Nota

Alberto Fernández/Claudio Moroni: Lo que el año NO se llevó

Publicada

hace 20 años

30/12/2004

El jefe de gabinete, Alberto Fernández, y el titular de la Sigen , Claudio Moroni, todavía deben dar respuesta por sus actuaciones en la función pública, donde tenían la responsabilidad de controlar a un sector que fue escenario de denuncias por corrupción, escandalosas quiebras y sospechosas impunidades. El periodista Julio Nudler quiso pedirlas y fue censurado. El columnista Horacio Vertbisky intentó refutar a Nudler y reprodujo el descargo de los funcionarios. lavaca realizó su propia investigación, que compartimos aquí con ustedes. El resultado es esta nota con la que brindamos por lo que vendrá: reciban nuestros mejores deseos, entonces, aquellos periodistas que seguirán atreviéndose a escribir sobre este tema.

Empecemos por el principio:
Alberto Fernández y Claudio Moroni fueron compañeros de estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Una vez recibidos, comenzaron a recorrer juntos una carrera en la función pública, interrumpida solo por cortos períodos de trabajo en el sector privado, en actividades íntimamente ligadas a sus gestiones gubernamentales. Hoy, Alberto Fernández es el jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner y Claudio Moroni el encargado de controlarlo: fue designado presidente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo que debe detectar e informar los «perjuicios al patrimonio público» que pudieran realizar funcionarios como Fernández.
En los curriculums personales de Fernández y Moroni estas nuevas tareas significan, sin duda, un importante ascenso. Un premio político, quizá, por la perfomance alcanzada en el ámbito en el que se desempeñaron durante toda la década de los 90 y que les permitió convertirse en lo que hoy son.
Veamos cómo y por qué.
A seguro lo censuraron
La Superintendencia de Seguros de la Nación es un organismo público, descentralizado, dependiente del Ministerio de Economía. Su tarea es controlar a las empresas aseguradoras. Fiscaliza, en consecuencia, «la organización, la solvencia y la liquidación» de todas las compañías que operan en el mercado argentino. Su responsable ostenta el cargo de Superintendente.
Desde 1989 hasta 1995 Alberto Fernández ocupó ese puesto. Cuando renunció, lo dejó en manos de su gerente técnico, asesor y amigo: Claudio Moroni. La gestión de Fernández/Moroni al frente de la Superintendencia fue la más larga de la historia de ese organismo. La de Moroni tuvo dos períodos: desde el 95 hasta el 98, primero y desde el 2002 hasta el 2004, cuando abandonó ese cargo para convertirse en el titular de la Sigen.
Fue a propósito de este nombramiento que el periodista Julio Nudler decidió dedicar su habitual Panorama Económico de los sábados del diario Página 12 a recordar la trayectoria de Fernández y Moroni. Ya se sabe qué pasó: Nudler denunció que su artículo fue censurado.Como consecuencia de esa denuncia que se hizo pública, el diario retiró definitivamente la columna de Nudler, prohibió su firma en otros artículos y el director, Ernesto Tiffenberg, atacó el honor de Nudler en la portada del matutino, tratando de justificar lo que de esa manera se tornó injustificable. Para empeorar aún más las cosas, el domingo 14 de noviembre el columnista Horacio Vertbisky dedicó sus páginas del diario a refutar el censurado artículo de Nudler.
Así las cosas, la suerte de la más escandalosa denuncia de censura de este año no está echada. Dependerá, una vez más, del juicio de los lectores que soporten algo más que esta saga de dimes y diretes acerca de uno de los tantos casos de corrupción que la justicia no ha investigado. Estamos hablando de los años 90 y del control estatal del negocio de los seguros. Pero, sobre todo, estamos hablando de dos de sus protagonistas claves: Alberto Fernández y Claudio Moroni.
Que el árbol que intentó plantar Página 12 no nos tape el bosque.
Memoria del saqueo
El artículo de Nudler comenzaba citando a Roberto Guzmán, un conservador salteño que en setiembre de 1994 fue designado al frente del Instituto Nacional de Reaseguros (INdeR) por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Guzmán publicó un libro titulado «Saqueo Asegurado», cuya impresión pagó de su bolsillo. Así pudo detallar su versión acerca de las maniobras fraudulentas con las que compañías, funcionarios y políticos -con el amparo de sindicalistas, jueces y periodistas- convirtieron a ese organismo en «una verdadera organización para el delito y la defraudación», según las palabras con que Cavallo prologa el libro.
El muerto que gasta
El INdeR era la empresa estatal encargada de asegurar los seguros. Durante años monopolizó esta tarea hasta que en 1991, mediante un decreto del entonces presidente Carlos Menem, se resolvió liquidarla como parte de la política de «globalización» de la economía argentina en general y el mercado de seguros en particular. Desde entonces, las compañías que operan en el mercado local deben reasegurar sus servicios con bancas internacionales. Lo que sigue a partir de allí es un despropósito de tal dimensión que cuesta entenderlo y mucho más explicarlo. Recurramos entonces a la siguiente metáfora: el decreto de Menem le pegó un tiró al corazón del IndeR en 1991 y desde entonces ese Instituto está muerto, pero su cadáver sigue insepulto y, lo que es peor, cada vez más endeudado. Recordemos un dato: por entonces Alberto Fernández era el máximo responsable del gobierno en el diseño de las políticas del sector seguros y Moroni, su brazo técnico-legal.
El barril sin fondo
Al ordenarse la liquidación, el INdeR dejó de percibir ingresos y su función se redujo a una sola cosa: verificar los reclamos de las compañías ya reaseguradas para pagarlos. Pero ¿de dónde iba a salir el dinero para afrontar estos compromisos asumidos si ya no podía recibir nuevas primas? Pues bien: se creó un impuesto especial, que pagó cada paisano al contratar un seguro. Por ese impuesto el INdeR recaudaba aproximadamente 20 millones de dólares mensuales que fueron a dar a un verdadero barril sin fondo. «Solo un estado de corrupción a gran escala podía explicar el hecho de que tras dos años de funcionamiento de una Comisión Liquidadora la deuda aparente de este organismo se hubiera cuadriplicado», escribió Domingo Cavallo en el prólogo del libro Saqueo Asegurado al describir a donde le pidió que se instale Guzmán.
¿Dónde estaba por entonces Alberto Fernández?
Sentado en un sillón del INdeR.
Guzmán cuenta en su libro cómo lo encontró:
«Debido a que estuvo al frente de la Superintendencia desde el 89, Fernández fue uno de los funcionarios con mayor continuidad como autoridad del INdeR (según la ley, quien se desempeña como superintendente es además miembro del directorio del Instituto). Así, en tanto, a la vez miembro del órgano directivo del INdeR y autoridad de control del mercado asegurador, puede decirse que le correspondió una alta cuota de responsabilidad respecto de las políticas aplicadas durante los 90 en el ámbito del seguro y los reaseguros».
Los 250 millones de dólares que Fernández no vio
En el artículo con el que Vertbisky intenta refutar a Nudler, Alberto Fernández está descripto como el socio de Guzmán en la lucha contra la corrupción en el IndeR. Dice textualmente Vertbiky:
«Fernández afirma ser el Superintendente que más compañías cerró, por insuficiencias económico-financieras que hasta entonces se mitigaban privatizando las ganancias y socializando los pasivos con el INDER. ‘Limpié un tercio del mercado. También presenté cien denuncias penales, cosa que antes no se hacía, y dispuse que la Superintendencia se constituyera como querellante, para seguir las causas contra las aseguradoras'».
Veamos cúal es la versión de Guzmán.
«Por medio de la resolución 1010/94 dispuse una modificación muy sencilla para las operaciones conocidas como borderó, es decir, los siniestros menores a 10.000 dólares. Hasta entonces las compañías reaseguradas en el INdeR reclamaban el borderó automáticamente, con sólo informar que su cliente había sufrido un percance (accidente, incendio, robo). Un informe de la Auditoría Interna me había brindado datos reveladores acerca de los abusos que en la materia se cometían. En dos años se habían pagado- sin que el INdeR recibiese documentación alguna que respaldara el reclamo- 250 millones de dólares.(…) Esto resultaba muy extraño y era alarmante que las autoridades no lo hubieran tomado en cuenta. Más llamativo aún cuando había una comisión de nueve miembros, varios de ellos del sector asegurador, incluso el propio Superintendente de Seguros de la Nación (N de la R: se refiere a Alberto Fernández) que se suponía debía conocer las modalidades del mercado».
Guzmán decidió hacer lo que hasta ese momento nadie había hecho: los aseguradores debían presentar fotocopia autenticada del pago del siniestro al asegurado. Con esta sencilla medida, el INdeR pasó a pagar por borderó 373.000 dólares (de noviembre de 94 a noviembre de 96) contra los 4.739.966 dólares pagados entre junio de 92 a octubre del 94. Una reducción de más de cuatro millones de dólares (4.366.966 para ser exactos) que se logró con solo pedir una fotocopia.
La deuda del INdeR y el gran bonete
Uno de los aspectos más controvertidos de la gestión Fernández/Moroni es cuál era en realidad la cifra adeudada por el INdeR a las compañías reaseguradas. No es un problema menor, ya que estamos hablando de millones de dólares y del gran bonete que impidió hasta la fecha la sepultura de un organismo que consume 3 millones de pesos anuales en gastos de funcionamiento.
Por un lado, las compañías aseguradas reclamaban al Estado una deuda de 1.200 millones de dólares. Por el otro, Guzmán calculó que el pasivo no superaba los 500 millones. Lo cierto es que era necesario -y se supone urgente- encontrar una manera de salir del atolladero, para lo cual se elaboraron distintas propuestas. Una fue la de Fernández.
Dice Fernández en la nota con la que Vertbisky intenta refutar a Nudler:
«Fui yo y no Guzmán quien redujo las obligaciones del Estado en 500 millones. Pero además sobre esos 911 millones proponía negociar una quita, cerrar la cuenta y pagar con bonos. Todo debía quedar saldado en 1995, y luego no se admitirían más reclamos.»
Veamos cuál es la versión de Guzmán.
La propuesta diseñada por Alberto Fernández en el año 95 «a la medida de los intereses de las compañías y en desmedro de los derechos del Estado» estaban basadas, según Guzmán, en una «inexistente auditoría realizada por la Superintendencia». Calificó también de «facilista» esa propuesta «tan irresponsable en lo jurídico como en lo financiero: pretendía pagar todo con una quita y por medio de subastas, sin ningún control, en efectivo o en bonos, como si el mayor endeudamiento no fuera a ser soportado por todos los argentinos». Su explicación: «Las soluciones para la Superintendencia pasan por un rápido jubileo». ¿Por qué? «El jubileo era imprescindible para tapar la nefasta política de descontrol realizada durante largos años. De alguna manera había que justificar su responsabilidad por la falta de control de la actividad aseguradora, política que desprotegió a los cientos de miles de asegurados en la Argentina. Para dar algunos ejemplos, cabe recordar la estafa del grupo Seguros del Interior y la de Belgrano Cooperativa de Seguros.
A) El grupo Seguros del Interior protagonizó una de las más escandalosas maniobras contra los asegurados, bajo la tolerancia de la Superintendencia y la complicidad del INdeR. Esta empresa tenía una deuda impositiva y previsional cercana a los veinte millones de dólares. A pesar de ello cobró, hasta días antes de su cierre por liquidación, una suma de casi 16 millones de dólares por parte del Instituto. Su morosidad había sido advertida por Ricardo Cossio, entonces titular de la DGI, al superintendente Fernández y a la Comisión Liquidadora del INdeR.
B) El caso Belgrano no es menos patético. Cuando la Superintendencia examinó los balances contables cerrados al 30 de junio de 1995 no encontró nada anormal: sólo una desviación del 2%. Pocos meses después, increíblemente, el mismo organismo cambió totalmente su diagnóstico al encontrar una insolvencia patrimonial de más de 100 millones de dólares. Los perjudicados por este ´descuido´ fueron las diez mil personas que sufrieron accidentes de tránsito provocados por las empresas de transporte público de pasajeros aseguradas en esa compañía».
Prebendas y responsabilidades
Guzmán también detalla por qué y cómo la gestión de Alberto Fernández fue tan permeable al reclamo de las empresas aseguradoras. Son cuatro páginas (de la 144 a la 148) que hay que tener paciencia de leer para entender su perspectiva.
A fines de agosto de 1995 Guzmán concurrió con su equipo y los abogados Luis Moreno Ocampo y Hugo Wortman Jofré (a quienes convocó para que se encarguen externamente de la investigación de la corrupción en el INdeR) al Congreso de la Nación para informar a diferentes comisiones la situación del organismo. En una de esas reuniones, un legislador les preguntó sobre el funcionamiento del «Fondo de Cooperación Técnica» creado por iniciativa de la Superintendecia de Seguros para «pagar más a los funcionarios». Responde Guzmán:
«La preocupación de los legisladores por el Fondo es consistente».
Detalla que con fecha 27 de abril de 1990, mediante escritura pública, se formalizó un Fondo de Cooperación entre la Superintendencia y un grupo de cinco asociaciones de compañías de seguros. Entre los objetivos del Fondo figuraban «el otorgamiento de incentivos a los agentes de la Superintendencia a través de estímulos pecunarios o becas». Los aportes serían «voluntarios y confidenciales» calculados en un 0,06% del monto de las primas de seguros directos.
Opina Guzmán:
«Es insólito que un mecanismo de manifiesta índole prebendaria haya sido al servicio directo de un organismo de control por parte de las mismas empresas que deben ser controladas, violando elementales principios jurídicos y éticos a que están insoslayablemente obligados los funcionarios de órganos fiscalizadores».
Para Guzmán las consecuencias fueron evidentes: «a través de distintos hechos y situaciones -que a continuación enumero- quedó demostrado que esta extraña ´cooperación´a que alude el Fondo creó una interrelación y dependencia de la Superintendencia con los intereses y posturas de la plaza aseguradora».
Uno de esos hechos que enumera Guzmán es el proyecto de Alberto Fernández de pago de la deuda del INdeR. «Me opuse en virtud del grave perjuicio, superior a los 1.000 millones de dólares, que se hubiera derivado de la no consideración de los créditos del INdeR respecto a las aseguradoras». El otro es «la negativa del superintendente Fernández a admitir que las Reservas de Siniestros Pendientes denunciadas por las compañías no se ajustaban a la realidad, lo que fue posteriormente confirmado por la auditoría realizada por la propia Superintendencia.»
Por último, señala Guzmán, la Gran y Única Cuestión a tener en cuenta en todo este embrollo:
«Debe tenerse presente que el doctor Fernández fue superintendente desde 1989, período en que se perpetraron todas las irregularidades denunciadas a la justicia. Por otra parte, tenía y tiene la obligación funcional de supervisar las cuentas del Instituto, la cual de haberla cumplido, habría evitado las graves irregularidades que ahora se conocen. Tampoco puede olvidarse que él formaba parte de la Comisión que omitió confeccionar balances y calcular los créditos a favor del Instituto. El Superintendente participó de todas las Comisiones Liquidadoras del INdeR y nunca objetó los procedimientos implementados por éstas, cuando mi gestión buscó adoptar las medidas tendientes a reducir perjuicios económicos al Estado nacional, el doctor Fernández sostuvo que «no se acompañaba adecuadamente al sector».
El fin
A menos de un año de la gestión Guzmán al frente del INdeR el ministro de Economía Cavallo recibió un informe (fechado 30-7-95) donde se afirmaba que ese Instituto no debía un peso. Al revés: tenía a su favor una suma calculada en 135.547.880 dólares. Guzmán cuenta detalladamente el resultado de ese informe: «El ministro no podía ocultar su sorpresa con este resultado y preguntó cómo era posible que las compañías reclamaran sumas millonarias sin ningún documento de respaldo. Le respondí que eso tenía que ver con un montaje perfectamente orquestado que instalaron hábilmente los intereses beneficiados con el saqueo del INdeR (…) Cavallo retomó la palabra para interrogarnos acerca de cuál era la responsabilidad que le cabía a los funcionarios que manejaron el INdeR. La única respuesta que correspondía era que tenían mucha responsabilidad: como mínimo, la funcional. Entonces, quiso saber qué intervención había tenido el superintendente, doctor Alberto Fernández, que era miembro nato de la Comisión Liquidadora: ¨la misma que todos los miembros de la Comisión durante los hechos ocurridos durante su mandato¨, le dijimos. El secretario Maccarone trató de explicar que, aparentemente, (Fernández) no concurría a las reuniones de la Comisión. Cavallo le respondió en forma tajante:
-Pídale la renuncia.
El secretario le respondió que, en realidad, ya la había presentado para colocarse al frente de la aseguradora del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Así concluyó la más larga gestión de un funcionario al frente del período más oscuro de la Superintendencia de Seguros.
Sobre el desempeño de Fernández, sintetiza Guzmán:
«Si hubo corrupción y él era funcionario debería explicar: qué hizo para acabar con ella, cuáles fueron las medidas implementadas y los resultados obtenidos, cuáles fueron las denuncias efectuadas y ante qué autoridades ¿o es que teniendo uno de los cargos más altos desconocía lo que ocurría dentro y fuera del INdeR?
Guzmán falleció en el año 2004 pero sus preguntas no murieron.
Veamos cuáles fueron finalmente las respuestas obtenidas gracias al artículo de Nudler.
Las fuentes
¿Podemos confiar en el testimonio de un hombre muerto? Vertbisky habla de la fe de Nudler por confiar ciegamente en la versión de Guzmán. Los periodistas no creyentes tienen, sin embargo, otros recursos.
Las denuncias presentadas en la justicia durante la gestión de Guzmán, son unos.
La respuesta del abogado Hugo Wortman Jofré, otro: «Guzmán era un hombre íntegro que luchó seriamente contra la corrupción en el INdeR», contestó a lavaca. El abogado admite que Fernández prestó siempre colaboración a los procedimientos que ellos impulsaron para esclarecer los ilícitos del Instituto, pero confirma que hasta la llegada de Guzmán al frente de INdeR no se habían realizado ni investigaciones ni denuncias sobre la corrupción en ese organismo. Señala, tal como cita el artículo con el que Vertbisky intenta refutar a Nudler, que es cierto que Guzmán mantenía diferencias con Alberto Fernández, pero no menciona el tema de los celos protagónicos, sino otras: «Guzmán era un técnico y Fernández un político». Para algunos lectores, estos sustantivos podrán convertirse en adjetivos. O no.
«En el directorio estaban representados todos los bloques parlamentarios. Había quien respondía al justicialismo y quién al radicalismo, así que hasta la llegada de Guzmán el manejo era, fundamentalmente, político», informa Wortman.
También el archivo ayuda: comprueba que la versión de Guzmán ya fue publicada y no refutada. Nudler la citó varias veces, ya que ante la llegada de cada nuevo superintendente o interventor del INdeR, dedicó un artículo. En el archivo encontramos por los menos ocho de ellos, en donde informa muchos de los temas que menciona en su columna censurada. También el libro de Guzmán es citado en esta sintética versión de su gestión, a propósito de una intervención de la Sigen, en tiempos del ahora canciller Bielsa, que ponía en tela de juicio las actuaciones posteriores a la gestión Guzmán que desarmaron prolijamente todo el control por él iniciado. Como antecedente de este enfrentamiento, el artículo resume:
«El INdeR, al que las compañías aseguradoras le reclaman una suma próxima a los 400 millones de dólares fue escenario de denuncias de corrupción. Cavallo designó a Roberto Guzmán. Roque Fernández lo relevó cuestionando que se hubiera dedicado a investigar la corrupción existente. (…) El procedimiento habitual que el defenestrado Guzmán denunció en un libro, consiste en la fabricación de miles de siniestros inexistentes».
Lo firma Horacio Vertbisky en <>b>Página 12, pero en julio de 2000.
Cuatro años después, Vertbisky transcribe el descargo de Moroni a las acusaciones de Nudler sobre su relación con la compañía Lua Seguros, uno de los casos más escandalosos de fraude en la industria del seguro, que dejó un saldo de más de 4.000 juicios sin pagar:
«Admite haber actuado durante seis meses en LUA. (…) Cuando fue designado por segunda vez Superintendente, en 2002, antes de asumir declaró a esas compañías entre sus incompatibilidades y se excusó de intervenir en asuntos que las involucraran. ‘Es mi profesión, y un ex funcionario si fue honesto necesita trabajar para vivir’.»
En la Oficina Anticorrupción respondieron que no hay otra constancia de incompatibilidad que las presentadas por Moroni en su declaración jurada, cuya copia solicitamos. Allí solo consta su relación en calidad de «socio» del Estudio Mazars, un buffet internacional, asociado localmente con el estudio García Lema. Es decir: la Oficina Anticorrupción no ofrece constancia de la mención de Moroni a ninguna compañía ligada a la función pública que iba a desempeñar.
Por otra parte, tampoco parece cierto que se haya excusado de intervenir en cuestiones referidas a LUA: en la resolución 28916 publicada en el Boletín Oficial el 9 de setiembre de 2002, Moroni dispone con su firma la disolución de Lua Vida Compañía de Seguros S. A., una de las companías de las cuales es accionista Investar, sociedad propietaria del 58% de Lua Porteña.
La excusación es obligatoria, según dictamina la Ley 25.188 de Etica Pública, en su capítulo V, artículo 15, que dispone que los funcionarios están obligados a «abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años», fecha que alcanza a la relación de Moroni con LUA.
La justicia cómplice
Ni el censurado artículo de Nudler ni el de Vertbisky se extienden sobre la responsabilidad de la justicia en la investigación de las denuncias.
– El juez Urso fue el responsable de diluir las presentadas por Guzmán.
– El juez Rodolfo Canicoba Corral, que investigaba el vaciamiento de las empresas entre 1992 y 2001 en una causa promovida por los damnificados y en la que el fiscal Gerardo Pollicita señaló que era necesario determinar la responsabilidad «que podrían haber tenido los funcionarios de la Superintendencia encargados de verificar el funcionamiento de las compañías», terminó archivándola.
– El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino remitió copias de las actuaciones que se realizaron en ese organismo a raíz de las denuncias recibidas y el expediente está ahora en la Procuración, lo cual significa que la investigación del Defensor determinó que habría elementos para realizar presentaciones legales que todavía esperan trámite.
– En setiembre de 2002 el ministro de Economía, Roberto Lavagna y el superintendente Claudio Moroni fueron denunciados ante la justicia federal por presunta «asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público», demandados por la madre de un niño de 3 años que murió al ser atropellado por un vehículo asegurado por Lua La Porteña. Por este caso fue condenado a trabajos comunitarios el conductor del vehículo (un remisero) y la justicia civil determinó un pago indeminizatorio de 700.000 dólares.
Los socios propietarios de LUA La Porteña son los mismos que poseen el 77% de las acciones de TBA Trenes de Buenos Aires, el 38% de Metrovías y el 40% de una línea de subterráneos en Porto Alegre, además de varias líneas de colectivos. También recibieron, dos años antes de quebrar, la inversión del fondo norteamericano Century, que aportó 30 millones de dólares. Entre todas las empresas del grupo forman un conglomerado que factura 600 millones de dólares al año. Sin embargo, al momento de solicitarse el embargo preventivo para garantizar el pago a la familia del niño muerto, la justicia se encontró con la siguiente respuesta del Banco Central:
«Lua La Porteña no posee cuentas bancarias».
Tampoco tenía activos declarados para embargar.
Lo cual significa, entre otras cosas, que de una empresa como esa fue asesor Moroni.
En la denuncia ante la justicia, la madre del niño muerto afirmó que el ministro de Economía, el Superintendente y la compañía «son socios de la impunidad» ya que las autoridades «permiten dicho funcionamiento ilícito».
Si la investigación judicial sobre la denuncia de complicidad entre los funcionarios que tienen la obligación de controlar que no sucedan estas cosas y las compañías que impunemente estafan con un nombre acá, mientras se presentan en licitaciones de servicios públicos con otro nombre allá, todo en el mismo mercado, con el mismo gobierno e idénticos empresarios, hubiese sido todo lo seria, acelerada y certera que obligaba la situación no estaríamos hoy leyendo este artículo que plantea más interrogantes que respuestas. Pero el periodismo es eso: preguntas y más preguntas que, como aquel tábano del que hablaba Botana, molestan con sus zumbidos los oídos de los funcionarios, de los jueces, de los políticos y de todos aquellos que están obligados por su función a dar respuestas.
Celebremos, al menos, que la censurada nota de Nudler, la réplica de Vertbisky y modestamente ésta, representen -con sus limitaciones y preferencias- el sano ejercicio de mantener en vuelo la información, aunque sea sobre temas tan intricandos y -reconozcámoslo- aburridos que alientan con el bostezo, la impunidad.
*Esta nota fue también remitida a un maling de 156 periodistas, a manera de saludo de fin de año.

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Alberto Fernández/Claudio Moroni: lo que el año NO se llevó

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La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

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hace 1 semana

15/02/2025

En esta nota de Tiempo Argentino el periodista Jonathan Raed reconstruye cómo fue la estafa encabezada por el Presidente y el cálculo de lo que ganaron los creadores. Cómo fue la curva de esta memecoin creada por una empresa con lazos con el gobierno nacional y de la Ciudad, las posibles consecuencias para la Argentina y para el propio Milei, que ya enfrenta varios pedidos de juicio político.

Jonathan Raed en Tiempo Argentino

Entre las 19:01 y las 00:38 de la noche del viernes 14 de febrero de 2025, el presidente de la Nación Javier Milei impulsó y promocionó una estafa virtual que afectó a miles de personas alrededor del mundo.

Fueron más de 5 horas y media en las cuales los más fieles seguidores libertarios rogaban a las fuerzas del cielo que se tratara de un hackeo a las cuentas de redes sociales del máximo responsable del Estado argentino. Ocurre que si no era un hackeo, era una estafa.

Sin embargo, no hubo hackeo. Primero, allegados al presidente lo confirmaron; luego, el propio Milei, quien acusó que «no estaba interiorizado» en lo que previamente difundió como un «incentivo a la economía argentina» y mantuvo como tuit fijado (una manera de destacar el posteo) durante el citado lapso de tiempo.

Los números de la estafa

Con la estafa ya consumada, Milei borró el posteo y acusó desconocimiento. ¿Cuántas personas fueron estafadas y por qué monto total? ¿Quién se llevó la plata? Estas preguntas no tienen por el momento una respuesta definitiva, pero sí hay cálculos estimativos.

Al desempeño de la criptomoneda, se le puede dar seguimiento minuto a minuto. Tras el anuncio de Milei, el valor el mercado virtual llegó a alcanzar los 5 dólares por unidad. Horas más tarde, se desplomó a menos de 1 dólar. En ese lapso, quien compró y vendió se hizo de un buen dinero.

En la jerga, se conoce a esta estafa como «rug pull«. Los que entran primero, ganan; los que quedan colgados, pierden. Los creadores de la cripto compran por montos mínimos su propia moneda; luego, buscan la forma de impulsarla (pagando a famosos que la promuevan, por ejemplo) y, una vez alcanzado el ingreso deseado de compradores, abandonan repentinamente para llevarse los fondos de los estafados.

Como la operación es anónima, no se puede saber (al menos, sin una investigación a fondo) quién compró y/o vendió. El propio Milei podría ser un operador o no. Es una cuestión de fe.

En las horas que duró la aventura, compraron $LIBRA más de 40 mil personas de distintas partes del mundo. Se movieron más de 1.500 millones de dólares. La moneda alcanzó una capitalización de casi 4 mil millones de dólares y, a la hora del «cash out (retirar el dinero)», los creadores/ganadores se llevaron entre 70 y 100 millones de dólares. Los especialistas en la materia, de hecho, coinciden en un número más concreto: 87.4 millones de dólares de ganancia, en un rato.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares — El gráfico que compartió el usuario de X The Kobeissi Letter, especializado en los mercados de capitales globales, que explica el subidón de $LIBRA post tweet presidencial y el cálculo del monto de la estafa. En su cuenta dedica varios posteos al análisis del evento y lo caracteriza como «destructivo» y «una locura».

La gran estafa presidencial

Milei presentó la criptomoneda $LIBRA como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas. Luego de la promoción del presidente, el valor de la criptomoneda se disparó, ya que aumentó en gran número la demanda; es decir, hubo fuertes compras de la misma.

El emprendedor, especialista en la materia y simpatizante de Milei, Santiago Siri, explicó: «Cuando Milei anuncia este proyecto, el 70 por ciento de las monedas está en manos de tres direcciones. Si abrís un proyecto para fomentar pymes, hay que hacer el proceso para que sea transparente. La gran mayoría de estas personas no sabemos quiénes son y hubo muchas desprolijidades en todo esto que se armó».

Los primeros compradores son usualmente los creadores de la moneda. «Compran» por 0 dólares y luego ven hasta dónde llega el valor. Usualmente, entre el 15% del total se encuentra en manos de los creadores; esta vez, fue el 70%, y en apenas 3 personas. «Vimos que sin poner un peso se llevaban cuatro o cinco o seis millones de dólares«, alertó Siri, en diálogo con Diario con vos, en AM 530.

«Milei es un fenómeno global y esta moneda tocó un techo de capitalización del mercado casi cuatro mil millones de dólares en cuatro horas, pero después en las siguientes cuatro horas se desplomó a casi cero. Milei lo hizo siendo presidente de la Nación y está obligado por la ley de ética pública a informar, a dar transparencia y datos sobre los hechos», completó.

Las consecuencias para la Argentina

El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José «Pepe» Sbattella habló al respecto de la estafa con Te aviso con Tiempo, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo: «Implica una acción política de la UIF para saber cómo se movió la plata y mostrar qué fue lo que pasó con esto. Todo quedó registrado y, tanto acá como en otros lugares del mundo, las características de cumplimiento las fijan los organismos fiscales. Puede implicar que Argentina vuelva a integrar la lista gris».

«Todo lo que pase por acá puede ser sospechado de ilícito. Pone a la Argentina en un estado de vulnerabilidad para que se convierta en un paraíso fiscal y libertinaje financiero. Las reservas de Argentina ya están depositadas en Londres, los activos ya pasaron a estar en una jurisdicción que es el corazón de la city global. Argentina ya se entregó a que los desastres que produzca la administración Milei tienen una garantía de que las reservas están en otra jurisdicción», alertó Sbatella.

Finalmente, completó: «Tiene que haber juicio político y pedido con sentencia final. Esto no es normal, que un presidente incentive la compra de una cripto y en horas se convierte en una estafa. Todo el camino se puede ver y los beneficiarios finales pueden ser identificados. Por eso, hay que pedir el juicio político».

Los lazos de Milei con la empresa creadora de $LIBRA

La empresa que desarrolló $LIBRA -la cripto de la estafa que tuvo al presidente argentino como impulsor- se llama KIP Protocol y mantiene aún los posteos de lanzamiento de la moneda. La empresa, creada en 2019, salió a desligar a Milei de la acción y no dio mayores explicaciones, al igual que el propio Milei.

KIP Protocol mantiene acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y en octubre último sus directivos mantuvieron reuniones con el presidente Milei, y hasta se compartieron imágenes del encuentro, en el marco del Foro Tech de Argentina.

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“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional

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hace 1 semana

12/02/2025

Una reunión informativa convocada por diputadas y diputados reunió a distintas voces del colectivo travesti trans, que planteó sus posturas, miradas y críticas hacia el rol del Estado mucho antes de los ataques del Poder Ejecutivo. Qué dijeron Cristina Montserrat Hendrickse, Gabriela Mansilla, jóvenes del colectivo El Teje, Florencia Guimaraes, y el contundente discurso de Marlene Wayar: un diagnóstico crudo de una situación históricamente vulnerable, gobiernos progresistas mediante, y la defensa ante los actuales ataques libertarios. Tratamientos médicos, DNI, discriminación diaria, social, laboral, la deuda con “las viejas”, y la pregunta a los anfitriones: «¿Qué van a hacer?»

La Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación realizó ayer una “reunión informativa” para escuchar al colectivo travesti trans tras los ataques sufridos por parte del Poder Ejecutivo.

Mónica Macha (UxP), presidenta de la Comisión, enumeró el temario del día:

El estado del cupo laboral travesti trans.
Las consecuencias de los discursos y prácticas de odio y persecución.
La preocupación por el acompañamiento a niñeces y adolescencias trans, a raíz de los cambios impulsados en la Ley de Identidad de Género.

“Es importante poner en palabras, en relatos personales, una respuesta que ya dio la sociedad argentina en la calle el 1 de febrero”, dijo el diputado Esteban Paulón (EF), vicepresidente de la Comisión, en relación a la masiva Marcha Antifascista y Antirracista.

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional — Mónica Macha y Paulón fueron los diputados que convocaron a la comunidad. Debieron escuchar también críticas hacia las relaciones institucionales de sus espacios con el colectivo travesti trans. Foto: Diputados

Luego, durante casi cuatro horas, diputados y diputadas de la mayoría de todos los bloques excepto de la Libertad Avanza, escucharon treinta y seis exposiciones de activistas, militantes, intelectuales, referentes de partidos políticos, de organizaciones sociales y sindicales, profesionales de equipos de salud, familias y adolescencias trans.

Estas son algunas de las voces que se escucharon.

Discriminación, DNI y “el mundo va a seguir pariendo trans”

“Coordino dos grupos de jóvenes que me preguntan: ahora qué hacemos. Hemos decidido continuar con la atención, hay un principio en medicina que es no abandonar a quien nos consulta y no dañar, y esta decisión daña a las personas transgéneros”, dijo Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero del Hospital Durand, que también cuestionó la formación médica que siga formando profesionales cisgéneros.

La abogada Cristina Monserrat Hendrikse, militante trans y funcionaria del fuero bonaerense, quien escribió una nota en lavaca tras la publicación de DNU 62/2025 del gobierno que busca modificar la Ley de Identidad de Género, comenzó su exposición explicando que “un DNU es la decisión única de un monarca que da su opinión y sin escuchar a otros toma su decisión de forma unilateral, cuando las reglas que gobiernan una sociedad democrática son el fruto del debate y de la escucha.

Luego preguntó: “Si un adolescente de entre 13 y 16 años puede acceder a un tratamiento médico con autorización de sus padres, ¿por qué no lo puede hacer un niño o una niña trans? Evidentemente es discriminación a nuestro colectivo”. Cristina terminó su intervención interpelando a diputados y diputadas presentes: “No sé los señores legisladores qué van a hacer con este DNU, si lo van a confirmar o lo van a desechar, solo les voy a recordar que hace 3500 años el señor Moises escribió el Deuteronomio y nos prohibió, y todavía estamos acá. Hagan lo que hagan, aunque me maten, aunque nos maten a todas, la naturaleza, la biología, va a seguir pariendo trans”.

“He parido una hija que me puso en este lugar, que me enseñó a luchar, que me puso en conocimiento de toda esta comunidad que hoy no debería estar acá discutiendo lo que ya discutimos. No quiero que las niñeces aprendan a resistir lo que la comunidad adulta le tiene que garantizar”, dijo Gabriela Mansilla, de la Asociación Civil Infancias Libres y mamá de Luana, la primera niña en recibir DNI con su género autopercibido en el mundo. Entre lo que se está la mira del gobierno se incluye el DNI no binario y la rectificación de partidas de nacimiento. “Lo más importante es que pueda salir una respuesta para contestar esto – siguió Gabriela-. No estoy acá para decir palabras que emocionan, estamos exigiendo derechos. Tenemos niñeces que tienen miedo de salir a la calle. Por más que intenten lo que intenten, primero para tocar a mi hija, y para tocar a un montón de otras niñeces van a tener que pasar por delante de sus mamás, y les vamos a dar batalla”.

La voz de la adolescencia trans también estuvo presente a través de Manuel Sinde, de la Organización Adolescencias Trans “El Teje”, quien leyó una carta que escribieron colectivamente contando que tienen miedo, impotencia y ansiedad. “También queremos aclarar que todas esas personas que salen a hablar mal de nosotres y dicen que nos obligan a ser personas trans, son personas que nunca en su vida hablaron con una infancia o adolescencia trans, que nunca tomaron el tiempo de conocer nuestras vidas, nunca nos dieron el lugar, y siempre hablaron desde la ignorancia y el odio, queremos que se nos escuche”, leyó. Manuel aclaró respondiendo al presidente: “Las personas trans no somos ni hormonas ni cirugías nada más: somos mucho más”.

También participó Cero, que llegó desde La Matanza y leyó una carta de otro varón trans adolescente que no quiso ir por miedo: “Yo, antes de mi transición, me sentía incómodo con mi cuerpo, aspectos como mi voz, mi busto o el hecho de menstruar eran algo que no sentía propio de mí; y gracias a la comprensión, amor y cariño de mis padres y mi familia, fue que pude sentirme bien con empezar el tratamiento”. Junto a Cero llegó Lautaro, adolescente trans, que complejizó recordando los altos niveles de pobreza en la actualidad, las dificultades para tener trabajo registrado, y “ni hablar de tener que pagar hormonas o querer vivir solo en un futuro”.

Entre quienes hablaron también estuvo Vanessa Di Cecco, que hace unos días sufrió en Cañuelas que un hombre que la venía hostigando le prenda fuego su casa, la de su esposa y la de su hija. “Todo fue incendiado y destruido por el fuego y por el odio. Hicimos la denuncia ese día pero no se inició ninguna investigación hasta que no fuimos a los medios”. El hombre que incendió la casa y luego se fue caminando tranquilo sigue prófugo.

La activista y militante Florencia Guimaraes recordó por su parte las deudas históricas que hay con el colectivo travesti trans para no creer que los últimos años fueron “de ensueño” y ahora con un gobierno de derecha todo cambió. Hubo quienes les dijeron a les adolescentes que no tengan miedo.

Egos, política y “¿qué es lo que van a hacer?”

Cuando tomó la palabra la activista y pensadora Marlene Wayar, rompió con una pregunta: “Siempre me parece que venimos a aplaudirnos las unas a las otras. Yo pensé que era para trabajar, ¿cuál es la acción?. Esto es levantar nuestros egos, ¿qué es lo que vamos a hacer?”. La presidenta de la Comisión Mónica Macha le contestó que en principio es poder tener un espacio en la Comisión donde están representados todos los bloques y si no estuviera sería un silencio que no está bueno. Marlene retrucó: “Ellos se aplauden a sí mismos a ver quien tiene el tweet más violento, y nosotros quien es la más romántica: es exactamente la misma mecánica. Si algo demostró la marcha es que hay que seguir con la acción y son ustedes que están con asesoría legal, con legislación comparada quienes nos tendrían que haber dicho ‘el camino nos parece por acá, necesitamos que apoyen esto’. Vinimos a Diputados, sino tenemos la asamblea en una plaza y todo bien. ¿Ustedes cómo van a aportar? ¿Cómo les van a exigir a sus partidos que no nos vuelvan a dejar tiradas? ¿Qué van a hacer ustedes más allá de servirnos un cafecito? Esto ya se hizo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: nos invitaron a doscientas cincuenta mil reuniones que no llegaron a nada, fueron muriendo nuestras viejas una a una”

Siguió: “La corrección política es perfecta y sumamente vacía, estoy dolida de la falta de reacción que tienen y de lo fácil que caen en el egocentrismo de venir y sentirse hermosas acá en Diputados, ¿para qué estamos acá? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué diablos estamos acá?, que encima estamos arriesgando el trabajo porque a las dos de la tarde estamos en horario laboral, en un trabajo policíaco en estos momentos. Entonces, estoy arriesgando mi puesto laboral de dos mangos por cincuenta para estar acá para hacer nada, para lamernos el ego”.

Esteban Paulón explicó que denunció penalmente al presidente, que acompaña distintos pedidos que se hizo de inconstitucionalidad del DNU, y que se está acompañando los debates y las marchas. “Lo de hoy es que pudiéramos tener en estos espacios las voces de las personas que por lo general no tienen voz”, dijo y destacó la presencia de distintos bloques en la escucha. “Bienvenidas todas las ideas para hacer más efectiva nuestra tarea en el parlamento”. Macha explicó que en el periodo de sesiones extraordinarias no se pueden tratar proyectos por fuera del temario establecido por el Ejecutivo, por eso la reunión fue informativa. “Creo que es importante las voces que se están escuchando acá, y cada compeñeres que está tomando la palabra responde a invitaciones de distintas diputadas”.

Las intervenciones de quienes fueron a exponer y luego de algunos diputados y diputadas siguieron durante dos horas. Aún está por verse si logran articularse acciones desde el Poder Legislativo construyendo consenso mayoritarios en un Congreso agrietado que ya está en modo campaña. Hacia el final se propuso hacer un proyecto de nulidad absoluta del DNU, intentar que se firme por la mayoría de los bloques, y tratarse en las próximas sesiones.

Por ahora, la pregunta sigue latente: ¿qué van a hacer?

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Nota

Contra los incendios y la desinformación: sobre la caza de brujas en la Comarca Andina

Publicada

hace 2 semanas

07/02/2025

La policía provincial, fogoneada por el gobierno local y nacional, detuvo a 12 personas al voleo y sin pruebas como supuestas responsables de los incendios que ya consumieron más de 25 mil hectáreas en la zona. Se trata de vecinas y vecinos que se encontraban conteniendo las llamas o que tienen apellidos mapuche. Frente a la comisaría, una movilización que reclamaba la liberación de estas personas sufrió además el amedrentamiento de una patota ligada al magnate Joe Lewis (uno de sus integrantes, empleado del municipio y cercano al intendente). La policía los dejó actuar sin hacer nada. Lo que hay detrás de esta operación político-mediática: fake news para romper la organización, persecución social, proyectos de extractivismo y entrega de territorios. “El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos, en los territorios y en las calles”, dicen algunas personas que prefieren no dar el nombre pero testimonian en esta nota, explicando todo lo que pasó y sigue.

Por Francisco Pandolfi

Mientras se queman los bosques y la montaña y los valles y las casas, y los animales, empezó una caza de brujas en Chubut y en Río Negro. Una caza de personas que justamente combaten a un fuego que sigue ardiendo en cinco grandes incendios. Que ya quemó más de 25 mil hectáreas. Que ya se llevó una vida: Ángel Reyes, de 84 años. Que ya arrasó con más de 200 viviendas en la Comarca Andina. Y que ya tuvo por lo menos 12 detenidos, al voleo, sin pruebas, y con el cargo de “incendio doloso” (dos de esos detenidos fueron inmediatamente liberados por falta de pruebas).

La persecución que en las últimas horas escaló al extremo, con el Estado sembrando en la población un estado de terror.

Frente a esto: la autogestión. El poder de las comunidades organizadas, ante todos los otros poderes.

Miente, que algo quedará

Para entender este presente basta con hacer memoria a no tan largo plazo para comprender un mismo modus operandi.

“La historia se repite”, decía Hegel. “La historia ocurre dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa”, dijo Marx.

Todos los años ocurren enormes incendios forestales, y según estadísticas oficiales más del 95% son provocados por la acción humana. En enero de 2024 se quemaron casi 7 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. A las horas de su inicio, el gobernador Ignacio Torres responsabilizó a la comunidad mapuche Paillako, tomando la línea de Patricia Bullrich, es decir del gobierno nacional. Pasó un año y no se encontró ni una sola prueba en contra de la comunidad, pero el ataque allanó el terreno que derivó en el desalojo de la lof a comienzos de este 2025. El déjà vu aparece cuando el último miércoles el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó que habían sido detenidas tres personas. Este jueves, se sumaron por lo menos 9 detenciones más, según el registro de distintas asambleas que ya no solo deben contar la hectáreas quemadas.

La patota

Iván González es docente de biología, comunicador en la FM Radio Alas y vecino de Lago Puelo. Ahora está en El Bolsón, combatiendo el fuego y la desinformación. “Las personas a quienes están deteniendo son las que arriesgaron su vida por apagar los incendios. Ni bien nos enteramos de las primeras excarcelaciones nos movilizamos a la puerta de la Comisaría 12, de El Bolsón, para exigir su liberación, cuando de repente llegó una patota montada en caballos que vino directamente a agredirnos. Vimos peligrar nuestra vida, rodeados por mucha gente armada, con cuchillos, palos, amenazándonos de muerte todo el tiempo, aplaudiendo y gritando ‘viva la patria’, ‘mátenlos’. Fue una situación muy violenta”. La policía se destacó por su sospechosa inacción.

Iván explica que, ante las persecuciones, tienen dos estrategias: salir a hablar sin dar nombres propios, o hacer lo opuesto y que sea la exposición el paraguas que los proteja. El anonimato es la opción que elige un vecino de la localidad chubutense de Golondrinas, por una cuestión vital: “Quiero seguir viviendo”. Pone en contexto esa tremenda frase: “Están haciendo un operativo cazando gente; ayer a una amiga que lo único que hizo fue apagar llamas, le allanaron su casa; a otro flaco que por su apellido es del pueblo mapuche, lo levantaron de la puerta del supermercado y se lo llevaron, montando pura espectacularidad”. Agrega un dato clave sobre el grupo parapolicial que el miércoles llegó a caballo a amedrentar en la puerta de la comisaría: “Responde a Joe Lewis (magnate británico dueño de una estancia de 8 mil hectáreas que rodea el Lago Escondido). Lewis, Pogliano (intendente de El Bolsón) y Weretlineck son la misma cosa”. Uno de los integrantes de la patota es empleado del municipio encabezado por Pogliano.

El relato

Nelson Ávalos integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), región Noroeste de Chubut. La conversación con lavaca se pospone una y otra vez porque las detenciones aumentan con el correr de las horas. Entre audiencia y audiencia de la formulación de cargos a los detenidos, finalmente explica: “Mientras la gente arriesga su vida y encima la detienen, los gobernadores de Río Negro y Chubut, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, están creando un relato sobre que los incendios (Mallín Ahogado, Epuyén, Trevelín, la comunidad Nahuelpan y el Pedregoso) son producto de una sola causa: una organización que se dedica a realizar actos terroristas para incendiar todo, vinculando siempre al pueblo mapuche tehuelche. Y ahora intentan sumar a gente que voluntariamente busca apagar el fuego”.

Nelson dice que es muy complejo lo que están viviendo, que es muy difícil de sintetizar. Y subraya lo que cree fundamental poner en evidencia: “El relato de los gobiernos busca justificar que se instale en la región un estado de militarización. Hace unos días, Torres y Bullrich presentaron el Comando Unificado para combatir a ‘las fuerzas terroristas de la Comarca Andina’, y para eso desembarcaron las policías provinciales, la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y el Ejército, además de los servicios de inteligencia”. Avalos deduce qué hay detrás: “Proyectos de extractivismo y entrega de territorios a la voracidad de capitales nacionales e internacionales”.

Sobre las detenciones: “La investigación la lleva el fiscal (Francisco) Arrien y se están llevando a cabo las audiencias de formulación de cargos por incendio doloso. Yo creo que mañana estarán todos liberados, porque esto forma parte de un circo de la Justicia y del poder político, para no ir hacia las verdaderas causas que originaron el fuego”.

El Estado de las cosas

“Estamos muy preocupados”. Del otro lado del teléfono habla Viviana Moreno, referente histórica de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel. “Hay incendios locales en todos lados, todos los días. Se logran apagar enseguida porque estamos atentos. Son intencionales, porque son de madrugada”, dice. La voz se pone más tensa: “Estamos desesperados, anoche hubo otro incendio en un barrio. Esto que ocurre es una locura. Ya se están haciendo planes de evacuación de los barrios más inmersos en el bosque nativo”.

Para Viviana, el fuego es el resultado final de una combinación explosiva de factores: un abandono del Estado de los bosques comunales, que deben ser limpiados, raleados sistemáticamente y no sucede; las plantaciones de pinos como monocultivo, altamente combustibles; el cambio climático: altas temperaturas impensadas años atrás, sequía y vientos fuertísimas; y la falta de equipamiento y la precarización laboral de los brigadistas que combaten los incendios forestales”.

Hernán Mondino integra la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces. Da un marco de la situación: “Pedimos 15 compañeros para reforzar la temporada e ingresaron solamente seis. Y encima, por la política general de gobierno renunciaron cuatro. A esto se suma que los brigadistas tenemos contratos laborales de tres meses. O sea, los números son siempre negativos y de esa política hay responsables concretos que se llaman a silencio. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego ahora depende de Patricia Bullrich y en este contexto que vivimos Parques Nacionales sigue despidiendo gente. Estas responsabilidades se quieren ocultar buscando chivos expiatorios o culpables efímeros para desviar lo que realmente pasa”.

El vecino de Golondrinas que pide reserva de su nombre recuerda que desde el catastrófico incendio de 2021, aún hay gente que sigue sin agua, cuatro años después. También dice que sólo en enero, ya debió apagar cuatro veces el fuego iniciado por el chisporroteo de cables y por la quema de transformadores. “Cuando hay viento, están cortando la electricidad, porque saben que eso puede generar más incendios, lo que refleja la falta de inversión. Como no pueden resolver los problemas de infraestructura, por no haber inversión estatal, acusan al pueblo de terrorista, cuando son los gobiernos quienes están generando políticas de terror a favor de sus negociados”.

Agrega Nelson Ávalos, de la APDH: “Acá se juegan intereses que trascienden a los incendios y se está utilizando el desastre para allanar el camino. Queda demostrado la complicidad estatal con lo que pasó el miércoles con esa patota y la impunidad con la que se movieron: cometieron un delito en flagrancia, a los ojos de la policía, que no hizo nada. Es evidente que su accionar fue avalado y que busca, generando desconfianza, romper un tejido social, una solidaridad de hermandad construida en toda la Comarca”.

La autodefensa de la autogestión

Hay dos movimientos que están sucediendo al mismo tiempo: la persecución, por un lado, y la organización popular que crece cada día un poco más. Iván González, vecino de Lago Puelo, reflexiona: “Todas las acciones que se están haciendo desde los gobiernos son conducentes a desarticular la red comunitaria que se formó para luchar contra los incendios y crear enemigos internos como el pueblo mapuche. El crecimiento inmobiliario en El Bolsón hace que la ciudad casi ya no tenga dónde crecer, porque es un valle encajonado, y entonces se pretende avanzar con loteos inmobiliarios hacia los lugares rurales, justamente como es la zona de Mallín Ahogado”. Iván suma un elemento: “La aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) vino a acelerar la realización de proyectos mega turísticos hoteleros y mineros, en un territorio donde hay una resistencia importante a que no talen los bosques, donde hay muchos productores apostando a la agroecología, donde en definitiva existe un obstáculo importante para sus proyectos urbanizadores”.

Y suma otro más: “A ellos les molesta que haya gente organizada contra sus planes, todos articulados por Joe Lewis. De hecho, es muy sospechoso que el incendio en Mallín Ahogado haya empezado pocas horas antes de lo que iba a ser la novena marcha hacia Lago Escondido, que año tras año visibiliza que se trata de un lago usurpado por un empresario”.

Iván pide no desviar el foco principal: apagar el fuego. “Intentan meter miedo y romper nuestra organización, mientras las llamas siguen descontroladas en la montaña, en las laderas, y ayer ya ni había aviones hidrantes volando. Entonces, si esperamos que 100 brigadistas de los servicios estatales –en un estado de cansancio total, con unas viandas deplorables y casi sin nafta para el uso de motobombas–, apaguen estos incendios no va a ocurrir hasta dentro de varios meses. El desfinanciamiento se traduce en la poca capacidad operativa del Estado para apagar el fuego. Ni hablar cuando hay varios fuegos en simultáneo, como ahora, que son cinco. Los mismos jefes del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) y todas las brigadas, reconocen que están con una frazada corta, que sacan de un lado y ponen en otro, que mueven aviones de un incendio al otro y no logran apagar ninguno. Por eso, no nos queda otra que las brigadas de vecinos voluntarios estemos de pie, que hoy cuadriplicamos en cantidad a quienes conforman los servicios estatales. La organización es muy grosa, hay muchísima gente participando”.

Existen roles bien marcados. Están quienes van al frente de la batalla contra el fuego; quienes organizan las viandas –hay un montón de cocinas y en cada una hay siete personas en cada turno–; están quienes se encargan de distribuir la comida; hay gente que organiza los animales; otro equipo ya pensando en la reconstrucción de las casas; uno más, imaginando cómo hacer las estufas para las nuevas viviendas; y otro, ideando cómo volver a reforestar, si con bolitas de arcilla o semillas. Plantea Iván: “La organización de autodefensa es enorme. Y apuntan a derribarla. Por eso estamos repitiendo un versito, que no es ningún verso, y es que a la represión, a su cacería y a los incendios, los combatimos con apoyo mutuo, con cuidados, con autogestión. El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos en los territorios y en las calles”.

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