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Todo y nada: comienza el juicio a ocho hombres por violar a una niña wichi discapacitada

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Esta semana y en Tartagal, Salta, ocho hombres están siendo juzgados por el abuso sexual a una niña wichi discapacitada de 12 años, ocurrido el 28 de noviembre de 2015 en Alto la Sierra, zona de triple frontera. El caso tomó notoriedad recién en mayo de 2016 cuando se supo que la niña estaba embarazada y debía interrumpir su embarazo porque el feto era anencefálico. MU viajó en julio de ese mismo año y reconstruyó la historia de esa violación, el contexto de la vida de la comunidad, la relación con los criollos y la ausencia del Estado. “Por primera vez, hablan todos, de todo”, dice la presentación de la crónica que fue finalista del premio Gabriel García Márquez de periodismo. La compartimos a continuación con la esperanza de que se haga justicia: la niña wichi somos todas.

En zona de triple frontera hay un solo policía y un único médico, sin matrícula. Por dictamen de la CIDH el Estado argentino tuvo que reconocer la propiedad comunitaria de la tierra de wichis y criollos. Abandonados y obligados a convivir sin nada, recién fueron noticia cuando ocho muchachos criollos fueron acusados de violar a una niña wichi discapacitada. Por primera vez, hablan todos, de todo. ▶ CLAUDIA ACUÑA
1. Acá se termina todo. Estamos en la frontera norte y en el límite de la fantasía. Pura realidad. La última ruta quedó a 65 kilómetros y el colectivo se bambolea al ritmo de la tierra árida, cruza cauces de ríos flacos y pasa entre medio de bueyes famélicos. Recorrer ese tramo consume 6 horas y cotiza a un precio que pocos pueden pagar, por eso el bus está despoblado, aunque se dirige a un pueblo con 4.500 habitantes que todavía son argentinos. No sé si es un viaje al pasado o al futuro, pero así es el presente: hay huellas de ambos en cada rincón y en este, el más remoto, esa promiscua confusión aturde.
Llegamos.
Estamos en Paraje Alto la Sierra, triple frontera internacional y provincial, pueblo en el que una niña wichi discapacitada fue violada por 8 criollos.
No es sólo esa la historia que voy a contar.
Es algo peor.
Es el relato sobre todo lo que puede verse en ese límite atroz.
Todo y nada: comienza el juicio a ocho hombres por violar a una niña wichi discapacitada
2. Ubiquémonos. El GPS para llegar a Alto la Sierra lo calibra el antropólogo John Palmer. Estamos en Tartagal, a 350 kilómetros de nuestro destino, y en la única mesa ocupada del único restaurante abierto. Palmer barre con su mano el mantel de cuadritos rojos y blancos. Grafica así la historia del paraje: nada. Recién en 1910ypico arriban los primeros pastores anglicanos, que como él, son ingleses. Llegaron con una biblia traducida al wichi. El lazo fue intenso y recíproco -en 1975 la iglesia anglicana nombró al primer obispo wichi, por ejemplo- y se cortó violentamente en 1982, con la fatídica Guerra de Malvinas. Un tal Comando Gaucho Rivero amenazó a los sacerdotes. Había por entonces unos 60 sacerdotes británicos que escaparon a Bolivia, a través de esa laxa frontera. Cuando pudieron regresar se encontraron con una comunidad que había mantenido el fervor y la institución. Hoy los caciques siguen reconociéndose anglicanos. ¿Qué nos está explicando Palmer en realidad? En principio, que vamos al último rincón argentino domesticado por Occidente. No es poco. Luego, que se trata de una comunidad que abrazó una creencia “civilizatoria” más respetuosa de la diversidad que la cristiana.
3. Veinte años de batallas cuerpo a cuerpo y legales –que incluyó un fallo condenatorio del Estado argentino por parte de la CIDH- concluyeron en un acta que se firmó dos veces. La primera fue el 17 de octubre de 2007 y la suscribió el entonces gobernador Juan Carlos Romero, el consejo de caciques de la organización wichi Lhaka Honhat, la Organización de Familias Criollas, la Iglesia Anglicana del Norte Argentino y la OIT. La segunda fue en enero de 2014 y lleva la firma del actual gobernador Juan Manuel Urtubey y la entonces ministra Alicia Kirchner. Así la provincia de Salta declaró formalmente que 450 mil hectáreas fiscales son propiedad comunitaria de todo el pueblo wichi que habita Alto la Sierra. Otras 253 mil son cedidas a los criollos que viven allí. Cada territorio está delimitado, pero es tarea de la comunidad concretar que wichis y criollos se ubiquen en cada lugar. ¿Qué significa esto? Ya veremos.
4. El 28 de noviembre pasado una niña wichi fue violada por 8 jóvenes criollos. Se hizo noticia 6 meses después, cuando la niña fue sometida a una cesárea de emergencia porque el feto era anencefálico. Los pocos pasajeros del micro ya saben que estamos ahí por eso. La mayoría son mujeres. No es fácil distinguir cuáles son wichi y cuáles criollas. Le pregunto a la que está a mi lado si sabe cómo llegar a la casa del cacique Asencio Pérez, llave de ingreso a la comunidad según la recomendación de Palmer. “Ella es la hija –señala el asiento que está adelante -. Y yo soy la madre de uno de los detenidos”.
Todo y nada: comienza el juicio a ocho hombres por violar a una niña wichi discapacitada
5. Primero está la zona criolla, con casitas de material, almacenes, plaza y una cancha de fútbol en la que se mezclan adolescentes y chanchos. Hay que bordear un espejo de agua para llegar a la comunidad. La frontera la marca el hospital y la escuela. El cacique Asencio vive en el corazón del caserío. Es enfermero. Fue uno de los primeros en llegar aquel día horroroso. “Serían las 9 de la mañana, no más. La niña tenía hambre y fue al monte a comer mistol, el fruto del quebracho. Otras chiquitas, dos, iban a comprar pan. Ellas vieron cuando esos criollitos borrachos la agarraron. Las corrieron a ellas también, pero no las pudieron alcanzar. Se entera la comunidad y ahí vamos todos al hospital y ahí encontramos a las chinitas gritando que los han visto. A la chiquita le metieron un polvo blanco en la boca y en los ojos. Gritaba: “I-ton-no, i-ton-no”.
Asencio traduce: “Me arrastraron”.
El antropólogo Palmer, testigo de la declaración que la niña violada hizo meses después en los tribunales de Tartagal, la escuchó repetir lo mismo. Una y otra vez.
Fue lo único que dijo.
6. Monólogo del cacique:
“Me gustaría que usted primero entienda algo: en tema indígena, el reclamo siempre es justo y necesario. Siempre. ¿Por qué? Todos saben que hemos sido exterminados, que nos quitaron todo. Después, fuimos indocumentados.  Ahora tenemos documentos y somos argentinos. Y hay reglas dentro del Estado argentino. Y por eso reclamamos, porque no nos dan los derechos que tenemos. Por ejemplo, en el caso de la chiquita violada la justicia no actúo bien. No vieron bien. ¿Por qué? Porque es indígena. Por eso. Y por eso reclamamos. A la justicia y al mundo. Basta. Ya se tiene que terminar. Juegan con nosotros. Si era violación se preguntaban. ¿Cómo van a preguntar eso? Yo soy cacique y testigo. Hablé con otros testigos y me han dicho: sí, los vimos. La justicia no llamó a esos testigos. ¿Por qué? Sale la noticia y  los llevan de prepo. Algunos son menores y a todos no pueden escucharlos porque no hablan el mismo idioma. Entonces voy y me ofrezco a traducirlos, pero no quieren. ¿Por qué? Van las chiquitas, entonces, las llevan en patrullero, hablan lo poco que saben de castellano y cómo tienen miedo, se ponen mal. Le tienen miedo. Eso es lo que pasa. Le tienen mucho miedo a la policía. Eso tienen que entenderlo. Si nos quieren escuchar, la justicia tiene que entenderlo. Con esta violación sexual nosotros reclamamos justicia. Un diputado, Ramón Villa, que lo presionamos, presentó el tema. Y entonces vinieron los de la Comisión de Derechos Humanos de Diputados hasta aquí. Le hemos reclamado por la violación sexual, pero también por toda la injusticia. Les hemos dicho: un candidato político de lo primero que habla cuando pide el voto es de educación, salud y seguridad. ¿Dónde están acá esos derechos? ¿Seguridad? El destacamento policial que tenemos tiene un solo policía. No tiene ni móvil. Ahora con esto, urgente, nos dan un móvil. Pero siempre hemos reclamado y nunca nos dieron nada. Y ahora una violación sexual lo trae rápido. ¿Por qué? Porque están con vergüenza. Están con vergüenza porque salió por la prensa. Y esta es la injusticia que tenemos. ¿Salud? En el hospital hay un solo médico. No puede ser. Es un hermano de Bolivia, y como usted sabe bien, un boliviano es discriminado igual que nosotros. Eso es lo que pasa. Y así todas las cosas. Usted ve la comunidad. Mire: hay luz, hay colegio, hay hospital. Todo eso se consiguió con lucha, todo eso vino de nosotros mismos. De huelgas de hambre en la plaza de Salta, de reclamos en Buenos Aires y en cortes internacionales, de no vendernos, de no aceptar que nos dividieran, de todo eso vino. Y todo ha sido para indígenas y para criollos. No somos como ellos que discriminan. ¡Si todos somos iguales! Somos personas. Nos podemos entender perfectamente bien como seres humanos. Es justo y necesario”.
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7. En el hospital hay dos enfermeras, un licenciado en nutrición y un médico –Juan Carlos Limachi Mamami- que hace todo. Todo.
Es su primer trabajo y no tiene matrícula.
Es el primer testigo y no tiene paz.
Ya declaró tres veces en la causa que investiga la violación. Desacreditarlo es clave para la defensa de los ocho criollos y lo sabe. Hoy tendría que haberse presentado otra vez en los tribunales de Tartagal, pero el único vehículo disponible en Alto la Sierra es la ambulancia y está rota.
El doctor Limachi cuenta que se recibió en la universidad de Chuquisaca, que su prima cursó una especialidad en el Garraham y que ella lo animó a presentarse para el puesto vacante en Alto la Sierra. La municipalidad funciona en Victoria –hasta donde llega la ruta- y hasta allí fue para obtener el empleo. En 48 horas ya estaba haciéndose cargo de todo. “Lo único que me dijeron fue: no podés firmar nada”. La restricción alcanzó a su contratación: comenzó a trabajar en setiembre pasado sin papeles que formalizaran sus responsabilidades. Desde entonces trabaja 16 horas diarias por 22.500 pesos mensuales. El salario de setiembre lo cobró este mayo, cuando lo designaron “médico de contingencia en zona desfavorable”. Todavía le adeudan los últimos cuatro meses de trabajo.
8. Así relata el doctor Limachi aquel día horroroso: “Cuando me avisan del destacamento que hay una niña tirada en la cancha voy al lugar. Pregunto: ¿qué es lo que pasó acá? Esta niña ha sufrido un abuso sexual. La veo mal, en posición fetal, la traigo acá, la reviso y encuentro un desgarro perineal y dolor abdominal intenso, que no podía aguantar. No la puedo dejar así. Le coloqué un analgésico. Entonces me avisan que ya va a llegar el médico legal y no hice nada más. Sino no me decían que venía el legista le hubiese hecho el test de embarazo, pruebas de laboratorio, análisis. Pero ahí se me fue de las manos”.
El médico legista nunca llegó a Alto de la Sierra.
Cuatro días después, a las 5 de la mañana, un patrullero llegó a la casa de la niña con la orden de trasladarla hasta Aguaray. Fue con su madre. Allí dos médicos la revisaron.
Francisca, la madre de la niña violada, me contará después que escuchó desde el pasillo los gritos de su hija y tras larga espera, pudo hablar con una médica. Le preguntó: “¿Fue violación?”. La doctora  respondió: “Sí”.
El doctor Limachi me dice que la madre le contó lo mismo, pero que el médico legista informó que no podía constatarlo. La niña se había bañado, habían pasado varios días, no era fácil interrogarla. “En los documentos tiene 12 años, pero sufre un retraso madurativo que la hace comportar con una nena de 6”, explica el doctor Limachi.
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Fue entonces cuando los criollos arrestados por el ataque fueran liberados, con la obligación de presentarse cada viernes en el destacamento de Alto de la Sierra. Eso parecía ser todo lo que la comunidad wichi podía esperar de la justicia.
Meses después, el doctor Limachi recibió a la niña wichi y a su madre. “Tenía malestar estomacal y su madre temía lo peor. Lo confirmamos: estaba embarazada”. Calculó que ya tenía más de 20 semanas, por lo cual había excedido el límite autorizado por ley para practicarle un aborto no punible. Se limitó entonces a hacer los controles.
Dos meses más y sucedió lo inesperado: los médicos de la fundación del cantante Jorge Rojas llegaron a la comunidad y se instalaron en la escuela a recibir consultas. Hasta allí fue Francisca con su hija.
Hicieron una ecografía (Dirá el doctor Limachi: “El aparato está en el hospital, pero yo no sé usarlo”).
Diagnosticaron un serio riesgo.
Ordenaron una cesárea urgente.
Y difundieron todo lo que la niña wichi había soportado.
Con la noticia instalada en medios nacionales, los tiempos se aceleraron. Un helicóptero trasladó a la niña y a su madre  al Hospital Materno Infantil de Salta. Recordará después Francisca con espanto: “Me hicieron ver el feto muerto. Estaba enterito, pero en la boca y en la cabeza tenía un tajo de lado a lado”.
Le repito al doctor Limachi la secuencia que acaba de narrar. La sucesión de impotencias, carencias, precariedades estatales. La nada. Le pregunto  si ese funcionamiento deficiente no está montado de forma tal de hacer imposible la investigación de una denuncia de violencia sexual. Responde sin dudar: “Exactamente. Y acá no es la única. Hay más casos. Atendí unos  60 partos desde que estoy, muchos de  niñas de embarazos sin padre. Mismo si pregunto a las niñas embarazas quién es el padre no quieren contestar. Hay miedo. Esto es una Caja de Pandora: si una habla, todas va a comenzar a hablar. Y ahí se van a dar cuenta que pasa acá”.
9. En la escuela primaria están bailando el carnavalito en el patio. Allí trabaja Julio Díaz, presidente de la comunidad wichi Choway, docente bilingüe y pastos anglicano. Su mirada apunta hacia arriba. Cuenta cómo escuchó por cadena nacional anunciar a la presidente Cristina Fernández de Kirchner decir que en Alto de la Sierra se había construido un polideportivo. “¿Usted lo ve? Acá no hay ninguno. ¿Entonces?”. También vio llegar hace dos meses a la municipalidad de Victoria –de la cual depende su comunidad- al presidente Mauricio Macri, acompañado del gobernador Urtubey y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich –ataviada cual Rambo- para anunciar un ambicioso plan de seguridad. El objetivo: la lucha contra el narcotráfico. “¿Y usted qué ve?”. Lo que se ve es un disparate: en zona de triple frontera, un policía.
10. En el patio de la casa de adobe y paja de la niña wichi violada hay ahora una pila de ladrillos y unas chapas. Francisca me dice que los trajeron ayer. No sabe cuáles de todos los organismos del Estado salteño descargó así sus culpas cuando quedó evidencia que la habían abandonado. Tuvo que pasar todo esto, dice, para que le informaran que tenía derecho a una asignación universal –tiene 9 hijos- y su hija, otra por discapacidad. Tuvo que pasar todo esto, dice, para que le dijeran que su hija padece de epilepsia, y le dieran la medicación que ahora la deja tranquila, durmiendo la siesta. Me pide que la vea. La imagen es conmovedora y se me pega al cuerpo: una niña, en un catre, chupándose el dedo pulgar mientras sueña.
11. La Corte Suprema salteña solicitó el juicio político del juez y el fiscal que habían llevado el caso hasta su desparramo en los medios y designó a otro, que inmediatamente ordenó la detención de los criollos. Tres son menores y esperarán el juicio en libertad. Uno está prófugo y otros 4 están en diferentes lugares de detención. Madres, padres y hermanos de estos criollos están ahora frente a mí, contándome cómo los golpearon en la cárcel. Una menciona que aquel día horroroso su hijo estaba en el trabajo. Otras, en sus casas. Hasta que comienzan a decir que la niña wichi es, en realidad, una adulta de dudosa conducta. Recién entonces comprendo por qué Francisca me dijo: “Las palabras confunden. Mejor vea”. Y me llevó hasta el catre de su hija.
Todo y nada: comienza el juicio a ocho hombres por violar a una niña wichi discapacitada
12. A las 2 de la madrugada partió de la más oscura nada de Alto de la Sierra el bus que nos devolvió Tartagal a media mañana. Estamos en la única confitería de la única plaza. Hasta allí llega la abogada defensora de los criollos imputados, Sarah Esper, una tromba que sonríe cuando la presentan como la ahijada artística del folklorista El Chaqueño Sixto Palavecino. Saluda con un abrazo a los hombres que ocupan la mesa vecina. El que la felicita es el concejal Rubén Ortiz. La abogada celebra: “Estás del lado que nos conviene”. Luego, compartimos el remís hasta los tribunales. En el camino nos cuenta que va hasta allí a impugnar todo lo dispuesto por el nuevo fiscal. Esto es: realizar una inspección en el lugar de los hechos, tomar declaración a testigos en el lugar porque el traslado es para ellos costoso y atemorizante, realizar las pruebas de ADN del feto y analizar el rastro de semen de la pollera de la niña. ¿Qué significa impugnar todo esto? En principio, intentar que no se recojan estas pruebas no se corresponde con la defensa de gente inocente. Luego, describe la situación actual: la abogada ha recorrido los medios para cuestionar a la víctima, sembrando dudas sobre su edad, su conducta sexual y el origen del embarazo. Ese mensaje es el que le valió la felicitación del concejal. Por último, anticipa lo que se viene: un sumario engordado con impugnaciones que demoran el viaje hacia el juicio oral. En tanto, a la casa de la niña wichi violada llegan chapas y ladrillos.
13. En la mesa hay choclo, arroz, pollo y brócoli. Hay también cinco niños y una bebé. Todos pronuncian palabras en tres idiomas: castellano, inglés y wichi. Así es la familia del antropólogo británico John Palmer y la bella wichi Tojweya. Compartimos el almuerzo y el impacto del viaje a Alto de la Sierra. “¿Podremos saber lo que realmente pasó?”, nos pregunta y se interroga Palmer. Algo ya sabemos, digo sin pensar qué puerta abría. Sabemos que esa niña va a tener que enfrentarse con los demonios de toda una sociedad. Tojweya, entonces, comienza a hablar en wichi. John me alerta: “Quiere contarte algo y te pide hacerlo en su idioma para poder expresarlo mejor”.
14. Monólogo de una mujer wichi:
“Quiero contarte la historia de Cordelia. Era mi amiga y amiga de todas. A Cordelia le gustaba deambular a solas por el monte. Le gustaba porque nunca se sentía sola ahí y porque si necesitaba compañía, se ponía dos dedos en la boca para hacer un sonido de pájaro. Y entonces todas la escuchábamos y nos íbamos corriendo al monte  con ella. Un día a la comunidad llegaron unos criollos a comprar animales. Estuvieron varios días haciendo el rodeo, porque los animales estaban sueltos y tenían que buscarlos y cargarlos en el camión. Y como pesan mucho, eran varios. En esos días Cordelia desapareció. Todos la buscamos. La encontró su hermano. Le habían atado las manos. Le habían atado las piernas, abiertas. Le habían puesto una camisa en la boca. Y la habían violado. Esos hombres y otros hombres, a los que ellos, poniéndose dos dedos en la boca y chiflando, le avisaban: vengan a violar”.
Todo y nada: comienza el juicio a ocho hombres por violar a una niña wichi discapacitada
15. Y entonces veo.
Veo la imagen de libertad que representa Cordelia caminando sola y gozosa por el monte.
Veo a todas las mujeres que desde la violación sistemática de Cordelias para acá temen andar en soledad.
Veo qué y por qué.
Y así este relato se convierte en esos dos dedos en la boca…
¿Escuchan?
La niña wichi nos está llamando.
La niña wichi somos todas.

 

 

Fotos: Nacho Yuchark/lavaca

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Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:  

  • Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
  • Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
  • Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

  • El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
  • la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
  • el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional. 

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica. 

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

  • la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
  • la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
  • las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos. 

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva.  “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”. 

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”. 

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”. 

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”. 

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”. 

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.  Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”. 

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”. 

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños. 

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”. 

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”. 

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”. 

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan. 

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria. 

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”. 

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”. 

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos. 

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”. 

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

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Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

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En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.  

La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas

Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.

El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación.  Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.

La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.

El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central

Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?

—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.

Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.

No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.

Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.

Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.

De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.

En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.

Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.

En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.

En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.

Mediático

Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.

En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.

Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.

Causas judiciales

En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.

Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.

Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.

Rosario y el asesinato de Pillín Bracamonte: un corte de luz antes de las balas

Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.

Vienen días bravos

Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.

Por Carlos Del Frade

El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.

Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.

Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.

Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.

Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.

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Hasta siempre, Mirta

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Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.

Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.

Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.

Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.

Gracias, Mirta.

Presente, ¡ahora y siempre!

Hasta siempre, Mirta

Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca

24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca

Hasta siempre, Mirta

Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca

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