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Adams Ledesma, periodista y delegado villero

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Adams Ledesma fue asesinado el 3 de setiembre en la Villa 31bis. Tenía 33 años y era uno de los responsables de la señal de tevé comunitaria Mundo Villa y delegado de la manzana en la que vivía desde hace décadas. «No fue un ataque callejero ni un afano. Fue el hecho más violento que sufrió esta villa en los últimos años» aseguran los vecinos. Las hipótesis que circulan por la villa son dos y ambas están relacionadas con el destino que Ledesma estaba dándole a su flamante canal de televisión.
Adam
«Vamos a escrachar a los que vienen en 4 x4 a comprar droga al barrio», había anunciado a los periodistas que lo entrevistaron cuando inauguró la señal, hace apenas dos meses. «Ésa era su gran misión: luchar contra la droga en el barrio. Todos lo sabemos porque él lo dejaba en claro en cada conversación». Su lema: «Mi única línea divisoria es la droga», repetía para explicar con quién estaba dispuesto a dialogar y con quién no.
En un barrio en donde el gobierno macrista apostó a la división y al enfrentamiento, Ledesma era un puente entre los bandos enfrentados por el reparto siempre insuficiente de la ayuda social. «Acá el macrismo compró con prebendas al 75% del barrio, pero el cuarto que no cedió molesta un montón». La tensión actual está relacionada con el plan de urbanización en la que ese cuarto de vecinos está trabajando desde hace varios años y que, a fuerza de empeño, presión y esfuerzo consensuado, lograron que llegue a la Legislatura para su aprobación. Diluyeron así los planes de erradicación, pero también fueron testigos de un efecto inesperado: la zona se convirtió en el territorio donde se dirime uno de los dramas sociales de la actualidad: la falta de techo. En los últimos tiempos, la villa fue escenario de nuevas tomas que tensaron el clima entre los recién llegados y los que vecinos veteranos que temían que se pusiera en riesgo el plan de urbanización, para el cual se había censado a toda la población. «Hace unos días se quisieron tomar unas casas vecinas a la de Adams -señala un vecino-. Él intervino para evitarlo y dijo que iba a filmarlos si trataban de reincidir». Esa es la otra hipótesis que recorre el barrio.
A las dos teorías las sostienen una misma lógica homicida: ¿muerta la cámara se acabó la rabia?
El multimedio villero
Mundo VillaLedesma era parte del equipo que desde hace dos años edita el periódico Mundo Villero, dedicado a informar sobre la vida y los problemas del barrio. Con el impulso del debate por la Ley de Medios creció la idea de ampliar esa experiencia a la radio. En cuanto comenzó las averiguaciones para la instalación de la antena, se encontró con la posibilidad de que el proyecto se convirtiera en un canal de tevé. Se asoció en el proyecto con Victor Ramos (hijo del legendario Abelardo Ramos), un documentalista que durante el menemismo fue jefe de gabinete de la Secretaría de la Función Pública y que desde 2004 es consultor del BID. Guionista de tevé y fundador de la oenegé SOS Discriminación, Ramos dirigió la película  Las 21 Barracas que retrata la guerra de pandillas en la villa 21.
Esa mezcla -delegado villero, documentalista oenegero- posibilitó  que se formalizara el trámite para obtener la licencia del canal de tevé en un barrio en el que los operadores de cable trazan su propio aparheid: «La villa 31 y la 31 bis son las únicas de la ciudad que no tienen acceso a la TV por cable, porque todas las señales pasan por arriba de la autopista. Y la empresa no toma el pedido si decís que vivís acá, por miedo y prejuicio», explicó Ramos. Ledesma y los integrantes de SOS acudieron a la Justicia: «El juez Roberto Gallardo hizo lugar a nuestro pedido y solicitó en su fallo que ‘ante la situación de emergencia incomunicacional del barrio se legalice la distribuidora’. También contempló la propuesta que hicimos de la obtención de una señal propia», señalaron los responsables de la nueva señal: Canal 31.
Así nació Mundo Villa tevé.
A los vecinos les ofrecieron el servicio de cable a cambio de 70 pesos mensuales. «Como muchas de las cosas que suceden en esta villa, el proyecto tuvo más impacto afuera que adentro. Ledesma salió mucho en los medios y se convirtió en otra cosa: un delegado con cámara», explican sus vecinos.

La paradoja
Mundo Villa«Nadie puede negar que Ledesma se rompía el lomo por el barrio», dicen incluso quienes se definen como sus enemigos en la interna barrial. No puede comprenderse en otro contexto por qué Ledesma respondió al llamado de un vecino, a las 4 de la mañana, para que se haga cargo de reparar la luz que había sido cortada. Era el delegado de su manzana y esa era su responsabilidad.
Poco después, dos vecinas que se dirigían a su trabajo lo encontraron tirado y con varias puñaladas. La ambulancia llegó como es habitual en la villa: horas después.
Ahora, cuando su familia y vecinos reclaman justicia, las múltiples actividades sociales que tejían la vida de Ledesma son interpretadas por muchos más como un problema que como una virtud.
Por un lado, sus vecinos resaltan el carácter profesional que él quiso imponerle a su canal. «Podés tener la verdad, pero para decirla acá también tenés que tener quién te cobije y para lograr ese respaldo es más importante tu compromiso social que tu trabajo periodístico» dice con sabia síntesis uno de los referentes del barrio. No es un reproche, sino una descripción cruda de la realidad. Desde esa perspectiva, Ledesma fue asesinado por pretender ser más periodista que delegado. «Y acá no podemos cambiar la realidad del barrio de arriba hacia abajo. Es un error que se paga muy caro». El vecino señala que incluso las movilizaciones por reclamo de justicia que se organizaron después del asesinato fueron motivadas por el reconocimiento a su trabajo social. «Pero en esta villa hay delegados muy jugados a los que nadie puede tocar», resalta para reforzar la idea. Ledesma merecía ser uno de ellos, pero eligió tomar distancia para ubicar a su medio en el medio, tal como suelen inculcarle a los periodistas para que se pongan en línea profesional.
Resulta una paradoja que la identidad profesional de Ledesma no sea ahora claramente reconocida por sus colegas. En especial, frente al panorama que abre la nueva legislación, que sembrará en territorios bien distintos a los acostumbrados a periodistas sociales que, como Ledesma, convierten su casa en redacción, su militancia en noticia y su vida en trinchera.
FOPEA, un foro de defensa de la libertad de expresión, emitió muy rápidamente un comunicado con el que le otorgó a Ledesma la identidad que hoy muchos le niegan. Incluso decidió formar una comisión investigadora para seguir el tema. La Asociación de Prensa boliviana -país en el que nació Ledesma- se dirigió al gobierno argentino para exigir que investiguen su caso. También el portal Diario sobre Diarios mostró su interés por encuadrar el caso como un ataque a la profesión. Sin embargo, la Comisión para la Libertad de Expresión del Senado solicitó pruebas que demuestren que el asesinato estaba vinculado al periodismo. No objetaron tal cosa cuando Joaquín Morales Solá clamó impunidad en los salones del Congreso, en los días en que se ventiló el tema de la complicidad de ciertos periodistas con la última dictadura. «No nos van a callar aunque haya un muerto» advirtió para victimizarse.
El caso Ledesma condensa todos los interrogantes que abre el cambio de paradigma que nos toca hoy interpretar.
¿Quiénes son los protagonistas de los ataques a la libertad de expresión?
¿Cómo defenderlos?
¿Qué representa el campo de batalla territorial para el periodismo social?
¿Cuáles son sus potencialidades y sus desafíos, pero también sus peligros y sus trampas?
Nadie nos prepara para responderlos.
Tampoco hay espacios para debatir la cuestión de fondo que sostiene todos estos interrogantes, la gran tarea: cómo construir la identidad del comunicador social.
No sólo desde dónde, sino con quién.
En eso nos obliga a pensar hoy Ledesma.
Y esa es hoy nuestra deuda.
Mundo Villa
Mundo Villa

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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