Nota
Luna Ortíz: fue femicidio

El femicidio de Luna Ortíz quedó impune por obra de un Poder Judicial que se encargó de victimizar a la joven en vez de condenar a los culpables. Luna, 19 años, fue drogada y violada por distintos hombres. Primero un fallo señaló a dos responsables por su muerte, pero luego los jueces de Casación Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky hablaron de “homicidio imprudente” en un fallo misógino que hace hincapié en la víctima y permite que uno de los femicidas quede libre en junio. Los reclamos de la familia a la Corte Suprema de Justicia para revertir esa decisión y condenar al resto de los cómplices bajo la carátula de «femicidio». Y quién era Luna Ortíz, sus gustos y proyectos que quedaron truncados y, por ahora, sin justicia.
Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

Mañana Luna Ortíz cumpliría 23 años.
Su madre recuerda que le gustaba hacer artesanías, pintando cajitas y botellas.
También le encantaba juntarse con amigas a escuchar música. “Eso la relajaba”, cuenta su mamá Marisa con una sonrisa.
El mate lo tomaba con edulcorante.
Cuando la asesinaron, hacía poco que había salido de un centro de rehabilitación en Moreno. Su familia juntaba plata con los vecinos y vecinas para poder pagar ese tratamiento de desintoxicación.
Los recuerdos de su mamá llegan desde Benavídez, donde la familia vive: «Ella fue hija única muchos años y después tuve a mi otro bebé, tenía 10 años cuando nació su hermano y lo adoraba: Faustino la extraña. Cuando hice el ingreso para empezar a trabajar como docente, ella me acompañaba, compartíamos todo, me alentaba siempre”.
Marisa muestra una de las últimas fotos de Luna, donde se la ve sonriendo.

Fallos misóginos
El 2 de junio de 2017, Isaías Villarreal llevó a Luna Ortiz, de apenas 19 años, a su casa donde la esperaba con dos hombres más. Una vez allí, Luna fue drogada, alcoholizada y trasladada en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. La joven fue violada en varias ocasiones por varios hombres mientras le suministraban drogas. Su cuerpo fue encontrado el 3 de junio en la casa de Villarreal.
El 3 y 4 de abril de 2019 –dos años después- el fiscal de la fiscalía de género de Tigre, Marcelo Fuenzalida, caratuló la causa como «abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito», no dando lugar al pedido de la familia para que se lo juzgara como femicidio. Se condenó a Villarreal a 14 años de prisión y se imputó a su amigo cómplice Pablo Paz Gutiérrez por abuso sexual seguido de muerte. Durante esos días, Facundo Ortiz y Marisa Rodríguez, el papá y la mamá de Luna, acompañados por vecines y amigues, cortaron la Avenida Centenario en señal de rechazo y reclamo de justicia.
El 8 de marzo de este año, Día Internacional de la Mujer, los jueces de la sala de Casación Penal de La Plata Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky, dictaron un fallo aun más misógino y aberrante que catalogaba al femicidio como “homicidio imprudente”, un mote que significa que no tuvo la intención de matarla y eso haría que Villarreal quede libre en junio. “No sólo han modificado la sentencia impuesta por el Tribunal Oral 7 de San Isidro, sino que fomentan la impunidad de la violencia contra las mujeres, en un contexto donde se comete un femicidio cada 20 horas”, dijeron el papá y la mamá de Luna a lavaca.
Cifras e historias de la violencia patriarcal
La abogada de la familia, Fernanda Petersen agrega: “La sentencia dictada por la Sala de Casación penal interviniente no sólo ha modificado la impuesta por el Tribunal Oral de San Isidro, sino que ha incumplido e ignorado Tratados internacionales de raigambre Constitucional, en resguardo de una vida libre de violencias de niñas jóvenes y mujeres”.
En la presentación que hizo la abogada Petersen a la justicia se deja en claro que Villareal conocía la problemática de consumo de Luna Ortiz, proporcionándole de igual forma durante ocho horas alcohol y drogas, a sabiendas que este consumo no sólo generaba situaciones de vulneración concretas sino que ponía en riesgo su vida.
La abogada y la familia exigen que el caso sea tomado como femicidio: “Luna Ortiz no se colocó en situación de riesgo, fue su victimario quien lo hizo, no sólo por conocer su situación particular, sino que además abusó de su condición de mujer, generó espacios donde vulnerar sus derechos no sólo fuera más sencillo, sino que sabía que contaba con la complicidad de terceros. Y claramente sostenemos que se trata de un femicidio, porque Villarreal abusó, drogó y abandonó a la víctima por ser mujer”, dice Petersen.
Facundo y Marisa reclaman: “Nuevamente la justicia señala como responsable a la víctima. Exigimos que no de lugar a esta última sentencia donde se quiere condenar a Villarreal por homicidio culposo con una pena de cuatro años de prisión. Siendo así, está la posibilidad que este femicida quede libre en junio. Le exigimos a la Corte Suprema que de lugar a la figura de femicidio, que fue presentada por la nueva letrada de la causa”.
Es por esta razón que este miércoles convocan a movilizar a las puertas de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires (Calle 7, entre 56 y 57) en La Plata, sede judicialbonaerense, desde las 11 horas.
Exigirán así una vez más lo que el Estado debería hacer por sí mismo: que no perpetúe la impunidad.
La mala víctima
En la presentación, la presentación plantea además que la construcción que hicieron los jueces del Estado de un imaginario social en torno a la “mala víctima” es moneda corriente en los femicidios territoriales, al igual que ocurrió en el caso de Lucía Pérez, como en otros menos mediatizados.
“A 4 años del femicidio de nuestra hija, tenemos que estar lidiando con la justicia, con todo nuestro dolor encima”, dice Facundo. Desde el mismo día que mataron a su hija, Marisa y Facundo no pararon de luchar: «Si bien en el juicio se habló de la diferencia de edad, de la vulneración de Luna, no se vio la figura del femicidio. La defensa apeló a Casación y le dieron homicidio culposo y ya está saliendo. Pasaron 4 años y tenemos que estar luchando con esto además del dolor. Hablamos con los jueces pero mucho no nos escucharon, revictimizaron a Luna todo el tiempo”.
En el juicio y con el dolor de ya no tener a Luna con ellos, Marisa y Facundo tuvieron que escuchar que “Luna no tenía límites, culpándonos a nosotros como familia. La única que me levantó fue Marta, la mamá de Lucía Pérez, que tuvo que pasar por momentos como éste”, dijo Marisa a lavaca.
Marisa y Facundo apelaron a la Corte Suprema y Casación tiene que expedirse “a ver si nos da lugar a nosotros para ir a la Corte o si se le da lugar a la defensa y Villarreal podría quedar libre en junio”, dicen a dúo.
Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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