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Las migrantes dominicanas rompen el silencio: un crimen sin justicia

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Yaniris cuenta su historia de dolor sin dolor. Con voz segura, con frases breves, con las manos apoyadas en sus muslos largos y con la mirada fija en quien quiera escucharla. Lo que está diciendo es insoportable, pero ella lo tolera con una dignidad imperturbable. Sin lágrimas, sin quejas. Sabe que está enfrentándose a todo lo que siempre temió y, quizá por eso mismo, transmite esa convicción de quien no tiene otra salida que la de avanzar, desafiante. “Nosotros somos muy cerrados. Sufrimos las cosas por dentro y no las hablamos, que es lo que yo decidí no hacer más. Yo tengo que hablar. No me interesa ni lo que piensen los demás ni el miedo. Ya no. Lo único que me interesa es que se haga justicia y que nos apoyen, porque sola y callada no voy a obtener ningún resultado”. El resultado que busca Yaniris es justicia. Su hermana Santa fue asesinada. Y ese crimen es el que rompe, por primera vez, la mordaza que somete a tantas mujeres migrantes dominicanas.

 

La ruta de la esclavitud

¿Por dónde comenzar a contar esta historia, si la impunidad y la violencia la desgarra completa, sin piedad? Pongamos que todo se inició un 10 de febrero del año 2000, cuando Yaniris llegó a Argentina, desde su Santiago natal. “Mi prima hermana estaba trabajando en Necochea y cuando nos vino a visitar, la vi tan bien que me inspiró. Allá no hay opciones. Hay mucha gente trabajando en la zona franca, haciendo ropa, cosiendo botones. Mi mamá trabajaba en eso. Mi papá era agricultor. Ellos se habían separado. Éramos cinco hermanos, yo soy la mayor y había quedado embarazada. Había noches que nos acostábamos sin comer. Mi madre me apoyó, pero mi padre no quería. Tuvimos que hipotecar la casa para pagarle al hombre que hizo todos los trámites. Acá me estaban esperando en el aeropuerto. Me llevaron directo al boliche y ahí me explicaron lo que tenía que hacer.”

-¿Vos no sabías?

-En el momento, no. Me habían dicho que podía conseguir cualquier tipo de trabajo. De niña trabajé en casa de familia. Pensé que aquí podía hacer lo mismo. Pero era mentira.

-¿No pudiste decir que no?

-Es que tenés miedo, no conocés el país ni el lugar dónde estás. No te dejan sola nunca. Te acompañan hasta al supermercado.

-¿Dónde quedaba el boliche a donde te llevaron?

-En Recoleta. Después, me llevaron a un departamento de la calle Jujuy, muy cerca del Hospital Francés.

-¿Con quién estabas ahí?

-Éramos dos chicas embarazadas y dos nodrizas.

-¿Nodrizas?

-Chicas que estaban amamantando. Nos vigilaba una pareja. La mujer de día y el hombre, de noche. Nunca te dejaban sola.

-¿Cuántas horas tenías que trabajar?

-Las 24. No salíamos del departamento.

-¿Cuánto cobrabas?

-Había servicios de 20, 30 y 50 pesos. Por el de 20, te quedaban 8 pesos. El resto era para la pareja, que te cobraba hasta el aviso que ponía en los diarios.

-¿Cómo pudiste salir de ahí?

-Porque me ayudó otra chica, haitiana ella. La mujer del departamento me había sacado el pasaporte y yo pensaba que sin documentos no podía ir a ningún lado. Pero la chica me dijo que podía hacer la denuncia de que lo había extraviado y así tener otro. Me explicó que yo tenía derecho a andar sola, que me estaban explotando y me ayudó a salir. Me fui con ella, a compartir una habitación en un hotel de la calle Piedras al 900. Ella fue también la que me mostró Constitución.

En las cuadras que rodean la estación de trenes de Constitución, Yaniris aprendió los límites de su derecho a andar sola. Pagaba 20 pesos por semana a la policía para que la dejaran trabajar y 900 al hotel donde vivía con su hijo. Cuando las cuentas no le daban, tenía que afrontar los procedimientos contravencionales. “Me tienen fichada y con foto en todas las comisarías de la zona. Un día, incluso, me enjuiciaron. Tuve que enfrentarme a un juez y a los testigos que decían que yo llevaba pantalones llamativos. Fueron tiempos duros, de mucho miedo. Una vez un hombre me golpeó y casi me mata. Quedé aterrada. Por suerte, encontré una familia que me ayudó. Cuidaba a mi hijo, si no tenía plata para la leche, ellos le daban. Siempre se la devolví, porque era lo que correspondía. Pero no es el caso: lo importante es que ellos lo hacían porque me ayudaban.”

 

El crimen de Santa

A fines de 2004 Yaniris recibió a su hermana Santa, que calcó su destino de andar sola por las calles de Constitución. Poco después, las dos conocieron a quienes serían sus parejas. Yaniris dice que por entonces ya estaba pensando en dejar la calle. “Por miedo, pero también porque quería para mi hijo una vida normal y eso no es normal. Yo llegaba a mi casa y no dormía del miedo que traía encima. No fue fácil. Lo intenté varias veces. Empecé a estudiar de noche, pero tuve que dejar porque tuve problemas con los documentos. Fui al psicólogo, dejó de importarme tanto la plata, pude estabilizar una pareja, cortar con todo y, finalmente, salí.”

Santa -a quien Yaniris llama Delinda, su nombre de fantasía- no había podido desarmar esa cadena. Se había enamorado de Alejandro César Rojas, un muchacho de 30 años, que trabajaba de taxista y con el que al poco tiempo empezó a convivir. Muy pronto, él perdió el trabajo y Santa  tuvo que compartir el departamento con Yaniris. Así su hermana descubrió cómo funcionaba la pareja. “Un día los encontré en la cocina, peleando. Él tenía un cuchillo en la mano. Lo eché, pero no quería irse y tuvimos que sacarlo a empujones del departamento. Estuvieron separados un tiempo, pero volvieron. Y ahí le dije a mi hermana que yo sentía en el corazón que ese no era un hombre para ella y que no quería volver a verlo. Entonces, ella decidió irse”. Regresó al tiempo, después de una violenta pelea que terminó con una denuncia en la comisaría 43, donde Alejandro estuvo detenido durante ocho horas. “Después lo soltaron. Y como cuando mi hermana tenía que volver a declarar había mucha gente, le dijeron que volviera otro día. Así que quedó en nada”.

Santa estaba embarazada de tres meses. Aún así, trabajaba para mantener a su pareja, para esperar a su hijo, para sobrevivir. Le había dicho a Yaniris que solo trabajaría uno o dos meses más, hasta juntar el dinero suficiente para pensar más tranquila su futuro. “La última vez que lo contamos, tenía 1.500 pesos.” Por entonces, la pareja se había mudado al hotel Arlequín, de San José 1019, en el barrio de Constitución. En una de sus veinte habitaciones Santa fue asesinada a golpes y puñaladas.

 

La noche impune

La última vez que vieron a Santa con vida fue el domingo 16 de marzo a las 12 de la noche. Había ido a cenar con Alejandro a uno de los restaurantes de la zona de San José y Cochabamba, poblada por la comunidad dominicana. En el barrio cuentan que a las 2 de la mañana lo vieron a Alejandro en la discoteca Bom Bom, a pocas cuadras de allí y luego, en un bar de la zona. En los dos lugares dicen llevaba la camisa ensangrentada y la cara arañada. Los relatos le pierden el rastro a las 5 de la mañana. Desde entonces está prófugo.

Recién dos días después, la encargada del hotel Arlequín llamó a la policía, alertada por el olor que salía del cuarto de la pareja. El amigo que fue convocado a la habitación para reconocer el cadáver cuenta así lo que encontró: “No había mucho desorden. Ella estaba desnuda, tirada en el piso. Tenía la cara desfigurada por los golpes. Tanto, que le dije a la policía que no la podía reconocer. Me pidieron que me concentraran en el cuerpo. Y sí: ella era así de flaquita, pero tirada ahí parecía más nena todavía”. Yaniris no pudo verla. “Me había llamado una amiga para decirme que a mi hermana le había pasado algo. Cuando me estaba cambiando, sonó otra vez el teléfono: era la policía, que me pedía que fuera a identificar un cadáver. Me dio un ataque. Mi marido me encontró en el piso, aullando y como pudo me llevó al hotel. Cuando llegué, vi un montón de gente en la puerta, la policía, las cámaras y me desmayé. Terminé en el hospital, donde estuve dos días internada”.

 

Decir basta 

Santa se convirtió en el sumario 805 que tramita el juzgado de Instrucción Nº 16, a cargo de la doctora Bruniard. Yaniris todavía no sabe nada del estado de la causa, porque recién ahora consiguió un abogado. Tampoco sabe porqué aún no le entregaron el cuerpo de su hermana, ni si podrá trasladarlo a su país, como le ruega su madre o tendrá que sepultarlo acá, al menos hasta tanto la justicia haga algo por encontrar a Alejandro, que supone que está escondido en Paraguay. “Fui a la embajada a pedir ayuda, por lo menos para tener un abogado, pero no me dieron nada. Lo que yo pido es que la justicia haga algo y que la embajada también, porque sino el crimen va a quedar en nada”.

Yaniris cuenta que ahora está estudiando computación y que de poco está armando una página para reclamar justicia por su hermana. Que mañana tendrá una reunión con mujeres de su comunidad para organizar una nueva marcha. Y que pasado irá al juzgado con la esperanza de que una jueza mujer entienda que esta vez no, que basta.

Esa es la palabra, dice, que le permitió dejar de llorar, de callar, de aguantar, de temer: basta.

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7 años sin Lucía: Salvando el corazón

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Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.

Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre,  Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

Por Anabella Arrascaeta

Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.

Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año. 

Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?

Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos. 

Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso? 

Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron. 

En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata? 

La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

7 años sin Lucía: Salvando el corazón

¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?

Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando. 

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

  • La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
  • Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
  • La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
  • Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
  • Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

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La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. 

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

 El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.  

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

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Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?». 

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

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