Nota
Las presas y presos en Caleta: voces sin libertad
Después de la feroz represión del fin de semana, lavaca viajó a Caleta como parte de una delegación de la organización de derechos humanos Alerta Argentina y entrevistó a las tres mujeres y los tres hombres que contínuan presos. Están encerrados desde hace más de un mes en los pequeños calabozos de las comisarías del pueblo. Todos tienen menos de 35 años, varios hijos y varios años de desocupados. En esta nota, cada uno narra cómo fueron a reclamar sus derechos, cómo los detuvieron y qué esperan de una justicia que los pretende encerrar durante 16 años por haber pedido trabajo. Estos son sus rostros y sus voces.
31 días, 744 horas, 44640 minutos, 2.678.400 segundos. Cuando, el lunes 4 de octubre, fueron realizadas las entrevistas con Elsa Orozco, Selva Sánchez, Marcela Constancio, Mauricio Perancho, Hugo Iglesias y Federico Mansilla los seis cumplían un mes privados de su libertad en tres de las cuatro comisarías de Caleta Olivia, una localidad que no tiene cárceles ni lugares de detención especiales para mujeres o para menores.
En voz alta, frente al grabador, cada uno trata de armar el rompecabezas de estos tiempos que se les hacen interminables: la manifestación, la detención, el encarcelamiento, la familia y los hijos…
Entre el 19 y el 26 de agosto más 200 manifestantes ocuparon la Municipalidad y la playa de tanques del consorcio petrolero Terminales Marítimas Patagónicas (TERMAP) con un único reclamo: trabajo genuino. Las dos protestas se levantaron luego de un acuerdo con las autoridades, que se comprometieron a crear 250 puestos laborales, (de 840 pesos más salarios familiares y otros derechos garantizados por ley) y a implementar un plan de obra pública que incluye la creación de mil puestos de trabajos por tres años y una inversión de la Provincia de 10 millones de pesos.
El acta, que nunca se cumplió, lleva seis firmas: las de Constancio, Perancho, Orozco y Sánchez -los cuatro ahora están presos-; otra corresponde a María Elena Osses -actualmente procesada-; la última es del intendente Fernando Cotillo, en libertad.
El juez de Caleta Olivia, Marcelo Bailaque, procesó a 44 personas luego de las ocupaciones y -una semana después de terminadas las protestas- ordenó la detención de 21, en una causa que desestimó los testimonios de los implicados -incluso de los que como Iglesias o Mansilla, que ni siquiera estuvieron en las ocupaciones- y tomó como pruebas valederas artículos de los diarios Crónica y La prensa e informes de inteligencia con fotos que no son in situ, sino escaneadas de otros lados.
Así, dictó la prisión preventiva a los tres hombres y las tres mujeres por su “rol determinante y de conducción” en los sucesos. Se los acusa, en el dictamen, de “usurpación, impedimento de funciones publicas, privación ilegítima de la libertad y entorpecimiento de actividad económica”. El 14 de octubre el juez Bailaque deberá confirmar o revocar la prisión. Si les niega la libertad y se suman todas las figuras -en lo que los especialistas y los organismos de derechos humanos consideran un forzamiento inaceptable del Código Penal- los detenidos pueden llegar a pasar 16 años en prisión.
A los 6 hombres y mujeres presos les cuesta entender esa insensatez que se empeña en enmarañarles la vida. Se les nota en la cara, en la incredulidad de ciertos gestos, en los rasgos -mínimos- con que intentan salvar la profunda ruptura de su cotidianidad. Y también en la convicción, mamada en una Argentina lejana, de que el trabajo dignifica.
Todos, en algún momento de los quince minutos que duró cada entrevista, sintieron que se les acababan las palabras. Entonces, callaron y lloraron. Mujeres y hombres que lloran, como dice Iglesias, “no por debilidad, sino por impotencia”.
Estas son sus voces y sus silencios.
Elsa
Elsa Orozco tiene 32 años, dos hijos, estudios secundarios completos y una tecnicatura en Seguridad e Higiene a medio cursar. Es el único sostén de su hogar y está desocupada desde que la despidieron de la empresa pesquera Barillari por reclamar condiciones laborales de mínima humanidad. Es la primera entrevistada de las tres presas mujeres, detenidas en la comisaría cuarta de Caleta, la misma seccional donde Gabriela Chelme -detenida el sábado 2 de octubre, luego del desalojo de una segunda toma de Termap- identificó detrás del mostrador al suboficial ayudante Pablo Méndez como quien “la encapuchó, la golpeó, la esposó y la amenazó con violarla”. Elsa tiene un cigarrillo entre los dedos, y las manos -que le tiemblan por los nervios- contrastan con su discurso claro y firme.
La manifestación. ” Yo soy una de las personas que está detenida por manifestar delante del Municipio; peticionábamos trabajo, una fuente laboral genuina. Estuvimos ocho días frente al Municipio, sin ninguna clase de respuesta ni de parte del Municipio ni de la Provincia. El mismo intendente nos dijo que la única forma de conseguir trabajo, hoy por hoy, era que lo dieran las empresas, que era a quienes nosotros teníamos que peticionar. Y fue lo que hicimos. Los 250 compañeros que éramos fuimos a Termap y nos instalamos ahí, pacíficamente, porque en ningún momento hubo ninguna clase de violencia, ninguno de nosotros rompió nada ni agredió a nadie. Nosotros no nos levantamos contra la Gendarmería: fuimos acordonados por los gendarmes que impedían pasar alimentos y abrigos. La gente de Seguridad de Termap nos mojaba con las bombas de agua, y los 250 manifestantes quedamos empapados, de los pies a la cabeza. Y estuvimos así hasta el otro día, cuando se les permitió a nuestros familiares y amigos que nos dieran alguna ropa y bolsas de alimentos. Y fueron ellos los que sufrieron la mayor represión de la Gendarmería; no fuimos los 250 manifestantes sino un grupo de personas que se acercó a solidarizarse: las golpearon, las patearon en el piso, les hicieron de todo, de todo. De ahí en más la represión fue muchísimo más dura, parecía un batalla campal”.
La detención. “A mí me detienen en la calle, el viernes a la noche. Yo andaba con mis compañeras, con Selva, que también está detenida. Después de las manifestaciones y la firma del acta de acuerdo, todas nosotras estuvimos una semana libres, lo cual también es llamativo, porque de última si uno comete un delito que es de público conocimiento la detención tendría que hacerse en el momento, en la Municipalidad o en la planta. Pero no. Yo ya había vuelto a mi casa y estaba a la espera del trabajo, porque según la palabra del intendente íbamos a empezar a cobrar desde el 1º de septiembre y se nos iba a insertar en la fuente laboral lo más rápido que se pudiera”.
La indagatoria. “El sábado me llevan a declarar y el lunes me citan de nuevo y me anuncian una nueva causa, también por el reclamo de trabajo genuino, iniciada por Pedro Ortiz, gerente de la empresa Barillari, por una protesta ocurrida un año antes. Antes de quedar desocupada yo trabajaba en esa pesquera, que hoy por hoy tiene 600 personas trabajando en negro y en condiciones infrahumanas. Me despidieron por peticionar, en esa empresa donde la mayoría éramos mujeres. Yo he visto cómo hacían trabajar a mujeres con embarazos de ocho o nueve meses, en cámaras frigoríficas, a seis grados bajo cero, sin que le dieran ni siquiera la ropa adecuada”.
La comisaría. “Es increíble como un gobierno que dice ser democrático ha llegado a tratarnos como le pasó a tanta gente en aquel tiempo de la última dictadura militar. Si ustedes hubieran escuchado los gritos que nosotras escuchamos en la madrugada del domingo cuando trajeron detenidas a nuevas mujeres, luego de la segunda toma de tanques: compañeras que son madres, que no tienen para darle un pedazo de pan a sus hijos en sus casas y que eran insultadas, agredidas, y nosotras que no podíamos hacer nada. Parecería que la sociedad no termina de darse cuenta de lo que nos está pasando. Nosotras no nos robamos este país, nosotras pedimos una fuente laboral para criar a nuestros hijos, para que nuestros hijos a los 11 años no tengan que salir del colegio porque sus padres no les pueden pagar un estudio, ni siquiera la primaria, porque no pueden costear los libros, porque no pueden comprar un guardapolvo. Por eso peleamos nosotras, ¿entienden?”
Los hijos ” Mis chicos están con una amiga mía, Laura, que los está cuidando. Tengo al más chiquito en un estado depresivo. Estaba mal cuando yo caí, vino a verme, había mejorado, pero de pronto al ver que pasan los días y que no hay respuesta tiene una actitud mucho más cerrada, llora todo el tiempo. Por suerte vi ayer a mi otro hijo, el más grande, que tiene 14, y es obvio que también está mal… Toda la vida hemos estado juntos, y esta es la primera vez que nos separamos, así que no es fácil ni para ellos, ni para mí
Pero confío en que todo se termine, pero no sólo por mí, sino por todos los obreros”.
Marcela
Marcela Sandra Constancio -32 años, 6 hijos- recibe planes sociales desde hace siete temporadas y ya no los quiere más: “yo quiero que den trabajo genuino, que no existan los planes”, dice y sabe que, de todas formas, ya no los tiene. Renunció a ellos cuando firmó el acta de acuerdo que prometía puestos laborales. Antes de la entrevista, el abogado que defiende a los seis presos, Ramón Amaya, le avisó que ya pidió que les pusieran un televisor. Ella no ve la tele desde que la encerraron, pero lleva puesta una remera de Canal 2, la emisora local que -voluntariamente- puso a disposición de las autoridades las filmaciones, en las que ahora se basa la justicia para incriminar a los presos.
La manifestación. “Yo tengo un nene que tiene 9 años, con una discapacidad motriz, y está haciendo integración en una escuela común hace cuatro años. Todo esto implica unos costos que nosotros no podemos cubrir. Las cosas están cada vez más caras y tuvimos que dejar de hacerle algunos tratamientos, porque -además- vivimos lejos del centro. Todos los tratamientos (fonoaudiología, gimnasia, terapia ocupacional) se los hacíamos en Comodoro Rivadavia porque me ayudaba mi familia, pero después mis hermanos se fueron quedando sin trabajo. Además, claro, ellos lo hacían por el sobrino y está todo bien, pero la verdad es que soy yo la que tengo que poder darle esas cosas al chico. Esto fue lo que me hizo movilizarme y el hecho de que con los planes nunca voy a poder tener una jubilación”.
La detención. “Me fueron a buscar a mi casa, donde yo estaba sola, con los chicos. Llegan, no me muestran ninguna orden de detención, quieren a toda costa que me suba al patrullero. Yo agarré el teléfono y traté de comunicarme con alguien que me dijera qué tenía que hacer. Llegó entonces mi hermano y vinieron también mis vecinos, porque la casa se había llenado de policías. Cuando yo decido venirme a la comisaría, mis vecinos dicen que me van a venir a acompañar. `Vaya con los chicos, señora, allá le dicen lo que tienen que hacer y después se vuelven todos a su casa´. Empezamos entonces a subir a una trafic y ahí se desató el caos: empezaron a pegarle a todo el mundo. Acá en la comisaría recién me notificaron que tenía que quedar detenida”.
La comisaría. “Nosotras estamos en una habitación chica, con mucha humedad, encima están las calderas, pero se ve que no andan bien, porque nosotras a veces pedimos que las prendan, y los muchachos que están al lado dicen que las apaguen, porque ellos se mueren de calor y nosotras estamos muertas de frío. Los primeros días fueron los peores porque ellos venían de muy mala manera. Pero después de una denuncia que hicimos, ya el trato cambió, vienen y, por lo menos, cierran las puertas con más suavidad. Recién hace unos días que nos dejan salir una hora al patio. Pero ayer no salimos, como había tanta gente afuera, dijeron que por una cuestión de seguridad no nos dejaban salir”.
Selva
Selva Sánchez cobra un plan Jefes de Jefas de hogar de 150 pesos y su marido tiene meses de trabajo temporario, algunos en lo que hace changas y otros en los que no consigue nada de nada. Ella habla de hambre, pero también de salud y de educación. Porque tiene 28 años, tres hijos y algo que no le quitaron ni las miserias económicas ni el encarcelamiento: la dignidad.
La manifestación. “Yo salí a protestar por no poder llegar a pagarles los estudios a mis hijos, por no poder anotarlos en club porque les faltan las zapatillas o el buzo o plata para la cuota, por no poder llegar a fin de mes con el pan en la mesa… La mayoría de las veces terminamos dándole una taza de té sin leche por comida.
Los chicos míos tienen una enfermedad de la piel y a veces tenemos que decidir si compramos los medicamentos o les damos de comer”.
La detención. “Estaba con Elsa y con otra compañera cuando nos arrestan en la calle, casi llegando a la comisaría. Nos dicen que estábamos demoradas pero no nos explican nada. Lo único que hacían era gritarnos y decirnos barbaridades. Yo les preguntaba:´¿por qué motivo me venís a decir que tengo que ir a la comisaría?, ¿a dónde decís que estoy demorada? Pero no sabían explicarme nada. Me respondieron: ‘ bueno, ahora te van a elevar un acta¨, y yo en ese momento pensé que en un rato íbamos a volver a casa. Pero cuando la sacan a Elsa dicen: “no, esta chica va a la cuarta”. Es decir, que nos trasladaban a esta comisaría. Desde el momento en que llegamos acá nos tuvieron horas sin saber por qué motivo estábamos demoradas. Después de tres horas nos dijeron que estábamos detenidas e incomunicadas. Yo exigí un abogado y un llamado telefónico, que no me permitían. Les tuve que decir: ´yo no te hago la ficha si vos no me permitís llamar a mi marido y decirle que estoy detenida, porque a mis hijos ya van ocho horas que no los veo, tengo una beba de un año, y no sé cómo están, ni con quién´. Mi marido se vino a enterar a las diez de la noche que yo estaba detenida. Vino acá con un tío, les dijeron que yo estaba detenida e incomunicada, así que lo único que pudieron hacer fue pasarme una manta para taparme. Y a partir de ahí fue una primera semana horrible, con maltratos, golpes a la puerta, insultos todo el tiempo, carcajadas… Los policías se reían y nos gritaban barbaridades, desde el pasillo”.
La comisaría. “En las visitas hacen las requisas, sin pudor, no les importa nada. Incluso a los chicos, los desnudan. Les saca la ropa gente extraña que no son ni su papá ni su mamá. Yo le dije a mi marido que si para verme le quieren quitar la ropa a los chicos, prefiero que no vengan. Durante todos estos años hemos tratado de hacer lo mejor para ellos, de cuidarlos física y psicológicamente, para que hoy por hoy nos tiren todo por la borda”.
Los hijos. “Estoy dándole el pecho a la bebé, me la traen todas las tardes… Es muy doloroso verla porque por ahí se va llorando, por ahí se va dormida. Tengo un nene de de 10 años que no quiere venir y cuando lo hace se va llorando angustiado, quiere que yo me vaya a casa con él o se quiere quedar conmigo. Y el de 11 está con tratamiento psicológico, muy mal. Dice que vio en la tele la gente arriba de los tanques y las nuevas detenciones, que él escuchó que había gente a que la habían golpeado mucho y que la policía le quitaba cosas… Están al tanto de todo”.
Hugo
Cuando Hugo Iglesias supo que se había firmado el acta de acuerdo entre los manifestantes y las autoridades, creyó que en Caleta Olivia venía un tiempo de tranquilidad. Y que, como él, otros compañeros empezarían los cursos de capacitación -pagas por las empresas petroleras -que deben hacer en la Universidad antes de ingresar a las firmas a trabajar. Con lo que le dieron por el primer mes de capacitación iba a comprar unos muebles, justo cuando lo detuvieron. El segundo pago se lo alcanzaron a la comisaría donde está detenido.
Hugo hace esfuerzos y se mentaliza para pensar que por lo menos van a estar presos un año más, porque cree que fueron tomados como un caso aleccionador. Pero sigue con ansiedad y esperanza cada movilización que se organiza por los presos de Caleta. Es que tiene que salir cuanto antes: su nueva hija nace en un mes.
La manifestación. “Yo no fui parte de los piquetes; sí estaba para apoyar, llevar cosas, hablar con amigos… Pero no fui parte de la organización. Por esos días estaba con otros amigos haciendo el curso de capacitación porque, con un piquete anterior, habíamos conseguido entrar a trabajar en una empresa petrolera. Me acusan de ser instigador al delito y, según lo que figura en la causa, me han visto reunirme con los voceros individualmente y después con los voceros en su conjunto. Dicen que durante el día estaba como un ciudadano común y a la noche me ponía una capucha y estaba siempre con ellos. En el expediente hay una foto en la que yo estoy apoyado contra el Concejo Deliberante, que ni siquiera es la Municipalidad, hablando con una vocera: esa es la prueba que me incrimina de ser uno de los ideólogos de la protesta”.
La detención. “Me agarraron en la calle, yo iba con mi hijo de dos años al hombro y mi señora embarazada. Pasó un auto, tocó bocina y yo me dí vuelta porque acá nos conocemos todos. ´Te señalaron’, me dijo mi señora. E inmediatamente me rodeó la policía. Repetían: ´¿cómo te llamás, cómo te llamás?, no sabían ni quién era. Me dijeron “sacate el pibe de encima”, yo les dije que no me lo sacaba nada y que me dijeran que querían. ‘ No sabemos, pero te tenemos que llevar´. Finalmente, vino un oficial, le dí el chico a mi señora, la plata que había cobrado, mis cosas y le dije “avisá a los compañeros que estoy preso”. Y como todos los voceros estaban reunidos, se fueron juntos hasta la comisaría y también quedaron presos. Lo mismo Mansilla, que se acercó a ver qué pasaba. Fue una cacería, y así agarraron a muchos. El que zafaba ese día, zafaba porque al otro día no hubo más detenciones. A lo mejor si ese día yo no salía a la calle no me enganchaban, ni estaba preso. Aunque mi señora dice “vos caíste ahora, pero si no hubieras caído igual”, porque sabe que de no haber estado preso yo hubiera ido a apoyar la segunda toma”.
“Nosotros siempre sospechábamos que nos seguían, pero la detención me sorprendió, bah, no sé si me sorprendió dada mi trayectoria: soy dirigente del Fos, participé en un conflicto pesquero por trabajo en blanco y en la recuperación de una fábrica de harina de pescado que después perdimos y yo era uno de los voceros de esa fábrica. Y es justamente por mis antecedentes que me llevan”.
La comisaría. “A mí me trasladaron en condiciones infrahumanas, yo estuve 12 días en la comisaría primera en un cuarto de 2 x 2, con dos compañeros más, y dos colchonetas y media. Ahí no nos dejaban salir ni a tomar aire ni a nada, y la única respiración que había era una mirilla. Al sexto día recién nos dieron un balde de agua para que nos bañarámos. Eran condiciones como para quebrar a cualquiera, y encima veíamos que a los presos comunes estaban mucho mejor que nosotros. No nos dejaban una lapicera para escribir, ni una radio para escuchar lo que pasaba”.
“El día que me trasladaron estaban liberando a otros compañeros. A Carrizo lo largaron y a mí me dijeron ´agarrá tus cosas que nos vamos’ . Pero me trajeron para acá. En esta comisaría estamos mejor, por lo menos nos dieron hora de visita, nos dejan la puerta abierta, tenemos ducha, televisión, recibimos llamadas por teléfono directas. Eso ayuda a que se te haga un poco más llevadero. Si muchos de los policías nos dijeron que estaban de acuerdo con nuestra lucha y hasta los hijos de algunos de ellos fueron detenidos luego de la última represión”.
Mauricio
Mauricio Perancho es un artesano de 32 años, que hace trabajos en madera. Tiene siete hijos, que no lo van a visitar porque creen que él ya salió y anda de viaje. Comparte la prisión con Iglesias, que trata de darle apoyo, pero a Perancho el encierro se le está haciendo muy difícil de sostener.
La manifestación. “Dijeron que iba a haber un plan de vivienda, que iban a dar una solución, por eso fui. Y me acusan de ser el vocero. Pero el vocero no es más que el que va a hablar porque no van a entrar a las oficinas las doscientas personas, no es que son los dirigentes. Cuando estamos en la plaza, se pregunta ahí ´¿quién quiere ser, quién quiere ser?´y se elige “a vos, a vos, a vos”. Lo que pasa es que acá no manda Sergio Acevedo, el gobernador, acá mandan las petroleras y las petroleras dijeron: ´bueno, basta´, y por eso nos agarraron a nosotros. Pero, además, el quilombo que se armó ahora es culpa del gobierno, porque nosotros firmamos un acta donde ellos se comprometían a dar puestos de trabajo y no cumplieron. Por eso la gente empezó a protestar. Dicen que el acta no tiene validez, entonces una chica el otro día le preguntó a un funcionario por radio. ´Ah, entonces los 400 pesos que nos adelantaron -eran para descontar en los meses siguientes- no los tenemos que devolver´. Entonces el funcionario se corrigió y dijo que sí tenía validez. Lo que pasa es que ellos creen que tenemos que agarrar lo que nos tiran, un bolsón de alimentos y listo. Creen que con un bolsón te compran el voto, y Kirchner lo sabe, porque cuando estaba perdiendo las elecciones de gobernador mandó tres camiones con heladeras, televisores y electrodomésticos y si no es así, que lo desmienta
Ellos creían que iban a parar la protesta social en Caleta con la represión, pero mientras haya hambre, no lo van a parar”.
La detención. “Yo salía de La Anónima con mi señora y llegábamos a la plaza y pasó el patrullero delante nuestro y en forma de joda, ella me dice `uy, te van a buscar´. Después me quedé en mi casa y cuando la policía fue a la casa de Marcela Constancio fui a ver qué pasaba y me metieron de prepo en la Trafic y luego me bajaron a las piedras, me empezaron a golpear en el piso”.
Los hijos. “La familia más jodida es la mía, porque mi mujer no tiene trabajo. Ella estaba también en el padrón, así que perdió el plan y se quedó sin nada. A mí me vino a ver un comisario, un subcomisario para ver si los chicos necesitaban algo. Lo único que necesitan es a su padre en libertad. Yo estuve cinco días con huelga de hambre, bajé 6 kilos, mandé un hábeas corpus para ver si me sacaban y nada. Estoy preso yo y está presa mi familia, así que si tiene que pasarnos algo a los que estamos adentro para que reaccionen, no me importa… Tengo a mi nena asmática, si le pasa algo, ¿qué hago? Voy a esperar los quince días que tiene el juez para dictar nuestra excarcelación y si no la da, ya no me importa nada”.
Federico
Cuando Hugo Iglesias fue trasladado de la comisaría primera a la tercera, Federico Mansilla se quedó -y se sintió- solo en la más estricta de las cuatro comisarías de Caleta: sin espacio, sin agua y rodeado de siete presos comunes, con los que no se habla. En una construcción sórdida, con pasillos, rejas y candados, donde hasta a las visitas las acompaña un policía si quieren ir al baño. Se supone que ya está dada la autorización para mudar a Mansilla con sus otros dos compañeros. Pero la orden aún no se ha efectivizado.
La manifestación. “Yo no participé de esta toma porque nosotros ya habíamos salido a manifestarnos una vez anterior y habíamos conseguido trabajo. De hecho estábamos en los cursos de capacitación, previos al ingreso a las petroleras -íbamos a la Universidad todos los días de 7 a 10 de la mañana- cuando nos encontramos con la sorpresa de que salieron a cazarnos. Primero lo agarraron a Hugo y después a mí. Lo que hicimos fue acercarnos a ver qué necesitaban porque nosotros sabíamos lo que es pasar días de hambres y de miseria y porque yo tenía mucha gente conocida y demasiado allegada en el grupo de los manifestantes. Una noche pasé frente a la Municipalidad y veo movimiento de policías que se acercaban a los manifestantes, pero no con intenciones de ir a dialogar. Me acerqué entonces y hablé con el subcomisario, y de manera prepotente me sacó de su lado, tuvimos un pequeño entredicho, y entonces traté de hablar con el comisario. Y, en ese momento, se llegó a parar un poco la cosa, porque iba a ser una locura: 300 personas, la mayoría mujeres, y ellos iban directamente con intención de pegar. Ese es el momento en que me sacaron una foto frente a la Municipalidad que ahora se usa como prueba en mi contra en la causa. En tanto, nosotros seguíamos en la nuestra con los cursos y pasábamos de vez en cuando para ver si necesitaban algo. Una de las veces nos acercamos a la Municipalidad y vimos que ya no había nadie: habían tomado de la planta. Al día siguiente, cuando salimos del curso, tomamos la decisión unánime de llevar alimentos y como vimos que la Policía no dejaba pasarlos, nos acercamos a hablar para que eso no se convirtiera en un enfrentamiento de pobres contra pobres. Al intentar llegar fuimos reprimidos por la Gendarmería, nos empezaron a dar palos, nos dieron mal, a mí me dieron en las costillas, a un compañero le pegaron con el garrote en la nariz, a otro compañero le pegaron en las manos, y después la Policía nos salió a dispersar con disparos, nos corrieron por los barrios, y ahí se llevaron a tres compañeros, largaron a dos y uno quedó hasta la tarde. Luego hicimos una nueva reunión y pensamos qué hubiese hecho esa gente para con nosotros: hubiera tratado de romper ese cordón policial y de Gendarmería. Entonces 300 personas decidimos por unanimidad que íbamos a volver a darles nuestra ayuda. Yo personalmente hice de intermediario entre la Policía, la Gendarmería y los que estaban adentro porque la cosa se ponía muy tensa, la gente de adentro ya no daba para más, estaba demasiado alterada y la misma Policía y la Gendarmería también estaban muy alteradas, amenazaban y querían ir al choque directamente. Así que iba de un lado al otro, diciendo lo que pedían. Eso fue lo que hice”.
La detención. “Podría decirse que lo mío fue medio gracioso. Yo estuve toda la tarde junto con Hugo. Habíamos cobrado, así que cuando salimos del curso, yo me fui a comprar una zapatillas y Hugo iba a buscar unos muebles. En un momento me llamó la señora de mi compañero y me dijo: ´mirá Negro, al Hugo lo vinieron a buscar recién, lo acaban de llevar a la cárcel´ Me fui a verlo y me metieron acá adentro, me metieron mal, no tenían mi nombre, una dirección que no me acuerdo cuál era y un documento que no era el mío, no tenían nada. A cada rato, me preguntaban el nombre otra vez, me pedían el documento, y después me metieron adentro, me tuvieron incomunicado hasta el sábado que fuimos a declarar”.
La comisaría “Después nos metieron a cuatro en un calabozo, luego a uno de los chicos le dieron la excarcelación, se fue, y quedamos tres ahí adentro, en una situación totalmente deprimente con tres colchones en el piso, sin agua. Si nos queríamos bañar teníamos que lograr conseguir un balde de agua y bañarnos con él. Una vez discutí con uno de ellos solicitándole agua y me dijo: ´no te voy a traer nada´. ´Bueno -le contesté- metete el agua en el
” y entonces se fue en busca de un oficial, que vino haciéndose el matón, volvimos a discutir y finalmente me trajeron el agua por orden del comisario. Pero después me negaron las visitas por una semana, así que no fue muy alentador tampoco”.
“Ahora estoy en un cuarto con siete personas que tienen antecedentes por robo, chicos que están en la droga y todo ese tipo de cosas, que lo único que tienen en la cabeza es salir, volverse a drogar, volver a robar. Y, la verdad, es que yo no estoy tranquilo. Ni siquiera puedo compartir una charla, porque para ellos nosotros somos locos porque salimos a buscar trabajo. A mí me gusta leer, me gusta escribir y no puedo hacer nada, sinceramente cada vez me siento con menos ánimo. No tengo ningún antecedente penal, jamás cometí ningún ilícito y si salir a pedir trabajo es ser delincuente, ese sería mi único delito”.
Los hijos. “De ven en cuando recibo visita, lo que pasa es que los horarios de trabajo de mi mujer no coinciden con los horarios de visita. Tengo una nena de 9 meses, va a cumplir 10 ahora. No quiero ni acordarme porque me pone re mal todo eso, sinceramente tengo demasiada bronca. Yo sé que quizás muchos no compartan nuestros métodos, pero nosotros hemos ocupado la planta para conseguir un trabajo, y cuando lo conseguimos, listo. No hemos matado a nadie, no le robamos nada a nadie, no hicimos volar la AMIA”.
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
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