Nota
Seguridad&Democracia: cuestión de Estado. Parte I
Un seminario intensivo reunió a especialistas de diferentes áreas y países para discutir “una política de seguridad democrática para Argentina”, según las palabras del propio Acuerdo de Seguridad Democrática (ADS) que organizó el encuentro. Los temas que atravesaron las exposiciones fueron los relacionados a la policía, su gobierno civil, la universidad como fuente de investigaciones y diagnósticos, el rol de los medios en la configuración de la inseguridad -o su sentimiento-, la educación y las políticas sociales, entre otros.Fecha: 13 y 14 de abril. Por el salón Adolfo Bioy Casares del Centro Cultural Borges desfilaron entonces intelectuales, invitados internacionales, ex funcionarios y la ministra de Seguridad, Nilda Garré, a cargo del cierre del seminario junto a Horacio Verbitsky, presidente de CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales).
Lo que se estaba discutiendo allí representa, entonces, un debate central sobre las políticas de seguridad según la perspectiva estatal. Un debate que, consideramos, debe ser social y, por lo tanto, público y abierto. Este informe representa entonces nuestro humilde aporte para que así sea.
Primer round
Teoría: Paradigma punitivo vs. Paradigma democrático
Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, comenzó con una apelación: aprender de los errores. Recordó entonces el paradigma consolidado en los 90 que delegó a manos de las instituciones policiales la gestación de las políticas de seguridad. La teoría de Chillier: la «demagogia política» derivó en un paradigma basado en los castigos, pero no en políticas genuinas que escarben el fondo del problema. El resultado: corrupción y delitos policiales (Chillier enumera: «detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extra-judiciales», entre otros), que no sólo no equilibraron la seguridad y violencia ciudadana, sino que la fomentaron. El nuevo paradigma (que no se sabe bien cuándo ni donde nació, pero que sí se respira como real al menos en este seminario) sería uno «democrático». Y la creación del Ministerio de Seguridad representaría un puntapié en su construcción: gobierno civil de la policía, restructuración y, sobre todo, prevención.
Práctica: el caso Arruga
Invitado por lavaca, Chillier aplica su teoría a un caso: Luciano Arruga, el joven desaparecido por la policía del destacamento de Lomas del Mirador en 2009: «El caso de Luciano Arruga, su barrio, sintetiza la problemática y las consecuencias nefastas de una determinada política de seguridad: el hostigamiento y la represión de pibes excluidos socialmente y las redes de ilegalidad coordinadas por la propia policía para cometer distintos delitos, los cuales involucran a jóvenes con altos grados de vulnerabilidad».
Este combo, digamos, pertenecería a aquél paradigma punitivo que daba vía libre a prácticas policiales delictivas. La nueva idea: intervenir la institución policial a partir del control civil e intervenir en el territorio con lo que Chillier llama «políticas sociales fuertes», que son estatales, públicas, de prevención e intentan enmendar «los derechos negados y más esenciales, como la educación, la salud, el transporte, la infraestructura, la vida».
Éstos serían los paradigmas democráticos que el Estado argentino intenta ahora sintonizar con más de 25 años de retraso.
Los miles de proyectos que nacen desde adentro de los territorios incluidos durante años en la marginación estatal hablan por sí mismos de la realidad: los mejores y únicos anticuerpos fueron creados por los propios vecinos. De allí, entonces, deberá ahora aferrarse el Estado para democratizar sus políticas.
Pregunta de lavaca a Gastón Chillier:
¿Cómo debe ser esta intervención?
Respuesta: «Tiene que haber una interrelación de la participación comunitaria con las políticas locales de seguridad del Estado; donde, por un lado, se le demanden al Estado políticas públicas y, por el otro, el Estado promueva iniciativas. De hecho, ustedes en lavaca conocen muchas experiencias políticas, artísticas, sociales… La idea es que eso no nazca de espaldas al Estado, sino que éste sea parte responsable de que eso pase».
Segundo round
Teoría: El barro del asunto
Sofía Tiscornia, doctora en Ciencias Antropológicas, docente de la UBA e integrante del CELS, también miembro del grupo de académicos que asesoran al Acuerdo de Seguridad Democrática. «Muchas veces se nos acusa de no estar en el barro del asunto. Pero somos los que hemos leído, convivido, departido, escuchado, a las personas de carne y hueso sobre las que las políticas de seguridad se aplican, se sufren o se celebran. Quienes paciente y pasionalmente hemos reunido los datos, las fuentes, las estadísticas, los relatos, para reconstruir los problemas y mirarlos en sus varias caras y razones», dirá Tiscornia, acaso como introducción al panel que se preparó para explicar por qué una política de seguridad democrática necesita de investigaciones académicas.
Los panelistas:
Lila Caimari, doctora en Ciencias Políticas: actualmente investiga sobre policía y orden urbano en los inicios del siglo XX en Buenos Aires. Su libro Apenas un delincuenteindaga sobre los orígenes de los métodos de control social que trazaron la frontera entre la «gente honrada» y «los pibes chorros».
Mercedes Di Virgilio, socióloga y doctora de la UBA, investigadora del CONICET, profesora del área de metodología de investigación en el instituto Gino Germani. Un ejemplo de su área de trabajo: Las estrategias laborales desarrolladas en un barrio pobre urbano. VER PDF
Marcelo Saín, doctor en Ciencias. Sociales, profesor e investigador de la Universidad de Quilmes. Ex viceministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y ex interventor de policía aeroportuaria, primera creada en democracia y con gobierno civil. Muestra: su trabajo Democracia, Seguridad Pública y Policía. VER PDF
Los argumentos:
Pregunta de Lila Caimari:
¿Para qué sirve la Historia?
Respuestas de Lila Caimari:
- «La perspectiva histórica puede tener cierta eficacia frente a la percepción de puro presente que suele tener la emoción del relato del delito: la historia para calmar la histeria, podríamos decir».
- «Una de las contribuciones que podemos ofrecer es ayudar en el armado de un mapa de procesos de largo plazo».
- «La historia, además, puede darnos una perspectiva comparativa. Estamos acostumbrados a comparaciones regionales: esto es mejor o peor que en Brasil, Colombia o lo que fuera. Pero cuando comparamos sociedades diferentes, estamos comparando culturas de la violencia diferentes, instituciones diferentes, etc. Entonces, comparar con otros momentos de la sociedad argentina, me parece que también puede darnos algunas ideas».
Pregunta de Mercedes Di Virgilio:
¿Qué relación hay entre el espacio urbano y el mapa del delito?
Respuestas de Mercedes Di Virgilio:
- «El espacio urbano aparece como una clave para empezar a mirar las cuestiones de seguridad. Quiero decir que, históricamente, la relación entre ciudad-delito, es una representación que nos acompaña. En los últimos 10 años, ésta interrelación territorio-seguridad se hizo cada vez más visible. Y si uno recorre esta bibliografía desde la sociología urbana, se empieza a plantear que la cuestión de la violencia, el delito y el miedo son componentes básicos de los procesos de cambio social en las políticas contemporáneas».
- «Si éstos son procesos que en la actualidad estructuran la convivencia, ¿qué pasó históricamente? ¿Qué otros factores estructuran esta convivencia y, de alguna manera, dialogan con estos procesos? Una de las cuestiones parte de las características de la ciudad misma, la ciudad como soporte material, en tanto forma urbana». La influencia de esta estructura queda clara en la siguiente frase de Di Virgilio: «El otro día paseaba por Palermo Hollywood y están pintadas todas las ochavas; yo hago trabajo de campo en Lugano y no hay ninguna ochava pintada así». (N d R: El tono de la frase indica que Di Virgilio prefiere las pintadas de Palermo Hollywood).
Pregunta de Marcelo Saín:
¿Hay un complot de los políticos para gobernarnos tan mal en materia de seguridad?
Respuestas de Marcelo Saín:
- «La villa miseria de la década del 30-40 era una villa integrada al circuito industrial. Ahí hay gobierno, ahí hay Estado. Pero también hay Estado en el Parque Indoamericano gobernando esos espacios, gestionando conflictividad. Uno no cree que haya un complot de los políticos para gobernar así. Simplemente eso es viable, porque es efectivo. La única política que hay es la segregación, y para esto, los aparatos de seguridad pública son los grandes actores de segregación».
- «Cuando se habla ´Estado fallido´ es mentira. Hay un Estado muy activo. El Estado es mucho más complejo que la legalidad. Cuando un policía interviene disciplinando o controlando estas cosas, no lo hace privadamente en su horario de franco; lo hace desde las facultades que le da el Estado, desde el lugar que le da, con su salario, sus dispositivos, etc. Eso es Estado paralelo. Ahí hay mucha estatalidad».
Práctica: El pensamiento crítico aplicado a la Academia
Pregunta de lavaca a Sofía Tiscornia:
¿La universidad pública/estatal no debería revisar sus propios mecanismos de exclusión social, como por ejemplo, el rol del CBC en el contexto actual?
Respuesta de Sofía Tiscornia:
«No creo que la universidad sea expulsiva, en todo caso tiene que ver con que los chicos no llegan preparados a esa instancia. El deterioro de la enseñanza pública media, por ejemplo, hace que le sea más difícil a un adolescente pobre acceder, pero eso no es tema de la universidad. Habría que poner atención en las instancias que la preceden».
Tercer Round
Teoría: Seguridad democrática vs. guerra avisada
El gran teórico moderno Peter Capusotto lo expresó como nadie: «Es esto o invadir el barrio con tanques». Una síntesis satírica de lo que representaron los paradigmas en juego en el siguiente debate.
Los protagonistas
Enrique Font, secretario de Seguridad Comunitaria de Santa Fe, y coordinador de un proyecto de «intervención multiagencial para el abordaje del delito» que cuenta con el asesoramiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud). Esta experiencia se desarrolla solamente en dos ciudades: Santa Fe y Neuquén.
Robson Rodríguez, coordinador general de la Policía de la Paz de Río de Janeiro. Sociólogo -comenzó citando a Bordieu-, abogado -hizo alguna referencia al Estado de Derecho- pero, fundamentalmente y como él mismo confesó, policía.
Del tanque a la guitarra
Robson Rodriguez mostró un power point basado en imágenes. Las debilidades del marketing policial quedaron entonces a la vista: tanques entrando a las favelas de Río de Janeiro, militarización de la pobreza y, finalmente, como premio consuelo, las clases de guitarra que ofrece un agente de la autoproclamada Policía de la Paz. Así de brutal fue la simplificación del plan del Estado de Lula para recuperar el territorio perdido a manos del mayor poder para-estatal de la modernidad, el narcotráfico. Algo que sin duda es más complejo que lo expuesto por Robson, pero que quedó sintetizado así en la siguiente diapositiva:
- Intervención
- Estabilización
- Implementación de los UPT (unidades policiales territoriales).
- Aval social y normalización.
Robson comentó así esta última etapa: “A mayor legitimidad, menos fuerza”.
La diferencia con cualquier otro modelo de ocupación militar es señalada en la siguiente diapo. Su título: “Guerra avisada”. Según simplifica Robson, es central el rol de la inteligencia previa a la ocupación para detectar los núcleos duros del control delictivo del territorio a disputar. Una vez reunida la información, se proclama públicamente la ocupación por parte de las fuerzas estatales. Esto se supone que, si bien alerta a los decentes y a los delincuentes por igual, alcanza y sobra el día de la invasión para diferenciarlos.
Para el 2017 se prevé que el plan alcanzará a 175 favelas que tendrán ya instaladas 45 “unidades pacificadoras” cada una.
Pregunta de Horacio Verbistky a Robson Rodriguez: “¿Cuántos efectivos intervinieron en la ocupación?”. Robson no respondió, ya que recibió varias preguntas que intentaban contextualizar la aplicación de este modelo y que consumieron el tiempo que quedaba para esta, la última mesa del primer día. Las crónicas periodísticas aproximan ese dato: en febrero de 2011 la ocupación de 9 favelas incluyó 526 agentes, 105 fusileros de la marina, un helicóptero artillado y 21 vehículos blindados.
El delito como expresión del fracaso de las políticas sociales
A su turno, Enrique Font acercó una experiencia de trabajo de campo en Santa Fe, Capital, que tuvo como protagonista al sector más excluido social y políticamente: el adolescente pobre. El proyecto llevó el nombre de Estrategias para la inclusión socio-cultural con jóvenes para la prevención del delito, y se llevó a cabo bajo el concepto de “multiagencialidad”: si se trata de un fenómeno complejo de múltiples causas, debe ser abordado desde agencias diversas. Dice Font: “Sería pluralizar el gobierno de la seguridad, convocando a la construcción de las políticas de seguridad a actores distintos a la policía y que ya traen una sensibilidad, una lógica más afín a una política democrática de la seguridad”. El problema que hace necesarias estas intervenciones es, según el propio Font, el fracaso de las políticas sociales.
Las bandas
El primer dato de la realidad: en los barrios hay bandas. “Esas bandas construyen identidades, vínculos y respetos a través de situaciones de trasgresión: robos o enfrentamientos. En general, los integrantes de estas bandas tuvieron como última relación con el Estado una experiencia traumática: la interrupción del colegio secundario. Son, además, “difícilmente alcanzables” por esas políticas públicas, “o bien por el rechazo a los actores estatales como la policía, o porque los espacios de esparcimiento, educación y salud se manifiestan como femeninos”, explica Font. “Las políticas sociales no llegan. Es más: no llega lo más elemental: muchos ni siquiera tienen DNI”.
En palabras del Secretario de Seguridad Comunitaria hay que redirigir la labor policial: “Que un patrullero agarre a un pibe adentro de un auto robado es de un probabilidad estadística realmente baja y, si lo hace, es probable que nuestra policía produzca una masacre. Ahora, la capacidad de controlar las redes de desarmaderos, compra ilegal de autopartes, etc, es alta y está a mano, pero en los hechos es el circuito que nutre la corrupción policial y por eso no se hace. Siempre pensamos que el fenómeno es social y la policía no tiene nada que hacer, pero es mucho lo que tiene que hacer, y la idea es redirigirla hacia estas tareas”.
La solución de las bicicletas
- “¿Cómo hicimos esto en 2008 en Santa Fe? El problema era la tasa de homicidios dolosos sobre el oeste de la ciudad, donde hay un cordón de pobreza y de exclusión social intenso. Obviamente el grueso de victimas y victimarios eran hombres jóvenes de 18 a 25 años. Se eligieron los barrios con alta tasa de homicidios y, entre ellos, unos en los que ya había políticas, pero que había que reconducirlas”.
- “Cuando se les preguntó en una encuesta a los chicos cómo veían su futuro, la respuesta mayoritaria fue: muerto o preso, que es más o menos lo mismo. Pero también reconocían que por un proceso de maduración, a los 23-24 años, algunos se ‘rescataban’ y ‘salían’, sin ayuda de ninguna política pública”.
- “Algunos elementos clave: poca profesionalidad en los robos y violencia altamente expresiva –se comunica todo el tiempo-, porque además es muy divertida. No son cosas de una subcultura criminal, son el apego al peligro y otras conductas que están presentes en toda la cultura social actual”.
- “No hay una subcultura criminal: hay deriva. Hay una cultura convencional y sus valores y, por otro lado, actividades que se construyen por la pertenencia a la banda, por robos fluctuantes. Se ve claro en algunos argumentos: ¿por qué no salí a robar anoche? Porque me quedé cuidando a mi hermanita. El entendimiento de que esta no es una conducta cultural permanente, propia y estructural es lo que abrió una puerta a trabajar sobre otros mecanismos de construcción de identidad, de respeto, de resolución de cuestiones materiales, etc”.
- “¿Cómo se hizo? Primero, reconocimos la banda que venían construyendo. La propuesta fue, simplemente, mostrarles nuestra preocupación por lo que estaba ocurriendo y acercarlos y sumarlos a la oferta territorial, que es poca y escasa, lo que tiene disponible en cultura, esparcimiento. Coincidió que era verano y teníamos acceso a una pileta. Pasó algo interesante para pensar las políticas de seguridad: tuvimos que hacer un trabajo muy complicado con los profesores y coordinadores para que los soportaran, abrieran un espacio y construyeran algo junto con ellos”.
- “Pensamos luego en micro-emprendimientos colectivos. Y con lo que nos encontramos fue con miles de bicicletas secuestradas abandonadas en las comisarías. Lo que fuimos organizando y dio mejor resultado fueron micro emprendimientos de reparación de bicicletas que luego fueron usados socialmente. Ahora se alquilan en distintos lugares de la ciudad, por los mismos chicos que las reparan”.
- “Empezar a variar su status socio-cultural, vincularlos al Estado, que el barrio y la policía empiecen a mirarlos de otra manera, que se limiten las prácticas abusivas de esa institución: esos son los pasos.”
- “Hay que repensar el rol de lo local, la densidad de una política social es hoy ser un Estado local, de territorio”.
Pregunta de lavaca a Enrique Font: ¿qué rol cumplen los códigos contravencionales, es decir, las normativas del Estado municipal, en la exclusión social de los adolescentes pobres?
Respuesta de Enrique Font: “Es la herramienta de exclusión, la que marca el territorio. La que señala dónde pueden y dónde no pueden estar. La que los obliga a quedarse en el barrio. En ese barrio donde no llega nada.”
El final de la primera jornada tuvo un actor inesperado: a la salida, un nutrido grupo de comerciantes de la calle Florida protestaba, cortando la avenida Córdoba, contra los manteros que venden en la calle. El cronista le pregunta a la vendedora de una boutique de la marca Cacharel qué propone hacer con esas personas que ofrecen chucherías para ganarse la vida.
Su respuesta redimensiona entonces todo lo escuchado durante la primera jornada de este seminario, justifica que haya que volver sobre el tema e incluso, que ahora se aliente al lector que leyó hasta aquí a renovar su esfuerzo con la segunda parte de este informe, que publicaremos en breve.
Porque la respuesta de la vendedora fue, desde todo punto de vista, histórica:
-“Que desaparezcan”.
Nota
Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.
Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.
Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.
Video: Sebastián Smok.
De la economía popular a la formal
“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI
Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.
Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.
Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.
Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad
Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.
¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)
¿Por qué creés que quieren que se termine?
Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.
Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?
Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.
¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?
No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.
¿Cómo volvemos para volver a ser marea?
Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.



Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok
Nota
Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.
A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).
Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.
La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.
Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.
En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).
¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.
En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.
¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.
Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.
Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.
El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.
Omnipresentes
Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.
En los hogares
Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.
Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.
A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.
Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.
La mordaza
En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.
Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.
Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.
El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.
Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.
“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.
En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.
La vida cotidiana asediada
En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.
En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.
En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.
Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.
En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).
En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.
En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.
Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
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