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Las víctimas de Yacyretá

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Doscientos misioneros, correntinos y paraguayos que fueron desarraigados para que se puedan efectuar las obras de la represa hidroeléctrica de Yacyretá viajaron a Buenos Aires y ocuparon un galpón ferroviario en Chacarita. Vinieron para denunciar la destrucción de su economía de autosubsistencia, los desalojos violentos y la ausencia hasta de indemnizaciones. Explican: «Nos robaron la vida».
Celso Cáceres agita una y otra vez una carpeta verde para que el cronista de lavaca pueda ver bien. La dobla para un lado y para el otro con sus manos tan callosas como nerviosas. Por fin la abre y en la portada se lo ve de adolescente, acompañado por su padre, su madre y una hermana. A pesar de que la fotocopia no es de buena calidad, se intuye que el escenario es un paisaje paradisíaco, con un río de fondo y abundante vegetación. La segunda hoja parece un diploma: “Ezequiel Cáceres (así se llamaba el padre de Celso) ha sido censado oportunamente como localizado en Pirity”, atestigua el documento que está fechado en 1980 y rubricado por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) encargada de la represa a la que el mismísimo Carlos Menem calificó en su momento como «monumento a la corrupción».
A la carpeta le quedan dos folios más. En uno consta que don Ezequiel vivía con otras siete personas y era el único que poseía documento nacional de identidad. Allí también se tomó nota que todos los habitantes de la finca eran agricultores y que ninguno contaba con más de tercer grado de instrucción. La última carilla es la fotocopia de un mapa, en la que se señala con precisión donde residía la familia Cáceres.
Cáceres, de 42 años, blande su carpeta en un galpón situado a un costado de la estación Federico Lacroze del ex Ferrocarril Urquiza, en Buenos Aires. Desde hace un mes ocupa ese lugar junto otras 200 personas que fueron relocalizadas compulsivamente, en oasis de cemento, a medida que avanzaban las obras de la mega-represa de Yacyretá. Viajaron a reclamar por las indemnizaciones que nunca cobraron y a denunciar que les robaron sus vidas.
Contaminación y embargo de la Corte a Yaciretá
“Nadie sabe lo que vivimos, lo que perdimos. Nunca llegó a la opinión pública la imagen del desarraigo violento, la contaminación masiva ni los desalojos represivos. La represa es un gran pulpo que se instaló en el Río Paraná, una empresa invasora que se apropió de todo”, dice Cáceres con la voz llena de impotencia.
Cuando llueve, el frío húmedo cala los huesos dentro de esa construcción de chapa en la Chacarita que ocupa media cuadra de largo y lo cobija en Buenos Aires. Pero cuando asoma el sol, el calor convierte al lugar en un invernadero humano. Los colchones se alinean uno al lado del otro, dejando un lugar mínimo para caminar sobre el piso, empedrado con esos típicos adoquines porteños que ya están en vías de extinción. Un par de carpas le da intimidad a los más precavidos y un improvisado fuego permite cocinar los fideos, sin salsa, del almuerzo. Viejos cajones de frutas y verduras se transformaron, de pronto, en destartaladas sillas o mesas. La escena, inundada por un penetrante aroma a yerba mate, la completan decenas de prendas que intentan secarse colgadas en artesanales tendederos y un televisor que muestra imágenes más lluviosas que este otoño porteño. Dentro del galpón trina el guaraní, la lengua de la mayoría de los relocalizados, que provienen de Misiones, Corrientes y el sur del Paraguay.
“Se destruyó la cultura y la economía costera. Se acabó la fabricación artesanal de ladrillos de adobe, el trabajo de los pescadores, de los cortadores de paja. La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) piensa entregar a fines de 2008, llave en mano, la obra sin ocuparse del tratamiento costero, de los desechos tóxicos, de la basura, ni de evitar el trasvasasmiento de la contaminación a los Esteros del Iberá. Es el peor desastre ecológico de la Argentina”, explica Pavel Wiechetek, un polaco que filmó un video sobre las víctimas de la represa y se convirtió en el promotor de este viaje, que tiene como principal interés agilizar los trámites de un expediente judicial que reclama indemnización para 1.200 personas y que ya llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal ya decretó un embargo preventivo por 17 millones de dólares sobre las oficinas que la EBY posee en Puerto Madero.
100.000 afectados, 100.000 ignorados
De todas formas, los afectados por la represa son muchos más. La propia empresa reconoce a 40.000 personas, aunque en el galpón ocupado del ferrocarril hablan de 100.000. “Hasta que se comenzaron estas obras toda esta gente vivía en una economía de autosubsistencia que fue destruida. Sólo tenían que comprar sal y jabón, lo demás lo tenían al alcance de la mano. Iban al río y elegían el pez que querían comer. Ahora reemplazaron la autosubsistencia por un asistencialismo grosero que sólo profundiza la pobreza”, sentencia El Polaco, como todos llaman a Wiechetek.
Los 200 afectados que están en Buenos Aires llegaron en tren. Se rotan cada tanto, con otros damnificados, para evitar el desgaste y atender a las familias que quedaron en sus terruños. Aprovechan que El Gran Capitán, el tren que llega a Posadas, les ofrece transporte gratuito: la empresa es otra de las perjudicadas por la represa: el ferrocarril no podrá seguir cumpliendo el recorrido una vez que la central hidroeléctrica esté funcionando a pleno.
Pero para los habitantes de la zona, los problemas llegaron hace más de 20 años. Algunos huyeron escapando del agua a medida que la zona era inundada artificialmente, otros fueron relocalizados en asentamientos alejados de sus localidades: “Parecen campos de concentración, son casas una al lado de la otra, sin lugares de esparcimiento, viviendo todos hacinados y rodeados de cemento mientras que su entorno original era pleno verde”, dice Wiechetek.
La Comisión Mixta Técnica Argentino-Paraguaya, a cargo del estudio técnico de aprovechamiento del río Paraná, se creó en 1958. Pero recién el 3 de diciembre de 1973 se suscribió en Asunción el Tratado de Yacyretá, por el cual los dos estados se comprometieron a emprender en común la obra. Para ejecutarla se fundó la EBY, compuesta de manera igualitaria por ambas partes, entidad que a la que el entonces presidente Menem rebautizó como «monumento a la corrupción». La construcción de la mega-represa había comenzado a fines de 1983, quince años después comenzó a funcionar.
Entre Cáceres y Wiechetek está sentado José Silva. Habla para adentro, casi sin modular. Cuenta que se mantenía con una chacra de ocho hectáreas en la localidad paraguaya de San Cosme y Damián, donde plantaba algodón, maíz, maní, arroz y porotos. También producía leche y queso y criaba ovejas. “En el 94 se me venía el agua. Entró a mi casa porque inundaron la zona y tuve que salir. Vendí mal mis animales para comprar otro pedazo de tierra. Compré dos hectáreas, pude pagar sólo el 50 por ciento y no tengo título de propiedad. Y ahora se me está secando ese terreno porque están desviando el canal de Agua Pey», cuenta.
La exclusión social filmada
Historias similares se escuchan por decenas dentro del galón ocupado. “Soy nacido y criado en Ituzaingó, Corrientes”, se presenta Mario Román, que hasta que llegó la inundación artificial poseía cinco hectáreas con chanchos, lecheras y ovejas. “Cuando nos echaron, en el 86, a mi viejo le dieron una casa de tres ambientes. Éramos quince para vivir ahí. Y todavía ni siquiera tiene los papeles. Nos levantamos un día y el agua estaba sobre las plantaciones de mandioca. Nos sacaron a la fuerza y nos cerraron los caminos para que no pudiéramos volver. Nos vimos obligados a recibir la casa”, explica. La necesidad llevó a Ramón a trabajar en la misma construcción de la represa. Pero eso duró solo un tiempo. Ahora volvió a la Isla Sarmiento, donde cuenta con una chacra de tres hectáreas en terrenos fiscales. “Temo que en cualquier momento me la inunden”, dice y justifica su temor en que aún falta siete metros de cota por subir.
El Polaco, invita a lavaca a la Mutual Sentimiento, ubicada a unos metros de allí, a mirar la proyección de su documental. Busca una forma de validar todos los testimonios que se expresan en el galpón.
Las imágenes muestran como las retro excavadoras destruyen la localidad El Brete. También muestran como sus pobladores son desplazados, hacinados, en los camiones, con colchones y muebles que se bambolean sobre sus cabezas. Susana Nores regresa con un camarógrafo al lugar de donde fue expulsada: “Esta fue mi casa”, solloza. Sube por los cinco escalones que sobrevivieron a la demolición y que ahora llevan a la nada. Sólo una silla y pilas de escombros la rodean.
La cámara ahora entrevista a Jenny Zárate, una joven que recuerda que la policía la desalojó a punta de pistola sin importarle, si quiera, que su hijo estuviera delante. “Me agarraron de atrás, me lastimaron un brazo, y me metieron dentro de un patrullero”. Vladimir Dos Santos también recordó cuando un fiscal fue a tomar posesión de su domicilio. “Mientras que no nos paguen, nadie va a tomar posesión de nada, le dije. Saqué un bidón de nafta y amenacé con quemar todo. Nadie se quedará con lo que es mío. Ya nos destruyeron la vida, nos sacaron todo”, dice mirando a cámara y cuelga un cartel que sentencia: “Si no hay ley, vale mi ley”.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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