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Justicia por Gisela López: cinco años de impunidad
A 5 años del femicidio de Gisela López en Santa Elena, Entre Ríos, todos los acusados se encuentran absueltos, pese a las contundentes pruebas y el pedido de perpetua. Ahora la familia espera que la Corte Suprema anule esa decisión: “Hasta que la Corte responda, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos es responsable del asesinato y violación de mi hermana”, afirma el hermano en diálogo con lavaca. El camino a la in-justicia, la victimización de la joven de 18 años, la policía cómplice de no tomar la denuncia y una causa que habla por sí misma de cómo funciona la máquina que asesina y deja impunes los crímenes de mujeres.
Por Inés Hayes y Melissa Zenobi
Este abril se cumplen cinco años del femicidio de Gisela López, la joven de 18 años asesinada en la ciudad entrerriana de Santa Elena en 2016. Los cuatro sospechosos fueron absueltos en dos instancias y, a cinco años de su crimen, la familia espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida para retrotraer la situación.
El viernes 22 de abril de 2016 Gisela salió de su casa en la localidad de Santa Elena para dirigirse a la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos (ESJA), donde cursaba sus estudios. Esa fue la última vez que su familia la vio con vida.
Al femicidio le siguió el siguiente eslabón de la máquina de asesinar y dejar impunes los crímenes de mujeres: a la familia de Gisela no quisieron tomarle la denuncia. “Cuando fuimos el 23 para que la busquen, en la Comisaría 15 de Santa Elena nos dijeron que Gisela se había ido con un macho, como dicen siempre”, recuerda su hermano a lavaca, y cuenta que recién el 27 de abril el fiscal tomó la denuncia.
En vez de buscarla, a Gisela la acusaron de mula (venta minorista de droga), y de ser parte de una red de tráfico ilegal, e intentaron también descalificar a su familia. Como en muchos otros casos sugirieron que estaba en Paraná, o en Santa Fe.
El 10 de mayo -18 días más tarde- finalmente la familia consiguió hacer la denuncia en la Policía Federal; el cuerpo de la joven apareció una hora después, a 168 metros de su casa, en “El Bajo”, de Santa Elena. “La autopsia reveló que la joven murió por asfixia por compresión de cuello y estrangulamiento mixto, luego de ser agredida física y sexualmente, pero a nosotros nunca nos dejaron ver el cuerpo”, cuenta Gabriel.
El juicio
Aunque no se les permitió presentarse como querella, en 2017 la familia consiguió el primer juicio, donde se imputó a tres personas por el crimen: Mario Saucedo, alias «Negro», de 54 años, su hijo Elvio Saucedo, de 29, y Matías Vega, alias «Matute», de 19, por los delitos de abuso sexual y homicidio; y a Rocío Altamirano, de 19 años, novia de Vega, por encubrimiento.
“Los imputados nunca declararon, sólo negaron las acusaciones en el juicio de primera instancia”, cuenta Gabriel, y también recuerda que nunca se tuvo en cuenta como prueba el momento en que Vega -en una conversación familiar- reconoció haber introducido un palo en la cola de Gisela. “También había pruebas de ADN de una quinta persona que tampoco se logró saber de quién era”, dice Gabriel.
En el juicio, los fiscales Carolina Castagno y Santiago Alfieri pidieron la pena de prisión perpetua. Sin embargo, los jueces José María Chemez, Cristina Van Dembrouck y Ricardo Bonazzola decidieron la absolución de los imputados, que ya habían estado detenidos preventivamente durante un año. La familia apeló y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) ratificó la absolución de los tres acusados por abuso sexual y homicidio y de la otra imputada por encubrimiento.
“Fuimos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero ahora la causa está estancada desde el 2019”, cuenta su hermano, que junto a su familia y toda la comunidad de Santa Elena encabezan la campaña pública “Justicia por Gisela”.
Junto a su pueblo, Gabriel tiene una certeza: “Hasta que la Corte responda, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Entre Ríos es responsable del asesinato y violación de mi hermana”.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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