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La persistencia de la impunidad. Caso testigo: la situación en General Mosconi, Salta

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General Mosconi pertenece al departamento de General San Martín, en el norte de la provincia de Salta. Es el conglomerado más importante de esa provincia, luego de la ciudad capital. General Mosconi es un territorio que concentra grandes riquezas naturales, es la segunda cuenca petrolífera y gasífera del país, y está próximo a una de las regiones más ricas en biodiversidad: la reserva de biosfera de la Yungas.La privatización del sector petrolero, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) trajo aparejado, consecuencias nefastas para la comunidad de General Mosconi. Actualmente ésta enfrenta diversas problemáticas:
Desocupación La altísima tasa de desocupación es una problemática que vienen padeciendo desde hace años los habitantes de General Mosconi. Además de la imposibilidad de retiro jubilatorio por los mecanismos propios del proceso de entrega de la empresa petrolera estatal.
A los jóvenes se les presenta un escenario poco alentador: no pueden continuar sus estudios, ni tampoco tienen posibilidad de encontrar un puesto de trabajo. La falta de oportunidades edu- cativas, la ausencia de proyectos laborales, la dificultad de ser com- prendidos y la necesidad de ser indepen-dientes pone a los jóvenes en situación de especial vulnerabilidad.
La percepción de los adultos hacia los jóvenes que residen en Mosconi no es nada alentadora. En general los adultos tienen una gran preocupación por el avance del consumo de drogas y alcohol que se visualizan fuertemente en los últimos años.
La desocupación trajo aparejada otra problemática: la migración. Así, un alto porcentaje de personas tiene algún familiar que se mudó a otra región y lo hizo hace menos de 11 años, coin- cidiendo con la privatización de YPF y el advenimiento de la desocupación en la zona.
General Mosconi es una caso ejem- plificador, que expresa cabalmente el predominio de grandes capitales priva- dos y extranjeros, en la esfera econó-mica, como consecuencia de reformas estructurales implementadas desde los gobiernos; la extensión de la corrupción en los planos político y económico; el avance en el control de los recursos naturales y estratégicos por parte de empresas extranjeras. La implemen- tación de ese modelo se materializó a través del desarrollo de políticas represi-vas y autoritarias que criminalizan la pobreza y la protesta social, que en este contexto aún siguen estando presentes.
Problemáticas ambientales Un porcen- taje elevado de la población de General Mosconi no posee cloacas, ni gas natural. En el casco céntrico de General Mosconi un 52% de la población no posee cloacas, y un 60 % utiliza garrafa y/o leña. Estas cifras adquieren mayor preocupación, si consideramos las zonas rurales donde la situación es más adversa. Se estima que más del 75% de la población no posee ni cloacas, ni gas natural.
Actualmente la comunidad está pade-ciendo los efectos de la contaminación que se refleja a través de la presencia de diferentes indicadores y diversas enfe-medades. La actividad hidrocarburífera ejecutada por las multinacionales instala-das en la zona, esta comprometiendo severamente la salud de los pobladores, los suelos, las aguas y el aire. Las activi-dades petroleras inciden tanto en los acuíferos, como en los ríos y esteros, por la contaminación proveniente de los desechos que genera, y porque interrum-pe su flujo. La contaminación petrolera no se limita al área inmediata de su operación; ésta fluye con el agua.
Dicha problemática se conjuga con la actividad agrícola presente en la zona basada en el monocultivo altamente dependiente de agrotóxicos. El depar- tamental de General San Martín, es actualmente el tercer productor provincial de soja. De las 90.602 hecáreas plantadas del Dto. General San Martín, 30.380 corresponden a oleaginosas, es decir, soja. Este se convierte así en el tercer departamento sojero de la provincia de Salta (CNA, 2002).
La tala indiscriminada de árboles en el lugar generó desastres ambientales irre- cuperables, desprendimientos de cerros enteros, como sucedió en Vespucio . Se debe rescatar que la región posee una enorme variedad de árboles, conserva árboles de más de trescientos años. Por ello, la Unión de Trabajadores de Deso- cupados de General Mosconi sostiene; «es fundamental exigirle al agro que tenga en cuenta esto, ellos lo saben, pero es importante que la comunidad lo rescate y que no dejemos que maten estas reservas». Greenpeace viene denunciando el proceso de desmontes de la provincia de Salta, cuyo propósito último es la expansión de la frontera agrícola para aprovechar los precios internacionales de la soja.
Suministro de agua Otro aspecto importante a destacar, es que la zona se caracteriza por tener un clima tropical. Por lo cual, las tempera-turas oscilan entre los 40- 50 grasos, frente a esta situación los pobladores acarrean también con una problemática fundamental, no solo tienen sus aguas contaminadas, sino que arrastran con graves problemas en lo que se refiere al suministro de agua.
Los problemas con el suministro de agua están relacionados con la falta de obras del dique itiyuro (símbolo de la corrupción) y emblema de la realidad del departamento San Martín.
En diciembre de 2005, la empresa Aguas de Salta, que presta el servicio de distribución de agua potable en toda la provincia de Salta (una empresa de capital privado), cortó el suministro en el norte de la Provincia de Salta durante varios días, afectando a las localidades de Mosconi, Tartagal y Aguaray. Según la empresa el acueducto se rompió nuevamente. La empresa mostró no estar preparada con un plan de contingencia y mucho menos en condi-ciones de dar soluciones a problemas estructurales que tiene su origen en la falta de inversiones. Por esta situación la Asociación de Usuarios de Tartagal, Oscar Mongelli y Mario Andreani presen-taron una denuncia penal contra la empresa en el ministerio público, dado que durante tres días ésta suministró el agua con barro, al punto de tener un color totalmente chocolate. La denuncia la recibió el fiscal Mendía Campos, pero fuentes judiciales inobjetables manifes-taron que el fiscal minimizó la denuncia y no le daría curso efectivo con el responsable de Aguas de Salta.
Cabe recordar que el Dr. Nallar, Presidente del Ente Regulador defendió a la empresa y habló de millonarias inversiones, tal como los promocionados pozos de agua que se adjudicaron por contratación directa en noviembre del 2004 y a la fecha solo uno de ellos fue finalmente incorporado en forma reciente a la red de agua. Dichos pozos -que tuvieron que rehacerse pues fracasaron en sus primeros intentos- costaron sumas de dineros excesivas. El Instituto Provincial de Seguros, busca minimizar las responsabilidades empresaria y política del sufrimiento de más de 120.000 habitantes del departamento de Gral San Martín, no hace otra cosa que confirmar el trípode sobre el cual se asienta la inescrupulosa situación del agua: Aguas de Salta, Gobierno Provin- cial y Ente Regulador .
Problemáticas de salud Los problemas de la salud comunitaria plantean situaciones críticas especial- mente para los pobladores, ya que encuentran obturada la posibilidad de ejercer el derecho a la salud. Los obstá-culos simbólicos y materiales que se presentan en el acceso a los recursos oficiales en salud (hospitales, centros de salud, programas sanitarios, etc.) acom- pañado del deterioro en las prestaciones de los servicios sanitarios, incide en los procesos de salud-enfermedad-atención de dicha población.
Como ya se mencionó, General Mosconi también es una de las zonas más perjudicadas del país en lo que respecta a la desocupación. Se trata de un hecho económico, social e histórico con graves efectos materiales, pero que también impacta subjetivamente en los ciuda- danos y ciudadanas mosconenses. En muchos casos, el impacto subjetivo que produce el desempleo se traduce en cuadros severos de angustia, malestar y/o sufrimiento psíquico, adicciones, violencias, etc., impactando no sólo en la persona afectada en forma directa, sino también en sus vínculos.
Los habitantes de la región tienen graves problemáticas relacionadas a sus condi- ciones de vida, por ejemplo en relación al suministro de agua, al cual acceden sólo cuatro horas por día. Asimismo, en los últimos años, la prevalencia de proble- máticas de salud se ha incrementado considerablemente, especialmente aque- llas relacionadas con problemas respi- ratorios, cánceres, hipertensión, diabe- tes, trastornos de ansiedad y depresio- nes, entre otros.
Los lugareños de Mosconi sostienen padecer diversos síntomas (micosis de piel, cansancio, irritación de la nariz, de los ojos,) todos ellos indicadores de la contaminación de la zona.
Los ecosistemas degradados debido a la presencia de aire y/o agua conta- minados, la falta de saneamiento ade-cuado, la alta toxicidad, implican el deterioro de las condiciones de vida y la transformación de los perfiles de salud-enfermedad-atención de la población, con un especial impacto en la población infantil.
El gobierno nacional hasta la fecha no ha diseñado una adecuada estrategia para prevenir futuros impactos en el ambiente y la salud.
Judicialización de la protesta social
Debemos señalar que, Mosconi, aún es uno de los pueblos con mayores índices de judialización de la protesta. Existe una gran cantidad de personas procesadas por denunciar la realidad que viven y exigir puestos de trabajos genuinos. Los procesos judiciales abiertos y la perse-cución policial contra integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de General Mosconi son otro claro ejemplo de ello.
» Durante el 2005, los ex traba- jadores de YPF continuaron reclamando por sus derechos que aún siguen denegados. Recla- maron frente a la embajada de España y frente las oficinas de Repsol, en Buenos Aires, por sus derechos, y por la nacionalización del petróleo y los hidrocarburos. También exigieron la jubilación para la población de General Mosconi, ya que el 90% de la población de General Mosconi trabajaba en YPF. Todavía no se ha resuelto esta situación, el gobierno nacional no ha accionado para resolver esta problemática.
» A mediados del 2005, a José Fernández, referente de la UTD le iniciaron tres nuevas causas judiciales. En palabras de José Fernández: «Estas tres causas nuevas me las iniciaron cuando realizamos un corte a la empresa porteña Contreras Hnos. (La multinacional Pan American Ener-gy ha contratado esta empresa para la ampliación de una planta y un gasoducto), exigiendo pues-tos de trabajos genuinos. Las causas son por amenazas y coacción. Realmente ya no sé qué cantidad de causas tengo. Ellos se manejan así, te acumu-lan causas y te inventan cualquier delito para encarcelarte. Cuando nosotros realizamos denuncias nunca tenemos respuestas. Las multinacionales, los grandes capi-talistas y los políticos utilizan a los derechos humanos como caba-llitos de batalla, pero en la prác-tica concreta los que lucha-mos no tenemos respuestas. Sino no habría tantos presos, ni procesa-dos y habría más repues-tas que represiones. Nosotros exigimos el equivalente a los recursos que tenemos, a lo que las multinacio-nales se llevan de acá. Nosotros le exigimos a todos los gobiernos, no solamente a este gobierno». (Entrevista, 2005).
» El 14 de septiembre de 2005, mientras reclamaban el pago de salarios a la multinacional Pan American Energy. La policía provincial los reprimió salva- jemente. El resultado de la represión fue la detención de 8 personas y un herido grave.
» La localidad de Gral Mosconi, estuvo prácticamente sitiada por las fuerzas de gendarmería entre mayo de 2000 y diciembre de 2001, período en el cual se registraron las represiones que terminaron con el asesinato de cinco jóvenes (Aníbal Verón 2000, asesinado, Orlando Justiniano, asesinado en 2000, Alejandro Matías Gómez 2000, Carlos Santillán, asesinado 2001, Oscar Barrios, asesinado en 2001), y más de 200 heridos de bala de plomo y goma. Todos estos casos aún se encuentran sin investigar. Son casos impunes. Frente a esta situación, el 7 de diciembre de 2005, una delegación integrada por la abogada Mara Puntano, familiares de los jóvenes asesi-nados y heridos por los hechos ocurridos durante los años 2000 y 2001 en la localidad salteña de General Mosconi, viajaron a Buenos Aires. La presencia de la delegación tuvo como finalidad presentar al gobierno nacional una denuncia de denegación de justicia por parte de las justicias federal y salteña, respecto de la inves-tigación, juicio y castigo de los responsables en las muertes de Matías Gómez, Orlando Justi-niano, Aníbal Verón, Oscar Barrios y Carlos Santillán» y de los más de 200 heridos. Además de la contaminación ambiental en la localidad de General Mosconi atribuida a la actividad de las empresas petroleras que operan en la zona.
La actividad de las empresas petroleras En la zona operan grandes corpora- ciones de petróleo: Repsol y Techint, a través de Tecpetrol.
Se trata de empresas que obtienen ganancias millonarias y de un pueblo empobrecido por la desocupación.
Se estima que la producción anual de la cuenca Noroeste con 1.600 pozos que producen 1 millón de m3 al año y tiene reservas por 11 millones de m3. Argentina se encuentra entre los países del mundo que más bajos impuestos cobra a las petroleras por la explotación y venta de petróleo
Repsol YPF, que tiene el 40% del mercado, anunció que en los primeros 9 meses del año 2005 obtuvo un resultado de 3.997 millones de pesos, un 2,6 % más que en 2004. Enrique Locutura, director general, anunció que la empresa aumentará la inversión en exploración y producción, un 74% de los 6.500 millones de dólares que desembolsará entre 2005 y 2009. Pan American Energy espera para este año un crecimiento del 6% en la producción de petróleo y concentrará sus esfuerzos en incorporar reservas. Además, está llevando adelante exploraciones .
El resultado de Repsol YPF se conformó con una utilidad neta de 6.405 millones de pesos, a lo que se deben restar 2.408 millones de pesos por pago de Ganancias. Las inversiones ascendieron a 2.290 millones de pesos, a lo que se suma un aporte de 207 millones para la ampliación del Gasoducto del Norte, lo que implicó un aumento de 29% sobre las efectuadas entre enero y setiembre de 2004 .
Por otro ldo, recordemos que Repsol invade y contamina varias comunidades mapu-ches en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos. En 2004, apareció el primer caso de anencefalia fetal. Desde hace años el problema se debate en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Por su parte los mapuches han demandado a Repsol por 445 millones de dólares en la justicia ordinaria, ya que las posibilidades de supervivencia cultural han sido arrebatadas a estas comunidades.
Al parecer, la multinacional repite el mismo accionar en otras áreas petrole-ras, entre ellas, en General Mosconi.
El 13 de diciembre de 2005 (Día nacional del Petróleo), el presidente Néstor Kirchner se reunió con el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau, quien detalló la marcha del plan de inversiones de la compañía para el período 2005-2009, cuyo volumen de desembolsos es un 32% superior al del quinquenio 2000-2004.
El gobierno nacional considera «priori- tario» que el Parlamento argentino aprue-be el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo para dar incentivos fiscales a la exploración.
Durante 2005, la inversión de Repsol YPF en el área de exploración y desarrollo en Argentina fue de 1.030 millones de dólares (865 millones de euros) y entre sus estrategias está la de intentar obtener la concesión de dominios mineros no explorados aún.
Para el período 2006-2009, la inversión prevista de Repsol YPF en exploración en Argentina es de entre 80 y 100 millones de dólares por año.
Aislados en el departamento de San Martín El 31 de diciembre de 2005 un nuevo suceso afectó a la comunidad del departamento de San Martín, que abarca las localidades de Tartagal, Mosconi, Aguaray o Salvador Mazza, Oran y Embarcación. Aproximada-mente a 75 Km. al sur de la ciudad de Tartagal (Capital del Departamento San Martín), tras una fuerte crecida del cauce el puente sobre el río Seco, ubicado a 15 kilómetros de Embarcación se cayó. Dicho puente constituye el único punto de unión con el resto del territorio nacional.
La situación de aislamiento afectó a la totalidad de la población. Cabe recordar que desde hace tiempo la comunidad del departamento de San Martín viene teniendo graves problemáticas con el suministro de agua, ya que la provisión de la misma se cumplía de manera irregular, situación que en diciembre de 2005 se agudizó aun más. La población quedó sin suministro de agua durante semanas enteras, sin una gota de agua en una zona de clima tropical. Además, la zona sufrió también la caída de las torres de media tensión, motivo por el cual el departamento San Martín durante semanas se quedó sin el servicio, al no contarse con la electricidad para bom- bear el agua a las plantas de purificación.
La única medida que hasta el momento han tomado las autoridades provinciales y nacionales en lo que respecta al deficitario suministro de agua que brinda la empresa la empresa Aguas de Salta fue que los vecinos de los barrios de Tartagal y de General Mosconi afectados por la falta de agua durante el mes diciembre, no tendrán que pagar el servicio, según lo dispuesto por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP).
Esta situación -y las consecuencias que produjo- generó el aislamiento de más de 200 mil habitantes que habitan en el norte de nuestro país. Eventos que sin duda continúan acrecentando el estado de vulnerabilidad de la población norteña, la cual desde hace más de quince años viene padeciendo los efectos que en términos de despojo y conculcación de los derechos más elementales han tenido las políticas privatizadoras, de la mano de las grandes empresas multinacionales. Ahora aislados, sin combustible, ni medicamentos, sin alimentos ni suministro eléctrico, sin agua potable y un sinnúmero de otras cosas que se tornaron escasas, simplemente porque «no llegan». Los comercios de productos alimenticios, los hospitales y las farmacias entre otros, sufrieron la escasez de mercadería y elementos básicos para su primordial funcio- namiento (por ejemplo el Hospital zonal se quedó sin oxígeno).
En este sentido, es necesario consignar la responsabilidad de las empresas petroleras. De ninguna manera se puede aceptar el argumento de que se debe a la inclemencia del tiempo, ya que las lluvias registradas en el lugar no fueron muy superiores al promedio histórico. Recordemos que se produjeron socavones y quebradas a lo largo de la ruta 34; las aguas se llevaron parte de la canalización del río Tartagal y numerosas viviendas. En Vespucio hay amenazas de aludes de lodo. En barrios de Mosconi y Tartagal, hay calles que se convirtieron en canales de un par de metros de profundidad, que amenazan las viviendas desde los cimientos.
Frente a este escenario, el obispo de Orán, monseñor Jorge Lugones, no sólo denunció que el gobierno salteño preten-de «tapar» la situación y que «ningún medio de prensa provincial publica lo que ocurre», sino que reveló la existencia de numerosos casos de meningitis.
En realidad, esta catástrofe es conse-cuencia de la destrucción ambiental. Los desmontes masivos -por el crecimiento de las grandes plantaciones de soja- y las picadas y voladuras que realizan las petroleras para la construcción de gasoductos y para estudios sísmicos, modificaron total-mente las cuencas altas de los ríos y alteraron el sistema de escurrimiento de las aguas. El suelo de la zona, al perder su cubierta verde, se erosiona con facilidad y grandes masas de sedimento son arrastradas alterando todos los cursos de agua.
Por otro lado, estos hechos mostraron la ausencia de una política nacional y provincial destinada a evitar y prevenir la depredación del suelo, la devastación de los bosques y montes, la contaminación de nuestros ríos, y la expropiación de nuestros recursos.
Así, lo sucedido da cuenta de cómo la población continúa siendo víctima de los grandes poderes asentados en la región, con la complicidad de los gobiernos provinciales y nacionales. El norte argentino se ha convertido en una suerte de «región liberada» tanto para las multinacionales petroleras, como para los grandes productores de soja, quienes tienden a desarrollar un monocultivo intensivo, lo cual se traduce en términos de creciente desforestación y pérdida de biodiversidad.
Las primeras respuestas Frente a estas problemáticas, la comu- nidad comenzó a denunciar las diversas y elementales privaciones a las que son sometidos y a exigir que la situación se soluciones lo antes posible. Diferentes organizaciones entre ellas, la Unión de Trabajadores de Desocupados de Mosconi, que desde hace años vienen denunciando el despojo al que son sometidos, salieron una vez más a reclamar, a exigir una solución a los diversos problemas que padecen en lo cotidiano. Pero una vez más, el 24 de enero de 2006, recibieron la respuesta de siempre: así, la gendarmería reprimió a trabajadores desocupados de la UTD y vecinos de Gral. Mosconi que se movilizaban hacia el municipio de Tartagal para exigirle al vicegobernador de Salta Walter Wayar, la realización de obras públicas que permitieran solucionar cuanto antes la situación de aislamiento y desastre geológico que están padeciendo los pobladores.
El resultado fue veintitrés detenidos, vehículos secuestrados y varias personas severamente heridas con balas de goma. Las detenciones ocurrieron en lugares muy alejados del hotel donde estaba el vicegobernador. Walter Wayar, quien prefiere reunirse con representantes de las empresas petroleras apostadas en la zona, para tratar temas relacionados a los problemas de aislamiento que sufre esa región y reprimir a los lugareños.
Juan Carlos Fernández, Dirigente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Gral. Mosconi fue uno de los detenidos y heridos de la represión desatada. Según Fernández: «Estábamos esperando que nos recibiera el vice Gobernador Walter Wayar, al que le entregaríamos un informe con fotografías satelitales sobre los últimos desplazamientos del rió Seco por losa desmontes indiscriminados y sin control que se realizan en cerros de la zona, lo que estamos denunciando desde hace más de 10 años, también le entregaríamos a Wayar una propuesta de construcción del nuevo puente realizada por desocupados de la zona». Aclara Fernández: «Cuando inexplica-blemente los policías de la guardia de infantería trasladados desde Salta capital, comienzan a golpearnos sin haber ningún motivo. Luego disparan perdigones de goma y armas de fuego, lanzan gases reprimiéndonos feroz- mente, es cuando recibo los impactos de bala de frente y de espalda; luego me detienen para seguir golpeándome. Pensé que me mataban»
Frente a la represión, la comunidad prosiguió reclamando y los días poste- riores continuaron con diferentes actividades de reclamo (asambleas, cacerolazos y concentración en la plaza central).
La realidad es que nadie se ocupó del Departamento durante casi un mes mientras la población continúa sufriendo desabastecimiento de alimentos, com-bustible y medicamentos.
Desde el gobierno nacional, recién el 3 de febrero de 2006 se anunció que se gestionará un fondo de emergencia para el departamento San Martín, a través del Ministerio del Interior, dado que la zona se encuentra en emergencia hídrica. La Nación se comprometió a invertir de entre 40 y 50 millones de pesos en el departamento San Martín para atender la emergencia que dejó abierta la caída del puente carretero que cruzaba el río Seco. Tampoco se descartó asignar otra partida de 100 millones de pesos para la realización de obras que la Provincia considera postergadas y otras que el Gobierno central presupuestó el año pasado pero no ejecutó, como el aeródromo de General Mosconi, la línea de media tensión para Anta, la ruta Tolombón-Hualinchay y la cárcel federal en General Güemes . Finalmente, el 15 de febrero de 2006 el Gobierno firmó el contrato para la construcción de un nuevo puente sobre el río Seco y la readecuación de accesos, para superar los problemas de comunicación en el norte salteño. La obra comenzará la hacia fines de febrero y estará lista en ocho meses. De esta manera, se reemplazará al viejo puente que al romperse por una crecida del río dejó incomunicado al departamento de San Martín con el resto de la provincia semanas atrás y que transitoriamente se trató de remendar con un paso provisorio.
En palabras del ministro de la nación Julio de Vido: «Estamos trabajando en la provincia de Salta en equipo en forma permanente con el staff del gobernador Romero, con los senadores y diputados nacionales en forma continua, a los efectos, como decía el intendente de Tartagal, de poder incorporar a esta suerte de zona periférica del país, transformarla y darle toda las posibilidades y potencialidades que tiene el resto de la Argentina. A su vez el ministro sostuvo: «a partir de la reestructuración de la actividad petrolera, donde muchísima gente quedó fuera del circuito laboral, donde muchas ciudades en las cuales las empresas del Estado habían estado durante muchos años no tuvieron los servicios, las obras de infraestructura necesarias. Porque también hay que hacer el análisis de qué pasó en los 50 años de la empresa estatal y ver que realmente ni el sur tiene una destilería ni las localidades del departamento San Martín tienen redes de cloacas y gas. Creo que esa autocrítica debemos hacerla y es una falencia a la cual este Estado presente tiene que dar respuesta».
En fin, mientras el ministro públicamente realiza estas declaraciones en la zona no se ha tomado ningún tipo de medida frente a las prácticas de contaminación que vienen llevando a cabo las petroleras y los sojeros desde hace años.
Casos que continúan sin ser esclarecidos
Alejandro Matías Gómez y Orlando Justiniano
Asesinados el 9 de mayo de 2000.
Para el 9 de mayo de 2000 los piqueteros de General Mosconi y del Departamento San Martín ya llevaban varios días de protesta sobre la ruta 34, reclamando por puestos de trabajo y por mejores condiciones de vida.
El juez federal nº 2, Miguel Antonio Medina, señalaba a la prensa que «en la zona se ha montado una suerte de operativo militar» por parte de los manifestantes. Anticipaba que no habría más intimaciones y que en las próximas horas se recuriría a la fuerza para desalojar la ruta 34 en el acceso a General Mosconi.
La historia oficial cuenta que encuentran los cuerpos de Justiniano y Gómez en Yuto, en la jurisdicción de Jujuy, al costado de la ruta, víctimas de un accidente de tránsito. El jefe de la comisaría de Yuto en el departamento jujeño de Ledesma, comisario Vicente Jiménez, determinó que a las 23:40 del 9 de mayo los efectivos policiales recibieron una alerta telefónica que informaba sobre un accidente ocurrido unos minutos antes. La comisión policial encontró la camioneta Toyota en la localidad de Arroyo Quemado. El cuerpo de Alejandro Gómez fue supuestamente hallado en la banquina, y el de Orlando Justiniano se habría encontrado sobre el asfalto de la ruta, ambos ya muertos.
Alejandro Matías Gómez era un chico que colaboraba como periodista en una radio; Orlando Justiniano era un chico que trabajaba de albañil. Entre las 15 y 16 horas del 9 de mayo de 2001, ambos estaban juntando leña con otros compañeros, para llevar al piquete, cuando se les cruzó una camioneta traffic blanca de donde descendieron cinco policías de la provincia de Salta. El primero en descender tomó el arma, una escopeta, y disparó un tiro. Luego bajaron los otros y dispararon.
Uno de los que estaba con ellos, Luis Alberto Valdivieso, que tiene un tiro en la cabeza, es el testigo que dice, ahí nomás que pasa el hecho, a saber, que se les cruzó una traffic blanca, de la que bajaron los policías uniformados y empezaron a disparar a quemarropa. Él recibió un tiro en la cabeza y se escapó por el monte. Y a los otros se los llevaron y después aparecieron tirados al costado de la ruta. Los cuerpos se encontraron sin uñas de los dedos.
Hay testigos que vieron una camioneta blanca, con policías en su interior, que llevaban en la caja tres cuerpos cubiertos con bolsas negras.
Entrevista a Jacoba Olarte, madre de Alejandro Matías Gómez
«Fue el 9 de mayo del 2000, en el corte de ruta en General Mosconi. Mi hijo fue a ayudar a sus compañeros en una camioneta, trayendo leña, gomas y comida. Pasó por casa, se bañó, me pidió cinco pesos. Le di lo único que tenía. De ahí no lo vi más, hasta que me llamaron el día martes a la mañana, cuando yo estaba en el campo, para avisarme del supuesto accidente. Ahí me enteré que había fallecido, hasta que lo vi en la Morgue y lo comprobé».
«Hay muchas pruebas que no fue un accidente. Tenía una pupila más dilatada que la otra, la boca abierta, las marcas de las esposas en la mano, le faltaban uñas, como si lo hubieran torturado».
«Tengo una grabación de mi hijo en el que él le pedía al Comandante Hidalgo, que no reprima, que él también tiene hijos. Y al día siguiente desapareció. ¿Por qué lo mataron? Había visto mucho, hay muchas cosas sucias que no se pueden descifrar todavía».
«A todas aquellas madres que hallan perdido a su hijo, por la represión o por el gatillo fácil, les decimos que no bajen los brazos. Acá con Primitiva Ruiz, que es la madre de Justiniano, no vamos a bajar los brazos. Y pienso que la vida de los hijos no tiene precio, por nada del mundo. Porque una es la que lo ha parido y una es la que lo ha criado. Como dijo Primitiva en un discurso, estamos preparados para perder una madre, un hermano, un tío, un cuñado, pero no un hijo. Y que lo saquen de la forma que lo sacaron, es imposible aceptarlo. Es muy doloroso. Por eso les pido a todas las madres del mundo, que no bajen los brazos. Y que sigamos en la lucha. Para que esto se aclare».
Aníbal Verón
Asesinado el 10 de noviembre de 2000

El jueves 9 de noviembre del año 2000, en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, un grupo de empleados dejados cesantes reclamaban más de ocho meses de sueldos adeudados por la empresa Atahualpa, acompañados por desocupados de Tartagal y Mosconi. A través de sus protestas expresan nuevamente las desigualdades sociales, decidiendo realizar un corte sobre la ruta nacional 34. El mismo se concretaría frente al acceso sur de General Mosconi a las 20 horas.
El día jueves 9 de noviembre, a las 22 horas se presentó sobre la ruta nacional 34 el juez federal Abel Cornejo, acompa- ñado de un comandante de gendarmería nacional y autoridades policiales. Según las denuncias, éste «reunió a los presentes para informarles que en ningún momento ordenaría la represión, manifestando que se quedaran tranqui-los, que era un juez de la causa y que es el único que puede dar la orden de represión».
El juez Abel Cornejo es uno de los responsables del asesinato. Su situación está muy comprometida legalmente por la muerte de Aníbal Verón, el 10 de noviembre del año 2000. Él estuvo durante todo el tiempo en la zona. La noche anterior al asesinato de Verón, estuvo en la ruta y les dio su palabra a los piqueteros de que no iba a haber represión, que se quedaran tranquilos que ya venían los arreglos. A las 7 de la mañana vino la represión y lo mataron a Verón. Sospechosamente Verón depen- día de una empresa (-Atahualpa-)de un pariente del gobernador. Le debían 8 meses de sueldo.
En la madrugada del 10 de noviembre la policía provincial reprimía con crudeza a los manifestantes. Aníbal Verón caía, asesinado de un balazo en la cara. Posteriormente el médico Luis Flores certificaba que el deceso de Verón se había producido por herida de arma de fuego, lo que le provocó un paro cardiorrespiratorio traumático.
Luis Ricardo Gil, cuñado de Verón, que se encontraba dentro del grupo de manifestantes y cerca de Aníbal Verón, declara: «del grupo del personal policial que tenía enfrente, a escasos nueve metros del grupo de choque, se levantó uno de los uniformados, quitó el protector que tenía en su casco y con su arma apuntó directamente hacia delante y efectuó el disparo. En el acto cayó mi cuñado Verón, terriblemente herido con un disparo en la cara».
Entrevista a Enriqueta Gómez, esposa de Aníbal Verón
«Los responsables son el gobierno y el propio juez, que fue anoche a decir que no iban a reprimir. Y también Sonia Escudero (actualmente senadora del PJ) es responsable de todo lo que sucedió, porque ayer nos dividió con los aborígenes. Pero el gran culpable de que mi hijo haya quedado sin padre es el gobernador Romero, que mandó al juez que estuvo anoche, Abel Cornejo, a decir que nos quedásemos tranquilos, porque no iba a pasar nada».
«Yo estaba a una distancia que no me dejó ver quién disparó el arma, pero fue del lado de los policías. Nosotros no teníamos armas en el corte, ya que éramos un grupo en el que estábamos todos juntos, no hacía falta nada de eso. Y es con ellos que estaba mi marido cuando lo balearon; mi hermano estuvo cerca y el vio cómo le pegaron, y cómo cayó».
«Todo esto le pasa por pedir trabajo y por querer cobrar la deuda que le debían en Atahualpa, donde él trabajó 17 años y lo echaron como si nada, y no le pagaron».
«Les pido el máximo apoyo para esclarecer el asesinato de mi marido como así también de los otros chicos caídos en mayo. Les doy las gracias a todos aquellos que tienen en la memoria a Aníbal Verón; yo me quedé con cinco hijos, y sacaré fuerzas para seguir luchando para obtener justicia y que se conozca al asesino de Aníbal Verón».
Oscar Barrios y Carlos Santillán
Asesinados el 17 de junio de 2001

A fines de mayo de 2001, los obreros que trabajaban en la construcción del hospital de Mosconi pedían un mínimo salarial de dos pesos con cincuenta por hora laboral. Ante la negativa, decidieron ir a la ruta, con el apoyo de Unión de Trabajadores Desocupados.
Con más de dos semanas de corte sin respuesta del gobernador, los piqueteros convocaron para el 17 de junio una asamblea nacional de agrupaciones piqueteras. Mientras tanto, Romero declaraba ante la prensa que no realizaría ningún tipo de negociación con «delincuentes» y «sediciosos», refirién- dose con estos términos a los desocupados.
El 17 de junio el juez federal Cornejo ordenó a gendarmería nacional la recuperación a cualquier precio de la ruta nacional 34. En el llamado «Operativo Recuperación de la 34», el juez argumentó la decisión por una denuncia de la petrolera del lugar acerca del supuesto ingreso de un grupo de encapuchados a sus instalaciones.
En las primeras horas de la mañana del domingo 17, los pobladores de Mosconi se aprestaban a celebrar el día del padre, ignorando la magnitud del operativo represor que implementaría la gendarmería nacional avalada por el juez del caso. En el asalto fueron asesinados Omar Barrios y Carlos Santillán. Manuel, hermano de este último, se encontraba a su lado en el momento trágico: asegura que lo fusilaron los francotiradores de gendarmería que estaban apostados sobre los tanques de combustible de la petrolera.
Durante el Operativo Recuperación de la 34, según la versión del juzgado federal, hirieron casi a un centenar de civiles. Sólo un ejemplo, el joven Iván Dorado quedó parapléjico por un disparo que recibió en su espalda.
En el transcurso del acto represivo los medios de comunicación nacional daban a conocer la versión oficial. El juez Cornejo, el ministro del interior Mathov, y el ex secretario de seguridad provincial Daniel Nallar, decían que las fuerzas de seguridad habían sido emboscadas por los piqueteros, quienes además serían apoyados por grupos de francotiradores civiles escondidos en el monte. Desde luego, negaban la evidente presencia de francotiradores del grupo de elite de gendarmería.
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UTD Mosconi: (03875) 481094
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Ley de humedales: el humo político

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La diputada Graciela Camaño revela que percibe “falta de voluntad política” tanto en el oficialismo como en la oposición para tratar la Ley de Humedales que sigue sin tratarse desde hace casi 10 años. Mientras tanto esas áreas continúan incendiándose para favorecer agronegocios a costa de la salud de la población y el medio ambiente. El 21,5% del territorio argentino es de humedales, lo que incluye los salares donde se explota el litio “sin ningún cuidado ambiental” reconoce Camaño. La advertencia de la Multisectorial de Humedales contra un proyecto impulsado por el Ministerio de Ambiente a cargo de Juan Cabandié.   

Mientras siguen incendiándose los humedales en el Delta del Paraná, el tema de esos espacios cruciales para la preservación del ambiente, el agua y el clima, tiene una historia densa en el Congreso de la Nación. Los primeros proyectos se presentaron en 2013, hace casi una década, y obtuvieron media sanción en el Senado, pero luego perdieron estado parlamentario por no ser tratados en Diputados.

En 2016 pasó lo mismo: media sanción en la Cámara Alta y pérdida de estado parlamentario por no ser tratado en la Cámara Baja. Luego, los proyectos presentados en 2018 perdieron estado sin siquiera ser tratados. Con la urgencia ineludible de los incendios de 2020 (vale recordar las quemas en Corrientes) se presentaron 15 proyectos (10 en Diputados y 5 en el Senado), que se unificaron en un texto de dictamen discutido ampliamente en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, por representantes de 18 provincias. Sin embargo, el tratamiento en las otras comisiones no continuó y meses después perdió nuevamente estado parlamentario. La última presentación de un proyecto fue en marzo de este año: organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, de todo el país acompañaron el proyecto que impulsó el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos), pero aunque pasaron cinco meses, en la web oficial de la Cámara de Diputados continúa indicando que aún no se giraron a ninguna comisión.  

“Es una barbaridad, el reglamento establece que rápidamente hay que darle giro a los proyectos, no puede bajo ningún punto de vista la presidencia de la Cámara tener en revisión los giros”, dice a lavaca la diputada Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), quien sigue el tema desde su inicio intentando surfear las grietas.

En síntesis: sin comisiones no hay tratamiento. Y sin tratamiento no habrá ley. 

La situación es alarmante: si se suman los datos de 2021 y de 2020, en dos años y medio fueron destruidas al menos 853.000 hectáreas de humedales, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este 2022, según los datos que recopila y difunde el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Por su parte, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) amplía a 100.000 las hectáreas quemadas en lo que va del año.

Camaño desde adentro del Congreso detalla los pasos que deberían hacerse: “Lo que debe haber es una reunión de todas las comisiones que tengan el tema para dictaminar. Nosotros hicimos todo el trabajo de consulta durante el año pasado y el anterior, lo que falta es una reunión conjunta de todas las comisiones para emitir dictamen. No sirve que hagamos una reunión de la Comisión de Ambiente, eso no sirve, no alcanza. Desde Ambiente tenemos que exigir al resto de las comisiones que se sienten y debatan y que digan por qué no tiene que haber una ley de  humedales”.  

Rosca vs urgencias

El 21,5% de la superficie de Argentina –600.000  km²– la constituyen humedales: lagunas altoandinas, mallines, turberas, pastizales inundables, esteros, bañados, albuferas, rías y marismas distribuidas en once regiones, en zonas urbanas y rurales. 

El proyecto de ley busca entonces que se les brinde un uso ambientalmente respetuoso, que las actividades preserven sus funciones ecológicas y se eliminen los factores que los perturban. Además, dispone fondos para protegerlos, estimula la participación ciudadana en la toma de decisiones, y propone un inventario para registrar las zonas de humedales.  

Con los pies en este panorama responde Camaño: 

¿El oficialismo no quiere tratar este proyecto?  

Yo creo que en el oficialismo y en la oposición de Cambiemos hay diputados que no quieren impulsar el proyecto. 

¿Es posible establecer los consensos necesarios para que sea tratado?

Lo que veo es que hay una oposición férrea. Nosotros estamos pensando en los humedales como en el Delta, pero la Convención Internacional tiene definidos 42 humedales, 42 cuestiones geográficas que son humedales. Por ejemplo: los salares son humedales y fijate de qué manera se está produciendo litio en Argentina sin ningún cuidado ambiental. Las turberas son humedales. Los deltas son humedales. Acá hay una suerte de mora en la definición y en la protección de los humedales de darle un tratamiento, porque el cuidado ambiental no tiene que ver con la prohibición: tiene que ver con que en los lugares donde se produce se cuide el ambiente, y se reponga, que se hagan las cosas correctamente cuidando el ambiente. Aparentemente quienes están produciendo en zonas de humedales pretenden producir de cualquier forma y a cualquier costo, y ese es el problema más serio que tenemos. Se tiene que producir, pero de manera sostenible, y se tiene que reproducir reparando el daño que se produce al ambiente cuando se produce. 

Uno de los discursos contra la ley es que se frena la producción y reactivación económica, ¿qué opina de este argumento?

Eso es mentira. Lo que se pretende es que quien se va a beneficiar con el recurso natural no se beneficie tanto como para dejar el daño no solamente a nuestro país sino a las generaciones futuras. Hay un discurso mentiroso respecto al tema ambiental de aquellos que intentan tener muy grandes ganancias en contra del ambiente que es un bien de todos. 

La «cuchillada en la espalda«

Aunque el proyecto presentado este año por el diputado Leonardo Grosso toma como texto el dictamen consensuado durante 2021 con 37 firmas de diputados y diputadas que adhieren –todos de la bancada oficialista a excepción de la diputada Margarita Stolbizer- el tratamiento no llega. 

“No veo voluntad política, honestamente”, sintetiza la diputada Camaño, quien también presentó un proyecto propio, como muchos otros diputados y diputadas. La cantidad de proyectos da cuenta de que el tema está en agenda de parte de la Cámara pero no llega a impulsarse. 

Camaño menciona el anteproyecto del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) como un ejemplo de la falta de esa voluntad: “Es lamentable no solamente porque han habido dos instancias en el 2013 y en 2016 con media sanción del Senado, sino porque en el año 2016 el COFEMA fijó los lineamientos de lo que tiene que ser la Ley de Humedales, y no tienen nada que ver con el proyecto que anda dando vuelta y que todavía no fue presentado a la Cámara”. 

El 11 de julio, el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) en conjunto con el Ministerio Nacional de Ambiente en manos de Juan Cabandié, anunció que se presentaría otro proyecto. Desde la Multisectorial de Humedales emitieron un comunicado en el que dicen de manera contundente que “se trata de un texto completamente vaciado de valor y de contenido, que lejos está de proteger los humedales, no es más que una estafa al pueblo y una burla a quienes dedicamos tiempo y energías a perseguir un real ejercicio de la democracia”. 

La Multisectorial de Rosario denuncia esta trampa: “Ese proyecto de Cabandié es una tremenda cuchillada en la espalda a las organizaciones que vienen sosteniendo el proyecto de Ley de Humedales consensuado, que fue el que llevamos en la travesía el año pasado y dejaron caer en 2021. Hace modificaciones clave sobre la definición de humedales, sobre el cuidado de ese ambiente. Cuando decimos ‘Ley de Humedales ya!’, hay que aclarar cuál ley. Están negando y aplastando la voz popular, de la gente que está en los territorios diciendo qué ley necesita”.

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El patrón del fuego: humo, agronegocios, y el Delta en llamas

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Se destruyeron 853.000 hectáreas de humedales en dos años y medio, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este año, 100.000. “Es un patrón del fuego. El fuego nunca es causa espontánea ni un accidente: es intencionado. Hay gente que manda a quemar con un plan, una y otra vez”. El objetivo, alimentar ganado que ocupa esas zonas para agrandar la frontera agropecuaria y liberar áreas para los negocios transgénicos e inmobiliarios. Links a notas e investigaciones sobre el tema. (Foto de portada tomada del la cuenta de Federico Padin en Twitter, @fede_padin).

“Nosotros tenemos humo en la ciudad bastante seguido, desde el 2020 a esta parte. Lo que pasa es que llega a los medios de Buenos Aires cuando ya es zarpado, que es lo que pasó el fin de semana”.

Julia Vélez, integrante de la Multisectorial Humedales, habla desde Rosario mientras coordina con sus compañeros los detalles de la movilización de este miércoles en el Monumento a la Bandera. Una marcha que surgió de manera espontánea desde las redes sociales, ante la evidencia del humo, y a la cual se le fueron montando todas las organizaciones sociales de la provincia e incluso, por primera vez, la Universidad Nacional, que decretó un cese de las actividades para que la comunidad universitaria pueda asistir.

“La Universidad abrió un teléfono para recibir casos de afecciones por el humo: en la primera hora recibió 100 consultas”, cuenta Julia sobre nuevos apoyos institucionales que hablan de una bronca transversal en la ciudad del puerto internacional, azotada por la violencia, lo narco, el hambre, las quemas y los femicidios. Se suman a las víctimas todas las personas con problemas en las vías respiratorias, y quienes empiezan a sufrirlos por la invasión del humo.

La violencia de cada día

·         “Basta de humo”

·         “Humo es el negocio”

·         “Plomo y humo, el negocio de matar”

Foto: Eduardo Bodiño

Las pintadas aparecieron en edificios públicos y en la ya famosa escultura Barquito de Papel (popularmente rebautizado “narquito”) luego de tres días de humo sostenido, y merecieron más notas periodísticas que las propias causas que las originaron: los incendios que desde hace al menos 2 años destruyen el Delta, y que el pasado fin de semana volvieron a intensificarse de manera asfixiante para la población urbana.

“Tomó una relevancia a nivel nacional, pero humo tenemos casi todas las semanas. A veces muy leve, y a veces como pasó este fin de semana de dos días y medio, sin poder respirar, y gente muy afectada a nivel salud. Cada 4 meses pasa así, de manera alevosa, desde hace 2 años”, cuenta Julia sobre la a-normalidad.

La masiva movilización de hoy en Rosario pone en contexto a las pintadas. Si se suman los datos de 2021 y de 2020, en dos años y medio fueron destruidas al menos 853.000 hectáreas de humedales sobre un área total, el equivalente a 42 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Este 2022, según los datos que recopila y difunde el Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso de San Nicolás, en los primeros siete meses se consumieron unas 90.000 hectáreas solo en el área Piecas-Delta del Paraná, que va desde la ciudad de Santa Fe, al norte, hasta Zárate, al sur. Por su parte, el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) amplía a 100.000 las hectáreas quemadas en lo que va del año.

En San Pedro y las Islas Las Lechiguanas, parte del mismo Delta en llamas: https://lavaca.org/notas/san-pedro-argentina-la-realidad-en-llamas/

Y en Corrientes, donde otros incendios recientes confirmaron la necesidad de la Ley de Humedales: https://lavaca.org/mu168/la-ley-del-fuego/

La Multisectorial en Defensa de los Humedales nació como una respuesta en pleno pico de la pandemia: su bautismo desesperado fue una histórica toma del puente en pleno aislamiento obligatorio.

“Estábamos muriendo por el humo más que por el Covid, esa era la sensación”, relata Julia, y enseguida conecta con la actualidad. “Ahora parecería que el humo vuelve, ya no hay Covid, pero es como si fuera natural”. La movilización de este miércoles intentó sacudir esa naturalización postpandémica de lo antinatural.

El proyecto en juego

Estamos en agosto. La misma época –en 2020 y en 2021- que en Rosario se registraron el mismo tipo de quemas y el acoso del humo, una sincronía que la Multisectorial no lee como casualidad: “Es un patrón del fuego. El fuego nunca es causa espontánea ni un accidente: es intencionado. Hay gente que manda a quemar con un plan, una y otra vez”. ¿Para qué? “Entendemos que para los pastizales, para que en primavera estén los brotes y las vacas coman… Tenemos datos de zonas quemadas de islas que aparecen como campos en grandes inmobiliarias. También se puede pensar que es preparar el terreno para que se extienda la frontera agropecuaria, la soja básicamente. Pero… no los sabemos a ciencia cierta: son las tres cosas y alguna otra cosa más que no estamos sabiendo” dice y repite para enmarcar: “Esto responde a un proyecto económico de país”:

Sobre las causas y efectos de estas quemas, el periodista rosarino Tomás Viú investigó en esta nota para la MU 150: https://lavaca.org/mu150/todos-los-fuegos-el-delta-en-llamas/

Este territorio, el Delta del Paraná, es zona de puerto donde entran y salen barcos, en un territorio de islas de aproximadamente 70 kilómetros de monte nativo, con acceso a lo que suele llamarse “hidrovía”: el Paraná. “No es tan romántico el asunto”, pincha el paisaje Julia. “Las islas siempre fueron territorio de cualquier cosa, es decir, de cualquier tipo de negocio por fuera de la ley, con acceso al río de salida internacional. La hidrovía simboliza el territorio como disputa de poderes de los grandes negocios… es un análisis, una lectura que hago yo personalmente pero que está en boca de todos”.

En esta nota, el diputado Carlos del Frade desarrolla este análisis que da cuenta de la relación entre modelo extractivo, narcotráfico y quemas: https://lavaca.org/mu163/carlos-del-frade-contar-para-vivirla/

La encerrona

Sigue Julia: “La ciudad está estallada de violencia: hoy tenemos 18 niñes muertes por balaceras en lo que va del año… La sensación es como de una encerrona: nos matan porque no aplican políticas sociales, y tampoco tratan seriamente la cuestión del narcotráfico. Y esto no está distante de las quemas de las islas”.

Mientras tanto, el gobierno de la provincia decidió reaccionar a las quemas con un cambio de Ministro de Seguridad que las organizaciones sociales leen como una provocación: Omar Perotti le pidió la renuncia al ministro José Lagna y puso como sucesor a Rubén Rimoldi, un comisario general retirado. “A partir de estas pintadas que surgieron el gobierno empezó a justificar todo como en mensajes mafiosos… la famosa criminalización de la expresión popular. Parece más importante que te escriban una pared de un edificio público. que si se está llenando todo de humo y nadie del Estado hace nada. El mensaje parece ser: acostúmbrense que va a ser así, y si no, palos para todos”. 

Hacia adelante se vislumbra más de lo mismo: “Hay un claro camino para el proyecto económico de este país que nada tiene que ver con conservar el ambiente, y mucho menos darle lugar y voz a la organizaciones de los territorios. Es un manoseo de un discurso que se dice federal, inclusivo, colectivo, bla bla, versus la realidad de las acciones que son: de derecha, conservadoras y absolutamente extractivistas y neoliberales. Es una contradicción, una esquizofrenia sin fin. Y en el medio, nos ahogamos. Por eso vamos a seguir movilizándonos”.

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Informe América: dictamen del INADI establece que hubo violencia machista

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El Informe América fue elaborado por el colectivo Periodistas Argentinas en relación a la violencia laboral ejercida en el Grupo América hacia trabajadoras y trabajadores. A raíz de la presentación en distintos organismos del Estado, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, dictaminó que el periodista Antonio Laje tuvo conductas “violentas”, “cínicas” y “perversas” y que la conducción de dicho grupo de medios tuvo una actitud “reaccionaria, anacrónica y a todas luces ineficientes”. Los principales puntos y las recomendaciones del organismo.

El Informe América se presentó el diciembre pasado en la Sala II del Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación para dar cuenta de un sistema y un modus operandi que se viene desarrollando a lo largo del tiempo en el multimedio Grupo América. 

El documento se presentó luego oficialmente en distintos organismos estatales: la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), la Defensoría del Público y el Ente Nacional de Comunicación (ENACOM). Además se entregaron copias al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y al Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SatSaid).

Luego de una investigación la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI, a cargo de Demián Zayat, emitió un dictamen técnico de opinión que confirma “la conducta violenta de género del Sr. Laje y la complicidad o aquiescencia de las autoridades y dueños del multimedios en el cual se desempeña”.

Esta situación fue denunciada por Periodistas Argentinas cuando enfatizó que no se trataba de una sola persona sino de una situación sistemática que se viene desarrollando a lo largo del tiempo.

El dictamen sostiene que se identifica “un modus operandi generalizado en el ámbito de los medios masivos de comunicación: el machismo imperante en ellos, materializado en el acoso, abuso, maltrato, intimidación y descrédito profesional al que son sometidas las mujeres”. Además remarca que ”mientras la violencia de género gana lugar y relevancia en los medios” son los propios medios  en donde “se perpetúan y reproducen conductas machistas contra las trabajadoras”. 

Sobre el modus operandi detallado en el Informe América, el INADI entiende que “dicha práctica tiene un aspecto cínico y otro perverso”. Y detalla cada uno: 

  • “El costado cínico reside en el principal argumento de defensa esgrimido generalmente por las personas acusadas, argumento que endilga a la vorágine de ‘la exigencia profesional’ la responsabilidad por ‘algún exceso’”. 
  • Respecto al costado perverso: “Anida en que los maltratos y abusos denunciados generalmente implican el desastre para la denunciante, su descrédito profesional, persecución o despido, que generalmente incluye también caer en una suerte de lista de vetados que impide trabajar en otros programas o medios del grupo en cuestión o, en casos graves, incluso en cualquier otro medio del país. Este rasgo ruin, montado sobre el temor e incertidumbre que genera la posibilidad de perder el empleo, es el que precisamente habilita su propia existencia y continuidad”. 

Además en el documento emitido hoy por parte del organismo se sostiene que «Laje se victimizó y denunció una “operación” para destruirlo. Más allá del egotismo del Sr. Laje, que al parecer se considera lo suficientemente importante e influyente como para que se instalen operaciones en su contra, con sólo apreciar las declaraciones de las mujeres implicadas, sus tareas y sobre todo las consecuencias que tuvieron en sus trabajos, basta para descartar la falsa ‘operación’ argüida por Laje»

Otra definición: “La defensa del Sr. Laje consistió en definir a esta situación no como maltrato, sino como exigencia. Más allá del nombre que le quiera poner, los hechos encuadran sin lugar a dudas en todas las definiciones de violencia

contra la mujer que establece la normativa internacional y nacional». 

Respecto al papel y responsabilidad de los dueños y autoridades del Grupo América el organismo remarca que “su actitud ante la situación resultó reaccionaria, anacrónica y a todas luces insuficiente. En relación a su intervención en este expediente, si bien puede entenderse el derecho a la defensa que toda persona física y jurídica tiene, la actitud aséptica y tecnicista evidencia en las presentes actuaciones un desinterés absoluto por la violencia engendrada contra las mujeres en el medio que presiden”. 

Subraya el INADI que “en el afán de defender a su conductor deja a la empresa en una posición de absoluta complicidad con los graves hechos denunciados y de espaldas a una realidad (el empoderamiento de las mujeres para terminar de una vez con prácticas y conductas violentas contra ellas) que no va a detenerse por más caso omiso que quiera hacerse. Con su actitud la empresa, además, revictimiza a las mujeres implicadas, ya que la inacción respecto a lo ocurrido, aún ante la presentación de denuncias formales, reafirma la postura tomada al despedir a las trabajadoras que no se sometían a los abusos de Laje, o al permitir su persecución y acoso laboral, sin garantizar los más elementales derechos laborales”. 

Como organismo estatal que actúa contra toda forma de discriminación, el INADI estableció en el dictamen una serie de recomendaciones con el fin de prevenir y reparar las acciones denunciadas. Las recomendaciones son: 

  • “Arbitrar los medios necesarios de manera inmediata para evitar la continuidad de conductas denunciadas, sin que se adopten represalias contra las víctimas y denunciantes”. 
  • “Establecer capacitaciones sobre violencia de género a fines de evitarlas en el futuro y lograr un estándar aceptable en cuanto a los derechos de la mujer”. 
  • “Establecer segmentos sobre derechos de la mujer para sacar al aire en el programa de las noticias de la mañana”. 
  • “Aprobar y poner en práctica, de un modo conjunto con los representantes sindicales, un protocolo para prevenir y sancionar la violencia de género, de acuerdo a lo establecido por el Convenio 190 de la OIT, y crear un área de género para prevenir este tipo de conductas que deberá tener intervención en la investigación que se lleve adelante en las denuncias de este tipo”. 
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La última Mu: La voz originaria

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