Nota
Informe Alerta Argentina. Causas armadas. Caso testigo: Gabriel Roser
Gabriel Alejandro Roser es un militante popular, responsable de un comedor comunitario que funcionaba en su propio domicilio, en la zona de Tolosa, en una de las tantas barriadas pobres de la ciudad de La Plata; hasta el momento de su detención, era el encargado a nivel nacional del área de seguridad del Movimiento de Unidad Popular. Tiene veintiséis años, y estuvo detenido durante un año y siete meses en la Unidad Penal de Magdalena por ser imputado en una causa armada por personal policial de la comisaría sexta de Tolosa, y convalidada por el Agente Fiscal Marcelo Eduardo Martini a cargo de la UFI 3 y el titular del Juzgado de Garantías nro 3 Néstor de Aspro en la IPP N° 20743.
El 24 de abril de 2004, el comerciante y funcionario policial Marcelo Rodolfo Toni y otras dos personas, resultaron víctimas de un robo a mano armada que se consumó en autoservicio propiedad del mencionado, y del que participaron al menos tres personas, quienes se apoderaron ilegítimamente de dos relojes pulsera, dos aparatos de telefonía celular, y la suma de ochocientos noventa pesos.
Inmediatamente de cometido tal delito, el mismo Marcelo Rodolfo Toni, sale tras los autores del hecho a bordo de un vehículo propiedad de su amigo y también damnificado por el delito Diego Hernan Casagna. Mientras dicho seguimiento se producía, comunica lo ocurrido a sus camaradas de la seccional sexta de policía de Tolosa, quienes se suman a la persecución, hasta que los sospechosos lograron darse a la fuga.
Luego de ello, tanto Toni como su amigo Casagna se trasladan a la comisaría sexta de Tolosa a fin de participar en las diligencias de rigor. Esto es, suscribir el acta de procedimiento y prestar declaración testimonial. En esa ocasión el comerciante y funcionario policial Marcelo Rodolfo Toni todo lo que afirma es “…que los malvivientes que perpetraron el delito resultan a simple vista (…) mayores de edad, uno de ellos (…) de aproximadamente 1.75 de estatura, de tez trigueña, de cabellos crespos de color oscuro, ondulados y cortos, cara redonda de contextura física mediana, y el restante (…) de alrededor de 1.60 de estatura, de tez trigueña, cabellos cortos oscuros, de contextura física delgada (…) A preguntas refiere que se halla en condiciones de realizar un dictado de rostro de los dos malvivientes que perpetraron el ilícito y con relación al tercer sujeto manifiesta que observó su rostro…” (fs. 1/3, y 8 y vta.).
Dos días más tarde, es decir el 26/04/04, ante el Fiscal Martini, Toni no solo aporta la identidad de los presuntos autores, a quienes identifica como Timoteo de unos 22 o 23 años, Rossi (por Roser) de 25 aproximadamente y un tercero apodado “El Chino” de 30 años o algo menos. Sino que llamativamente y para dar razón de sus dichos, afirma que conocía a los mismos de tiempo antes, por haber actuado respecto de ellos en su condición de funcionario policíal de la comisaría 6ta. de Tolosa, y porque éstas personas además habían cometido en reiteradas oportunidades -cuatro- delitos contra la propiedad que lo habían tenido como damnificado. Esta declaración fue completada por los compañeros del testigo, y así se tuvo, que Rossi era Roser, y Timoteo un menor de edad.
Dicho paquete de pescado podrido fue gustosamente adquirido y convalidado tanto por el Fiscal Martini, quien no indagó de que forma Toni y los restantes damnificados habían llegado a adquirir esa información incongruente con sus primeras declaraciones en la comisaría, como por el Juez de Aspro, quien ordenó el allanamiento a la vivienda de Gabriel y posteriormente hizo lugar al pedido de prisión preventiva.
Desde la primera oportunidad, Roser declaró y afirmó su inocencia, e ingenuamente y en la creencia de que se trataba de un malentendido, solicitó que se lo exponga en una rueda de reconocimiento. Diligencia que fue cumplida por Toni y su amigo Casagna, no sin hacer ostentación del impune manoseo con el cual podía incorporar lo que desease en el expediente, conciente de que la suerte de Gabriel estaba echada (fs.92/93). Más aún cuando Marcelo Rodoldo Toni, en una verdadera profecía de autocumplimiento y como tributo al olfato policial de sus compañeros, señaló la fotografía de Gabriel que meses antes (1) había sido incorporada al álbum de sospechosos de la comisaría 6ta. (fs. 48).
Así, primero negó haber visto la fotografía que oportunamente se le había exbibido, y por cuyo reconocimiento Gabriel había sido detenido. Luego, como la contextura física de Gabriel es robusta, y no mediana como afirmara Toni desde un principio, en relación a uno de los autores del hecho, la modificó para así ajustarla a sus características Asimismo, como junto a Gabriel quiso involucrar a Timoteo, y éste resultó menor de edad, no tuvo ningún empacho en sostener que uno de los autores era de contextura chica y no llegaba a los dieciocho años. No obstante haber afirmado desde un principio, que a simple vista quienes habían intervenido en el hecho eran mayores de edad.Por último, al señalar a Gabriel agregó un nuevo dato, ahora lo conocía por la zona donde vivía.
Teniendo en cuenta lo relatado nos preguntábamos al momento de tomar la defensa técnica ¿es lógico creer que quien ha sido damnificado por un ilícito en el cual se lo habría desapoderado de diversos bienes, constándole previo a prestar su primer declaración, la identidad y zona de residencia de los autores del mismo, frustre el esclarecimiento del hecho y con ello la posibilidad de recuperar los bienes de los que fuera desapoderado, aportando solo la descripción física, sexo, edad estimada, vestimenta y refiera estar en condiciones del realizar un dictado de rostro? Más aún, si tenemos presente que el testigo, reviste la calidad de funcionario policial, mal podrá argumentarse que Marcelo Rodolfo Toni se sintió intimidado, incómodo, inhibido o mal tratado en dicha seccional policial, y dijo ante el Agente Fiscal lo no dicho por tales motivos antes a sus compañeros. O que sus compañeros no hicieron constar, lo que si hizo constar el Agente Fiscal. Pensábamos también en los propios dichos de Toni, cuando al momento de prestar declaración ante el Fiscal Martini, ratificaba su declaración anterior y decía impunemente lo que se le venía en gana, sin siquiera hacer una aclaración, aclaración que por cierto tampoco le fue requerida cuando esto último hubiera correspondido, no solo porque el curso natural y ordinario de las cosas así lo hubiera aconsejado, sino porque las normas que regulan la actividad de los representantes del Ministerio Público lo imponen (art. 56 del CPP, art. 54 Ley 12061).-
Es más, el Fiscal Martini debería haberle requerido aporte datos sobre los hechos previos a los que hizo referencia, cuándo fueron cometidos, quiénes fueron los damnificados, los testigos, los bienes ilegítimamente desapoderados, si los mismos fueron denunciados tomar vista de tales investigaciones. Pero nada de eso se hizo y ello no es casual. Puede constatarse en el sistema informático de Mesa General de Entradas de Fiscalía de Cámaras y Garantías de La Plata, que el señor Toni no reviste el carácter de denunciante/víctima/damnificado en ninguna otra investigación, como tampoco Gabriel Alejandro Roser el carácter de imputado.
Todas estas irregularidades quedarían palpablemente evidenciadas durante el debate oral.
El Juicio Oral.
El día 29 de Noviembre de 2005 comenzó el juicio oral contra Gabriel Roser por ante el Tribunal Oral Criminal N° 2 integrado por los jueces Torrisi, Bernard y Doménech, estando a cargo de la acusación el fiscal Jorge Betini. Durante las jornadas de debate y a medida que se fueron sucediendo las declaraciones, comenzaron a eviden-iarse las contradicciones y los manejos arbitrarios de los funcionarios policiales que intervinieron en el procedimiento en el cual fuera implicado Roser.
Esclarecedora fue la declaración de Marcelo Toni, quién no solo no pudo explicar la forma en la cual pudo individualizar a los autores del hecho, siendo que en su primera declaración en la comisaría solo había aportado datos fisonómicos, para aportarlos luego en la fiscalía, sino que también elaboró una absurda historia en la cual refirió que con posterioridad a haberse producido el hecho y antes de declarar en la comisaría se dedico a buscar por el barrio datos que le permitieran dar con los autores del hecho y que fue así que finalmente dio con los datos de Rosi, Timoteo y El Chino. La elucubración no tuvo otro objetivo que el de ocultar lo que, de sus propios dichos, surgía como evidente: la foto que a Roser le sacaron en la Comisaría 6ta ya le había sido exhibida, los datos ya habían sido aportados por sus colegas de la bonaerense y el armado de la causa comenzaba a gestarse. Como quien esconde algo que sabe irregular, Toni al ser preguntado sobre si le habían sido exhibidas fotografías con anterioridad al reconocimiento en rueda de personas, manifiesta en forma rotunda que no, pero momentos después, al serle exhibida el acta de fs 28 incorporada por lectura, en la cual consta la exhibición de los libros de modus operandi (2) en la comisaría, no tuvo más opción que reconocer su firma y expresar que, ahora si recordaba y que los mismos le fueron exhibidos previamente a realizar la diligencia del reconocimiento en rueda. En conclusión, Toni no pudo explicar si el ingreso de Roser en la causa había sido por los elementos recabados en sus investi-gaciones personales (comentarios de personas que ni siquiera pudo individualizar y que referían que Roser se juntaba en una esquina con quienes le habían robado) o por el recuerdo de las características fisonómicas. Lo único que quedó demostrado por los propios dichos de Toni es que previamente a realizar el reconocimiento en rueda de personas, vio las fotos en el álbum de modus operandi, y que esto fue lo que con posterioridad le permitió indivi- dualizar a Roser.
En lo que respecta a Diego Hernán Casaña, otra de las víctimas del hecho y amigo de Toni, su relato, que comenzó siendo puntual y prolijo, se desmoronó al momento en que quiso ocultar lo inocultable, que es que él también había visto el libro de modus operandi junto con Toni. En tal sentido al ser indagado sobre si había visto álbumes fotográficos antes del reconocimiento en rueda, manifestó que los había visto después de la diligencia de reconocimiento en rueda y que él y Toni habían ido en días distintos a realizar tal diligencia. Luego ante preguntas formuladas comenzaría a contradecirse para terminar diciendo que fueron al reconocimiento del álbum fotográfico el mismo día solo que él fue a la tarde. Este dato puntual permitió evidenciar que tanto Toni como Casaña vieron la foto antes del reconocimiento en rueda de personas y que fue esto lo que les permitió identificar a Roser en dicha diligencia.
Finalmente culminó su declaración con idos acto fallidos, el primero al decir que Toni nunca le hablo de Rosi, dato que no es menor ya que es la forma en que Toni se refiere a Roser en su declaración ante el Fiscal, y el segundo al decir que no sabían que era Roser el que habían implicado en la causa.
Comentario aparte merecen los funcionarios policiales de la Comisaría Sexta. En primer lugar quienes en ese momento se desempeñaban como personal de calle, no pudieron verter datos que permitieran esclarecer como Gabriel Roser había llegado a la investigación, esto es, explicar de qué tareas investigativas surgió el nombre de Roser como uno de los autores del robo. La realidad es que lo que no podían decir es que el nombre estaba junto a la foto, que todos los datos fueron aportados por ese instrumento de estigmatización con que cuentan las comisarías de la provincia y que fue a partir de esos datos que comenzó a funcionar la maquina de armar causas.
Por otro lado, preguntados sobre cuales eran los criterios para detener a personas por averiguación de identidad, no dudaron en responder que se trata de criterios subjetivos, esto es la imagen que en el funcionario que procede genera la persona a detener. Así se dijo que la vestimenta, la cara, la forma de moverse, lo lugares de reunión, eran parámetros a tener en cuenta. Esto que solo parece un condimento, es trascendental ya que es reflejo de lo que constituye el conocido “olfato policial”, ese olfato en el que comienza la maquinaria represiva del estado y que en la mayoría de los casos es la base del armado de causas.
Finalmente, en relación a la forma de llevar los libros de “Modus Operandi”, fueron contestes en decir que son una herramienta habitual de las comisarías, que no tienen un orden sistemático que permita ubicar a personas de similares características (como necesariamente debe hacerse en un reconocimiento fotográfico), y que son manejados por el comisario de turno, es decir que es habitual que bases de datos de ciudadanos sean manejados al antojo de quien eventualmente sea titular de una dependencia policial. No es necesario aclarar los riesgos que esto implica y para muestra sobra un botón… la causa de Gabriel Roser (3)
El desistimiento de la acción:
Finalmente, al culminar la última jornada de debate oral, el fiscal de juicio, Jorge Betini, decidió desistir de la acción, argumentando que si bien no contaba con elementos suficientes que le permitieran corroborar que Roser era inocente, no contaba con elementos suficientes para sostener su acusación.
Lamentablemente no se pudo llegar a una sentencia absolutoria que diga lo que realmente surgió del debate: Roser fue víctima de la maquina policial-judicial de armar causas; los libros de “Modus Operandi” son una herramienta funda-mental para ese armado; la policía da arranque a la maquinaria y fiscales y jueces le inyectan el combustible necesario para seguir funcionando; la prisión preventiva es una pena antici-pada que viola elementales garantías constitucionales.
Conclusiones
La causa seguida a Gabriel Roser no es una causa más, no solo por tratarse de un militante y desprenderse la relación del caso con ciertas implicancias de un puntero del Partido Justicialista, sino y fundamentalmente, por evidenciar clara-mente el mecanismo perfectamente aceitado de armado de causas. Es el caso Roser, un claro registro del poder territorial de la policía bonaerense al momento de implicar a sujetos estigmatizados por su procedencia barrial, por su condición de pobre, joven y piquetero, y del criterio discrecional e impune con que manejan su conocido “olfato policial”. También es un registro claro de sistemática convalidación de su accionar por parte de Fiscales y Jueces, evidenciando el menosprecio que el valor de la libertad humana representa. Finalmente es un testimonio del manejo arbitrario e ilegal que el estado provincial hace del instituto de la prisión preventiva, utilizando un medida cautelar como una verdadera pena anticipada… cabe recordar a los muertos en la Unidad 26 del Penal de Magdalena y preguntarse ¿cuál es la diferencia intrínseca entre los que allí murieron y Gabriel Roser?
NOTAS
1) En al menos dos oportunidades y con un mes de diferencia (25/02/04 y 19/3/04) Gabriel Roser fue detenido por averiguación de identidad por personal de calle de la Comisaría sexta de Tolosa (La Plata, Provincia de Buenos Aires). En una de esas oportunidades fue conducido junto a dos menores, no obstante contar con su Documento de Identidad y estar a dos cuadras de su casa, por averiguación de identidad a la mentada dependencia policial. En ese lugar fueron conducidos a un cuarto en la parte superior de la comisaría donde se le extrajo una fotografía… sería la foto que luego se ingresaría al libro de Modus Operandi.
2) El uso de álbumes fotográficos de sospechosos por parte de la Institución Policial Bonaerense, ha sido la forma inmemorial con la que los uniformados encargados de cumplir funciones de instrucción judicial se han relacionado con eso que todos conocemos como “delito”.
Desde la creación de Policía de la Provincia de Buenos Aires, el 13 de Diciembre de 1880, ha sido una práctica habitual que ésta desarrolle actividades preventivas identificando a personas sospechosas, imputadas de la comisión de un delito o infracción penal a través de los denominados “Prontuarios”: suerte de legajo volcado de datos biográficos e historial de de pases del llamado delincuente
La actividad preventiva de “prontuariar” fue instalando así un imaginario propicio dentro de la Institución Policial, al punto de tornarse en la forma más común de encararse -de manera previa- todas las pesquisas que se iban desarrollando. Cabe decir, la galería de rostros en prontuarios era el marco acotado de posibilidades que tenía una Comisaría para investigar y/o controlar -no los delitos cometidos-, sino los delitos a cometerse por los que eran llamados “los famosos delincuentes de la zona”
En el año 1967, se sanciona un nuevo reglamento que legaliza el uso de Prontuarios en cada Comisaría para individualizar e identificar delincuentes “en hechos ilícitos perpetrados que se ignorase su autor”. De este modo la reglamentación abría la puerta para que el personal policial saliera de la actividad prontuarial meramente preventiva, e ingresara de lleno en la escena de la actuación judicial, confeccionando sumarios penales a partir del cotejo de rostros fotografiados que se les enseñaban a las víctimas para que reconozcan la verdadera cara de quien los asaltó. Es a partir de este momento donde aparece la idea de Modus Operandi, concepto que en la jerga policial, viene a sustituir el de prontuario (preventivo) para devenir, como la palabra misma lo insinúa: el modo de proceder cotidiano de aquel personal policial afectado a la investigación; modo habitual de realizar tareas de pesquisa ante un hecho ilícito en el que se desconoce su posible autor.
Los Modus Operandi pasaron a ser carpetas numeradas en el ámbito de cada comisaría provincial, en la cual se registraban las fotografías que se iban tomando a todas las personas que, a criterio del comisario de turno, podrían llegar a ser pasibles de sospecha delictiva en un futuro.
Los instrumentos de recolección de imágenes, pasarían a ser: el hecho de haber quedado alguna vez detenido, la doble AA (detención por averiguación de antecedentes), la contravención, o la insólita situación de verse forzado a fotografiarse cuando alguien sólo acercaba a una comisaría para realizar un simple tramite administrativo. En ocasiones hasta un barrio entero podría llegar a estar fotografiado.
Aquí hay un dato fundamental a tener en cuenta, los rostros que colecciona en su armario un Comisario de turno, poseen si se quiere una característica común, una característica que escapa al mote de “delincuente”. Esa característica es la pobreza, una pobreza puesta entre paréntesis y observable por peligrosa. Una colección de gente marginal en varios tomos, un bestiario que se amontona en las periferias. Un inventario de monstruos reunidos por letras.
Pero no habrá una sola “carpeta”, en realidad habrá tantas “carpetas” como Comisarías haya. Las “carpetas” son territoriales. Cada Comisaría llevará su propio álbum de fotos de acuerdo a la reglamentación 2019/67, donde habrá de compilar las esfinges de la pobreza, afiliar a los “revoltosos” del barrio, a los menores hijos de esos pobres. Las carpetas Modus Operandi son una manera sutil de apresurarse a prejuzgar al otro por el sólo hecho de ser pobre, estar desocupado o ser un “negro”.
Hoy en día, estas carpetas Modus Operandi, han llegado a conformar voluminosos libros con imágenes fotográficas de miles de ciudadanos que desconocen por completo los usos que se le da a su rostro, como así el riesgo que corren cada vez que son expuestos ante los ojos descarnados de las víctimas de cualquier ilícito, quienes en pro de dar con un culpable seguro, no pierden la oportunidad de apuntar con su dedo a diestra y siniestra (la mayoría de las veces con la sugestiva indicación policial), dejando a personas absoluta-mente inocentes libradas a la peor suerte judicial: una prisión preventiva que de seguro durará varios meses.
En el Fuero Penal Provincial, el Modus Operandi constituye en prueba de cargo suficiente para fundar prima facie la libre convicción de un juez de garantías respecto a la autoría y responsabilidad de un imputado. Poder Policial y Judicial inician el proceso de simpatía que convalidará toda esta actividad.
Pues no nos escapa que en un punto, las facultades discrecionales de la Policía en la Provincia en lo que hace a las carpetas de Modus Operandi, producen información esencial a administrar y justificar en el área judicial. Si el hecho exhibir fotografías de ciudadanos inocentes a las víctimas de un ilícito resulta un modo de convalidar el proceso en el que recae la sospecha policial (el olfato policial); también resulta el punto de partida para fraguar procesos judiciales.
De este modo, las carpetas de Modus Operandi dejan la puerta abierta para el “armado de causas”, en cuanto generan una suerte de derecho penal paralelo dedicado a engrosar las estadísticas en “la lucha contra el delito”; creando una imagen de “efectividad” ante las autoridades y la sociedad.
Tan fácil como pedir documentos y detener por averiguación de identidad; tan sencillo como tomarle una fotografía; y tan simple como mostrar un álbum de fotos a quienes se acercan a la Comisaría más cercana a denunciar los hechos de los que fueron víctimas hace un rato. Las “carpetas modus operandi” es para nosotros la manera que tiene la Policía de imprimir una identidad cuando se ha desmantelado el Estado social. Cuando se anda sin trabajo y la escuela se vuelve expulsiva; cuando se rompe la sociedad salarial y el Estado se descompromete de toda una serie de problemas que hasta entonces constituían su razón de ser; la manera de imprimir una identidad, estabilizar, de fijar, marcar, señalar, será a través de las “carpetas modus operandi”. Devenir ilegal, al margen de las “buenas costumbres” y el consumo civilizado que será cartografiado en base a la utilización de estereotipos morales muy difundidos en las fuerzas de seguridad.
Las carpetas de Modus operandi son entonces la manera de disciplinar a los excluidos, de marcarlos y ubicarlos en un futuro en el espacio. Semejante actividad afecta de manera directa derechos humanos básicos como asimismo garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, todas ellas reconocidas en la carta constitucional y en tratados internacionales de máxima jerarquía.
Quizás en adelante, los Modus Operandi pasarán a ser pieza de museo. La era digital está entrando, las técnicas de mapeo y registro digital de imágenes antropomórficas dejará más que nunca en claro que Lombroso ha sido y sigue siendo el padre de la criatura. A través de estos universos informático-policiales, se podrá acceder con facilidad al rostro de poblaciones enteras. Sin embargo, por más inteligente que pueda presentarse el sistema, el mismo no nos podrá engañar, toda su inteligencia radica en recaer sobre los sospechosos de siempre: los pobres de siempre, que ahora estarán allí, a disposición de cualquier Comisario de turno que desde el despacho su comisaría, podrá acceder con su computadora al registro centralizado que le sabrá dar de inmediato detalles sobre la cara y detalle de todos los delincuentes de su zona.
3) A partir del caso Roser, y como parte de la estrategia de defensa que lleva adelante el CIAJ (Colectivo de investigación y Acción Jurídica), distintas organizaciones de derechos humanos de la ciudad de La Plata, la Asociación Miguel Bru, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el CIAJ y la Defensoría General de Casación de la Provincia, en calidad de “amicus curiae”, presentaron una habeas data colectivo contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por entender que las fotografías y los datos que se volcaban en los registros que componen las “carpetas Modus Operandi” constituían un acto discriminatorio con finalidades indecibles, inciertas y, por ende, contrarias a la Constitución Nacional y Provincial.
La particularidad de la acción presen-tada, radicó en la invocación del carácter colectivo de la legitimación de las Asociaciones involucradas en la demanda. Cabe decir, el efecto buscado desde un inicio por el CIAJ y los otros organismos era la posibilidad de que la acción planteada tenga un efecto difuso, que permita interrumpir de entrada el uso inmemorial de los Modus Operandi en toda la Provincia, ello por violación manifiesta a garantías y derechos humanos básicos plasmados en nuestra Constitución Nacional y Provincial
Asimismo, el objetivo central de la Acción planteada fue el de declarar la inconstitucionalidad del decreto ley 2019/67 que dio vía libre al uso de los Modus Operandi, se pidió el secuestro de la documentación que exista en el ámbito de comisarías provinciales cuyo contenido sea producto de una actividad manifiestamente ilícita y discriminatorio hacia los ciudadanos; por último se dio fundamental importancia al efecto Habeas Data buscado: que los datos de ciudadanos de la provincia encerrados en esos registros y usados sin su permiso, incluso en su contra, sean dados a la luz y cancelados por la autoridad competente.
El pedido recayó en el Juzgado Conten-cioso Administrativo a cargo del magistrado Luis Arias quién aceptara la legitimidad colectiva a los presentantes para hacer el reclamo. Posteriormente, y con bastante celeridad, convocó a una audiencia de conciliación, homologando el acuerdo al que arribaron las partes, por el cual se ordenó al Ministerio de Seguridad: “1) se ordena a todas las dependencias policiales de la provincia de Buenos Aires la remisión de todos los álbumes o registros fotográficos exis-tentes” que “deberán ser remitidos a la Fiscalía de Cámara de cada Depar-tamento Judicial dentro del plazo de 24 horas de la recepción de la orden que se instrumentará mediante acto adminis-trativo del Ministerio de Seguridad. 2) Se prohíbe expresamente la utilización de fotografías o la extracción de copias para uso en las dependencias policiales a las que se hace referencia en en el punto 1, considerándose falta grave. 3) Las autoridades policiales podrán tomar exclusivamente fotografías de personas privadas de libertad con fines iden-tificatorios, debiendo consignarse el motivo de la detención, y elevarse la ficha y la fotografía con sus negativos a la dirección de Antecedentes del Minis-terio de Seguridad en el término perentorio de 24 horas.”
De inmediato a la firma del acuerdo, el Ministerio de Seguridad dictó la Resolución Administrativa 784/05, por la cual se reconoce a la fotografía como herramienta fundamental para toda investigación penal en los casos en los que existan autores ignorados. En tal sentido, la resolución sigue en rigor lo prescripto en el acuerdo, pero se excede cuando determina en su artículo primero que: “… las policía de la Provincia obtendrán fotografías de la personas privadas de su libertad con el objeto de proceder a su identificación”. De este modo, bajo el concepto ambiguo de “privados de libertad” se abre la puerta para que la policía fotografíe e identifique por este procedimiento a cualquier persona demorada.
Asimismo, el artículo seis, una verdadera conquista refiere: “…Los álbumes fotográficos serán exhibidos en los casos y a las personas que la autoridad judicial competente determine”. El artículo siete dice: “….Las fotografías exhibidas en el álbum contarán al pie con un código identificatorio, los datos personales de la persona fotografiada y su correspon-dencia con el código adjudicado contarán en un listado aparte en poder del delegado responsable.” Se acaba así con los manejos discrecionales de los Comisarios con los libros, se designa a un responsable tenedor de los libros en área centralizada, quien deberá llevarlo y custodiarlo en su debida forma. Por lo que: “Las fotografías existentes en todas las dependencias policiales al momento del dictado de la presente resolución serán remitidas a los respectivos delega-dos de la dirección de antecedentes”.
Por último, la resolución deja abierto el proceso de digitalización de imágenes, la sustitución de los Modus Operandi por un sistema más poderoso e inteligente: “…Otórgase el plazo de 180 días a las subsecretaría de investigaciones en función judicial para la digitalización de las fotografías y la puesta en funcio-namiento de un sistema informático de almacenamiento”. Con la digitalización de las imágenes fotográficas ingresa la tecnología al uso policial cotidiano, el uso y control tecnológico como instru-mento de mayor efectividad y discrecionalidad a la hora de ejercer el control social sobre los más pobres.
El acuerdo y la resolución 784/05, no obstante dar una solución transitoria al tema de los Modus Operandi que se llevarán a cabo en adelante, no resuelve el punto 1) del acuerdo, quizás uno de los puntos fundamentales de la acción planteada, en tanto la documentación existente en Comisarías hasta la fecha, y que fuera enviada a cada Dirección Departamental de acuerdo a la resolu-ción 784, sigue sin ser analizada en detalle, y corre el riesgo de continuarse con su uso al pedido de cualquier funcionario policial/judicial que lo solicite, además de poder llegar a ser informatizada conforme ya lo hemos trascripto más arriba.
Ahora bien, pocos días después del mencionado acuerdo, los Fiscales Generales Departamentales, pidieron una reunión con la Procuradora General de la Corte, en dónde se decidió no recibir esa la polémica documentación. En declaración de prensa de numerosos Fiscales Generales, los mismos además de rechazar el acuerdo, reconocieron expresamente que los álbumes de Modus Operandi resultaban fundamen-tales para toda investigación delictiva, por lo que decidieron seguir avalando e impartiendo instrucciones en cada ámbito funcional del Ministerio Público, para que se continúe con la práctica.
Por último, y como consecuencia de todos estos traspiés desde el acuerdo homologado, ante la repercusión de la medida, las idas y venidas de los Fiscales, la continuidad de la documen-tación en manos de los Comisarios locales, como así la presión ejercida por numerosos organismos de Derechos Humanos que se solidarizaron y se expidieron teniendo en cuenta la trascendencia de la problemática; se solicitó al Juez Arias dicte una medica cautelar complementaria que aclare aspectos de la Repsol. 784/05 que no quedaron claros, e imponga algún tipo de sanción ante el virtual incumplimiento de lo resuelto.
En tal sentido, con fecha 8 de Julio, el Juzgado Contencioso Administrativo dicta una Medida cautelar, por la cual reconoce la verosimilitud del derecho afectado e invocado por la actora desde un inicio, como así el peligro procesal en juego. Por ello, el juez determina, ahora sí, con total precisión: “la prohibición de usar y exhibir los álbumes fotográficos o “Modus Operandi” a todos los efectivos de la Policía Bonaerense, salvo los que se encuentren expresamente autorizados por la Resolución Nº 784/05 y bajo las condiciones que se allí se establecen, bajo apercibimiento de aplicarse astreintes de $ 5000 en caso de incum-plimiento y de iniciarse las acciones penales correspondientes”.
La prohibición de uso y exhibición ha quedado ya sin discusiones, la única posibilidad de tener un contacto directo con la foto es para el comisario la de extraer la foto y elevarla en el mismo día al encargado de custodia de las mismas, o en su caso, solicitarlo a dicho custodia con autorización judicial para el uso y exhibición un caso determinado. Todo lo cual debe quedar debidamente documentado.
Asimismo, la cautelar “…ordena a los Jefes de cada dependencia policial de la Provincia que remitan en el término perentorio de cinco días los álbumes que se encuentren en su poder, a la Dirección de Antecedentes de la Policía Bonaerense con sede en la ciudad de La Plata, debiendo acreditar en autos dicha remisión mediante constancias firmadas por aquél organismo, bajo apercibimiento de aplicarse astreintes al funcionario o agente responsable en solidaridad con el Comisario o Jefe de la Dependencia Policial, las que se fijan prudencialmente en la suma de $ 100 por cada día de demora injustificada”. De este modo se pone coto a los manejos inescrupulosos de muchos Comisarios que pretendían seguir conservando documentación en su dependencia.
Por último, el juez ordena: “…al personal que se encuentra autorizado por la Resolución Nº 784/05 para tomar las fotografías que consignen en cada caso el “motivo de la detención” y remita las mismas y sus negativos a la Dirección de Antecedentes de la Policía Bonaerense, hasta tanto se designe en cada Dirección Departamental de Policía Científica al delegado de la Dirección de Antece-dentes en carácter de responsable y custodia de dicho registro, ello bajo apercibimiento de aplicarse astreintes al funcionario o agente responsable en solidaridad con el Comisario o Jefe de la Dependencia Policial, las que se fijan prudencialmente en la suma de $ 100 por cada día de demora injustificada”. Con este último agregado en la cautelar, se trata de aclarar cierto contenido de la Resol. 784/04, buscando evitar las ambigüedades que genera el concepto “privados de libertad”. A partir de la resolución de Arias, personal policial debe consignar por escrito el “motivo de la detención”, cabe decir, al introducir la palabra “detención”, se supone no puede quedar incluida una persona demorada o contravenida.
Contacto:
CIAJ (Colectivo de investigación y Acción Jurídica)
ciaju@yahoo.com.ar
rolopomares78@yahoo.com.ar
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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