El gobierno profundiza el agronoegocio con nuevos nuevos transgénicos, más agrotóxicos, el impulso a la ley de semillas y despidos en Agroindustria que implican la desaparición de la Secretaría de Agricultura Familiar. Un panorama de especulación, juicios que no prosperan (gracias al nuevo presidente de la Corte, entre otros) y un modelo que viene tambaleando no sólo por las sequías. Por Darío Aranda.
La peor sequía en cincuenta años”, es uno de los motivos que argumenta el gobierno nacional para explicar la crisis económica-social (y política) que atraviesa el país. Y sí, hubo sequía. Pero claramente no sólo el clima tiene la culpa.
La cosecha de soja 2017/2018, estimada por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en 52 millones de toneladas, esta vez fue de 47 millones. En tanto la de maíz fue de 35 millones, inicialmente estimada en 40 millones.
El cambio climático, uno de los factores determinantes de sequías e inundaciones, tiene entre sus factores fundamentales a la deforestación. En 2017 fueron arrasadas en el mundo 15,8 millones hectáreas de bosques, un promedio de 30 canchas de fútbol por minuto, según datos de la oenegé internacional Global Forest Watch (Observatorio Forestal Mundial).
En Argentina el seguimiento más completo de la deforestación es realizado por Greenpeace. En 2017 publicó un informe sobre el desmonte en el norte del país, en base a datos oficiales e imágenes satelitales. Denunció que en Argentina se produce el 4,3 por ciento de la deforestación mundial y precisó que el país es uno de los diez más que más desmontaron en los últimos 25 años: se arrasaron 7,6 millones de hectáreas de bosques nativos, lo que equivale a la superficie de Entre Ríos.
Desde la sanción de la Ley de Bosques en 2007, hasta 2014 se destruyeron 2,1 millones de hectáreas.
Entre las causas sobresale el avance de la frontera agropecuaria.
Esto también es parte de “la tormenta”.+

Puertas giratorias

Hoy en una empresa y mañana en el gobierno. Hoy en alguna función del Estado y mañana en una compañía. Puede ser en un Ministerio, una secretaría, el Congreso Nacional, en las legislaturas provinciales o en el Poder Judicial. “Puertas giratorias” se llama la práctica de “conflictos de intereses”, un eufemismo que roza la corrupción.
Ricardo Buryaile fue vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades de la Mesa de Enlace; de hecho su figura se hizo conocida en el marco del conflicto por la resolución 125. También es estanciero de Formosa, con campos de soja y ganadería. Fue el primer ministro de Agroindustria de Macri.
La Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) es uno de los mayores actores de lobby en favor del modelo transgénico, con alianza incondicional con las multinacionales de semillas y agrotóxicos. Ignacio Garciarena, de la regional 25 de Mayo (Buenos Aires), asumió como Secretario de Agricultura.
La presidenta de Aapresid, Beatriz “Pilu” Giraudo, asumió también en Agroindustria, pero con un cargo especial: “Coordinadora de Políticas para el Desarrollo Sustentable”. En noviembre de 2017, Buryaile fue reemplazado por Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la entidad agropecuaria más antigua y conservadora del país, aliada de golpes militares y de gobiernos neoliberales.
A días de asumir, ratificó el rumbo del agronegocio e hizo una férrea defensa de los agrotóxicos: “El glifosato no causa ningún tipo de daño”. Y dejó una advertencia: “No pretendan frenar la producción en nombre de una imaginaria pureza ambiental”.
Una decena de organizaciones campesinas y de la agricultura familiar repudiaron el nombramiento: “Con Etchevehere como ministro de Agroindustria el Gobierno clarifica aún más el campo que desea el Gobierno, un campo despoblado en manos de grandes terratenientes que producen para exportación. Excluidos quedamos quienes vivimos y producimos alimentos sanos”. La circular era firmada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Movimiento Campesino Liberación y la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA, entre otros.

Pro-Agronegocio

Entre las primeras medidas de Macri en relación al campo se destacó la de eliminar retenciones (impuesto a la exportación) a productos agropecuarios. También y en particular la baja gradual a la soja, en clara diferenciación con el kirchnerismo y su resolución 125 de impuestos a la soja. La medida fue celebrada por la Mesa de Enlace, comunicadores que publicitan la actividad del agronegocio (también llamados “periodistas agropecuarios”) y por las empresas de transgénicos y agrotóxicos.
Un medida de 10.000 millones de pesos, reconoció el gobierno. Desde el diario económico El Cronista estimaron, en base a la devaluación en 2016, una cifra distinta: 60.000 millones de pesos.
Por otro lado, desde que asumió el macrismo se aprobaron dieciséis transgénicos. Mucho tuvo que ver que se mantuvo en el cargo un funcionario clave del kirchnerismo: Martín Lema, director de biotecnología, espacio que da la aprobación “científica” a los transgénicos, generalmente en base a estudios de las mismas empresas. Las beneficiadas fueron Monsanto, Pioneer, Dow, Syngenta, Indear, Bayer y Tecnoplant.
Otro hecho inédito: se liberó para consumo la primera papa transgénica del continente, que no fue aprobada en ningún país de América Latina ni de Europa. Las mesas argentinas ya pueden tener papa transgénica sin que se haya informado nada a los consumidores.
En julio pasado, cuatro ministros dieron una conferencia de prensa para legitimar las fumigaciones con agrotóxicos. Sergio Bergman (Ambiente), Lino Barañao (Ciencia), Adolfo Rubinstein (Salud) y Luis Miguel Etchevehere (Agroindustria) avanzaron, en línea con los pedidos de las empresas, y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2-4D, atrazina y otros agrotóxicos. Presentaron un documento llamado “lineamientos para aplicación de fitosanitarios”, que cumple todos los pedidos de las empresas para “regular la aplicación de fitosanitarios”: no fija distancias mínimas para proteger a la población, no tiene en cuenta los efectos crónicos (largos periodos de tiempo) de los agroquímicos en las personas, no aborda el impacto tóxico de la mezcla de químicos e invisibiliza cientos de estudios científicos de universidades públicas que dan cuenta de las consecuencias del glifosato.
Los cuatro ministros, a través de doce principios y 23 recomendaciones, impulsan una ley nacional para facilitar aún más las fumigaciones y legislar con menos distancias en los municipios. “También los antibióticos, si no se aplican bien, pueden tener consecuencias fatales”, simplificó el ministro de Ciencia, Lino Barañao. Defensor del modelo transgénico, Barañao había dicho que el glifosato (herbicida pilar del modelo sojero) era como “agua con sal”. En conferencia de prensa volvió sobre un argumento similar: “Uno se puede morir hasta tomando agua en mucha cantidad”.

Desierto verde

Desde diciembre de 2015, al asumir la alianza Cambiemos, se profundizó el desfinancimiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, área dedicada al trabajo con campesinos, indígenas y pequeños productores. Oscar Alloatti, con experiencia en gestión en Santa Fe, inició un proceso impiadoso de ajuste y despidos. En Jujuy avanzaron sobre los delegados sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en Chaco el nuevo delegado provincial, Gustavo Nuñez (protegido del ex gobernador y actual legislador radical, Angel Rozas) hizo lo propio, con despidos masivos y amenazas. Un caso insólito se vivió en Santiago del Estero, donde el referente provincial de la SAF, Carlos Cejas Lescano, está vinculado con inmobiliarias denunciadas de vender ilegalmente predios de familias campesinas.
El macrismo aprovechó la precarización laboral de los trabajadores y comenzó con los despidos. Entre diciembre de 2016 y septiembre de 2016 la dupla Buryaile-Alloatti dejó sin trabajo a 250 personas y cortaron los mínimos financiamientos que tenían para asistir a las familias campesinas.
Los despidos siguieron por tandas. Ya con Etchevehere al frente del Ministerio y Santiago Hardie en Agricultura Familiar, en enero y abril de 2018 echaron a un centenar de trabajadores de Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Salta, Tucumán, Misiones y Río Negro. Y bajaron de rango la SAF, que pasó a ser subsecretaría. El 31 de agosto, Etchevehere despidió a 565 trabajadores, 447 del área de agricultura familiar. Ante la movilización a la sede principal del Ministerio, en la calle Paseo Colón, el Gobierno reprimió a los trabajadores.
También modificó el Monotributo Social Agropecuario, que permitía tener obra social y jubilación a las familias campesinas. El Ministerio de Agroindustria dejó de realizar aportes (cubría la mitad del cargo de la obra social) y perjudicó así a 50 mil familias rurales.
El desguace de la Subsecretaría de Agricultura Familiar es la mayor muestra, no la única, de la política del gobierno para debilitar la agricultura campesina. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), organismo que siempre apoyó al agronegocio, reconocen que la agricultura familiar produce el 80 por ciento de los alimentos del planeta. En Argentina, las organizaciones campesinas estiman en cambio que producen al menos el 60 por ciento de los alimentos que se consumen en el país.
Según datos oficiales de 2014, la agricultura familiar en Argentina representa el 20 por ciento de las tierras productivas, son casi el 80 por ciento del total de productores, abarca 250.000 establecimientos productivos e incluye a 2.000.000 de personas. Desde 2014 está vigente la Ley 27.118 (de “reparación histórica para la agricultura familiar”), que define la tierra como un bien social, promueve la creación de un banco de tierras y suspende los desalojos campesinos por tres años, entre otros puntos. Establecía un presupuesto de 1500 millones de pesos anuales que nunca fueron asignados. En tres años, el macrismo tampoco otorgó presupuesto para la ejecución y cumplimiento de una Ley nacional.
Mucho menos hubo políticas oficiales para regularizar las tierras en manos de campesinos y pueblos indígenas. Según datos oficiales de la misma SAF, de 2013, en Argentina existen al menos 9,3 millones de hectáreas de campesinos e indígenas que son pretendidas por el sector privado o estatal. La tierra en disputa equivale a 455 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: son 857 casos que afectan a 63.843 familias. En la mitad de los casos, las familias campesinas e indígenas sufrieron violencia para que abandonen sus campos, y el 64 por ciento de los conflictos comenzó en las últimas dos décadas y tiene relación con el modelo agropecuario. “Sin dudas que (el inicio de las disputas) debe leerse a la luz del cambio e innovación tecnológica y el impacto de la expansión de la frontera agrícola sobre los agricultores familiares”, afirma el estudio publicado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

Semillas made in

«Quien controla las semillas controla la alimentación” es una consigna que ya es bandera de los movimientos campesinos y que hace eco del manejo estratégico del inicio de todo el proceso: tres compañías controlan en el mundo el 60 por ciento del mercado. Son Monsanto-Bayer (29,3 por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta-ChemChina (9,2).
Las empresas exigen desde hace años una nueva Ley de semillas en Argentina, que contemple “regalías extendidas” (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Esto implica limitar el “uso propio”, una práctica milenaria que implica sembrar, cosechar y con esas semillas obtenidas volver a sembrar.
Durante el kichnerismo hubo intentos por avanzar con la llamada “ley Monsanto”, pero fue frenada por la resistencia de organizaciones campesinas, académicos críticos y por sectores del mismo oficialismo. Desde que asumió, el macrismo se propuso volver a la cara con una nueva ley de semillas. Con la gestión Buryaile ingresaron proyectos a comisiones del Congreso pero este año (con fuerte lobby de las empresas) se intentó que pase las comisiones, con acuerdos para llegar al recinto.
“Se abrió un camino para reconocer las patentes de semillas”, tituló Clarín en junio de 2018, en un artículo que afirmaba que “las principales entidades de productores y de la industria acordaron discutir los disensos y luego presentarán un avance en el Congreso”. El “acuerdo” fue entre empresas, funcionarios y algunas de las organizaciones de la Mesa de Enlace. El Gobierno emitió un comunicado que empujaba: “El Ministerio de Agroindustria promueve el consenso para la actualización de la ley de semillas”.
Medio centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y sectores académicos conforman la Multisectorial contra “la Ley Monsanto de Semillas”, como la llaman. Denuncian allí que no se los escucha en el debate y rechazan los intentos de modificar la ley. “Las semillas agrícolas han sido y siguen siendo una creación colectiva de los pueblos. El material genético que contiene es preexistente, y no el resultado de un invento humano. Es por esto, por la historia del trabajo humano que contiene, que no puede ser patentado”, explicaron.

Impunidad doméstica

Monsanto (adquirida por la alemana Bayer) fue condenada en Estados Unidos por causarle cáncer a Dewayne Johnson, trabajador rural que manipuló durante años el herbicida Roundup (ver nota Monsanto Papers de este número). “Desde el anuncio de la sentencia a favor de Johnson, las acciones de Bayer han bajado más de 18 por ciento, lo cual se tradujo en una pérdida de cerca de 18 mil millones de dólares. Bayer teme que otra ola de juicios se desate pronto en Estados Unidos por el uso del agrotóxico Dicamba con la soja transgénica Xtend, también de Monsanto, que está dañando los cultivos de otros agricultores”, afirmó Silvia Ribeiro, una de las mayores especialistas en el accionar de las multinacionales transgénicas, integrante del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración (ETC).
Monsanto tiene más suerte en los tribunales de Argentina. En abril de 2009, la Asociación de Abogados Ambientalistas recurrió con un amparo a la Corte Suprema. En un hecho sin precedentes y que apuntó al emblema del modelo de agronegocios, la oenegé solicitó que el Gobierno determine en 180 días el efecto sanitario de los químicos agrarios, cargó responsabilidades sobre los estados provinciales de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, y también apuntó a Monsanto. La presentación judicial citó media docena de estudios científicos que describen los males de los agrotóxicos y destacó la necesidad de priorizar la protección del ambiente y la salud de los pueblos por sobre una actividad económica.
“La Corte durmió la causa durante dos años y luego se declaró incompetente”, recordó Enrique Viale, impulsor del amparo. Fernando Cabaleiro, de la organización Naturaleza de Derechos, explica que aún hay cuatro causas que involucran a Monsanto, tres en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La soja transgénica Intacta (que reemplaza a la aprobada en 1996) fue autorizada, según consta en la denuncia, de forma irregular. La aprobaron sólo siete de los 47 integrantes de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia). En la demanda se plantea la ausencia de evaluación de impacto ambiental, la forma inadecuada en la evaluación de riesgo cancerígeno y se cuestiona cómo se aprueban los transgénicos en Argentina (en base a estudios de las empresas, con mayoría de integrantes de las compañías). En la denuncia se solicita la suspensión de la soja Intacta y la cancelación de la comercialización. La causa fue iniciada en el 213 y desde hace dos años se espera la decisión de la Corte Suprema.
Otra causa que involucra a Monsanto comenzó en 2007, cuando reclamó el derecho de cobrar canon extra por sus “desarrollos” transgénicos, buscando que se le reconociera el derecho de propiedad por toda una planta que lleva los transgenes que la hacen tolerante al herbicida glifosato. Pero la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en noviembre de 2015, frenó la pretensión de Monsanto. “La molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención (de Monsanto) porque son materia viva y preexistente en la naturaleza. Ese material genético tiene la aptitud de generar una planta completa y los países tienen la facultad de declarar no patentables a las plantas”, afirmó el fallo, firmado por los jueces Guillermo Alberto Antelo y Ricardo Gustavo Recondo. El fallo judicial determinó que las semillas no son una invención de la multinacional, sino de la naturaleza.
Monsanto recurrió a la Corte Suprema en mayo de 2016. Y aún no hubo sentencia. “El expediente estuvo diez meses en el despacho del juez Carlos Rosenkrantz (nuevo presidente del tribunal). Es curioso porque él fue rector de la Universidad de San Andrés, donde se promueven los posgrados del agronegocios, donde tiene fuerte incidencia Monsanto. Mientras que en cuatro meses pasó por los despachos de los otros cuatros integrantes supremos. Veremos cuándo y cómo falla el máximo tribunal, la sentencia de Cámara es una pieza jurídica magistral e inobjetable”, señaló Cabaleiro.
Más de 80 organizaciones socioambientales de Argentina y el mundo, con la reconocida activistas Vandana Shiva a la cabeza, se presentaron ante la Corte solicitando una instancia de “Amigos del Tribunal”, a fin de recomendar al tribunal supremo que confirme la sentencia de la Cámara.
Rosenkrantz reemplaza a Ricardo Luis Lorenzetti, quien presidió la Corte desde 2004. El currículum vitae de Lorenzetti tiene 52 páginas (en el sitio del máximo tribunal). Una veintena de veces aparece destacada su especialidad: el “derecho ambiental”. En catorce años como juez, nunca emitió sentencia contra el agronegocio de transgénicos y agrotóxicos, más bien al contrario.