Antes que termine el año se conocerá la decisión de la Cámara de Casación sobre el caso Santiago Maldonado. Su muerte en 2017 había sido tipificada como efecto de un “abandono de persona”, pero su hermano Sergio y la abogada Verónica Heredia interpusieron un recurso para que se investigue el caso como una desaparición forzada seguida de muerte, lo cual implica la responsabilidad del Estado. También reiteraron el pedido de que un grupo de expertos independientes inicie la investigación para saber qué pasó. «Queremos saber la verdad, cualquiera sea y por dolorosa que sea», dijo a los jueces Sergio Maldonado.

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal tiene en sus manos el destino de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En la audiencia realizada hoy la abogada de la familia, Verónica Heredia, reiteró su pedido de que se mantenga la figura de desaparición forzada como única forma de garantizar una investigación amplia e integral y que esa investigación sea realizada por un grupo de expertos internacionales e independientes.  Al llegar el momento de las preguntas de los jueces, le pidieron que precise qué tipo de expertos requería esta causa y la doctora Heredia precisió: “Estamos en un caso que involucra a una población criminalizada por el Estado, perseguida judicialmente, como es el pueblo mapuche: un experto independiente podría garantizar el marco de confianza necesario para que aporten sus declaraciones. También es necesario requerir un análisis imparcial del manejo de la comunicación hacia la opinión pública que se hizo desde el Estado, medios y trolls que impactó en el caso. Hemos presentado, además, en la causa el listado de expertos que se desempeña en la Comisión Intermericana de Derechos Humanos en casos que involucra violencia estatal”.

La abogada también resaltó un dato para resumir el trato recibido por la familia en este largo proceso judicial: “En el mismo momento en el que el juez y la fiscal se negaban a recibir a Sergio Maldonado habían ordenado intervenirle su teléfono”.

La doctora Heredia apeló en su exposición a dos fallos referidos a desapariciones forzadas que esa misma sala –compuesta por Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo – tuvo en años anteriores. “En abril de 2012, en la causa de Iván Torres (joven desaparecido en Chubut en 2003), dictaron una resolución donde entienden que debe investigarse una desaparición forzada en democracia de forma amplia”, explicó a lavaca. “En septiembre de 2014, dictaron una resolución en el caso de César Monsalve (13 años, desaparecido en 2013) donde, a pesar de haberse encontrado el cuerpo de la persona desaparecida, dijeron que había que continuar investigando la desaparición forzada porque la aparición del cuerpo si bien termina con la desaparición forzada no extingue la responsabilidad penal. Tambén se pronunció sobre algo clave en este caso: sólo se puede investigar el tipo penal si se estudia el contexto”. Heredia subraya que ni el juez Lleral ni la Cámara de Comodoro investigaron ese contexto. “Por lo tanto, jamás investigaron la desaparición forzada. Nosotros decimos: acá falta una investigación”.

¿Cómo confiar en esta estructura?

“Queremos saber la verdad, no importa cuál sea, más allá de lo dolorosa que pueda ser”, dijo Sergio Maldonado mirando a los jueces, que lo escuchaban con atención. “Es imperiosa la verdad en nuestras vidas. Hace dos años y cuatro meses que nos cambió la vida. Para que tengan una idea de la necesidad que tenemos los familiares de saber la verdad, el 8 de julio, mi abuela, en la última conversación que tuve con ella, me dijo que quería morirse para averiguar qué le había pasado a Santiago”.

Sergio hizo un relato cronológico de los cómo vivió el proceso judicial: el maltrato del juez Otranto y la fiscal Ávila, la última vez que los vio, los tres rastrillajes por parte de las fuerzas de seguridad en el mismo lugar en el que el 17 de octubre de 2017 encontraron el cuerpo de Santiago, la ruptura de la cadena de custodia con el ADN del joven. “¿Cómo podemos confiar en esa estructura de seguridad?”, preguntó. El juez Hornos le preguntó cuántos hermanos eran y cuándo era la fecha de cumpleaños de Santiago, en un gesto que quizá buscó un intento de cercanía a una víctima en un ámbito que siempre mostró para con él su cara más hostil. 

Sentados frente a los jueces también estaban los respresentantes de las querellas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Todas remarcaron no sólo los agravios que sufrió la familia en el proceso de búsqueda de verdad y justicia, sino también las fallas de una causa, detallando los pedidos de pruebas que no fueran respondidos. Por ejemplo:

• El CELS destacó que hoy la causa está sin juez porque todos se inhibieron.
• La APDH recordó que la Justicia nunca ordenó peritar el celular de Pablo Noceti (entonces jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad). Tampoco se midió la altura del río en la que apareció el cuerpo de Santiago en la fecha en que apareció: es decir, las medidas que figuran en la causa corresponden a otros meses, y eso distorsiona directamente la medida del caudal.
• La CPM citó a las causas de lesa humanidad para describir que existe en esta causa la misma política de parcialización y fragmentación de los expedientes, “no permitiendo acceder al conocimiento del hecho completo, y encontrarnos con que parecen hechos que se cortan en fotografías y no en la película de lo que existió”.

La importancia del contexto

Por su parte, la abogada Heredia precisó algunos detalles:

• Citando los fallos de Iván Torres y César Monsalve: “¿Por qué insistimos en desaparición forzada si estamos en democracia? ¿Por qué seguimos insistiendo si apareció el cuerpo, nos preguntan? Con Iván Torres dijimos que la desaparición forzada tenía que investigarse con toda la amplitud requerida. Esta sala tuvo en cuenta también el contexto en el que desapareció Iván. Tanto Lleral como la Cámara de Comodoro descartaron analizar el contexto. Esa sola afirmación habilita a que se investigue todo este proceso teniendo como base el delito de desaparición forzada. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que sólo se puede analizar el tipo de desaparición forzada si se tiene en cuenta el contexto. Si no se tiene en cuenta esto, no se está analizando una desaparición forzada”.
• “La desaparición forzada no es una sumatoria de delitos: es un pluridelito”.
• “¿Qué sabemos de este caso? Sabemos que la última vez que vimos a Santiago con vida había a su alrededor centenares de gendarmes. Sabemos que 78 días después aparece en ese lugar sin vida. Y que aparece en un lugar que había sido rastrillado tres veces por las mismas fuerzas de seguridad que estaban rodeándolo la última vez que estaba con vida”.

 A las 14:44, el juez Hornos llamó a labrar un acta para concluir la audiencia.

Según estiman las querellas, antes de fin de año los jueces deberían tener una resolución.