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Los gobiernos, las corporaciones y algunas claves para entender los incendios argentinos

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El cálculo de las zonas quemadas y/o afectadas por los incendios en el país puede llegar a más de un millón de hectáreas, equivalentes a 50 veces el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.

El desastre no es natural sino humano, con causas bien concretas que van desde el cambio climático que favorece estas situaciones a la virtual desaparición del agua, los intereses económicos y de los agronegocios que encienden todas las mechas en búsqueda de maximización de ganancias. Y gobiernos de todos los niveles absortos en twittear declaraciones y hacer comentarios mediáticos sobre la “grieta”, mientras se difunden los fuegos. Los incendios no son solo en Córdoba, el Delta y otras zonas del llamado “interior” sino que ocurren también en el AMBA (Laferrere, Berazategui, Quilmes) en reservas codiciadas por corporaciones industriales e inmobiliarias.

El doctor Damián Verzeñassi desde Rosario y el ecologista Emilio Spataro desde Corrientes brindan pistas sobre lo que está pasando con la pandemia, y las movilizaciones que no van en Audi pero tampoco se quedan pasivamente en casa mientras actividades de destrucción ambiental son consideradas “servicios esenciales”.  

“No queremos seguir encerrados mientras las corporaciones extractivistas, alentadas por el Estado, siguen destruyendo nuestros territorios, principalmente en este contexto de Covid-19 donde nos sacan hasta la capacidad de respirar”, dice desde Rosario el médico Damián Verzeñassi.

“Nos dijeron ‘quedate en casa’, pero estás siendo intoxicado por el aire irrespirable por las quemas. O te dicen ‘quedate en casa’ pero definen como servicio esencial quemar bosques y humedales, fumigar y desmontar”, define el ecologista Emilio Spataro desde Corrientes. “La gente no se queda en casa porque están destruyendo los bienes comunes que son los que en definitiva garantizan su salud”. Así se refiere a las  movilizaciones que denuncian los incendios en el Delta que –no casualmente- se reproducen también en zonas tan ajenas como distintos puntos de Córdoba, Catamarca o el Gran Buenos Aires.

Masivas movilizaciones en el puente Victoria-Rosario, contra las quemas y por una Ley de Humedales. Foto: Eduardo Bodiño

El ecocidio, la derecha y la libertad

Damián Verzeñassi tiene el ojo puesto en lo colectivo y, a la vez, en lo personal: sus propios pulmones y Gala, su hija de un año de edad.

Es director del Instituto de Salud Socio Ambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, y uno de los fundadores de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL). “En lo personal, tuve que triplicar el uso de broncodilatadores por mi cuadro respiratorio, debido al humo de los incendios, que llegan a Rosario. Y mi hija tiene un año. Casi la mitad de su vida ha tenido que respirar este aire cargado de sustancias tóxicas muy por arriba del máximo permitido por la ONU. La exposición antes de los 5 años disminuye calidad y expectativa de vida, además de volver a niñas como Gala a ser propensas a padecer enfermedades cardiorespiratorias”.

Más allá de lo personal, Verzeñassi plantea: “Estamos viviendo un ecocidio, una destrucción suicida de los espacios que garantizan la calidad del agua, la tierra y el aire. Y vemos que las autoridades nacionales y provinciales no toman en serio este proceso, o hasta lo impulsaron. El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, tiene amplio prontuario en la destrucción de territorios. El de Santa Fe, Omar Perotti, que se hizo el distraído hasta que la gente empezó a movilizarse por los incendios y el humo en Rosario y otros puntos de la provincia. Y el gobierno nacional que, mientras medio país está en llamas, anuncia que la salida a la crisis del Covid-19 viene de la mano de los agroexportadores, los monocultivos y el extractivismo que destruyen el ambiente y siguen haciéndolo, como demuestran estos incendios”.

Considera Verzeñassi que la situación de los incendios favorece la propagación del Covid -19: «Es un juego del que nadie se hace responsable”.

Las movilizaciones invisibilizadas en las provincias, frente al foco mediático de la escasa marcha “anticuarentena”: “Los anticuarentenas de la derecha son parte fundamental del proceso de destrucción territorial. Son manifestaciones del individualismo y lo peor de la meritocracia. Eso nada tiene que ver con una sociedad saludable. Lo que estamos planteando es la necesidad de una movilización colectiva, solidaria, a partir de los principios de respeto y cuidado de la diversidad de la vida, y el respeto de las generaciones futuras. No es garantizar la libertad individual de enfermarnos, sino que no nos quiten la capacidad de respirar”.

El Delta en llamas. Foto: Eduardo Bodiño

En su cuenta de Twitter Verzeñassi se define como “drapetómano incurable”. Explica: “La drapetomanía fue una enfermedad descripta a fines del siglo 19 en los Estados Unidos. Era lo que se consideraba una irrefrenable ansia de libertad por parte de los negros que no querían ser esclavos. O sea, a quien peleaba por su libertad, lo declaraban enfermo. Eso muestra los lugares de poder en los que muchas veces se para lo supuestamente científico. Aquí la lucha por la libertad no es la que aparece por televisión, sino la de quienes buscan reconstruir la vida social y la relación con la naturaleza”.  

Damián hace una relación metabólica entre lo individual y lo social: «Los contextos que hacen posible la pandemia del Covid-19 son los que expresan la destrucción de los sistemas inmunológicos colectivos y sociales. Expresan la destrucción de las relaciones de las relaciones metabólicas entre sociedad y naturaleza. Creo que tenemos que recuperar los sistemas inmunológicos no solo a nivel individual sino también colectivo. Para que haya inmunidad individual necesitamos las defensas inmunológicas colectivas, que son la solidaridad, el mutualismo, la cooperación y la recuperación del vínculo con el territorio”.

El AMBA también se incendia

“Estamos asistiendo a una avanzada corporativa sobre los bienes comunes”, plantea Emilio Spataro desde Corrientes. Emilio sigue desde adolescente, a principios de siglo, la situación ambiental y de los bosques y humedales en particular. Fue uno de los fundadores de Guardianes del Iberá y actualmente coordina el área Bosques y Diversidad de Amigos de la Tierra.

Panorama para entender los incendios: “Hay factores climáticos, estacionales, hay menos lluvias, los ríos y arroyos están bajos y es época en la que se queman pastizales para el rebrote. Hasta ahí llega la ‘normalidad’”.

Habría que considerar que la parte climática de esa “normalidad” tiene que ver con la crisis climática, que genera desastres poco naturales y muy humanos.

Foto: Eduardo Bodiño

Continúa Emilio: “Lo diferente es que, ante esos factores, hay intereses corporativos que avanzan deliberadamente sobre bienes comunes. Es fácil de detectar: no hay acampes o esparcimiento en los que podría generarse fuego, por la cuarentena. No hay incendios en establecimientos agropecuarios consolidados. Ni tampoco en las plantaciones de pinos o eucaliptus, pese a que están con las mismas alarmas rojas y riesgos”.

¿Dónde sí ocurren entonces las quemas? “En lugares de hay fuertes intereses de corporaciones y negocios por apropiárselos. Puede ser para habilitarlos para usos agropecuarios o para barrios privados, principalmente. Ocurre en Córdoba, también en el Delta y hasta en el AMBA: hubo fuertes incendios intencionales en la reserva de Laferrere que antes fue un aeropuerto. Los vecinos salieron a denunciar el tema, incluso los horarios de los incendios coincidían. Y otro caso es del de la costa Quilmes-Berazategui del Rio de la Plata”. Allí la corporación Techint junto al gobierno de CFK, el provincial (Daniel Scioli) y los municipales de Quilmes y Avellaneda, intentaron un avance sobre la selva marginal nacida entre el CEAMSE y el río, proyecto que fue frenado por la movilización vecinal desde aquel entonces, pasando por toda la etapa macrista.

“Si se incendian lugares tan específicos y hasta dispersos, todo está más claro. En Córdoba se queman siempre los lugares donde se discuten proyectos de ampliación o creación de barrios privados”. Ni siquiera considera Emilio que el problema es que los incendios se le hayan ido de las manos a los impulsores. ”Nada se les va de las manos. Aprovechan el contexto climático y estacional, y también la menor presencia ciudadana por la pandemia. Es un modus operandi. No digo que sea un solo grupo, pero sí un modo de hacerlo, siempre con la misma intencionalidad”.

Spataro plantea el caso de Victoria, en Entre Ríos, donde hay empresas solicitando autorización para construir barrios privados, o la periferia sur de Corrientes donde se incendió otra reserva en un lugar al que aspira  acceder un proyecto inmobiliario.

Rosario vista desde los humedales. Foto: Eduardo Bodiño

Progreso modo Edad Media     

“La película que hoy vivimos empezó hace mucho, y entonces se planteaba de modo conjetural. Decíamos: ‘si se destruyen los bosques vamos a tener inundaciones graves, pandemias, sequías, ecosistemas enfermos’, y las autoridades ni escuchaban, o decían que era todo una exageración. Hoy está probado a nivel académico todo lo que la destrucción ambiental afecta la vida diaria de las personas”, plantea Emilio.  

“La pandemia es la máxima demostración de lo que implica destruir la biodiversidad. Estamos en pleno siglo de la revolución digital, encerrados con medidas de la Edad Media. La cuarentena y lavarse las manos son eso. Entonces, no era que ecologismo estaba contra el progreso y el desarrollo. La destrucción ambiental es la que nos quita el progreso y el desarrollo, encerrándonos en nuestras casas. Los ecosistemas están enfermos, el mundo ha perdido aproximadamente el 75% de sus bosques naturales primarios y secundarios”.  

Emilio Spataro calcula que solo en el Delta hay más de 300.000 hectáreas afectadas (entre las directamente incendiadas y las indirectamente dañadas) y que se llegará posiblemente al millón de hectáreas afectadas, superficie equivalente a 50 ciudades de Buenos Aires.

“El gobierno nacional no dimensiona el impacto en su verdadera dimensión. Pero si lo hiciese, tampoco tiene recursos ni dinero para enfrentar tantos focos de incendio. El tema es que las corporaciones e intereses económicos dejen de incendiar la Argentina”.

La expectativa hacia adelante, en el tema específico de los humedales, está en un proyecto de Ley que nació enlas asambleas ciudadanas del litoral, a las que se sumaron asambleas de San Juan y Mendoza. “Ya tuvo dos media sanciones en el Senado y las corporaciones la voltearon las dos veces en Diputados. Ahora hicimos la presentación en Diputados, en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente que preside Leonardo Grosso. El rechazo está centralizado en medios como Clarín y La Nación, que no solo representan intereses sino que tienen intereses directamente ligados a proyectos agropecuarios e inmobiliarios que destruyen reservas y humedales”.

¿Qué plantea el proyecto de Ley? “Presupestos mínimos para la rotección de los humedales, un inventario y unordeenamiento territorial, el fortalecimiento de lospobladores isleños,comunidades campesinas e indígenasque sonquienes aportan sustentabilidad alsistema y unamoratoria de toda actividad que dañe los humedales. El proyecto presentado por Grosso establece un régimen penal de sanciones”.

Sobre las movilizaciones invisibles a los medios. “Ponen en foco ala gente que les interesa. Y el gobierno discute eso. Pero lo que nunca se ve es este otro tipo de movidas pese a que Rosario, por ejemplo, no es un paraje. Ni Córdoba.En el caso de Rosario hay cortes de puentes, de la ruta a Buenos Aires, reclamos vecinales”. “Nos dijeron ‘quedate en casa’, pero estás siendo intoxicado por el aire irrespirable por las quemas. O te dicen ‘quedate en casa’ pero definen como servicio esencial y casi patriótico, quemar bosques y humedales, fumigar, desmontar. La gente no se queda en casa porque están destruyendo los bienes comunes que son los que en definitiva garantizan su salud”.   

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el crimen de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio.

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político.

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía.

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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