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Libertad de expresión. Caso testigo: la prorróga arbitraria de la Ley de Radiodifusión

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El viernes 20 de mayo, sorpresivamente y sin que mediara ninguna discusión ni reclamo público, el gobierno nacional sancionó el Decreto 527/05 que establece de suspensión del plazo de licencias de empresas de radiodifusión por 10 años. De esta manera los actuales propietarios de medios se ven beneficiados por una medida que suspende el cómputo de los plazos que la ley otorga de quince más diez de prórroga por única vez extendiendo por otros diez el término original.
Ante esta decisión, que supone la definición de una línea de política comunicacional de parte del gobierno acorde a los intereses de los propietarios de medios de comunicación, la Dirección y la Junta de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires rechazan y deploran la sanción del Decreto 527/2005 por los siguientes motivos:
«Una vez más, la política de comunicación se resuelve por decreto sin discusión pública. Mientras la ley de radiodifusión 22.285/80, sancionada por la dictadura militar, sigue vigente y excluyendo de la posibilidad de ser propietarios a gran parte de los miembros de la sociedad argentina (en particular a las organizaciones sin fines de lucro). El gobierno otorga un beneficio inaudito a los propietarios de medios de comunicación que formaron grandes grupos concentrados durante la década de los ´90.
Así, por decreto, se ignoran plazos y condiciones de extensión de los mismos, debido a que para su prórroga se requiere el cumplimiento de compromisos asumidos por los licenciatarios. Tampoco se toman en cuenta las sanciones existentes ni las irregularidades en las titularidades que, hasta las propias autoridades, han hecho públicas: tanto por origen del capital como por la cantidad de medios en un área de cobertura.
El Decreto 527/2005 beneficia especialmente a quienes tenían licencias que vencían indefectiblemente en el año 2007, luego de 25 años, dado que habían sido renovadas automáticamente durante la dictadura militar en 1982.
Los beneficiarios de esta medida han sido quienes ganaron los concursos apoyados, en muchos casos en las leyes discriminatorias de los gobiernos militares y, en otros, en las reformas neoliberales de la década de los años 90. En la mayoría de los casos de los actuales titulares de los medios más poderosos, el único mérito para llegar a ser licenciatarios ha sido contar con fondos suficientes o créditos tomados (sobre todo en el exterior) para comprar canales y radios.
La metodología del decreto, aunque criticable, pudo haber sido usada antes que para esta decisión de conservadora política de comunicación, para modificar el artículo 45 de la ley de radiodifusión, que sigue exclu-yendo a los sectores no comerciales de la posibilidad de tener una licencia. Hace 20 años que esta reforma es esperada. En la Argentina, la ley de la dictadura militar excluye a las entidades sin fines de lucro de la posibilidad de ser licenciatarios. Si bien este artículo 45 fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema en el año 2003, sigue vigente porque el Congreso no aprueba su reforma. Sin embargo, para el gobierno tiene más necesidad y urgencia de prorrogar el plazo de las licencias de los poderosos, que permitir que la sociedad civil pueda acceder a los medios de comunicación.
La suspensión del plazo implica que todos los argentinos, que hoy no son propietarios de medios de comunicación, deberán esperar 10 años más para intentar formar parte del sistema de radio-difusión, salvo que se abran nuevos canales de televisión y radios.
Algunas empresas de medios se han beneficiado -especialmente- porque el programa de pagos de la refinanciación sus deudas excede el término de sus licencias y, por lo tanto, no se podía asegurar su cumplimiento. Este cambio de escenario facilita su programa económico-financiero.
El decreto 527/05 otorga la suspensión del plazo de las licencias sin establecer ninguna contraprestación de parte de los beneficiarios. Es irrisorio pedir al mercado que haga propuestas de responsabilidad de contenidos y culturales. No sólo porque la Constitución Nacional (art. 75 inc. 19) obliga a promover el espacio audiovisual nacional y la ley vigente ya lo exige y no se cumple sino, también, porque la defensa de los servicios y productos de la cultura audiovisual requiere políticas activas y definidas. No resulta convincente plantear que los beneficiarios de esta medida ilegal propongan como contrapartida espacios educati- vos. Para los Estados, alentar la creación de estos espacios es un mandato emanado de la Convención Universal de Derechos del Niño, así como el fomento al pluralismo y a la defensa de la diversidad de minorías lingüísticas.
Es un pretexto fijar obligaciones de actualización de tecnologías para extender los plazos. Si fuera posible considerarlo como argumento, y con la velocidad de las innovaciones, las licencias deberían ser eternas, desconociendo que utilizan un recurso escaso como las frecuencias radioeléctricas, cuya administración corresponde al Estado Nacional.
No es tampoco aceptable sostener que esto asegura fuentes de empleo o libertad de prensa. Los procesos de concentración no lo hicieron. Tampoco lo garantizan las tecnologías. Sí lo hacen el pluralismo, la diversidad y la democratización de la palabra y las expresiones culturales y artísticas.
Luego de este decreto, el tratamiento de una posible ley de la democracia queda más lejos aún que antes. Los grupos concentrados ya tienen lo que necesitaban. El Poder Ejecutivo dio muestras claras de no estar dispuesto a discutirla: lo único que entiende necesario y de urgencia lo resuelve con su sola y única voluntad.
Buenos Aires. 23 de mayo de 2005
Consejo Directivo de la Facultadad de Ciencias Sociales de la Univesidad de Buenos Aires
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Dr Damián Doreti
dloreti@mail.retina.ar

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Ley de humedales: el humo político

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La diputada Graciela Camaño revela que percibe “falta de voluntad política” tanto en el oficialismo como en la oposición para tratar la Ley de Humedales que sigue sin tratarse desde hace casi 10 años. Mientras tanto esas áreas continúan incendiándose para favorecer agronegocios a costa de la salud de la población y el medio ambiente. El 21,5% del territorio argentino es de humedales, lo que incluye los salares donde se explota el litio “sin ningún cuidado ambiental” reconoce Camaño. La advertencia de la Multisectorial de Humedales contra un proyecto impulsado por el Ministerio de Ambiente a cargo de Juan Cabandié.   

Mientras siguen incendiándose los humedales en el Delta del Paraná, el tema de esos espacios cruciales para la preservación del ambiente, el agua y el clima, tiene una historia densa en el Congreso de la Nación. Los primeros proyectos se presentaron en 2013, hace casi una década, y obtuvieron media sanción en el Senado, pero luego perdieron estado parlamentario por no ser tratados en Diputados.

En 2016 pasó lo mismo: media sanción en la Cámara Alta y pérdida de estado parlamentario por no ser tratado en la Cámara Baja. Luego, los proyectos presentados en 2018 perdieron estado sin siquiera ser tratados. Con la urgencia ineludible de los incendios de 2020 (vale recordar las quemas en Corrientes) se presentaron 15 proyectos (10 en Diputados y 5 en el Senado), que se unificaron en un texto de dictamen discutido ampliamente en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, por representantes de 18 provincias. Sin embargo, el tratamiento en las otras comisiones no continuó y meses después perdió nuevamente estado parlamentario. La última presentación de un proyecto fue en marzo de este año: organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, de todo el país acompañaron el proyecto que impulsó el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), pero aunque pasaron cinco meses, en la web oficial de la Cámara de Diputados continúa indicando que aún no se giraron a ninguna comisión.  

“Es una barbaridad, el reglamento establece que rápidamente hay que darle giro a los proyectos, no puede bajo ningún punto de vista la presidencia de la Cámara tener en revisión los giros”, dice a lavaca la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), quien sigue el tema desde su inicio intentando surfear las grietas.

En síntesis: sin comisiones no hay tratamiento. Y sin tratamiento no habrá ley. 

La situación es alarmante: si se suman los datos de 2021 y de 2020, en dos años y medio fueron destruidas al menos 853.000 hectáreas de humedales, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este 2022, según los datos que recopila y difunde el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Por su parte, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) amplía a 100.000 las hectáreas quemadas en lo que va del año.

Camaño desde adentro del Congreso detalla los pasos que deberían hacerse: “Lo que debe haber es una reunión de todas las comisiones que tengan el tema para dictaminar. Nosotros hicimos todo el trabajo de consulta durante el año pasado y el anterior, lo que falta es una reunión conjunta de todas las comisiones para emitir dictamen. No sirve que hagamos una reunión de la Comisión de Ambiente, eso no sirve, no alcanza. Desde Ambiente tenemos que exigir al resto de las comisiones que se sienten y debatan y que digan por qué no tiene que haber una ley de  humedales”.  

Rosca vs urgencias

El 21,5% de la superficie de Argentina –600.000  km²– la constituyen humedales: lagunas altoandinas, mallines, turberas, pastizales inundables, esteros, bañados, albuferas, rías y marismas distribuidas en once regiones, en zonas urbanas y rurales. 

El proyecto de ley busca entonces que se les brinde un uso ambientalmente respetuoso, que las actividades preserven sus funciones ecológicas y se eliminen los factores que los perturban. Además, dispone fondos para protegerlos, estimula la participación ciudadana en la toma de decisiones, y propone un inventario para registrar las zonas de humedales.  

Con los pies en este panorama responde Camaño: 

¿El oficialismo no quiere tratar este proyecto?  

Yo creo que en el oficialismo y en la oposición de Cambiemos hay diputados que no quieren impulsar el proyecto. 

¿Es posible establecer los consensos necesarios para que sea tratado?

Lo que veo es que hay una oposición férrea. Nosotros estamos pensando en los humedales como en el Delta, pero la Convención Internacional tiene definidos 42 humedales, 42 cuestiones geográficas que son humedales. Por ejemplo: los salares son humedales y fijate de qué manera se está produciendo litio en Argentina sin ningún cuidado ambiental. Las turberas son humedales. Los deltas son humedales. Acá hay una suerte de mora en la definición y en la protección de los humedales de darle un tratamiento, porque el cuidado ambiental no tiene que ver con la prohibición: tiene que ver con que en los lugares donde se produce se cuide el ambiente, y se reponga, que se hagan las cosas correctamente cuidando el ambiente. Aparentemente quienes están produciendo en zonas de humedales pretenden producir de cualquier forma y a cualquier costo, y ese es el problema más serio que tenemos. Se tiene que producir, pero de manera sostenible, y se tiene que reproducir reparando el daño que se produce al ambiente cuando se produce. 

Uno de los discursos contra la ley es que se frena la producción y reactivación económica, ¿qué opina de este argumento?

Eso es mentira. Lo que se pretende es que quien se va a beneficiar con el recurso natural no se beneficie tanto como para dejar el daño no solamente a nuestro país sino a las generaciones futuras. Hay un discurso mentiroso respecto al tema ambiental de aquellos que intentan tener muy grandes ganancias en contra del ambiente que es un bien de todos. 

La «cuchillada en la espalda«

Aunque el proyecto presentado este año por el diputado Leonardo Grosso toma como texto el dictamen consensuado durante 2021 con 37 firmas de diputados y diputadas que adhieren –todos de la bancada oficialista a excepción de la diputada Margarita Stolbizer- el tratamiento no llega. 

“No veo voluntad política, honestamente”, sintetiza la diputada Camaño, quien también presentó un proyecto propio, como muchos otros diputados y diputadas. La cantidad de proyectos da cuenta de que el tema está en agenda de parte de la Cámara pero no llega a impulsarse. 

Camaño menciona el anteproyecto del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como un ejemplo de la falta de esa voluntad: “Es lamentable no solamente porque han habido dos instancias en el 2013 y en 2016 con media sanción del Senado, sino porque en el año 2016 el COFEMA fijó los lineamientos de lo que tiene que ser la Ley de Humedales, y no tienen nada que ver con el proyecto que anda dando vuelta y que todavía no fue presentado a la Cámara”. 

El 11 de julio, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en conjunto con el Ministerio Nacional de Ambiente en manos de Juan Cabandié, anunció que se presentaría otro proyecto. Desde la Multisectorial de Humedales emitieron un comunicado en el que dicen de manera contundente que “se trata de un texto completamente vaciado de valor y de contenido, que lejos está de proteger los humedales, no es más que una estafa al pueblo y una burla a quienes dedicamos tiempo y energías a perseguir un real ejercicio de la democracia”. 

La Multisectorial de Rosario denuncia esta trampa: “Ese proyecto de Cabandié es una tremenda cuchillada en la espalda a las organizaciones que vienen sosteniendo el proyecto de Ley de Humedales consensuado, que fue el que llevamos en la travesía el año pasado y dejaron caer en 2021. Hace modificaciones clave sobre la definición de humedales, sobre el cuidado de ese ambiente. Cuando decimos ‘Ley de Humedales ya!’, hay que aclarar cuál ley. Están negando y aplastando la voz popular, de la gente que está en los territorios diciendo qué ley necesita”.

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El patrón del fuego: humo, agronegocios, y el Delta en llamas

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Se destruyeron 853.000 hectáreas de humedales en dos años y medio, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este año, 100.000. “Es un patrón del fuego. El fuego nunca es causa espontánea ni un accidente: es intencionado. Hay gente que manda a quemar con un plan, una y otra vez”. El objetivo, alimentar ganado que ocupa esas zonas para agrandar la frontera agropecuaria y liberar áreas para los negocios transgénicos e inmobiliarios. Links a notas e investigaciones sobre el tema. (Foto de portada tomada del la cuenta de Federico Padin en Twitter, @fede_padin).

“Nosotros tenemos humo en la ciudad bastante seguido, desde el 2020 a esta parte. Lo que pasa es que llega a los medios de Buenos Aires cuando ya es zarpado, que es lo que pasó el fin de semana”.

Julia Vélez, integrante de la Multisectorial Humedales, habla desde Rosario mientras coordina con sus compañeros los detalles de la movilización de este miércoles en el Monumento a la Bandera. Una marcha que surgió de manera espontánea desde las redes sociales, ante la evidencia del humo, y a la cual se le fueron montando todas las organizaciones sociales de la provincia e incluso, por primera vez, la Universidad Nacional, que decretó un cese de las actividades para que la comunidad universitaria pueda asistir.

“La Universidad abrió un teléfono para recibir casos de afecciones por el humo: en la primera hora recibió 100 consultas”, cuenta Julia sobre nuevos apoyos institucionales que hablan de una bronca transversal en la ciudad del puerto internacional, azotada por la violencia, lo narco, el hambre, las quemas y los femicidios. Se suman a las víctimas todas las personas con problemas en las vías respiratorias, y quienes empiezan a sufrirlos por la invasión del humo.

La violencia de cada día

·         “Basta de humo”

·         “Humo es el negocio”

·         “Plomo y humo, el negocio de matar”

Foto: Eduardo Bodiño

Las pintadas aparecieron en edificios públicos y en la ya famosa escultura Barquito de Papel (popularmente rebautizado “narquito”) luego de tres días de humo sostenido, y merecieron más notas periodísticas que las propias causas que las originaron: los incendios que desde hace al menos 2 años destruyen el Delta, y que el pasado fin de semana volvieron a intensificarse de manera asfixiante para la población urbana.

“Tomó una relevancia a nivel nacional, pero humo tenemos casi todas las semanas. A veces muy leve, y a veces como pasó este fin de semana de dos días y medio, sin poder respirar, y gente muy afectada a nivel salud. Cada 4 meses pasa así, de manera alevosa, desde hace 2 años”, cuenta Julia sobre la a-normalidad.

La masiva movilización de hoy en Rosario pone en contexto a las pintadas. Si se suman los datos de 2021 y de 2020, en dos años y medio fueron destruidas al menos 853.000 hectáreas de humedales sobre un área total, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este 2022, según los datos que recopila y difunde el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Por su parte, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) amplía a 100.000 las hectáreas quemadas en lo que va del año.

En San Pedro y las Islas Las Lechiguanas, parte del mismo Delta en llamas: https://lavaca.org/notas/san-pedro-argentina-la-realidad-en-llamas/

Y en Corrientes, donde otros incendios recientes confirmaron la necesidad de la Ley de Humedales: https://lavaca.org/mu168/la-ley-del-fuego/

La Multisectorial en Defensa de los Humedales nació como una respuesta en pleno pico de la pandemia: su bautismo desesperado fue una histórica toma del puente en pleno aislamiento obligatorio.

“Estábamos muriendo por el humo más que por el Covid, esa era la sensación”, relata Julia, y enseguida conecta con la actualidad. “Ahora parecería que el humo vuelve, ya no hay Covid, pero es como si fuera natural”. La movilización de este miércoles intentó sacudir esa naturalización postpandémica de lo antinatural.

El proyecto en juego

Estamos en agosto. La misma época –en 2020 y en 2021- que en Rosario se registraron el mismo tipo de quemas y el acoso del humo, una sincronía que la Multisectorial no lee como casualidad: “Es un patrón del fuego. El fuego nunca es causa espontánea ni un accidente: es intencionado. Hay gente que manda a quemar con un plan, una y otra vez”. ¿Para qué? “Entendemos que para los pastizales, para que en primavera estén los brotes y las vacas coman… Tenemos datos de zonas quemadas de islas que aparecen como campos en grandes inmobiliarias. También se puede pensar que es preparar el terreno para que se extienda la frontera agropecuaria, la soja básicamente. Pero… no los sabemos a ciencia cierta: son las tres cosas y alguna otra cosa más que no estamos sabiendo” dice y repite para enmarcar: “Esto responde a un proyecto económico de país”:

Sobre las causas y efectos de estas quemas, el periodista rosarino Tomás Viú investigó en esta nota para la MU 150: https://lavaca.org/mu150/todos-los-fuegos-el-delta-en-llamas/

Este territorio, el Delta del Paraná, es zona de puerto donde entran y salen barcos, en un territorio de islas de aproximadamente 70 kilómetros de monte nativo, con acceso a lo que suele llamarse “hidrovía”: el Paraná. “No es tan romántico el asunto”, pincha el paisaje Julia. “Las islas siempre fueron territorio de cualquier cosa, es decir, de cualquier tipo de negocio por fuera de la ley, con acceso al río de salida internacional. La hidrovía simboliza el territorio como disputa de poderes de los grandes negocios… es un análisis, una lectura que hago yo personalmente pero que está en boca de todos”.

En esta nota, el diputado Carlos del Frade desarrolla este análisis que da cuenta de la relación entre modelo extractivo, narcotráfico y quemas: https://lavaca.org/mu163/carlos-del-frade-contar-para-vivirla/

La encerrona

Sigue Julia: “La ciudad está estallada de violencia: hoy tenemos 18 niñes muertes por balaceras en lo que va del año… La sensación es como de una encerrona: nos matan porque no aplican políticas sociales, y tampoco tratan seriamente la cuestión del narcotráfico. Y esto no está distante de las quemas de las islas”.

Mientras tanto, el gobierno de la provincia decidió reaccionar a las quemas con un cambio de Ministro de Seguridad que las organizaciones sociales leen como una provocación: Omar Perotti le pidió la renuncia al ministro José Lagna y puso como sucesor a Rubén Rimoldi, un comisario general retirado. “A partir de estas pintadas que surgieron el gobierno empezó a justificar todo como en mensajes mafiosos… la famosa criminalización de la expresión popular. Parece más importante que te escriban una pared de un edificio público. que si se está llenando todo de humo y nadie del Estado hace nada. El mensaje parece ser: acostúmbrense que va a ser así, y si no, palos para todos”. 

Hacia adelante se vislumbra más de lo mismo: “Hay un claro camino para el proyecto económico de este país que nada tiene que ver con conservar el ambiente, y mucho menos darle lugar y voz a la organizaciones de los territorios. Es un manoseo de un discurso que se dice federal, inclusivo, colectivo, bla bla, versus la realidad de las acciones que son: de derecha, conservadoras y absolutamente extractivistas y neoliberales. Es una contradicción, una esquizofrenia sin fin. Y en el medio, nos ahogamos. Por eso vamos a seguir movilizándonos”.

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Informe América: dictamen del INADI establece que hubo violencia machista

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El Informe América fue elaborado por el colectivo Periodistas Argentinas en relación a la violencia laboral ejercida en el Grupo América hacia trabajadoras y trabajadores. A raíz de la presentación en distintos organismos del Estado, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, dictaminó que el periodista Antonio Laje tuvo conductas “violentas”, “cínicas” y “perversas” y que la conducción de dicho grupo de medios tuvo una actitud “reaccionaria, anacrónica y a todas luces ineficientes”. Los principales puntos y las recomendaciones del organismo.

El Informe América se presentó el diciembre pasado en la Sala II del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación para dar cuenta de un sistema y un modus operandi que se viene desarrollando a lo largo del tiempo en el multimedio Grupo América. 

El documento se presentó luego oficialmente en distintos organismos estatales: la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Defensoría del Público y el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM). Además se entregaron copias al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SatSaid).

Luego de una investigación la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI, a cargo de Demián Zayat, emitió un dictamen técnico de opinión que confirma “la conducta violenta de género del Sr. Laje y la complicidad o aquiescencia de las autoridades y dueños del multimedios en el cual se desempeña”.

Esta situación fue denunciada por Periodistas Argentinas cuando enfatizó que no se trataba de una sola persona sino de una situación sistemática que se viene desarrollando a lo largo del tiempo.

El dictamen sostiene que se identifica “un modus operandi generalizado en el ámbito de los medios masivos de comunicación: el machismo imperante en ellos, materializado en el acoso, abuso, maltrato, intimidación y descrédito profesional al que son sometidas las mujeres”. Además remarca que ”mientras la violencia de género gana lugar y relevancia en los medios” son los propios medios  en donde “se perpetúan y reproducen conductas machistas contra las trabajadoras”. 

Sobre el modus operandi detallado en el Informe América, el INADI entiende que “dicha práctica tiene un aspecto cínico y otro perverso”. Y detalla cada uno: 

  • “El costado cínico reside en el principal argumento de defensa esgrimido generalmente por las personas acusadas, argumento que endilga a la vorágine de ‘la exigencia profesional’ la responsabilidad por ‘algún exceso’”. 
  • Respecto al costado perverso: “Anida en que los maltratos y abusos denunciados generalmente implican el desastre para la denunciante, su descrédito profesional, persecución o despido, que generalmente incluye también caer en una suerte de lista de vetados que impide trabajar en otros programas o medios del grupo en cuestión o, en casos graves, incluso en cualquier otro medio del país. Este rasgo ruin, montado sobre el temor e incertidumbre que genera la posibilidad de perder el empleo, es el que precisamente habilita su propia existencia y continuidad”. 

Además en el documento emitido hoy por parte del organismo se sostiene que «Laje se victimizó y denunció una “operación” para destruirlo. Más allá del egotismo del Sr. Laje, que al parecer se considera lo suficientemente importante e influyente como para que se instalen operaciones en su contra, con sólo apreciar las declaraciones de las mujeres implicadas, sus tareas y sobre todo las consecuencias que tuvieron en sus trabajos, basta para descartar la falsa ‘operación’ argüida por Laje»

Otra definición: “La defensa del Sr. Laje consistió en definir a esta situación no como maltrato, sino como exigencia. Más allá del nombre que le quiera poner, los hechos encuadran sin lugar a dudas en todas las definiciones de violencia

contra la mujer que establece la normativa internacional y nacional». 

Respecto al papel y responsabilidad de los dueños y autoridades del Grupo América el organismo remarca que “su actitud ante la situación resultó reaccionaria, anacrónica y a todas luces insuficiente. En relación a su intervención en este expediente, si bien puede entenderse el derecho a la defensa que toda persona física y jurídica tiene, la actitud aséptica y tecnicista evidencia en las presentes actuaciones un desinterés absoluto por la violencia engendrada contra las mujeres en el medio que presiden”. 

Subraya el INADI que “en el afán de defender a su conductor deja a la empresa en una posición de absoluta complicidad con los graves hechos denunciados y de espaldas a una realidad (el empoderamiento de las mujeres para terminar de una vez con prácticas y conductas violentas contra ellas) que no va a detenerse por más caso omiso que quiera hacerse. Con su actitud la empresa, además, revictimiza a las mujeres implicadas, ya que la inacción respecto a lo ocurrido, aún ante la presentación de denuncias formales, reafirma la postura tomada al despedir a las trabajadoras que no se sometían a los abusos de Laje, o al permitir su persecución y acoso laboral, sin garantizar los más elementales derechos laborales”. 

Como organismo estatal que actúa contra toda forma de discriminación, el INADI estableció en el dictamen una serie de recomendaciones con el fin de prevenir y reparar las acciones denunciadas. Las recomendaciones son: 

  • “Arbitrar los medios necesarios de manera inmediata para evitar la continuidad de conductas denunciadas, sin que se adopten represalias contra las víctimas y denunciantes”. 
  • “Establecer capacitaciones sobre violencia de género a fines de evitarlas en el futuro y lograr un estándar aceptable en cuanto a los derechos de la mujer”. 
  • “Establecer segmentos sobre derechos de la mujer para sacar al aire en el programa de las noticias de la mañana”. 
  • “Aprobar y poner en práctica, de un modo conjunto con los representantes sindicales, un protocolo para prevenir y sancionar la violencia de género, de acuerdo a lo establecido por el Convenio 190 de la OIT, y crear un área de género para prevenir este tipo de conductas que deberá tener intervención en la investigación que se lleve adelante en las denuncias de este tipo”. 
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La última Mu: La voz originaria

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