Nota
Seguridad&Democracia: cuestión de Estado. Parte I
Un seminario intensivo reunió a especialistas de diferentes áreas y países para discutir “una política de seguridad democrática para Argentina”, según las palabras del propio Acuerdo de Seguridad Democrática (ADS) que organizó el encuentro. Los temas que atravesaron las exposiciones fueron los relacionados a la policía, su gobierno civil, la universidad como fuente de investigaciones y diagnósticos, el rol de los medios en la configuración de la inseguridad -o su sentimiento-, la educación y las políticas sociales, entre otros.
Fecha: 13 y 14 de abril. Por el salón Adolfo Bioy Casares del Centro Cultural Borges desfilaron entonces intelectuales, invitados internacionales, ex funcionarios y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, a cargo del cierre del seminario junto a Horacio Verbitsky, presidente de CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Lo que se estaba discutiendo allí representa, entonces, un debate central sobre las políticas de seguridad según la perspectiva estatal. Un debate que, consideramos, debe ser social y, por lo tanto, público y abierto. Este informe representa entonces nuestro humilde aporte para que así sea.
Primer round
Teoría: Paradigma punitivo vs. Paradigma democrático
Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, comenzó con una apelación: aprender de los errores. Recordó entonces el paradigma consolidado en los 90 que delegó a manos de las instituciones policiales la gestación de las políticas de seguridad. La teoría de Chillier: la «demagogia política» derivó en un paradigma basado en los castigos, pero no en políticas genuinas que escarben el fondo del problema. El resultado: corrupción y delitos policiales (Chillier enumera: «detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extra-judiciales», entre otros), que no sólo no equilibraron la seguridad y violencia ciudadana, sino que la fomentaron. El nuevo paradigma (que no se sabe bien cuándo ni donde nació, pero que sí se respira como real al menos en este seminario) sería uno «democrático». Y la creación del Ministerio de Seguridad representaría un puntapié en su construcción: gobierno civil de la policía, restructuración y, sobre todo, prevención.
Práctica: el caso Arruga
Invitado por lavaca, Chillier aplica su teoría a un caso: Luciano Arruga, el joven desaparecido por la policía del destacamento de Lomas del Mirador en 2009: «El caso de Luciano Arruga, su barrio, sintetiza la problemática y las consecuencias nefastas de una determinada política de seguridad: el hostigamiento y la represión de pibes excluidos socialmente y las redes de ilegalidad coordinadas por la propia policía para cometer distintos delitos, los cuales involucran a jóvenes con altos grados de vulnerabilidad».
Este combo, digamos, pertenecería a aquél paradigma punitivo que daba vía libre a prácticas policiales delictivas. La nueva idea: intervenir la institución policial a partir del control civil e intervenir en el territorio con lo que Chillier llama «políticas sociales fuertes», que son estatales, públicas, de prevención e intentan enmendar «los derechos negados y más esenciales, como la educación, la salud, el transporte, la infraestructura, la vida».
Éstos serían los paradigmas democráticos que el Estado argentino intenta ahora sintonizar con más de 25 años de retraso.
Los miles de proyectos que nacen desde adentro de los territorios incluidos durante años en la marginación estatal hablan por sí mismos de la realidad: los mejores y únicos anticuerpos fueron creados por los propios vecinos. De allí, entonces, deberá ahora aferrarse el Estado para democratizar sus políticas.
Pregunta de lavaca a Gastón Chillier:
¿Cómo debe ser esta intervención?
Respuesta: «Tiene que haber una interrelación de la participación comunitaria con las políticas locales de seguridad del Estado; donde, por un lado, se le demanden al Estado políticas públicas y, por el otro, el Estado promueva iniciativas. De hecho, ustedes en lavaca conocen muchas experiencias políticas, artísticas, sociales… La idea es que eso no nazca de espaldas al Estado, sino que éste sea parte responsable de que eso pase».
Segundo round
Teoría: El barro del asunto
Sofía Tiscornia, doctora en Ciencias Antropológicas, docente de la UBA e integrante del CELS, también miembro del grupo de académicos que asesoran al Acuerdo de Seguridad Democrática. «Muchas veces se nos acusa de no estar en el barro del asunto. Pero somos los que hemos leído, convivido, departido, escuchado, a las personas de carne y hueso sobre las que las políticas de seguridad se aplican, se sufren o se celebran. Quienes paciente y pasionalmente hemos reunido los datos, las fuentes, las estadísticas, los relatos, para reconstruir los problemas y mirarlos en sus varias caras y razones», dirá Tiscornia, acaso como introducción al panel que se preparó para explicar por qué una política de seguridad democrática necesita de investigaciones académicas.
Los panelistas:
Lila Caimari, doctora en Ciencias Políticas: actualmente investiga sobre policía y orden urbano en los inicios del siglo XX en Buenos Aires. Su libro Apenas un delincuenteindaga sobre los orígenes de los métodos de control social que trazaron la frontera entre la «gente honrada» y «los pibes chorros».
Mercedes Di Virgilio, socióloga y doctora de la UBA, investigadora del CONICET, profesora del área de metodología de investigación en el instituto Gino Germani. Un ejemplo de su área de trabajo: Las estrategias laborales desarrolladas en un barrio pobre urbano. VER PDF
Marcelo Saín, doctor en Ciencias. Sociales, profesor e investigador de la Universidad de Quilmes. Ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y ex interventor de policía aeroportuaria, primera creada en democracia y con gobierno civil. Muestra: su trabajo Democracia, Seguridad Pública y Policía. VER PDF
Los argumentos:
Pregunta de Lila Caimari:
¿Para qué sirve la Historia?
Respuestas de Lila Caimari:
- «La perspectiva histórica puede tener cierta eficacia frente a la percepción de puro presente que suele tener la emoción del relato del delito: la historia para calmar la histeria, podríamos decir».
- «Una de las contribuciones que podemos ofrecer es ayudar en el armado de un mapa de procesos de largo plazo».
- «La historia, además, puede darnos una perspectiva comparativa. Estamos acostumbrados a comparaciones regionales: esto es mejor o peor que en Brasil, Colombia o lo que fuera. Pero cuando comparamos sociedades diferentes, estamos comparando culturas de la violencia diferentes, instituciones diferentes, etc. Entonces, comparar con otros momentos de la sociedad argentina, me parece que también puede darnos algunas ideas».
Pregunta de Mercedes Di Virgilio:
¿Qué relación hay entre el espacio urbano y el mapa del delito?
Respuestas de Mercedes Di Virgilio:
- «El espacio urbano aparece como una clave para empezar a mirar las cuestiones de seguridad. Quiero decir que, históricamente, la relación entre ciudad-delito, es una representación que nos acompaña. En los últimos 10 años, ésta interrelación territorio-seguridad se hizo cada vez más visible. Y si uno recorre esta bibliografía desde la sociología urbana, se empieza a plantear que la cuestión de la violencia, el delito y el miedo son componentes básicos de los procesos de cambio social en las políticas contemporáneas».
- «Si éstos son procesos que en la actualidad estructuran la convivencia, ¿qué pasó históricamente? ¿Qué otros factores estructuran esta convivencia y, de alguna manera, dialogan con estos procesos? Una de las cuestiones parte de las características de la ciudad misma, la ciudad como soporte material, en tanto forma urbana». La influencia de esta estructura queda clara en la siguiente frase de Di Virgilio: «El otro día paseaba por Palermo Hollywood y están pintadas todas las ochavas; yo hago trabajo de campo en Lugano y no hay ninguna ochava pintada así». (N d R: El tono de la frase indica que Di Virgilio prefiere las pintadas de Palermo Hollywood).
Pregunta de Marcelo Saín:
¿Hay un complot de los políticos para gobernarnos tan mal en materia de seguridad?
Respuestas de Marcelo Saín:
- «La villa miseria de la década del 30-40 era una villa integrada al circuito industrial. Ahí hay gobierno, ahí hay Estado. Pero también hay Estado en el Parque Indoamericano gobernando esos espacios, gestionando conflictividad. Uno no cree que haya un complot de los políticos para gobernar así. Simplemente eso es viable, porque es efectivo. La única política que hay es la segregación, y para esto, los aparatos de seguridad pública son los grandes actores de segregación».
- «Cuando se habla ´Estado fallido´ es mentira. Hay un Estado muy activo. El Estado es mucho más complejo que la legalidad. Cuando un policía interviene disciplinando o controlando estas cosas, no lo hace privadamente en su horario de franco; lo hace desde las facultades que le da el Estado, desde el lugar que le da, con su salario, sus dispositivos, etc. Eso es Estado paralelo. Ahí hay mucha estatalidad».
Práctica: El pensamiento crítico aplicado a la Academia
Pregunta de lavaca a Sofía Tiscornia:
¿La universidad pública/estatal no debería revisar sus propios mecanismos de exclusión social, como por ejemplo, el rol del CBC en el contexto actual?
Respuesta de Sofía Tiscornia:
«No creo que la universidad sea expulsiva, en todo caso tiene que ver con que los chicos no llegan preparados a esa instancia. El deterioro de la enseñanza pública media, por ejemplo, hace que le sea más difícil a un adolescente pobre acceder, pero eso no es tema de la universidad. Habría que poner atención en las instancias que la preceden».
Tercer Round
Teoría: Seguridad democrática vs. guerra avisada
El gran teórico moderno Peter Capusotto lo expresó como nadie: «Es esto o invadir el barrio con tanques». Una síntesis satírica de lo que representaron los paradigmas en juego en el siguiente debate.
Los protagonistas
Enrique Font, secretario de Seguridad Comunitaria de Santa Fe, y coordinador de un proyecto de «intervención multiagencial para el abordaje del delito» que cuenta con el asesoramiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Esta experiencia se desarrolla solamente en dos ciudades: Santa Fe y Neuquén.
Robson Rodríguez, coordinador general de la Policía de la Paz de Río de Janeiro. Sociólogo -comenzó citando a Bordieu-, abogado -hizo alguna referencia al Estado de Derecho- pero, fundamentalmente y como él mismo confesó, policía.
Del tanque a la guitarra
Robson Rodriguez mostró un power point basado en imágenes. Las debilidades del marketing policial quedaron entonces a la vista: tanques entrando a las favelas de Río de Janeiro, militarización de la pobreza y, finalmente, como premio consuelo, las clases de guitarra que ofrece un agente de la autoproclamada Policía de la Paz. Así de brutal fue la simplificación del plan del Estado de Lula para recuperar el territorio perdido a manos del mayor poder para-estatal de la modernidad, el narcotráfico. Algo que sin duda es más complejo que lo expuesto por Robson, pero que quedó sintetizado así en la siguiente diapositiva:
- Intervención
- Estabilización
- Implementación de los UPT (unidades policiales territoriales).
- Aval social y normalización.
Robson comentó así esta última etapa: “A mayor legitimidad, menos fuerza”.
La diferencia con cualquier otro modelo de ocupación militar es señalada en la siguiente diapo. Su título: “Guerra avisada”. Según simplifica Robson, es central el rol de la inteligencia previa a la ocupación para detectar los núcleos duros del control delictivo del territorio a disputar. Una vez reunida la información, se proclama públicamente la ocupación por parte de las fuerzas estatales. Esto se supone que, si bien alerta a los decentes y a los delincuentes por igual, alcanza y sobra el día de la invasión para diferenciarlos.
Para el 2017 se prevé que el plan alcanzará a 175 favelas que tendrán ya instaladas 45 “unidades pacificadoras” cada una.
Pregunta de Horacio Verbistky a Robson Rodriguez: “¿Cuántos efectivos intervinieron en la ocupación?”. Robson no respondió, ya que recibió varias preguntas que intentaban contextualizar la aplicación de este modelo y que consumieron el tiempo que quedaba para esta, la última mesa del primer día. Las crónicas periodísticas aproximan ese dato: en febrero de 2011 la ocupación de 9 favelas incluyó 526 agentes, 105 fusileros de la marina, un helicóptero artillado y 21 vehículos blindados.
El delito como expresión del fracaso de las políticas sociales
A su turno, Enrique Font acercó una experiencia de trabajo de campo en Santa Fe, Capital, que tuvo como protagonista al sector más excluido social y políticamente: el adolescente pobre. El proyecto llevó el nombre de Estrategias para la inclusión socio-cultural con jóvenes para la prevención del delito, y se llevó a cabo bajo el concepto de “multiagencialidad”: si se trata de un fenómeno complejo de múltiples causas, debe ser abordado desde agencias diversas. Dice Font: “Sería pluralizar el gobierno de la seguridad, convocando a la construcción de las políticas de seguridad a actores distintos a la policía y que ya traen una sensibilidad, una lógica más afín a una política democrática de la seguridad”. El problema que hace necesarias estas intervenciones es, según el propio Font, el fracaso de las políticas sociales.
Las bandas
El primer dato de la realidad: en los barrios hay bandas. “Esas bandas construyen identidades, vínculos y respetos a través de situaciones de trasgresión: robos o enfrentamientos. En general, los integrantes de estas bandas tuvieron como última relación con el Estado una experiencia traumática: la interrupción del colegio secundario. Son, además, “difícilmente alcanzables” por esas políticas públicas, “o bien por el rechazo a los actores estatales como la policía, o porque los espacios de esparcimiento, educación y salud se manifiestan como femeninos”, explica Font. “Las políticas sociales no llegan. Es más: no llega lo más elemental: muchos ni siquiera tienen DNI”.
En palabras del Secretario de Seguridad Comunitaria hay que redirigir la labor policial: “Que un patrullero agarre a un pibe adentro de un auto robado es de un probabilidad estadística realmente baja y, si lo hace, es probable que nuestra policía produzca una masacre. Ahora, la capacidad de controlar las redes de desarmaderos, compra ilegal de autopartes, etc, es alta y está a mano, pero en los hechos es el circuito que nutre la corrupción policial y por eso no se hace. Siempre pensamos que el fenómeno es social y la policía no tiene nada que hacer, pero es mucho lo que tiene que hacer, y la idea es redirigirla hacia estas tareas”.
La solución de las bicicletas
- “¿Cómo hicimos esto en 2008 en Santa Fe? El problema era la tasa de homicidios dolosos sobre el oeste de la ciudad, donde hay un cordón de pobreza y de exclusión social intenso. Obviamente el grueso de victimas y victimarios eran hombres jóvenes de 18 a 25 años. Se eligieron los barrios con alta tasa de homicidios y, entre ellos, unos en los que ya había políticas, pero que había que reconducirlas”.
- “Cuando se les preguntó en una encuesta a los chicos cómo veían su futuro, la respuesta mayoritaria fue: muerto o preso, que es más o menos lo mismo. Pero también reconocían que por un proceso de maduración, a los 23-24 años, algunos se ‘rescataban’ y ‘salían’, sin ayuda de ninguna política pública”.
- “Algunos elementos clave: poca profesionalidad en los robos y violencia altamente expresiva –se comunica todo el tiempo-, porque además es muy divertida. No son cosas de una subcultura criminal, son el apego al peligro y otras conductas que están presentes en toda la cultura social actual”.
- “No hay una subcultura criminal: hay deriva. Hay una cultura convencional y sus valores y, por otro lado, actividades que se construyen por la pertenencia a la banda, por robos fluctuantes. Se ve claro en algunos argumentos: ¿por qué no salí a robar anoche? Porque me quedé cuidando a mi hermanita. El entendimiento de que esta no es una conducta cultural permanente, propia y estructural es lo que abrió una puerta a trabajar sobre otros mecanismos de construcción de identidad, de respeto, de resolución de cuestiones materiales, etc”.
- “¿Cómo se hizo? Primero, reconocimos la banda que venían construyendo. La propuesta fue, simplemente, mostrarles nuestra preocupación por lo que estaba ocurriendo y acercarlos y sumarlos a la oferta territorial, que es poca y escasa, lo que tiene disponible en cultura, esparcimiento. Coincidió que era verano y teníamos acceso a una pileta. Pasó algo interesante para pensar las políticas de seguridad: tuvimos que hacer un trabajo muy complicado con los profesores y coordinadores para que los soportaran, abrieran un espacio y construyeran algo junto con ellos”.
- “Pensamos luego en micro-emprendimientos colectivos. Y con lo que nos encontramos fue con miles de bicicletas secuestradas abandonadas en las comisarías. Lo que fuimos organizando y dio mejor resultado fueron micro emprendimientos de reparación de bicicletas que luego fueron usados socialmente. Ahora se alquilan en distintos lugares de la ciudad, por los mismos chicos que las reparan”.
- “Empezar a variar su status socio-cultural, vincularlos al Estado, que el barrio y la policía empiecen a mirarlos de otra manera, que se limiten las prácticas abusivas de esa institución: esos son los pasos.”
- “Hay que repensar el rol de lo local, la densidad de una política social es hoy ser un Estado local, de territorio”.
Pregunta de lavaca a Enrique Font: ¿qué rol cumplen los códigos contravencionales, es decir, las normativas del Estado municipal, en la exclusión social de los adolescentes pobres?
Respuesta de Enrique Font: “Es la herramienta de exclusión, la que marca el territorio. La que señala dónde pueden y dónde no pueden estar. La que los obliga a quedarse en el barrio. En ese barrio donde no llega nada.”
El final de la primera jornada tuvo un actor inesperado: a la salida, un nutrido grupo de comerciantes de la calle Florida protestaba, cortando la avenida Córdoba, contra los manteros que venden en la calle. El cronista le pregunta a la vendedora de una boutique de la marca Cacharel qué propone hacer con esas personas que ofrecen chucherías para ganarse la vida.
Su respuesta redimensiona entonces todo lo escuchado durante la primera jornada de este seminario, justifica que haya que volver sobre el tema e incluso, que ahora se aliente al lector que leyó hasta aquí a renovar su esfuerzo con la segunda parte de este informe, que publicaremos en breve.
Porque la respuesta de la vendedora fue, desde todo punto de vista, histórica:
-“Que desaparezcan”.
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Nota
MU 212: El fin de un mundo
MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.
El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
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El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande
Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
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A contracorriente: La lucha fueguina frente a la industria salmonera
De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.
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