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Qué es la UTT, qué propone y cómo se pueden comprar alimentos a precio justo y sin venenos

Publicada

hace 6 años

16/02/2019

La Unión de Trabajadores de la Tierra tiene 120 hectáreas de producción hortícola agroecológica, sin venenos. Y tres almacenes con precios como los de las verdulerías “normales” -o menos- para alimentos de alta calidad. Los productores cobran el triple. Aprendizajes, estrategias y sueños, con un nuevo paradigma: que todos ganen y la vida sea más sana. Por Sergio Ciancaglini.
La rebelión no es en la granja sino en la verdulería.
Aquella saga animal imaginada por el inglés George Orwell terminaba en una dictadura, pero la rebelión en la verdulería tiende a que la gente produzca, consuma y viva mejor. Para eso esgrimen misteriosas herramientas de alta política: rúculas, tomates, ajíes, lechugas, kale, cebollas.
El lugar tiene un nombre entrañable: Almacén de Ramos Generales, aunque se trata principalmente de una verdulería que vende productos de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el gremio de campesinos y agricultores más grande del país. Buena parte de lo que ofrece en esta verdulería es producción agroecológica. Traducción: sin químicos, cultivada sobre suelos recuperados y fértiles, todo lo cual, explican en la UTT, tiene una relación directa con dos destinos de los habitantes de la granja global:

que estemos enfermos,
que estemos sanos.

Los enterados de esta situación, y vecinas y vecinos del barrio que la van descubriendo, llegan a la verdulería con changuitos, bolsas y relamiéndose. Sacan número y observan inquisitivamente a los pepinos o a las calabazas. Hacen preguntas filosóficas:
-¿Esa cómo conviene comerla?
-¿La frutilla es agroecológica?
-¿El tomate es de estación?

Qué es la UTT, qué propone y cómo se pueden comprar alimentos a precio justo y sin venenos — Algunos de lxs trabajadorxs del Almacén de Ramos Generales de la UTT en Almagro: Díaz Vélez 3761.
Foto: Nacho Yuchark

Hay gente que llega de lejos porque todavía no existe una verdulería agroecológica en su barrio, y ya se sabe qué pasa con Mahoma y la montaña, o al menos con la verdura y los consumidores. El Almacén está ubicado en Díaz Vélez 3761, Capital, aunque es una montaña que está instalada también en Luis Guillón (Valette 1724), San Vicente (San Martín 365) y que se mueve cada vez que la UTT organiza verdurazos, feriazos, vende bolsones de comida o participa en ferias, todo lo cual se puede seguir por su página de Facebook.
Julieta, joven mamá: “Las cosas acá tienen un gusto que ya no le sentís a la verdura normal”. Primera alerta: los buenos alimentos no son normales, porque lo normal se ha enfermado. Informa Julieta: “El tomate tiene gusto a tomate. La zanahoria es más chiquita, más gustosa; la papa es menos acuosa, más cremosa”. ¿Precios? “Me parece barato, como las verdulerías normales”. Nicolás: “Yo compraba bolsones pero acá me resulta mejor de precio y te llevás lo que querés”.
Ana es una señora de pelo corto e ideas largas: “Ya se sabe que los agrotóxicos traen mucha desgracia, mucho cáncer de mama, de útero. Nadie sabe cómo aparecen pero estoy segura de que tiene que ver con la contaminación de la comida, del agua y del aire. Vivo en Valentín Alsina, trabajo en la esquina como administrativa en una oficina, y compro todo acá. Ahora trajeron pollo de campo, riquísimo y no está pichicateado como todo lo que comemos de animales”. No es ecologista ni ambientalista, sino atenta: “Los diarios no hablan de estas cosas. Busco por Internet, y ya entendí: todo es plata. Una doctora me decía que primero te venden las galletitas que son pura grasa y levantan el colesterol, y después te venden la pastillita para bajar el colesterol. Te enferman y después te enganchan con los remedios”, dice mirando limas entrerrianas y bananas formoseñas. Adela, jubilada: “Lo que me interesa es recuperar el sabor de la comida de cuando yo era chica. El precio es bueno. Llevo espinaca, lechuga, y me duran mucho más. En la parte de almacén, los quesos son una cosa de locos”.
Sebastián trabaja para el mantenimiento de redes de Internet. Su pareja es Jessica, auditora de una obra social sindical. Viajan desde Villa Soldati: “No somos veganos ni vegetarianos, pero sabemos lo que son los químicos. Giovanna tiene irritación intestinal”, dice Jessica mirando a su beba de dos años de edad. “Yo le daba cereales del súper, cosas de soja, hasta que mi doctora me lo prohibió. Me dijo que no son alimentos. Así que estamos cambiando las compras pensando en ella y también en nosotros”.
Ezequiel es programador y carnívoro. Luz estudia Ciencias de la Atmósfera y es vegana: “Nos enteramos por Instagram de la UTT y vinimos desde Villa Crespo. No sé bien qué es la agroecología, pero sé que es sin veneno”. Luz dice que no consigue en ningún lado, salvo aquí, el kale (hay sujetos que le dicen ‘kéil’) especie de lechuga encrespada con más calcio que la leche y más proteínas que la carne. “Pero encima es barato, porque una vez compré verdura con el sello de orgánica y me arrancaron la cabeza. Acá es igual o mejor que la orgánica, pero el precio es perfecto”.
Guillermina es nutricionista: “Antes se pensaba que lavando la fruta y la verdura les sacabas los químicos, pero el Senasa demostró que eso no alcanza”. Tal cual: en 2017 se conoció el informe interno de la entidad que revelaba que entre el 50 y el 98% de frutas y verduras analizadas en el Mercado Central de Buenos Aires tenían decenas de agroquímicos. Leandro, contador: “Noto el cambio en la alimentación al correr. Daba tres vueltas alrededor de Parque Centenario y no llegaba. Ahora no siento más ese cansancio”.
Entre quienes atienden están Juan Pablo, Facundo, Lara. Tomo nota: bananas de Formosa a 30, kale a 30 el paquete, radicheta a 15, acelga y lechuga a 30, verdeo a 15, espinaca a 25, cítricos agroecológicos de Entre Ríos a 35 pesos. Empiezan a llegar manzanas y uvas de Mendoza. La zanahoria a 35 el paquete, zapallitos a 35 con polinización natural por abejas. Dos kilos de frutillas increíbles a 100 pesos. Las verduras y frutas no tienen el aspecto ni el gusto plastificado de los supermercados. Hay altos quesos de productores de Cañuelas, fideos caseros y yerbas de cooperativas, vinos de la Unión de Trabajadores Sin Tierra (UST de Mendoza), mermeladas y dulces, embutidos de la Red Puna de Jujuy, miel orgánica, plantines de aromáticas, quinoa, granola y un letrero: “Somos los que producimos alimento para el pueblo”.
Explican en la UTT cosas que no son normales: “Tenemos producción agroecológica o convencional. Avisamos cuál es cuál. Pero siempre el precio es justo para el productor y para el consumidor. También trabajamos con cooperativas, pymes, empresas recuperadas”. El espacio le da trabajo a siete personas y funciona de lunes a sábado. “Definimos nuestro ingreso de forma cooperativa”.
Lara aporta: “La asamblea de productores de la UTT fija el valor de su trabajo y acuerda con nosotros cuánto quiere cobrar de aquí a 6 meses. Por eso mantenemos los precios y el que compra no tiene sorpresas. Pero a la vez, el productor está cobrando el triple de lo que le paga el Mercado Central. Eso nos permitió también abrir en la zona de La Plata un jardín de infantes para los hijos de los compañeros. Es el primero donde los chicos van a poder consumir comida agroecológica”. La expectativa es que este conjunto de anormalidades siga multiplicándose.

Verdades del bolsillo

a UTT agremia a unas 10.000 familias de campesinos y productores de 15 provincias. Su razón de ser es defender a esas familias, luchar por su acceso a la tierra y por las condiciones de producción y de vida. El panorama general:
•200.000 pequeños productores, con apenas el 13% de la tierra, cultivan el 60% de los alimentos que se consumen en el país.
•Más del 70% de ellos no tiene tierra propia sino que alquila.
•Se calcula que el Estado transfirió 145 millones de dólares este año al campo concentrado, y exactamente $0 a los pequeños productores acosados a su vez por inflación, tarifazos, alquileres, costos en dólares y ganancias nulas o pérdidas.
En el Gran La Plata hay 5.300 familias de la UTT. Es el área de mayor producción hortícola del país, en gran parte convencional. “Como cuentapropistas, son los más esclavos que hay”, describe el ingeniero agrónomo Javier Scheibengraf (más conocido como Chueca), coordinador técnico de la UTT: “Pagan primero toda la producción (alquiler, electricidad, trabajo extra, etc.), cargan la producción en un camión y tienen que esperar 15 ó 20 días a que el camión vuelva y pague según lo que el propio distribuidor diga. Los productores son tomadores pasivos y desfasados de los precios que impone el mercado”.
¿Qué hacer frente a esa realidad? La rebelión en la verdulería tiene su antecedente en una rebelión de la imaginación y del sentido común: la UTT se planteó que, además de lo reivindicativo, había que crear otros mecanismos de comercialización y un sistema de producción distinto.
Lo reivindicativo: la UTT trabaja para evitar la Ley Monsanto-Bayer, que pretende monopolizar las semillas de un modo que escandalizaría a Adam Smith (quien señalaba el “miserable espíritu del monopolio”). La organización además ha propuesto un Procrear Rural que con 100 millones de pesos en créditos (cálculo de abril 2018) permitiría el acceso de 500 familias a 500 hectáreas capaces de producir verduras –cálculo modesto- para 62.500 familias, con niveles de productividad crecientes año a año en el caso de lo agroecológico. Se trata de créditos que cada familia agricultora podrá devolver al no tener que pagar ya un alquiler.
La comercialización: apuntan a la creación de verdulerías propias y agroecológicas, la venta de bolsones, la presencia en ferias, la venta callejera y la realización de “feriazos”. Chueca es un ingeniero de manos curtidas y datos precisos: “Una jaula de acelgas hoy cuesta $40 pesos para el Mercado Central, con 12 plantas. Cada acelga a $3,30. En los Feriazos se vende todo por 10 pesos, que es el triple de lo que nos paga el Central”. La UTT ha salido estos días a vender tomates agroecológicos a $30 los dos kilos: la mitad que la verdulería más barata, con calidad muy superior, y triple o cuádruple de ganancia para el productor. Los almacenes también pagan el triple a cada agricultor ($120 por jaula de acelga contra 40 del Central, por ejemplo). Lo que no se logra colocar por ninguna de estas vías (que la UTT calcula en el 70% de la producción), va al Mercado Central. Este es uno de los cuellos de botella a superar.

El verdurazo: la colonia agroecológica de la UTT en Jáuregui

La producción: el otro cambio de rumbo en defensa de los agricultores es la agroecología. Trabajan así en Jáuregui (Mu 124: El verdurazo) donde ocuparon y obtuvieron en comodato el control de 54 hectáreas (54 familias). En el Gran La Plata había sólo 6 hectáreas agroecológicas en 2016, pero hoy llegan a las 120, y creciendo. Según Chueca, abastecen el consumo de alrededor de 25.000 familias y permitirían desarrollar unas 120 verdulerías agroecológicas.
Nahuel Levaggi, uno de los fundadores de la UTT: “Le ponemos todas las fichas porque es una práctica que no para de crecer, y es exitosa. Lo agroecológico trae además una mirada política y crítica del modelo dependiente de las multinacionales. No podemos hablar de soberanía alimentaria con insumos de Monsanto. La cantidad de plata que pierden los productores en agrotóxicos es atroz y ahí está uno de los caballitos de batalla para que cada vez más compañeros se pasen a lo agroecológico”. Por ahora los agroecológicos son sólo (o nada menos que) el 2% de los productores de la UTT, en muy poco tiempo: acaso la semilla de un cambio de paradigma productivo y cultural.

Espinaca & Whatsapp

Para estimular esa transición agroecológica se creó el Consultorio Técnico Popular (CoTePo) que formó ya a 22 productores como técnicas y técnicos. Chueca: “El método de trabajo es de quintero a quintero. La imagen de que tiene que enseñarte un ingeniero no es real, y hasta es nociva. La persona callada de golpe ve al ingeniero y piensa: ‘este tiene la mano como culo de bebé’. En cambio nuestros técnicos hablan con sus pares, muestran lo que hacen, los resultados. El productor les ve las manos y dice: ‘éste trabaja como yo’”. Efecto práctico: los 22 técnicos pronto serán el doble, porque ya no dan abasto de tantos talleres.
Otra clave es usar la tecnología no sólo para matar el tiempo, y valorar que las comparaciones no son odiosas. “Armamos un gran grupo de WhatsApp para mandarnos fotos y comparar resultados. Ves el tamaño de una chaucha, o qué pasó con un cultivo que tiene nuestros biofertilizantes y con uno que no, hacés clic, y se lo mandás a cientos de compañeros en el grupo. Todos tienen una cámara de fotos en el bolsillo y eso acelera los aprendizajes”, dice Chueca mientras recorremos en El Pato el invernadero de Javier Paniagua, paraguayo de Encarnación, con plantines de decenas de verduras.
Luego, nylon afuera, me muestran cultivos de tomates y Javier me hace una pregunta extraña: “¿Qué dirías: son plantas tristes o alegres?”. Observo esa vitalidad no artificial y rodeada de pájaros que no aparecen por las zonas fumigadas, y entiendo que es la pregunta técnica más pertinente.
Para entender esa alegría: “Las plantas convencionales están despotenciadas de nutrientes. La espinaca se estudió y tiene 6 partes por millón de hierro. Estas tienen 2500 partes por millón de hierro”, explica Chueca confirmando que a veces comer verdura puede a ser un simulacro cuando crece a base de fertilizantes en un suelo muerto. El viejo marinero Popeye está avisado.

¿Cómo hacen?

Entonces: ¿cómo revivir un suelo muerto? Primero, a través de un enfoque agroecológico que en lugar de monocultivo propone el policultivo de plantas que no compiten sino se asocian enriqueciendo y cubriendo el suelo, y conservando humedad para poder recuperarlo. “No hay malezas sino bienezas o plantas espontáneas”, muestra Chueca.
Manuel Trujillo, boliviano criado en Buenos Aires: “Tenés que dejar la maleza porque te nutre el suelo, no deja que se solidifique, y al cubrirlo del sol deja que la vida de los microorganismos esté al alcance de la planta”. Paniagua: “No tocamos el sistema natural. Los yuyos como trébol, alfalfa, achicoria, fijan nitrógeno y fertilizan. Yo a lo sumo trabajo para que el yuyo no le quite luz a la planta”.
Chueca: “Tenemos una visión bélica de que hay que matar, de que lo diverso no va, como si tuvieras a Trump en tu cabeza. Y ojo que también pensamos así los que nos hacemos los copados. Aquí se entiende que hay interdependencia y cooperación entre las plantas”. La biología parece tener algo que enseñarle a las ciencias sociales.
Se agregan al esquema los corredores biológicos con plantas aromáticas de olores y variedades infinitas (mentas, romeros, tomillos, melisas, oréganos). La planta fuerte, nacida de un suelo nutrido, no es atacada por las plagas. “Los insectos no tienen estómago, necesitan aminoácidos libres. Cuando la planta está deteriorada o le echaron mucho fertilizante, está débil, se llena de aminoácidos y los bichos van a comer eso. Entonces les echás insecticida, y el círculo de contaminación no se acaba más. Con este sistema la planta está sana y además los corredores biológicos alejan a los bichos de los cultivos. Lo mismo nos pasa a nosotros: si estamos bien alimentados no nos enfermamos”.
Otra estrategia, en un montículo que parece tierra pero en realidad es uno de los secretos de esta producción. Paniagua: “Es bocashi, que en japonés quiere decir materia orgánica fermentada. Es tierra común con microorganismos, estiércol, rastrojos”. Rubén Gutiérrez, 25 años, de Potosí: “Es una especie de compostaje pero no es compostaje, y tiene las tres emes de los nutrientes: microorganismos, materia orgánica y minerales”. Chueca: “Agregamos restos de cultivos, un poco de levadura, los microorganismos se reproducen. Empieza a leudar, como si uno hiciera masa para una pizza. Fermenta, levanta mucho calor y sanitiza todo el material. Lo vuelve seguro, mata las bacterias que podrían ser nocivas para el organismo. Es un concentrado biológico”. Una gotita de agua oxigenada sobre un puñado de bocashi genera espuma como el mejor mate, y un sonido efervescente. El síntoma de un suelo vivo.
Rubén: “El bocashi empieza a mejorar a toda la parcela, que es como si volviera a tener suelo virgen. En 15 días ya se nota el cambio, y al hacer una producción agroecológica esa mejora crece exponencialmente”. Productividad: “A un productor de lechuga convencional con un cantero de 45 metros le salen 60 ó 70 cajones. Pero con lo agroecológico ya estamos en 100 cajones. Y es una lechuga que a los 31 días pesa casi un kilo, cuando las convencionales pesan 500 ó 600 gramos a lo sumo”.
“Y a todo esto hay que agregarle nuestras biofábricas”, cuenta con una serenidad contagiosa Delina Puma, técnica popular nacida en Chuquisaca, ante los grandes toneles plásticos en los que maduran los bioinsumos. “Son preparados que hacemos nosotros mismos a partir de hierbas, desechos, microorganismos, ceniza, cosas que están a nuestro alcance. Por ejemplo, hacemos purín de ortiga que es muy fácil de preparar y espanta plagas. Después de tres o cuatro días empieza a concentrar nitrógeno y sirve como fertilizante”. Incorporan caldos minerales y crean sustancias no muy perfumadas según cada cultivo, y reemplazan a toda la batería de venenos industriales.
Delina: “El que hace lechuga, morrón o zapallito agroecológicamente se ahorra 25.000 pesos por mes en agrotóxicos por hectárea. Si tiene dos hectáreas, 50.000, y de ahí para arriba. El costo de los bioinsumos es menos del 10% de ese dinero si lo compras en el kiosquito del CoTePo, y menos todavía si lo prepara uno mismo”, como el caso de Trifona Trujillo que elabora 120 litros semanales de purín de ortiga y sus compañeras la llaman “la reina de la espinaca”.
Para el tomate el costo de agrotóxicos es mayor todavía: “Hasta 200.000 pesos”, estima Paniagua, con lo que empieza a verse qué pasa con los márgenes de ganancia. Chueca: “La mayoría de las veces el productor convencional queda endeudado y con el margen bruto en rojo. El agroecológico siempre tiene un margen bruto positivo. No hay salario complementario ni plan trabajar ni nada que nos gane en lo que significa el ahorro en agrotóxicos”.
¿Por qué ante esa evidencia muchos productores siguen en el sistema convencional? Rubén sabe combinar entusiasmo y reflexión: “Hay un mito que dice que sin agroquímicos no se puede producir. Yo mismo creía eso. Me hizo ver el error Maritsa, mi compañera. Muchos campesinos están tan arraigados a esa idea que no pueden salir. O tienen miedo de hacer algo distinto a lo que les dijeron que estaba bien. Nosotros no decimos cómo trabajar, es algo que tiene que nacer de vos porque es un cambio de pensamiento personal. Explicamos nuestra experiencia, y el que quiere se suma”.
Paniagua: “Aprendimos a trabajar mal educados, caímos en ese sistema, y no salimos a veces por la ambición de cada uno. Pero en este caso al ambicioso le va mal, y a nosotros nos está yendo bastante bien”.

Los increíbles

El ingeniero Scheibengraf, Chueca, sospecha: “Tenemos la panza, la boca y la vida aburridas con la comida. Ni sabemos la variedad de cosas que tenemos en acelgas, tomates, brócolis, hay 200 variedades de maíces, y 2000 de papas. Pero no elegimos ni la papa que comemos”. Rubén me cuenta tomates índigo, perita, perita Julia, cherry, amarillo pai, y está trabajando en 28 variedades del multicolor y 14 de choclo.
Cree Chueca que este tipo de producción expresa un cambio de paradigma civilizatorio: “La posibilidad de que todos ganen, que todo sea abundante y positivo. Le va bien al que hace plantines, al que hace bioinsumos, al que cultiva la verdura, al que la vende y a los que las comen. Eso significa el desarrollo de una economía real y saludable. Es un cambio tecnológico y en la matriz de producción, en sintonía con los pueblos originarios, que a la vez funciona en el marco de un mercado que consume. Pero no es acomodarse al agronegocio: es comida de alta calidad para todos. Sin agrotóxicos, pero también sin sangre, sin explotación”. En el planteo del ingeniero, sólo pierden las corporaciones.
Otra anormalidad: “Tenemos almacenes en el conurbano, trabajamos con el pobrerío que también necesita comida sana. La clase media y la alta, si tienen, pagarán un poquito más, pero no pensamos en un nicho de mercado. Todas las clases sociales quieren esto”.
Carlos Arenas, salteño hijo de bolivianos, me muestra choclos dulces, nabos, brócolis: “El kale se usa mucho para la gente en quimioterapia, es una bomba nutritiva con proteínas, antioxidantes, calcio y es muy buen rejuvenecedor”. Estuvo aquí en octubre la Relatora Especial de la ONU sobre Derecho a la Alimentación, la turca Hilal Elver, y pidió que le tradujeran a Carlos: “Esta es una agricultura milagrosa”.
Carlos aclara en voz baja: “Los milagros a veces no vienen así nomás. Nosotros trabajamos para que esto crezca. Usábamos mucho veneno, me hacía mal, me dolía la cabeza y el cuerpo. No tenés ganas de dormir, pero estás cansado. Como intoxicaba a mis plantas, me estaba contaminando también yo al comerlas. Las plantas estaban enfermas, como drogadas, amarilleadas. En cambio mirá esta frutilla que le puse bocashi: el color, la fuerza. Las plantas están felices. Yo también”.
Rubén y Chueca plantean un código: “Hay que denunciar injuusticias, pero si no avanzamos no vamos a frenar a nadie. Más que denunciando, vamos a ganar con propuestas. Ganemos en salud, calidad de vida, trabajo. Por eso no discutimos más si los químicos hacen mal o no. Si hay o no ‘buenas prácticas’. Ya tenemos todos los muertos y enfermos que nos hacían falta. No podemos perder más tiempo. Vamos a algo más propositivo”.

Maritsa Puma, la hermana de Delina, tiene 20 años, es pareja de Rubén, mamá de Gaia, productora, técnica y representante de la UTT ante la Cámara de Diputados en la Comisión de Agricultura. Una mujer menuda, educada, de la gente que con pocas palabras dice mucho: “Mil semillas están a 16.000 pesos, pero quieren hacer la Ley como si fuera un crimen que las plantas tengan flores y nos den semillas. Dejan al agricultor dependiente”. Cree Maritsa que las mujeres son las que mejor entienden el pasaje a lo agroecológico: “Se interesan un montón. Porque es más barato, y por los chicos. Porque las mujeres vamos a la quinta con nuestros hijos. Si estás envenenando, están al lado tuyo”.
Se abre la reunión y se suman Jony Albino, Rubén Cardozo, Sandra y Nicolás, del CoTePo. Trajeron kéfir, bebida capaz de recomponer la flora intestinal, mejorar la inmunidad y el funcionamiento del cuerpo, y quién sabe qué otras cosas. Maritsa cuenta: “Cuando hacemos los talleres sabemos que la agroecología entra por los sentidos. No es lo mismo una teoría, que ver o probar cómo está un apio con bioinsumos: la planta agroecológica es más grande, más nutritiva, más brillosa”.
¿En qué les cambió la vida? Jony: “En todo. Lo agroecológico te permite trabajar menos y ganar más. Duermo tranquilo. No pienso en comprar venenos. Pero mis chicos ya no se enferman ni se resfrían. No fui más al hospital y casi nunca a la farmacia. Y cambió lo social, porque me hablan muchas personas preguntando por lo que hacemos”.
Delina quiere contar: “Somos mi mamá y seis hermanos. Era un desastre cuando llegamos a Argentina. Mi mamá en tres quintas, con deudas, le pagaban miseria. Ahora nos va mucho mejor. Hoy tranquilamente llegamos a fin de mes. Pero lo que más valoro que ganamos es el tiempo para estar juntos. Imaginate: desde los 8 años que estoy acá, tengo 22, y nunca habíamos salido a pasear. El otro día pudimos ir a La Plata. Fuimos al cine. Y a comer. Y estábamos todos…”.
A Delina le florecen las lágrimas. No es tristeza sino la descarga de años de angustia. En aquel paseo fueron a ver Los Increíbles 2 (sobre un intento de hipnotizar a la humanidad a través de las pantallas, como si tal cosa fuese ficción). Luego comieron en un tenedor libre. “Y fuimos a tomar helado”, dice secándose los ojos.
Maritsa también se emociona: “Lo que me cambió fue mi hija, porque quiero ser responsable del mundo que voy a dejarle. Antes éramos como esclavos de nosotros mismos: ni tiempo para el estudio teníamos. Trabajo con mi mamá desde los 11 años, pero para mí no existe la explotación infantil ni nada de eso. Ves a tu mamá sola jalando un carro, pero no es lo mismo que vayan dos pares de manitos empujando por atrás. Después me di cuenta de que mi madre se estaba explotando a ella misma. Y nadie hacía nada. Por eso la agroecología es lo contrario: es como vivir una vida digna, una vida que te mereces por el trabajo que hacés”.
Los chicos juegan entre las plantas. Las mujeres y hombres se quedan tomando kéfir al atardecer. En tiempos oscuros, aprendieron a cultivar la resistencia junto a la propuesta. Y logran lo increíble: crear una realidad de dignidad y de producción que se parece a la verdura que mostraba Maritsa: más grande, más nutritiva, y más brillosa.

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Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular

Publicada

hace 7 días

16/11/2024

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:

Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

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Nota

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

Publicada

hace 2 semanas

10/11/2024

En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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Hasta siempre, Mirta

Publicada

hace 3 semanas

02/11/2024

Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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