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Las migrantes dominicanas rompen el silencio: un crimen sin justicia

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Yaniris cuenta su historia de dolor sin dolor. Con voz segura, con frases breves, con las manos apoyadas en sus muslos largos y con la mirada fija en quien quiera escucharla. Lo que está diciendo es insoportable, pero ella lo tolera con una dignidad imperturbable. Sin lágrimas, sin quejas. Sabe que está enfrentándose a todo lo que siempre temió y, quizá por eso mismo, transmite esa convicción de quien no tiene otra salida que la de avanzar, desafiante. “Nosotros somos muy cerrados. Sufrimos las cosas por dentro y no las hablamos, que es lo que yo decidí no hacer más. Yo tengo que hablar. No me interesa ni lo que piensen los demás ni el miedo. Ya no. Lo único que me interesa es que se haga justicia y que nos apoyen, porque sola y callada no voy a obtener ningún resultado”. El resultado que busca Yaniris es justicia. Su hermana Santa fue asesinada. Y ese crimen es el que rompe, por primera vez, la mordaza que somete a tantas mujeres migrantes dominicanas.

 

La ruta de la esclavitud

¿Por dónde comenzar a contar esta historia, si la impunidad y la violencia la desgarra completa, sin piedad? Pongamos que todo se inició un 10 de febrero del año 2000, cuando Yaniris llegó a Argentina, desde su Santiago natal. “Mi prima hermana estaba trabajando en Necochea y cuando nos vino a visitar, la vi tan bien que me inspiró. Allá no hay opciones. Hay mucha gente trabajando en la zona franca, haciendo ropa, cosiendo botones. Mi mamá trabajaba en eso. Mi papá era agricultor. Ellos se habían separado. Éramos cinco hermanos, yo soy la mayor y había quedado embarazada. Había noches que nos acostábamos sin comer. Mi madre me apoyó, pero mi padre no quería. Tuvimos que hipotecar la casa para pagarle al hombre que hizo todos los trámites. Acá me estaban esperando en el aeropuerto. Me llevaron directo al boliche y ahí me explicaron lo que tenía que hacer.”

-¿Vos no sabías?

-En el momento, no. Me habían dicho que podía conseguir cualquier tipo de trabajo. De niña trabajé en casa de familia. Pensé que aquí podía hacer lo mismo. Pero era mentira.

-¿No pudiste decir que no?

-Es que tenés miedo, no conocés el país ni el lugar dónde estás. No te dejan sola nunca. Te acompañan hasta al supermercado.

-¿Dónde quedaba el boliche a donde te llevaron?

-En Recoleta. Después, me llevaron a un departamento de la calle Jujuy, muy cerca del Hospital Francés.

-¿Con quién estabas ahí?

-Éramos dos chicas embarazadas y dos nodrizas.

-¿Nodrizas?

-Chicas que estaban amamantando. Nos vigilaba una pareja. La mujer de día y el hombre, de noche. Nunca te dejaban sola.

-¿Cuántas horas tenías que trabajar?

-Las 24. No salíamos del departamento.

-¿Cuánto cobrabas?

-Había servicios de 20, 30 y 50 pesos. Por el de 20, te quedaban 8 pesos. El resto era para la pareja, que te cobraba hasta el aviso que ponía en los diarios.

-¿Cómo pudiste salir de ahí?

-Porque me ayudó otra chica, haitiana ella. La mujer del departamento me había sacado el pasaporte y yo pensaba que sin documentos no podía ir a ningún lado. Pero la chica me dijo que podía hacer la denuncia de que lo había extraviado y así tener otro. Me explicó que yo tenía derecho a andar sola, que me estaban explotando y me ayudó a salir. Me fui con ella, a compartir una habitación en un hotel de la calle Piedras al 900. Ella fue también la que me mostró Constitución.

En las cuadras que rodean la estación de trenes de Constitución, Yaniris aprendió los límites de su derecho a andar sola. Pagaba 20 pesos por semana a la policía para que la dejaran trabajar y 900 al hotel donde vivía con su hijo. Cuando las cuentas no le daban, tenía que afrontar los procedimientos contravencionales. “Me tienen fichada y con foto en todas las comisarías de la zona. Un día, incluso, me enjuiciaron. Tuve que enfrentarme a un juez y a los testigos que decían que yo llevaba pantalones llamativos. Fueron tiempos duros, de mucho miedo. Una vez un hombre me golpeó y casi me mata. Quedé aterrada. Por suerte, encontré una familia que me ayudó. Cuidaba a mi hijo, si no tenía plata para la leche, ellos le daban. Siempre se la devolví, porque era lo que correspondía. Pero no es el caso: lo importante es que ellos lo hacían porque me ayudaban.”

 

El crimen de Santa

A fines de 2004 Yaniris recibió a su hermana Santa, que calcó su destino de andar sola por las calles de Constitución. Poco después, las dos conocieron a quienes serían sus parejas. Yaniris dice que por entonces ya estaba pensando en dejar la calle. “Por miedo, pero también porque quería para mi hijo una vida normal y eso no es normal. Yo llegaba a mi casa y no dormía del miedo que traía encima. No fue fácil. Lo intenté varias veces. Empecé a estudiar de noche, pero tuve que dejar porque tuve problemas con los documentos. Fui al psicólogo, dejó de importarme tanto la plata, pude estabilizar una pareja, cortar con todo y, finalmente, salí.”

Santa -a quien Yaniris llama Delinda, su nombre de fantasía- no había podido desarmar esa cadena. Se había enamorado de Alejandro César Rojas, un muchacho de 30 años, que trabajaba de taxista y con el que al poco tiempo empezó a convivir. Muy pronto, él perdió el trabajo y Santa  tuvo que compartir el departamento con Yaniris. Así su hermana descubrió cómo funcionaba la pareja. “Un día los encontré en la cocina, peleando. Él tenía un cuchillo en la mano. Lo eché, pero no quería irse y tuvimos que sacarlo a empujones del departamento. Estuvieron separados un tiempo, pero volvieron. Y ahí le dije a mi hermana que yo sentía en el corazón que ese no era un hombre para ella y que no quería volver a verlo. Entonces, ella decidió irse”. Regresó al tiempo, después de una violenta pelea que terminó con una denuncia en la comisaría 43, donde Alejandro estuvo detenido durante ocho horas. “Después lo soltaron. Y como cuando mi hermana tenía que volver a declarar había mucha gente, le dijeron que volviera otro día. Así que quedó en nada”.

Santa estaba embarazada de tres meses. Aún así, trabajaba para mantener a su pareja, para esperar a su hijo, para sobrevivir. Le había dicho a Yaniris que solo trabajaría uno o dos meses más, hasta juntar el dinero suficiente para pensar más tranquila su futuro. “La última vez que lo contamos, tenía 1.500 pesos.” Por entonces, la pareja se había mudado al hotel Arlequín, de San José 1019, en el barrio de Constitución. En una de sus veinte habitaciones Santa fue asesinada a golpes y puñaladas.

 

La noche impune

La última vez que vieron a Santa con vida fue el domingo 16 de marzo a las 12 de la noche. Había ido a cenar con Alejandro a uno de los restaurantes de la zona de San José y Cochabamba, poblada por la comunidad dominicana. En el barrio cuentan que a las 2 de la mañana lo vieron a Alejandro en la discoteca Bom Bom, a pocas cuadras de allí y luego, en un bar de la zona. En los dos lugares dicen llevaba la camisa ensangrentada y la cara arañada. Los relatos le pierden el rastro a las 5 de la mañana. Desde entonces está prófugo.

Recién dos días después, la encargada del hotel Arlequín llamó a la policía, alertada por el olor que salía del cuarto de la pareja. El amigo que fue convocado a la habitación para reconocer el cadáver cuenta así lo que encontró: “No había mucho desorden. Ella estaba desnuda, tirada en el piso. Tenía la cara desfigurada por los golpes. Tanto, que le dije a la policía que no la podía reconocer. Me pidieron que me concentraran en el cuerpo. Y sí: ella era así de flaquita, pero tirada ahí parecía más nena todavía”. Yaniris no pudo verla. “Me había llamado una amiga para decirme que a mi hermana le había pasado algo. Cuando me estaba cambiando, sonó otra vez el teléfono: era la policía, que me pedía que fuera a identificar un cadáver. Me dio un ataque. Mi marido me encontró en el piso, aullando y como pudo me llevó al hotel. Cuando llegué, vi un montón de gente en la puerta, la policía, las cámaras y me desmayé. Terminé en el hospital, donde estuve dos días internada”.

 

Decir basta 

Santa se convirtió en el sumario 805 que tramita el juzgado de Instrucción Nº 16, a cargo de la doctora Bruniard. Yaniris todavía no sabe nada del estado de la causa, porque recién ahora consiguió un abogado. Tampoco sabe porqué aún no le entregaron el cuerpo de su hermana, ni si podrá trasladarlo a su país, como le ruega su madre o tendrá que sepultarlo acá, al menos hasta tanto la justicia haga algo por encontrar a Alejandro, que supone que está escondido en Paraguay. “Fui a la embajada a pedir ayuda, por lo menos para tener un abogado, pero no me dieron nada. Lo que yo pido es que la justicia haga algo y que la embajada también, porque sino el crimen va a quedar en nada”.

Yaniris cuenta que ahora está estudiando computación y que de poco está armando una página para reclamar justicia por su hermana. Que mañana tendrá una reunión con mujeres de su comunidad para organizar una nueva marcha. Y que pasado irá al juzgado con la esperanza de que una jueza mujer entienda que esta vez no, que basta.

Esa es la palabra, dice, que le permitió dejar de llorar, de callar, de aguantar, de temer: basta.

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Lo que no se juzgó en el juicio por la joven abusada en Miramar

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Luego de que los tres jóvenes acusados de violar a una niña de 14 años en un camping de Miramar fueran absueltos en un juicio con jurados populares, la familia reclama la nulidad y pide un nuevo proceso. “Queremos una justicia que no sea machista, una justicia que defienda y proteja a las víctimas”, dice la madre de la joven a lavaca. Lo que no se tuvo en cuenta.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

La sentencia se conoció el 17 de septiembre pasado: el jurado popular declaró “no culpables” a Lucas Pitman (24), Tomás Jaime (26) y Juan Cruz Villalba (25), los tres acusados de violar a una niña de 14 años durante los festejos de año nuevo. El juicio duró 4 días y la deliberación de los 12 ciudadanos que conformaron el jurado popular no llevó más de 4 horas.

La familia reclama ahora el desarrollo de un nuevo juicio técnico donde se tengan en consideración todas las pruebas que presentó la familia y que el jurado popular rechazó.

Según el recurso que presentaron ante la Cámara de Casación, ese fallo “vulnera el derecho a la integridad personal, a la vida privada y familiar, a los derechos de la niña, a la igualdad ante la ley, a las garantías judiciales y a la protección judicial”. Por lo cual solicitan se dejar sin efecto “el veredicto de “no culpabilidad” dictado por el jurado popular el día decretándose la “nulidad insanable”.

“Llegamos a ese juicio cuando pedimos la encarcelación de ellos tres que hasta ese momento computaban pena en su domicilio”, dice a lavaca Gisela Mendoza, mamá de la joven. La respuesta a ese pedido fue una fecha de juicio por jurado: “Nos avisaron con menos de un mes de antelación. Los fiscales tuvieron que estudiar la causa en ese corto tiempo, porque la fiscal que venía llevando el caso era otra”.

Lo que falta                                

Mendoza cuenta que, al hacerse un juicio a las apuradas, faltó el estudio de pruebas tales como el peritaje de un celular, que no llegó a investigarse porque tenía un patrón. La mamá de la joven también pone el foco en los resultados de la prueba alcoholemia “que dio negativa a los tres, pero pasaron muchas horas hasta que se hizo el estudio”.

La familia de la joven señala que además hay muchas pruebas que fueron desestimadas justamente por haberse tratado de un jurado popular, cuyo alegato estuvo “lleno de mentiras y prejuicios”. Un ejemplo: “En el alegato la abogada de Lucas Pitman se basa en lo lindo que es su defendido, y en que mi hija por haber tenido una relación consentida dos horas antes, se asume que el abuso no ocurrió. Repite que el consentimiento fue corroborado y eso no fue así”, dice Gisela.

Asimismo, explica que “no se tuvo en cuenta la prueba de ADN, tampoco las fotos del lugar donde se evidencia la cantidad de alcohol que habían bebido durante su estadía”, dice Gisela. “Tampoco se tuvo en cuenta el testimonio que dio mi hija Cámara Gesell, que por ley es la prueba más importante y fue verdadera como la consideró la especialista psicóloga que la realizó. Tampoco el relato de todos los que vimos a mí hija es ese estado de adormecimiento”.

Gisela también cuenta que la asesora de menores solo pudo presenciar el juicio en calidad de observadora, sin capacidad de filtrar preguntas, ya que fue rechazada dos veces por el juez. Lo mismo ocurrió con la psicóloga de la niña, a quien tampoco le permitieron filtrar preguntas. “A nuestro perito, Enrique Stola, tampoco lo dejaron estar como perito de parte”, denuncia.

En esta instancia Gisela le reclama al Tribunal de Casación que se tenga en cuenta todas las veces que se ha vulnerado los derechos de su hija: “Esperamos que Casación tome nuestro pedido, y si es necesario, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

“Queremos una justicia que respete sus propias leyes, una justicia que no sea machista, una justicia que defienda y proteja a las víctimas”, dice Gisela, que espera la realización de un nuevo juicio que establezca una condena efectiva para los 3 acusados. Y remata: “A pesar de este terrible resultado que obtuvimos en Mar del Plata, la seguimos peleando. Porque todos sabemos que eso no fue un juicio, fue una pira (refiere a viejos enjuiciamientos) para una piba, que en público fue sometida, una vez, más a una justicia patriarcal”.

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Comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fulles: amenazas, un nuevo detenido y la esperanza de justicia

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Comienza a juzgarse el femicidio de la joven de 22 años asesinada en 2017. Mientras los cinco principales imputados llegan al juicio en libertad, un hombre fue apresado el domingo, cuando fue a votar, por amenazar a la familia a través de un video con una ametralladora. La relación de los sospechosos con la policía, y la muerte con tintes mafiosos del principal acusado, en 2019. Cómo fue la primera audiencia de un caso que devela la trama de impunidad de los femicidios territoriales, y el pedido y la lucha de Mónica, la madre de Araceli: «Yo quiero que toda la verdad salga a la luz”.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

4 años y 5 meses después, este lunes a las 9:30 finalmente comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años asesinada en abril de 2017. A cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de San Martín, integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio, la primera jornada se extendió hasta las 18 horas. La causa está caratulada como “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por una o más personas y femicidio”.

Un solo imputado llegó detenido: Carlos Cassalz fue apresado el domingo en la escuela donde votaba, por amenazar a Mónica, mamá de Araceli Fulles. Los demás imputados que llegan a juicio son Hernán Rodrigo Badaracco, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos. Todos se encuentran en libertad gracias a un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín que consideró, en septiembre del 2017, que por la “ineficiencia del sistema investigativo” no pudieron se obtenerse las pruebas necesarias para probar inculparlos, en un caso envuelto en sospechas de complicidad policial para garantizar el encubrimiento.

Hasta ayer el único detenido había sido Darío Badaracco, quien murió el 13 de abril de 2019 tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica, en otro claro hecho de tinte mafioso.

Los aprietes

Días atrás, a las 4 de la madrugada, Mónica recibió un mensaje con una amenaza: “Hay balas en el pecho para toda la familia de Araceli”; el mensaje incluía un video de 9 segundos en donde se veía a Carlos Cassalz con una ametralladora. Por estas amenazas, y no por el femicidio, fue detenido ayer cuando fue a votar a una escuela de San Martín.

“La verdad es que me sorprendió. -dice a esta agencia Mónica-. Yo había hecho una denuncia por un llamado y una grabación  que me habían mandado a las 4 de la madrugada, unificaron la denuncia mía con la de un testigo, y la DDI se encargó de encerrarlo. Hoy vino al juicio esposado”, se sorprende por la rapidez de la detención que, en el centro de votación, estuvo a cargo de la Gendarmería: acaso otro de los indicios que sugieren la participación policial como parte de la trama de impunidad.

En la primera y extensa jornada se leyeron las imputaciones y las declaraciones de cada imputado. Luego, fue el turno de Mónica Ferreyra, mamá de Araceli: “Tuvieron que hacer un receso de 5 minutos porque me afectó mucho dar declaración, me agarró como una crisis: recordar todo es muy triste”, sintetiza a lavaca.

Y sigue, sobre el tiempo transcurrido desde el hallazgo del cuerpo de su hija – 27 días desaparecida- hasta hoy: “Se pierden muchas cosas, mucho tiempo”. En parte culpa de ese tiempo, uno de los contrapuntos de la jornada fue el de los detalles temporales en el que se desencadenaron los hechos. Mónica: “En el momento de declarar no te da tiempo ni a pensar. Mi defensa le dijo al juez que no me podía apretar sobre esos detalles, que recuerde que soy la damnificada, que me mataron a la hija. ¿Se puede acordar de todo, fecha y hora tan detalladamente como está pidiendo usted? No es así, le dijo”.

En la jornada de hoy se esperaba que declararon once personas, pero solo lo hicieron tres. Estas dilaciones la familia proyecta que el juicio podría durar más de un mes.

La pista policial

Araceli Fulles desapareció el 2 de abril del 2017 –a los 22 años-, cuando iba de regreso a su casa. Muy temprano, Mónica había recibido un mensaje “Vieja, prepara unos mates que voy para casa”, pero nunca llegó. Tras 27 días de búsqueda incansable, su cuerpo fue encontrado gracias a la familia violado, asfixiado, destrozado, enterrado y cubierto de cal.

Su cuerpo estaba enterrado en la casa de la madre de Darío Badaracco, un hombre del barrio vinculado a la policía. La orden de requisar esa casa la había dado el juzgado al comienzo de la búsqueda, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Araceli la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición.

“Yo espero que los condenen a todos, que no salgan nunca más”, reclama Mónica. “Yo solo pido que el juicio tenga perspectiva de género, que salga todo a la luz y que los jueces se pongan la mano en el corazón y piensen en sus hijas. Que se compruebe que son culpables y vayan presos. Yo quiero que toda la verdad salga a la luz, que se sepa lo que pasó. Pero cuesta que salga todo a la luz cuando hay manos negras metidas en el medio”.

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12avo Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios: “Necesitamos hechos”

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El grupo que reúne a madres y padres que perdieron a sus hijas por la violencia patriarcal reclamó una audiencia al Presidente y entregó en una carta medidas concretas para exigir justicia y prevenir los femicidios. Ya van 200 en lo que va del 2021. «¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas«, dice el texto, que aquí reproducimos de manera completa. Crónica y fotos del doceavo encuentro del grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios, en medio de la lluvia.

Pasado el mediodía de un miércoles de lluvia copiosa y como cada segundo miércoles de mes, el grupo de  Familiares Sobrevivientes  de Femicidios llevó a cabo su encuentro y por décima segunda vez, entregó una carta en la Casa Rosada para solicitar una audiencia con el Presidente Alberto Fernández. El pedido de justicia por los femicidios de sus hijas —en un país donde al día de hoy hay 200 femicidios, travestidicios, transfemicidios y Tehuel no  aparece desde hace casi seis meses—el reclamo se impone en un contexto que invisibiliza estas urgencias.

La mamá de Camila Flores, Susana y Daniel, la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa, Alfredo, el papá de Carla Soggiu, y la cantante Amalia Etchesuri.

En esta oportunidad no hubo sillas ni micrófonos para que contaran el estado de las causas de sus hijas debido a la lluvia sostenida. Participaron la mamá de Camila Flores —de 20 años, asesinada hace nueve meses  en Santa Fe—, Susana y Daniel, la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa —la joven de 35 años asesinada en Capilla del Monte, Córdoba, cuyo cuerpo apareció el 25 de abril de 2020— y Alfredo, el papá de Carla Soggiu, quien apareció flotando en el Riachuelo, cuatro días después de que activara dos veces el  botón antipánico que tenía porque su ex marido la había golpeado y violado. 

Con sus paraguas, bajo la lluvia, sostienen carteles  con los rostros de sus hijas. La mamá de Camila  no puede contener el llanto. Hay dolor en sus miradas, pero también hay determinación para mantenerse firmes contra la impunidad.

La cantante Amalia Etchesuri lee en voz alta la carta que minutos más tarde irán a entregar a la Casa Rosada:

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2021

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Desder que comenzó este año hemos sufrido 200 femicidios y travesticidios  y 166 infancias han quedado huérfanas. Sufrimos también 333 intentos de femicidios y realizamos 274 movilizaciones y marchas para exigir que paren de matarnos. Seguimos además reclamando la aparición con vida de Tehuel.

Desde que comenzamos a encontrarnos en esta plaza, hemos presentado una docena de cartas solicitando que nos reciba, las entregamos acompañadas con informes y propuestas concretas y urgentes, nacidas del calvario que representa para una familia acceder a una justicia justa y humana, que investigue y castigue el crimen de nuestras hijas. También presentamos propuestas para que el Estado prevenga estas violencias y contenga en tiempo y forma a las infancias que deja huérfanas.

En este largo tiempo hemos escuchado hablar mucho de la necesidad de una reforma judicial, como forma de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice nuestros derechos. Necesitamos hechos, exigimos acciones concretas, reclamamos que se democratice el Poder Judicial de una vez por todas y para siempre.

Esta es la carta n° 12 con la cual, con respeto y esperanza, solicitamos que reciba a nuestras familias ¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas. Queremos transferirle ese peso, es suyo, le corresponde a la máxima autoridad del país hacer todo lo que pueda y más para transmitirle a toda la sociedad que nunca más ninguna madre, ningún padre, ningún hermano ni hermana, deba soportarlo, ninguna familia puede cargar sola ese peso. Es demasiado.

Atentamente,

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla Soggiu

Ana María Martinez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna Ortiz

Mamá de Camila Flores

Yolanda Sequeira, hermana de Luciana Sequeira

Finalizada la lectura, se encaminan hacia la entrada de la Casa Rosada, donde como cada segundo miércoles de mes les preguntan quiénes son y qué quieren. Daniel Basaldúa explica: “Somos Familiares Sobrevivientes de Femicidios. Nos mataron a nuestras hijas, queremos dejar una carta dirigida al Presidente para que nos reciba”. 

Doce veces el mismo ritual, el paso firme de quienes no se cansan de exigir justicia, las lágrimas por lo que pasó y el grito impostergable y la lucha incansable para exigir justicia y que no vuelva a pasar.

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