(Observatorio de la Ley Antiterrorista de lavaca.org) A Darío Moreno no lo esperaba un sábado de fútbol o una ida al cine. Se levantó y al mediodía nomás, ya estaba en el corte selectivo e informativo que mantiene la asamblea de vecinos de Tinogasta sobre la ruta 60. Pasadas las 2 y media, notaron unos puntitos sospechosos que avanzaban hacia ellos. Pero no en el sentido del bloqueo: venían de atrás, desde las minas, volviendo, vacíos de insumos como otros pocos camiones que habían logrado burlar el corte. Éstos venían escoltados por la policía y la infantería. El choque era inminente. Darío y dos compañeros se despegaron del bloqueo; avanzaron casi 800 metros y se pararon en el medio de la ruta, brazos en alto. Lo que sigue a esta escena de “paren” es un nuevo capítulo de la represión en el noroeste de nuestro país, que suma cientos de heridos, detenidos e imputados en más de cinco hechos graves de represión (el segundo en Tinogasta) en lo que va del año. Los camiones pasaron, otra vez gracias a la brutalidad policial, pero Darío y los suyos, en Tiongasta, Andalgalá, Belén, Santa María, Amaicha del Valle y otros pueblos -que no fueron reprimidos pero se solidarizaron-, retrucaron su apuesta: “Seguiremos con más fuerza que nunca”, dice.
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Un corte estratégico
En el kilómetro 250 de la ruta 60 se encuentra la ciudad de Tinogasta. Su ubicación es estratégica para el transporte terrestre, ya que cruza por allí uno de los tres cordones más importantes del país. Por eso, en Tinogasta existe una sede de la Aduana Nacional que obliga a todo vehículo de carga a declarar los insumos que transporta. Estas condiciones le han permitido a la asamblea de vecinos detener, primero, un proyecto de exploración de uranio que se haría a 7 km de la plaza principal, y luego, mantener -desde el 29 de febrero- un corte selectivo sobre la ruta 60 que impide el paso de los camiones que llevan insumos a la minera La Alumbrera, en Catamarca, y la Barrick Gold, de San Juan.
La ley que cae
La mañana del 10 de febrero de este año fueron reprimidos con infantería, policía, perros, seguridad de las empresas, balas de goma y gases lacrimógenos. Al día siguiente, a las cuatro de la madrugada, otro corte era desplazado violentamente (sin orden de desalojo, con los mismos elementos que en Tinogasta) de Amaicha del Valle.
Uno y otro corte habían surgido en protesta por el primer desalojo que inauguraba esta cadena represiva en el noroeste argentino. Fue en Santa María, el 27 de enero del 2012: decenas de heridos, nueve vecinos detenidos e imputados en principio por el artículo 213 del Código Penal: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
La abogada Nidia Gauthier, presente al momento de la imputación (que se labró ilegalmente en la propia comisaría, donde el fiscal interviniente, Julio Landívar, llevó especialmente a su secretario y escribiente para labrar el acta), denunció entonces el debut de la Ley Antiterrorista en el país, hecho que el propio ministro de Jusiticia y Derechos Humanos, Julio Alak, debió salir a desmentir: “Es absolutamente falso: están imputados por presunta violación al artículo 194 del Código Penal, que habla del entorpecimiento del transporte”, dijo. Gauthier respondió: “Que me disculpe el ministro Alak, pero él no estuvo en la imputación, y yo sí”. El testimonio de la abogada no excluye la versión del Ministro de Justicia de La Nación: confirma que tanto el artículo 194 como el 213 bis del Código Penal les fueron leídos en aquella comisaría como imputaciones a los vecinos. Pero el fiscal Landívar jamás entregó una copia de la imputación. “Me dijeron que no me iban a dar copia hasta dentro de siete días, pero nosotros las necesitamos para plantear formalmente la nulidad del caso y pedir la inhibición de estos juzgados”, explicó a lavaca la abogada. Trece días después, el jueves 9 de febrero, Gauthier reiteraba su pedido al juzgado: “Ahora el expediente está en manos del juez titular, Marcelo González, que debe observar los recaudos procesales pertinentes para un juzgamiento justo. Si es así, la causa está cayéndose”. La lectura de Gauthier confía en la inconstitucionalidad de las medidas del fiscal Landívar, a quien labró una denuncia.
El artículo 213 bis no volvió a aparecer en las imputaciones, ni la copia fue entregada a Gauthier, y la causa, finalmente, cayó.
La inteligencia
El 10 de febrero reprimían nuevamente el corte de Tinogasta que había surgido en protesta por el violento desalojo y las detenciones en Santa María, luego repetidas en Belén (36 detenidos, incluyendo menores) y Andalgalá. Esta ciudad, además de la represión del corte, sufrió un insólito estado de sitio de patotas promineras, que funcionaron como frontera interna controlando la salida y entrada de visitantes, pero que no aguantaron la actuación más de una semana. El jefe policial Juan Palomeque reconoció que puso a trabajar a “grupos de inteligencia” en Andalgalá y Tinogasta para “resguardar la paz” (sic) frente a la posible presencia de “elementos foráneos”.
Esta primera represión en Tinogasta incluyó decenas de heridos por golpes –por ejemplo- a Gloria Carpio que estaba con su hijo Lautaro de 3 años en brazos, o un mordiscón de un perro en la teta de Clarisa. Y los camiones pasaron.
Relato de la represión
El corte selectivo a camiones de las empresas mineras siguió. Casi 100 días después – días que Darío Moreno, uno de los protagonistas, define como “muy tensos y repleto de maniobras para desarmarnos”-, el reciente sábado 12 de mayo la policía volvió a reprimir a tres vecinos de Tinogasta (Darío, entre ellos) para permitir el paso de camiones que volvían vacíos de las minas. Cuenta a lavaca Moreno:

• “Eran las 2 y media cuando vimos venir los camiones del otro lado, desde el lado que vuelven de las minas (porque llegan por un paso muy al norte, y les es más directo volver por acá). Entonces con dos compañeros – Eduardo Algarañaz, de Catamarca, y Germán Cots, de Buenos Aires, de la asamblea de Famatina- hicimos una avanzada contra los camiones, que venían desde La Alumbrera escoltados por infantería y policía”.
• “Sabíamos que querían desarmar el bloqueo para que pasen los camiones, era una excusa para hacer lo que hicieron. Por eso tratamos de salvar el acampe y el bloqueo lo hicimos nosotros tres – y una compañera que filmaba- en una avanzada más adelante, a 800 metros de la asamblea. Nuestra técnica era pararnos en el medio de la ruta, con los brazos arriba, sin elementos contudentes”.
• “Entonces para el convoy, se bajan los infantes de las camionetas y nos empezaron a pegar con los palos. Utilizaron muchísimo gas pimienta una vez que ya nos tenían en el suelo, nos esposaron, siguieron pegándonos, pateándonos. Así nos cargaron a una camioneta y siete infantes se nos subieron literalmente encima. Apenas abríamos los ojos o nos movíamos por la incomodidad, nos echaban gas pimienta en la nariz, que es algo que te mata… En esas condiciones viajamos 50 km hasta Fiambalá. Nos llevan ahí porque es un feudo que el intendente maneja como una estancia y de alguna manera tiene la seguridad política; es un pequeño Macondo. Y si nos traían a Tinogasta iba a haber una fuerte presión social para que nos liberaran”.
• “Nos meten en un calabozo y nos tienen secuestrados casi 5 horas. Nunca nos informaron a dónde nos llevaban, a nosotros ni a la gente, ni a los asambleístas, ni a los abogados. Cuando llamaban al juzgado o a las comisarías les decían que no sabían nada de nosotros. Y lo que se supo fue por los compañeros de Fiambalá, que cuando vieron tanto revuelo en la comisaría se dieron cuenta. La gente se juntó también frente a la comisaría de Tinogasta para pedir nuestra libertad, y por esa presión social recién a las 8 y media nos dan la libertad”.

Tan sólo tres camiones habían logrado burlar el corte desde su inicio, 15 días antes de estos sucesos: “Vinieron directamente a arrollarnos, con custodia policial”, cuenta Darío. El corte de Tinogasta obliga, en cambio, a viajar hasta un paso más al norte (“muy al norte”), descargar en La Alumbrera e intentar volver por la ruta 60 que cruza Tinogasta, “porque es el camino más directo”. En eso estaban estos camiones, custodiados celosamente por infantería y policía de la provincia, cuando se toparon con Darío y sus dos compañeros, que fueron rápida y violentamente sacados del paso.
En la comisaría no les informaron, pero Darío estima que “seguramente alguna imputación nos va a caber, algún cargo como desobediencia judicial o atentado a la autoridad”.
Por su parte, los vecinos ya denunciaron el accionar policial.
Entre una represión y otra, Darío recuerda 100 días de “muchas presiones. Han usado muchísimos recursos para desarmar el bloqueo: intentar comprar gente, infiltrar marihuana para criticarnos, armar grupos de choque que vienen a patotear”, enumera. “Pero Tinogasta es un lugar muy fuerte dentro de las condiciones que han llevado a este corte. Seguiremos con más fuerza que nunca el corte selectivo e informativo. Es la única forma de pararlos”.