Doscientos misioneros, correntinos y paraguayos que fueron desarraigados para que se puedan efectuar las obras de la represa hidroeléctrica de Yacyretá viajaron a Buenos Aires y ocuparon un galpón ferroviario en Chacarita. Vinieron para denunciar la destrucción de su economía de autosubsistencia, los desalojos violentos y la ausencia hasta de indemnizaciones. Explican: «Nos robaron la vida».
Celso Cáceres agita una y otra vez una carpeta verde para que el cronista de lavaca pueda ver bien. La dobla para un lado y para el otro con sus manos tan callosas como nerviosas. Por fin la abre y en la portada se lo ve de adolescente, acompañado por su padre, su madre y una hermana. A pesar de que la fotocopia no es de buena calidad, se intuye que el escenario es un paisaje paradisíaco, con un río de fondo y abundante vegetación. La segunda hoja parece un diploma: “Ezequiel Cáceres (así se llamaba el padre de Celso) ha sido censado oportunamente como localizado en Pirity”, atestigua el documento que está fechado en 1980 y rubricado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) encargada de la represa a la que el mismísimo Carlos Menem calificó en su momento como «monumento a la corrupción».
A la carpeta le quedan dos folios más. En uno consta que don Ezequiel vivía con otras siete personas y era el único que poseía documento nacional de identidad. Allí también se tomó nota que todos los habitantes de la finca eran agricultores y que ninguno contaba con más de tercer grado de instrucción. La última carilla es la fotocopia de un mapa, en la que se señala con precisión donde residía la familia Cáceres.
Cáceres, de 42 años, blande su carpeta en un galpón situado a un costado de la estación Federico Lacroze del ex Ferrocarril Urquiza, en Buenos Aires. Desde hace un mes ocupa ese lugar junto otras 200 personas que fueron relocalizadas compulsivamente, en oasis de cemento, a medida que avanzaban las obras de la mega-represa de Yacyretá. Viajaron a reclamar por las indemnizaciones que nunca cobraron y a denunciar que les robaron sus vidas.
Contaminación y embargo de la Corte a Yaciretá
“Nadie sabe lo que vivimos, lo que perdimos. Nunca llegó a la opinión pública la imagen del desarraigo violento, la contaminación masiva ni los desalojos represivos. La represa es un gran pulpo que se instaló en el Río Paraná, una empresa invasora que se apropió de todo”, dice Cáceres con la voz llena de impotencia.
Cuando llueve, el frío húmedo cala los huesos dentro de esa construcción de chapa en la Chacarita que ocupa media cuadra de largo y lo cobija en Buenos Aires. Pero cuando asoma el sol, el calor convierte al lugar en un invernadero humano. Los colchones se alinean uno al lado del otro, dejando un lugar mínimo para caminar sobre el piso, empedrado con esos típicos adoquines porteños que ya están en vías de extinción. Un par de carpas le da intimidad a los más precavidos y un improvisado fuego permite cocinar los fideos, sin salsa, del almuerzo. Viejos cajones de frutas y verduras se transformaron, de pronto, en destartaladas sillas o mesas. La escena, inundada por un penetrante aroma a yerba mate, la completan decenas de prendas que intentan secarse colgadas en artesanales tendederos y un televisor que muestra imágenes más lluviosas que este otoño porteño. Dentro del galpón trina el guaraní, la lengua de la mayoría de los relocalizados, que provienen de Misiones, Corrientes y el sur del Paraguay.
“Se destruyó la cultura y la economía costera. Se acabó la fabricación artesanal de ladrillos de adobe, el trabajo de los pescadores, de los cortadores de paja. La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) piensa entregar a fines de 2008, llave en mano, la obra sin ocuparse del tratamiento costero, de los desechos tóxicos, de la basura, ni de evitar el trasvasasmiento de la contaminación a los Esteros del Iberá. Es el peor desastre ecológico de la Argentina”, explica Pavel Wiechetek, un polaco que filmó un video sobre las víctimas de la represa y se convirtió en el promotor de este viaje, que tiene como principal interés agilizar los trámites de un expediente judicial que reclama indemnización para 1.200 personas y que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal ya decretó un embargo preventivo por 17 millones de dólares sobre las oficinas que la EBY posee en Puerto Madero.
100.000 afectados, 100.000 ignorados
De todas formas, los afectados por la represa son muchos más. La propia empresa reconoce a 40.000 personas, aunque en el galpón ocupado del ferrocarril hablan de 100.000. “Hasta que se comenzaron estas obras toda esta gente vivía en una economía de autosubsistencia que fue destruida. Sólo tenían que comprar sal y jabón, lo demás lo tenían al alcance de la mano. Iban al río y elegían el pez que querían comer. Ahora reemplazaron la autosubsistencia por un asistencialismo grosero que sólo profundiza la pobreza”, sentencia El Polaco, como todos llaman a Wiechetek.
Los 200 afectados que están en Buenos Aires llegaron en tren. Se rotan cada tanto, con otros damnificados, para evitar el desgaste y atender a las familias que quedaron en sus terruños. Aprovechan que El Gran Capitán, el tren que llega a Posadas, les ofrece transporte gratuito: la empresa es otra de las perjudicadas por la represa: el ferrocarril no podrá seguir cumpliendo el recorrido una vez que la central hidroeléctrica esté funcionando a pleno.
Pero para los habitantes de la zona, los problemas llegaron hace más de 20 años. Algunos huyeron escapando del agua a medida que la zona era inundada artificialmente, otros fueron relocalizados en asentamientos alejados de sus localidades: “Parecen campos de concentración, son casas una al lado de la otra, sin lugares de esparcimiento, viviendo todos hacinados y rodeados de cemento mientras que su entorno original era pleno verde”, dice Wiechetek.
La Comisión Mixta Técnica Argentino-Paraguaya, a cargo del estudio técnico de aprovechamiento del río Paraná, se creó en 1958. Pero recién el 3 de diciembre de 1973 se suscribió en Asunción el Tratado de Yacyretá, por el cual los dos estados se comprometieron a emprender en común la obra. Para ejecutarla se fundó la EBY, compuesta de manera igualitaria por ambas partes, entidad que a la que el entonces presidente Menem rebautizó como «monumento a la corrupción». La construcción de la mega-represa había comenzado a fines de 1983, quince años después comenzó a funcionar.
Entre Cáceres y Wiechetek está sentado José Silva. Habla para adentro, casi sin modular. Cuenta que se mantenía con una chacra de ocho hectáreas en la localidad paraguaya de San Cosme y Damián, donde plantaba algodón, maíz, maní, arroz y porotos. También producía leche y queso y criaba ovejas. “En el 94 se me venía el agua. Entró a mi casa porque inundaron la zona y tuve que salir. Vendí mal mis animales para comprar otro pedazo de tierra. Compré dos hectáreas, pude pagar sólo el 50 por ciento y no tengo título de propiedad. Y ahora se me está secando ese terreno porque están desviando el canal de Agua Pey», cuenta.
La exclusión social filmada
Historias similares se escuchan por decenas dentro del galón ocupado. “Soy nacido y criado en Ituzaingó, Corrientes”, se presenta Mario Román, que hasta que llegó la inundación artificial poseía cinco hectáreas con chanchos, lecheras y ovejas. “Cuando nos echaron, en el 86, a mi viejo le dieron una casa de tres ambientes. Éramos quince para vivir ahí. Y todavía ni siquiera tiene los papeles. Nos levantamos un día y el agua estaba sobre las plantaciones de mandioca. Nos sacaron a la fuerza y nos cerraron los caminos para que no pudiéramos volver. Nos vimos obligados a recibir la casa”, explica. La necesidad llevó a Ramón a trabajar en la misma construcción de la represa. Pero eso duró solo un tiempo. Ahora volvió a la Isla Sarmiento, donde cuenta con una chacra de tres hectáreas en terrenos fiscales. “Temo que en cualquier momento me la inunden”, dice y justifica su temor en que aún falta siete metros de cota por subir.
El Polaco, invita a lavaca a la Mutual Sentimiento, ubicada a unos metros de allí, a mirar la proyección de su documental. Busca una forma de validar todos los testimonios que se expresan en el galpón.
Las imágenes muestran como las retro excavadoras destruyen la localidad El Brete. También muestran como sus pobladores son desplazados, hacinados, en los camiones, con colchones y muebles que se bambolean sobre sus cabezas. Susana Nores regresa con un camarógrafo al lugar de donde fue expulsada: “Esta fue mi casa”, solloza. Sube por los cinco escalones que sobrevivieron a la demolición y que ahora llevan a la nada. Sólo una silla y pilas de escombros la rodean.
La cámara ahora entrevista a Jenny Zárate, una joven que recuerda que la policía la desalojó a punta de pistola sin importarle, si quiera, que su hijo estuviera delante. “Me agarraron de atrás, me lastimaron un brazo, y me metieron dentro de un patrullero”. Vladimir Dos Santos también recordó cuando un fiscal fue a tomar posesión de su domicilio. “Mientras que no nos paguen, nadie va a tomar posesión de nada, le dije. Saqué un bidón de nafta y amenacé con quemar todo. Nadie se quedará con lo que es mío. Ya nos destruyeron la vida, nos sacaron todo”, dice mirando a cámara y cuelga un cartel que sentencia: “Si no hay ley, vale mi ley”.