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#NiUnaMás: el grito de familiares en el norte del conurbano

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Familiares de víctimas de femicidios y de desaparecidas marcharon el 3J en San Isidro recorriendo fiscalías y edificios del Poder Judicial. Llevaron las fotos de sus hijas, compañeras y amigas y reclamaron así justicia y el fin de la impunidad. El Observatorio Lucía Pérez informó hoy que son 129 los femicidios y travesticidios en lo que va del año. Lo que la calle le grita a la injusticia. 

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi. Fotos de Lina M. Etchesuri

Las ramas de los árboles se entrelazan en el cielo mezclando el verde con el celeste y el blanco de las nubes; el barrio de San Isidro, sus calles, es el escenario donde la gente, sobre todo mujeres jóvenes, empiezan a juntarse. Carteles con inscripciones a mano de Ni una más y con el grito basta de femicidios, reposan en los adoquines mientras los familiares de víctimas de femicidios se preparan para contar las historias de sus hijas que ya no están. El edificio de 5 pisos del Poder Judicial en San Isidro, rodeado de policías, a sus espaldas.

“Basta de pericias que revictimizan a nuestras pibas: justicia por Luna y por todas”, grita con todas sus fuerzas Marisa, la mamá de Luna Ortiz, asesinada en junio de 2017, a sus 19 años. Su femicidio sigue impune.

Marisa, mamá de Luna Ortíz. Foto: Lina Etchesuri

“Cecilia era una mochilera que le gustaba viajar; viajó por todo Latinoamérica y viajaba sin miedo; su último viaje fue a Córdoba, unos días antes de la pandemia y ahí la mataron: en Capilla del Monte”, cuenta a su lado y entre lágrimas el papá de Cecilia Basaldúa, joven porteña que fue asesinada en esa ciudad cordobesa hace un año. “Tenemos que andar peleando y exigiendo a los fiscales para que no haya ni una más”, sigue su papá ante el aplauso de todes. Su familia denuncia la mala investigación por parte de la fiscal, y la falta de verdad y de justicia.

Valeria López desapareció el 26 de enero de 2020, en la Estación Virreyes, un lugar lleno de cámaras de seguridad. Sus compañeras, con un cartel con su foto en la mano y el pedido de recompensa de medio millón de pesos, dicen que la policía no se mueve, que no busca: “Solo nosotras, sus amigas, sus vecinas, la estamos buscando”, explican junto a una mamá que de tanta angustia solo puede agregar: “Vale un día se fue para volver y no volvió, como muchas de las chicas. Me pongo muy mal, muy triste por la situación que estamos pasando los familiares de las víctimas. Nos enojamos mucho, pero no vamos a parar hasta que aparezca”.

Camila Flores fue encontrada sin vida el pasado 10 de diciembre en San Guillermo, provincia de Santa Fe. Desde entonces, su familia lucha para demostrar que Camila fue víctima de femicidio y no se ahorcó, como intenta demostrar la policía, la fiscal y la justicia santafecina. Parada frente al edificio del Poder Judicial, la mamá de Camila Flores revive la historia: su hija tenía 19 años cuando se fue a vivir a Santa Fe con un chico que conoció por redes sociales: “A ella la conocían por la chica del pelo rojo. Amaba cantar, no tenía maldad, confiaba en las personas y me la devolvieron en un cajón”, cuenta con la voz entrecortada. «Nos dijeron que mi hija se había ahorcado. Querían que firmáramos el suicidio, pero nos negamos porque no creíamos en lo que nos decían. Nos negaron la autopsia porque estaban involucrados jueces, policía y fiscal. Yo sé que Damián Boetti mató a mi hija”, dice y denuncia que “en ese pueblo hay otros seis asesinatos que quedaron sin resolver”.

La marcha empieza después de los testimonios de familiares. Con una bandera hecha a mano marchan a la Fiscalía General en donde, rodeada de casas con jardines y flores, la mamá de Luna Ortiz, Marisa Rodríguez, agarra el micrófono y le habla directamente al fiscal general para decirle que aún esperan su llamado. “Nunca fue capaz de llamar a la familia, de hacerse responsable. Queremos justicia por Luna. Todo este proceso judicial recortado y mal hecho llegó al Juzgado de La Plata, donde tuvieron el coraje de cambiar la carátula a homicidio culposo para que ese asesino esté en la calle. El fiscal nos soltó la mano, mientras que los femicidas siguen en las calles”. Luna, a sus 19 años, fue drogada y violada por distintos hombres. Primero un fallo señaló a dos responsables por su muerte, pero luego los jueces de Casación Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky hablaron de “homicidio imprudente” en un fallo misógino que hace hincapié en la víctima y permite que uno de los femicidas quede libre este mes.

Cantando “yo sabía, yo sabía: a los femicidas los cuida la policía”, la multitudinaria movilización de familiares acompañados por la militancia de numerosas organizaciones recorrió fiscalías y edificios del Poder Judicial.

“Pasamos por todos los lugares donde tienen que estar trabajando para buscarlas a todas y para hacer justicia por todas”, dijeron a lavaca. ¿Por qué? Porque también dicen: “Tigre se caracteriza por su impunidad, y la complicidad de la justicia y de la policía”.

Andrea, compañera de Viviana Altamirano recordó la intensa lucha que la tía de Viviana lleva adelante desde hace 17 años en ese territorio: “Ella desapareció de Las Tunas y recién hace pocas semanas se consiguió que se hagan unos rastrillajes: nadie es capaz de decir dónde está su cuerpo”.

El Estado tampoco.

El grito de justicia y de Ni una más quedó así flotando en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, otro de los márgenes donde este 3J resonó el pedido de verdad, memoria y justicia.

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

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La joven de 26 años apareció muerta en la celda de la comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde entonces, la policía sostiene que se suicidó con su propia campera, pero la justicia comprobó diferentes falacias en ese relato que llevaron a la detención de cinco efectivos bonaerenses. La investigación para determinar qué pasó con Daiana aún continúa, mientras la familia busca verdad y justicia. Por Facundo Lo Duca.

La foto de Daiana en la plaza principal. Foto: Mauro Arias
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La última Mu: Yo princesa

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