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Desde Misiones: la policía negoció, pero la provincia sigue en conflicto con los docentes a la cabeza

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Contra todo lo que venían diciendo sus voceros, la policía levantó la huelga tras un aumento de $15.521 (2kg de carne). Las y los docentes, en cambio, marcharon ayer a la Legislatura de la capital misionera y continúan un acampe para reclamar por mejores condiciones salariales y de vida. Hoy convocan a una gran Jornada Provincial por la Dignidad de Misiones en todas las localidades del país. Para muchos medios, si no es policial, no hay conflicto.

Desde Posadas, relatos en primera persona: las cuentas que no cierran; los agujeros que la propia comunidad venía tapando desde hace años (“No podemos comprar comida para la escuela, porque ya no podemos comprar ni para la olla propia”); la actitud política local y nacional frente a la pobreza; el feudalismo; la escasa cantidad y mala calidad de alimentos que reciben las y los chicos. Una imagen de lo que pasa: “Damos un mate cocido y una galleta; y como las galletas nunca alcanzan, las partimos mínimo en dos: entera no la podemos dar nunca”.

Crónica de otro día movido en Misiones, donde se ve un reflejo de la decadencia política, el deterioro social y la organización como única salida frente a una crisis profunda.

Por Francisco Pandolfi desde Misiones. Fotos de Lina Etchesuri.

Esta crónica no arranca en Posadas, ni en la frontera imaginaria en que Corrientes le deja paso a Misiones viajando por la ruta 14 desde el sur hacia el norte. Esta crónica empieza en el micro semi-cama que sale del barrio porteño de Retiro: Hugo Alegre, un trabajador de la seguridad privada, está sentado en uno de los últimos asientos. Quizá sea por su vozarrón, o porque tiene bronca o quizá un poco y un poco, pero a Hugo se lo escucha desde todo el bondi: dirá que sus compañeros están cobrando salarios “como en África”, y que ese salario “es de 200 mil pesos” y que en Buenos Aires un trabajo similar “se paga cuatro veces más: 800 mil”.

Al ratito nomás, le cuenta a lavaca que está viajando a la capital misionera para apoyar a sus compañeros del gremio de vigilancia privada 17 de Octubre


Desde Misiones: la policía negoció, pero la provincia sigue en conflicto con los docentes a la cabeza

Fotos Lina M. Etchesuri para lavaca


Horas después, ya en plena madrugada del miércoles, la Policía que acampaba desde hacía más de una semana a metros de las y los maestros levanta la protesta. Es la misma policía que había prometido no abandonar la protesta hasta que el incremento de sus salarios fuera del 100%; que iba a luchar en conjunto con el cuerpo docente; y cuyo vocero Ramón Amarilla había afirmado –con llamativa seguridad– que si el gobierno no daba una respuesta a lo exigido la situación se iba “a agravar” y que además se quedarían “hasta las últimas consecuencias”. Según consta en el acta firmada esa policía acordó un aumento de $15.521, además de la amnistía para que los efectivos protestantes (ahora ex-manifestantes) no sean sumariados.

Con esta módica suba (que representan aproximadamente dos kilos de asado), el sueldo inicial de un agente llegará a los $620 mil.

Hugo se entera del pacto Policía–Gobierno justo antes de bajarse en Posadas y de cómo la fuerza de seguridad festejó el acuerdo. Se escucha su vozarrón: “Seguimos aplaudiendo a nuestros verdugos, que nos hacen vivir en condiciones de esclavitud”.

Fotos Lina M. Etchesuri para lavaca

Cómo se vive en un feudo

A lavaca la recibe el miércoles a la mañana una nueva marcha docente, esta vez dirigida hacia la Legislatura provincial. Es la enésima movilización si se tiene en cuenta no sólo a las últimas semanas, sino a un reclamo salarial que lleva años. Y cuando se dice años no es una tergiversación ni una exageración: son años de sueldos por el subsuelo. “Estamos así porque hay una política de hace 20 años del Frente Renovador (de la Concordia Social) que agravó Milei en la última etapa y que terminó de quitarnos derechos y salarios, de robarnos los sueños”, relata Mónica Gurina, docente desde hace 31 años y secretaria general de la CTA Autónoma de Misiones. “Este es un proceso provincial y nacional que nos deja en la indigencia y en la pobreza. Lo que hizo la Policía nos abrió el cerco mediático, porque nadie sabía que nosotros hicimos paro 70 días el año pasado; nadie se enteró tampoco que no hubo clases a principio de este año con paros de 24 y 48 horas, además de cortes de ruta y toma de ministerios. La Policía posibilitó que los medios vinieran acá y le cuenten al país que esta hermosa provincia de las Cataratas, del Moconá, de la selva, tiene gente empobrecida”, cierra Gurina.

Una de las que camina hacia la Cámara de Representantes es Carmen Torres. Pese a que sugiere dialogar con su hermana Susana (ambas maestras), porque ella “habla mejor”, se anima a hablar: “Hace años que venimos mal, aunque todo empeoró sin paritarias provinciales y con los tarifazos del gobierno nacional. Tenemos sueldos de indigencia, sí, y una fuerza y una unión impresionante”.

Susana, como su hermana, es docente de la escuela 729 de Posadas, en el empobrecido barrio Yaciretá. Está llevando una enorme bandera celeste y blanca. No lo hace sola. Un telón de casi una cuadra de largo, sostenido en caravana, con firmeza, por cientos de personas en guardapolvo tapados por el frío de un otoño autopercibido invierno. “Nosotros también tenemos la culpa”. Susana hace una pausa incómoda. Luego invita a pensar: “Fuimos responsables de haber tapado el agujero que dejaban los gobiernos, arreglando nosotros mismos los techos, los vidrios; no tenemos ni libretas y entonces vamos y las compramos. Hace años que esto es así, lo que cambió es que ahora ya no nos alcanza ni para sostener nuestras casas. No podemos comprar comida para la escuela, porque ya no podemos comprar ni para la olla propia. Estamos en la lona y viviendo en un feudo”.

Fotos Lina M. Etchesuri para lavaca

El diámetro de la galletita

Durante toda la movilización hay un ruido ensordecedor: se multiplican los bocinazos de los autos que apoyan la marcha, así como los propios instrumentos que llevan los docentes para seguir despabilando a quien todavía no la vio.

Leandro Sánchez es docente de la escuela 608 de Puerto Panambí, lindante a la frontera con Brasil. Enmarca el contexto que va más allá de la lucha salarial, punto central del conflicto actual: “Hay tres ejes que generan que se haga inviable la vida. Además de lo salarial, por un lado hay obras edilicias en las escuelas paradas desde noviembre pasado. Por el otro, es gravísimo lo que sucede con la comida”.

–¿Qué sucede?

–Para garantizar el desayuno y el almuerzo, el gobierno provincial le da a cada escuela 220 pesos por día por alumno.

Marta y Claudia, maestras en un colegio del municipio de Garupá, a las afueras de Posadas, confiesan que están cansadas, que llevan a cuestas un desgaste emocional. Más datos sobre la mala alimentación: “Para hacer una copa de leche nos dan 100 pesos por día por chico. ¿Qué hacemos con esa plata? Nada”. Entonces hacen por demás: “Rifas, pastelitos, o lo que haga falta para juntar la plata y aunque sea puedan desayunar”.

Viviana, también maestra en Garupá, describe en una ronda en donde todos los ojos se angustian porque no naturalizan lo que pasa y lo que pesa: “Damos un mate cocido y una galleta; y como las galletas nunca alcanzan, las partimos mínimo en dos. Entera no la podemos dar nunca”. ¿Son muy grandes? “No, ponele 7 centímetros de diámetro”. Agrega: “Muchos días no damos el almuerzo porque no hay; y cuando sí, el alimento no varía y menos que menos es nutritivo”.

Fotos Lina M. Etchesuri para lavaca

Señor de las tres décadas

Al llegar a la casa legislativa, la multitud empieza a gritarle directo a Carlos Rovira, quien maneja los hilos políticos de la provincia desde hace casi 30 años. Fue intendente de Posadas entre 1995 y 1999; gobernador de Misiones de 1999 a 2007 y desde ese año hasta hoy Presidente de la Cámara de Representantes del distrito que lo vio nacer como pichón y delfín de Ramón Puerta.

Rovira impulsó el Partido Renovador de la Concordia Social, un espacio que logró la rara avis de atraer a peronistas y radicales, y que en general siempre se mantuvo cercano al gobierno nacional de turno. El vínculo con la gestión actual no es la excepción. Este frente gobierna ininterrumpidamente la provincia desde 2003, con una nómina no tan variada: el segundo mandato del propio Rovira; dos periodos de Maurice Closs; Passalacqua; Herrera-Ahuad, y de nuevo Passalacqua, mandatario actual y familiar de Rovira, al estar casado con su prima hermana.

(Los pedidos de entrevista al gobernador provincial así como al vocero policial no fueron respondidos).

Desde la puerta del recinto, los docentes gritan hacia arriba: “Tiene miedo, Rovira tiene miedo”, apuntan las gargantas a quien consideran el máximo responsable de los salarios miserables. Son los mismos gremios docentes que el 25 de mayo pasado, y por primera vez en la historia, movilizaron directamente a la casa del “señor feudal”, como lo llaman.

A través del megáfono, exigen a los diputados que les permitan ingresar a la reunión de la comisión de educación. “No está en el plan de la labor del día”, argumentan los legisladores que se niegan a recibirlos. La respuesta no tarda en llegar, en forma de canción: “Somos docentes, no somos delincuentes”.

Desde Misiones: la policía negoció, pero la provincia sigue en conflicto con los docentes a la cabeza

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Entre ranchos y letrinas

El gobierno provincial asegura que no tiene más plata, en sintonía con el combo motosierra y licuadora del gobierno nacional. Existe la promesa de que el sábado los reciba el Consejo General de Educación en la localidad de Eldorado. “Veremos si se da finalmente. Sabemos bien cómo se maneja el gobierno provincial y también que nosotros estamos dispuestos a la radicalización de la protesta, así que deberán bancarse las consecuencias. La bronca de la gente viene desde hace tiempo pidiendo mejores salarios. Esperemos que el diálogo se dé, y si no se dan los resultados que queremos, el reclamo va a continuar”. ¿Alcanza con la suba salarial? “Deben arreglar las escuelas y activar las obras que faltan; además de construir nuevas escuelas”.

Estela Genesini es la secretaria general de la Unión de Docentes Nueva Argentina de Misiones (UDNAM). Plantea un contexto intolerable: “Esta provincia se cae a pedazos; hay escuelas donde llueve más adentro que afuera, hay paredes electrocutadas; no hay agua potable, no existen cloacas; colegios donde sigue habiendo letrinas, ranchos con los pozos ciegos a cielo abierto”.

Exequiel Ferreyra integra la Corriente Nacional Docente Conti-Santoro y es maestro rural en cinco colonias. Problematiza: “En la educación rural se agudiza la precarización, porque por un lado está el contexto social complejo y por el otro las distancias, que hace muy difícil la movilidad ya que los caminos son muy feos”. Profundiza: “En la ruralidad sucede una ficción educativa”. ¿Cómo es eso? “Hay muy poca alfabetización, los chicos están muy atravesados por el trabajo rural; suele pasar que en estas épocas muchos de los gurises van a la cosecha de la yerba y algunos, en septiembre, a la de mandioca, por lo cual la realidad es que esos chicos no están escolarizados”. Sigue: “Acá entra la deserción escolar en secundaria. El promedio en la provincia está entre el 50 y el 60%, mientras que en la ruralidad llega al 80, 83%”.

Introduce otra arista: “También es una ficción por la plata que se ahorra el Estado. Por un lado, el diseño curricular dicta que funcionamos con pluriaños, o sea grados acoplados. Primero, segundo y tercero, juntos; cuarto y quinto también; a esto se le suma la reducción de la carga horaria. A ese ahorro se le suma que todas las secundarias rurales de la provincia de Misiones funcionan en edificios prestados de escuelas primarias o edificios abandonados, con las ventanas y las puertas rotas. Muchas clases las damos en ranchos, que son casas avejentadas y de madera”.

El desaire de la política no tiene continuidad en la calle. Cuando la movilización regresa al campamento donde las y los docentes permanecen desde el 21 de mayo, la gente sale a los balcones a aplaudir, a sacudir pañuelos blancos. Una señora que supera los ochenta les dice una palabra que abarca un montón: “Gracias”.

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Lo que no cierra

En el acampe emplazado en la calle Uruguay hay fogoneros y garrafas; carpas y gazebos; pasacalles, cartulinas, telas de todo tipo, tamaño, color y grosor, con lemas claros y concretos: “La docencia no se vende”, “Recomposición salarial, ya”, “Nuestra profesión: somos docentes; nuestro sueldo: somos indigentes”. En la esquina, el acampe del sector de Pediatría. A cinco cuadras, la vigilia del resto de las y los trabajadores sanitarios, en la puerta del Ministerio de Salud. En todo el país, cortes, piquetes, reclamos varios de yerbateros, desocupados y distintas organizaciones sociales. 

Explica Leandro Sánchez: “Hasta mayo, el mínimo de un maestro de grado inicial, sin antigüedad, era de 230 mil pesos; y 200 mil una bibliotecaria. A partir de junio, y sobre todo a partir de este plan de lucha, habrá un aumento del 34%. Aumento que la mayoría de los gremios no aceptamos, ya que exigimos el 100%. Hay profesores que tienen que dar clase en cuatro escuelas para intentar que les alcance la plata, pero ya están dejando el cargo que les queda más lejos porque es carísimo viajar”.

En poco más de un mes se cumplirán los 20 años de la inauguración en Misiones de la Central Hidroeléctrica Yacyretá-Apipé, construida en el alto del Río Paraná entre Argentina y Paraguay. Para llegar a aquel 7 de julio de 1994, antes aconteció el desarraigo de muchas familias y la pérdida de territorio para la construcción de la represa. Y antes, también, una promesa se sembró a viva voz: como la central transformaría energía hídrica en energía eléctrica, la población de la provincia iba a pagar más barata la luz. Pero eso nunca sucedió. Y con la quita de subsidios a las empresas y los tarifazos del gobierno de Javier Milei, la situación social se recrudeció. “En la provincia, el que menos paga de luz son 100 mil pesos. Hay una compañera que es el único sostén de su familia, tiene dos hijos y le vino 164 mil, es una locura”, dice Estela Genesini, docente de matemáticas desde hace 32 años.

Su compañera se llama Lilian Quevedo, es profesora de educación física y acaba de terminar de cocinar para todo el campamento. “De almuerzo hubo pastel de papas, pero como no alcanzó hubo que sumarle unos fideos”, desliza, sonriendo, hasta que recuerda la factura eléctrica y ya no le quedan ganas de reir. “Cuando vi la boleta, lo primero que leí fue 16 mil, jamás me hubiera imaginado que eran 164. Mi sueldo era de 500 mil y 200 me salía el alquiler. O sea, pagamos las consecuencias de tener a Yacyretá, con lo que significó en el pasado y las seguimos pagando ahora, ya que se multiplican los mosquitos, las plagas y pagamos la luz más cara que en cualquier provincia”.  

En ronda, hay nueve mujeres sentadas en reposeras. Son de diferentes escuelas y turnos, de diversas edades y gremios. Llueven cifras de la asfixia abrupta: “12 mil pagaba de luz y de repente me vinieron 100 mil”; “12 mil pagaba un tanque de combustible y ahora sale 60”; “De agua me vino 27 mil”; “El boleto sale 900 pesos”. De los números pasan a los cuerpos: “El gobierno dictaminó que para usar la SUBE ya no se usa la tarjeta sino solo la app. O sea, si no tenés celular tenés que pagar el doble. Hay dos hermanitos en la escuela que no tienen celular y que la mamá los está mandando sólo una vez por semana porque no puede pagar el boleto”.

Hay más Misiones: “En la escuela pública no existe gabinete psicológico. Si hay un chico con alguna discapacidad, no hay ninguna ayuda complementaria”. A contramano del tiempo, la temperatura de las palabras escalan: “No hay más margen. Estamos en una situación muy amarga, y el mate no tiene nada que ver”.

Fotos Lina M. Etchesuri para lavaca

Manos arriba

A las seis de la tarde, después de una obra de títeres, empieza la asamblea docente del día para resolver los pasos que vendrán. “¿Quién modera? ¿Quién toma nota? ¿Quiénes se anotan en la lista de oradores?”.

Luego de las ponencias, se define a mano alzada cada punto:

–“Se vota por unanimidad sostener el acampe por unanimidad”.

–“Se repudia el Encuentro por la Paz y la Libertad, que desde los resortes gubernamentales se convocó (para este jueves a las 16) en apoyo del oficialismo, como si nosotros fuéramos quienes vulneramos a la democracia”.

Antes de cerrar la asamblea, llega una resolución del Juzgado de Instrucción 6: la apertura de una causa penal “por daños” a una docena de referentes docentes, sindicales y autoconvocados, en la movilización del jueves pasado a la Legislatura.

Minutos después, agentes policiales aparecen en el acampe para notificar sobre la causa. Esa misma Policía que hasta hace pocas horas era aliada.

Alza la voz Estela: “Sabíamos que la Policía iba a arreglar y que el gobierno los iba a priorizar a ellos porque son quienes tienen las armas, un elemento de mayor presión. Para nosotros no cambia nada esa decisión: estamos acostumbrados porque luchamos en soledad toda la vida y así lo seguiremos haciendo, con nuestras propias armas: las tizas y los borradores”.

Ante la persecución judicial, se propone otra moción para profundizar la lucha:

–Se convoca a una gran Jornada Provincial por la Dignidad de Misiones, este jueves en todas las localidades del país.

Cientos de manos alzadas aprueban la iniciativa por unanimidad.

Con la docencia a la cabeza, el pueblo de Misiones sigue en asamblea permanente.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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