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Servicios públicos y empresas privatizadas. Caso testigo: los detenidos en la estación de Haedo (provincia de Buenos Aires)

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Los hechos: El 1 de noviembre de 2005, «los usuarios y usuarias» del ex-ferrocarril Sarmiento (hoy el servicio es brindado por la concesionaria de ferrocarriles TBA Transportes de Buenos Aires, de la familia Corigliano), una vez más tuvieron que soportar hasta el hartazgo el pésimo servicio de la empresa concesionaria TBA: el mal estado de los trenes, el hacinamiento en los vagones, el agua que entra cuando llueve porque las ventanas están rotas, los pocos ganchos que hay en los furgones para que los trabajadores cuelguen sus bicicletas, la suspensión permanente del servicio sin previo aviso, demoras sistemáticas, accidentes continuos, incendios y desper fectos técnicos cotidianos que ponen en riesgo la integridad física de los pasajeros (más de 400 muertes por año), son sólo algunas de las situaciones que atraviesan habitualmente los usuarios y usuarias de esta línea.
Ese martes 1 de noviembre el cansancio y el hartazgo de «usuarios y usuarias» de la línea de trenes que une la Capital Federal con la zona oeste del conurbano bonaerense, se expresó en una espon- tánea acción-manifestación pública de sus reclamos.
El tren que partió de Moreno en horas de la mañana y que iba para la estación de Once, ya venía con un atraso de más de media hora y tenía serios problemas, al punto de que se incendió uno de los motores por lo que se conoce como «falta de retorno eléctrico». En otras palabras, por la sobrecarga de motores y los cableados hubo un recalentamiento que deriva en un incendio. Son numerosos los testigos que cuentan que era imposible subirse a ese tren como a uno posterior porque estaban repletos, con la gente colgada, por lo que ya los pasajeros acumulaban una hora de atraso. Cuando la formación llegó a Haedo con el primer vagón incen- diándose, les dijeron que el tren no continuaría viaje y que debían bajarse. Se juntaron entonces tres trenes. Había miles de pasajeros varados y a la deriva; así, los pasajeros de uno de los trenes debieron bajarse como pudieron en medio de las vías electrificadas y caminar los 500 metros que los separaban de la estación de Haedo. Allí estalló la bronca: los pasajeros ya no veían chances de llegar a la Capital, perdían el premio por presentismo -que en muchos trabajos es casi tan alto como el sueldo- y la furia se desató.
Varios pasajeros denunciaron que los incidentes sucedieron tras un intento de la Policía Bonaerense de desalojar a los miles de usuarios de los andenes con balas de goma y gases lacrimógenos (algunos testigos dicen que también dispararon con balas de plomo).
Hubo quince vagones quemados, parte de la estación de Haedo incendiada, algunos comercios saqueados y roturas de vidrieras. Pasaron más de cinco horas, y con la llegada al lugar de más de 40 móviles de las policías Federal y Bonaerense y de la Gendarmería Nacio- nal, se desató una cacería humana indiscriminada en busca de los «culpables». Llegaron las detenciones, más de ochenta, luego las torturas y el encarcelamiento.
Ante estos hechos y a pesar de que los mismos aún no fueron clarificados, siete jóvenes de entre 19 y 30 años están presos en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz y un menor de edad se encuentra internado «en resguardo» en el Instituto Roca. Seis de los jóvenes junto al menor son defendidos por FIDELA. Existen más de 60 personas que están procesadas por los mismos hechos, entre los que se encuentran trabajadores, estudiantes, cartoneros y deportistas, a quienes se los responsabilizó de los incidentes ocurridos en ocasión de dicha protesta. Todos estos pasajeros están siendo acusados por los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra efectivos de las fuerzas de seguridad, atentado y resistencia a la autoridad, obstrucción al transporte público, incendio agravado por el peligro común para los bienes y peligro de muerte para alguna persona, daño agravado por ser ejecutado en perjuicio de bienes de uso público, entre otros. Delitos cuyas penas van desde los 3 hasta los 30 años de prisión.
Rodrigo Valdez, José Gutiérrez, José Freddy, Roberto Canteros, Cristian Wenk, Matías Barreto, Julio Gutiérrez y Eduardo Navarro, son los nombres de los siete presos que están en los penales de Ezeiza y Marcos Paz y del menor internado en el Instituto Roca.
El juez federal que les niega la excarcelación es Germán Castelli, a cargo del juzgado nº 1 de Morón y argumenta que como la escala penal es muy grave -va de 3 a 30 años- los acusados pueden intentar fugarse. Además de los procesamientos y las prisiones preventivas, el juez trabó, sobre varios de los procesados, embargos de más de $ 3.000.000. Varios de los detenidos que están en la causa nº 13.806, tienen un embargo por $ 3.186.000 pesos. Si cualquiera de los detenidos tuviera bienes por más de $ 3.000.000, ¿viajaría todos los días en el tren Sarmiento para ir hasta un trabajo, a ganarse $ 600 aproximadamente?
Cabe destacar que ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales y que los testigos que acusan con nombre y apellido a los supuestos culpables son casi en su totalidad policías, que previo a declarar habían visto los videos de seguridad en el Ministerio del Interior.
Según el gobierno nacional estos son los supuestos «activistas» de partidos de izquierda, de organizaciones populares y sindicalistas ferroviarios que «planifi- caron» la reacción ante el hartazgo de la cancelación de servicios. Son los «culpables» de haber organizado previa- mente los hechos sucedidos y aún no esclarecidos en la estación de trenes de Haedo. Estudiantes, cartoneros, depor- tistas y trabajadores son algunas de las víctimas del maltrato y la violencia a que TBA somete a miles de usuarios y usuarias todos los días y a los que hoy junto con el gobierno nacional hace responsables de los incidentes.
Los hechos de Haedo aún siguen confusos y lo cierto es que hay pasajeros encarcelados y que soportan vejámenes dentro de las cárceles argentinas, en las de Ezeiza y Marcos Paz.
Además del encarcelamiento y el procesamiento de decenas de pasajeros, la respuesta del gobierno a una semana de sucedidos los hechos, fue la de premiar a Trenes de Buenos Aires, junto a otras empresas ferroviarias conce- sionadas, aumentándole los millonarios subsidios que le brinda a esta empresa desde que obtuvo la concesión del servicio.
Por aquellos días, los pasajeros decían:
«La gente sale del tren de manera irracional y como viene acumulando bronca, sale enardecida. Lo primero que pensas es ‘este tren de mierda’.»
«Cuando vos estás ahí adentro y hay problemas técnicos, querés salir, porque no sabes la gravedad de lo que sucede. El miedo produce desesperación y violencia»
«Te da bronca, pagas el boleto y es todo un desastre».
«Las condiciones del viaje hace que la gente se vuelva insensible, porque son condiciones dignas de un animal».
«Se viaja como perro».
«Era sabido que iba a pasar algo así».
«Este tren para siempre. Es un desastre. Tomo el que viene de Temperley, pasa una vez por hora, así que uno viaja como ganado».
La criminalización: La posible conno- tación política de lo sucedido no fue alimentada, por los funcionarios que se hicieron presentes desde temprano en el lugar de los hechos.
A las dos y media de la tarde, el subsecretario de Seguridad bonae- rense, Martín Arias Duval negó la presencia de «infiltrados» entre la multitud que prendió fuego. Para Arias Duval, los incidentes fueron generados por «pasajeros comunes, en su mayoría trabajadores, que reaccionaron de esta manera frente a la incomodidad que, debe ser frecuente en la manera que viajan».
Sin embargo, dos horas después, el ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian planteó, en conferencia de prensa, la posibilidad de un complot, tal como lo había señalado antes el ministro del Interior.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostuvo que se trató de «un delito preparado y pensado para producir el desmán», del que hizo responsables a «grupos de sindicalistas ferroviarios opositores, partidos de izquierda y agrupaciones políticas». Aníbal Fernán- dez realizó una conferencia de prensa donde presentó a los hechos como un «armado» de organizaciones políticas y delegados gremiales de la oposición ferroviaria.
A su vez, el comisario Iglesia declaraba que «algunos de los detenidos son de organizaciones sociales y es posible que estuvieran viajando hacia Mar del Plata, para la Cumbre, pero por el momento no tenemos identificados políticamente a los detenidos.» Al día de la fecha no apa- reció ninguna prueba que de cuenta de estos argumentos y acusaciones; así como tampoco hay evidencias de que los detenidos se conocieran con anterioridad y de que hayan «planificado» lo sucedido en Haedo.
Los principales gremios ferroviarios convalidaron el discurso del Gobierno sobre lo que ocurrió en la estación de trenes de Haedo. Dirigentes de La Fraternidad acusaron por los incidentes a «agentes de izquierda» y el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, avaló incluso lo dicho por la empresa TBA: «Eran grupos organizados que viajaban con destino a la anticumbre en Mar del Plata». Tanto Omar Maturano, de La Fraternidad, como José Pedraza, de la Unión Ferroviaria, repudiaron los hechos y responsabilizaron a «sectores mino- ritarios, amparados en las necesidades que aún anidan en el seno de nuestro sociedad». Maturano se refirió direc- tamente a Edgardo Reynoso y otros «dirigentes de ultra izquierda que buscan manchar la democracia y desestabilizar».
Desde el Gobierno nacional, la voz que se pronunció fue la del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien insistió en que se trató de un «sabotaje» y confirmó la denuncia penal contra los sindicalistas Edgardo Reynoso y Armando Rivas. Hacia ellos y hacia los «grupos de ultra izquierda» apuntó el gobierno nacional. Los dos trabajadores que el ministro del interior acusó, Reynoso y Vivas, ambos fueron dirigentes de la resistencia contra las privatizaciones, en los años 91 y 92, quedaron en la calle, junto a 85.000 ferroviarios.
Cabe recordar que fue Aníbal Fernández -cuando era ministro de Producción del entonces presidente Duhalde- quien le convalidó a TBA su contrato de concesión y le amplió los subsidios.
Contrariamente a los dichos y supuestos del gobierno nacional, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, responsabilizó a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) por los graves episodios de violencia registrados el 1 de noviembre en la estación ferroviaria de Haedo, al señalar que fueron conse- cuencia de «flagrantes violaciones a los derechos humanos que padecen millones de usuarios diariamente». El ombudsman recordó que en julio de 2005 promovió una acción judicial (la cuarta presentación ante la justicia) contra las empresas concesionarias del transporte ferroviario de pasajeros del área metropolitana «por prestar un servicio público en pésimas condiciones, con grandes desidias en el mantenimiento, que incluso en algunos casos acarrea un grave riesgo para la vida de las personas».
Gobiernos y empresarios: La empresa privada concesionaria de ferrocarriles Transportes de Buenos Aires (TBA), donde el Grupo Plaza-Cirigliano es el principal accionista (controlado por los hermanos Claudio y Mario Cirigliano), tiene en concesión a los ex-ferrocarriles Sarmiento y Mitre, además de ser propietarios de las líneas de colectivos 61, 62, 104, 133, 141 y 129, entre otras. Bajo el control de Plaza, los hermanos Cirigliano reclutaron a varias empresas colegas y armaron la compañía Cometrans para participar en las privatizaciones ferroviarias. Tras el reparto de las concesiones que había ganado con el grupo Roggio, Cometrans se quedó con el manejo de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento y una participación en los subtes. Además de los trenes, el grupo Cirigliano explota los ex talleres militares de San Martín e integra el consorcio operador del Metro de Río de Janeiro.
A partir de 1983, el desguace del ferrocarril se intenta primero con Alfonsín de la mano de Terragno y, luego Menem, con toda la iconografía peronista y el embuste privatiza los ferrocarriles y expulsa a 85.000 trabajadores ferro- viarios a la calle. Las huelgas de 1991 y 1992 fueron los actos de resistencia por parte de los trabajadores ferroviarios. Los burócratas de los gremios ferro- viarios no sólo se opusieron a esas resistencias sino que fueron cola- boracionistas con las políticas nefastas del menemismo. Hoy las políticas implementadas por el menemismo conti- núan. El ferrocarril continúa conce- sionado, subvencionados con millonarios subsidios.
Durante la década del 90, los grupos empresarios se repartieron las conce- siones ferroviarias de la siguiente manera: Cirigliano, patrón de TBA; Taselli, de Metropolitano; Roggio, de Metrovías. Ellos dieron su gran salto cuando Carlos Menem privatizó los trenes metropolitanos. La privatización subsidiada desde el gobierno de Menem hasta el de Kirchner significó la eliminación brutal de puestos de trabajo, desocupación masiva, el vaciamiento de la empresa, la tercerización y la flexibilización laboral, como así también la carencia de inversiones en man- tenimiento y seguridad que dejan como resultado un servicio colapsado y en riesgo permanente. Juan Carlos Cena, miembro fundador del MoNaReFA (Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos) , autor del libro El Ferrocidio, denuncia toda esta situación y llama la atención sobre lo que vienen sosteniendo hace casi un año en relación a que en cualquier momento se produciría un «Cromañón ferroviario».
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, aseguraba hace tiempo, cuando se decretó la emergencia ferroviaria a través de un decreto firmado por Eduardo Duhalde, nunca derogado, que se está frente a un vaciamiento. En consecuencia elevó un informe al Ministerio de Economía recomendando que: «se abstenga de asignar subsidios, porque se transformarían en premio a la ineficiencia…además, no existen garan- tías de que el subsidio se utilice para lo que fue creado, mejorar el servicio».
A su vez, el presidente de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, viene advirtiendo hace varios años el deplorable estado de los trenes, a través de diferentes informes. «En varios casos hemos recomendado la rescisión de los contratos».Despouy dejó claro que la CNRT tampoco hace nada: «El Estado tampoco cumple con obligar a las empresas a realizar las inversiones comprometidas obligatoriamente. Enton- ces incumplen las empresas con las inversiones y también incumple el Estado con los controles y no solo eso, en lugar de penalizar a las empresas, las subsidia».
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), es el ente regulador que debería obligar a las empresas a cumplir con los contratos y en caso de incumplimientos está facultada para aplicar sanciones; depende de la Secretaría de Transporte. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime es cordobés, durante la década de los 80, se radicó en Santa Cruz, fue funcionario del gobierno provincial de Kirchner, y un tiempo después recaló en la Capital Federal como Secretario de Transporte. Ricardo Jaime tiene varias causas penales y la denuncia del Defensor del Pueblo, Mondino, por la violación de los Derechos Humanos. En noviembre de 2005, la Cámara Federal ordenó reabrir una causa penal contra el actual secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el subsecretario de Transporte Ferro- viario, Julio Tito Montaña. Es por el pago de subsidios millonarios a em- presas concesionarias de ferrocarriles a pesar de que seguían sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y confort exigidas por contrato. La inves- tigación, impulsada por la Oficina Anticorrupción (OA), había sido archiva- da por decisión del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Rodolfo Canicoba Corral.
En lo que respecta a las líneas Sarmiento y Mitre, la empresa TBA transporta por mes algo más de 9 millones de pasajeros y cobra un subsidio compensatorio de casi 7 millones de pesos mensuales. Pese a la ayuda estatal, la empresa entró en convocatoria de acreedores a mediados del año 2005. La mayor parte de la deuda corresponde a los embargos judiciales por accidentes. De los dos ferrocarriles que tiene a su cargo, el Sarmiento es el que acumula los mayores reclamos de los usuarios.
A menos de diez días de ocurridos los hechos en la estación de Haedo, el gobierno nacional decidió, gracias a las «facultades extraordinarias» delegadas por el Congreso al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aumentar los subsidios a las empresas concesionarias de los trenes y subtes. Mediante las «facultades extraordinarias», que permi- ten modificar el Presupuesto 2005 votado en el Congreso, Alberto Fernández modificó sensiblemente los subsidios a los trenes que figuraban en el Presupuesto 2005. Por ley corres- pondían 60,2 millones de pesos de subsidios al total de concesionarios, pero hacia mediados de noviembre, ya se llevan gastados 244,7 millones de pesos. Se destinaron en subsidios cuatro veces más de lo presupuestado; por ejemplo, a la empresa TBA le correspondían 18 millones de pesos durante todo el año 2005, pero faltando un mes y medio para que termine el año ya había recibido 70,9 millones de pesos. La regla es clara: cuánta más deficiencia en los servicios, más transferencias de dinero a los conce sionarios de los trenes suburbanos.
El ya citado Juan Carlos Cena, miembro del MoNaReFA, comenta en relación a la actitud y decisión del gobierno nacional, que: «este es el costo que debemos pagar y sufrir como consecuencia de las políticas de Estado impuestas por este gobierno: que es la de haber elegido continuar con la política ferroviaria de los 90, con la agravante de que los concesionarios han demostrado sus ineficiencias destruyendo y saqueando parte del patrimonio nacional». Denuncia que: «el gobierno ha definido toda una política referente a los ferrocarriles: censura toda información donde se muestre la depredación y el desguace, o se informe sobre su estado calamitoso en manos de los industriales nacionales (se refiere entre otras cosas a la censura al programa televisivo «Huella Digital», que iba a realizar una emisión en relación a la situación de los ferrocarriles hoy), la otra, es judicializar a los trabajadores ferroviarios. Sintetizando: censura a toda información y penaliza a los trabajadores que luchan por un ferrocarril al servicio del pueblo, ambas acciones son partes de una misma política: Silencio y Represión».
Silencio al que están sometidos los «olvidados» pasajeros que se encuentran presos desde hace más de cuatro meses en las cárceles federales.
Contacto:
familiaresdehaedo@yahoo.com.ar

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La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

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En esta nota de Tiempo Argentino el periodista Jonathan Raed reconstruye cómo fue la estafa encabezada por el Presidente y el cálculo de lo que ganaron los creadores. Cómo fue la curva de esta memecoin creada por una empresa con lazos con el gobierno nacional y de la Ciudad, las posibles consecuencias para la Argentina y para el propio Milei, que ya enfrenta varios pedidos de juicio político.

Jonathan Raed en Tiempo Argentino

Entre las 19:01 y las 00:38 de la noche del viernes 14 de febrero de 2025, el presidente de la Nación Javier Milei impulsó y promocionó una estafa virtual que afectó a miles de personas alrededor del mundo.

Fueron más de 5 horas y media en las cuales los más fieles seguidores libertarios rogaban a las fuerzas del cielo que se tratara de un hackeo a las cuentas de redes sociales del máximo responsable del Estado argentino. Ocurre que si no era un hackeo, era una estafa.

Sin embargo, no hubo hackeo. Primero, allegados al presidente lo confirmaron; luego, el propio Milei, quien acusó que «no estaba interiorizado» en lo que previamente difundió como un «incentivo a la economía argentina» y mantuvo como tuit fijado (una manera de destacar el posteo) durante el citado lapso de tiempo.

Los números de la estafa

Con la estafa ya consumada, Milei borró el posteo y acusó desconocimiento. ¿Cuántas personas fueron estafadas y por qué monto total? ¿Quién se llevó la plata? Estas preguntas no tienen por el momento una respuesta definitiva, pero sí hay cálculos estimativos.

Al desempeño de la criptomoneda, se le puede dar seguimiento minuto a minuto. Tras el anuncio de Milei, el valor el mercado virtual llegó a alcanzar los 5 dólares por unidad. Horas más tarde, se desplomó a menos de 1 dólar. En ese lapso, quien compró y vendió se hizo de un buen dinero.

En la jerga, se conoce a esta estafa como «rug pull«. Los que entran primero, ganan; los que quedan colgados, pierden. Los creadores de la cripto compran por montos mínimos su propia moneda; luego, buscan la forma de impulsarla (pagando a famosos que la promuevan, por ejemplo) y, una vez alcanzado el ingreso deseado de compradores, abandonan repentinamente para llevarse los fondos de los estafados.

Como la operación es anónima, no se puede saber (al menos, sin una investigación a fondo) quién compró y/o vendió. El propio Milei podría ser un operador o no. Es una cuestión de fe.

En las horas que duró la aventura, compraron $LIBRA más de 40 mil personas de distintas partes del mundo. Se movieron más de 1.500 millones de dólares. La moneda alcanzó una capitalización de casi 4 mil millones de dólares y, a la hora del «cash out (retirar el dinero)», los creadores/ganadores se llevaron entre 70 y 100 millones de dólares. Los especialistas en la materia, de hecho, coinciden en un número más concreto: 87.4 millones de dólares de ganancia, en un rato.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
El gráfico que compartió el usuario de X The Kobeissi Letter, especializado en los mercados de capitales globales, que explica el subidón de $LIBRA post tweet presidencial y el cálculo del monto de la estafa. En su cuenta dedica varios posteos al análisis del evento y lo caracteriza como «destructivo» y «una locura».

La gran estafa presidencial

Milei presentó la criptomoneda $LIBRA como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas. Luego de la promoción del presidente, el valor de la criptomoneda se disparó, ya que aumentó en gran número la demanda; es decir, hubo fuertes compras de la misma.

El emprendedor, especialista en la materia y simpatizante de Milei, Santiago Siri, explicó: «Cuando Milei anuncia este proyecto, el 70 por ciento de las monedas está en manos de tres direcciones. Si abrís un proyecto para fomentar pymes, hay que hacer el proceso para que sea transparente. La gran mayoría de estas personas no sabemos quiénes son y hubo muchas desprolijidades en todo esto que se armó».

Los primeros compradores son usualmente los creadores de la moneda. «Compran» por 0 dólares y luego ven hasta dónde llega el valor. Usualmente, entre el 15% del total se encuentra en manos de los creadores; esta vez, fue el 70%, y en apenas 3 personas. «Vimos que sin poner un peso se llevaban cuatro o cinco o seis millones de dólares«, alertó Siri, en diálogo con Diario con vos, en AM 530.

«Milei es un fenómeno global y esta moneda tocó un techo de capitalización del mercado casi cuatro mil millones de dólares en cuatro horas, pero después en las siguientes cuatro horas se desplomó a casi cero. Milei lo hizo siendo presidente de la Nación y está obligado por la ley de ética pública a informar, a dar transparencia y datos sobre los hechos», completó.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
Milei con Julián Peh, el CEO de la empresa creadora de $LIBRA.

Las consecuencias para la Argentina

El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José «Pepe» Sbattella habló al respecto de la estafa con Te aviso con Tiempo, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo: «Implica una acción política de la UIF para saber cómo se movió la plata y mostrar qué fue lo que pasó con esto. Todo quedó registrado y, tanto acá como en otros lugares del mundo, las características de cumplimiento las fijan los organismos fiscales. Puede implicar que Argentina vuelva a integrar la lista gris».

«Todo lo que pase por acá puede ser sospechado de ilícito. Pone a la Argentina en un estado de vulnerabilidad para que se convierta en un paraíso fiscal y libertinaje financiero. Las reservas de Argentina ya están depositadas en Londres, los activos ya pasaron a estar en una jurisdicción que es el corazón de la city global. Argentina ya se entregó a que los desastres que produzca la administración Milei tienen una garantía de que las reservas están en otra jurisdicción», alertó Sbatella.

Finalmente, completó: «Tiene que haber juicio político y pedido con sentencia final. Esto no es normal, que un presidente incentive la compra de una cripto y en horas se convierte en una estafa. Todo el camino se puede ver y los beneficiarios finales pueden ser identificados. Por eso, hay que pedir el juicio político».

Los lazos de Milei con la empresa creadora de $LIBRA

La empresa que desarrolló $LIBRA -la cripto de la estafa que tuvo al presidente argentino como impulsor- se llama KIP Protocol y mantiene aún los posteos de lanzamiento de la moneda. La empresa, creada en 2019, salió a desligar a Milei de la acción y no dio mayores explicaciones, al igual que el propio Milei.

KIP Protocol mantiene acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y en octubre último sus directivos mantuvieron reuniones con el presidente Milei, y hasta se compartieron imágenes del encuentro, en el marco del Foro Tech de Argentina.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
La empresa creadora de $LIBRA tiene lazos, también, con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

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“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional

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Una reunión informativa convocada por diputadas y diputados reunió a distintas voces del colectivo travesti trans, que planteó sus posturas, miradas y críticas hacia el rol del Estado mucho antes de los ataques del Poder Ejecutivo. Qué dijeron Cristina Montserrat Hendrickse, Gabriela Mansilla, jóvenes del colectivo El Teje, Florencia Guimaraes, y el contundente discurso de Marlene Wayar: un diagnóstico crudo de una situación históricamente vulnerable, gobiernos progresistas mediante, y la defensa ante los actuales ataques libertarios. Tratamientos médicos, DNI, discriminación diaria, social, laboral, la deuda con “las viejas”, y la pregunta a los anfitriones: «¿Qué van a hacer?»

La Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación realizó ayer una “reunión informativa” para escuchar al colectivo travesti trans tras los ataques sufridos por parte del Poder Ejecutivo.

Mónica Macha (UxP), presidenta de la Comisión, enumeró el temario del día:

  • El estado del cupo laboral travesti trans. 
  • Las consecuencias de los discursos y prácticas de odio y persecución. 
  • La preocupación por el acompañamiento a niñeces y adolescencias trans, a raíz de los cambios impulsados en la Ley de Identidad de Género. 

“Es importante poner en palabras, en relatos personales, una respuesta que ya dio la sociedad argentina en la calle el 1 de febrero”, dijo el diputado Esteban Paulón (EF), vicepresidente de la Comisión, en relación a la masiva Marcha Antifascista y Antirracista. 

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Mónica Macha y Paulón fueron los diputados que convocaron a la comunidad. Debieron escuchar también críticas hacia las relaciones institucionales de sus espacios con el colectivo travesti trans. Foto: Diputados

Luego, durante casi cuatro horas, diputados y diputadas de la mayoría de todos los bloques excepto de la Libertad Avanza, escucharon treinta y seis exposiciones de activistas, militantes, intelectuales, referentes de partidos políticos, de organizaciones sociales y sindicales, profesionales de equipos de salud, familias y adolescencias trans. 

Estas son algunas de las voces que se escucharon.

Discriminación, DNI y “el mundo va a seguir pariendo trans”

“Coordino dos grupos de jóvenes que me preguntan: ahora qué hacemos. Hemos decidido continuar con la atención, hay un principio en medicina que es no abandonar a quien nos consulta y no dañar, y esta decisión daña a las personas transgéneros”, dijo Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero del Hospital Durand, que también cuestionó la formación médica que siga formando profesionales cisgéneros. 

La abogada Cristina Monserrat Hendrikse, militante trans y funcionaria del fuero bonaerense, quien escribió una nota en lavaca tras la publicación de DNU  62/2025 del gobierno que busca modificar la Ley de Identidad de Género, comenzó su exposición explicando que “un DNU es la decisión única de un monarca que da su opinión y sin escuchar a otros toma su decisión de forma unilateral, cuando las reglas que gobiernan una sociedad democrática son el fruto del debate y de la escucha. 

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Cristina Montserrat Hendrickse. Foto: Lina Etchesuri

Luego preguntó: “Si un adolescente de entre 13 y 16 años puede acceder a un tratamiento médico con autorización de sus padres, ¿por qué no lo puede hacer un niño o una niña trans? Evidentemente es discriminación a nuestro colectivo”. Cristina terminó su intervención interpelando a diputados y diputadas presentes: “No sé los señores legisladores qué van a hacer con este DNU, si lo van a confirmar o lo van a desechar, solo les voy a recordar que hace 3500 años el señor Moises escribió el Deuteronomio y nos prohibió, y todavía estamos acá. Hagan lo que hagan, aunque me maten, aunque nos maten a todas, la naturaleza, la biología, va a seguir pariendo trans”. 

“He parido una hija que me puso en este lugar, que me enseñó a luchar, que me puso en conocimiento de toda esta comunidad que hoy no debería estar acá discutiendo lo que ya discutimos. No quiero que las niñeces aprendan a resistir lo que la comunidad adulta le tiene que garantizar”, dijo Gabriela Mansilla, de la Asociación Civil Infancias Libres y mamá de Luana, la primera niña en recibir DNI con su género autopercibido en el mundo. Entre lo que se está la mira del gobierno se incluye el DNI no binario y la rectificación de partidas de nacimiento. “Lo más importante es que pueda salir una respuesta para contestar esto – siguió Gabriela-. No estoy acá para decir palabras que emocionan, estamos exigiendo derechos. Tenemos niñeces que tienen miedo de salir a la calle. Por más que intenten lo que intenten, primero para tocar a mi hija, y para tocar a un montón de otras niñeces van a tener que pasar por delante de sus mamás, y les vamos a dar batalla”. 

La voz de la adolescencia trans también estuvo presente a través de Manuel Sinde, de la Organización Adolescencias Trans “El Teje”, quien leyó una carta que escribieron colectivamente contando que tienen miedo, impotencia y ansiedad. “También queremos aclarar que todas esas personas que salen a hablar mal de nosotres y dicen que nos obligan a ser personas trans, son personas que nunca en su vida hablaron con una infancia o adolescencia trans, que nunca tomaron el tiempo de conocer nuestras vidas, nunca nos dieron el lugar, y siempre hablaron desde la ignorancia y el odio, queremos que se nos escuche”, leyó. Manuel aclaró respondiendo al presidente: “Las personas trans no somos ni hormonas ni cirugías nada más: somos mucho más”. 

También participó Cero, que llegó desde La Matanza y leyó una carta de otro varón trans adolescente que no quiso ir por miedo: “Yo, antes de mi transición, me sentía incómodo con mi cuerpo, aspectos como mi voz, mi busto o el hecho de menstruar eran algo que no sentía propio de mí; y gracias a la comprensión, amor y cariño de mis padres y mi familia, fue que pude sentirme bien con empezar el tratamiento”. Junto a Cero llegó Lautaro, adolescente trans, que complejizó recordando los altos niveles de pobreza en la actualidad, las dificultades para tener trabajo registrado, y “ni hablar de tener que pagar hormonas o querer vivir solo en un futuro”. 

Entre quienes hablaron también estuvo Vanessa Di Cecco, que hace unos días sufrió en Cañuelas que un hombre que la venía hostigando le prenda fuego su casa, la de su esposa y la de su hija. “Todo fue incendiado y destruido por el fuego y por el odio. Hicimos la denuncia ese día pero no se inició ninguna investigación hasta que no fuimos a los medios”. El hombre que incendió la casa y luego se fue caminando tranquilo sigue prófugo.  

La activista y militante Florencia Guimaraes recordó por su parte las deudas históricas que hay con el colectivo travesti trans para no creer que los últimos años fueron “de ensueño” y ahora con un gobierno de derecha todo cambió. Hubo quienes les dijeron a les adolescentes que no tengan miedo. 

Egos, política y “¿qué es lo que van a hacer?”

Cuando tomó la palabra la activista y pensadora Marlene Wayar, rompió con una pregunta: “Siempre me parece que venimos a aplaudirnos las unas a las otras. Yo pensé que era para trabajar, ¿cuál es la acción?. Esto es levantar nuestros egos, ¿qué es lo que vamos a hacer?”. La presidenta de la Comisión Mónica Macha le contestó que en principio es poder tener un espacio en la Comisión donde están representados todos los bloques y si no estuviera sería un silencio que no está bueno. Marlene retrucó: “Ellos se aplauden a sí mismos a ver quien tiene el tweet más violento, y nosotros quien es la más romántica: es exactamente la misma mecánica. Si algo demostró la marcha es que hay que seguir con la acción y son ustedes que están con asesoría legal, con legislación comparada quienes nos tendrían que haber dicho ‘el camino nos parece por acá, necesitamos que apoyen esto’. Vinimos a  Diputados, sino tenemos la asamblea en una plaza y todo bien. ¿Ustedes cómo van a aportar? ¿Cómo les van a exigir a sus partidos que no nos vuelvan a dejar tiradas? ¿Qué van a hacer ustedes más allá de servirnos un cafecito? Esto ya se hizo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: nos invitaron a doscientas cincuenta mil reuniones que no llegaron a nada, fueron muriendo nuestras viejas una a una”

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Marlene Wayar, activista travesti trans e impulsora de la Ley de Reparación Histórica, fue una de las oradoras. Foto: lavaca

Siguió: “La corrección política es perfecta y sumamente vacía, estoy dolida de la falta de reacción que tienen y de lo fácil que caen en el egocentrismo de venir y sentirse hermosas acá en Diputados, ¿para qué estamos acá? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué diablos estamos acá?, que encima estamos arriesgando el trabajo porque a las dos de la tarde estamos en horario laboral, en un trabajo policíaco en estos momentos. Entonces, estoy arriesgando mi puesto laboral de dos mangos por cincuenta para estar acá para hacer nada, para lamernos el ego”. 

Esteban Paulón explicó que denunció penalmente al presidente, que acompaña distintos pedidos que se hizo de inconstitucionalidad del DNU, y que se está acompañando los debates y las marchas. “Lo de hoy es que pudiéramos tener en estos espacios las voces de las personas que por lo general no tienen voz”, dijo y destacó la presencia de distintos bloques en la escucha. “Bienvenidas todas las ideas para hacer más efectiva nuestra tarea en el parlamento”. Macha explicó que en el periodo de sesiones extraordinarias no se pueden tratar proyectos por fuera del temario establecido por el Ejecutivo, por eso la reunión fue informativa. “Creo que es importante las voces que se están escuchando acá, y cada compeñeres que está tomando la palabra responde a invitaciones de distintas diputadas”. 

Las intervenciones de quienes fueron a exponer y luego de algunos diputados y diputadas  siguieron durante dos horas. Aún está por verse si logran articularse acciones desde el Poder Legislativo construyendo consenso mayoritarios en un Congreso agrietado que ya está en modo campaña. Hacia el final se propuso hacer un proyecto de nulidad absoluta del DNU, intentar que se firme por la mayoría de los bloques, y tratarse en las próximas sesiones. 

Por ahora, la pregunta sigue latente: ¿qué van a hacer?

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Nota

Contra los incendios y la desinformación: sobre la caza de brujas en la Comarca Andina

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La policía provincial, fogoneada por el gobierno local y nacional, detuvo a 12 personas al voleo y sin pruebas como supuestas responsables de los incendios que ya consumieron más de 25 mil hectáreas en la zona. Se trata de vecinas y vecinos que se encontraban conteniendo las llamas o que tienen apellidos mapuche. Frente a la comisaría, una movilización que reclamaba la liberación de estas personas sufrió además el amedrentamiento de una patota ligada al magnate Joe Lewis (uno de sus integrantes, empleado del municipio y cercano al intendente). La policía los dejó actuar sin hacer nada. Lo que hay detrás de esta operación político-mediática: fake news para romper la organización, persecución social, proyectos de extractivismo y entrega de territorios. “El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos, en los territorios y en las calles”, dicen algunas personas que prefieren no dar el nombre pero testimonian en esta nota, explicando todo lo que pasó y sigue.

Por Francisco Pandolfi

Mientras se queman los bosques y la montaña y los valles y las casas, y los animales, empezó una caza de brujas en Chubut y en Río Negro. Una caza de personas que justamente combaten a un fuego que sigue ardiendo en cinco grandes incendios. Que ya quemó más de 25 mil hectáreas. Que ya se llevó una vida: Ángel Reyes, de 84 años. Que ya arrasó con más de 200 viviendas en la Comarca Andina. Y que ya tuvo por lo menos 12 detenidos, al voleo, sin pruebas, y con el cargo de “incendio doloso” (dos de esos detenidos fueron inmediatamente liberados por falta de pruebas).

La persecución que en las últimas horas escaló al extremo, con el Estado sembrando en la población un estado de terror.

Frente a esto: la autogestión. El poder de las comunidades organizadas, ante todos los otros poderes.

Miente, que algo queda

Para entender este presente basta con hacer memoria a no tan largo plazo para comprender un mismo modus operandi. 

“La historia se repite”, decía Hegel. “La historia ocurre dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa”, dijo Marx.

Todos los años ocurren enormes incendios forestales, y según estadísticas oficiales más del 95% son provocados por la acción humana. En enero de 2024 se quemaron casi 7 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. A las horas de su inicio, el gobernador Ignacio Torres responsabilizó a la comunidad mapuche Paillako, tomando la línea de Patricia Bullrich, es decir del gobierno nacional. Pasó un año y no se encontró ni una sola prueba en contra de la comunidad, pero el ataque allanó el terreno que derivó en el desalojo de la lof a comienzos de este 2025. El déjà vu aparece cuando el último miércoles el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó que habían sido detenidas tres personas. Este jueves, se sumaron por lo menos 9 detenciones más, según el registro de distintas asambleas que ya no solo deben contar la hectáreas quemadas. 

La patota

Iván González es docente de biología, comunicador en la FM Radio Alas y vecino de Lago Puelo. Ahora está en El Bolsón, combatiendo el fuego y la desinformación. “Las personas a quienes están deteniendo son las que arriesgaron su vida por apagar los incendios. Ni bien nos enteramos de las primeras excarcelaciones nos movilizamos a la puerta de la Comisaría 12, de El Bolsón, para exigir su liberación, cuando de repente llegó una patota montada en caballos que vino directamente a agredirnos. Vimos peligrar nuestra vida, rodeados por mucha gente armada, con cuchillos, palos, amenazándonos de muerte todo el tiempo, aplaudiendo y gritando ‘viva la patria’, ‘mátenlos’. Fue una situación muy violenta”. La policía se destacó por su sospechosa inacción.

Iván explica que, ante las persecuciones, tienen dos estrategias: salir a hablar sin dar nombres propios, o hacer lo opuesto y que sea la exposición el paraguas que los proteja. El anonimato es la opción que elige un vecino de la localidad chubutense de Golondrinas, por una cuestión vital: “Quiero seguir viviendo”. Pone en contexto esa tremenda frase: “Están haciendo un operativo cazando gente; ayer a una amiga que lo único que hizo fue apagar llamas, le allanaron su casa; a otro flaco que por su apellido es del pueblo mapuche, lo levantaron de la puerta del supermercado y se lo llevaron, montando pura espectacularidad”. Agrega un dato clave sobre el grupo parapolicial que el miércoles llegó a caballo a amedrentar en la puerta de la comisaría: “Responde a Joe Lewis (magnate británico dueño de una estancia de 8 mil hectáreas que rodea el Lago Escondido). Lewis, Pogliano (intendente de El Bolsón) y Weretlineck son la misma cosa”. Uno de los integrantes de la patota es empleado del municipio encabezado por Pogliano.

El relato

Nelson Ávalos integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), región Noroeste de Chubut. La conversación con lavaca se pospone una y otra vez porque las detenciones aumentan con el correr de las horas. Entre audiencia y audiencia de la formulación de cargos a los detenidos, finalmente explica: “Mientras la gente arriesga su vida y encima la detienen, los gobernadores de Río Negro y Chubut, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, están creando un relato sobre que los incendios (Mallín Ahogado, Epuyén, Trevelín, la comunidad Nahuelpan y el Pedregoso) son producto de una sola causa: una organización que se dedica a realizar actos terroristas para incendiar todo, vinculando siempre al pueblo mapuche tehuelche. Y ahora intentan sumar a gente que voluntariamente busca apagar el fuego”. 

Nelson dice que es muy complejo lo que están viviendo, que es muy difícil de sintetizar. Y subraya lo que cree fundamental poner en evidencia: “El relato de los gobiernos busca justificar que se instale en la región un estado de militarización. Hace unos días, Torres y Bullrich presentaron el Comando Unificado para combatir a ‘las fuerzas terroristas de la Comarca Andina’, y para eso desembarcaron las policías provinciales, la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y el Ejército, además de los servicios de inteligencia”. Avalos deduce qué hay detrás: “Proyectos de extractivismo y entrega de territorios a la voracidad de capitales nacionales e internacionales”.

Sobre las detenciones: “La investigación la lleva el fiscal (Francisco) Arrien y se están llevando a cabo las audiencias de formulación de cargos por incendio doloso. Yo creo que mañana estarán todos liberados, porque esto forma parte de un circo de la Justicia y del poder político, para no ir hacia las verdaderas causas que originaron el fuego”.

El Estado de las cosas

“Estamos muy preocupados”. Del otro lado del teléfono habla Viviana Moreno, referente histórica de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel. “Hay incendios locales en todos lados, todos los días. Se logran apagar enseguida porque estamos atentos. Son intencionales, porque son de madrugada”, dice. La voz se pone más tensa: “Estamos desesperados, anoche hubo otro incendio en un barrio. Esto que ocurre es una locura. Ya se están haciendo planes de evacuación de los barrios más inmersos en el bosque nativo”. 

Para Viviana, el fuego es el resultado final de una combinación explosiva de factores: un abandono del Estado de los bosques comunales, que deben ser limpiados, raleados sistemáticamente y no sucede; las plantaciones de pinos como monocultivo, altamente combustibles; el cambio climático: altas temperaturas impensadas años atrás, sequía y vientos fuertísimas; y la falta de equipamiento y la precarización laboral de los brigadistas que combaten los incendios forestales”.

Hernán Mondino integra la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces. Da un marco de la situación: “Pedimos 15 compañeros para reforzar la temporada e ingresaron solamente seis. Y encima, por la política general de gobierno renunciaron cuatro. A esto se suma que los brigadistas tenemos contratos laborales de tres meses. O sea, los números son siempre negativos y de esa política hay responsables concretos que se llaman a silencio. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego ahora depende de Patricia Bullrich y en este contexto que vivimos Parques Nacionales sigue despidiendo gente. Estas responsabilidades se quieren ocultar buscando chivos expiatorios o culpables efímeros para desviar lo que realmente pasa”.

El vecino de Golondrinas que pide reserva de su nombre recuerda que desde el catastrófico incendio de 2021, aún hay gente que sigue sin agua, cuatro años después. También dice que sólo en enero, ya debió apagar cuatro veces el fuego iniciado por el chisporroteo de cables y por la quema de transformadores. “Cuando hay viento, están cortando la electricidad, porque saben que eso puede generar más incendios, lo que refleja la falta de inversión. Como no pueden resolver los problemas de infraestructura, por no haber inversión estatal, acusan al pueblo de terrorista, cuando son los gobiernos quienes están generando políticas de terror a favor de sus negociados”. 

Agrega Nelson Ávalos, de la APDH: “Acá se juegan intereses que trascienden a los incendios y se está utilizando el desastre para allanar el camino. Queda demostrado la complicidad estatal con lo que pasó el miércoles con esa patota y la impunidad con la que se movieron: cometieron un delito en flagrancia, a los ojos de la policía, que no hizo nada. Es evidente que su accionar fue avalado y que busca, generando desconfianza, romper un tejido social, una solidaridad de hermandad construida en toda la Comarca”.

La autodefensa de la autogestión

Hay dos movimientos que están sucediendo al mismo tiempo: la persecución, por un lado, y la organización popular que crece cada día un poco más. Iván González, vecino de Lago Puelo, reflexiona: “Todas las acciones que se están haciendo desde los gobiernos son conducentes a desarticular la red comunitaria que se formó para luchar contra los incendios y crear enemigos internos como el pueblo mapuche. El crecimiento inmobiliario en El Bolsón hace que la ciudad casi ya no tenga dónde crecer, porque es un valle encajonado, y entonces se pretende avanzar con loteos inmobiliarios hacia los lugares rurales, justamente como es la zona de Mallín Ahogado”. Iván suma un elemento: “La aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) vino a acelerar la realización de proyectos mega turísticos hoteleros y mineros, en un territorio donde hay una resistencia importante a que no talen los bosques, donde hay muchos productores apostando a la agroecología, donde en definitiva existe un obstáculo importante para sus proyectos urbanizadores”.

Y suma otro más: “A ellos les molesta que haya gente organizada contra sus planes, todos articulados por Joe Lewis. De hecho, es muy sospechoso que el incendio en Mallín Ahogado haya empezado pocas horas antes de lo que iba a ser la novena marcha hacia Lago Escondido, que año tras año visibiliza que se trata de un lago usurpado por un empresario”.

Iván pide no desviar el foco principal: apagar el fuego. “Intentan meter miedo y romper nuestra organización, mientras las llamas siguen descontroladas en la montaña, en las laderas, y ayer ya ni había aviones hidrantes volando. Entonces, si esperamos que 100 brigadistas de los servicios estatales –en un estado de cansancio total, con unas viandas deplorables y casi sin nafta para el uso de motobombas–, apaguen estos incendios no va a ocurrir hasta dentro de varios meses. El desfinanciamiento se traduce en la poca capacidad operativa del Estado para apagar el fuego. Ni hablar cuando hay varios fuegos en simultáneo, como ahora, que son cinco. Los mismos jefes del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) y todas las brigadas, reconocen que están con una frazada corta, que sacan de un lado y ponen en otro, que mueven aviones de un incendio al otro y no logran apagar ninguno. Por eso, no nos queda otra que las brigadas de vecinos voluntarios estemos de pie, que hoy cuadriplicamos en cantidad a quienes conforman los servicios estatales. La organización es muy grosa, hay muchísima gente participando”.

Existen roles bien marcados. Están quienes van al frente de la batalla contra el fuego; quienes organizan las viandas –hay un montón de cocinas y en cada una hay siete personas en cada turno–; están quienes se encargan de distribuir la comida; hay gente que organiza los animales; otro equipo ya pensando en la reconstrucción de las casas; uno más, imaginando cómo hacer las estufas para las nuevas viviendas; y otro, ideando cómo volver a reforestar, si con bolitas de arcilla o semillas. Plantea Iván: “La organización de autodefensa es enorme. Y apuntan a derribarla. Por eso estamos repitiendo un versito, que no es ningún verso, y es que a la represión, a su cacería y a los incendios, los combatimos con apoyo mutuo, con cuidados, con autogestión. El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos en los territorios y en las calles”.

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