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La persistencia de la impunidad. Caso testigo: la situación en General Mosconi, Salta

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General Mosconi pertenece al departamento de General San Martín, en el norte de la provincia de Salta. Es el conglomerado más importante de esa provincia, luego de la ciudad capital. General Mosconi es un territorio que concentra grandes riquezas naturales, es la segunda cuenca petrolífera y gasífera del país, y está próximo a una de las regiones más ricas en biodiversidad: la reserva de biosfera de la Yungas.La privatización del sector petrolero, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) trajo aparejado, consecuencias nefastas para la comunidad de General Mosconi. Actualmente ésta enfrenta diversas problemáticas:
Desocupación La altísima tasa de desocupación es una problemática que vienen padeciendo desde hace años los habitantes de General Mosconi. Además de la imposibilidad de retiro jubilatorio por los mecanismos propios del proceso de entrega de la empresa petrolera estatal.
A los jóvenes se les presenta un escenario poco alentador: no pueden continuar sus estudios, ni tampoco tienen posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. La falta de oportunidades edu- cativas, la ausencia de proyectos laborales, la dificultad de ser com- prendidos y la necesidad de ser indepen-dientes pone a los jóvenes en situación de especial vulnerabilidad.
La percepción de los adultos hacia los jóvenes que residen en Mosconi no es nada alentadora. En general los adultos tienen una gran preocupación por el avance del consumo de drogas y alcohol que se visualizan fuertemente en los últimos años.
La desocupación trajo aparejada otra problemática: la migración. Así, un alto porcentaje de personas tiene algún familiar que se mudó a otra región y lo hizo hace menos de 11 años, coin- cidiendo con la privatización de YPF y el advenimiento de la desocupación en la zona.
General Mosconi es una caso ejem- plificador, que expresa cabalmente el predominio de grandes capitales priva- dos y extranjeros, en la esfera econó-mica, como consecuencia de reformas estructurales implementadas desde los gobiernos; la extensión de la corrupción en los planos político y económico; el avance en el control de los recursos naturales y estratégicos por parte de empresas extranjeras. La implemen- tación de ese modelo se materializó a través del desarrollo de políticas represi-vas y autoritarias que criminalizan la pobreza y la protesta social, que en este contexto aún siguen estando presentes.
Problemáticas ambientales Un porcen- taje elevado de la población de General Mosconi no posee cloacas, ni gas natural. En el casco céntrico de General Mosconi un 52% de la población no posee cloacas, y un 60 % utiliza garrafa y/o leña. Estas cifras adquieren mayor preocupación, si consideramos las zonas rurales donde la situación es más adversa. Se estima que más del 75% de la población no posee ni cloacas, ni gas natural.
Actualmente la comunidad está pade-ciendo los efectos de la contaminación que se refleja a través de la presencia de diferentes indicadores y diversas enfe-medades. La actividad hidrocarburífera ejecutada por las multinacionales instala-das en la zona, esta comprometiendo severamente la salud de los pobladores, los suelos, las aguas y el aire. Las activi-dades petroleras inciden tanto en los acuíferos, como en los ríos y esteros, por la contaminación proveniente de los desechos que genera, y porque interrum-pe su flujo. La contaminación petrolera no se limita al área inmediata de su operación; ésta fluye con el agua.
Dicha problemática se conjuga con la actividad agrícola presente en la zona basada en el monocultivo altamente dependiente de agrotóxicos. El depar- tamental de General San Martín, es actualmente el tercer productor provincial de soja. De las 90.602 hecáreas plantadas del Dto. General San Martín, 30.380 corresponden a oleaginosas, es decir, soja. Este se convierte así en el tercer departamento sojero de la provincia de Salta (CNA, 2002).
La tala indiscriminada de árboles en el lugar generó desastres ambientales irre- cuperables, desprendimientos de cerros enteros, como sucedió en Vespucio . Se debe rescatar que la región posee una enorme variedad de árboles, conserva árboles de más de trescientos años. Por ello, la Unión de Trabajadores de Deso- cupados de General Mosconi sostiene; “es fundamental exigirle al agro que tenga en cuenta esto, ellos lo saben, pero es importante que la comunidad lo rescate y que no dejemos que maten estas reservas”. Greenpeace viene denunciando el proceso de desmontes de la provincia de Salta, cuyo propósito último es la expansión de la frontera agrícola para aprovechar los precios internacionales de la soja.
Suministro de agua Otro aspecto importante a destacar, es que la zona se caracteriza por tener un clima tropical. Por lo cual, las tempera-turas oscilan entre los 40- 50 grasos, frente a esta situación los pobladores acarrean también con una problemática fundamental, no solo tienen sus aguas contaminadas, sino que arrastran con graves problemas en lo que se refiere al suministro de agua.
Los problemas con el suministro de agua están relacionados con la falta de obras del dique itiyuro (símbolo de la corrupción) y emblema de la realidad del departamento San Martín.
En diciembre de 2005, la empresa Aguas de Salta, que presta el servicio de distribución de agua potable en toda la provincia de Salta (una empresa de capital privado), cortó el suministro en el norte de la Provincia de Salta durante varios días, afectando a las localidades de Mosconi, Tartagal y Aguaray. Según la empresa el acueducto se rompió nuevamente. La empresa mostró no estar preparada con un plan de contingencia y mucho menos en condi-ciones de dar soluciones a problemas estructurales que tiene su origen en la falta de inversiones. Por esta situación la Asociación de Usuarios de Tartagal, Oscar Mongelli y Mario Andreani presen-taron una denuncia penal contra la empresa en el ministerio público, dado que durante tres días ésta suministró el agua con barro, al punto de tener un color totalmente chocolate. La denuncia la recibió el fiscal Mendía Campos, pero fuentes judiciales inobjetables manifes-taron que el fiscal minimizó la denuncia y no le daría curso efectivo con el responsable de Aguas de Salta.
Cabe recordar que el Dr. Nallar, Presidente del Ente Regulador defendió a la empresa y habló de millonarias inversiones, tal como los promocionados pozos de agua que se adjudicaron por contratación directa en noviembre del 2004 y a la fecha solo uno de ellos fue finalmente incorporado en forma reciente a la red de agua. Dichos pozos -que tuvieron que rehacerse pues fracasaron en sus primeros intentos- costaron sumas de dineros excesivas. El Instituto Provincial de Seguros, busca minimizar las responsabilidades empresaria y política del sufrimiento de más de 120.000 habitantes del departamento de Gral San Martín, no hace otra cosa que confirmar el trípode sobre el cual se asienta la inescrupulosa situación del agua: Aguas de Salta, Gobierno Provin- cial y Ente Regulador .
Problemáticas de salud Los problemas de la salud comunitaria plantean situaciones críticas especial- mente para los pobladores, ya que encuentran obturada la posibilidad de ejercer el derecho a la salud. Los obstá-culos simbólicos y materiales que se presentan en el acceso a los recursos oficiales en salud (hospitales, centros de salud, programas sanitarios, etc.) acom- pañado del deterioro en las prestaciones de los servicios sanitarios, incide en los procesos de salud-enfermedad-atención de dicha población.
Como ya se mencionó, General Mosconi también es una de las zonas más perjudicadas del país en lo que respecta a la desocupación. Se trata de un hecho económico, social e histórico con graves efectos materiales, pero que también impacta subjetivamente en los ciuda- danos y ciudadanas mosconenses. En muchos casos, el impacto subjetivo que produce el desempleo se traduce en cuadros severos de angustia, malestar y/o sufrimiento psíquico, adicciones, violencias, etc., impactando no sólo en la persona afectada en forma directa, sino también en sus vínculos.
Los habitantes de la región tienen graves problemáticas relacionadas a sus condi- ciones de vida, por ejemplo en relación al suministro de agua, al cual acceden sólo cuatro horas por día. Asimismo, en los últimos años, la prevalencia de proble- máticas de salud se ha incrementado considerablemente, especialmente aque- llas relacionadas con problemas respi- ratorios, cánceres, hipertensión, diabe- tes, trastornos de ansiedad y depresio- nes, entre otros.
Los lugareños de Mosconi sostienen padecer diversos síntomas (micosis de piel, cansancio, irritación de la nariz, de los ojos,) todos ellos indicadores de la contaminación de la zona.
Los ecosistemas degradados debido a la presencia de aire y/o agua conta- minados, la falta de saneamiento ade-cuado, la alta toxicidad, implican el deterioro de las condiciones de vida y la transformación de los perfiles de salud-enfermedad-atención de la población, con un especial impacto en la población infantil.
El gobierno nacional hasta la fecha no ha diseñado una adecuada estrategia para prevenir futuros impactos en el ambiente y la salud.
Judicialización de la protesta social
Debemos señalar que, Mosconi, aún es uno de los pueblos con mayores índices de judialización de la protesta. Existe una gran cantidad de personas procesadas por denunciar la realidad que viven y exigir puestos de trabajos genuinos. Los procesos judiciales abiertos y la perse-cución policial contra integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi son otro claro ejemplo de ello.
” Durante el 2005, los ex traba- jadores de YPF continuaron reclamando por sus derechos que aún siguen denegados. Recla- maron frente a la embajada de España y frente las oficinas de Repsol, en Buenos Aires, por sus derechos, y por la nacionalización del petróleo y los hidrocarburos. También exigieron la jubilación para la población de General Mosconi, ya que el 90% de la población de General Mosconi trabajaba en YPF. Todavía no se ha resuelto esta situación, el gobierno nacional no ha accionado para resolver esta problemática.
” A mediados del 2005, a José Fernández, referente de la UTD le iniciaron tres nuevas causas judiciales. En palabras de José Fernández: “Estas tres causas nuevas me las iniciaron cuando realizamos un corte a la empresa porteña Contreras Hnos. (La multinacional Pan American Ener-gy ha contratado esta empresa para la ampliación de una planta y un gasoducto), exigiendo pues-tos de trabajos genuinos. Las causas son por amenazas y coacción. Realmente ya no sé qué cantidad de causas tengo. Ellos se manejan así, te acumu-lan causas y te inventan cualquier delito para encarcelarte. Cuando nosotros realizamos denuncias nunca tenemos respuestas. Las multinacionales, los grandes capi-talistas y los políticos utilizan a los derechos humanos como caba-llitos de batalla, pero en la prác-tica concreta los que lucha-mos no tenemos respuestas. Sino no habría tantos presos, ni procesa-dos y habría más repues-tas que represiones. Nosotros exigimos el equivalente a los recursos que tenemos, a lo que las multinacio-nales se llevan de acá. Nosotros le exigimos a todos los gobiernos, no solamente a este gobierno”. (Entrevista, 2005).
” El 14 de septiembre de 2005, mientras reclamaban el pago de salarios a la multinacional Pan American Energy. La policía provincial los reprimió salva- jemente. El resultado de la represión fue la detención de 8 personas y un herido grave.
” La localidad de Gral Mosconi, estuvo prácticamente sitiada por las fuerzas de gendarmería entre mayo de 2000 y diciembre de 2001, período en el cual se registraron las represiones que terminaron con el asesinato de cinco jóvenes (Aníbal Verón 2000, asesinado, Orlando Justiniano, asesinado en 2000, Alejandro Matías Gómez 2000, Carlos Santillán, asesinado 2001, Oscar Barrios, asesinado en 2001), y más de 200 heridos de bala de plomo y goma. Todos estos casos aún se encuentran sin investigar. Son casos impunes. Frente a esta situación, el 7 de diciembre de 2005, una delegación integrada por la abogada Mara Puntano, familiares de los jóvenes asesi-nados y heridos por los hechos ocurridos durante los años 2000 y 2001 en la localidad salteña de General Mosconi, viajaron a Buenos Aires. La presencia de la delegación tuvo como finalidad presentar al gobierno nacional una denuncia de denegación de justicia por parte de las justicias federal y salteña, respecto de la inves-tigación, juicio y castigo de los responsables en las muertes de Matías Gómez, Orlando Justi-niano, Aníbal Verón, Oscar Barrios y Carlos Santillán” y de los más de 200 heridos. Además de la contaminación ambiental en la localidad de General Mosconi atribuida a la actividad de las empresas petroleras que operan en la zona.
La actividad de las empresas petroleras En la zona operan grandes corpora- ciones de petróleo: Repsol y Techint, a través de Tecpetrol.
Se trata de empresas que obtienen ganancias millonarias y de un pueblo empobrecido por la desocupación.
Se estima que la producción anual de la cuenca Noroeste con 1.600 pozos que producen 1 millón de m3 al año y tiene reservas por 11 millones de m3. Argentina se encuentra entre los países del mundo que más bajos impuestos cobra a las petroleras por la explotación y venta de petróleo
Repsol YPF, que tiene el 40% del mercado, anunció que en los primeros 9 meses del año 2005 obtuvo un resultado de 3.997 millones de pesos, un 2,6 % más que en 2004. Enrique Locutura, director general, anunció que la empresa aumentará la inversión en exploración y producción, un 74% de los 6.500 millones de dólares que desembolsará entre 2005 y 2009. Pan American Energy espera para este año un crecimiento del 6% en la producción de petróleo y concentrará sus esfuerzos en incorporar reservas. Además, está llevando adelante exploraciones .
El resultado de Repsol YPF se conformó con una utilidad neta de 6.405 millones de pesos, a lo que se deben restar 2.408 millones de pesos por pago de Ganancias. Las inversiones ascendieron a 2.290 millones de pesos, a lo que se suma un aporte de 207 millones para la ampliación del Gasoducto del Norte, lo que implicó un aumento de 29% sobre las efectuadas entre enero y setiembre de 2004 .
Por otro ldo, recordemos que Repsol invade y contamina varias comunidades mapu-ches en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos. En 2004, apareció el primer caso de anencefalia fetal. Desde hace años el problema se debate en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Por su parte los mapuches han demandado a Repsol por 445 millones de dólares en la justicia ordinaria, ya que las posibilidades de supervivencia cultural han sido arrebatadas a estas comunidades.
Al parecer, la multinacional repite el mismo accionar en otras áreas petrole-ras, entre ellas, en General Mosconi.
El 13 de diciembre de 2005 (Día nacional del Petróleo), el presidente Néstor Kirchner se reunió con el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, quien detalló la marcha del plan de inversiones de la compañía para el período 2005-2009, cuyo volumen de desembolsos es un 32% superior al del quinquenio 2000-2004.
El gobierno nacional considera “priori- tario” que el Parlamento argentino aprue-be el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para dar incentivos fiscales a la exploración.
Durante 2005, la inversión de Repsol YPF en el área de exploración y desarrollo en Argentina fue de 1.030 millones de dólares (865 millones de euros) y entre sus estrategias está la de intentar obtener la concesión de dominios mineros no explorados aún.
Para el período 2006-2009, la inversión prevista de Repsol YPF en exploración en Argentina es de entre 80 y 100 millones de dólares por año.
Aislados en el departamento de San Martín El 31 de diciembre de 2005 un nuevo suceso afectó a la comunidad del departamento de San Martín, que abarca las localidades de Tartagal, Mosconi, Aguaray o Salvador Mazza, Oran y Embarcación. Aproximada-mente a 75 Km. al sur de la ciudad de Tartagal (Capital del Departamento San Martín), tras una fuerte crecida del cauce el puente sobre el río Seco, ubicado a 15 kilómetros de Embarcación se cayó. Dicho puente constituye el único punto de unión con el resto del territorio nacional.
La situación de aislamiento afectó a la totalidad de la población. Cabe recordar que desde hace tiempo la comunidad del departamento de San Martín viene teniendo graves problemáticas con el suministro de agua, ya que la provisión de la misma se cumplía de manera irregular, situación que en diciembre de 2005 se agudizó aun más. La población quedó sin suministro de agua durante semanas enteras, sin una gota de agua en una zona de clima tropical. Además, la zona sufrió también la caída de las torres de media tensión, motivo por el cual el departamento San Martín durante semanas se quedó sin el servicio, al no contarse con la electricidad para bom- bear el agua a las plantas de purificación.
La única medida que hasta el momento han tomado las autoridades provinciales y nacionales en lo que respecta al deficitario suministro de agua que brinda la empresa la empresa Aguas de Salta fue que los vecinos de los barrios de Tartagal y de General Mosconi afectados por la falta de agua durante el mes diciembre, no tendrán que pagar el servicio, según lo dispuesto por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP).
Esta situación -y las consecuencias que produjo- generó el aislamiento de más de 200 mil habitantes que habitan en el norte de nuestro país. Eventos que sin duda continúan acrecentando el estado de vulnerabilidad de la población norteña, la cual desde hace más de quince años viene padeciendo los efectos que en términos de despojo y conculcación de los derechos más elementales han tenido las políticas privatizadoras, de la mano de las grandes empresas multinacionales. Ahora aislados, sin combustible, ni medicamentos, sin alimentos ni suministro eléctrico, sin agua potable y un sinnúmero de otras cosas que se tornaron escasas, simplemente porque “no llegan”. Los comercios de productos alimenticios, los hospitales y las farmacias entre otros, sufrieron la escasez de mercadería y elementos básicos para su primordial funcio- namiento (por ejemplo el Hospital zonal se quedó sin oxígeno).
En este sentido, es necesario consignar la responsabilidad de las empresas petroleras. De ninguna manera se puede aceptar el argumento de que se debe a la inclemencia del tiempo, ya que las lluvias registradas en el lugar no fueron muy superiores al promedio histórico. Recordemos que se produjeron socavones y quebradas a lo largo de la ruta 34; las aguas se llevaron parte de la canalización del río Tartagal y numerosas viviendas. En Vespucio hay amenazas de aludes de lodo. En barrios de Mosconi y Tartagal, hay calles que se convirtieron en canales de un par de metros de profundidad, que amenazan las viviendas desde los cimientos.
Frente a este escenario, el obispo de Orán, monseñor Jorge Lugones, no sólo denunció que el gobierno salteño preten-de “tapar” la situación y que “ningún medio de prensa provincial publica lo que ocurre”, sino que reveló la existencia de numerosos casos de meningitis.
En realidad, esta catástrofe es conse-cuencia de la destrucción ambiental. Los desmontes masivos -por el crecimiento de las grandes plantaciones de soja- y las picadas y voladuras que realizan las petroleras para la construcción de gasoductos y para estudios sísmicos, modificaron total-mente las cuencas altas de los ríos y alteraron el sistema de escurrimiento de las aguas. El suelo de la zona, al perder su cubierta verde, se erosiona con facilidad y grandes masas de sedimento son arrastradas alterando todos los cursos de agua.
Por otro lado, estos hechos mostraron la ausencia de una política nacional y provincial destinada a evitar y prevenir la depredación del suelo, la devastación de los bosques y montes, la contaminación de nuestros ríos, y la expropiación de nuestros recursos.
Así, lo sucedido da cuenta de cómo la población continúa siendo víctima de los grandes poderes asentados en la región, con la complicidad de los gobiernos provinciales y nacionales. El norte argentino se ha convertido en una suerte de “región liberada” tanto para las multinacionales petroleras, como para los grandes productores de soja, quienes tienden a desarrollar un monocultivo intensivo, lo cual se traduce en términos de creciente desforestación y pérdida de biodiversidad.
Las primeras respuestas Frente a estas problemáticas, la comu- nidad comenzó a denunciar las diversas y elementales privaciones a las que son sometidos y a exigir que la situación se soluciones lo antes posible. Diferentes organizaciones entre ellas, la Unión de Trabajadores de Desocupados de Mosconi, que desde hace años vienen denunciando el despojo al que son sometidos, salieron una vez más a reclamar, a exigir una solución a los diversos problemas que padecen en lo cotidiano. Pero una vez más, el 24 de enero de 2006, recibieron la respuesta de siempre: así, la gendarmería reprimió a trabajadores desocupados de la UTD y vecinos de Gral. Mosconi que se movilizaban hacia el municipio de Tartagal para exigirle al vicegobernador de Salta Walter Wayar, la realización de obras públicas que permitieran solucionar cuanto antes la situación de aislamiento y desastre geológico que están padeciendo los pobladores.
El resultado fue veintitrés detenidos, vehículos secuestrados y varias personas severamente heridas con balas de goma. Las detenciones ocurrieron en lugares muy alejados del hotel donde estaba el vicegobernador. Walter Wayar, quien prefiere reunirse con representantes de las empresas petroleras apostadas en la zona, para tratar temas relacionados a los problemas de aislamiento que sufre esa región y reprimir a los lugareños.
Juan Carlos Fernández, Dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi fue uno de los detenidos y heridos de la represión desatada. Según Fernández: “Estábamos esperando que nos recibiera el vice Gobernador Walter Wayar, al que le entregaríamos un informe con fotografías satelitales sobre los últimos desplazamientos del rió Seco por losa desmontes indiscriminados y sin control que se realizan en cerros de la zona, lo que estamos denunciando desde hace más de 10 años, también le entregaríamos a Wayar una propuesta de construcción del nuevo puente realizada por desocupados de la zona”. Aclara Fernández: “Cuando inexplica-blemente los policías de la guardia de infantería trasladados desde Salta capital, comienzan a golpearnos sin haber ningún motivo. Luego disparan perdigones de goma y armas de fuego, lanzan gases reprimiéndonos feroz- mente, es cuando recibo los impactos de bala de frente y de espalda; luego me detienen para seguir golpeándome. Pensé que me mataban”
Frente a la represión, la comunidad prosiguió reclamando y los días poste- riores continuaron con diferentes actividades de reclamo (asambleas, cacerolazos y concentración en la plaza central).
La realidad es que nadie se ocupó del Departamento durante casi un mes mientras la población continúa sufriendo desabastecimiento de alimentos, com-bustible y medicamentos.
Desde el gobierno nacional, recién el 3 de febrero de 2006 se anunció que se gestionará un fondo de emergencia para el departamento San Martín, a través del Ministerio del Interior, dado que la zona se encuentra en emergencia hídrica. La Nación se comprometió a invertir de entre 40 y 50 millones de pesos en el departamento San Martín para atender la emergencia que dejó abierta la caída del puente carretero que cruzaba el río Seco. Tampoco se descartó asignar otra partida de 100 millones de pesos para la realización de obras que la Provincia considera postergadas y otras que el Gobierno central presupuestó el año pasado pero no ejecutó, como el aeródromo de General Mosconi, la línea de media tensión para Anta, la ruta Tolombón-Hualinchay y la cárcel federal en General Güemes . Finalmente, el 15 de febrero de 2006 el Gobierno firmó el contrato para la construcción de un nuevo puente sobre el río Seco y la readecuación de accesos, para superar los problemas de comunicación en el norte salteño. La obra comenzará la hacia fines de febrero y estará lista en ocho meses. De esta manera, se reemplazará al viejo puente que al romperse por una crecida del río dejó incomunicado al departamento de San Martín con el resto de la provincia semanas atrás y que transitoriamente se trató de remendar con un paso provisorio.
En palabras del ministro de la nación Julio de Vido: “Estamos trabajando en la provincia de Salta en equipo en forma permanente con el staff del gobernador Romero, con los senadores y diputados nacionales en forma continua, a los efectos, como decía el intendente de Tartagal, de poder incorporar a esta suerte de zona periférica del país, transformarla y darle toda las posibilidades y potencialidades que tiene el resto de la Argentina. A su vez el ministro sostuvo: “a partir de la reestructuración de la actividad petrolera, donde muchísima gente quedó fuera del circuito laboral, donde muchas ciudades en las cuales las empresas del Estado habían estado durante muchos años no tuvieron los servicios, las obras de infraestructura necesarias. Porque también hay que hacer el análisis de qué pasó en los 50 años de la empresa estatal y ver que realmente ni el sur tiene una destilería ni las localidades del departamento San Martín tienen redes de cloacas y gas. Creo que esa autocrítica debemos hacerla y es una falencia a la cual este Estado presente tiene que dar respuesta”.
En fin, mientras el ministro públicamente realiza estas declaraciones en la zona no se ha tomado ningún tipo de medida frente a las prácticas de contaminación que vienen llevando a cabo las petroleras y los sojeros desde hace años.
Casos que continúan sin ser esclarecidos
Alejandro Matías Gómez y Orlando Justiniano
Asesinados el 9 de mayo de 2000.
Para el 9 de mayo de 2000 los piqueteros de General Mosconi y del Departamento San Martín ya llevaban varios días de protesta sobre la ruta 34, reclamando por puestos de trabajo y por mejores condiciones de vida.
El juez federal nº 2, Miguel Antonio Medina, señalaba a la prensa que “en la zona se ha montado una suerte de operativo militar” por parte de los manifestantes. Anticipaba que no habría más intimaciones y que en las próximas horas se recuriría a la fuerza para desalojar la ruta 34 en el acceso a General Mosconi.
La historia oficial cuenta que encuentran los cuerpos de Justiniano y Gómez en Yuto, en la jurisdicción de Jujuy, al costado de la ruta, víctimas de un accidente de tránsito. El jefe de la comisaría de Yuto en el departamento jujeño de Ledesma, comisario Vicente Jiménez, determinó que a las 23:40 del 9 de mayo los efectivos policiales recibieron una alerta telefónica que informaba sobre un accidente ocurrido unos minutos antes. La comisión policial encontró la camioneta Toyota en la localidad de Arroyo Quemado. El cuerpo de Alejandro Gómez fue supuestamente hallado en la banquina, y el de Orlando Justiniano se habría encontrado sobre el asfalto de la ruta, ambos ya muertos.
Alejandro Matías Gómez era un chico que colaboraba como periodista en una radio; Orlando Justiniano era un chico que trabajaba de albañil. Entre las 15 y 16 horas del 9 de mayo de 2001, ambos estaban juntando leña con otros compañeros, para llevar al piquete, cuando se les cruzó una camioneta traffic blanca de donde descendieron cinco policías de la provincia de Salta. El primero en descender tomó el arma, una escopeta, y disparó un tiro. Luego bajaron los otros y dispararon.
Uno de los que estaba con ellos, Luis Alberto Valdivieso, que tiene un tiro en la cabeza, es el testigo que dice, ahí nomás que pasa el hecho, a saber, que se les cruzó una traffic blanca, de la que bajaron los policías uniformados y empezaron a disparar a quemarropa. Él recibió un tiro en la cabeza y se escapó por el monte. Y a los otros se los llevaron y después aparecieron tirados al costado de la ruta. Los cuerpos se encontraron sin uñas de los dedos.
Hay testigos que vieron una camioneta blanca, con policías en su interior, que llevaban en la caja tres cuerpos cubiertos con bolsas negras.
Entrevista a Jacoba Olarte, madre de Alejandro Matías Gómez
“Fue el 9 de mayo del 2000, en el corte de ruta en General Mosconi. Mi hijo fue a ayudar a sus compañeros en una camioneta, trayendo leña, gomas y comida. Pasó por casa, se bañó, me pidió cinco pesos. Le di lo único que tenía. De ahí no lo vi más, hasta que me llamaron el día martes a la mañana, cuando yo estaba en el campo, para avisarme del supuesto accidente. Ahí me enteré que había fallecido, hasta que lo vi en la Morgue y lo comprobé”.
“Hay muchas pruebas que no fue un accidente. Tenía una pupila más dilatada que la otra, la boca abierta, las marcas de las esposas en la mano, le faltaban uñas, como si lo hubieran torturado”.
“Tengo una grabación de mi hijo en el que él le pedía al Comandante Hidalgo, que no reprima, que él también tiene hijos. Y al día siguiente desapareció. ¿Por qué lo mataron? Había visto mucho, hay muchas cosas sucias que no se pueden descifrar todavía”.
“A todas aquellas madres que hallan perdido a su hijo, por la represión o por el gatillo fácil, les decimos que no bajen los brazos. Acá con Primitiva Ruiz, que es la madre de Justiniano, no vamos a bajar los brazos. Y pienso que la vida de los hijos no tiene precio, por nada del mundo. Porque una es la que lo ha parido y una es la que lo ha criado. Como dijo Primitiva en un discurso, estamos preparados para perder una madre, un hermano, un tío, un cuñado, pero no un hijo. Y que lo saquen de la forma que lo sacaron, es imposible aceptarlo. Es muy doloroso. Por eso les pido a todas las madres del mundo, que no bajen los brazos. Y que sigamos en la lucha. Para que esto se aclare”.
Aníbal Verón
Asesinado el 10 de noviembre de 2000

El jueves 9 de noviembre del año 2000, en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, un grupo de empleados dejados cesantes reclamaban más de ocho meses de sueldos adeudados por la empresa Atahualpa, acompañados por desocupados de Tartagal y Mosconi. A través de sus protestas expresan nuevamente las desigualdades sociales, decidiendo realizar un corte sobre la ruta nacional 34. El mismo se concretaría frente al acceso sur de General Mosconi a las 20 horas.
El día jueves 9 de noviembre, a las 22 horas se presentó sobre la ruta nacional 34 el juez federal Abel Cornejo, acompa- ñado de un comandante de gendarmería nacional y autoridades policiales. Según las denuncias, éste “reunió a los presentes para informarles que en ningún momento ordenaría la represión, manifestando que se quedaran tranqui-los, que era un juez de la causa y que es el único que puede dar la orden de represión”.
El juez Abel Cornejo es uno de los responsables del asesinato. Su situación está muy comprometida legalmente por la muerte de Aníbal Verón, el 10 de noviembre del año 2000. Él estuvo durante todo el tiempo en la zona. La noche anterior al asesinato de Verón, estuvo en la ruta y les dio su palabra a los piqueteros de que no iba a haber represión, que se quedaran tranquilos que ya venían los arreglos. A las 7 de la mañana vino la represión y lo mataron a Verón. Sospechosamente Verón depen- día de una empresa (-Atahualpa-)de un pariente del gobernador. Le debían 8 meses de sueldo.
En la madrugada del 10 de noviembre la policía provincial reprimía con crudeza a los manifestantes. Aníbal Verón caía, asesinado de un balazo en la cara. Posteriormente el médico Luis Flores certificaba que el deceso de Verón se había producido por herida de arma de fuego, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio traumático.
Luis Ricardo Gil, cuñado de Verón, que se encontraba dentro del grupo de manifestantes y cerca de Aníbal Verón, declara: “del grupo del personal policial que tenía enfrente, a escasos nueve metros del grupo de choque, se levantó uno de los uniformados, quitó el protector que tenía en su casco y con su arma apuntó directamente hacia delante y efectuó el disparo. En el acto cayó mi cuñado Verón, terriblemente herido con un disparo en la cara”.
Entrevista a Enriqueta Gómez, esposa de Aníbal Verón
“Los responsables son el gobierno y el propio juez, que fue anoche a decir que no iban a reprimir. Y también Sonia Escudero (actualmente senadora del PJ) es responsable de todo lo que sucedió, porque ayer nos dividió con los aborígenes. Pero el gran culpable de que mi hijo haya quedado sin padre es el gobernador Romero, que mandó al juez que estuvo anoche, Abel Cornejo, a decir que nos quedásemos tranquilos, porque no iba a pasar nada”.
“Yo estaba a una distancia que no me dejó ver quién disparó el arma, pero fue del lado de los policías. Nosotros no teníamos armas en el corte, ya que éramos un grupo en el que estábamos todos juntos, no hacía falta nada de eso. Y es con ellos que estaba mi marido cuando lo balearon; mi hermano estuvo cerca y el vio cómo le pegaron, y cómo cayó”.
“Todo esto le pasa por pedir trabajo y por querer cobrar la deuda que le debían en Atahualpa, donde él trabajó 17 años y lo echaron como si nada, y no le pagaron”.
“Les pido el máximo apoyo para esclarecer el asesinato de mi marido como así también de los otros chicos caídos en mayo. Les doy las gracias a todos aquellos que tienen en la memoria a Aníbal Verón; yo me quedé con cinco hijos, y sacaré fuerzas para seguir luchando para obtener justicia y que se conozca al asesino de Aníbal Verón”.
Oscar Barrios y Carlos Santillán
Asesinados el 17 de junio de 2001

A fines de mayo de 2001, los obreros que trabajaban en la construcción del hospital de Mosconi pedían un mínimo salarial de dos pesos con cincuenta por hora laboral. Ante la negativa, decidieron ir a la ruta, con el apoyo de Unión de Trabajadores Desocupados.
Con más de dos semanas de corte sin respuesta del gobernador, los piqueteros convocaron para el 17 de junio una asamblea nacional de agrupaciones piqueteras. Mientras tanto, Romero declaraba ante la prensa que no realizaría ningún tipo de negociación con “delincuentes” y “sediciosos”, refirién- dose con estos términos a los desocupados.
El 17 de junio el juez federal Cornejo ordenó a gendarmería nacional la recuperación a cualquier precio de la ruta nacional 34. En el llamado “Operativo Recuperación de la 34”, el juez argumentó la decisión por una denuncia de la petrolera del lugar acerca del supuesto ingreso de un grupo de encapuchados a sus instalaciones.
En las primeras horas de la mañana del domingo 17, los pobladores de Mosconi se aprestaban a celebrar el día del padre, ignorando la magnitud del operativo represor que implementaría la gendarmería nacional avalada por el juez del caso. En el asalto fueron asesinados Omar Barrios y Carlos Santillán. Manuel, hermano de este último, se encontraba a su lado en el momento trágico: asegura que lo fusilaron los francotiradores de gendarmería que estaban apostados sobre los tanques de combustible de la petrolera.
Durante el Operativo Recuperación de la 34, según la versión del juzgado federal, hirieron casi a un centenar de civiles. Sólo un ejemplo, el joven Iván Dorado quedó parapléjico por un disparo que recibió en su espalda.
En el transcurso del acto represivo los medios de comunicación nacional daban a conocer la versión oficial. El juez Cornejo, el ministro del interior Mathov, y el ex secretario de seguridad provincial Daniel Nallar, decían que las fuerzas de seguridad habían sido emboscadas por los piqueteros, quienes además serían apoyados por grupos de francotiradores civiles escondidos en el monte. Desde luego, negaban la evidente presencia de francotiradores del grupo de elite de gendarmería.
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Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

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De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.

En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.

El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.

Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.

La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.

¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.

Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.

¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.

Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.

El desmantelamiento como política

La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.

El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.

El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.

Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.

Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.

Cómo trabaja el Bonaparte

Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.

El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.

Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.

El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.

Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.

¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.

La fortaleza de la lucha

Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.

Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.

Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

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El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

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Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional. Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

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Las mujeres detenidas, fuera del escuadrón, prenden el fuego.

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