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Talleres Gráficos Conforti: la rebelión de las máquinas

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En Terminator 3, la rebelión de las máquinas es un anuncio del Apocalipsis. En la Argentina la hecatombe ya ocurrió, y la rebelión de las máquinas es la que permitiría que fábricas y talleres como Conforti vuelvan a funcionar. Ya se formó la Cooperativa de Trabajo Patricios, que aspira a la expropiación de este taller, cuyo propietario ha logrado realizar algunas trapisondas inolvidables bajo la atenta miopía de la justicia.

Las paredes del edificio verde que ocupa media manzana en la Avenida Patricios al 1900, Barracas, Buenos Aires, podrían ser calificadas como murales informativos. Allí hay todo un tratado que detalle con pocas palabras la situación de los Talleres Gráficos Conforti. En letras blancas mayúsculas se relata:

  • Trabajadores de Conforti por la fuente de trabajo. Nos deben más de un año de salarios. ¡¡No al vaciamiento!!
  • Justicia para los trabajadores ¡¡Solución ya!!
  • Más de 3 meses de lucha.
  • Raúl Gonzalo, delincuente, pagá.
  • No al vaciamiento de empresas.
  • No al desalojo.

Aparece además una propuesta que, de acuerdo al efecto que provocan estas situaciones, resulta un dechado de precisión y armonía:

  • Gonzalo, ladrón hijo de puta, pagá lo que debés.

Esta oración está desactualizada en su último tramo. Hoy los trabajadores de Conforti mantienen la primera parte del postulado, pero no parecen querer siquiera que les paguen lo que les deben.

Ahora exigen la expropiación definitiva de la empresa, para que se cumpla la ley y para hacer honor y poner en práctica las dos palabras más profundas pintadas allí, en blanco sobre verde:

  • Queremos trabajar.

Barracas es uno de los barrios más originales de Buenos Aires, con sus manzanas en desnivel con respecto a la calle para no sucumbir a las inundaciones. Conforti está a media cuadra del Riachuelo. Las persianas bajas parecen los ojos cerrados de una empresa que está en coma, víctima de una inundación de otra clase y de uno de esos casos de corrupción empresaria tan emblemáticos de la llamada dirigencia nacional (si es que esas dos palabras conservan algún sentido).

La reunión con los obreros de Conforti es en un taller silencioso, oscuro, quieto, la mayor tristeza para cualquier gráfico o cualquier periodista.

En Terminator 3, la rebelión de las máquinas es un anuncio del Apocalipsis. En la Argentina la hecatombe ya ocurrió, y la rebelión de las máquinas es la que permitiría que fábricas y talleres como Conforti vuelvan a funcionar. Es otro guión: las máquinas y los hombres aquí son aliados.

En el taller, las máquinas están en silencio, con sus ojos apagados. Los trabajadores estaban jugando a las cartas. En el fondo el juego es siempre el mismo: se trata de ir matando el tiempo, para evitar que el tiempo los mate a ellos.

Pero hay algo que se sobrepone al silencio: calculan que en unos 20 días esta situación puede cambiar definitivamente hacia un ambiente más ruidoso. Ellos, y las máquinas, recuperando su capacidad de trabajar.

La historia comenzó a desmoronarse entre 1998 y 1999 cuando el presidente de Conforti, Raúl Gonzalo, hombre más bien redondeado, decidido, veloz, de palabra fácil (“es de los que te convence que todo lo tuyo es de él, y le creés” dicen los obreros), siempre de barba y 4×4, comenzó a pagar poco y mal a sus obreros.

No faltaba trabajo.

Gustavo Ojeda, delegado gremial y ahora integrante de la Cooperativa Patricios que han conformado los trabajadores, recuerda que entre los clientes estaban El Cronista Comercial, las revistas de Cablevisión y Telecentro, Segundamano y Vía Aérea (que se entrega a los pasajeros de aviones) por nombrar unas pocas. Está dicho: no faltaba trabajo, faltaba pagarlo.

Había unos 80 obreros que aguantaban los retrasos y los recortes que consideraron un mal menor frente a las amenazas de despido o a los retiros voluntarios que cada vez fueron menos voluntarios. “Incluso muchos acuerdos homologados ante el Ministerio de Trabajo no se cumplían. O sea, se firmaba el acuerdo, y la plata no aparecía. Íbamos a reclamar al Ministerio, y la homologación no aparecía”.

En la Argentina el sistema de despidos fue privatizado para lograr una mayor eficiencia: despedir más y mejor con el disfraz del “acuerdo mutuo” entre trabajadores y empresas. Sin embargo, las homologaciones en este caso desaparecieron. Para Ojeda la única explicación a semejante enigma es un puño arriba de la mesa: “Alguien puso plata”.

Siempre se puede estar peor. La Argentina lo supo en el 2001, cuando la recesión menemista y su empalme con la recordada gestión del señor De la Rúa y los suyos provocó un colapso absoluto de la economía. En ese ambiente, Gonzalo iba pagando cada vez menos. De sueldos cercanos a a los 1.000 pesos, pasó a pagar fracciones semanales de 150, luego de 100 y finalmente de 50.

De paso, humillaba: hacía que los trabajadores tuvieran que esperar hasta siete horas, fuera de su turno de trabajo, para cobrar al menos esos 50 pesos.

Pero al mismo tiempo Gonzalo ensanchaba sus negocios, como propietario y presidente de Conforguías S.A., empresa a la que iban a parar clientes y contratos que funcionaban en Conforti.

Por eso los trabajadores empezaron a sospechar que ante sus ojos se producía un nuevo acto de magia negra: lo que estaba, desaparecía. Lo llamaron vaciamiento. A fines del 2001 quedaba un solo cliente para Conforti: el diario El País, de España, que tiene una pequeña tirada en Buenos Aires y Montevideo.

Raúl Gonzalo se presentó en convocatoria de acreedores. “Nosotros seguíamos trabajando” reconoce Juan José Rodríguez “y es más: los sábados y domingos trabajábamos gratis. Lo hacíamos pensando que iba a ser peor todavía si la empresa se cerraba”.

Cuando hacían asambleas reclamando pagos atrasados, Gonzalo bajaba a arengar a los gráficos. El señor Miguel Isidro Barrios todavía se asombra con los argumentos: “¿Sabe qué nos decía? Que la culpa de la crisis de la empresa era nuestra. Que hacíamos mal el trabajo y por eso los clientes se iban”.

Llegó diciembre del 2001. Corralito. Denuncia Ojeda: “Pero a éste el corralito no lo agarró. Iba a Uruguay a buscar la plata”. No se sabe cuánta, pero la Navidad de 2001 le pagó $10 (diez pesos) a cada uno de los obreros. A esa altura eran unos 80 empleados, así que Gonzalo invirtió 800 pesos para unas felices fiestas. Un dato curioso: pagó en monedas, porque fue el único cambio chico que consiguió.

A otros no les pagaba siquiera con diez monedas. La AFIP, los organismos previsionales, la obra social y el sindicato, sumados a los salarios caídos, generaron una deuda que -al estilo de la deuda externa argentina- iba siendo cada vez más inmanejable.

Para evitar pagar parte de esa deuda, el señor Raúl Gonzalo intentó un nuevo acto esotérico: declaró bajo juramento a la AFIP que no tenía empleados. Los esfumó.

Pero tiempo después, en marzo de este año, solicitó ante el Ministerio de Trabajo la apertura del Procedimiento Preventivo de Crisis para poder despedir a la mitad del personal.

Conclusión: no tenía empleados, pero iba a echar a la mitad.

Esta teoría sobre la subdivisión de la nada merecería un arduo debate filosófico, el Nobel de Física, un capítulo especial de la reestrenada serie La Dimensión Desconocida, o una reparación a las víctimas de la asociación ilícita entre este tipo de empresarios con un Estado neoliberal que los apoya como empresa prestadora de servicios.

A fines de febrero de este año los trabajadores de Conforti se hartaron y comenzaron la llamada “retención de tareas”: al no cobrar, concurren a sus puestos de trabajo a no hacer nada. De todos modos colaboraban en lo indispensable para que siguiera editándose El País. Raúl Gonzalo informó que no podría pagarles ni los 50 pesos semanales que venían cobrando y el 10 de marzo comenzó el cese total de trabajo que continúa hasta hoy. El juez del concurso Juan José Dieuzeide nombró un Veedor.

Gonzalo contraatacó iniciando una causa por “ocupación del establecimiento” exigiendo el desalojo de los trabajadores. La fábrica en realidad no estaba tomada ni ocupada, sino que los trabajadores concurrían en sus horarios. El propio Veedor judicial elevó al juez un escrito describiendo que no había tal ocupación: el control de la planta -informó- lo realizaba la empresa de seguridad Libercoop y personal adicional de la Policía Federal Argentina, en contacto permanente con el propio Gonzalo.

Hubo más intentos de magia. Gonzalo sostenía que su deuda con los obreros era ínfima y que les había pagado todo el 2002. Para demostrarlo, hizo lo lógico: le presentó al Veedor judicial todos los recibos firmados por los trabajadores durante ese año.

Hubo sólo un detalle disonante: todas las firmas, en más de 300 recibos, eran falsas. A simple vista podía notarse que, además, la misma persona aparecía con firmas absolutamente dispares, cosa que pudo confirmar el propio juez comercial sin necesidad de revisa demasiado esos garabatos amorfos. Esto es algo que puede generar la indignación de cualquier ciudadano honesto, e incluso la de cualquier falsificador eficiente.

Con el descubrimiento de la falsificación, y de todo lo que eso implica como delito, llegó la orden de detención.

Pero no para Raúl Gonzalo, sino para los obreros acusados de usurpación por la jueza del Juzgado Nacional Correccional número 2, Mónica Atucha de Ares. Esta señora demostró la velocidad de la que es capaz la justicia -a veces- aceptando la denuncia por usurpación, ordenando el desalojo de una fábrica que no estaba tomada, y dictando el procesamiento de 14 de los trabajadores que estaban en la planta el día que ella envió a un oficial de justicia a inspeccionar.

Sobre esta hazaña judicial se pronunció la Federación Gráfica Bonaerense:

  • “El arbitrario fallo y el irregular proceder de la jueza no solo ha sido legalmente apelado sio que ha sido denunciado ante el poder político y ante la opinión pública. Es preciso aclarar qu la mencionada jueza adoptó tan drástica medida sin solicitar informes al Ministerio de Trabajo sobre el conflicto laboral ni al Juzgado Comercial acerca de las denuncias formuladas contra el empresario, tampoco requirió testigos ni prestó atención a las declaraciones de los 14 compañeros citados a declarar. Simplemente tomó los argumentos de la empresa”.

La jueza, como ocurrió con el juez provincial Marcelo Goldberg en el caso de Crometal, puso la defensa de la propiedad privada (aunque se trate de un evidente evasor y falsificador denunciado por vaciamiento) y el ejercicio del desalojo, por encima de cualquier otro interés y derecho. El juez Goldberg terminó pidiéndole disculpas personalmente a los obreros, apenas entendió que estaba poniéndose en la mira de un juicio político. Esta jueza, en cambio, sigue con la amenaza de desalojo pendiente.

Don Aniceto Sanabria, uno de los veteranos de la cooperativa dice en voz alta: “Aquí no hay justicia, ¿no?”, pero ninguno de los que estamos con él en el taller tenemos nada nuevo que decir al respecto.

Los obreros presentaron la idea de una ley de expropiación, que han tomado algunos legisladores porteños, empezando por Beatriz Baltroc (entró por el ARI, pero se separó del bloque).

Cuenta Gustavo Ojeda: “Nuestra intención es lograr la expropiación definitiva, y poner aquí una escuela de artes gráficas, un centro de salud para Barracas y La Boca, y un centro cultural”. El modelo de IMPA, contagiando a otras cooperativas.

La idea de derivar el conflicto hacia una cooperativa surgió por el comentario que un policía le hizo al propio Gustavo. El agente les dijo: “Mirá: esta gente pasó por mil bolonquis y terminaron armando una cooperativa quedándose con la fábrica”. Le dio un número de teléfono. Gustavo se conectó así con Ghelco, que en realidad es ahora la Cooperativa de Trabajo Vieytes, productora de insumos para confitería y heladería. Luego Gustavo contó la experiencia en su sindicato gráfico, y allí lo conectaron con Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas.

“Para mi es una metamorfosis. Fui nueve años delegado gremial, y ahora tengo que pensar más en que todos vamos a ser dueños de la empresa” dice un sorprendido Ojeda.

El sindicato (Federación Gráfica Bonaerense) fue el que en mayor medida los apoyó económicamente durante este tiempo. Cuando se les pregunta qué efecto tuvo esto en las familias, los hombres de la cooperativa son parcos. Ojeda dice: “las familias nos apoyan” pero Cristóforo Gramajo hace una mueca y dice: “Fue muy duro”.

El conflicto tuvo una repercusión anoréxica en los medios. Los casos más extraños (por llamarlos de algún modo) fueron los de Canal 9, que les hizo una nota que jamás emitió al aire, lo mismo que el periódico Página/12 (que hasta mediados de los 90 se imprimió en Conforti). Dice Gustavo Ojeda: “Los de Página nos hicieron una nota, pero después nos contaron que no la publicaron por la relación que tiene Gonzalo con los capos de ese diario”.

Toda una confirmación sobre que la libertad de expresión que peligra no es la de los medios comerciales, sino la de sectores sociales a los que los medios intentan esfumar de la realidad, acto de hipnosis o magia negra similar a los frecuentados por el empresario Raúl Gonzalo.

Los obreros siguieron cruzándose con Gonzalo en el ministerio de Trabajo y en el propio taller, al cual el empresario concurre de vez en cuando, releyendo acaso las referencias a su persona pintadas en las paredes verdes. En una reunión en el ministerio, Gonzalo planteó las dificultades en que se encontraba, con riesgo incluso de no poder pagar el seguro de su 4×4, ni el de la su señora esposa. De todos modos, esa dura caída bajo niveles de subsistencia automovilística no parece haberse concretado. Los obreros, poco después, vieron que ambos llegaban a Conforti en sus respectivas camionetas, lo cual debe llevar tranquilidad a los allegados y amigos de la familia, y a los promotores de seguros.

¿Cuál es el futuro? “En 15 o 20 días esperamos que salga la expropiación en la Legislatura. Esperamos que el Ejecutivo la firme” dice Ojeda (no es un dato menor calcular qué haría el candidato Mauricio Macri en caso de tener semejante papel bajo su lapicera). Ojeda cree que en cinco o seis días pueden afinar y aceitar todo el funcionamiento de las máquinas. “Y tenemos al menos tres clientes muy fuertes que volverían con nosotros. Con uno que se concrete, ya comemos los 28 que quedamos en la cooperativa, pero vemos que podemos ir recuperando poco a poco nuestro mercado”.

Bajo la mirada de Lauro Vázquez y Gustavo Miranda, dos de los más jóvenes integrantes de la cooperativa (unos pocos de treinta y pico, y de allí para arriba) don Aniceto Sanabria vuelve a tomar la palabra: “Usted hizo muchas preguntas. ¿Puedo yo hacerle una? ¿Por qué este Gonzalo no está preso? ¿Hay justicia?”

Tal vez convenga dejar el interrogante abierto. Al igual que el de saber si Conforti pasará finalmente a manos de sus trabajadores. Todo está empezando. La fábrica está impecablemente mantenida por los obreros. Sobre la mesa del taller quedó el mazo de cartas. Mientras las máquinas sean sólo un adorno, el mazo tendrá como trabajo un acto de magia: ir matando al tiempo que falta para saber qué contestarle a don Aniceto cuando pregunta si hay justicia.

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

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Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

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420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

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“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

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LA NUEVA MU. No podrán

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