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Sonamos!

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Se lanzó el proyecto, nomás. Sonar Tevé es impulsado por la FAMI (Federación de Músicos Independientes) y representado por la UMI (Unión de Músicos Independientes). El ECUNHI recibió el miércoles a diversos artistas y periodistas del arte para empujar (y celebrar) un proyecto avanzado sobre el primer canal público de música nacional: SonarTV.

sonartvLos rumores hablan de que el proyecto estaría aprobado por la RTA SE (Radio y Televisión Argentina), la empresa pública que administra los medios estatales. De ser así, SonarTV vendría a completar la grilla de canales estatales culturales que empezó con el deporte, la ciencia, los niños y el cine, siempre fuera de las lógicas de mercado. Así lo explica Diego Boris, presidente de la FAMI, a punto de empezar la conferencia y en charla con lavaca: «La idea es que el arte le discuta al mercado los sistemas de producción, distribución y difusión. Que no sea un canal tipo MTV, sino que además de videoclips, tenga documentales con historias, contenidos sobre educación musical, reportajes, se cubran los festivales de distintas provincias, etc.»
Sacudida por el Efecto Cromañón, la escena musical porteña encontró en la UMI un espacio de contención e intercambio de voces. Así, se organizaron festivales en plena calle con cientos de bandas. También, desde que se creó en 2001, da asesoramiento técnico sobre la producción y difusión de material discográfico para los artistas; entabla convenios y acerca precios accesibles. En ese marco, han logrado poner en estado parlamentario una Ley de la Música (financiamiento que consiguió el diputado Claudio Lozano y firmaron varios del Frente para la Victoria), que intenta hacer estatal lo que la UMI viene atajando hasta entonces. Cuenta Boris: «Es una ley que intenta hacer cuestión de estado el tema de la producción, distribución y difusión de la música nacional. La idea es que tenga alguna etapa subsidiada, no toda, porque la UMI es una herramienta que genera convenios pero no tiene acceso a fondos».

Entre otros: Miguel Cantilo, Teresa Parodi, Víctor Heredia, El Mono de Kapanga, Raúl Carnota, Miguel Grimberg, Guillermo Tello, Christian Aldana y Diego Boris

Entre otros: Miguel Cantilo, Teresa Parodi, Víctor Heredia, El Mono de Kapanga, Raúl Carnota, Miguel Grimberg, Guillermo Tello, Christian Aldana y Diego Boris


Son éstas las discusiones que permitieron, a su vez, soñar con un canal público y estatal de la música. La Ley de Medios también ha permitido reconfigurar el panorama: «Como participamos en la Coalición por la Radiodifusión Democrática, y conocer de cerca los contenidos de la Ley, sabíamos cómo se iba a implementar la televisión digital terrestre. Desde ahí empezamos a trabajar la idea de que la música es un arte y merece un espacio para difundirse fuera de la lógica del mercado, que tiene que ver con el lucro y la comercialización». El encuentro del miércoles, además del lanzamiento del proyecto, tuvo como propuesta comenzar a formar grupos de trabajo que organicen las ideas y sueños. Hasta ahora, el proyecto tiene representantes en al menos 9 de las provincias argentinas (recordemos que la FAMI es una organización de alcance nacional). Boris: «Eso asegura que el proyecto no quede atado al quehacer de una gestión; la idea es que se genere un Consejo asesor que pueda debatir los contenidos musicales que debería tener un canal público de música». ¿Algunas ideas, hasta ahora? Diego se emociona: «Además de lo que ya conté, nos imaginamos especiales del origen del cuarteto contado por la Mona Jiménez, o el de la cumbia por Pablo Lescano. La idea es darle a la música la posibilidad de difundir su contenido más profundo, el transformador, el social, y también un espacio de difusión de las propias experiencias genuinas».
Construyendo independencia
Aquí debajo, compartimos una charla inédita entre lavaca y Cristian Aldana y Esteban Agatiello, músicos y presidente y miembros de la UMI, respectivamente, que explican qué significa ser músico independiente, amplían sobre la Ley de la Música, cuentan de la UMI y hablan de cómo es estar del otro lado de la balanza del mercado.
Cristian Aldana y Esteban Agatiello son músicos independientes. Así se definen y así se sienten. Cristian, cantante y guitarrista de El Otro Yo, y Esteban, tecladista de Richter, participaron activamente en la derogación de la «ley del ejecutante musical» promovida por el Sindicato Argentino de Músicos (SADEM) y como contrapartida, proponen la «ley nacional de la música», que está en el Senado esperando ser aprobada antes de que termine el año. Ambos pertenecen a la Unión de Músicos Independientes (UMI), que cuenta con 4500 socios,  y en sus roles de presidente y secretario buscan mejorar las condiciones de la actividad musical e impulsar la autogestión. En esta entrevista intentamos encontrar respuestas a varios interrogantes relacionados con la idea de ser un músico independiente. ¿De qué depende ser independiente en el contexto actual? ¿Independiente de qué? ¿De las grandes compañías discográficas, de un manager inescrupuloso, de  las distribuidoras, de no caer en la lógica del mercado? ¿Es ficción incompatible o un escenario posible si se obtienen las herramientas necesarias? ¿Qué cambia con la nueva ley?
La ley
El proyecto de ley de la música que elaboró un numeroso grupo de artistas durante cuatro años apostó por el método colectivo, como la mejor forma de democratizar las voluntades y que todos pudieran dar su opinión con el objetivo de reivindicar la profesión. La ley del ejecutante musical, promulgada en 2005, es del año 1958 y ya no representaba la realidad de lo que pasaba en la Argentina: «Es de antes del ingreso del rock al país y tampoco representaba a las orquestas de tango de ese momento», aclara Esteban. La ley apuntaba a los músicos que trabajan en relación de dependencia, que en la actualidad son una minoría. Y entre otras cosas llamativas, proponía un «examen de idoneidad» para poder acceder a una matrícula, pagar una cuota de $100 anuales y cobrar los shows a través del sindicato de músicos. «Se iba a armar una caja recaudadora. El SADEM no nos representa porque la mayoría de los que están en la comisión directiva no son músicos, no daba respuesta a las necesidades que tenemos. Nos juntamos más de 1500 músicos en el Bauen para rezongar por esta ley y ahí nos pusimos de acuerdo en que había que derogarla, logramos hacer una reunión en la Casa Rosada con el presidente en ese momento, que era Néstor Kirchner, pidió disculpas porque pensaba que esa ley nos iba a ayudar y nosotros nos comprometimos a empezar a trabajar por una nueva. Fue un momento histórico. A partir de ahí se organizaron grupos de trabajo y todos podían participar» relata Aldana. Armaron un borrador y como uno de los principales puntos de la ley, decidieron que era una buena idea incluir la creación del Instituto Nacional de la Música, la posibilidad de difusión de eventos, vales por horas de grabación, masterización, diseño de arte, impresión de gráfica promocional y poder contar con más presupuesto para distribuir entre mayor cantidad de músicos.
¿Qué repercusión tuvieron de los medios más tradicionales, el sindicato,  las compañías discográficas, lo que constituye la industria de la música?
CA: Nosotros siempre trabajamos por la positiva. Necesitamos una ley, y seguramente la industria también, que nos dé posibilidades de hacer música en la Argentina, desde lo que es en vivo hasta la forma de producir, y siempre buscamos poder juntarnos con todos para poder enriquecernos. Abrimos la puerta y la mayoría participó, la leyeron, hicieron comentarios, se habló con todos, con SADAIC, CAPIF, con empresarios teatrales, la ley abre la puerta para que todos participen. Se le mandó la ley a un montón de músicos conocidos, todos la apoyan. No va a resolver la totalidad de los problemas pero va a ser una mejora y el trabajo colectivo fue a favor de la música y no «en contra de», lo hicimos desde un lugar de amor a la música.
De alguna forma se enfrentaron a un modelo que puede considerarse hegemónico y trataron de imponer una realidad distinta. ¿Alguien los cuestionó?
CA: La verdad es que no pasó, no lo pensamos desde ese lugar. Nosotros, como UMI, asesoramos en cuanto a derecho de autor, de intérprete, de director fonográfico, tener registrado el nombre de la banda, para registrar las canciones, pasar las planillas de shows, cómo hacer para autogestionarse.
EA: Todo eso no es menor porque esa información muchas veces se transforma en dinero, cuando tocás en un show, cuando salís en una radio. No importa lo que cobres, pero eso te legitima ante vos mismo como músico y ante la sociedad, le podés decir a tu mamá: «mirá, cobré». Cuando sos músico te dicen «sí, pero de qué trabajás». Es encontrarte con otra realidad que te cambia la mirada. No queremos ser un gremio, ni una sociedad de gestión colectiva, lo que hay que hacer es que las instituciones que ya existen funcionen perfecto, no es que no queremos que haya un sindicato, está bien que haya uno que defienda a los músicos del Colón, por ejemplo, pero también queremos generar herramientas para otra realidad que termina siendo mayoría. Es mucha la música que se edita y se vende en estas condiciones que no van por el lado tradicional de la disquería y sin embargo representan una porción importante del mercado. Creemos que cada uno tiene su lugar y para nosotros ese lugar es la independencia y damos herramientas desde ahí para que después los músicos puedan utilizar al resto de las asociaciones en beneficio propio.
La UMI y los desafíos de producir en común
Cristian Aldana, junto a su banda El Otro Yo sabe bien de qué se trata ser un músico practicante de la autogestión. En sus comienzos, en el año 1988, tenían en claro que la escena del rock nacional no estaba interesada en la música que ellos proponían y Aldana salía con su mochila a distribuir los discos en las disquerías, cobraba, recuperaban lo invertido, volvían a grabar y hasta crearon su propio sello: Besótico Records. Desde la UMI, viene trabajando a favor de los artistas de la música desde 2001.
¿Cuáles son los beneficios que  tienen los socios de la Unión de Músicos Independientes?
CA: En estos años la UMI logro convenios con imprentas, fábricas de dvd, diseño web, diseño de tapa, prensa, cuerdas, arreglo de equipos, hasta con un psicólogo de músicos, con estudios de grabación. Se están fabricando 60 nuevos títulos autogestionados por mes, de todos los estilos. La UMI no es intermediaria sino que damos las herramientas para que el músico ejecute todo por sí mismo, brindamos la información para generar un nuevo modelo de músico. En los primeros años de existencia de la UMI, el concepto de autogestión era visto como «off», al costado del mercado, se lo desvalorizaba en relación a estar con un sello. Ahora creemos que la autogestión en la Argentina triunfó porque son más de 4500 bandas, más de 3000 discos que se editaron desde los convenios de la UMI.
EA: No es el camino que nos queda sino el que elegimos. Antes de que existiera la UMI muy pocas bandas fabricaban sus discos. El mercado cambió, antes el disco era una cosa y ahora, a partir de la tecnología, eso se modificó, sin embargo se fabrican más discos que antes.
El principal objetivo a corto plazo es la aprobación de la ley, para eso se están reuniendo con los senadores de los distintos partidos para ponerlos al tanto de que la intención es crear cultura desde la música. En el ámbito local, en 2009 se aprobó la ley de concertación musical, ley de emergencia para dar respuesta a las condiciones de los shows musicales en la ciudad de Buenos Aires, que fueron modificándose en el contexto post Cromañón. Después de la tragedia el Gobierno de la Ciudad clausuró varios locales y eso entorpeció la posibilidad de tocar en vivo. Mediante una convocatoria virtual se juntaron más de mil músicos en la puerta de la jefatura del gobierno porteño para reclamar por nuevas condiciones. Para poder reglamentar la ley y ponerla en práctica, obtuvieron el compromiso del ministro de cultura Hernán Lombardi de crear un presupuesto antes de que finalice este año para que los lugares de música en vivo puedan acondicionar sus instalaciones y las bandas o solistas no tengan que pagar sonido y luces para poder tocar, «que es como ir a tomar un café a un bar y que  te cobren el alquiler de la máquina de café».
Y también aspiran a perseverar y transmitir el camino de la autogestión a la que Aldana define como «tener libertad para poder buscar tu forma de expresión y no estar condicionado por el mercado».  La independencia no es tarea fácil, es el arte de combinar los propios recursos de una manera autónoma. Todo un desafío.

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Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos

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La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi

El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.

¿Qué es lo “insustancial”?

La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.

El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.

A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.

¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.

En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.

Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).

“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.

Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?

–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.

¿Docentes centinelas?

El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.

Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.

¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.

Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.

Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.

–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?

–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.

La Corte y el lobby sojero

En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.

La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años

Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.

Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.

Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.

El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.

Lorenzetti y Bordet no responden

En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.

Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).

La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.

Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.

“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.

Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.

Denuncia en la CIDH

¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?

Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.

Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.

Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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