-ciones de la cárcel, hay que sumar la situación de incumplimiento sistemático de la ley y por ende de violación sistemática de derechos de los presos.
– El derecho al trabajo: el régimen laboral del penal no garantiza lo establecido por la Ley de Ejecución Penal para el tratamiento criminológico. La retri-bución salarial se encontraba entre los $21 a $50 por trabajos que van de 10 a 40 horas semanales; sólo existían alrede-dor de 300 puestos de trabajo para 1.636 reclusos, relacionados en su mayoría con tareas direc-tamente vinculadas al funcionamiento del estableci-miento penal (fajina, manteni-miento, limpieza) o con la atención de empleados y jefes de unidad (casina y cantina de los jefes). Es necesario destacar que la mayoría de los puestos de trabajo no están relacionados con las posibilidades laborales posteriores a la liberación.
– Inexistencia de Jueces de Ejecución: en la provincia de Córdoba no se ha implementado hasta la fecha la figura del Juez de Ejecución, cuya tarea es el control judicial de las condiciones en que se ejecutan las penas privativas de la libertad, alegando razones presupuestarias. Esta situación favorece las condiciones de ilegalidad y violación de derechos fundamentales que se vivía en el Penal antes del 10 de febrero (y que continúa), y se agudiza por la ausencia de control judicial de la ejecución de la Pena Privativa de la Libertad.
– La inconstitucionalidad de la (in) adecuación de la legislación provincial a la Ley nacional: la legislación vigente en Córdoba – que corresponde a la reglamen-tación de la Ley nacional Nº24660 que debían realizar las provin-cias- a pesar de la declaración de intenciones se aparta sustancial-mente de la misma, violando la jerarquía de leyes contemplada en la Constitución Nacional. Es así que deroga los capítulos 7 y 16 de la Ley Nacional, referidos al Trabajo y al Personal Peniten-ciario respectivamente. Esta derogación se realiza a través de un decreto del Poder Ejecutivo Provincial (1293/00) que también en sus anexos excede lo legis-lado a nivel nacional en materia disciplinaria a través de la introducción de sanciones no establecidas en la Ley, estable-ciendo una correlación entre faltas y sanciones que viola de modo explícito el principio de legalidad establecido en la Constitución Nacional.
El Motín:
La lectura que se hace respecto de lo sucedido en el Penal de Barrio San Martín es que no fue un motín organizado por los presos. La rebelión del 10 de Febrero cobró fuerza como una forma de denuncia pública y un reclamo explícito a la sociedad en su conjunto para que, como sociedad, conozca lo que sucede en el interior de la cárcel y se haga cargo de su responsabilidad al respecto.
Fue, sin duda alguna, un auténtico caso de ejercicio del derecho de resistencia ante la violación sistemática de derechos humanos de un sector de la sociedad que cotidianamente se ve vulnerado en los derechos más fundamentales de cualquier ciudadano de un Estado democrático.
Queremos destacar que las 8 muertes provocadas (5 reclusos, 2 guardia- cárceles y 1 policía) durante el Motín, se produjeron afuera del Penal, situación que da cuenta de la respuesta del Gobierno provincial a la situación.
La respuesta del Estado provincial
«No vamos a responder críticas infundadas; tenemos en claro lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Por eso estamos construyendo más cárceles que nadie.»
José Manuel De la Sota, 15 de febrero de 2005
Una vez desatada la rebelión el gobierno de la Provincia manejó la situación con total hermetismo, que se manifestó en el silencio y la falta de apertura al diálogo y a los ofrecimientos de diversos sectores de la sociedad para mediar en el conflicto por parte del Comité de Crisis que se constituyó a los pocos minutos del estallido. Frente al intento de los presos y de quienes intentaban mediar en el conflicto para lograr una salida pacífica y evitar la muerte de personas, el Gobernador dio a la policía la orden de «Tirar a matar»- como él mismo confirmó en una entrevista con Cadena 3-, provocando la muerte de 5 reclusos, 2 guardiacárceles y 1 policía de la provincia de las que el Gobernador De la Sota es directamente responsable.
En esa misma entrevista radial el Gobernador hizo declaraciones que dan cuenta de lo peligroso de su concepción restrictiva de los derechos humanos y la ciudadanía, desconociendo y cuestionando el Pacto de San José de Costa Rica incorporado con jerarquía constitucional en la Reforma de1994. En esa oportunidad señaló: «Soy el Gobernador de todos los cordobeses, y lo soy para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes.» «No vamos a responder críticas infundadas; tenemos en claro lo que debemos hacer y lo estamos haciendo. Por eso estamos construyendo más cárceles que nadie.»
Queda claro, a partir de las declara-ciones del gobernador que la respuesta del Estado frente al reclamo de los presos por el estado de ilegalidad y violación sistemática de sus derechos, es sólo más cárceles y la negación de su calidad de ciudadanos y sujetos portadores de derechos.
En el ámbito de la Legislatura Provincial, se solicitó la interpelación del Ministro de Seguridad Carlos Alessandri para que diera cuenta de lo sucedido en el penal. Esta interpelación no pudo realizarse por la decisión del bloque de Legisladores de Unión por Córdoba de no someter a ningún ministro del ejecutivo a un procedimiento de este tipo.
Por otro lado se apartó de sus cargos a la anterior Jefa del Servicio Penitenciario, Lic. Graciela Lucientes de Funes, y al anterior Director del Penal de Barrio San Martín, Daniel Corso. Además se decidió la intervención del SPC designando interventor del mismo al Crio. My. Ricardo Bonaldi . Hasta la fecha, no se conocen los alcances de la intervención. Sólo se hizo pública la efectivización de 787 empleados penitenciarios que se encontraban en situación de contratados.
En el interior de la Penitenciaría, la respuesta ha sido la instalación de más rejas y el aumento de las restricciones y los controles para las salidas del pabellón. Los talleres de industria no se han vuelto a abrir; la panadería ha sido desmantelada y algunas versiones indican que no volverá a ser puesta en funcionamiento.
La respuesta de la Justicia
La investigación está a cargo del fiscal de instrucción Javier Paradaude, quien públicamente ratificó su decisión de investigar primero las causas de las muertes de los agentes de seguridad para luego pasar a investigar las causas de las muertes de los presos. El resultado de la misma lleva a la fecha la suma de 160 presos imputados por privación ilegítima de la libertad y/o robo calificado.
No hay ningún agente de seguridad imputado, a pesar de que se ha comprobado que, al menos, el guardiacárcel que iba en el camión es asesinado por balas de la Policía de la Provincia, en un acto de represión inne-cesario y alevoso, ya que no era imprescindible tirar a matar para impedir una fuga.
Además queremos resaltar que aún no hay resultados de la investigación por la muerte de 5 presos. Por el contrario, cuando la fiscalía solicita el archivo de la causa por la muerte del guardiacárcel Abregú, pide que se archive «el suceso histórico», suceso donde también murie-ron los reclusos. De este modo, queda clara su intención de no investigar la muerte de las otras 5 personas que murieron asesinadas en el mismo hecho.
Hasta ahora, la única causa donde se ha avanzado en la investigación tiene que ver con las denuncias concretas realizadas por vejaciones, tratos degradantes, apremios ilegales durante los sucesos de febrero en contra de los presos Esta es la única causa donde se ha avanzado en la investigación y la justicia estaría en condiciones de imputar por las torturas y vejaciones a que fueron sometidos los reclusos a un grupo de efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba (que cumplen funciones en la Alcaidía de Barrio Güemes) y del Servicio Penitenciario Córdoba.
Dentro de la justicia cordobesa el único magistrado que se hizo presente para verificar e interiorizarse del estado de los presos fue un camarista federal que se presentó en el penal para constatar la situación de los presos por causas federales. Al salir de la penitenciaría, el Dr. Pérez Villalobos realizó declara-ciones públicas absolutamente críticas y casi denunciantes sobre el estado deplorable en que se encontraban la población carcelaria y el propio edificio.
Recién dos meses después se presen-taron a requerimiento de los presos los jueces de cámara provincial, circuns-cribiéndose a sólo a recibir declaraciones testimoniales en oficinas sin ni siquiera recorrer algún pabellón para verificar el estado de los mismos, aduciendo causas de seguridad.
Nos interesa destacar cómo tanto las declaraciones del gobernador de la provincia, así como el ejercicio concreto del Poder Legislativo, su sostienen en una concepción de los presos como ciudadanos sin derechos, ya que para ellos no existe posibilidad de acceder a la Justicia.
Por otra parte, tal como se plante en la presentación del HABEAS CORPUS COLECTIVO CORRECTIVO el 11 de agosto de 2005 (Presentado por Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), las condiciones de detención de los presos no sólo no han mejorado sino que han empeorado. A través de este recurso se solicita a la justicia que investigue si las condiciones de detención en las cárceles superpobladas de la provincia (4 o más personas en una celda de 2x3m, sin comida suficiente, sin asistencia médica, sin educación, sin trabajo, sin baños, en un ambiente de violencia cotidiana, entre otras cosas) son acordes a lo estable-cido por la legislación nacional e inter-nacional y los principios de dignidad y humanidad. Este recurso aún no ha sido resuelto por la justicia cordobesa a pesar de haber un antecedente directo en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para un recurso similar presentado por la situación de los detenidos en la Provincia de Buenos Aires.
Frente a la complejidad de la proble-mática, la única respuesta conseguida ha sido la duplicación de las rejas antimotines en el Penal de San Martín y la construcción de más cárceles.
Se ha solicitado a lo largo de todo el año 2005 que se permita el ingreso de organizaciones de la sociedad civil y organismos de Derechos Humanos a los lugares de detención de personas para verificar el estado de los mismos y poder conversar con los detenidos a cerca de las condiciones en que viven. El Gobierno de la Provincia de Córdoba se ha negado sistemáticamente a autorizar estas visitas, sin dar explicaciones del porqué de su negativa.
Criminalización de la pobreza: Detenciones Arbitrarias y uso discrecional del Código de Faltas.
«Te obligan a detener a cualquiera, a cinco personas por día y por patrulla. Nosotros sabemos que le estamos jodiendo la vida, pero de eso depende que te puedas ir a tu casa luego de hacer las 17 horas de guardia. Vos sabés que el tipo no hizo nada, pero en ese momento sólo pensás en que no te recarguen», Raúl, cabo del Distrito 3 .
Tal como planteábamos al principio de este informe, el gobierno de la Provincia de Córdoba se adelantó a los reclamos por mayor seguridad que tomaron su punto cúlmine con las manifestaciones de J. C. Blumberg, ya que los lineamien-tos de esta política de seguridad están esbozados desde el principio del segun-do mandato del Gob. De la Sota con la creación de la denominada «Red Vida». La erradicación de villas, el barrido de los sujetos potencialmente peligrosos de las zonas públicas simbólicamente recono-cidas (lugares céntricos, barrios cotizados, plazas o parques) supone a la vez el barrido de derechos civiles y de la tarea niveladora del Estado en lo que respecta a la tarea social con grupos sociales precarizados, mientras se trabaja para el reposicionamiento de intereses económicos ligados a sectores con importante capacidad de inversión de capital , especialmente vinculados al mercado inmobiliario.
Esta suerte de problematización (Castel, 1995) de lo delictual ha puesto su acento en la «seguridad ciudadana», concibiendo a ésta «siempre y solamente en relación con los lugares públicos y de visibilidad pública o con relación a un pequeño número de delitos que entran en la así llamada criminalidad tradicional (sobre todo agresiones con violencia física a la persona y al patrimonio), que están en el sentido común y son dominantes en la alarma social y en el miedo a la criminalidad» . Esta afirmación, remite a reconocer cómo se fue abandonando una concepción de la seguridad que tenga en cuenta la provisión de garantías de derechos y de reaseguros sociales de toda la población, a toda persona que viva en un territorio, cualquiera sea, y por supuesto también la posibilidad de transitar sin riesgos de ser víctimas de diferentes presiones de la violencia en los espacios urbanos.
Es en este sentido en que nos interesa trabajar una lectura de la multiplicación de casos de detenciones arbitrarias que sufre en particular la población joven de los barrios periféricos de la ciudad de Córdoba a través de la aplicación del Código de Faltas; sobre todo, a través del uso de la figura del merodeo, que constituye un 78% de las detenciones por contravenciones.
La aplicación de esta figura del Código de Faltas de la mano de la política de seguridad del Gobierno de la Provincia de Córdoba genera mayor cantidad de arrestos y privaciones de libertad que las detenciones por la imputación de delitos.
El antecedente inmediato es la Ley 6392, de 1980, dictada durante el gobierno de facto del Gral. de Brigada Adolfo Sigwald, en consulta con el entonces Ministro del Interior Gral. Albano Harguindegui. En particular, la figura del merodeo se establece en la ley provincial Nº 7462 del año 1987, como artículo 45 bis y encuentra su antecedente más remoto en un edicto policial dictado el 28 de enero de 1869 por el jefe de la Policía de Córdoba.
En los casos de aplicación del Código de Faltas provincial, la policía es la encargada tanto de efectuar la detención como de investigar, acusar, y juzgar la falta cometida. Esta facultad policial, constituye un importante dispositivo de control, ya que «en los hechos es el poder policial el que maneja y gestiona la (in)seguridad ciudadana (Ferrajoli, 1989) y no como se cree, esa institución subordinada a la Justicia» . Con esta práctica se desconoce un principio básico del Estado de Derecho, ya que al recaer sobre la misma persona e institución la potestad de acusar y juzgar, desaparece la división de funciones que se establece como una garantía para el ciudadano y como un límite para el ejercicio de poder por parte de los funcionarios.
Nos interesa destacar que las conductas tipificadas en el citado Código son sumamente difusas, vagas e imprecisas sin que se detalle en forma clara y precisa la acción ilícita, es decir, el daño concreto provocado. Esto implica una violación al principio de legalidad que exige una descripción precisa de las conductas que la ley prohíbe. La mayoría de las mismas se focalizan en la descripción de condiciones de vida de las personas, tales como la «vagancia», la «mendicidad», «la prostitución» o normas de civilidad tales como desórdenes en la vía pública, o falta de respeto a las mujeres .
De este modo, la aplicación de las normas contravencionales constituye en la práctica el ejercicio de una política de control, selectiva y arbitraria en manos de la agencia policial, de la mano de una política de seguridad represiva pensada y puesta en práctica desde la redacción misma del Código de Faltas y sus posteriores modificaciones. Cabe señalar que la última modificación fue realizada por pedido del Gobernador De la Sota, y prevé entre otras cosas, que la pena de arresto pueda extenderse hasta 90 días en algunos casos, ampliando el límite legal de detenciones por contraven- ciones.
Observaciones sobre el Código de Faltas de la Provincia de Córdoba.
En el Código de Faltas se encuentran vulnerados principios y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución, tanto Nacional como Provincial, así como en los tratados internacionales de Derechos Humanos.
– La inconstitucionalidad surge de la violación de las garantías básicas de la Constitución nacional previstas en el Art 18: privación de la libertad sólo con orden judicial, inviolabilidad de la defensa en juicio, condena de privación de libertad sólo como consecuencia de un juicio previo regular y legal con la intervención de un juez.
– El procedimiento Contravencional mutila la acción de la Justicia en el proceso de detención de una persona, ya que otorga al Jefe de Policía la autoridad de «dictar sentencia» contra un presunto contraventor y sólo interviene la justicia en el caso en que el detenido «conozca su derecho» a apelar ante el juez de faltas, para lo cual tiene un exiguo plazo de 48 horas. a quien no otorga el recurso de apelación a la Justicia.
– El Código de Faltas plantea una Justicia Contravencional que reproduce la lógica de la Justicia Penal, con la diferencia de que es implementada por personal policial sin ninguna formación jurídica. Así, su única respuesta es la sanción punitiva centrada en el arresto, cuando se supone que se caracteriza por ser una sanción que debe ser aplicada como último recurso o de estricta necesidad, recurriendo a este tipo de pena de manera discrecional e ilimitada.
– La prueba que demuestra la falta se limita por lo general a las declaraciones de los propios agentes que realizaron la deten-ción. Estas declaraciones debe-rían valorarse con particular cui-dado ya que los policías están obligados, en su propio interés, a justificar su conducta.
De este modo, el supuesto contraventor se enfrenta a un poder total que lo detiene, declara y reúne la prueba en su contra, sostiene la acusación y establece la pena. La suma de las funciones de acusar y juzgar en un mismo órgano vulnera de manera flagrante los princi-pios constitucionales de independencia e imparcialidad y viola, por ende, el derecho del contraventor de obtener una sentencia justa.
En particular, en lo que hace a la figura de merodeo, es necesario destacar que:
– La incorporación de una presunción de sospecha delictiva que autorice la intervención policial por un supuesto «estado de peligrosidad» del contraventor contradice la propia Constitución Nacional y diferentes Tratados Internacionales.
– A diferencia de lo que sucede en nuestro Código de Faltas, el comportamiento punible debe estar perfectamente determinado en forma previa y de manera válida general, de manera que la sanción no quede sólo en el arbitrio de los agentes estatales.
– El merodeo sin motivo -esto es, el simple ejercicio del derecho a la libertad ambulatoria- se plantea en los siguientes términos: «en forma susceptible de causar alarma o inquietud a quienes estuvieren en esos lugares» .
– Una característica común de muchas de las figuras contravenciones de la que el merodeo es ejemplificadora, consiste en sancionar compor-tamientos no por el peligro o daño que el comportamiento acarrea en sí mismo, sino por la impresión -el juicio subjetivo- que el comportamiento provoca en terceras personas.
La política policial: engrosar las estadísticas.
En una provincia en la que existe una estructura policial específicamente destinada a la vigilancia de las zonas más pobres y de menor acceso a derechos básicos, como el Comando de Acción Preventiva de la provincia de Córdoba, los términos en que se encuentra redactado el Código de Faltas constituye una herramienta eficaz. Tal como lo establece la Doctrina de Tolerancia Cero, se pretende generar una sensación tranquilidad, seguridad e imagen de orden para las clases medias y altas a través de la violación de derechos básicos de los sectores más desprotegidos de la población. Por ello mismo, cabe preguntarse de qué seguridad hablamos cuando gran parte de los ciudadanos de esta provincia se sienten amenazados por la aplicación de una normativa legal que permite seleccionar arbitrariamente quiénes pueden ser detenidos sin motivo fundado. En este sentido, es posible hablar de la traducción concreta de la Doctrina de Tolerancia O: «En la fuerza te van adoctrinando: por ser morocho y vivir en un barrio son potencialmente delincuentes. Hay mucho de portación de rostro: es la franja más débil y la más fácil de apremiar con detenciones», admitió, de manera inaudita, Jorge, un suboficial del Comando de Acción Preventiva (CAP) . Por otra parte, también en declaraciones realizadas al mismo diario, otro de los policías afirmó «pide cinco detenidos todos los días, menos el sábado que quiere siete y los martes baja por es un dia «colados». Entonces vos el domingo a la mañana le llenás la patrulla, pero son chicos que vienen de bailar», en relación a las órdenes del Comisario del Precinto 3.
A modo de cierre.
Durante el año 2004, en la ciudad de Córdoba se realizaron 5.201 detenciones por aplicación del Código de Faltas, frente a 909 realizadas por imputaciones por hechos delictivos. Durante los primeros 6 meses del año 2005, las detenciones por contravenciones en los 5 distritos en que está dividida la ciudad fueron 8.968. Es decir que sólo en la primer mitad del año, casi se duplicaron las detenciones de todo el año anterior.
La multiplicación de las detenciones por contravenciones, el altísimo porcentaje de detenciones aplicando la figura del merodeo y las confirmaciones policiales de las órdenes de detener arbitra-riamente en función de llenar cupos diarios de detenciones como indicador de eficacia, constituyen una preocu-pación central de muchas de las organizaciones sociales, en particular, aquellas que trabajan con jóvenes de los barrios pobres de la ciudad de Córdoba.
Una política de seguridad que profundiza la exclusión, que se sostiene en una herramienta legal que viola garantías constitucionales básicas, que circuns-cribe la noción de seguridad a la defensa social contra el delito fundada en la violación de derechos de los sectores económicamente más desfavorecidos constituye una situación de violencia institucional permanente. Si a esto le sumamos que a quienes «se les pintan los dedos» se les disminuye aún más sus posibilidades de ingreso al mercado laboral (ya que las contravenciones aparecen en los certificados de buena conducta que emite la policía), la situación que describimos constituye una problemática que requiere del debate público y de medidas que tiendan a disminuir la discrecionalidad del aparato represivo estatal.
Contacto
Comisión Intersectorial de Observación y Seguimiento de la Situación Carcelaria en Córdoba
Casa del Liberado: 0351-4577205 / 155920620/ 155394147/ 155936616
Dr. Gustavo Cosacov, gcosacov@dcc.com.ar;
Dr. Jorge Perano, jorgeperano@hotmail.com
Prof. Mirta Antonelli, coordinadora mantonel@ffyh.unc.edu.ar

#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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#NiUnaMás

Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

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Hebe en la plaza: jueves de ceniza

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Cinco de las seis integrantes vivas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con sus pañuelos blancos, inclinadas hacia el césped y cubiertas por paraguas que oficiaban como sombrillas ante los 31º de calor, enterraron este jueves las cenizas de Hebe de Bonafini junto a la Pirámide de Mayo en su cara norte, la que exhibe el Escudo Nacional.

Mujeres cuyos nombres casi no se conocen fuera de la Asociación: Visitación de Loyola, Josefa de Fiore, Irene de Chueque (de la filial Tucumán), Sara Mrad y Carmen Arias. No pudo llegar, desde Mendoza, María Domínguez.

Alrededor del enrejado había una multitud tal vez inesperada que ocupó abigarradamente gran parte del lugar. Su canto recurrente fue el histórico: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”. Revoloteando cerca de la pirámide como moscardones con hélices había al menos unos ocho drones tomando imágenes del entierro de las cenizas de Hebe.

Luego las Madres (dos de ellas en silla de ruedas) fueron llevadas en una camioneta hacia un costado, se bajaron, e iniciaron la ronda número 2.328, esta vez no alrededor de la Pirámide como cada jueves a las 15.30 sino de toda la Plaza.

Con tanta cantidad de gente la movida no fue muy organizada. Alguien diagnosticó, con cara de saber: “Mucho inorgánico, no tienen experiencia”.

Esa “falta de experiencia” se reflejaba en las lágrimas. En gritos como “gracias Hebe”. En gente muy humilde mezclándose con funcionarios y militantes, o refrescándose en las fuentes, según un linaje que proviene de ciertos octubres. Se percibía también en las miradas de asombro ante lo que ocurría alrededor. La inorganicidad fue justamente una de las cosas más emocionantes de esta marcha que no fue la fiesta que Hebe había propuesto: “El día que yo me muera no tienen que llorar, tienen que bailar, tienen que cantar, hacer una fiesta en la plaza». Tal vez quede para más adelante.

Sobre las rejas había carteles escritos a mano como “Gracias Hebe” y “Amor con amor se paga”. Otra canción histórica: “Olé olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. En un segundo círculo alrededor de la Pirámide se veían las banderas de sindicatos y organizaciones sociales que acompañaron el acto.

Las Madres hablaron luego, muy brevemente, agradeciendo a Hebe por todo lo hecho.

Carmen contó: «Una vez le dije: ‘yo no soy Hebe’, y ella me contestó: ‘claro, vos tenés que ser Carmen'». Visitación (la mayor del grupo, 98 años) dijo: «Hebe me jugó sucio. Yo era la que tenía que irme primero. Pero bueno, los quiero mucho» dijo a la multitud.

Del otro lado de la plaza había otra Madre, de la Línea Fundadora, Nora Cortiñas. Ambas partes de Madres (la Asociación y Línea Fundadora) quedaron acérrimamente separadas desde fines de los 80. Nora, emblema histórico de la causa de los derechos humanos pasados y presentes, fue la única integrante de Línea Fundadora este jueves, y leyó como siempre los nombres de varios de los desaparecidos recibiendo la clásica respuesta, «Presente», antes de retirarse.

El lugar (donde se ve la sombra) en el que se enterraron las cenizas de Hebe de Bonafini. Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

¿A dónde habrá ido Hebe?

Las cenizas –que quedaron bajo el césped junto a un rosario que le regaló el Papa Francisco– desenterraron un recuerdo de una charla de Hebe con lavaca. Era 2008. Su mirada era más clara y penetrante que nunca porque poco antes había dejado de usar lentes tras una operación de cataratas. Estábamos en su oficina, adelantó la cabeza sobre el escritorio como para contar un secreto y dijo:

–No le tengo miedo a la muerte porque ya hice todo lo que quise en mi vida. Me pasó de todo, pude putear, insultar y abrir la boca para cualquier cosa. Me pegan, y más fuerte pego.

En otra ocasión, como estaba haciendo sus programas en Radio de las Madres, explicó:

–Si un día de estos me voy, capaz que consigo algún mecanismo para hacer el programa desde arriba. O desde abajo, andá a saber a dónde me mandarán.

Después de decir esas cosas había dos reacciones de Hebe: una sonrisa entre inocente y cómplice, o una risotada sísmica.

Los que crean en asuntos del más allá soñarán con que Hebe de Bonafini haga su programa o cualquier otra cosa desde algún paraíso (de hecho allí la imaginaron los Curas en opción por los pobres al hablar durante el acto en la Plaza). En la grieta, habrá quienes crean que Hebe solo se merece hospedaje en los sótanos infernales, mientras ella se reía con esas cosas.

Como cunden toda clase de biografías, aquí van solo algunos apuntes a partir de las notas, entrevistas y experiencias de lavaca con ella, que tal vez brinden ciertas perspectivas y pistas sobre su forma de actuar, o que tal vez sean apenas un humilde e inorgánico intento de despedida.

La fuente de la Plaza de Mayo. Jueves 24 de noviembre, con el linaje de antiguos octubres. Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

La oficina en la plaza

Hebe invitó a lavaca, también en 2008, a la primera visita que las Madres hicieron al Liceo Naval de la Ex Esma, que les fue cedido por el Estado. “Ahora estamos acá, y vamos a llenar esto de vida. No vamos a poner un museo. Para museo estamos nosotras que somo viejas. Acá vamos a poner un centro cultural para que haya creación vida (así nacía el Espacio Cultural Nuestros Hijos-ECuNHi). Pero llegamos a esto por más de 30 años de lucha en la calle. Ése es el verdadero lugar”.

¿Por qué la calle es el verdadero lugar? “Porque la calle te iguala, es lo más liberador. La calle, la plaza, hacer las cosas públicas”.

Brindó entonces lo que puede tomarse como una explicación de por qué se crearon las Madres como organización autónoma en 1977, en lugar de incorporarse a organismos ya existentes:

“Nosotras íbamos a los organismos de derechos humanos, y había que esperar que te atendieran. Te atendían, y había un escritorio en el medio. En la plaza no había que esperar a nadie: te tomabas de los brazos y empezabas a caminar. O hablabas. O pensábamos juntas qué hacer, y lo hacíamos. Empezó lo colectivo. Era el único lugar donde nos sentíamos iguales, y libres. Allí pudimos comunicarnos con la gente, pudimos denunciar”.

No hubieran podido alquilar una oficina, ni pensaron en hacerlo. La oficina era la plaza, y al proponerle esa imagen, ella dijo: “En la plaza no hay puerta para entrar ni para salir, como hay en las oficinas, en los comités y en los juzgados. En la plaza no hay timbre para tocar. Y el techo es el cielo: no tenés techo. Todo lo que ponés es tu cuerpo. Para mí en la calle se decide la lucha, se decide la libertad, se decide la justicia. Ningún pueblo se libera yendo a las oficinas ni a los tribunales”.

¿La calle es el lugar de la democracia?

Respuesta en modo Hebe: “¿De qué democracia hablamos? Yo me hago buches con esa palabra. Si hablamos de democracia participativa, de que la gente sea feliz, de que no haya ni un chico con hambre, entiendo. Pero mientras sea un sistema representativo, no es democracia. A mí no me representan tipos como Balestrini (Alberto, entonces diputado y dirigente del PJ bonaerense, ya fallecido), ni los que están en el Congreso, que sigue siendo una porquería”.

Las Madres en ronda alrededor de la Plaza . Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.


¿Por qué no los padres?

Aquella vez Hebe se declaró hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. Su marido, Humberto Toto Bonafini era mecánico y llegó a jugar de wing izquierdo en la tercera división de ese club. “Muy gambeteador. Yo lavaba las camisetas, y él me ayudaba con los chicos, y lavaba los pañales”. Los  pañales blancos de tela, cuando no existían los descartables, serían luego el primer símbolo que las Madres usaron para reconocerse en la calle, entre la multitud, en una movilización juvenil a Luján en octubre de 1977.

“Azucena (Villaflor de Devincenti) y Esther (Ballestrino de Careaga) no los querían usar, decían que parecíamos monjas, pero al final los pañuelos quedaron”. Se convirtieron en uno de los grandes símbolos de los derechos humanos en el siglo 20. Azucena había fundado Madres. Ella y Esther junto a Mary Ponce de Bianco fueron las tres madres desaparecidas en diciembre de 1977 en el operativo de la Iglesia de la Santa Cruz, que incluyó a las monjas francesas Alice Domon, Leonie Duquet y a siete familiares más, grupo infiltrado por el marino Alfredo Astiz que se hizo pasar por hermano de un desaparecido. (Muchos cuerpos sin identificación comenzaron a aparecer más tarde en las costas de San Clemente y Santa Teresita, y fueron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. En 2005 el Equipo de Antropología Forense determinó que uno de esos restos era de Azucena. Sus cenizas fueron enterradas también al pie de la Pirámide de Mayo).  

Al hablarme Hebe de su marido, le pregunté por el rol de los hombres, los padres: “Los padres tuvieron miedo, algunos acompañaron y otros no. Mi marido era un hombre que tenía mucho miedo. Encima recibíamos amenazas. Así que ellos quedaban como el resguardo de la familia sin intervenir. Pero yo no tenía miedo”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

La mesa de luz y el miedo

¿Cómo fue el trayecto de Madres? Dos indicios según Hebe: “Primero, hay que tener ideas. Y aparte, romper las bolas. Y juntarse con otros. Lo más importante es ser creativas. Yo tengo un cuaderno en la mesa de luz. Me despierto si se me ocurre algo y lo anoto para que no se me escapen las ideas. Además, lo fundamental es que uno sea dueño de su propia forma de lucha, que le dé un carácter diferente y colectivo. Nosotras de la nada salimos a enfrentar a la dictadura. Creamos una nueva forma de política y de presentarnos ante la sociedad. ¿Qué había que hacer, llorar todo el tiempo? No, lo que más te fortalece es la denuncia. Y superar el miedo”.
Fácil de decir, pero ¿cómo se supera el miedo? “Las mujeres conocemos en carne propia otro miedo, el de parir. Es un miedo no por una misma, sino por el bebé, que te obliga a moverte, hacer fuerza, pujar. Esto fue lo mismo”.

“No pensás en vos, ni en quedarte quietita, pensás que tenés que hacer fuerza para que el bebé nazca y sea sano. Pero además, se llevan a tu hijo ¿Hay algo peor, más horrible? ¿A qué le vas a tener miedo? Así que nada: hay que seguir”.

Mostrando una foto en la que se la ve en 1982 en la calle, con una canasta de mimbre (y todavía con anteojos), acorralada por caballo y policía de la Montada, Hebe comentaba: “En la canasta llevaba el pañuelo, y una bombacha por si caía presa. También llevaba cepillo de dientes, calzoncillos y remeras por si encontraba a mis hijos, para que pudieran cambiarse de ropa. Éramos ingenuas, pero nunca dejamos de buscar”.

Pese a esa ingenuidad (o gracias a ella) se estaba creando una nueva forma de hacer política y hasta comunicación: se mantuvo viva la denuncia en plena dictadura, Mundial 78, Guerra de Malvinas, leyes de perdón, indultos y tantos etcéteras convirtiendo al país en un símbolo de la posibilidad de hacer justicia, pese a todo.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca

La máquina de joder


A fines de los 80, queda dicho, las Madres se separaron. Asociación por un lado, Línea fundadora por otro.

En 2001 se instalaron en la plaza el 20 de diciembre cuando el gobierno de De la Rúa solo parecía reaccionar con represión y asesinatos a la crisis que él mismo había desatado. La represión a las Madres (que andaban trompeándose con los caballos de la policía y que fueron golpeadas con el entusiasmo que caracteriza a las autopercibidas «fuerzas del orden») es uno de los hechos que también simbolizaron el contenido real del gobierno -por así llamarlo- de la Alianza.

Ya en 2003 la Asociación (en cuyas marchas se cantaba La Internacional cada jueves) dio un viraje al oficialismo por primera vez en su historia, con Néstor Kirchner como presidente.

Hebe contaba a lavaca: “Me la pasé diciendo que Menem, Duhalde y Kirchner eran la misma mierda. Y después tuve que ir a decirle: «Señor presidente, me equivoqué, yo dije que usted es la misma mierda que los otros pero no: usted es totalmente distinto». Y se lo reconocí así, sinceramente. Las Madres somos muy libres para decir lo que pensamos”.

El oficialismo se extendió a Cristina pese a que Hebe había considerado al peronismo como fascista (mote que le había endilgado también a Kirchner). Pero decía en 2009: “Apoyamos a Cristina, que es una mina con mucha personalidad. Pero yo no soy peronista, ni kirchnerista ni nada de eso. Para mí el peronismo siempre fue el fascismo. Sabía que había peronistas de izquierda pero creía que los habían matado a todos. Ahora me parece que puedo apoyar un proyecto al que habrá que seguir exigiéndole. Yo no pido nada para mí. No fui a pedirle a Kirchner la radio. La puse. Y este lugar lo ocupamos hace nueve años peleando con todo el mundo. Hasta la calesita de Congreso se la arrancamos a Ibarra (Aníbal, ex intendente porteño). Primero hacemos, y después pedimos permiso. Mirá, a nuestros hijos los tiraron vivos al río, y no pudieron. Los quemaron y no pudieron. Los enterraron y no pudieron. Y no pudieron porque estamos nosotros y vamos a vencer”.
¿De qué modo? “Haciendo. Haciendo: yo me convertí en la máquina de joder”.


En 2003 fueron detenidos en General Mosconi, Salta, varios integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) formada por ex trabajadores del petróleo que estuvieron entre los primeros piqueteros del país y que además de defender el trabajo, fueron pioneros también en la defensa de la naturaleza y el ambiente amenazados ya entonces por las desforestaciones para ampliar los cultivos de soja transgénica. La situación carcelaria y los abusos policiales hacia los integrantes de la UTD eran desesperantes.

Hebe dijo: “Yo si querés hablo con el diablo. Vos conseguime el teléfono”. Habló efectivamente con el gobernador Carlos Juárez (y no se sabe si con alguien más dentro del oficialismo) y eso colaboró en la liberación de los presos de Mosconi. También recuerdo en los primeros días de 2006 su llamado: “Hay gente que me viene a ver, es terrible, nadie los escucha, nadie los recibe, te pido que hables con ellos”. Se refería a los familiares de las víctimas de Cromañón, el boliche incendiado el 30 de diciembre de 2005 con un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 heridos. En esa tragedia, como en tantas del país, los oficialismos porteño y nacional fueron mucho más gambeteadores que Toto cuando jugaba al fútbol.

Hebe fue también pionera en el reconocimiento y el abrazo al universo trans, colaborando en abrir la posibilidad de la cooperativa textil Nadia Echazú, un modo de brindar trabajo a ese colectivo. O acompañó resistencias como la de la fábrica de cerámicos Zanon en Neuquén, viajando especialmente a la provincia para acompañar la ocupación de la fábrica que finalmente pudo volver a funcionar en manos de sus trabajadores.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Madres sin madres

¿Cómo imaginaba Hebe a la Asociación cuando ya no hubiera madres vivas? Respuesta de 2008: “La última madre que quede viva estará acá mirando lo que pasa. Y después… será de todos. Sergio (Shocklender) es el alma mater. ¿Sabés qué veo más complicado? Que sigan las rondas en la Plaza. Eso va a ser lo más difícil de conservar”. Tenía en su despacho en aquel momento fotos de Shocklender con su hijo Alejandro (“Mi hijo y mi nieto” dijo señalándolos) además de un busto del Che Guevara, pañuelo blanco y negro palestino, fotos de su hija Alejandra, de Hugo Chávez, Fidel Castro y Néstor Kirchner.

Confieso que la respuesta sobre Shocklender como «alma máter» de Madres me dio miedo, reacción que luego se vería confirmada por el desastre alrededor del proyecto de viviendas “Sueños compartidos” y los escándalos judiciales por los cuales los hermanos Sergio y Pablo Shocklender y Hebe terminaron en infinitas batallas judiciales alrededor de un dinero también desaparecido y una situación que ella definió como «traición». También llegó más tarde su amistad y apoyo público al general César Milani, sospechado, acusado y finalmente absuelto por casos de desapariciones durante la dictadura en un caso como el del soldado Alberto Agapito Ledo, absolución que los organismos de derechos humanos y la familia siguen considerando como parte del universo de la impunidad.  

Ese acercamiento al poder y al Estado fue parte de lo que ella quiso que ocurriese con Madres. Cuando le planteamos que la actitud de las organizaciones de derechos humanos frente al Estado tendría que ser, por lógica, de autonomía, ella respondió: “Pero por eso mismo siempre dije que no somos un organismo de derechos humanos, sino una organización política sin partido. Eso nos da libertad. Por eso no vamos a los juicios ni nada de eso. Que lo hagan los abogados. Entre concentrarme en meter presos a los militares, o en evitar que un solo chico tenga hambre, no dudo: salvo al chico”. Otro argumento: «Es «mucho más preocupante que un pibe se prostituya, que si sueltan a Etchecolatz o lo condenan. Me importa un culo eso» decía entonces en referencia a Miguel Etchecolatz, ex comisario de la bonaerense y mano de obra barata del general Ramón Camps en tiempos de la dictadura.
Pero a la vez razonaba Hebe: “Nosotras no estamos en el Estado, y nunca vamos a dejar la plaza ni la calle. La lucha es desde afuera agrupándonos y haciéndonos fuertes. Eso te da libertad. Los que se meten en el Estado terminan entrando en la lógica del sistema que queremos combatir”.

La cuestión social la ponía en una sintonía totalmente diferente y era lo que le justificaba haberse lanzado incluso a la construcción de viviendas populares. Contó una vez que había llorado al escuchar a una mujer que le reconoció que robaba, y que le había enseñado a sus hijos a robar. “Me dijo: ‘ahora no robo, porque trabajo para hacer las casas’. ¿Sabés qué? Estas personas ya no sabían lo que era la belleza. La belleza de un color, de las plantas. Tenemos que salir de toda esa mierda. Una chiquita de 11 años me contó que fumaba paco desde los 9, y la mamá también. Como la madre trabaja, ella volvió a estudiar, y no fuman más. Está aprendiendo danza árabe. Si lo que hacemos vale para eso, es un montón”.

Un relato sobre sus miedos: “Para mí la democracia es igualdad. Y mientras yo pase por una esquina y vea a los pibes comiendo las basuras que tiran de una casa o un restaurante, para mí la democracia no sirve para una mierda. ¿Vos sabés que yo a los chicos de la calle, a los cartoneros, no les pregunto nada nunca? Pero no porque no me animo, sino porque le tengo miedo a la respuesta”.

¿Qué imagina? “Qué sé yo. A veces, a la noche, pasaba y los saludaba. La gente los esquiva, esconden la cartera. Pero los cartoneros son más buenos que nosotros. Entonces les decía: ‘qué tal, buenas noches’. Y uno un día me dijo: ‘buenas noches para usted que va a dormir en una cama, para mí no, porque me voy a cagar de frío’. Me quedé dura. Por eso nunca les pregunto nada. Le tengo miedo a la respuesta”.

En uno de esos intercambios en su oficina, de pronto se escucharon voces y risas desde la cocina. Allí estaban las otras madres. Siempre se podrá hablar de su valor, de su capacidad de movilización, de su creatividad.

Pero aquella vez Hebe me señaló otra cosa, que hoy recuerdo mirando el césped donde están sus cenizas, rodeadas de gente inorgánica y falta de experiencia, de drones, de banderas, de algunos funcionarios y de enigmas que llevará muchos jueves revelar.    

“¿Sabés qué fue lo que nos mantuvo fuertes siempre? Eso que escuchás: la alegría. Pese a los crímenes y pese al miedo y pese a todo. La alegría. Si no, te morís”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.
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