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Servicios públicos y empresas privatizadas. Caso testigo: los detenidos en la estación de Haedo (provincia de Buenos Aires)

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Los hechos: El 1 de noviembre de 2005, “los usuarios y usuarias” del ex-ferrocarril Sarmiento (hoy el servicio es brindado por la concesionaria de ferrocarriles TBA Transportes de Buenos Aires, de la familia Corigliano), una vez más tuvieron que soportar hasta el hartazgo el pésimo servicio de la empresa concesionaria TBA: el mal estado de los trenes, el hacinamiento en los vagones, el agua que entra cuando llueve porque las ventanas están rotas, los pocos ganchos que hay en los furgones para que los trabajadores cuelguen sus bicicletas, la suspensión permanente del servicio sin previo aviso, demoras sistemáticas, accidentes continuos, incendios y desper fectos técnicos cotidianos que ponen en riesgo la integridad física de los pasajeros (más de 400 muertes por año), son sólo algunas de las situaciones que atraviesan habitualmente los usuarios y usuarias de esta línea.
Ese martes 1 de noviembre el cansancio y el hartazgo de “usuarios y usuarias” de la línea de trenes que une la Capital Federal con la zona oeste del conurbano bonaerense, se expresó en una espon- tánea acción-manifestación pública de sus reclamos.
El tren que partió de Moreno en horas de la mañana y que iba para la estación de Once, ya venía con un atraso de más de media hora y tenía serios problemas, al punto de que se incendió uno de los motores por lo que se conoce como “falta de retorno eléctrico”. En otras palabras, por la sobrecarga de motores y los cableados hubo un recalentamiento que deriva en un incendio. Son numerosos los testigos que cuentan que era imposible subirse a ese tren como a uno posterior porque estaban repletos, con la gente colgada, por lo que ya los pasajeros acumulaban una hora de atraso. Cuando la formación llegó a Haedo con el primer vagón incen- diándose, les dijeron que el tren no continuaría viaje y que debían bajarse. Se juntaron entonces tres trenes. Había miles de pasajeros varados y a la deriva; así, los pasajeros de uno de los trenes debieron bajarse como pudieron en medio de las vías electrificadas y caminar los 500 metros que los separaban de la estación de Haedo. Allí estalló la bronca: los pasajeros ya no veían chances de llegar a la Capital, perdían el premio por presentismo -que en muchos trabajos es casi tan alto como el sueldo- y la furia se desató.
Varios pasajeros denunciaron que los incidentes sucedieron tras un intento de la Policía Bonaerense de desalojar a los miles de usuarios de los andenes con balas de goma y gases lacrimógenos (algunos testigos dicen que también dispararon con balas de plomo).
Hubo quince vagones quemados, parte de la estación de Haedo incendiada, algunos comercios saqueados y roturas de vidrieras. Pasaron más de cinco horas, y con la llegada al lugar de más de 40 móviles de las policías Federal y Bonaerense y de la Gendarmería Nacio- nal, se desató una cacería humana indiscriminada en busca de los “culpables”. Llegaron las detenciones, más de ochenta, luego las torturas y el encarcelamiento.
Ante estos hechos y a pesar de que los mismos aún no fueron clarificados, siete jóvenes de entre 19 y 30 años están presos en los penales federales de Ezeiza y Marcos Paz y un menor de edad se encuentra internado “en resguardo” en el Instituto Roca. Seis de los jóvenes junto al menor son defendidos por FIDELA. Existen más de 60 personas que están procesadas por los mismos hechos, entre los que se encuentran trabajadores, estudiantes, cartoneros y deportistas, a quienes se los responsabilizó de los incidentes ocurridos en ocasión de dicha protesta. Todos estos pasajeros están siendo acusados por los delitos de lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra efectivos de las fuerzas de seguridad, atentado y resistencia a la autoridad, obstrucción al transporte público, incendio agravado por el peligro común para los bienes y peligro de muerte para alguna persona, daño agravado por ser ejecutado en perjuicio de bienes de uso público, entre otros. Delitos cuyas penas van desde los 3 hasta los 30 años de prisión.
Rodrigo Valdez, José Gutiérrez, José Freddy, Roberto Canteros, Cristian Wenk, Matías Barreto, Julio Gutiérrez y Eduardo Navarro, son los nombres de los siete presos que están en los penales de Ezeiza y Marcos Paz y del menor internado en el Instituto Roca.
El juez federal que les niega la excarcelación es Germán Castelli, a cargo del juzgado nº 1 de Morón y argumenta que como la escala penal es muy grave -va de 3 a 30 años- los acusados pueden intentar fugarse. Además de los procesamientos y las prisiones preventivas, el juez trabó, sobre varios de los procesados, embargos de más de $ 3.000.000. Varios de los detenidos que están en la causa nº 13.806, tienen un embargo por $ 3.186.000 pesos. Si cualquiera de los detenidos tuviera bienes por más de $ 3.000.000, ¿viajaría todos los días en el tren Sarmiento para ir hasta un trabajo, a ganarse $ 600 aproximadamente?
Cabe destacar que ninguno de los detenidos tiene antecedentes penales y que los testigos que acusan con nombre y apellido a los supuestos culpables son casi en su totalidad policías, que previo a declarar habían visto los videos de seguridad en el Ministerio del Interior.
Según el gobierno nacional estos son los supuestos “activistas” de partidos de izquierda, de organizaciones populares y sindicalistas ferroviarios que “planifi- caron” la reacción ante el hartazgo de la cancelación de servicios. Son los “culpables” de haber organizado previa- mente los hechos sucedidos y aún no esclarecidos en la estación de trenes de Haedo. Estudiantes, cartoneros, depor- tistas y trabajadores son algunas de las víctimas del maltrato y la violencia a que TBA somete a miles de usuarios y usuarias todos los días y a los que hoy junto con el gobierno nacional hace responsables de los incidentes.
Los hechos de Haedo aún siguen confusos y lo cierto es que hay pasajeros encarcelados y que soportan vejámenes dentro de las cárceles argentinas, en las de Ezeiza y Marcos Paz.
Además del encarcelamiento y el procesamiento de decenas de pasajeros, la respuesta del gobierno a una semana de sucedidos los hechos, fue la de premiar a Trenes de Buenos Aires, junto a otras empresas ferroviarias conce- sionadas, aumentándole los millonarios subsidios que le brinda a esta empresa desde que obtuvo la concesión del servicio.
Por aquellos días, los pasajeros decían:
“La gente sale del tren de manera irracional y como viene acumulando bronca, sale enardecida. Lo primero que pensas es ‘este tren de mierda’.”
“Cuando vos estás ahí adentro y hay problemas técnicos, querés salir, porque no sabes la gravedad de lo que sucede. El miedo produce desesperación y violencia”
“Te da bronca, pagas el boleto y es todo un desastre”.
“Las condiciones del viaje hace que la gente se vuelva insensible, porque son condiciones dignas de un animal”.
“Se viaja como perro”.
“Era sabido que iba a pasar algo así”.
“Este tren para siempre. Es un desastre. Tomo el que viene de Temperley, pasa una vez por hora, así que uno viaja como ganado”.
La criminalización: La posible conno- tación política de lo sucedido no fue alimentada, por los funcionarios que se hicieron presentes desde temprano en el lugar de los hechos.
A las dos y media de la tarde, el subsecretario de Seguridad bonae- rense, Martín Arias Duval negó la presencia de “infiltrados” entre la multitud que prendió fuego. Para Arias Duval, los incidentes fueron generados por “pasajeros comunes, en su mayoría trabajadores, que reaccionaron de esta manera frente a la incomodidad que, debe ser frecuente en la manera que viajan”.
Sin embargo, dos horas después, el ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian planteó, en conferencia de prensa, la posibilidad de un complot, tal como lo había señalado antes el ministro del Interior.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostuvo que se trató de “un delito preparado y pensado para producir el desmán”, del que hizo responsables a “grupos de sindicalistas ferroviarios opositores, partidos de izquierda y agrupaciones políticas”. Aníbal Fernán- dez realizó una conferencia de prensa donde presentó a los hechos como un “armado” de organizaciones políticas y delegados gremiales de la oposición ferroviaria.
A su vez, el comisario Iglesia declaraba que “algunos de los detenidos son de organizaciones sociales y es posible que estuvieran viajando hacia Mar del Plata, para la Cumbre, pero por el momento no tenemos identificados políticamente a los detenidos.” Al día de la fecha no apa- reció ninguna prueba que de cuenta de estos argumentos y acusaciones; así como tampoco hay evidencias de que los detenidos se conocieran con anterioridad y de que hayan “planificado” lo sucedido en Haedo.
Los principales gremios ferroviarios convalidaron el discurso del Gobierno sobre lo que ocurrió en la estación de trenes de Haedo. Dirigentes de La Fraternidad acusaron por los incidentes a “agentes de izquierda” y el titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, avaló incluso lo dicho por la empresa TBA: “Eran grupos organizados que viajaban con destino a la anticumbre en Mar del Plata”. Tanto Omar Maturano, de La Fraternidad, como José Pedraza, de la Unión Ferroviaria, repudiaron los hechos y responsabilizaron a “sectores mino- ritarios, amparados en las necesidades que aún anidan en el seno de nuestro sociedad”. Maturano se refirió direc- tamente a Edgardo Reynoso y otros “dirigentes de ultra izquierda que buscan manchar la democracia y desestabilizar”.
Desde el Gobierno nacional, la voz que se pronunció fue la del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien insistió en que se trató de un “sabotaje” y confirmó la denuncia penal contra los sindicalistas Edgardo Reynoso y Armando Rivas. Hacia ellos y hacia los “grupos de ultra izquierda” apuntó el gobierno nacional. Los dos trabajadores que el ministro del interior acusó, Reynoso y Vivas, ambos fueron dirigentes de la resistencia contra las privatizaciones, en los años 91 y 92, quedaron en la calle, junto a 85.000 ferroviarios.
Cabe recordar que fue Aníbal Fernández -cuando era ministro de Producción del entonces presidente Duhalde- quien le convalidó a TBA su contrato de concesión y le amplió los subsidios.
Contrariamente a los dichos y supuestos del gobierno nacional, el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, responsabilizó a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) por los graves episodios de violencia registrados el 1 de noviembre en la estación ferroviaria de Haedo, al señalar que fueron conse- cuencia de “flagrantes violaciones a los derechos humanos que padecen millones de usuarios diariamente”. El ombudsman recordó que en julio de 2005 promovió una acción judicial (la cuarta presentación ante la justicia) contra las empresas concesionarias del transporte ferroviario de pasajeros del área metropolitana “por prestar un servicio público en pésimas condiciones, con grandes desidias en el mantenimiento, que incluso en algunos casos acarrea un grave riesgo para la vida de las personas”.
Gobiernos y empresarios: La empresa privada concesionaria de ferrocarriles Transportes de Buenos Aires (TBA), donde el Grupo Plaza-Cirigliano es el principal accionista (controlado por los hermanos Claudio y Mario Cirigliano), tiene en concesión a los ex-ferrocarriles Sarmiento y Mitre, además de ser propietarios de las líneas de colectivos 61, 62, 104, 133, 141 y 129, entre otras. Bajo el control de Plaza, los hermanos Cirigliano reclutaron a varias empresas colegas y armaron la compañía Cometrans para participar en las privatizaciones ferroviarias. Tras el reparto de las concesiones que había ganado con el grupo Roggio, Cometrans se quedó con el manejo de los ferrocarriles Mitre y Sarmiento y una participación en los subtes. Además de los trenes, el grupo Cirigliano explota los ex talleres militares de San Martín e integra el consorcio operador del Metro de Río de Janeiro.
A partir de 1983, el desguace del ferrocarril se intenta primero con Alfonsín de la mano de Terragno y, luego Menem, con toda la iconografía peronista y el embuste privatiza los ferrocarriles y expulsa a 85.000 trabajadores ferro- viarios a la calle. Las huelgas de 1991 y 1992 fueron los actos de resistencia por parte de los trabajadores ferroviarios. Los burócratas de los gremios ferro- viarios no sólo se opusieron a esas resistencias sino que fueron cola- boracionistas con las políticas nefastas del menemismo. Hoy las políticas implementadas por el menemismo conti- núan. El ferrocarril continúa conce- sionado, subvencionados con millonarios subsidios.
Durante la década del 90, los grupos empresarios se repartieron las conce- siones ferroviarias de la siguiente manera: Cirigliano, patrón de TBA; Taselli, de Metropolitano; Roggio, de Metrovías. Ellos dieron su gran salto cuando Carlos Menem privatizó los trenes metropolitanos. La privatización subsidiada desde el gobierno de Menem hasta el de Kirchner significó la eliminación brutal de puestos de trabajo, desocupación masiva, el vaciamiento de la empresa, la tercerización y la flexibilización laboral, como así también la carencia de inversiones en man- tenimiento y seguridad que dejan como resultado un servicio colapsado y en riesgo permanente. Juan Carlos Cena, miembro fundador del MoNaReFA (Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos) , autor del libro El Ferrocidio, denuncia toda esta situación y llama la atención sobre lo que vienen sosteniendo hace casi un año en relación a que en cualquier momento se produciría un “Cromañón ferroviario”.
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, aseguraba hace tiempo, cuando se decretó la emergencia ferroviaria a través de un decreto firmado por Eduardo Duhalde, nunca derogado, que se está frente a un vaciamiento. En consecuencia elevó un informe al Ministerio de Economía recomendando que: “se abstenga de asignar subsidios, porque se transformarían en premio a la ineficiencia…además, no existen garan- tías de que el subsidio se utilice para lo que fue creado, mejorar el servicio”.
A su vez, el presidente de la Auditoria General de la Nación, Leandro Despouy, viene advirtiendo hace varios años el deplorable estado de los trenes, a través de diferentes informes. “En varios casos hemos recomendado la rescisión de los contratos”.Despouy dejó claro que la CNRT tampoco hace nada: “El Estado tampoco cumple con obligar a las empresas a realizar las inversiones comprometidas obligatoriamente. Enton- ces incumplen las empresas con las inversiones y también incumple el Estado con los controles y no solo eso, en lugar de penalizar a las empresas, las subsidia”.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), es el ente regulador que debería obligar a las empresas a cumplir con los contratos y en caso de incumplimientos está facultada para aplicar sanciones; depende de la Secretaría de Transporte. El secretario de Transporte, Ricardo Jaime es cordobés, durante la década de los 80, se radicó en Santa Cruz, fue funcionario del gobierno provincial de Kirchner, y un tiempo después recaló en la Capital Federal como Secretario de Transporte. Ricardo Jaime tiene varias causas penales y la denuncia del Defensor del Pueblo, Mondino, por la violación de los Derechos Humanos. En noviembre de 2005, la Cámara Federal ordenó reabrir una causa penal contra el actual secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y el subsecretario de Transporte Ferro- viario, Julio Tito Montaña. Es por el pago de subsidios millonarios a em- presas concesionarias de ferrocarriles a pesar de que seguían sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y confort exigidas por contrato. La inves- tigación, impulsada por la Oficina Anticorrupción (OA), había sido archiva- da por decisión del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Rodolfo Canicoba Corral.
En lo que respecta a las líneas Sarmiento y Mitre, la empresa TBA transporta por mes algo más de 9 millones de pasajeros y cobra un subsidio compensatorio de casi 7 millones de pesos mensuales. Pese a la ayuda estatal, la empresa entró en convocatoria de acreedores a mediados del año 2005. La mayor parte de la deuda corresponde a los embargos judiciales por accidentes. De los dos ferrocarriles que tiene a su cargo, el Sarmiento es el que acumula los mayores reclamos de los usuarios.
A menos de diez días de ocurridos los hechos en la estación de Haedo, el gobierno nacional decidió, gracias a las “facultades extraordinarias” delegadas por el Congreso al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, aumentar los subsidios a las empresas concesionarias de los trenes y subtes. Mediante las “facultades extraordinarias”, que permi- ten modificar el Presupuesto 2005 votado en el Congreso, Alberto Fernández modificó sensiblemente los subsidios a los trenes que figuraban en el Presupuesto 2005. Por ley corres- pondían 60,2 millones de pesos de subsidios al total de concesionarios, pero hacia mediados de noviembre, ya se llevan gastados 244,7 millones de pesos. Se destinaron en subsidios cuatro veces más de lo presupuestado; por ejemplo, a la empresa TBA le correspondían 18 millones de pesos durante todo el año 2005, pero faltando un mes y medio para que termine el año ya había recibido 70,9 millones de pesos. La regla es clara: cuánta más deficiencia en los servicios, más transferencias de dinero a los conce sionarios de los trenes suburbanos.
El ya citado Juan Carlos Cena, miembro del MoNaReFA, comenta en relación a la actitud y decisión del gobierno nacional, que: “este es el costo que debemos pagar y sufrir como consecuencia de las políticas de Estado impuestas por este gobierno: que es la de haber elegido continuar con la política ferroviaria de los 90, con la agravante de que los concesionarios han demostrado sus ineficiencias destruyendo y saqueando parte del patrimonio nacional”. Denuncia que: “el gobierno ha definido toda una política referente a los ferrocarriles: censura toda información donde se muestre la depredación y el desguace, o se informe sobre su estado calamitoso en manos de los industriales nacionales (se refiere entre otras cosas a la censura al programa televisivo “Huella Digital”, que iba a realizar una emisión en relación a la situación de los ferrocarriles hoy), la otra, es judicializar a los trabajadores ferroviarios. Sintetizando: censura a toda información y penaliza a los trabajadores que luchan por un ferrocarril al servicio del pueblo, ambas acciones son partes de una misma política: Silencio y Represión”.
Silencio al que están sometidos los “olvidados” pasajeros que se encuentran presos desde hace más de cuatro meses en las cárceles federales.
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“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

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La comunidad mapuche lof Paillako realizó una recuperación territorial en 2020, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en lo que históricamente fue hábitat mapuche tehuelche. Días después de iniciarse el fuego, Ignacio Torres apuntó como responsables a la comunidad y puntualmente a uno de sus integrantes, Cruz Cardenas, con pruebas inexistentes. El “mapuchómetro” y los incendios que vienen desde 2008. Las no respuestas del gobernador y del presidente interino del Parque. El comunicado de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, lo que dice la Constitución y la respuesta de toda una comunidad que cuenta cómo, desde su cosmovisión, la vida se vive de otra manera.

Por Francisco Pandolfi desde Esquel

Fotos Nicolás Palacios

desde Esquel

El jueves 25 de enero por la noche comenzó el incendio en el Parque Nacional Los Alerces que, dentro de su jurisdicción y fuera de sus límites ya en tierras provinciales, quemó alrededor de 8 mil hectáreas. Cinco días después del primer foco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó lo siguiente sobre las responsabilidades del fuego:

“Una vez controlado el incendio vamos a empezar con una investigación muy fuerte para quienes hacen esto desde hace muchos años en Chubut. Lo hacen para tomar tierras. Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario. El problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras en Neuquén, en Río Negro, en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo”.

“Hay que separar los pueblos originarios de los delincuentes que no están legalmente constituidos, como es el caso de la toma en el Parque Nacional Los Alerces, que no tiene nada que ver con los pueblos originarios. El delito es del exbrigadista Cruz Cardenas que se autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido. Quiero hacer esta diferenciación: en Chubut convivimos en total armonía con Pueblos Originarios, que es gente trabajadora y de bien y no tiene nada que ver con estos pseudo mapuches que se embanderan para cometer delitos, tomar tierras, amedrentar a los vecinos, incendiar campos y zonas privadas”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

Apuntados por el gobernador

Al escuchar estas declaraciones en Radio Rivadavia –luego replicadas por una tropa de medios de comunicación– se podría presumir que absolutamente todas las pruebas existentes en la causa judicial por el incendio, que lo lleva el Tribunal Federal de Esquel, condenan como autor a Cruz Cardenas, integrante de la comunidad mapuche Paillako.

Sin embargo, hasta el momento no hay absolutamente ningún indicio que culpe a Cruz Cardenas ni a nadie de la lof.

Desde lavaca intentamos comunicarnos con Ignacio Torres para preguntarle qué pruebas ostenta para asegurar lo que dijo tres semanas atrás, el domingo 28 de enero. Hasta el cierre de la edición de esta nota, no había respondido al pedido de entrevista.

La comunidad mapuche Paillako (“tranquilo”, en mapuzungun) recibe a este medio para charlar, como una especie de derecho a réplica, sobre el señalamiento del máximo mandatario provincial. El encuentro se da en ronda dentro de la comunidad, que está dentro de los límites del Parque Nacional Los Alerces, que a su vez está dentro de lo que históricamente fue territorio habitado por el pueblo mapuche-tehuelche.

Hace cuatro años que la lof Paillako inició la recuperación de su territorio en ese lugar, donde hace más de cien años vivieron sus ancestros. “Mis abuelos paternos se instalaron un tiempo antes de la creación de Parques Nacionales (1937), que cuando llegó empezó con los desalojos y sometimientos hacia las poblaciones. Antes acá era todo abierto y Parques achicó y cerró espacios, hasta llegar al día de hoy que para hacer cualquier cosa debés pedirle permiso, ya sea para hacer un baño o poner una chapa”, cuenta Cruz Cardenas, el apuntado por Torres y compañía.

Tiene 35 años, le dicen “Lemu” y trabajó varios años como brigadista. Aunque no está acostumbrado a dar notas, consensuaron colectivamente salir a hablar. “Necesitamos que se difunda lo que está pasando acá. Esto es día a día y están avanzando contra nosotros; acaban de arrestar a un peñi de otra comunidad (Matías Santana, testigo en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado), están cazando mapuche por todos lados”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Cruz Cárdenas Foto Nicolás Palacios para lavaca

Mapuchómetro

El gobernador se refirió a Cardenas como quien se “autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido”.

Reflexiona Cruz: “El ser mapuche siempre lo sentí, aunque mis padres no se reconocían así; me decían que mi apellido era español, no mapuche. Junto a una machi (líder espiritual) fui haciendo mi propio camino de reconocimiento y comprendí la importancia de reivindicar y recuperar el territorio. Acá se dio la resistencia de las poblaciones preexistentes y las masacres winkas; estuvieron los invasores, con sus armas poderosas. Eso generó nuestra recuperación del territorio hace cuatro años”. Va más allá: “Cada familia tiene un proceso de reconstrucción, en lo espiritual, en la lengua”.

Maru, a su lado, también conforma la comunidad. Su compañero es mapuche y ella pertenece al pueblo charrúa. Tiene a su pichi (pequeño) en brazos. “Uno de los motivos para preservar el territorio es el acompañar a las crianzas, que tengan una alimentación real, que no se críen pensando que la comida crece en una góndola, sino que sepan que viene de la tierra, cómo cultivarla; que entiendan cómo criar, cuidar y respetar a un animal, incluso si lo van a comer; que puedan crecer más sanos y que si se enferman, conozcan la medicina que también crece en la tierra”.

A la izquierda está Lliuto, lamien (hermana) de la lof: “El ser mapuche no tiene que ver con lo externo, sino por lo que uno siente, la conexión con el lugar. Es un bajón que el gobernador utilice un mapuchómetro cuando habla. Es difícil conectarse con el entorno rodeados de cemento, de ruido, del estrés que nos provoca la rutina. Cuando uno quiere volver al territorio siempre está latente la pregunta, ¿cuál es el mío? Ahí caemos en la realidad de que somos un pueblo que quisieron exterminar, que sufrió un genocidio, que hubo mucha tristeza. Mis abuelos dejaron de hablar en mapudungun para resguardar a sus hijos y a sus nietos, porque les pegaban en la escuela. Por esa historia, este proceso lo atravesamos con mucho dolor, pero lo encaramos con más fuerza para reivindicar nuestra tierra, que nos siguen negando hoy”.

Enlaza la cosmovisión mapuche con lo que está pasando en Los Alerces. “Si uno tiene un vínculo con el territorio, si puede sentir esa conexión, se es mapuche en todos lados; siempre con respeto, claro. Por eso jamás se nos ocurriría hacer un daño como provocar un incendio; nos duele un montón saber que se están perdiendo años y años de vida… porque la vida más allá de lo humano y nosotros luchamos por defender lo que hay a nuestro alrededor”.

Foto Nicolás Palacios para lavaca

¿Quién negocia con las tierras?

Tras las declaraciones del gobernador, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro repudió sus dichos: “Sobre el pueblo mapuche históricamente se ha construido la imagen de la violencia: invasor, asesino y ahora terrorista, negando su preexistencia al Estado. Este discurso ha sido utilizado para avalar la violencia estatal, que hace 145 años ocupó el territorio de la Patagonia, luego de la campaña genocida. En la actualidad la defensa del territorio por parte de las comunidades mapuche tehuelche frente al extractivismo salvaje es catalogada como terrorismo. Este argumento pretende ser utilizado para enviar nuevamente al Ejército al territorio”.

En otro fragmento, denuncian: “En este discurso anti-mapuche, el gobernador se arroga el derecho de reconocer quién es mapuche y quién no, algo claramente contrario a derecho. Años atrás éramos quienes poníamos en amenaza la soberanía argentina, ¿hoy somos quienes incendiamos nuestro propio territorio? El gobernador expresa que la intencionalidad de los incendios y la responsabilidad del pueblo mapuche tehuelche están dadas porque detrás de cada conflicto comunitario hay un negocio inmobiliario de tierras. Es ilógico, no somos nosotros quienes negociamos el territorio con empresarios extranjeros. No somos nosotros los invasores. No somos nosotros quienes provocamos los incendios de nuestro propio territorio”.

La comunidad Paillako además de defenderse de las acusaciones del gobierno provincial, también denuncia atentados: “En los cuatros años que lleva esta recuperación, intentaron prendernos fuego ocho veces, porque no quieren que estemos acá”, afirma Cruz Cardenas. “Es muy doloroso la destrucción; lo que se está perdiendo en el bosque costará muchos años en volver. Se regenerará si se cuida como se debe, si es que estos fuegos no se originan para explotar la montaña, para limpiar y después hacer algún emprendimiento”.

–Con las leyes actuales de Parques Nacionales las tierras no se pueden vender.

–Cruz: Muchos dicen que en Parques Nacionales no pueden hacerse negocios inmobiliarios, ni explotaciones, pero hay muchas hectáreas quemadas que ya no corresponden a Parque, son parte de terrenos fiscales de la provincia.

–Lliuto: En el Parque hay una gran cantidad de negociados, emprendimientos inmobiliarios que no lo tiene la gente mapuche…

Cruz, ¿por qué creés que el ensañamiento fue hacia vos?

–Ellos saben que para cualquier explotación y mega proyecto que dañe la tierra, van a tener una oposición del pueblo mapuche. Entonces, esto les sirve para pedir con más fuerza que nos desalojen y poner a la gente en nuestra contra para sacarnos del camino.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

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Preexistencia sin valor

Cruz Cardenas, junto a su compañera, fueron denunciados por el delito de usurpación cuando llevaron a cabo la recuperación territorial. El abogado defensor, Gustavo Franquet, le explica a lavaca: “La acusación de usurpación no tiene ningún sustento, porque las familias de Cruz y de su compañera son pobladoras del lugar, han estado históricamente ahí; ellos hicieron una recuperación de su identidad e inmediatamente comenzó el hostigamiento de Parques Nacionales y la denuncia por usurpación. La respuesta que reciben del Estado no es de reconocimiento, ni de respeto a ese proceso entendiendo que son pueblos preexistentes como dice la Constitución Nacional y que tienen derecho a recuperar y construir plenamente su identidad. No, al contrario, lo que supuestamente te lo dan en las grandes palabras que figuran en la Constitución, después te lo sacan en las mezquindades de los funcionarios y del Poder Judicial”.

La causa está elevada a juicio en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. En las declaraciones que hizo Torres dijo que “la causa es por una toma de hace varios años, de 2016”. El mismísimo expediente lo desmiente, ya que la recuperación data de enero de 2020. Dice Franquet: “La cantidad de cosas sin sentido que dijo el gobernador de Chubut… Esta gente es todo el tiempo así, está acostumbrada a decir cualquier cosa. Evidentemente decir cualquier cosa es la característica de esta época, pero claro que tuvo una intención: lo hizo para apretar a que los desalojen”.

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5 grandes incendios en 15 años

Este incendio no es el primero que ocurre en este Parque. En los últimos quince años hubo cuarenta focos intencionales y cinco grandes fuegos que arrasaron en 2008, 2015, 2016, 2023 y 2024 alrededor de 17 mil hectáreas.

La anterior gestión del Parque Nacional Los Alerces había iniciado una mesa de diálogo con la lof Paillako para destrabar el conflicto. “Habíamos llegado a un buen acuerdo; la negociación implicaba varios puntos, entre ellos que nosotros habilitemos un camino que cerramos por seguridad cuando hicimos la recuperación, y desde Parque se iba a reconocer nuestro territorio. Para eso nos exigieron tener una personería jurídica, que en verdad nosotros no creemos necesario tener, pero igual la hicimos. Sin embargo, el intendente de Parque (Hernán Colomb) renunció en agosto pasado y el diálogo se cortó”.

Dice la comunidad: “A raíz de los últimos incendios, levantamos el bloqueo del camino que habíamos hecho; hablamos con los brigadistas y razonamos que lo mejor era habilitar ese lugar y que se volviera a utilizar ese camino”.

Hoy en día, Parques Nacionales no tiene autoridades elegidas. El directorio está acéfalo y en el Parque Nacional Los Alerces se nombró como interino al guardaparques Danilo Hernández Otaño, con quien la comunidad aún no tuvo contacto. El pedido de entrevista previo a la publicación de esta nota, no fue contestado.

Re-existir

En Paillako hay vacas, caballos, gallinas, abejas y anhelan a que pronto haya ovejas también. Hay huertas familiares, comunes entre varias rucas (casas) y hay una siembre comunitaria, entre la totalidad de la lof. “Acá se da muy bien la papa, la haba, el ajo, las arvejas, el trigo; los cereales se dan casi todos”, dice Maru. Agrega Cruz: “También los árboles frutales, como manzanas, ciruelas, guindas, frambuesas y frutillas. Nuestro propósito es ir haciendo mayores escalas para garantizar una buena alimentación y que nos permita hacer intercambios”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

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¿Qué molesta de que estén acá? Intercalan la voz, en ronda, y confeccionan una respuesta común: “Nada, nada, no les estamos molestando en nada. Si les molesta es porque somos mapuche. Porque ni siquiera es que jodemos al turismo. Pensemos: quienes perjudican el turismo son los que le echan miedo al turista por la existencia del mapuche, esas personas generan los problemas, no nosotros. Y otra cosa: la comunidad tiene menos de 2 mil hectáreas, mientras que el Parque Nacional Los Alerces cuenta con 250 mil. O sea, tampoco es que estamos tomando el parque, ¿no?”.

Agregan: “Creemos que lo que jode es que nunca vamos a estar de su vereda, nunca pensaremos en explotar la tierra para hacer plata y hacerla bosta. Hoy ni siquiera se puede acampar gratis en el Parque (dormir una noche en un camping oscila entre 12 mil y 14 mil pesos), antes era todo libre y ahora la mayoría es privado. Por eso es importante recordar que las leyes de Parque están hechas en tiempo de dictadura (firmadas por Jorge Rafael Videla); en base a eso se manejan hoy”.

Cierra la comunidad, entre mate y mate, mientras los pichis corren, comen frutas, se caen y se vuelven a parar: “Se viene difícil el futuro, complicado, eso lo sabemos; nosotros tenemos que estar fuertes, amparados por las fuerzas que nos protegen en este lugar; acá vamos a resistir, no pueden sacarnos de nuestro territorio, no vamos a permitir más desalojos”.

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Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

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El incendio generado en el Parque Nacional Los Alerces, que ya lleva quemadas alrededor de 8 mil hectáreas, se extendió a la población rural de Alto Río Percy, a 13 kilómetros de la ciudad de Esquel, en Chubut. La casa más alejada es la de Gisela y Lorena, dos amigas que debieron autoevacuarse con las llamas a menos de quinientos metros. Creyeron que habían perdido todo, pero su casa se salvó. Alrededor, se quemó todo. La explicación de lo inexplicable. La falta de prevención. La vida en un paraíso, ahora arrasado por el fuego. Y una colecta colectiva, para empezar la reforestación.

Por Francisco Pandolfi desde Esquel

Dos pasos y medio. Ni más ni menos. 

Sesenta centímetros.

Ni más ni menos.

No hay nadie en el poblado rural Alto Río Percy, donde viven alrededor de cien personas en las afueras de la ciudad chubutense de Esquel, que no hable de “milagro”, de “cosa de mandinga”, “de creer o reventar”, “de algo fuera de lo común, nunca visto”.

Acá, todo lo que se ve es impresionante. Impresionantemente triste. Impresionantemente carbonizado.

Y en medio de todo quemado, una casa sin quemar.

La vida, como oasis en un desierto rodeado de muerte.  

Autoevacuadas

El fuego en el Parque Nacional Los Alerces comenzó el 25 de enero y una semana después, el domingo 4 de febrero, arrasó con centenares de hectáreas del Percy. En total, ya se quemaron alrededor de 8000 hectáreas, el fuego continúa activo y, aunque según las autoridades el fuego está controlado, preocupan las condiciones meteorológicas (más de 30 grados) y que sigan prendidos varios focos.

Uno de ellos está ahí nomás de una casita hermosa que levantaron con muchísimo esfuerzo Gisela Finocchiaro y Lorena Domínguez, amigas desde hace más de 15 años. La nombraron Monte Lontano. Lontano, en italiano, significa lejano. 

Esta casita es la última del poblado, la más alejada. Tan distanciada que, cuando empezó el fuego en Los Alerces, y previendo que podría avanzar hacia el Percy, colgaron un cartel a un kilómetro del hogar, para avisarle a las autoridades que más allá había una vivienda. El cartel voló por el calor. Y ellas debieron irse cuando las llamas se les vinieron encima: “El domingo 4 de febrero fue el momento más crítico; el fuego se acercó bastante y decidimos irnos a Esquel, que está a 13 kilómetros, con la convicción de que el incendio no alcanzaría la casa. Pero ni bien llegamos, nuestro vecino Fabián nos llamó para decirnos que ya estaba muy cerca, que lo mejor era volver a sacar lo más importante. Regresamos y el fuego ya estaba detrás nuestro, a 500 metros; nos quedamos paralizadas, nuestra casa que habíamos hecho con tanto cariño y amor, no iba a zafar. En esos minutos le rogamos a Defensa Civil que bajaran nuestras cosas, pero debimos autoevacuarnos solas. Por una aplicación de la NASA, seguimos el devenir del fuego y vimos cómo había pasado por nuestra casa, pero a la mañana siguiente nos llamaron que se había salvado; no lo podíamos creer”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Gisela y Lorena en el bosque quemado a metros de su casa / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Prevenir para no curar

Gise invita a pensar: “No nos gusta generar discordia por cómo debimos autoevacuarnos, pero sí nos parece importante contar lo que pasó. Al tener un vehículo pudimos sacar algunas cosas en tiempo récord, pero a nivel país debemos prepararnos de otra manera; hay que tener cuadrillas ya preparadas y no esperar a que pase algo para saber qué es lo que se puede hacer; hay que ganarle de mano al fuego, tener los caminos preparados; si queremos bosques nativos hay que cuidarlos, limpiarlos; acá no se puede llegar donde está el fuego porque no está preparado el área o los suficientes recursos para atacar el fuego. Hace más de 15 años que a Alto Río Percy no le dan bola; el intendente acaba de asumir y este fue su bautismo; confío que todo va a cambiar, pero necesita ayuda de provincia y nación”. 

Lore invita a pensar: “No podés tener brigadistas sin estar en planta permanente, contratados, con un mísero sueldo. Están arriesgando su vida… Me da la sensación de que el gobierno improvisa, va viendo en el camino lo que va pasando, pero todo lo que está en juego es vida. Desde el insecto más pequeño, los árboles, los animales hasta la gente que vivimos acá; estamos hablando de vidas. Alto Río Percy es parte del ejido municipal de Esquel, hoy es noticia nacional, pero nunca se le prestó atención; la gente tiene problemas en el invierno para arrear los animales, no se limpian los caminos, no hay agua, no hay gas”.

Cementerio en el paraíso

Los postes de ciprés que sostienen la casa a un metro de altura están tiznados. Los vidrios que dan a la sala de estar y a la cocina están quebrados. El que da a una habitación en el primer piso, a seis metros de altura, también. ¿Cómo no explotaron? “Pusimos doble vidrio y se rompió la placa del exterior, pero soportó la interna. De haber sido un vidrio común, la casa estaría toda quemada, porque una vez que agarraba las cortinas y luego la madera, chau”. 

Dentro del hogar todo está intacto; con cenizas y un leve olor a humo, pero nada haría imaginar lo que se ve a través de esos vidrios resquebrajados: un cementerio de árboles en medio del paraíso. Esqueletos de un bosque que ya nunca será igual. “Era el hábitat natural de muchas especies nativas que han muerto. Se quemaron lengas, ñires, lauras, radales, todo el bosque nativo. Respecto a la fauna, no sabemos cuántos animales se quemaron y cuántos se escaparon, en una zona donde hay ciervos, liebres, huemules, chanchos jabalíes, pumas, vacas y muchas aves. Esto es una catástrofe natural inconmensurable, a nuestro vecino más cercano, que está a mil metros de acá, se le quemó el 85% de su campo y el fuego quedó a menos de cien metros de su casa”. 

El olor a quemado penetra por las fosas nasales, aunque lo peor se lo llevan los ojos. Todo es gris alrededor de Monte Lontano. O casi todo. Las chicas están sentadas en el deck de madera. Contemplan hacia adelante, literal y metafóricamente. “Miramos el filo del pasto seco, lo que dejó el fuego y es inevitable pensar qué hubiera pasado si se quemaba la casa. Posiblemente hubiéramos vendido todo, o regalado, porque quién te va a comprar esto si no tiene bosque. Quizá nos hubiéramos ido, incluso de la ciudad”. 

Reflexiona Lore: “Tomamos este mensaje que nos da la naturaleza, que tuvo una fuerza imparable y esquivó a la casa dándonos un mensaje. La naturaleza nos quiere acá y vamos a reforestar para poner este lugar mucho mejor de lo que estaba. Teníamos un proyecto a futuro que era construir unos dormis para alojar a turistas”. 

La interrumpe Gise: “Lo tenemos, no hablemos en tiempo pasado”. 

“Es verdad, lo tenemos”. Sonríe Lore y agrega: “Retrocedimos un montón de casilleros, pero lo vamos a lograr en algún momento”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Alto Río Percy, poblado rural arrasado por el fuego / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Un desastre que no termina

El terreno lo compraron en 2018 y a inicios de 2019 empezaron a construirlo, con la ayuda del papá y los hermanos de Lore que son albañiles. A finales de ese año comenzaron a habitarlo. “En esta casa veo a mi papá, que falleció hace un año por una grave enfermedad; veo el esfuerzo de mis hermanos; veo a mi sobrinos chiquitos, que les encanta venir. Como no hay señal, no usan el celular, no están detrás de una pantalla y salen a buscar huesos de dinosaurios, a explorar el bosque; saben que no deben matar insectos ni arrancar ramas de los árboles. Tal vez sean ellos quienes vean esto totalmente verde, como alguna vez existió”.

El fuego sigue activo en todos sus frentes (en la cola, que es en la zona del cerro Centinela donde se originó el incendio; en la cabeza, que es en el Percy; y en los flancos derecho e izquierdo). Contextualiza Lore: “Hay árboles de hasta 200 años quemados y esto no terminó, es un desastre. Se levanta el viento y se reactiva el fuego; hay camionetas, helicópteros y aviones trabajando todo el día, es un caos todavía”.

Completa: “El fuego se originó de forma intencional, no hay dudas; se hicieron dos focos simultáneos dentro del bosque en una zona que no es accesible, que no todo el mundo conoce y que hay que saber llegar y luego salir después de hacer fuego; todavía no hay elementos para culpabilizar a nadie”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Lengas, ñires, radales, algunas de las especies carbonizadas /Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Colecta colectiva

Lo que se pisa es pura cenizas. Y con los pasos, lo que se huele es puro humo. Se ve un caño de plástico de un biodigestor destrozado por el fuego; se ve una mesa de roble en la que los sobrinos de Lore juegan a tomar el té, que sobrevivió. Se ven raíces sobresalidas y muertas, troncos y ramas carbonizadas; se ve una parra de uva rosada que le regaló la abuela de Gise, antes de fallecer unos meses atrás, que también sobrevivió. Debajo del piso flotante, se ven enormes troncos de leña que habían juntado para calefaccionar el hogar. El fuego quedó a centímetros de ahí. Un poco más allá del escenario sombrío y calcinado, la belleza de los cerros Colorados y Nahuelpan; los morros coloridos y un ecosistema que fusiona la estepa patagónica y el bosque andino. “Este lugar es maravilloso. Tenemos montaña. Tenemos ríos. Tenemos lagos; tenemos agua que brota de las montañas. Nosotras sacábamos agua de una vertiente, que el fuego la arrasó, al igual que la manguera que teníamos y el estanque”, siente Lorena, de 34 años. 

La escucha Gise, de 39, que comparte: “El otro día fuimos a preguntar cuánto nos costaba comprar los metros de manguera que necesitamos para sacar el agua de la casa del vecino más próximo y casi nos largamos a llorar. Para nosotras hoy es imposible comprarlos. Hace cinco años salía ocho veces menos de lo que sale ahora. Sin agua, además de no poder vivir, tampoco podremos reforestar”. 

A las chicas se les quemaron 700 metros de manguera de dos pulgadas. Ahora necesitan 1000 metros. Comprar de una pulgada y abaratar los costos, les sale más de un millón de pesos. Los 1500 metros de alambrado también se quemaron. Reponerlos cuesta un millón ochocientos mil pesos. También se incineraron filtros, postes, varillas, caños, la tranquera y el estanque. 

Para colaborar con Gise y Lore, comenzamos desde lavaca una campaña de donación a esta cuenta:

Gisela Roxana Finocchiaro
CVU: 0000003100033965245782
Alias: SICILIANA.NEL.CUORE
CUIT/CUIL: 27308957700
(Por transferencia bancaria o Mercado Pago)

“Mucha gente se comunicó de afuera, de La Plata, Formosa, Mendoza, Córdoba,  Buenos Aires para ayudar; eso nos llena el alma. Las pérdidas materiales duelen, pero la pérdida invaluable es el bosque, aunque estamos convencidas que lo vamos a recuperar”, sienten y comparten ambas. “Teóricamente, desde provincia, nación y empresas privadas pusieron mucha guita, esperemos que llegue donde realmente hace falta. Los damnificados estamos a la vista. Ojalá que no haya que esperar, porque la gente se cansa de esperar”.

Piano, piano

–¿Hay algo que quisieran agregar para terminar la nota? 

–Lore: Que ese domingo la pasamos muy feo. Que cuando tuvimos que cerrar la puerta, le dije a Gise que dejara puesta la llave, que para qué iba a cerrar… Gise agarró una virgencita y empezó a rezarle, y yo le pedí a mi papá que no permitiera que se quemara la casa.

–Gise: Somos las últimas pobladoras del Percy, pero fuimos las primeras para el fuego. Por eso Monte Lontano, estamos en la loma del culo, quién nos mandó acá…

Se ríe Gise. Se ríe Lore. Se ríen juntas. Después de la charla, después de las fotos, se levantan y van a buscar las botellas de agua que pudieron cargar desde la ciudad de Esquel, y empiezan a regar zonas carbonizadas, pero con un hilito verde, con un pastito, con alguna raíz que aparenta estar viva. “Piano Piano va lontano”, dice Gise en italiano, y luego lo traduce al castellano: “Despacio, despacio, se llega lejos”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

“Vamos a reforestar para devolver el bosque que había” / Nicolás Palacios para lavaca

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Nota

Entidades de prensa se reunieron con Patricia Bullrich y le plantearon: “Así, nunca más”

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La ministra no aceptó que haya habido “excesos“ pero ofreció disculpas a periodistas reprimidos/as. Fue el mismo día en que la CIDH expresó su preocupación por la falta de garantías de la prensa y los derechos de la protesta social; también, la misma jornada en que los gremios Sipreba y Argra, acompañados del CELS, presentaron ante el Juzgado Federal 6 una denuncia penal para que “se investigue a los responsables de las represiones del 31 de enero y del 1° de febrero en el Congreso”.  

Esos días, de votación de la Ley Ómnibus, el operativo de seguridad fue fuertemente cuestionado en general y en particular por haber dejado un saldo de al menos 35 periodistas heridos/as, en su mayoría fotoreporteros/as de medios comerciales e independientes (entre ellos, lavaca). Haciéndose eco de esta denuncia del sector, el gobierno citó a algunas entidades periodísticas: nuestra compañera Claudia Acuña, miembro fundadora de Periodistas Argentinas, participó de la reunión -junto a personalidades como Joaquín Morales Solá- y lo contamos en esta nota.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió hoy al mediodía con organizaciones periodísticas que en forma unánime expresaron que la represión sufrida por las y los trabajadores de prensa en las recientes jornadas de protesta social no podían repetirse nunca más. “Lo que pasó no puede volver a pasar” sintetizó Joaquín Morales Solá, en representación de la Academia Nacional de Periodistas. Al finalizar el encuentro la ministra pidió “perdón” a las y los periodistas heridos y expresó que estaba dispuesta a hacerlo pública y personalmente a cada agredido. También solicitó a Fopea el Informe sobre Ataques a la Prensa que realiza en su programa de monitoreo de Libertad de Expresión y se comprometió a respetar el Protocolo de Protección a la Prensa redactado por la CIDH y que está vigente en la Argentina desde 2016.

De la reunión participaron la Academia Nacional de Periodismo, Adepa, Fopea, Fundación Led y Periodistas Argentinas. Además de la ministra estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro; el secretario de Medios, Eduardo Serenellini y  el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni.

Resumen de lo conversado

La reunión comenzó con una introducción de la ministra Bullrich que explicó la decisión de imponer el protocolo antipiquetes con estos argumentos: 10 mil por año en todo el país, el antecedente de provincias que ya habían impuesto normas similares (citó el caso de Chaco, Mendoza y Neuquén, puntualmente) y “el reclamo social”. Luego definió el motivo de la reunión: “Pensar juntos algunas ideas” con el objetivo de definir “en qué lugar se coloca el periodismo cuando determinados grupos lo atacan”. El primero en poner otro contexto a la reunión fue Joaquín Morales Solá, presidente de la Academia Nacional de Periodismo: “Que quede claro que lo que planteamos es que lo que pasó no puede volver a pasar. No se pueden repetir los acontecimientos que sufrimos ni las agresiones que han recibido los periodistas”. El secretario de Seguridad respondió: “Yo también aspiro a que no vuelva a suceder”.  

Luego, el secretario de Seguridad expresó su “preocupación” porque en estos contextos “no logramos distinguir quien es periodista y quién no.” 

“Si tiene un micrófono, una cámara enfrente y está transmitiendo en vivo, es periodista. Y en esas circunstancias fueron agredidos por las fuerzas de seguridad”, apuntó Claudia Acuña, de Periodistas Argentinas.

Fopea planteó: “Hay que diferenciar algo importante: el problema no es la norma, el problema son los excesos”. Bullrich interrumpió: “No hubo excesos” y calificó esa mirada como “ideologizada”. Fopea replicó: “Tenemos premios Pulitzers con balas de goma en las piernas” y citó los casos relevados en su Informe de Agresiones a la Prensa del programa de Monitorea de la Libertad de Expresión, del cual la ministra solicitó copia. Fopea remarcó, además, la necesidad de poner fin a los discursos estigmatizantes que se emiten desde el poder hacia periodistas.

A continuación, el planteo de Periodistas Argentinas fue “desde la práctica profesional y desde la calle”. Desde esa experiencia concreta, se describió lo que sufrieron .“Usaría la palabra coreografía para describirlo: en el mismo momento en que las fuerzas de seguridad detenían a una persona gaseaban o golpeaban a un periodista. Esto lo vimos desde el primer momento de tensión el 20 de diciembre en Plaza de Mayo y en cada una de las jornadas en el Congreso. Y eso significa que no solo se atentó contra los cuerpos de las y los periodistas, sino que atentaron contra la información que no dejaron circular, que es un bien social y un derecho garantizado constitucionalmente. Como diría Borges: uno es azar; dos es coincidencia; tres es certeza: y hay mucho más de tres casos, de los cuales tenemos videos que registran esta modalidad”. 

También se informó que PA había hecho una presentación ante la CIDH, organismo que respondió este reclamo con un comunicado donde expresó su preocupación. “Esa es la palabra que mejor define cómo nos sentimos: preocupadas porque salimos a trabajar y no sabemos si volvemos a nuestras casas con los dos ojos”.

En cuanto al propósito de la reunión, PA resaltó que no era necesario un protocolo específico para la prensa, sino respetar el Estado de Derecho. También resaltó la importancia de que la ministra se reúna con los gremios del sector, como única manera de lograr una escucha federal y generalizada de los reclamos y necesidades y con los movileros que están en la calle, quienes habían solicitado ya a la ministra una reunión. Por último, respaldó lo planteado por Fopea respecto a los discursos estigmatizantes que “terminan por señalar un blanco” y citó como ejemplo los 15 tuits que el Presidente disparó contra la periodista María O’donnell.

Por su parte, Adepa propuso considerar como punto de partida el Protocolo de Protección a la Prensa redactado por la CIDH, vigente desde 2016, el cual la ministra se comprometió a tomar como base.

Al finalizar, la ministra dijo: “Pedimos disculpas y estamos dispuestos a hablar con todos ellos (por los agredidos) y pedir disculpas formales”. 

Respondió también puntualmente el planteo de PA: “Sería de brutos o de idiotas pretender que no circule la información en estos días porque es imposible. La puede registrar cualquiera, desde un balcón o desde dónde sea. Tenemos el caso de Kostecki y Santillán, por ejemplo”.

La ministra se refiere al caso que implica dos asesinatos y por el que fueron condenados agentes de las fuerzas de seguridad, entre ellos, el responsable del operativo.

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