Nota
Paro nacional de ATE: qué hay más allá del ajuste
La medida de fuerza convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado concluyó con una movilización de miles de personas a Plaza de Mayo con una consigna única: “Reincorporación de todos los despedidos”. Sólo en enero hubo más de 6.600 despidos: el 58 por ciento corresponde al sector público. Muchos de ellos denunciaron en la calle la radiografía de este momento político: precariedad laboral, ataque a la organización gremial, permanencias pacíficas y caravanas kilométricas para frenar las cesantías. “No sobra nadie”, dijo la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, en la cabeza de la caravana que confluyó a sindicatos de la CTA Autónoma, movimientos sociales y algunos partidos políticos. Fue la antesala a la movilización convocada por Camioneros para el 21 de febrero. Qué es lo que está en juego.
“No va a parar / no va a parar / la rebelión del es-ta-tal”, canta una mujer en Plaza de Mayo. De frente, una marea de 15 mil personas viene marchando desde Avenida de Mayo y 9 de Julio con una columna encabezada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la CTA Autónoma, organizaciones sociales y la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, con una bandera clara:
- «Reincorporación de todos los despedidos»

Foto: Nacho Yuchark
El sindicato ATE convocó a un paro nacional y movilización por la crudeza de las cesantías que abrieron un 2018 movido, pero que en una Plaza de Mayo vallada por obras se advierte como la continuidad del cierre de un 2017 con represión y aprobación de la reforma previsional en Congreso. El contexto lo aporta el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA): sólo en enero hubo 6639 despidos. El 58 por ciento (3878 trabajadores) corresponde al ámbito público. La medida de fuerza –que en CABA contó con una movilización a Plaza de Mayo- se replicó por todo el país: desde el escenario informaron que unas 300 mil personas participaron de las acciones a escala federal.
Historias de despedida
En la Ciudad, por Avenida de Mayo, avanza una columna de trabajadorxs del Hospital Posadas. Son 122 despidos, muchos con más de 15 años de trayectoria. Una de ellas es Patricia Ávila, 19 años en el Hospital, técnica: trabajaba en fraccionamiento en el sector Farmacia. Dice que no hay explicación. Que es una tristeza, una angustia que permanecen. Que diecinueve años es mucho. Que tiene tres hijos.
Cuenta que echaron 14 personas de ese sector. A Karina Galván, 16 años en el Posadas, que hoy camina a su lado por Avenida de Mayo, nunca le avisaron que no seguiría trabajando. Cuenta que cuando pasó todo esto recién salía de vacaciones. Que estaba en su casa y le llegaron más de 100 mensajes para decirle que estaba afuera, en la calle, junto a otros 121 compañeros y compañeras.

Foto: Nacho Yuchark
Se frota los ojos con sus manos. “Después de toda una vida ahí”, dice. “Somos gente que trabaja: cada uno de nosotros aporta un poquito para toda la gente que viene a atenderse. Estuve ocho años en laboratorio de magistrales, trabajé en servicio de esterilización y ahora estaba en la sección de monodosis: preparaba la indicación médica para los pacientes que pasaban por el Hospital. Pero me echaron por la precariedad de mi contrato. Nunca nadie me avisó: yo voy a reincorporarme en la fecha y hora que me corresponde”.
Contra la organización
La columna llega a la Plaza y la primera que habla es Nora Cortiñas. “Todos y todas son imprescindibles. Acá no sobra nadie en ningún puesto. Venceremos”.
Por la calle, mientras, desfilan banderas de ATE, Barrios de Pie, la CCC, Partido Obrero, Frente Darío Santillán, PTS, MST, IS. También hay obreros del Sindicato de Curtidores y trabajadores de Neumáticos. Desde el escenario, el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma, Rafael Vargas, enumera otros focos de conflicto:
- Ingenio Tabacal (Salta): 180 despidos.
- Ingenio La Esperanza (Salta): 320.
- Ingenio San Isidro (Salta): 700.
- Ingenio Ledesma (Jujuy): 30.
Vargas anuncia que el lunes realizarán una “caravana azucarera” en el norte del país desde Hipólito Yrigoyen a Campo Santo. Recorrerán 200 kilómetros. “No vamos a aceptar las políticas de ajuste ni del Estado ni de ningún lado”, advierte.
Desde la calle se constenta con un canto único: “Paro paro paro: paro general”.

Foto: Nacho Yuchark
Desde la calle, también, Gustavo Montebero, delegado de ATE en el Servicio Nacional de Seguridad Agroalimentaria (SENASA) en la provincia de Buenos Aires, cuenta que 130 de los despidos en enero son de ese organismo. “Ocurrieron en diciembre. Son trabajadores de Chaco, Formosa, Entre Ríos, Salta, Santa Fe, Córdoba. Estamos exigiendo su reincorporación y que el SENASA deje de tercerizar funciones en privados. Hoy está ocurriendo eso en todo lo que es control, inspección y certificación de productos de origen cárnico y vegeral. Algunos de los despidos debían controlar que no ingrese el HLB, una peste que afecte a los cítricos: en Entre Ríos ya se detectaron dos focos. Otro ejemplo: la Sociedad Rural nos está exigiendo que funcionemos en sus dependencias y está delegando funciones propias del organismo a entes agropecuarios”.

Foto: Nacho Yuchark
Otro de los oradores desde el escenario es Cristian Gordillo, secretario general adjunto de ATE Río Turbio: Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) confirmó 200 despidos. “Venimos de 3000 kilómetros, desde las minas de carcón, para visibilizar que damos valor a los pueblos, al transporte, a la energía, a la electricidad. Estos despidos lo único que lograron fue encender la mecha de la resistencia. En unidad y en organización vamos a poder hacer que esta lucha salga adelante”.
La marcha que se viene
En ese momento, todos los oradores confirman la presencia en marcha del 21 de febrero, convocada por Camioneros y a la que se suman gremios de la CGT, la CTA de los Trabajadores y movimientos sociales. También anuncian que este sábado, en el Hospital Posadas, habrá una asamblea para buscar la confluencia de todos los sectores en conflicto por despidos y amenazas.
Uno de ellos es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que desde el 26 de enero mantienen una permanencia pacífica en el predio sobre General Paz por 258 despidos: el 42 por ciento son mujeres. Una de ellas, Andrea Aquino, 15 años en el servicio de atención al público, se enteró cuando le depositaron la indemnización. “Nunca me llegó el telegrama. Tampoco me informaron los superiores. Nadie dijo nada”.

Foto: Nacho Yuchark
-¿Qué significa esta nueva ola de despidos?
-Lo que pasó en el INTI, por ejemplo, fue un desagüe, un ataque directo a la organización gremial. También un acto de discriminación: de los 258 despidos hay 194 afiliados a ATE. Echaron también a delegados no reconocidos: sólo reconocieron a 25. Esto va más allá del mero ajuste. Quieren cerrar el INTI. No les importa. Se lo quieren dar a una empresa de España. Vienen por todo y no van a parar. Queremos ser reincorporados. Estamos en lucha en un acampe permanente hace ya 19 días. No nos van a parar, no nos van a ganar y no nos van a vencer.
Desde la calle, nuevamente, se escucha el eco de un canto: “Paro general”.










Foto: Nacho Yuchark
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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