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Causas armadas. Caso testigo: Gabriel Roser

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Gabriel Alejandro Roser es un militante popular, responsable de un comedor comunitario que funcionaba en su propio domicilio, en la zona de Tolosa, en una de las tantas barriadas pobres de la ciudad de La Plata; hasta el momento de su detención, era el encargado a nivel nacional del área de seguridad del Movimiento de Unidad Popular. Tiene veintiséis años, y estuvo detenido durante un año y siete meses en la Unidad Penal de Magdalena por ser imputado en una causa armada por personal policial de la comisaría sexta de Tolosa, y convalidada por el Agente Fiscal Marcelo Eduardo Martini a cargo de la UFI 3 y el titular del Juzgado de Garantías nro 3 Néstor de Aspro en la IPP N° 20743.
El 24 de abril de 2004, el comerciante y funcionario policial Marcelo Rodolfo Toni y otras dos personas, resultaron víctimas de un robo a mano armada que se consumó en autoservicio propiedad del mencionado, y del que participaron al menos tres personas, quienes se apoderaron ilegítimamente de dos relojes pulsera, dos aparatos de telefonía celular, y la suma de ochocientos noventa pesos.
Inmediatamente de cometido tal delito, el mismo Marcelo Rodolfo Toni, sale tras los autores del hecho a bordo de un vehículo propiedad de su amigo y también damnificado por el delito Diego Hernan Casagna. Mientras dicho seguimiento se producía, comunica lo ocurrido a sus camaradas de la seccional sexta de policía de Tolosa, quienes se suman a la persecución, hasta que los sospechosos lograron darse a la fuga.
Luego de ello, tanto Toni como su amigo Casagna se trasladan a la comisaría sexta de Tolosa a fin de participar en las diligencias de rigor. Esto es, suscribir el acta de procedimiento y prestar declaración testimonial. En esa ocasión el comerciante y funcionario policial Marcelo Rodolfo Toni todo lo que afirma es «…que los malvivientes que perpetraron el delito resultan a simple vista (…) mayores de edad, uno de ellos (…) de aproximadamente 1.75 de estatura, de tez trigueña, de cabellos crespos de color oscuro, ondulados y cortos, cara redonda de contextura física mediana, y el restante (…) de alrededor de 1.60 de estatura, de tez trigueña, cabellos cortos oscuros, de contextura física delgada (…) A preguntas refiere que se halla en condiciones de realizar un dictado de rostro de los dos malvivientes que perpetraron el ilícito y con relación al tercer sujeto manifiesta que observó su rostro…» (fs. 1/3, y 8 y vta.).
Dos días más tarde, es decir el 26/04/04, ante el Fiscal Martini, Toni no solo aporta la identidad de los presuntos autores, a quienes identifica como Timoteo de unos 22 o 23 años, Rossi (por Roser) de 25 aproximadamente y un tercero apodado «El Chino» de 30 años o algo menos. Sino que llamativamente y para dar razón de sus dichos, afirma que conocía a los mismos de tiempo antes, por haber actuado respecto de ellos en su condición de funcionario policíal de la comisaría 6ta. de Tolosa, y porque éstas personas además habían cometido en reiteradas oportunidades -cuatro- delitos contra la propiedad que lo habían tenido como damnificado. Esta declaración fue completada por los compañeros del testigo, y así se tuvo, que Rossi era Roser, y Timoteo un menor de edad.
Dicho paquete de pescado podrido fue gustosamente adquirido y convalidado tanto por el Fiscal Martini, quien no indagó de que forma Toni y los restantes damnificados habían llegado a adquirir esa información incongruente con sus primeras declaraciones en la comisaría, como por el Juez de Aspro, quien ordenó el allanamiento a la vivienda de Gabriel y posteriormente hizo lugar al pedido de prisión preventiva.
Desde la primera oportunidad, Roser declaró y afirmó su inocencia, e ingenuamente y en la creencia de que se trataba de un malentendido, solicitó que se lo exponga en una rueda de reconocimiento. Diligencia que fue cumplida por Toni y su amigo Casagna, no sin hacer ostentación del impune manoseo con el cual podía incorporar lo que desease en el expediente, conciente de que la suerte de Gabriel estaba echada (fs.92/93). Más aún cuando Marcelo Rodoldo Toni, en una verdadera profecía de autocumplimiento y como tributo al olfato policial de sus compañeros, señaló la fotografía de Gabriel que meses antes (1) había sido incorporada al álbum de sospechosos de la comisaría 6ta. (fs. 48).
Así, primero negó haber visto la fotografía que oportunamente se le había exbibido, y por cuyo reconocimiento Gabriel había sido detenido. Luego, como la contextura física de Gabriel es robusta, y no mediana como afirmara Toni desde un principio, en relación a uno de los autores del hecho, la modificó para así ajustarla a sus características Asimismo, como junto a Gabriel quiso involucrar a Timoteo, y éste resultó menor de edad, no tuvo ningún empacho en sostener que uno de los autores era de contextura chica y no llegaba a los dieciocho años. No obstante haber afirmado desde un principio, que a simple vista quienes habían intervenido en el hecho eran mayores de edad.Por último, al señalar a Gabriel agregó un nuevo dato, ahora lo conocía por la zona donde vivía.
Teniendo en cuenta lo relatado nos preguntábamos al momento de tomar la defensa técnica ¿es lógico creer que quien ha sido damnificado por un ilícito en el cual se lo habría desapoderado de diversos bienes, constándole previo a prestar su primer declaración, la identidad y zona de residencia de los autores del mismo, frustre el esclarecimiento del hecho y con ello la posibilidad de recuperar los bienes de los que fuera desapoderado, aportando solo la descripción física, sexo, edad estimada, vestimenta y refiera estar en condiciones del realizar un dictado de rostro? Más aún, si tenemos presente que el testigo, reviste la calidad de funcionario policial, mal podrá argumentarse que Marcelo Rodolfo Toni se sintió intimidado, incómodo, inhibido o mal tratado en dicha seccional policial, y dijo ante el Agente Fiscal lo no dicho por tales motivos antes a sus compañeros. O que sus compañeros no hicieron constar, lo que si hizo constar el Agente Fiscal. Pensábamos también en los propios dichos de Toni, cuando al momento de prestar declaración ante el Fiscal Martini, ratificaba su declaración anterior y decía impunemente lo que se le venía en gana, sin siquiera hacer una aclaración, aclaración que por cierto tampoco le fue requerida cuando esto último hubiera correspondido, no solo porque el curso natural y ordinario de las cosas así lo hubiera aconsejado, sino porque las normas que regulan la actividad de los representantes del Ministerio Público lo imponen (art. 56 del CPP, art. 54 Ley 12061).-
Es más, el Fiscal Martini debería haberle requerido aporte datos sobre los hechos previos a los que hizo referencia, cuándo fueron cometidos, quiénes fueron los damnificados, los testigos, los bienes ilegítimamente desapoderados, si los mismos fueron denunciados tomar vista de tales investigaciones. Pero nada de eso se hizo y ello no es casual. Puede constatarse en el sistema informático de Mesa General de Entradas de Fiscalía de Cámaras y Garantías de La Plata, que el señor Toni no reviste el carácter de denunciante/víctima/damnificado en ninguna otra investigación, como tampoco Gabriel Alejandro Roser el carácter de imputado.
Todas estas irregularidades quedarían palpablemente evidenciadas durante el debate oral.
El Juicio Oral.
El día 29 de Noviembre de 2005 comenzó el juicio oral contra Gabriel Roser por ante el Tribunal Oral Criminal N° 2 integrado por los jueces Torrisi, Bernard y Doménech, estando a cargo de la acusación el fiscal Jorge Betini. Durante las jornadas de debate y a medida que se fueron sucediendo las declaraciones, comenzaron a eviden-iarse las contradicciones y los manejos arbitrarios de los funcionarios policiales que intervinieron en el procedimiento en el cual fuera implicado Roser.
Esclarecedora fue la declaración de Marcelo Toni, quién no solo no pudo explicar la forma en la cual pudo individualizar a los autores del hecho, siendo que en su primera declaración en la comisaría solo había aportado datos fisonómicos, para aportarlos luego en la fiscalía, sino que también elaboró una absurda historia en la cual refirió que con posterioridad a haberse producido el hecho y antes de declarar en la comisaría se dedico a buscar por el barrio datos que le permitieran dar con los autores del hecho y que fue así que finalmente dio con los datos de Rosi, Timoteo y El Chino. La elucubración no tuvo otro objetivo que el de ocultar lo que, de sus propios dichos, surgía como evidente: la foto que a Roser le sacaron en la Comisaría 6ta ya le había sido exhibida, los datos ya habían sido aportados por sus colegas de la bonaerense y el armado de la causa comenzaba a gestarse. Como quien esconde algo que sabe irregular, Toni al ser preguntado sobre si le habían sido exhibidas fotografías con anterioridad al reconocimiento en rueda de personas, manifiesta en forma rotunda que no, pero momentos después, al serle exhibida el acta de fs 28 incorporada por lectura, en la cual consta la exhibición de los libros de modus operandi (2) en la comisaría, no tuvo más opción que reconocer su firma y expresar que, ahora si recordaba y que los mismos le fueron exhibidos previamente a realizar la diligencia del reconocimiento en rueda. En conclusión, Toni no pudo explicar si el ingreso de Roser en la causa había sido por los elementos recabados en sus investi-gaciones personales (comentarios de personas que ni siquiera pudo individualizar y que referían que Roser se juntaba en una esquina con quienes le habían robado) o por el recuerdo de las características fisonómicas. Lo único que quedó demostrado por los propios dichos de Toni es que previamente a realizar el reconocimiento en rueda de personas, vio las fotos en el álbum de modus operandi, y que esto fue lo que con posterioridad le permitió indivi- dualizar a Roser.
En lo que respecta a Diego Hernán Casaña, otra de las víctimas del hecho y amigo de Toni, su relato, que comenzó siendo puntual y prolijo, se desmoronó al momento en que quiso ocultar lo inocultable, que es que él también había visto el libro de modus operandi junto con Toni. En tal sentido al ser indagado sobre si había visto álbumes fotográficos antes del reconocimiento en rueda, manifestó que los había visto después de la diligencia de reconocimiento en rueda y que él y Toni habían ido en días distintos a realizar tal diligencia. Luego ante preguntas formuladas comenzaría a contradecirse para terminar diciendo que fueron al reconocimiento del álbum fotográfico el mismo día solo que él fue a la tarde. Este dato puntual permitió evidenciar que tanto Toni como Casaña vieron la foto antes del reconocimiento en rueda de personas y que fue esto lo que les permitió identificar a Roser en dicha diligencia.
Finalmente culminó su declaración con idos acto fallidos, el primero al decir que Toni nunca le hablo de Rosi, dato que no es menor ya que es la forma en que Toni se refiere a Roser en su declaración ante el Fiscal, y el segundo al decir que no sabían que era Roser el que habían implicado en la causa.
Comentario aparte merecen los funcionarios policiales de la Comisaría Sexta. En primer lugar quienes en ese momento se desempeñaban como personal de calle, no pudieron verter datos que permitieran esclarecer como Gabriel Roser había llegado a la investigación, esto es, explicar de qué tareas investigativas surgió el nombre de Roser como uno de los autores del robo. La realidad es que lo que no podían decir es que el nombre estaba junto a la foto, que todos los datos fueron aportados por ese instrumento de estigmatización con que cuentan las comisarías de la provincia y que fue a partir de esos datos que comenzó a funcionar la maquina de armar causas.
Por otro lado, preguntados sobre cuales eran los criterios para detener a personas por averiguación de identidad, no dudaron en responder que se trata de criterios subjetivos, esto es la imagen que en el funcionario que procede genera la persona a detener. Así se dijo que la vestimenta, la cara, la forma de moverse, lo lugares de reunión, eran parámetros a tener en cuenta. Esto que solo parece un condimento, es trascendental ya que es reflejo de lo que constituye el conocido «olfato policial», ese olfato en el que comienza la maquinaria represiva del estado y que en la mayoría de los casos es la base del armado de causas.
Finalmente, en relación a la forma de llevar los libros de «Modus Operandi», fueron contestes en decir que son una herramienta habitual de las comisarías, que no tienen un orden sistemático que permita ubicar a personas de similares características (como necesariamente debe hacerse en un reconocimiento fotográfico), y que son manejados por el comisario de turno, es decir que es habitual que bases de datos de ciudadanos sean manejados al antojo de quien eventualmente sea titular de una dependencia policial. No es necesario aclarar los riesgos que esto implica y para muestra sobra un botón… la causa de Gabriel Roser (3)
El desistimiento de la acción:
Finalmente, al culminar la última jornada de debate oral, el fiscal de juicio, Jorge Betini, decidió desistir de la acción, argumentando que si bien no contaba con elementos suficientes que le permitieran corroborar que Roser era inocente, no contaba con elementos suficientes para sostener su acusación.
Lamentablemente no se pudo llegar a una sentencia absolutoria que diga lo que realmente surgió del debate: Roser fue víctima de la maquina policial-judicial de armar causas; los libros de «Modus Operandi» son una herramienta funda-mental para ese armado; la policía da arranque a la maquinaria y fiscales y jueces le inyectan el combustible necesario para seguir funcionando; la prisión preventiva es una pena antici-pada que viola elementales garantías constitucionales.
Conclusiones
La causa seguida a Gabriel Roser no es una causa más, no solo por tratarse de un militante y desprenderse la relación del caso con ciertas implicancias de un puntero del Partido Justicialista, sino y fundamentalmente, por evidenciar clara-mente el mecanismo perfectamente aceitado de armado de causas. Es el caso Roser, un claro registro del poder territorial de la policía bonaerense al momento de implicar a sujetos estigmatizados por su procedencia barrial, por su condición de pobre, joven y piquetero, y del criterio discrecional e impune con que manejan su conocido «olfato policial». También es un registro claro de sistemática convalidación de su accionar por parte de Fiscales y Jueces, evidenciando el menosprecio que el valor de la libertad humana representa. Finalmente es un testimonio del manejo arbitrario e ilegal que el estado provincial hace del instituto de la prisión preventiva, utilizando un medida cautelar como una verdadera pena anticipada… cabe recordar a los muertos en la Unidad 26 del Penal de Magdalena y preguntarse ¿cuál es la diferencia intrínseca entre los que allí murieron y Gabriel Roser?
NOTAS
1) En al menos dos oportunidades y con un mes de diferencia (25/02/04 y 19/3/04) Gabriel Roser fue detenido por averiguación de identidad por personal de calle de la Comisaría sexta de Tolosa (La Plata, Provincia de Buenos Aires). En una de esas oportunidades fue conducido junto a dos menores, no obstante contar con su Documento de Identidad y estar a dos cuadras de su casa, por averiguación de identidad a la mentada dependencia policial. En ese lugar fueron conducidos a un cuarto en la parte superior de la comisaría donde se le extrajo una fotografía… sería la foto que luego se ingresaría al libro de Modus Operandi.
2) El uso de álbumes fotográficos de sospechosos por parte de la Institución Policial Bonaerense, ha sido la forma inmemorial con la que los uniformados encargados de cumplir funciones de instrucción judicial se han relacionado con eso que todos conocemos como «delito».
Desde la creación de Policía de la Provincia de Buenos Aires, el 13 de Diciembre de 1880, ha sido una práctica habitual que ésta desarrolle actividades preventivas identificando a personas sospechosas, imputadas de la comisión de un delito o infracción penal a través de los denominados «Prontuarios»: suerte de legajo volcado de datos biográficos e historial de de pases del llamado delincuente
La actividad preventiva de «prontuariar» fue instalando así un imaginario propicio dentro de la Institución Policial, al punto de tornarse en la forma más común de encararse -de manera previa- todas las pesquisas que se iban desarrollando. Cabe decir, la galería de rostros en prontuarios era el marco acotado de posibilidades que tenía una Comisaría para investigar y/o controlar -no los delitos cometidos-, sino los delitos a cometerse por los que eran llamados «los famosos delincuentes de la zona»
En el año 1967, se sanciona un nuevo reglamento que legaliza el uso de Prontuarios en cada Comisaría para individualizar e identificar delincuentes «en hechos ilícitos perpetrados que se ignorase su autor». De este modo la reglamentación abría la puerta para que el personal policial saliera de la actividad prontuarial meramente preventiva, e ingresara de lleno en la escena de la actuación judicial, confeccionando sumarios penales a partir del cotejo de rostros fotografiados que se les enseñaban a las víctimas para que reconozcan la verdadera cara de quien los asaltó. Es a partir de este momento donde aparece la idea de Modus Operandi, concepto que en la jerga policial, viene a sustituir el de prontuario (preventivo) para devenir, como la palabra misma lo insinúa: el modo de proceder cotidiano de aquel personal policial afectado a la investigación; modo habitual de realizar tareas de pesquisa ante un hecho ilícito en el que se desconoce su posible autor.
Los Modus Operandi pasaron a ser carpetas numeradas en el ámbito de cada comisaría provincial, en la cual se registraban las fotografías que se iban tomando a todas las personas que, a criterio del comisario de turno, podrían llegar a ser pasibles de sospecha delictiva en un futuro.
Los instrumentos de recolección de imágenes, pasarían a ser: el hecho de haber quedado alguna vez detenido, la doble AA (detención por averiguación de antecedentes), la contravención, o la insólita situación de verse forzado a fotografiarse cuando alguien sólo acercaba a una comisaría para realizar un simple tramite administrativo. En ocasiones hasta un barrio entero podría llegar a estar fotografiado.
Aquí hay un dato fundamental a tener en cuenta, los rostros que colecciona en su armario un Comisario de turno, poseen si se quiere una característica común, una característica que escapa al mote de «delincuente». Esa característica es la pobreza, una pobreza puesta entre paréntesis y observable por peligrosa. Una colección de gente marginal en varios tomos, un bestiario que se amontona en las periferias. Un inventario de monstruos reunidos por letras.
Pero no habrá una sola «carpeta», en realidad habrá tantas «carpetas» como Comisarías haya. Las «carpetas» son territoriales. Cada Comisaría llevará su propio álbum de fotos de acuerdo a la reglamentación 2019/67, donde habrá de compilar las esfinges de la pobreza, afiliar a los «revoltosos» del barrio, a los menores hijos de esos pobres. Las carpetas Modus Operandi son una manera sutil de apresurarse a prejuzgar al otro por el sólo hecho de ser pobre, estar desocupado o ser un «negro».
Hoy en día, estas carpetas Modus Operandi, han llegado a conformar voluminosos libros con imágenes fotográficas de miles de ciudadanos que desconocen por completo los usos que se le da a su rostro, como así el riesgo que corren cada vez que son expuestos ante los ojos descarnados de las víctimas de cualquier ilícito, quienes en pro de dar con un culpable seguro, no pierden la oportunidad de apuntar con su dedo a diestra y siniestra (la mayoría de las veces con la sugestiva indicación policial), dejando a personas absoluta-mente inocentes libradas a la peor suerte judicial: una prisión preventiva que de seguro durará varios meses.
En el Fuero Penal Provincial, el Modus Operandi constituye en prueba de cargo suficiente para fundar prima facie la libre convicción de un juez de garantías respecto a la autoría y responsabilidad de un imputado. Poder Policial y Judicial inician el proceso de simpatía que convalidará toda esta actividad.
Pues no nos escapa que en un punto, las facultades discrecionales de la Policía en la Provincia en lo que hace a las carpetas de Modus Operandi, producen información esencial a administrar y justificar en el área judicial. Si el hecho exhibir fotografías de ciudadanos inocentes a las víctimas de un ilícito resulta un modo de convalidar el proceso en el que recae la sospecha policial (el olfato policial); también resulta el punto de partida para fraguar procesos judiciales.
De este modo, las carpetas de Modus Operandi dejan la puerta abierta para el «armado de causas», en cuanto generan una suerte de derecho penal paralelo dedicado a engrosar las estadísticas en «la lucha contra el delito»; creando una imagen de «efectividad» ante las autoridades y la sociedad.
Tan fácil como pedir documentos y detener por averiguación de identidad; tan sencillo como tomarle una fotografía; y tan simple como mostrar un álbum de fotos a quienes se acercan a la Comisaría más cercana a denunciar los hechos de los que fueron víctimas hace un rato. Las «carpetas modus operandi» es para nosotros la manera que tiene la Policía de imprimir una identidad cuando se ha desmantelado el Estado social. Cuando se anda sin trabajo y la escuela se vuelve expulsiva; cuando se rompe la sociedad salarial y el Estado se descompromete de toda una serie de problemas que hasta entonces constituían su razón de ser; la manera de imprimir una identidad, estabilizar, de fijar, marcar, señalar, será a través de las «carpetas modus operandi». Devenir ilegal, al margen de las «buenas costumbres» y el consumo civilizado que será cartografiado en base a la utilización de estereotipos morales muy difundidos en las fuerzas de seguridad.
Las carpetas de Modus operandi son entonces la manera de disciplinar a los excluidos, de marcarlos y ubicarlos en un futuro en el espacio. Semejante actividad afecta de manera directa derechos humanos básicos como asimismo garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, todas ellas reconocidas en la carta constitucional y en tratados internacionales de máxima jerarquía.
Quizás en adelante, los Modus Operandi pasarán a ser pieza de museo. La era digital está entrando, las técnicas de mapeo y registro digital de imágenes antropomórficas dejará más que nunca en claro que Lombroso ha sido y sigue siendo el padre de la criatura. A través de estos universos informático-policiales, se podrá acceder con facilidad al rostro de poblaciones enteras. Sin embargo, por más inteligente que pueda presentarse el sistema, el mismo no nos podrá engañar, toda su inteligencia radica en recaer sobre los sospechosos de siempre: los pobres de siempre, que ahora estarán allí, a disposición de cualquier Comisario de turno que desde el despacho su comisaría, podrá acceder con su computadora al registro centralizado que le sabrá dar de inmediato detalles sobre la cara y detalle de todos los delincuentes de su zona.
3) A partir del caso Roser, y como parte de la estrategia de defensa que lleva adelante el CIAJ (Colectivo de investigación y Acción Jurídica), distintas organizaciones de derechos humanos de la ciudad de La Plata, la Asociación Miguel Bru, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el CIAJ y la Defensoría General de Casación de la Provincia, en calidad de «amicus curiae», presentaron una habeas data colectivo contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por entender que las fotografías y los datos que se volcaban en los registros que componen las «carpetas Modus Operandi» constituían un acto discriminatorio con finalidades indecibles, inciertas y, por ende, contrarias a la Constitución Nacional y Provincial.
La particularidad de la acción presen-tada, radicó en la invocación del carácter colectivo de la legitimación de las Asociaciones involucradas en la demanda. Cabe decir, el efecto buscado desde un inicio por el CIAJ y los otros organismos era la posibilidad de que la acción planteada tenga un efecto difuso, que permita interrumpir de entrada el uso inmemorial de los Modus Operandi en toda la Provincia, ello por violación manifiesta a garantías y derechos humanos básicos plasmados en nuestra Constitución Nacional y Provincial
Asimismo, el objetivo central de la Acción planteada fue el de declarar la inconstitucionalidad del decreto ley 2019/67 que dio vía libre al uso de los Modus Operandi, se pidió el secuestro de la documentación que exista en el ámbito de comisarías provinciales cuyo contenido sea producto de una actividad manifiestamente ilícita y discriminatorio hacia los ciudadanos; por último se dio fundamental importancia al efecto Habeas Data buscado: que los datos de ciudadanos de la provincia encerrados en esos registros y usados sin su permiso, incluso en su contra, sean dados a la luz y cancelados por la autoridad competente.
El pedido recayó en el Juzgado Conten-cioso Administrativo a cargo del magistrado Luis Arias quién aceptara la legitimidad colectiva a los presentantes para hacer el reclamo. Posteriormente, y con bastante celeridad, convocó a una audiencia de conciliación, homologando el acuerdo al que arribaron las partes, por el cual se ordenó al Ministerio de Seguridad: «1) se ordena a todas las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires la remisión de todos los álbumes o registros fotográficos exis-tentes» que «deberán ser remitidos a la Fiscalía de Cámara de cada Depar-tamento Judicial dentro del plazo de 24 horas de la recepción de la orden que se instrumentará mediante acto adminis-trativo del Ministerio de Seguridad. 2) Se prohíbe expresamente la utilización de fotografías o la extracción de copias para uso en las dependencias policiales a las que se hace referencia en en el punto 1, considerándose falta grave. 3) Las autoridades policiales podrán tomar exclusivamente fotografías de personas privadas de libertad con fines iden-tificatorios, debiendo consignarse el motivo de la detención, y elevarse la ficha y la fotografía con sus negativos a la dirección de Antecedentes del Minis-terio de Seguridad en el término perentorio de 24 horas.»
De inmediato a la firma del acuerdo, el Ministerio de Seguridad dictó la Resolución Administrativa 784/05, por la cual se reconoce a la fotografía como herramienta fundamental para toda investigación penal en los casos en los que existan autores ignorados. En tal sentido, la resolución sigue en rigor lo prescripto en el acuerdo, pero se excede cuando determina en su artículo primero que: «… las policía de la Provincia obtendrán fotografías de la personas privadas de su libertad con el objeto de proceder a su identificación». De este modo, bajo el concepto ambiguo de «privados de libertad» se abre la puerta para que la policía fotografíe e identifique por este procedimiento a cualquier persona demorada.
Asimismo, el artículo seis, una verdadera conquista refiere: «…Los álbumes fotográficos serán exhibidos en los casos y a las personas que la autoridad judicial competente determine». El artículo siete dice: «….Las fotografías exhibidas en el álbum contarán al pie con un código identificatorio, los datos personales de la persona fotografiada y su correspon-dencia con el código adjudicado contarán en un listado aparte en poder del delegado responsable.» Se acaba así con los manejos discrecionales de los Comisarios con los libros, se designa a un responsable tenedor de los libros en área centralizada, quien deberá llevarlo y custodiarlo en su debida forma. Por lo que: «Las fotografías existentes en todas las dependencias policiales al momento del dictado de la presente resolución serán remitidas a los respectivos delega-dos de la dirección de antecedentes».
Por último, la resolución deja abierto el proceso de digitalización de imágenes, la sustitución de los Modus Operandi por un sistema más poderoso e inteligente: «…Otórgase el plazo de 180 días a las subsecretaría de investigaciones en función judicial para la digitalización de las fotografías y la puesta en funcio-namiento de un sistema informático de almacenamiento». Con la digitalización de las imágenes fotográficas ingresa la tecnología al uso policial cotidiano, el uso y control tecnológico como instru-mento de mayor efectividad y discrecionalidad a la hora de ejercer el control social sobre los más pobres.
El acuerdo y la resolución 784/05, no obstante dar una solución transitoria al tema de los Modus Operandi que se llevarán a cabo en adelante, no resuelve el punto 1) del acuerdo, quizás uno de los puntos fundamentales de la acción planteada, en tanto la documentación existente en Comisarías hasta la fecha, y que fuera enviada a cada Dirección Departamental de acuerdo a la resolu-ción 784, sigue sin ser analizada en detalle, y corre el riesgo de continuarse con su uso al pedido de cualquier funcionario policial/judicial que lo solicite, además de poder llegar a ser informatizada conforme ya lo hemos trascripto más arriba.
Ahora bien, pocos días después del mencionado acuerdo, los Fiscales Generales Departamentales, pidieron una reunión con la Procuradora General de la Corte, en dónde se decidió no recibir esa la polémica documentación. En declaración de prensa de numerosos Fiscales Generales, los mismos además de rechazar el acuerdo, reconocieron expresamente que los álbumes de Modus Operandi resultaban fundamen-tales para toda investigación delictiva, por lo que decidieron seguir avalando e impartiendo instrucciones en cada ámbito funcional del Ministerio Público, para que se continúe con la práctica.
Por último, y como consecuencia de todos estos traspiés desde el acuerdo homologado, ante la repercusión de la medida, las idas y venidas de los Fiscales, la continuidad de la documen-tación en manos de los Comisarios locales, como así la presión ejercida por numerosos organismos de Derechos Humanos que se solidarizaron y se expidieron teniendo en cuenta la trascendencia de la problemática; se solicitó al Juez Arias dicte una medica cautelar complementaria que aclare aspectos de la Repsol. 784/05 que no quedaron claros, e imponga algún tipo de sanción ante el virtual incumplimiento de lo resuelto.
En tal sentido, con fecha 8 de Julio, el Juzgado Contencioso Administrativo dicta una Medida cautelar, por la cual reconoce la verosimilitud del derecho afectado e invocado por la actora desde un inicio, como así el peligro procesal en juego. Por ello, el juez determina, ahora sí, con total precisión: «la prohibición de usar y exhibir los álbumes fotográficos o «Modus Operandi» a todos los efectivos de la Policía Bonaerense, salvo los que se encuentren expresamente autorizados por la Resolución Nº 784/05 y bajo las condiciones que se allí se establecen, bajo apercibimiento de aplicarse astreintes de $ 5000 en caso de incum-plimiento y de iniciarse las acciones penales correspondientes».
La prohibición de uso y exhibición ha quedado ya sin discusiones, la única posibilidad de tener un contacto directo con la foto es para el comisario la de extraer la foto y elevarla en el mismo día al encargado de custodia de las mismas, o en su caso, solicitarlo a dicho custodia con autorización judicial para el uso y exhibición un caso determinado. Todo lo cual debe quedar debidamente documentado.
Asimismo, la cautelar «…ordena a los Jefes de cada dependencia policial de la Provincia que remitan en el término perentorio de cinco días los álbumes que se encuentren en su poder, a la Dirección de Antecedentes de la Policía Bonaerense con sede en la ciudad de La Plata, debiendo acreditar en autos dicha remisión mediante constancias firmadas por aquél organismo, bajo apercibimiento de aplicarse astreintes al funcionario o agente responsable en solidaridad con el Comisario o Jefe de la Dependencia Policial, las que se fijan prudencialmente en la suma de $ 100 por cada día de demora injustificada». De este modo se pone coto a los manejos inescrupulosos de muchos Comisarios que pretendían seguir conservando documentación en su dependencia.
Por último, el juez ordena: «…al personal que se encuentra autorizado por la Resolución Nº 784/05 para tomar las fotografías que consignen en cada caso el «motivo de la detención» y remita las mismas y sus negativos a la Dirección de Antecedentes de la Policía Bonaerense, hasta tanto se designe en cada Dirección Departamental de Policía Científica al delegado de la Dirección de Antece-dentes en carácter de responsable y custodia de dicho registro, ello bajo apercibimiento de aplicarse astreintes al funcionario o agente responsable en solidaridad con el Comisario o Jefe de la Dependencia Policial, las que se fijan prudencialmente en la suma de $ 100 por cada día de demora injustificada». Con este último agregado en la cautelar, se trata de aclarar cierto contenido de la Resol. 784/04, buscando evitar las ambigüedades que genera el concepto «privados de libertad». A partir de la resolución de Arias, personal policial debe consignar por escrito el «motivo de la detención», cabe decir, al introducir la palabra «detención», se supone no puede quedar incluida una persona demorada o contravenida.
Contacto:
CIAJ (Colectivo de investigación y Acción Jurídica)
ciaju@yahoo.com.ar
rolopomares78@yahoo.com.ar

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Aparece una nueva prueba y se suspende el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa

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A pocos días de la desaparición de Cecilia y a 600 metros de donde se halló finalmente su cuerpo, una familia denunció ante la policía de Capilla del Monte haber encontrado encontrado en una casa deshabitada de su propiedad una habitación manchada de sangre, la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. La aparición de esta prueba obligó a suspender el juicio por el femicidio de la joven, plagado de irregularidades, y para la familia Basaldúa arroja una luz de esperanza para saber qué pasó con su hija, y que paguen los verdaderos culpables. Incluida la propia justicia.

Por Bernardina Rosini

Córdoba.-  Desde que se inició el juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa el pasado 3 de mayo en Cruz del Eje, provincia de Córdoba, venía sucediendo lo que se esperaba de este proceso: la exhibición de la debilidad de las pruebas que sostienen la acusación contra el joven Lucas Bustos y las irregularidades de la investigación que encabezó la fiscal Paula Kelm.

Hasta acá, nada nuevo.

Pero este jueves 19, cuando se esperaba la última jornada de testimonios, la aparición de una nueva y – para las abogadas de la familia Basaldúa- “trascendental” prueba, irrumpió el proceso y obligó la suspensión del juicio hasta el próximo 10 de junio.

En diálogo con lavaca, la abogada Giselle Videla relata que en mayo del 2020, a tan sólo unas semanas después de la aparición del cuerpo de Cecilia, una familia denunció a la policía de Capilla del Monte que habían encontrado en una casa deshabitada de su propiedad un escenario de horror: una de las habitaciones estaba manchada de sangre, la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras. Un dato más para resaltar además de la proximidad de la fecha es la ubicación de la casa, a tan sólo 600 metros de donde fue encontrado el cuerpo de Cecilia el 25 de abril del 2020.

Entonces: la fiscalía tenía el cuerpo de la joven por un lado, y a unos pocos metros un cuarto de una casa abandonada manchado con sangre, pero sin embargo no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas de la casa nunca se realizaron.

A Daniel Basaldúa, papá de Cecilia, esto no le sorprende: “Es el modus operandi de la fiscal Kelm, hace mímicas de que investiga pero está todo sesgado, nunca llega al fondo, toma muestras pero no realiza los análisis para obtener la información necesaria. A la familia les respondieron que la sangre correspondía a un animal para que no preguntaran más”.

Entre los policías que se acercaron a tomar muestras en la casa abandonada estaba el subcomisario Ariel Zárate, quien participó desde el primer momento de la búsqueda de Cecilia tras la denuncia de su desaparición. Zárate era uno de los oficiales que estaba a cargo de la investigación y mantenía comunicación con la familia Basaldúa. Tomaba la información que proveía la familia de Cecilia pero no hacía nada. Incluso en un audio que aportó la familia y tampoco fue debidamente investigado, el subcomisario fue mencionado por una testigo dejándolo implicado junto al principal sospechoso para la familia Basaldúa; Mario Mainardi, quien alojó en su casa a Cecilia justo antes de su desaparición.

Ariel Zárate declaró recientemente en el juicio y lo hizo de modo virtual ya que se encuentra detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad”, en perjuicio de una joven de 21 años.

En el momento de presentar esta nueva prueba, la familia de Cecilia Basaldúa solicitó que las muestras de sangre tomadas del colchón de la casa abandonada se cotejen con la información de Cecilia, del imputado Lucas Bustos pero también de Zárate y de Mario Mainardi, con la esperanza de poder dar con los verdaderos culpables del femicidio. Sin embargo no se aceptó este pedido: sólo se cotejará con la muestras de la víctima y del imputado, considerando que ésta no es una instancia de investigación para ampliar la base de análisis.

Si bien esta respuesta por parte del Tribunal fue tomada con desánimo por la querella, esperan que, ahora sí, se inicie una etapa de respuestas.

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Justicia por Lucía: el juicio que se empuja entre todas

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El próximo jueves 26 de mayo, a las 14.30 horas, el Tribunal Oral N°2 de Mar del Plata decidirá en audiencia la fecha del nuevo juicio penal por el femicidio de Lucía Pérez. Desde su asesinato pasaron ya 6 años sin justicia. La familia reclama que suceda durante la feria judicial: “En el mes de julio no hay agenda, ellos tienen que estar a servicio del pueblo, no el pueblo a servicio de ellos”, dice su madre, Marta Montero, que el próximo jueves convoca a movilizar a los Tribunales marplatense desde las 13 horas. Distintos gremios acompañarán el reclamo por la nueva fecha y por justicia con distintas acciones. Vos también podés sumarte a la Campaña, en tu barrio, escuela o lugar de trabajo, o por las redes: enterate cómo en esta nota.

Lucía tenía 16 años cuando el 8 de octubre de 2016 Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. La incansable lucha de su familia, la Campaña Somos Lucía, y las organizaciones que abrazan y acompañan lograron la anulación del juicio que pretendía dejar impune su femicidio. Pero el Estado argentino sigue sin avanzar en la fecha del nuevo proceso.

Es por eso que tanto el fiscal del caso, Leonardo Arevalo, como la familia de Lucía solicitaron a los jueces Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz, que el juicio se realice durante la feria judicial de julio.

“Hace seis años que Lucía no tiene justicia”, dice a lavaca Marta Montero, mamá la joven Marplatense, y recuerda que cuando la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires anuló el juicio misógino, exigió la realización de un nuevo juicio con premura. “En el mes de julio no hay agenda, ellos tienen que estar a servicio del pueblo, no el pueblo a servicio de ellos”, dice Marta que el próximo jueves convoca a movilizar a los Tribunales marplatense desde las 13 horas.

El pedido de juicio inmediato se da luego de una larga espera repleta de impunidad. “Ya se tomaron 12 vacaciones y Lucia no tiene justicia, una que no se la tomen y que le den la justicia que le corresponde”.

#JusticiaPorLucía

El mismo jueves se va a realizar la acción federal #JusticiaPorLucía para acompañar la audiencia. “Tenemos que estar juntos, es la manera, no tenés otra. Es la importancia que tenemos los de a pie, los que salimos a luchar por nuestros hijos. Salimos porque nos mataron a nuestros hijos, y no nos importa nada: no voy por un canje o un puesto, voy por mi hija. Y juntos vamos por los derechos de las personas, y en contra de los privilegios de la justicia”.

La campaña consiste en tres acciones:

1) Pegar la foto de Lucía en tu barrio, escuela, trabajo, colectivo y todos los lugares posibles. La foto se puede descargar acá.

2) Mandar la foto de tu acción por mail a todessomoslucia@gmail.com; o por twitter: @somos_lucia; o Facebook: somosluciaperez, o Instagram: @somos.lucia

3) Subirla a tus redes el 26 de mayo con el hashtag #JusticiaporLucia #JuicioYA

Es por abajo

El acompañamiento y la campaña de pedido de justicia a 6 años del femicidio de Lucía Pérez se articuló con organizaciones sociales, sindicales y territoriales de todo el país.

“Nuestra organización y todo el movimiento feminista, como ya lo sabemos desde ese primer paro internacional que hicimos, estamos en pie de alerta y exigiendo justicia”, Silvia León, secretaria de género de la CTA-A nacional. “Interpela, primero, porque Lucía es un símbolo nacional. Y porque todos los días siguen asesinando a jóvenes, y en cada lugar del país nuestras compañeras siguen saliendo a pedir justicia por cada una y reclamando la reforma de la justicia por una que sea democrática y feminista, porque todavía los fallos siguen siendo aberrantes”. Desde la CTA-A van a sumarse a la movilización en los tribunales marplatense y van a acompañar desde el resto del país poniendo la foto de Lucía en cada lugar de trabajo. “Es seguir sensibilizando e interpelar a los compañeros y compañeras trabajadoras, porque esta lucha es colectiva. Lo que logramos es por la movilización popular y ahí la clase trabajadora tenemos un rol protagónico; para nosotras no está separada la lucha por trabajo, por salarios, por equidad, contra la violencia y acoso laboral, de lo que es el reclamo de justicia por los femicidios”.

Las y los Metrodelegados van a acompañar desde la Ciudad de Buenos Aires pegando la foto de Lucía en las diferentes líneas y sectores del subte. “Es importante que se mantenga vigente y visible el reclamo de justicia. Cada vez que hacemos la pegatina los usuarios y usuarias nos acompañan. El subte es un medio de transporte, cotidiano, donde viajan los sectores populares, los sectores de trabajo, es fundamental que esté visible la imagen de Lucía y el reclamo por justicia”. Contagiándose de esa iniciativa desde la Asociación del Personal Aeronáutico se va a hacer pegatina en todos los aeropuertos del país.

Otro de los gremios que convoca es la Asociación Judicial Bonaerense, sindicato que nuclea a las trabajadoras y trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Noelia Parcesepe, trabajadora judicial marplatense, cuenta que van a pegar los carteles dentro de tribunales y a acompañar desde la calle. “Como trabajadoras también sufrimos violencia en nuestro ámbito laboral, incluso los jueces que parecen tan progres para afuera. Lo que queremos es que las personas puedan acceder a su derecho a tener justicia y los queremos hacer bien: no queremos ser cómplices del poder judicial patriarcal”.

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30 años de movimiento: feliz cumple, Kiné

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Revista Kiné cumple treinta años y festeja en Espacio Tucumán con charlas, videos, canto y cierre a puro baile. Sostener durante tres décadas un medio de comunicación independiente es para Julia Pomiés, su creadora y directora, un desafío y también un sueño. La revista del movimiento se prepara para recibir a lectores, colegas y amigxs, porque este sábado la autogestión está de fiesta. 

A comienzos de los ´90, saturada del trabajo en redacciones y con ganas de trabajar disfrutando de hacer periodismo, Julia Pomiés renunció a su trabajo como jefa de redacción en una revista y decidió encarar un proyecto independiente. Lo corporal le gustaba y lo practicaba —es licenciada en Artes del Movimiento de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y profesora de expresión corporal— así que esa fue la temática elegida para arrancar su emprendimiento personal.  De esta manera nació Kiné, en 1992. Treinta años después, la revista se sostiene y es un emblema del periodismo autogestivo. 

“La empezamos con muchísimo entusiasmo —cuenta Julia— con cierta confianza, pero con muchas dudas, incluso pensamos en sostenerla durante un año aunque sea a pérdida y resultó que desde el primer número se sostuvo con sus propias patitas y anduvo muy bien. Lo relacionado a trabajos corporales suaves, conscientes, como la eutonia, la gimnasia consciente, la expresión corporal, estaban necesitando un espacio donde expresarse, donde compartir su punto de vista sobre el cuerpo. Creo que eso hizo que prendiera de entrada y después se sostuvo, un poco por la persistencia de los lectores y anunciantes y otro poco por nuestra propia persistencia”. 

Luchas con las imprentas, con los distribuidores, los kioscos, el precio del papel, son algunos de los sinsabores que les tocó atravesar, pero en la balanza, también hay gran cantidad de satisfacciones: “Ver armarse y crecer este espacio de lo que llamamos lo corporal, de la gente que interpreta al cuerpo no solo como biología sino como un atravesamiento cultural, histórico, psíquico, social, político y ver crecer también nuestro enfoque, que recurrió tantas veces a la biopolítica hasta establecerse directamente como una sección de la revista”.

Junto a su compañero de vida, Carlos Martos, pensaron en hacer la versión digital de Kiné, pero con la pandemia la decisión se precipitó y la revista en este momento es digital. Como trabajadora de la gráfica, Julia extraña el papel.  Al elaborar un video alusivo a los 30 años, repasó las tapas de Kiné y se conmovió porque esas tapas también la llevaron a hacer un recorrido de su propia vida. “El festejo es para juntarse, reflexionar sobre estos años que pasaron y que pasó con los cuerpos, qué caminos importantes se hicieron, cuántos derechos se ganaron, eso ya es para celebrar, y cuántos quedan pendientes, eso es para militarlo y seguir luchando. Vamos a escuchar buena música, ver danza bonita, juntarnos con los amigues en forma presencial, colaboradores, lectores, anunciantes, brindar y comernos unas empanadas, intercambiar opiniones y abrazos”.

La celebración de las tres décadas de vida será este sábado 21 de mayo, a las 19 hs en Espacio Tucumán,  Suipacha 140, CABA. Aquí te contamos el cronograma de la jornada festiva:

Charla: 30 años de lo corporal en la Argentina. Celeste Choclin contará un breve panorama de las leyes que ampliaron derechos, sobre todo en relación al tema género y feminismos. Mariane Pécora reseñará las principales luchas sociales, que se desarrollaron con gran compromiso corporal. Emiliano Blanco hará referencia a los cuerpos disidentes de la comunidad LGTBIQ+. Sandra Reggiani se centrará en los cuerpos en el arte, y su capacidad de acompañar y generar transformaciones y resistencias. Susana Kesselman hablará de los vaivenes del tono vital en estas épocas conflictivas y el rol de las disciplinas de lo corporal. Carlos Trosman pondrá su foco en los recorridos de la revista Kiné. 

Danza con el GEAM (Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento, UNA),  Raquel Guido, Sandra Reggiani. 

Desfile de máscaras: coordinadores y alumnos del Instituto de la Máscara obsequiarán ejemplares de la colección de Kiné. 

Canto con Emiliano Blanco, Gabriela González López, Paola Grifman y el exquisito trío “Sinahuela”. 

Danza comuniaria:  el grupo «Bailarines toda la vida», coordinado por Aurelia Chillemi, con música en vivo de Osvaldo Aguilar nos invitará a bailar a todes.

En los intervalos, habrá delicias regionales tucumanas que se podrán adquirir en el bar: empanadas, tamales, dulzuras y vino.

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La última Mu: ¿Dónde hay un mango?

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