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Ley Micaela: la presión social logró la sanción del Congreso
El proyecto de ley que establece la formación obligatoria para prevenir la violencia machista para todos los funcionarios estatales fue aprobado de forma unánime en el Senado. Llegó al recinto tras la media sanción en la Cámara de Diputados, donde el único voto en contra fue del salteño Alfredo Olmedo. La norma lleva el nombre de Micaela García, la joven militante del Movimiento Evita asesinada en 2017. Sus padres estuvieron en el debate en Diputados, junto a la mamá y el hermano de Lucía Pérez. El texto establece que todas las personas que se desempeñen en la función pública deben cursar cada año una capacitación con contenidos aprobados por el Consejo Nacional de las Mujeres en articulación con la sociedad civil y sus organizaciones. Los puntos del proyecto, la cuestión del presupuesto, el efecto Thelma Fardin y las voces de las diputadas que promovieron la discusión.
La Ley Micaela obtuvo, en sesión extraordinaria, la media sanción del Senado tras la aprobación en Diputados. La Cámara Alta aprobó de forma unánime con 59 votos un proyecto que había arrancado a discutirse en la Cámara baja a las 0:29 de la madrugada del martes, donde 171 diputadxs votaron a favor contra un solo voto negativo: el del diputado salteño Alfredo Olmedo.
La ley había sido presentado a fines de mayo del año pasado en un paquete junto a otros doce proyectos destinados a prevenir la violencia machista. Por eso, durante la votación, la diputada Lucila De Ponti, del Movimiento Evita donde también militaba Micaela García, dijo: “Es un primer paso. Esta ley forma parte de un paquete de prevención de la violencia machista, trabajemos para que el resto de los proyectos también se conviertan en políticas públicas”.
La inclusión en el temario de las sesiones extraordinarias llegó por la presión social. Diputados y diputadas de la oposición enviaron una carta al presidente Mauricio Macri exigiendo la incorporación el 13 de diciembre, luego de conocerse el fallo por el femicidio de Lucía Perez y de la conferencia de prensa de Actrices Argentinas. Mientras tanto, la calle, las redes sociales, los espacios de trabajo y de estudio, las casas y cada lugar que habitamos, son una olla que se destapó y nunca más volverá al silencio.
Fue el pasado lunes 17 cuando se publicó en el Boletín Oficial, mediante el decreto 1135/18, la inclusión del proyecto en el temario de sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo.
“El actual caso Thelma Fardín, es una evidencia más de la urgencia del tratamiento de este proyecto”, sostenía la carta.
Durante la votación estuvieron presentes los padres de Micaela García y la madre y hermano de Lucía Pérez.
“En ambas situaciones esta ley genera una incidencia”, dijo a lavaca la diputada De Ponti. “A Micaela la mató un femicida que había sido liberado por un juez que no tuvo en cuenta los múltiples casos por violaciones por los cuales estaba preso. Un tribunal judicial tuvo un fallo vergonzoso en el cual no considera que Lucía Perez haya sido violada y haya sido víctima de un femicidio, esas son las cuestiones que entendemos que no tienen que pasar más y tiene que haber representantes del Estado que sepan cómo mirar la política con una mirada que ponga sobre la mesa las desigualdades, la injusticia a las que las mujeres somos sometidas durante toda la vida”.
“Fuimos de los únicos que escuchamos todo”, cuenta Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, a lavaca y explica que eran pocos los diputados y diputadas que escuchaban las intervenciones de sus pares. Para Marta y Matias, la ley se inscribe en la lucha que se viene dando en la calle: “Todo lo hemos hecho las mujeres acá, y en todas partes. Que esto y todo lo que hemos hecho sea para más y que sea por todas. Acá somos todas las mujeres que salimos a luchar”.
La ley
En su primer artículo el proyecto establece: “La formación y capacitación permanente en gestión con perspectiva de género es requisito obligatorio para desempeñarse en la función pública”.
Quedan así incluidos en la ley “todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por cargo electivo, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, en el ámbito de los tres poderes del Estado nacional”. Cada año deberán cursar y aprobar la capacitación con contenidos establecidos por el Consejo Nacional de las Mujeres en articulación con la sociedad civil y sus organizaciones.
El proyecto también establece que la capacitación “es de carácter obligatorio y requisito necesario para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión” y que el incumplimiento “es considerado falta grave, da lugar a sanción disciplinaria de las personas responsables y obsta a la efectivización del ascenso en su caso”.
Los fundamentos del proyecto de ley comienzan así: “El 7 de abril fue encontrada muerta Micaela García, joven, estudiante, hija, militante, a quien la comunidad de Gualeguay y Concepción del Uruguay en Entre Ríos buscó denodadamente una semana entera. Micaela fue víctima de femicidio”.
Además, sostiene: “La muerte de Micaela es responsabilidad de un Estado que deja en indefensión a las mujeres y todas aquellas personas vulneradas por un sistema patriarcal, que no responden a las jerarquías sociales hegemónicas, las cuáles se encuentran arraigadas en la cultura machista, amplificadas por instituciones públicas y privadas”.
Micaela tenía 21 años, fue a bailar el primero de abril de 2017, una semana después se halló su cuerpo. Sebastián Wagner, que ya había sido condenado a 9 años por delitos de violación y gozaba del beneficio de libertad condicional, fue condenado a cadena perpetua por “abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por ser con alevosía, criminis causae y violencia de género”.
Militaba en el Movimiento Evita, por eso Del Ponti la recuerda también como compañera: “Esta ley junto a todas las otras que presentamos luego del femicidio de Micaela, más allá de nuestro rol de diputadas, también como compañeras, representan el compromiso de no quedarnos solo con el dolor que generó la perdida sino poder transformarlo en organización, en propuestas, para seguir construyendo ese sueño que tenía ella de una sociedad más igualitaria. Siempre nos pareció que la mejor forma de honrar lo que ella fue en vida era seguir trabajando para que estas transformaciones pudieran tener un efecto en la realidad, en la vida cotidiana de millones de mujeres como ella lo hubiera querido”.
Lo que falta
La diputada Analía Rach Quiroga (FpV), vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Familia, Niñez y Adolescencia, fue quien presentó el proyecto hace más de un año. “Tuvimos mucho tiempo en la necesidad del tratamiento de este proyecto donde queda plasmada la urgencia de un tema como este, la capacitación para organismos del Estado. Se tarda muchísimo tiempo en que estos proyectos sean tratados, que son clave para la agenda de género, siempre son demorados”. Y explica el proceso que se trabajó en dictamen unificado en comisiones pero “aun así tampoco fue posible que lo incluyeran en el temario antes de que termine el periodo legislativo”. La diputada explica que, una vez finalizado el periodo, el Ejecutivo llamó a extraordinarias y fijó una agenda de temas: “Prioridades del gobierno y no de la sociedad”. Luego se logró que se incluya.
El Instituto Nacional de la Mujer será quien se encargue de las capacitaciones, pero el proyecto tiene en cuenta que el Instituto está sin presupuesto. Explica Rach Quiroga: “Las partidas presupuestarias se van a sacar de lo que cada organismo tenga, porque tenemos muy presente que está prácticamente sin presupuesto el INAM”. Y apunta a la capacitación: “Si tuviéramos capacitación no habría recorte en los organismos que se necesitan”.
La diputada, en su discurso, nombró la necesidad de que la dinámica dentro de la Cámara también sea revisada. “El mecanismo debe ser revisado a la luz de la perspectiva de género. Nunca una mujer presidió una Cámara de Diputados. Nunca en la historia. Fijémonos cómo se componen las comisiones, cuál es el rol que nos asignan a las mujeres. Por ejemplo las comisiones de presupuesto y finanzas son casi todos hombres, pero las de familia y discapacidad son mayoría de mujeres: el rol que nos asignan es fundamentalmente de cuidado. Eso es el orden patriarcal”.
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Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona
Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.
Tamara
Vanesa
Sheila
Abril
Rocio
Elena
Ana
Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.
Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio.
La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.
Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.
Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
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No son cifras
La cifra de violencia contra las mujeres registró un nuevo salto: 277 femicidios y travesticidios se produjeron hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, según la información del Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado sobre violencia patriarcal. Por esa razón la Secretaría de Género de la Asociación Atlética Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche Argentinos juega a las 21.15 en su estadio Diego Armando Maradona contra Barracas Central.
Se dejarán 277 butacas vacías de una de las tribunas para poner el foco así en todas las mujeres que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.
La investigación cotidiana del Observatorio Lucía Pérez elevó el registro de femicidios y travesticidios en lo que va del año a 277 hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Además, a raíz de esos crímenes, quedaron 161 huérfanxs. Como respuesta hubo 288 marchas y movilizaciones en búsqueda de justicia.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata en 2016, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina.
Mediante una docena de padrones que se actualizan diaria y mensualmente se construye una cartografía de la violencia y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con la que cuentan las víctimas antes de ser asesinadas.
De los 277 femicidios y travesticidios:
- 25 habían realizado denuncias previamente.
- 70 de ellas tenían hijxs, lo que provoca la cifra de 161 huérfanxs. En muchos casos sus hijxs presenciaron el crimen, como en el femicidio de Rosa Vanesa Mamani Vargas, asesinada el primer día del año; o el de Ramona Isabel Morínigo, asesinada en febrero frente a su hijo de 15 años; o el de Analía Celeste Oliva, cuyos hijos de 11 y 15 años fueron quienes encontraron el cuerpo.
- Tres de ellas estaban embarazadas.
- 30 estuvieron desaparecidas antes de confirmarse que habían sido asesinadas.
- 24 eran menores de edad.
Cada una de ellas no es una cifra, son madres, hijas, hermanas, vecinas, amigas, compañeras, hinchas por las que pedir justicia.
Por eso que en este día la Secretaría de Género de Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio Lucía Pérez una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche, en el partido contra Barracas Central, se dejarán 277 butacas vacías de una de las plateas para poner el foco así en todas las que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.
Toda la información generada por el Observatorio Lucía Pérez está disponible y es de libre acceso con el deseo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
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Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo
Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.
Por Anabella Arrascaeta
Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.
La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial.
El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.
No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.
La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.
Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.
El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:
- Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
- Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
- Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
- Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
- Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).
Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”.
La familia: “Mensaje mafioso”
Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:
Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.
Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.
La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.
Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”
El fallo
El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.
La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias.
El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Narcofemicidio“
El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).
Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa.
Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.
Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.
Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.
En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/
Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”.
Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez.
El proceso
El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.
En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.
Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada.
Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.
En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.
Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.
Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.
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