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Alberto Fernández/Claudio Moroni: lo que el año NO se llevó

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El jefe de gabinete, Alberto Fernández, y el titular de la Sigen, Claudio Moroni, todavía deben dar respuesta por sus actuaciones en la función pública, donde tenían la responsabilidad de controlar a un sector que fue escenario de denuncias por corrupción, escandalosas quiebras y sospechosas impunidades. El periodista Julio Nudler quiso pedirlas y fue censurado. El columnista Horacio Vertbisky intentó refutar a Nudler y reprodujo el descargo de los funcionarios. lavaca realizó su propia investigación, que compartimos aquí con ustedes. El resultado es esta nota con la que brindamos por lo que vendrá: reciban nuestros mejores deseos, entonces, aquellos periodistas que seguirán atreviéndose a escribir sobre este tema.

Empecemos por el principio:

Alberto Fernández y Claudio Moroni fueron compañeros de estudio en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Una vez recibidos, comenzaron a recorrer juntos una carrera en la función pública, interrumpida solo por cortos períodos de trabajo en el sector privado, en actividades íntimamente ligadas a sus gestiones gubernamentales. Hoy, Alberto Fernández es el jefe de gabinete del gobierno de Néstor Kirchner y Claudio Moroni el encargado de controlarlo: fue designado presidente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), el organismo que debe detectar e informar los “perjuicios al patrimonio público” que pudieran realizar funcionarios como Fernández.

En los curriculums personales de Fernández y Moroni estas nuevas tareas significan, sin duda, un importante ascenso. Un premio político, quizá, por la perfomance alcanzada en el ámbito en el que se desempeñaron durante toda la década de los 90 y que les permitió convertirse en lo que hoy son.

Veamos cómo y por qué.

A seguro lo censuraron

La Superintendencia de Seguros de la Nación es un organismo público, descentralizado, dependiente del Ministerio de Economía. Su tarea es controlar a las empresas aseguradoras. Fiscaliza, en consecuencia, “la organización, la solvencia y la liquidación” de todas las compañías que operan en el mercado argentino. Su responsable ostenta el cargo de Superintendente.

Desde 1989 hasta 1995 Alberto Fernández ocupó ese puesto. Cuando renunció, lo dejó en manos de su gerente técnico, asesor y amigo: Claudio Moroni. La gestión de Fernández/Moroni al frente de la Superintendencia fue la más larga de la historia de ese organismo. La de Moroni tuvo dos períodos: desde el 95 hasta el 98, primero y desde el 2002 hasta el 2004, cuando abandonó ese cargo para convertirse en el titular de la Sigen.

Fue a propósito de este nombramiento que el periodista Julio Nudler decidió dedicar su habitual Panorama Económico de los sábados del diario Página 12 a recordar la trayectoria de Fernández y Moroni. Ya se sabe qué pasó: Nudler denunció que su artículo fue censurado.Como consecuencia de esa denuncia que se hizo pública, el diario retiró definitivamente la columna de Nudler, prohibió su firma en otros artículos y el director, Ernesto Tiffenberg, atacó el honor de Nudler en la portada del matutino, tratando de justificar lo que de esa manera se tornó injustificable. Para empeorar aún más las cosas, el domingo 14 de noviembre el columnista Horacio Vertbisky dedicó sus páginas del diario a refutar el censurado artículo de Nudler.

Así las cosas, la suerte de la más escandalosa denuncia de censura de este año no está echada. Dependerá, una vez más, del juicio de los lectores que soporten algo más que esta saga de dimes y diretes acerca de uno de los tantos casos de corrupción que la justicia no ha investigado. Estamos hablando de los años 90 y del control estatal del negocio de los seguros. Pero, sobre todo, estamos hablando de dos de sus protagonistas claves: Alberto Fernández y Claudio Moroni.

Que el árbol que intentó plantar Página 12 no nos tape el bosque.

Memoria del saqueo

El artículo de Nudler comenzaba citando a Roberto Guzmán, un conservador salteño que en setiembre de 1994 fue designado al frente del Instituto Nacional de Reaseguros (INdeR) por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo. Guzmán publicó un libro titulado “Saqueo Asegurado”, cuya impresión pagó de su bolsillo. Así pudo detallar su versión acerca de las maniobras fraudulentas con las que compañías, funcionarios y políticos -con el amparo de sindicalistas, jueces y periodistas- convirtieron a ese organismo en “una verdadera organización para el delito y la defraudación”, según las palabras con que Cavallo prologa el libro.

El muerto que gasta

El INdeR era la empresa estatal encargada de asegurar los seguros. Durante años monopolizó esta tarea hasta que en 1991, mediante un decreto del entonces presidente Carlos Menem, se resolvió liquidarla como parte de la política de “globalización” de la economía argentina en general y el mercado de seguros en particular. Desde entonces, las compañías que operan en el mercado local deben reasegurar sus servicios con bancas internacionales. Lo que sigue a partir de allí es un despropósito de tal dimensión que cuesta entenderlo y mucho más explicarlo. Recurramos entonces a la siguiente metáfora: el decreto de Menem le pegó un tiró al corazón del IndeR en 1991 y desde entonces ese Instituto está muerto, pero su cadáver sigue insepulto y, lo que es peor, cada vez más endeudado. Recordemos un dato: por entonces Alberto Fernández era el máximo responsable del gobierno en el diseño de las políticas del sector seguros y Moroni, su brazo técnico-legal.

El barril sin fondo

Al ordenarse la liquidación, el INdeR dejó de percibir ingresos y su función se redujo a una sola cosa: verificar los reclamos de las compañías ya reaseguradas para pagarlos. Pero ¿de dónde iba a salir el dinero para afrontar estos compromisos asumidos si ya no podía recibir nuevas primas? Pues bien: se creó un impuesto especial, que pagó cada paisano al contratar un seguro. Por ese impuesto el INdeR recaudaba aproximadamente 20 millones de dólares mensuales que fueron a dar a un verdadero barril sin fondo. “Solo un estado de corrupción a gran escala podía explicar el hecho de que tras dos años de funcionamiento de una Comisión Liquidadora la deuda aparente de este organismo se hubiera cuadriplicado”, escribió Domingo Cavallo en el prólogo del libro Saqueo Asegurado al describir a donde le pidió que se instale Guzmán.

¿Dónde estaba por entonces Alberto Fernández?

Sentado en un sillón del INdeR.

Guzmán cuenta en su libro cómo lo encontró:

“Debido a que estuvo al frente de la Superintendencia desde el 89, Fernández fue uno de los funcionarios con mayor continuidad como autoridad del INdeR (según la ley, quien se desempeña como superintendente es además miembro del directorio del Instituto). Así, en tanto, a la vez miembro del órgano directivo del INdeR y autoridad de control del mercado asegurador, puede decirse que le correspondió una alta cuota de responsabilidad respecto de las políticas aplicadas durante los 90 en el ámbito del seguro y los reaseguros”.

Los 250 millones de dólares que Fernández no vio

En el artículo con el que Vertbisky intenta refutar a Nudler, Alberto Fernández está descripto como el socio de Guzmán en la lucha contra la corrupción en el IndeR. Dice textualmente Vertbiky:

“Fernández afirma ser el Superintendente que más compañías cerró, por insuficiencias económico-financieras que hasta entonces se mitigaban privatizando las ganancias y socializando los pasivos con el INDER. ‘Limpié un tercio del mercado. También presenté cien denuncias penales, cosa que antes no se hacía, y dispuse que la Superintendencia se constituyera como querellante, para seguir las causas contra las aseguradoras'”.

Veamos cúal es la versión de Guzmán.

“Por medio de la resolución 1010/94 dispuse una modificación muy sencilla para las operaciones conocidas como borderó, es decir, los siniestros menores a 10.000 dólares. Hasta entonces las compañías reaseguradas en el INdeR reclamaban el borderó automáticamente, con sólo informar que su cliente había sufrido un percance (accidente, incendio, robo). Un informe de la Auditoría Interna me había brindado datos reveladores acerca de los abusos que en la materia se cometían. En dos años se habían pagado- sin que el INdeR recibiese documentación alguna que respaldara el reclamo- 250 millones de dólares.(…) Esto resultaba muy extraño y era alarmante que las autoridades no lo hubieran tomado en cuenta. Más llamativo aún cuando había una comisión de nueve miembros, varios de ellos del sector asegurador, incluso el propio Superintendente de Seguros de la Nación (N de la R: se refiere a Alberto Fernández) que se suponía debía conocer las modalidades del mercado”.

Guzmán decidió hacer lo que hasta ese momento nadie había hecho: los aseguradores debían presentar fotocopia autenticada del pago del siniestro al asegurado. Con esta sencilla medida, el INdeR pasó a pagar por borderó 373.000 dólares (de noviembre de 94 a noviembre de 96) contra los 4.739.966 dólares pagados entre junio de 92 a octubre del 94. Una reducción de más de cuatro millones de dólares (4.366.966 para ser exactos) que se logró con solo pedir una fotocopia.

La deuda del INdeR y el gran bonete

Uno de los aspectos más controvertidos de la gestión Fernández/Moroni es cuál era en realidad la cifra adeudada por el INdeR a las compañías reaseguradas. No es un problema menor, ya que estamos hablando de millones de dólares y del gran bonete que impidió hasta la fecha la sepultura de un organismo que consume 3 millones de pesos anuales en gastos de funcionamiento.

Por un lado, las compañías aseguradas reclamaban al Estado una deuda de 1.200 millones de dólares. Por el otro, Guzmán calculó que el pasivo no superaba los 500 millones. Lo cierto es que era necesario -y se supone urgente- encontrar una manera de salir del atolladero, para lo cual se elaboraron distintas propuestas. Una fue la de Fernández.

Dice Fernández en la nota con la que Vertbisky intenta refutar a Nudler:

“Fui yo y no Guzmán quien redujo las obligaciones del Estado en 500 millones. Pero además sobre esos 911 millones proponía negociar una quita, cerrar la cuenta y pagar con bonos. Todo debía quedar saldado en 1995, y luego no se admitirían más reclamos.”

Veamos cuál es la versión de Guzmán.

La propuesta diseñada por Alberto Fernández en el año 95 “a la medida de los intereses de las compañías y en desmedro de los derechos del Estado” estaban basadas, según Guzmán, en una “inexistente auditoría realizada por la Superintendencia”. Calificó también de “facilista” esa propuesta “tan irresponsable en lo jurídico como en lo financiero: pretendía pagar todo con una quita y por medio de subastas, sin ningún control, en efectivo o en bonos, como si el mayor endeudamiento no fuera a ser soportado por todos los argentinos”. Su explicación: “Las soluciones para la Superintendencia pasan por un rápido jubileo”. ¿Por qué? “El jubileo era imprescindible para tapar la nefasta política de descontrol realizada durante largos años. De alguna manera había que justificar su responsabilidad por la falta de control de la actividad aseguradora, política que desprotegió a los cientos de miles de asegurados en la Argentina. Para dar algunos ejemplos, cabe recordar la estafa del grupo Seguros del Interior y la de Belgrano Cooperativa de Seguros.

A) El grupo Seguros del Interior protagonizó una de las más escandalosas maniobras contra los asegurados, bajo la tolerancia de la Superintendencia y la complicidad del INdeR. Esta empresa tenía una deuda impositiva y previsional cercana a los veinte millones de dólares. A pesar de ello cobró, hasta días antes de su cierre por liquidación, una suma de casi 16 millones de dólares por parte del Instituto. Su morosidad había sido advertida por Ricardo Cossio, entonces titular de la DGI, al superintendente Fernández y a la Comisión Liquidadora del INdeR.

B) El caso Belgrano no es menos patético. Cuando la Superintendencia examinó los balances contables cerrados al 30 de junio de 1995 no encontró nada anormal: sólo una desviación del 2%. Pocos meses después, increíblemente, el mismo organismo cambió totalmente su diagnóstico al encontrar una insolvencia patrimonial de más de 100 millones de dólares. Los perjudicados por este ´descuido´ fueron las diez mil personas que sufrieron accidentes de tránsito provocados por las empresas de transporte público de pasajeros aseguradas en esa compañía”.

Prebendas y responsabilidades

Guzmán también detalla por qué y cómo la gestión de Alberto Fernández fue tan permeable al reclamo de las empresas aseguradoras. Son cuatro páginas (de la 144 a la 148) que hay que tener paciencia de leer para entender su perspectiva.

A fines de agosto de 1995 Guzmán concurrió con su equipo y los abogados Luis Moreno Ocampo y Hugo Wortman Jofré (a quienes convocó para que se encarguen externamente de la investigación de la corrupción en el INdeR) al Congreso de la Nación para informar a diferentes comisiones la situación del organismo. En una de esas reuniones, un legislador les preguntó sobre el funcionamiento del “Fondo de Cooperación Técnica” creado por iniciativa de la Superintendecia de Seguros para “pagar más a los funcionarios”. Responde Guzmán:

“La preocupación de los legisladores por el Fondo es consistente”.

Detalla que con fecha 27 de abril de 1990, mediante escritura pública, se formalizó un Fondo de Cooperación entre la Superintendencia y un grupo de cinco asociaciones de compañías de seguros. Entre los objetivos del Fondo figuraban “el otorgamiento de incentivos a los agentes de la Superintendencia a través de estímulos pecunarios o becas”. Los aportes serían “voluntarios y confidenciales” calculados en un 0,06% del monto de las primas de seguros directos.

Opina Guzmán:

“Es insólito que un mecanismo de manifiesta índole prebendaria haya sido al servicio directo de un organismo de control por parte de las mismas empresas que deben ser controladas, violando elementales principios jurídicos y éticos a que están insoslayablemente obligados los funcionarios de órganos fiscalizadores”.

Para Guzmán las consecuencias fueron evidentes: “a través de distintos hechos y situaciones -que a continuación enumero- quedó demostrado que esta extraña ´cooperación´a que alude el Fondo creó una interrelación y dependencia de la Superintendencia con los intereses y posturas de la plaza aseguradora”.

Uno de esos hechos que enumera Guzmán es el proyecto de Alberto Fernández de pago de la deuda del INdeR. “Me opuse en virtud del grave perjuicio, superior a los 1.000 millones de dólares, que se hubiera derivado de la no consideración de los créditos del INdeR respecto a las aseguradoras”. El otro es “la negativa del superintendente Fernández a admitir que las Reservas de Siniestros Pendientes denunciadas por las compañías no se ajustaban a la realidad, lo que fue posteriormente confirmado por la auditoría realizada por la propia Superintendencia.”

Por último, señala Guzmán, la Gran y Única Cuestión a tener en cuenta en todo este embrollo:

“Debe tenerse presente que el doctor Fernández fue superintendente desde 1989, período en que se perpetraron todas las irregularidades denunciadas a la justicia. Por otra parte, tenía y tiene la obligación funcional de supervisar las cuentas del Instituto, la cual de haberla cumplido, habría evitado las graves irregularidades que ahora se conocen. Tampoco puede olvidarse que él formaba parte de la Comisión que omitió confeccionar balances y calcular los créditos a favor del Instituto. El Superintendente participó de todas las Comisiones Liquidadoras del INdeR y nunca objetó los procedimientos implementados por éstas, cuando mi gestión buscó adoptar las medidas tendientes a reducir perjuicios económicos al Estado nacional, el doctor Fernández sostuvo que “no se acompañaba adecuadamente al sector”.

El fin

A menos de un año de la gestión Guzmán al frente del INdeR el ministro de Economía Cavallo recibió un informe (fechado 30-7-95) donde se afirmaba que ese Instituto no debía un peso. Al revés: tenía a su favor una suma calculada en 135.547.880 dólares. Guzmán cuenta detalladamente el resultado de ese informe: “El ministro no podía ocultar su sorpresa con este resultado y preguntó cómo era posible que las compañías reclamaran sumas millonarias sin ningún documento de respaldo. Le respondí que eso tenía que ver con un montaje perfectamente orquestado que instalaron hábilmente los intereses beneficiados con el saqueo del INdeR (…) Cavallo retomó la palabra para interrogarnos acerca de cuál era la responsabilidad que le cabía a los funcionarios que manejaron el INdeR. La única respuesta que correspondía era que tenían mucha responsabilidad: como mínimo, la funcional. Entonces, quiso saber qué intervención había tenido el superintendente, doctor Alberto Fernández, que era miembro nato de la Comisión Liquidadora: ¨la misma que todos los miembros de la Comisión durante los hechos ocurridos durante su mandato¨, le dijimos. El secretario Maccarone trató de explicar que, aparentemente, (Fernández) no concurría a las reuniones de la Comisión. Cavallo le respondió en forma tajante:

-Pídale la renuncia.

El secretario le respondió que, en realidad, ya la había presentado para colocarse al frente de la aseguradora del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Así concluyó la más larga gestión de un funcionario al frente del período más oscuro de la Superintendencia de Seguros.

Sobre el desempeño de Fernández, sintetiza Guzmán:

“Si hubo corrupción y él era funcionario debería explicar: qué hizo para acabar con ella, cuáles fueron las medidas implementadas y los resultados obtenidos, cuáles fueron las denuncias efectuadas y ante qué autoridades ¿o es que teniendo uno de los cargos más altos desconocía lo que ocurría dentro y fuera del INdeR?

Guzmán falleció en el año 2004 pero sus preguntas no murieron.

Veamos cuáles fueron finalmente las respuestas obtenidas gracias al artículo de Nudler.

Las fuentes

¿Podemos confiar en el testimonio de un hombre muerto? Vertbisky habla de la fe de Nudler por confiar ciegamente en la versión de Guzmán. Los periodistas no creyentes tienen, sin embargo, otros recursos.

Las denuncias presentadas en la justicia durante la gestión de Guzmán, son unos.

La respuesta del abogado Hugo Wortman Jofré, otro: “Guzmán era un hombre íntegro que luchó seriamente contra la corrupción en el INdeR”, contestó a lavaca. El abogado admite que Fernández prestó siempre colaboración a los procedimientos que ellos impulsaron para esclarecer los ilícitos del Instituto, pero confirma que hasta la llegada de Guzmán al frente de INdeR no se habían realizado ni investigaciones ni denuncias sobre la corrupción en ese organismo. Señala, tal como cita el artículo con el que Vertbisky intenta refutar a Nudler, que es cierto que Guzmán mantenía diferencias con Alberto Fernández, pero no menciona el tema de los celos protagónicos, sino otras: “Guzmán era un técnico y Fernández un político”. Para algunos lectores, estos sustantivos podrán convertirse en adjetivos. O no.

“En el directorio estaban representados todos los bloques parlamentarios. Había quien respondía al justicialismo y quién al radicalismo, así que hasta la llegada de Guzmán el manejo era, fundamentalmente, político”, informa Wortman.

También el archivo ayuda: comprueba que la versión de Guzmán ya fue publicada y no refutada. Nudler la citó varias veces, ya que ante la llegada de cada nuevo superintendente o interventor del INdeR, dedicó un artículo. En el archivo encontramos por los menos ocho de ellos, en donde informa muchos de los temas que menciona en su columna censurada. También el libro de Guzmán es citado en esta sintética versión de su gestión, a propósito de una intervención de la Sigen, en tiempos del ahora canciller Bielsa, que ponía en tela de juicio las actuaciones posteriores a la gestión Guzmán que desarmaron prolijamente todo el control por él iniciado. Como antecedente de este enfrentamiento, el artículo resume:

“El INdeR, al que las compañías aseguradoras le reclaman una suma próxima a los 400 millones de dólares fue escenario de denuncias de corrupción. Cavallo designó a Roberto Guzmán. Roque Fernández lo relevó cuestionando que se hubiera dedicado a investigar la corrupción existente. (…) El procedimiento habitual que el defenestrado Guzmán denunció en un libro, consiste en la fabricación de miles de siniestros inexistentes”.

Lo firma Horacio Vertbisky en Página 12, pero en julio de 2000.

Cuatro años después, Vertbisky transcribe el descargo de Moroni a las acusaciones de Nudler sobre su relación con la compañía Lua Seguros, uno de los casos más escandalosos de fraude en la industria del seguro, que dejó un saldo de más de 4.000 juicios sin pagar:

“Admite haber actuado durante seis meses en LUA. (…) Cuando fue designado por segunda vez Superintendente, en 2002, antes de asumir declaró a esas compañías entre sus incompatibilidades y se excusó de intervenir en asuntos que las involucraran. ‘Es mi profesión, y un ex funcionario si fue honesto necesita trabajar para vivir’.”

En la Oficina Anticorrupción respondieron que no hay otra constancia de incompatibilidad que las presentadas por Moroni en su declaración jurada, cuya copia solicitamos. Allí solo consta su relación en calidad de “socio” del Estudio Mazars, un buffet internacional, asociado localmente con el estudio García Lema. Es decir: la Oficina Anticorrupción no ofrece constancia de la mención de Moroni a ninguna compañía ligada a la función pública que iba a desempeñar.

Por otra parte, tampoco parece cierto que se haya excusado de intervenir en cuestiones referidas a LUA: en la resolución 28916 publicada en el Boletín Oficial el 9 de setiembre de 2002, Moroni dispone con su firma la disolución de Lua Vida Compañía de Seguros S. A., una de las companías de las cuales es accionista Investar, sociedad propietaria del 58% de Lua Porteña.

La excusación es obligatoria, según dictamina la Ley 25.188 de Etica Pública, en su capítulo V, artículo 15, que dispone que los funcionarios están obligados a “abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años”, fecha que alcanza a la relación de Moroni con LUA.

La justicia cómplice

Ni el censurado artículo de Nudler ni el de Vertbisky se extienden sobre la responsabilidad de la justicia en la investigación de las denuncias.

– El juez Urso fue el responsable de diluir las presentadas por Guzmán.

– El juez Rodolfo Canicoba Corral, que investigaba el vaciamiento de las empresas entre 1992 y 2001 en una causa promovida por los damnificados y en la que el fiscal Gerardo Pollicita señaló que era necesario determinar la responsabilidad “que podrían haber tenido los funcionarios de la Superintendencia encargados de verificar el funcionamiento de las compañías”, terminó archivándola.

– El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino remitió copias de las actuaciones que se realizaron en ese organismo a raíz de las denuncias recibidas y el expediente está ahora en la Procuración, lo cual significa que la investigación del Defensor determinó que habría elementos para realizar presentaciones legales que todavía esperan trámite.

– En setiembre de 2002 el ministro de Economía, Roberto Lavagna y el superintendente Claudio Moroni fueron denunciados ante la justicia federal por presunta “asociación ilícita, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, demandados por la madre de un niño de 3 años que murió al ser atropellado por un vehículo asegurado por Lua La Porteña. Por este caso fue condenado a trabajos comunitarios el conductor del vehículo (un remisero) y la justicia civil determinó un pago indeminizatorio de 700.000 dólares.

Los socios propietarios de LUA La Porteña son los mismos que poseen el 77% de las acciones de TBA Trenes de Buenos Aires, el 38% de Metrovías y el 40% de una línea de subterráneos en Porto Alegre, además de varias líneas de colectivos. También recibieron, dos años antes de quebrar, la inversión del fondo norteamericano Century, que aportó 30 millones de dólares. Entre todas las empresas del grupo forman un conglomerado que factura 600 millones de dólares al año. Sin embargo, al momento de solicitarse el embargo preventivo para garantizar el pago a la familia del niño muerto, la justicia se encontró con la siguiente respuesta del Banco Central:

“Lua La Porteña no posee cuentas bancarias”.

Tampoco tenía activos declarados para embargar.

Lo cual significa, entre otras cosas, que de una empresa como esa fue asesor Moroni.

En la denuncia ante la justicia, la madre del niño muerto afirmó que el ministro de Economía, el Superintendente y la compañía “son socios de la impunidad” ya que las autoridades “permiten dicho funcionamiento ilícito”.

Si la investigación judicial sobre la denuncia de complicidad entre los funcionarios que tienen la obligación de controlar que no sucedan estas cosas y las compañías que impunemente estafan con un nombre acá, mientras se presentan en licitaciones de servicios públicos con otro nombre allá, todo en el mismo mercado, con el mismo gobierno e idénticos empresarios, hubiese sido todo lo seria, acelerada y certera que obligaba la situación no estaríamos hoy leyendo este artículo que plantea más interrogantes que respuestas. Pero el periodismo es eso: preguntas y más preguntas que, como aquel tábano del que hablaba Botana, molestan con sus zumbidos los oídos de los funcionarios, de los jueces, de los políticos y de todos aquellos que están obligados por su función a dar respuestas.

Celebremos, al menos, que la censurada nota de Nudler, la réplica de Vertbisky y modestamente ésta, representen -con sus limitaciones y preferencias- el sano ejercicio de mantener en vuelo la información, aunque sea sobre temas tan intricandos y -reconozcámoslo- aburridos que alientan con el bostezo, la impunidad.

*Esta nota fue también remitida a un maling de 156 periodistas, a manera de saludo de fin de año.

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Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera

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La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.

Por Anabella Arrascaeta

Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.  

Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia. 

Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando. 

“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”. 

¿Qué fue lo que pasó?

Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras. 

¿Ustedes iban a participar del evento?

No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.

¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?

Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”. 

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1863594870515908810

¿El gobernador qué hizo?

El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre. 

¿En ese momento te llevaron a la comisaría?

Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.  

En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?

Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia. 

Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?

Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos. 

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Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:  

  • Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
  • Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
  • Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

  • El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
  • la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
  • el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional. 

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica. 

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

  • la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
  • la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
  • las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos. 

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva.  “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”. 

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”. 

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”. 

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”. 

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”. 

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.  Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”. 

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”. 

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños. 

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”. 

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”. 

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”. 

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan. 

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria. 

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”. 

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”. 

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos. 

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”. 

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

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Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

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En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.  

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación.  Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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