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La semilla de Facundo, el día de su cumpleaños 23

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Breve semblanza de la vida y el pensamiento del joven que desapareció el 30 de abril, según sus propias palabras, luchas, raps, y el recuerdo de su madre y una de sus docentes. Fotos que ilustran cómo es la vida en Pedro Luro, de la niñez a una juventud marcada por la estigmatización social y el hostigamiento policial. El 24 de marzo, el Che, y los murales del Nunca Más.

“Yo a principios de año, cuando recién empezaba a ir al Semillero, muchos me decían: `No tenés que ir ahí porque ellos se drogan, ellos son chorros´, y yo me animé a ir para ver si es cierto lo que dicen o no, y me di cuenta que todo lo que está diciendo la sociedad no es nada que ver. Es más, yo también me sentía muy excluido por la sociedad por mi forma de ser, porque soy rapero. Hago rap. Y me visto como una persona que hace rap. Y todos me decían: ´No vayan allá porque ese chico miren cómo va vestido, es chorro, se droga´. Y nada que ver”.

Es 2013 y el que habla es Facundo Castro.

Es el fragmento de un video que acompañaba la presentación de La verdad de la milanesa, la revista que editaban junto a otros compañerxs de Jóvenes y Memoria, un programa de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). El que habla es el Facundo que escribe, que rapea, que pinta murales, que milita, el fan de Eminem, el que saca medalla de bronce en los Juegos Bonaerenses, que gana junto a sus compañeros y compañeras el carnaval en Mayor Buratovich, el que hace el ritmo de la batucada con una lapicera en cualquier momento, en cualquier hora y en cualquier lugar.

El que hoy cumple 23 años.

El que hoy sigue desaparecido, mientras su mamá, Cristina Castro, está viajando hacia la Ciudad de Buenos Aires, para reunirse el lunes con el presidente Alberto Fernández y aguardar el martes el comienzo de la autopsia, para que alguien le diga si el esqueleto encontrado en el río de Villarino es el cuerpo de su hijo.

Del Che al hostigamiento

Vanesa Ganduglia recibe a lavaca en la puerta de su casa en Pedro Luro, con un barbijo que dice “Aparición con vida de Facundo Castro”. Vanesa es profesora de arte, se considera productora cultural y era la coordinadora de Semillero Cultural, el colectivo de jóvenes al que Facundo pertenecía. El punto neurálgico era la estación de Luro, donde confluían jóvenes de todas las clases sociales a desarrollar distintas actividades culturales: batucada, juegos, danza, tela. “Ahí Facu se hizo el stencil del Che”, recuerda hoy. “Anduvo años con esa misma remera”.

Desde el 30 de abril, día que Facundo fue visto con vida por última vez en una infracción policial, diversos medios de comunicación buscaron instalar diversas hipótesis. Una de ellas es que Facundo tenía problemas de adicciones, y hasta el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, sugirió investigar “la pista narco”. Es el mismo sentido que el propio Facundo describe en el video que era el sentimiento hacia los jóvenes. “Ir a la estación pasó a ser en el boca a boca del pueblo que los pibes se drograban y robaban”, dice Ganduglia. “Los pibes venían de distintas vidas, pasados y habían pasado por muchas cuestiones distintas. Pero era un espacio para que e encontraran pibe de distintos contextos. Pero acá se instaló esa visión”.

Desde la Shell donde entra a trabajar todos los días a las seis de la mañana, Cristina Castro dice a lavaca: “Eran actividades culturales, que sacaban a los chicos de la calle, y los ponía en otro lugar. Pero el hostigamiento que sufrían era muy fuerte”.

-¿En qué consistía ese hostigamiento?

-Ellos tenían una canchita de fútbol, al lado de la estación, que habían armado ellos mismos. La policía llegaba y les cruzaba un patrullero en medio de la cancha. Lo mismo cuando estaban con la batucada: “Ustedes son todos chorros, son todos drogones”, les decían. Pero era su lugar. Ellos ahí se divertían. Pero les cruzaban el patrullero, manoteaban a dos o tres, les daban unos sopapos y se los llevaban a la comisaría. Millones de veces las mismas profesoras tuvieron que ir a sacar a los chicos. Muchas veces ellos no decían nada, porque tenían miedo. Y nosotros no teníamos dónde denunciar. Andá a hacer una denuncia acá contra un policía. Primero, no te la toman. Segundo, agarrate las consecuencias: te van a hostigar toda tu vida. Acá no hay otra cosa donde acudir. ¿Bahía Blanca? Está a 120 km. Acá son amos, dueños y señores.

Memoria, verdad y justicia

El Semillero Cultural en Luro dejó sus actividades cuando la actual gestión de Bevilacqua los desalojó de la estación, el principal espacio donde confluían les jóvenes.

Recuerda Cristina: “Una vez me acuerdo que Facundo estaba muy enojado, porque se habían llevado detenido a un compañero de él, y vino y me dijo: ´¿Ustedes las mamás no piensan a hacer nada?´. Fuimos con Vanesa (Ganduglia) a la comisaría hasta que viniera la mama del amigo. Lo tenían sentadito ahí. Seguro le habían dado unos sopapos. Fuimos a buscar a ese nene que no era nada mio. Otra cosa no podíamos hacer. Cuando terminó la batucada pensamos que el hostigamiento iba a terminar. Pero no fue así. Cuando Facu cumplió 18 compró una moto. Andaba por todos lados. Un día tuvo un accidente cerquita de casa. Fuimos con Facu en ambulancia para el hospital. No estaba rota la moto. Cuando me presento con él al corralón tuvimos que pagar una multa de 8000 pesos, pero la moto estaba destruida. Me acerco a la jueza de faltas. Le explico que cuando se la llevaron no estaba así. Dice: ´Ah, no sé, arreglesé con al policía porque fueron ellos quienes la trajeron”.

Cristina muestra a lavaca una foto de Facundo. La imagen es en la estación de Pedro Luro. Facundo está frente a un mural que habían pintado precisamente con les jóvenes del colectivo Semillero Cultural, sosteniendo un megáfono. Es en 2014, y tiene 15 años.

Facundo frente al mural que habían pintado en la estación de Pedro Luro desde el Semillero Cultural.

“Fue un 24 de marzo: agarró el megáfono y se puso a explicar el significado”, dice Ganduglia. Dos hechos actuales reflejan el peso de ese día y de esa fotografía: ese mismo mural fue tapado por la gestión actual del municipio y su mamá está a la espera del inicio de la autopsia. En esa misma estación, Ganduglia tenía la idea de este domingo realizar otro mural, pero ahora con el rostro de Facundo. Hace una semana y media Luro volvió a Fase 1 de cuarentena estricta, por lo que las actividades se harán de forma virtual, a las 18, y por el Facebook del Semillero Cultural: «Nos encontramos familiares, amigxs, artistas y referentes de derechos humanos para seguir pidiendo verdad y justicia por Facundo Castro». Habrá retransmisión en vivo por al menos siete radios, otras cinco páginas de Facebook y un canal de TV de Viedma.

Dice Cristina: “Ese que estaban haciendo decía `Memoria, verdad y justicia`, con un dibujo de las Abuelas con el pañuelito blanco. Admiraba mucho a Estela de Carlotto: ´Ella tiene toda la garra´, decía. Y sobre el otro costado habían pintado un mural de Santiago Maldonado. Pero el actual gobierno no sólo los desalojó sino que les tapó los dos. Quedan las fotos. Tengo esta que me mandó Vanesa, y nos acordábamos que, como vivo a metros, ese día le mandé un mensajito donde le decía: ´¿Le podés decir a mi hijo que se calle, que lo escucho hasta acá?´, porque estaba con un megáfono explicando qué significaba el mural. Y mirá cómo son increíbles las vueltas que da la vida: este año fui yo la que tuve que agarrar un megáfono para pedir por la vida de mi hijo”.

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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La última Mu: Movete

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