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Paren de matarnos: cinco femicidios en tres días

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Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio hubo 23 femicidios. En los últimos tres días, cinco: Camila, 26 años; Priscila, 15 años; Olga, 37 años; Soledad, 23 años; y Jesica, 30 años. Esta tarde estaba prevista una exposición de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta en la Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados, que se suspendió a último momento. La explicación: “Problemas técnicos”. Lo que se repite: comisarias en donde no le creen a las mujeres y las mandan a su casa con el agresor, fiscalías que no reciben o a las que llegan con demora las denuncias, restricciones perimetrales que los violentos no cumplen pero nadie protege a las denunciantes, y un sin fin de malas praxis, sin respuesta del Estado. Así, nos matan.

Paren de matarnos: cinco femicidios en tres días

13 de abril. Olga Verón, 37 años, Cuartel V, Moreno, Provincia de Buenos Aires. Tres días después de fallecida, la autopsia reveló que la habían estrangulado mientras dormía en su habitación. Su pareja, Víctor Cáceres, de 37 años, había llamado a la ambulancia diciendo que se trató de un accidente. El fiscal Federico Soñora, a cargo de la UFI Nº4, dispuso el arresto de Cáceres y será indagado por femicidio.

14 de abril. Soledad Carioli Lespade, 23 años, Chivilcoy, Provincia de Buenos Aires. Ingresó el 8 de abril al hospital municipal de esa localidad suponiendo que tenía síntomas de coronavirus pero le dio negativo; la internaron porque descubrieron que tenía edema encefálico -acumulación de líquido en el cerebro- y que sufría fractura de la mandíbula y dos costillas. Murió seis días después, el 14 de abril, producto de una brutal golpiza. El director del Hospital hizo la denuncia penal en la Comisaría de la Mujer por las lesiones que detectó en la tomografía. La UFI Nº3 de Mercedes a cargo de Pedro Illanes ordenó un allanamiento al domicilio de Flavio Emiliano Pérez, de 35 años, pareja de Soledad. Encontraron ropas de ambos con manchas de sangre, manuscritos y documentación de ella. Lo detuvieron acusado de homicidio y abandono de persona; había sido imputado por “lesiones leves y violencia de género”. La pareja tenía dos hijas. La fiscalía investiga si tenía denuncias por violencia machista en otra provincia.

15 de abril. Camila Aldana Tarocco, 26 años, Moreno, Provincia de Buenos Aires. Estaba desaparecida desde el sábado 4 de abril. La madre tuvo que insistir para que el lunes 6 le tomaran la denuncia: la radicó en la Comisaría 1ra de Moreno. La carátula de la causa, a cargo de la fiscal de Moreno y General Rodríguez, Luisa Pontecorvo, era búsqueda de paradero. Encontraron su cuerpo en un descampado del sur de Moreno, cerca del predio deportivo del Sindicato del Seguro. Estaba dentro de una bolsa, semienterrada, a doscientos metros de la casa de su ex novio, Ariel Alberto González, que está detenido, principal acusado por el femicidio. González tenía antecedentes por violencia machista y también había sido denunciado por Camila cuando estaban en pareja. La hermana de Camila, Celeste, escribió: “Nunca la dejó en paz desde que empezaron a salir hace 7 años, excepto durante los seis meses que estuvo preso por haber violado la perimetral que tenía”. La noche anterior a la desaparición Camila cenó con una amiga, González y uno de sus hijes -tenía dos, de 5 y 7 años-. Él tenía que estar cumpliendo prisión domiciliaria, no hubo control ni monitoreo. El 8 de abril declaró y quedó detenido por contradicciones en su declaración y porque estaba incumpliendo su domiciliaria. Les hijes están con la familia de González. 

15 de abril. Priscila Alejandra Martínez, 15 años, La Banda, Santiago del Estero. Fue vista por última vez el 23 de febrero con su primo hermano Rubén Oscar Ávila, quien portaba una identidad falsa y mintió sobre el paradero de la adolescente cuando por la noche regresó a la casa solo. A la mamá de Priscila cuando fue a hacer la denuncia en la comisaría le dijeron que «seguro se habría ido con su novio» y no se la tomaron. Un mes y medio después, por presión de la familia y el movimiento feminista, fue encontrada asesinada en la casa donde vivía Ávila en el barrio de Los Lagos de la ciudad La Banda, en Santiago del Estero. Catorce días después de que Priscila no pudo volver a su casa, el 9 de marzo, Ávila fue detenido por una denuncia de otra adolescente a quien violó, atacó a golpes y dejó inconsciente. Pero el allanamiento a su vivienda por la desaparición de Priscila se realizó recién el 15 de abril. El primer fiscal que intervino, Hugo Herrera, excusaba por la cuarentena la demora en la búsqueda pero Priscila desapareció antes de la pandemia y las medidas de aislamiento obligatorio. Ahora también interviene la fiscal Natalia Saavedra, coordinadora de la Unidad Fiscal de La Banda. Ávila está imputado por femicidio y otras dos personas más por cómplices. Según la familia, Ávila había vuelto a Santiago del Estero escapando de Buenos Aires por denuncias de abuso sexual.

15 de abril. Jésica Natalia Magalí Minaglia, 30 años, Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz. La encontraron muerta en su casa, con manchas de sangre en la ropa y un fierro con el que la habrían asesinado. Pablo Alejandro Núñez, su ex pareja, cabo primero de la Policía provicial, de 36 años, informó del hallazgo a la fuerza provincial de la que forma parte. El caso lo investiga la jueza de instrucción Noelia Ursino, de la localidad cercana Puerto Santa Cruz y apunta a un caso de femicidio. Según publicó La Opinión Austral, trascendió que a Núñez lo encontraron desmayado y ensangrentado en el cementerio de la ciudad luego de realizar la denuncia por teléfono. Por orden de la jueza Ursino lo detuvieron al día siguiente; en ese medio regional mencionan un fuerte hermetismo de la cúpula policial por ser Núñez miembro de la fuerza. De los primeros testimonios surge que estaban recientemente separados y tenían en común un hijo pequeño. No hay registros de denuncias por violencia machista. Jésica era maestra; la Asociación Docente de Santa Cruz (A.Do.Sa.C) exige justicia y en particular que se esclarezca el crimen: “No al encubrimiento del poder político-policial”, manifiesta el comunicado del gremio santacruceño.

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

  • La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
  • Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
  • La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
  • Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
  • Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

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La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. 

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

 El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.  

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?». 

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
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216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023

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Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.

Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.  

Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.

En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años. 

Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.

Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto. 

Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar. 

Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?

Sobre el Observatorio Lucía Pérez:

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades. 

Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. 

Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso.

Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.

Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org

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