El 3 de julio el sindicato amaneció rodeado de 120 gendarmes y siete carros de asalto por una orden judicial que desplazó a la Comisión Directiva y procesó a su secretario general. Es la séptima intervención en la historia del gremio –la mayoría en dictaduras-, que en la última década conquistó derechos y combatió la desregulación del sector. Hoy Canillitas nuclea a 5000 vendedores de diarios y revistas del conurbano y Capital Federal. Qué significa la intervención en el actual escenario de despidos y de hostigamiento a la organización sindical. El rol del Grupo Clarín y el avance en la concentración. 
Claudia Herrera llega al kiosco del barrio porteño de San Cristóbal todos los días a las 5:30 de la mañana. Su parada está en Garay y Pichincha, a dos cuadras del Hospital Garraham. De lunes a lunes desanuda los paquetes, ordena los periódicos y las revistas y las acomoda con prolijidad en la parada que administra desde 1994. “Soy canilla hace veintitrés años”, dice. “Desde aquí hablo con Don Pedro, con Doña Rosa, con el jefe de una dirección nacional de alguna dependencia, con algún cirujano, con contadores públicos, con abogados. Cuando hablamos de multiplicidad de voces hablamos de esto: multiplicidad de opiniones y formas de vivir. Estás para el que busca un diario y para el que te pide cambio para el colectivo”.
Claudia sintetiza un oficio que es historia.
Claudia también es protesorera del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia, conocido Canillitas), intervenido hace un mes por una orden que dictó el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, del Juzgado Criminal y Correccional N°8. El juez desplazó y procesó al secretario general del gremio, el diputado Omar Plaini, por “adulteración de documento público”, en base a una causa de 2013 cuando una lista opositora denunció supuestas irregularidades en los comicios del gremio. Si bien la Sala X de la Cámara Electoral ratificó el resultado electoral y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó la denuncia, más de cien efectivos de Gendarmería llegaron a las 9 de la mañana del 3 de julio en siete carros de asalto para rodear al sindicato. Los canillitas advierten que el proceso es una “aberración” ya que un juez federal no debería intervenir en competencia del fuero laboral, pero Martínez de Giorgi entiende que son cuestiones distintas y que lo que él debe analizar es la falsificación de datos en las planillas.
La intervención de Canillitas se produjo en un contexto de hostigamiento a los sindicatos y de demonización desde el Gobierno a los reclamos laborales y los fallos favorables a trabajadoras y trabajadores, en medio de rumores de una reforma laboral después de las elecciones. Canillitas se sumó a la lista de gremios intervenidos que incluye al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), la Unión de Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA). En el caso de los azucareros, el Ministerio de Trabajo también buscó la suspensión de las elecciones del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros del Ingenio Ledesma. Las intervenciones de FEIA y UPSRA fueron revocadas por la Justicia laboral. En cuanto al SOMU, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral desplazó, procesó, encarceló y embargó por 10 millones de pesos a su secretario general, Omar “Caballo” Suárez, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita.
Más allá de las particularidades de cada una de las intervenciones, el caso de Canillitas suma hipótesis que van desde un ataque al gremio por su manifiesto apoyo al frente Unidad Ciudadana -que encabeza la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner- hasta la sombra del Grupo Clarín por las reivindicaciones que el gremio conquistó en estos años. “Es muy difícil pensar que no esté Clarín luego de más de una década de lucha”, dice a lavaca Omar Plaini. “El gremio nació en 1944 y tiene 16 paros a lo largo de 73 años de historia: nosotros hicimos 14 sólo en esta década y siempre contra los mismos. Hicimos marchas, petitorios, paros para defender nuestros derechos contra el poder hegemónico de la comunicación”.
Por esa razón, Plaini repetirá un mismo concepto a lo largo de esta nota:
-No fue gratis.

Un fallo «adulterado»

“Nada fue hecho al azar”, dice Plaini. El 5 de julio, la Comisión Directiva iba a comunicar la apertura del proceso electoral que elegiría las autoridades para el período 2017-2021. Cuarenta y ocho horas antes llegó la orden de intervención con el combo de allanamiento, procesamiento del secretario general y desplazamiento de toda la CD.
-¿Qué ocurrió?
-En 2013 se realiza la elección del gremio. La lista opositora usó dos estrategias: por un lado competir y por otro, judicializar. Dijeron que el lugar de aquella asamblea no era el adecuado. Una falsedad: fue en el gremio de la UATRE (peones rurales), para más de 1000 personas. Adujeron que las planillas de ingresos (apellido, lugar de parada y número de afiliado) habían sido adulteradas y que figuraban personas muertas. Hay que aclarar que en todo padrón electoral vos hacés un corte, y entre ese corte y la fecha de la asamblea puede ser que haya fallecidos. Es más: a veces nos enteramos que hay un nuevo titular de kioscos recién cuando sus hijos vienen al gremio a notificarse. Las elecciones se hicieron y sacamos el 89 por ciento de los votos. La oposición sacó el 8,9. Fue contundente. La causa inicial fue por adulteración de documento de uso privado. La sala 10 fue tajante: no hay irregularidad. La Corte ratificó por unanimidad el fallo. Cosa juzgada: yo hice convenios y acuerdos en nombre de la organización con el certificado que otorga el Ministerio de Trabajo.
-¿Cómo llegan a esta instancia?
-La lista opositora nos dijo que no siguieron la causa. ¿Cuándo es que entonces empieza a moverse? Cuando pedimos la prescripción, hace ocho meses, de cara al nuevo proceso electoral. El juez cambia la carátula para no darle la prescripción: de “adulteración en uso privado” pasa a “público”, y eso aumenta la pena de 2 a 6 años. Además, dicta la falta de mérito a los cinco miembros de la Junta Electoral y al secretario de actas, y me procesa a mí y a la escribana. Otra aberración: solicita la intervención citando el artículo 56 de la ley de Asociaciones Sindicales cuando no es competencia de un juez penal correccional, sino del fuero laboral. Por último, descabeza a toda la CD además de la intervención. El juez podía continuar el proceso conmigo, hasta inclusive no permitirme ejercer la conducción, ¿pero por qué también al resto de la CD si ni siquiera está imputada de nada?
El secretario de Organización, Carlos Vila, dice que no hay razones que motiven la intervención: “No hay dudas de que hay condimentos políticos. Es un gremio que viene cumplimentando con la ley: todas las asambleas, nuestras memorias y balances fueron supervisadas por el Ministerio de Trabajo. ¿De dónde viene esto?”.

Intervención en Canillitas: asamblea exigió paro y movilización

Historia de una flexibilización

El sindicato de Canillitas tiene 5000 afilados y afiliadas entre 30 municipios del primer, segundo y tercer cordón del conurbano junto a la Ciudad de Buenos Aires. Son 5000 puntos de venta distribuidos en 70 kilómetros, desde Florencio Varela hasta Luján. “Este gremio no era reconocido hasta que llegamos”, dice Plaini. “Nunca había integrado la CGT. Es un gremio chico en números pero grande en sus convicciones. También es complejo, porque no estamos 500 compañeros trabajando juntos dentro de un predio o una fábrica: acá te parás en Congreso y tenés que hacer 60 km al sur, 60 km al norte y 60 km al oeste para reunir a los compañeros. Sólo La Matanza (el municipio más grande del país con 2 millones de habitantes) tiene 302 kilómetros cuadrados: allí tenemos más de 400 vendedores de diarios. El nivel de conciencia y el activo militante que ha logrado este sindicato llevó muchos años de trabajo”.
La historia corta del gremio tiene un punto de ruptura a fines de la década del ´90, en la transición neoliberal entre el gobierno de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa.
Vila: “Un sábado de 1999 nos desayunamos, mientras armábamos los diarios, que La Nación anunciaba en tapa con títulos catástrofe que el Gobierno había desregulado la venta de diarios y revistas. Fue la resolución 416: nos puso en alarma. Nos juntamos para exigirle a la CD de aquel momento acciones contra eso. En el 2000 se cambia la resolución por el decreto 1025, que creaba un sistema mixto entre la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Trabajo. Le permitía a los medios recurrir a cualquier instancia para vender sus publicaciones”.
La distribución y venta de diarios y revistas estuvo regida –desde 1946 hasta ese entonces- por la ley 12.921, con el Ministerio de Trabajo como órgano de aplicación. El decreto 1025 estableció un nuevo paradigma al establecer “un régimen general de libertad de competencia y desregulación de la actividad económica”, aún vigente. La Asociación de Revistas Culturales e Independientes de Argentina (AReCIA) denunció junto a Canillitas las consecuencias que ese decreto produjo hacia la concentración del mercado gráfico. Plaini: “El decreto desregulaba totalmente la actividad y nos pasaba al área de Comercio. Nos sacaba del ámbito laboral. Eso fue auspiciado por Clarín y La Nación. El 1 de julio de 2000 hicimos un paro general”.
El proceso desregulatorio siguió con la quita de 8 puntos del porcentaje de precio de tapa de las publicaciones, que conforman el salario canillita. Por las presiones de las corporaciones mediáticas el Estado redujo el 40 por ciento del precio de tapa al 32 por ciento. “Eso significó que perdimos entre un 22 y un 25 por ciento de nuestro salario”, dice Claudia Herrera. “De repente nos quedamos con el 75 por ciento de nuestro sueldo, trabajando de lunes a lunes, sin ningún feriado: sólo teníamos el 1 de mayo, el 25 de diciembre y el 1 de enero. Hubo años donde muchísimos compañeros no podían irse de vacaciones”.
La lista encabezada por Omar Plaini ganó las elecciones del 2006. “Por cuatro votos”, dice. Y también dice que, a partir de ese momento, empezaron a luchar por sus derechos.

El respeto es un derecho

Hicieron paros, movilizaciones, juntada de firmas, convocatorias. “Hicimos 184 reuniones zonales en 9 meses. Inauguramos las asambleas y los plenarios abiertos para discutir con todos los compañeros los problemas del sector. En ese momento dijimos que desde 1998 nos habían arrebatado el 7 de noviembre (Día del Canillita) por decisión de los grandes diarios, que editaban igual y el gremio nunca se opuso. Tuvimos ovación: la propuesta fue unánime. Y ese 7 de noviembre paramos: los diarios se editaron todos, sacaron personal propio a distribuirlos, pero hicimos combate. Les mojábamos los periódicos. En 2009 el feriado fue ley nacional”.
En 2010 consiguieron el viernes santo.
Vila: “Sumamos plus por días de descanso, recuperamos el porcentaje en algunos diarios (no todos: Clarín, La Nación, Página/12 son algunos de los que aún pagan 32 por ciento), ganamos porcentajes mayores en revistas de suscripción. Con esto arrancamos muchas acciones de reivindicación y de posicionamiento político. Este era un sindicato gris, amarillo, y nosotros logramos posicionarlo: que el canillita sea una marca y nos traten con respeto”.
En ese marco irrumpe lo que Plaini describe como la discusión central: la desregulación. “Con los decretos lo que pasaba era que nunca reconocían nuestra laboralidad: esa fue la gran batalla. En 2009 pedimos volver a la vieja ley 12.921, que nos otorgaba la exclusividad, el porcentaje, la devolución de los diarios no vendidos y nos daba la calidad de sujeto de derecho laboral. En 2009, logramos que el decreto 1693 modificara los artículos 3 y 4 del sancionado por De la Rua: ahí dice que estamos en un régimen de libre comercio siempre y cuando no afecte la tutela de los derechos laborales. Luego, logramos que nuestra actividad no sólo sea considerada comunicacional sino cultural y al servicio de la comunidad”.
Esas reivindicaciones –dicen los canillitas- les trajeron enemigos muy poderosos.

La catástrofe

La intervención que dictó Martínez de Giorgi es la séptima en la historia del gremio. Las otras: 1955 (dictadura de Aramburu), 1962 (golpe a Frondizi), 1969 (dictadura de Onganía), 1976 (dictadura de Videla), 1986 y 1989. Esta última, durante el gobierno de Menem, tiene un apellido en común con la última intervención: el ministro de Trabajo era Jorge Triaca, padre del actual ministro de Trabajo (de igual nombre) del Gobierno de Mauricio Macri.
El 18 de julio a las 11 de la mañana se presentaron tres interventores del Ministerio de Trabajo para conformar la comisión administradora y normalizadora. Vila: “No saben nada de la actividad, porque es muy compleja en su esencia. Acá no hay no hay una patronal definida y hay situaciones de conflictividad todo el tiempo: con las municipalidades, con los corrimientos de las paradas, con los distribuidores, con los propios vendedores. Eso nos preocupa: ¿una intervención a quién va a defender? ¿A los vendedores o las editoras?”.
Plaini: “Nuestro gremio es estratégico por la comunicación. También el más plural: están todas las voces. No es casualidad que la mayoría de las intervenciones fueron en dictaduras”.
Vila enmarca la actual intervención en contexto.
“Me llama la atención los últimos sucesos que ocurrieron en el último mes: todos los días un procesado, una denuncia, alguien perseguido, alguien que se quiere desaforar. Si no es De Vido, es Boudou, el contador de los Kirchner o la intervención de Canillitas. Así todos los días: es como una política de marketing. Mantienen denuncias por un lado pero, por otro, dan un mensaje al mundo sindical: ´Si se portan mal, el peso es éste´. La agenda que sale a las 3 de la mañana de la cinta de un diario se replica durante 24 horas por múltiples plataformas: tener un gremio como Canillitas disciplinado es lo que más anhelan los grandes grupos. La caída de la venta de los diarios es tan profunda que uno se pregunta por qué meterse con un gremio que va mal. Nosotros visualizamos que el gremio va a seguir siendo importante: por su anclaje en el territorio y su entretejido social el vendedor de diarios está en todos los lugares. Y esto es así: o se reconvierte en beneficio de los trabajadores o en servicio de los grandes grupos. El panorama en el sector durante estos años fue de mayor concentración de los recorridos de la distribución. Antes había 100, hoy hay una ventena y aproximadamente el 50 por ciento está en manos de Clarín. ¿Qué quiere decir? Que primero dominan la distribución y, lo que le sigue, es el punto de venta. Si ya tienen parte de la distribución tomada y luego intervienen el sindicato de vendedores, el negocio es terriblemente catastrófico”.

“Nos falta el coraje de ver la realidad”

Plaini también es el secretario administrativo de la CGT y una de las voces más vehementes que exigieron paro y movilización en los diversos plenarios que realizó la mayor entidad gremial del país. Luego del plenario de secretarios generales realizado en el Microestadio de Ferro, el triunvirato conformado por Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid difundió un documento crítico y convocó a una movilización –sin paro- para el 22 de agosto.
-¿Cómo ve a la CGT en este escenario? En la asamblea que realizaron en la puerta del sindicato luego de la intervención, el pedido fue concreto: “Paro”.
-Exactamente el mismo planteo hice en la CGT. Creo que la unidad ha sido un paso importante, pero no fue su totalidad. Sigue habiendo divisiones en el movimiento sindical y algunos sectores siguen estando afuera, por más que estén adhiriendo (el MASA, que encabeza el taxista Omar Viviani y el ferroviario Sergio Sassia, no participó en el plenario en Ferro). Yo lo dije y lo resalto: hay que cambiar la actitud en la CGT. Este Gobierno no dejó cosa por hacer en perjuicio de los sectores más vulnerables y de los trabajadores. Despidos, suspensiones, inflación, intervenciones, allanamientos, endeudamiento externo brutal. ¿Qué más? La CGT tiene que cambiar la actitud, porque lo que hoy te exige la base es un plan de lucha. Yo soy parte y estas cosas las discuto dentro del parlamento obrero. He aceptado hasta ahora la decisión de la mayoría de los componentes de ese secretariado, pero mi posición es clara: hay que hacer un paro y una movilización. De lo contrario, la imagen de la base con respecto a la CGT se deteriora.
-Más allá de si provino de sectores específicos o no, la movilización del 7 de marzo dejó una frase que luego se instaló como concepto ante esa indefinición: “Poné la fecha”.
-Cometimos errores. Ese 7 de marzo nació como una convocatira al sector industrial, después nos sobrepasó y acompañaron todos los sectores: movimientos sindical, movimientos sociales y ciudadanos autoconvocados. Y me parece que ahí habría que haber tomado una decision. Pero claro: en un triunvirato es muy difícil, si no hay un solo liderazgo. Tampoco eso se construye de la noche a la mañana. Más allá de que ese día pudo haber provocadores o vaya uno a saber qué, yo estaba entre los que esperaban que se tomara otra actitud.
-¿Está a tiempo de modificarla?
-Es muy difícil saberlo. Creo que tenemos que ir camino, más tarde o más temprano, a un solo liderazgo. Y estoy convencido de que la base difícilmente se equivoque. Siempre pongo un oído abajo, y cuando vos no escuchás lo que te dicen o no respondés, eso finalmente tiene una consecuencia. Hoy creo que a nosotros nos faltó y nos falta el coraje de ver la realidad. De lo contrario, te convierte en una actitud de connivencia con el gobierno. Eso es lo que piensan los trabajadores abajo. Y son la mayoría.