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Terminó el no-juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa: el proceso reveló la complicidad policial y de la fiscalía

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¿Qué es la Justicia? La familia de Cecilia Basaldúa – joven asesinada en Capilla del Monte- debió soportar hasta ayer un juicio en el que se acusaba una persona, sin pruebas, señalada únicamente por la policía y el fiscal Sergio Cuello, que en el alegato dijo esto: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Finalmente, el jurado absolvió al joven y su madre y la de Cecilia Basaldúa terminaron abrazadas. Lo que reveló el proceso judicial fue que a metros de donde fue hallado el cuerpo, una familia denunció haber encontrado una habitación llena de sangre: eso nunca se investigó. Ahora la familia motoriza un nuevo proceso en el que se investigue esa prueba y las responsabilidades de quienes hospedaban a Cecilia, y también las de la policía y la fiscalía que buscaron armar este no-juicio. La movilización social, clave para desarmar la in-justicia.

Por Bernardina Rosini desde Cruz del Eje.

La gramática de la justicia explotó. Ésta es la noticia.

Cuando a poco más de las 18:30hs del viernes 1 de julio se anunció la absolución de Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la decisión fue celebrada por la familia de la víctima.

Tras la lectura del veredicto la madre de Cecilia vio a la mamá del acusado en el pasillo de Tribunales, y le dio un fuerte abrazo.

Si el imaginario de Justicia – por lo menos el que sobrevive raquíticamente entre quienes se mantienen vírgenes de estas experiencias infernales- es un juez o jurado imparcial dirimiendo entre dos partes en conflicto, eso ya no existe. Como ver estrellas en la noche que hace tiempo no están. Otros tiempos, y otras distancias.

Veamos esto de cerca.

El proceso judicial que se inició el 2 de mayo ya tenía otro encuadre: no había conflicto entre las partes, los padres de Cecilia jamás consideraron a Lucas como posible femicida. Sabían que el joven poblador rural de 24 años había sufrido aprietes por parte de la policía local para forzar una confesión. La consistencia de la investigación que debía sostener no sólo la imputación de Lucas como autor material sino también la necesidad de que permaneciera dos años presos a la espera del juicio, no contaba con la mínima carga probatoria. La supuesta confesión se basaba únicamente en el testimonio de cuatro policías que dicen haber escuchado dicha confesión. Eso declaró, por ejemplo, el oficial Ariel Zárate, quien participó de manera virtual de la audiencia por encontrarse detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” a una joven de 21 años.

Nada más. No había testigos que incriminaran a Lucas en la escena del crimen, ni rastros genéticos. Tampoco en el cuerpo de Cecilia. No había pruebas siquiera de que Lucas y Cecilia se hubieran conocido. En las audiencias casi no se lo mencionaba, a él, a Lucas, a quien se supone que todo debiera señalar. Pero sí se mencionaba a otras personas: a la última persona que con certeza se sabe vio con vida a Cecilia, a Mario Mainardi. A quien nunca se investigó a pesar de que el luminol, sustancia que revela la presencia de rastros de sangre, diera positivo en 11 puntos de su casa. Por mencionar solo una de las líneas de investigación que claramente se presentaban y fueron descartadas, a pesar del pedido insistente de la familia de la víctima.

Las audiencias entraron en pausa en el mes de junio cuando la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, presentó al Tribunal una denuncia realizada a pocos días de la desaparición de Cecilia en abril del 2020. Una familia se acercó a la policía de Capilla del Monte tras haber encontrado en una casa de su propiedad una habitación manchada de sangre.  Radicaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. Casa ubicada a sólo 600 metros de donde se halló finalmente el  cuerpo de Cecilia. Quedó  tambaleante la definición del lugar del crimen.

Y así, repetidamente en las audiencias del juicio se exhibía la desprolijidad, el incumplimiento de los procesos y la deficiencia de la fiscal Paula Kelm. Y de una investigación llevada no judicialmente sino por efectivos policiales locales.

Tan trastocados estaban los roles y responsabilidades que en el alegato final, el fiscal Sergio Cuello expresó: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Seguidamente, repitió su solicitud de condena a cadena perpetua. Fue el abogado Gerardo Battiston, querellante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que debió recordarle al fiscal que su deber no era forzar una condena sino exhibir una sucesión de hechos probados que constituyan el crimen juzgado. “No hay certezas sobre el lugar del hecho, se omitieron testimonios claves, se ha dejado de valorar pruebas determinantes. ¿Van a condenar a un joven con un fiscal que manifiesta el deseo de tener más pruebas contra él?»

Para el cierre, Susana, la madre de Cecilia, pidió decir unas palabras. Se paró en el medio de la sala, micrófono en mano dijo desilusión. Dijo que todo era un mamarracho. Giró hacia el fiscal y le dijo que rompió una promesa, el compromiso de ir hacia la verdad. Y le apuntó: “Voy a pedir juicio político para vos”.

Afuera del edificio, bombos, cantos, bailes y golpes sobre las ventanas. “Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia por Cecilia, el Estado es responsable”.

Anunciaron el veredicto dos horas más tarde: “El Tribunal, integrado por jurados populares y jueces técnicos por unanimidad resuelve absolver a Lucas Adrián Bustos”. Y ordenó que se remitan las actuaciones para una nueva investigación y recomendó al Sr. Fiscal General de la provincia de Córdoba la designación de una nueva fiscalía de instrucción.

De este modo se celebró alegremente la absolución del acusado por el femicidio de Cecilia, se reconoció su inocencia y se logró abrir la puerta para una nueva investigación. Después de este estallido, puede que nazca algo nuevo.

Tal vez, luz.

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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

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Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos. 


Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.

Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición. 

Los narcos robados

A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza. 

Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar. 

Quiénes están en prisión

Hasta el momento las nueve personas detenidas son:

  • Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
  • Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta. 
  • Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando. 
  • Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa. 
  • Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”. 
  • Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
  • Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven. 
  • Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno. 

Vínculo de confianza

Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”. 

Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.

Ya pasó un mes. 

Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia. 

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Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

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Por Evangelina Bucari

Fotos: Carlos Luna @un_chino.of

Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.

La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

La bandera en la marcha.

Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.

En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

La presencia mapuche en el acto por Azul.

Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.

“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.

La violencia avanza

El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia. 

Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.

Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

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También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.

“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.

Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

En silencio.

La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar. 

Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común. 

“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.

Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?

De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, nadie habla. 

Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.

Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, la ronda termina. 

Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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Las bengalas se encienden.

Las familias se abrazan, se descargan. 

Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”. 

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