Nota
Un muerto cada 21 horas en manos de las fuerzas de seguridad
“Cambiemos es el gobierno más represor desde la vuelta de la democracia en 1983: desde 2015, el promedio es de un asesinado cada 21 horas». Esa la síntesis del informe anual que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó en Plaza de Mayo en un acto en el que participaron Nora Cortiñas y Sergio Maldonado. Las cifras del informe. El factor Bullrich. Los “femicidios de uniforme”. Y el análisis de la abogada María del Carmen Verdú: “La represión no es un error o exceso: es una política de Estado”.
Por Luis Zarranz
Como todos los años, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), presentó su “Informe Anual de la Situación Represiva”, en Plaza de Mayo, con la participación de Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora) y Sergio Maldonado, entre cientos de familiares víctimas de la violencia estatal, sentados con carteles colgados al cuello de sus hijos, sus sobrinos, sus nietos.
“Hay organizaciones y organismos que colaboran para que nuestros casos lleguen a juicio, pero no es suficiente”, subrayó el hermano mayor de Santiago Maldonado. La familia aún se encuentra a la espera de Justicia tras su apelación al cierre de la causa que dictaminó el juez federal Gustavo Lleral en noviembre del año pasado, luego de revelarles que estaba siendo extorsionado.
“Ustedes siempre quienes tienen que estar al frente del reclamo de Verdad y Justicia. No hay quién pueda reemplazarnos”, continuó Sergio. “Somos los familiares los que tenemos que llevar la entereza de esa lucha. Los organismos pueden acompañar, pero atrás o al costado. Hay que entender que hay días que no queremos luchar. Que queremos llorar y abrazar. Que hay días que abrimos la puerta y hay 300 mil personas y otros que no hay nadie. Pido Verdad y Justicia por todos ustedes por sus familiares, por los 30 mil, por todos los desaparecidos en dictadura y en democracia. Y por Santiago. Necesitamos más pibes solidarios como Darío Santillán y Santiago Maldonado, y menos Chocobar y Patricia Bullrich”.
Las palabras resonaron fuerte en una Plaza de Mayo que recibió la contundencia de los números del informe de la CORREPI, que permite comprender la dimensión de la política represiva: “Cambiemos es el gobierno más represor desde la vuelta de la democracia en 1983: desde 2015, el promedio es de un asesinado cada 21 horas».
Éste y otros datos de enorme impacto dan cuenta de la vitalidad del aparato represivo, a 43 años del último golpe cívico militar, cuyo aniversario será repudiado en las calles, una vez más, este domingo 24 de marzo.
Algunos de los datos más impactantes de la investigación que CORREPI presenta y actualiza año a año:
- “Un total de 1303 personas fueron asesinadas por el aparato represor del Estado durante la gestión de Cambiemos”.
- Desglose: del 11 al 31 de diciembre de 2015: 50 casos. En 2016: 442. En 2017: 451. En 2018: 333, sin contar 150 muertes en lugares de detención aún no informadas. En 2019, hasta el 12 de febrero: 28.
- “Desde 1996, fueron asesinadas 6535 personas por el aparato represor”.
- “En sus tres primeros años de gobierno, el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados ya es responsable del 20% del total de muertes ocurridas desde diciembre de 1983”.
- «La Policía de la Ciudad mató a 48 personas en 26 meses”. Duplicó los casos que tuvo su fuerza antecesora, la Metropolitana, en cuatro veces más de tiempo: 22 casos en ocho años”.
- «Una de cada cinco mujeres asesinada en contexto de violencia machista es a la vez víctima de violencia estatal»
- “En los últimos tres años fueron detenidas más de 550 personas en contexto de protesta social”.
- “Más del 85% del total de personas asesinadas por el aparato represivo estatal estaban en un calabozo o caminaban por un barrio”.
- “La casi totalidad de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones”.
- “El 44,5% de las muertes corresponde a personas de 25 años o menos”. Si se suman a los de 25 a 35 años, el porcentaje se eleva al 70%.
- “En relación a la población/casos, la provincia de Buenos Aires continúa primera, con muy poca diferencia con las que la siguen: Tierra del Fuego, Santa Fe, Chubut y Mendoza. En un segundo pelotón aparecen La Pampa, Río Negro, CABA, Santiago del Estero y Córdoba”.
- “Las dos modalidades más frecuentes de la represión son las muertes de personas detenidas (46,8%) y los fusilamientos de gatillo fácil (38,3%).
- Durante los gobiernos kirchneristas hubo, en promedio, un muerto cada 30 horas.
Haciendo historia
CORREPI produjo el primer informe, mucho más artesanal que los que elabora ahora, en 1996, después de que el entonces presidente Carlos Menem brindara su versión respecto a porqué crecían las denuncias sobre fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, se atrevió a decir. La frase fue revalidada por el entonces ministro de Interior, el servilletero Carlos Corach, que en una de sus habituales entrevistas al bajar de su departamento, sostuvo “¿Dónde están los nombres?”.
Así, como respuesta urgente, un ínfimo equipo de militantes, ligado a familiares de víctimas de la represión, presentó un primer informe con 262 de personas asesinadas por el Estado desde el fin de la dictadura. El listado se presentó en Plaza de Mayo, cuando una delegación de familiares, se lo llevó a Corach para que, por fin, pudiera ver “los nombres”.
Desde entonces, la presentación del informe anual es un ritual de la lucha antirepresiva, que incluye casos de gatillo fácil (fusilamientos); muertes de personas detenidas (en gran parte, tras recibir torturas), fusilamientos en movilizaciones, muertes intrafuerza o intrafamiliares (casos en que, para “resolver” un conflicto interno o familiar, el autor utiliza los recursos represivos que le provee el Estado); entre otros.
María del Carmen Verdú es una de las históricas referentes de CORREPI. En diálogo con lavaca, analiza e interpreta qué (nos) dicen estos datos sobre la violencia represiva:
¿Cuál es el dato más sobresaliente?: “Sin dudas, que el ritmo de las personas asesinadas sigue creciendo al mismo ritmo, o mayor, que al inicio de la gestión Macri. La curva de crecimiento histórica coincide, obviamente, con los momentos de profundización del conflicto y de crisis social (años 1989, 2001, 2008 o 2015), en donde hay un salto y luego un amesetamiento. Acá, lo que se comprueba es que desde diciembre de 2015 a hoy, todos los días sigue subiendo: es una constante. Tan sostenido en el tiempo no había ocurrido nunca antes. Por eso, el número promedio de la gestión de Macri es de una muerte cada 21 horas”.
Política de Estado: “La represión es política de Estado y no un error, un exceso, un abuso, un defecto, o un problema no resuelto. La diferencia sustancial de la política de Cambiemos respecto a las anteriores es que por primera vez no lo tenemos que estar explicando nosotros, porque lo explica Patricia Bullrich por cadena nacional. La diferencia es abismal por el efecto que produce en las Fuerzas y en el Poder Judicial: por primera vez en los 35 años de democracia, un gobierno en bloque sale a decir: ‘Esta es nuestra política’, ‘Es la decisión que hemos tomado como Estado’. Son frases textuales de Bullrich, Michetti y del propio Macri”. Antes, cuando lo mataron a Carlos Fuentealba, por ejemplo, Aníbal Fernández y Cristina Fernández dijeron: ‘Investigaremos hasta las últimas consecuencias’. Cuando se armó la visibilidad pública del caso, la estrategia del gobierno fue aportar testigos a la causa, sacarse fotos con la mamá: cuando las cosas se las iban de las manos y se producía un rebote importante, el gobierno se intentaba despegar y lo presentaba como un hecho individual repudiable. Ahora, en lugar de eso, lo reciben a Chocobar, el policía que fue filmado fusilando por la espalda, recién salido del procesamiento, y dicen que necesitamos muchos policías como él. Eso es una orden explícita al resto de las Fuerzas para que sigan disparando”.
Mujeres: “Los casos de mujeres que son víctimas de la violencia represiva son pocos (600 sobre 6500), en términos proporcionales, porque el 90% de los casos de gatillo fácil son víctimas varones jóvenes: el sujeto a disciplinar en los barrios. Lo mismo ocurre en las cárceles. Son infinitamente más los varones porque la población masculina de cárceles es muy superior a la de mujeres, pero en la relación población/cantidad de casos es parejo”.
Mujeres II: “Si se toman el total de casos en los que la víctima son mujeres (596 casos), la mayoría, 349 son femicidios. Casos intrafamiliares en los que miembros de fuerzas de seguridad asesinan a su pareja, a su ex, su hija, o a su suegra, Es lo que denominamos ‘femicidios de uniforme’ y representa alrededor del 20% de todos los casos: ningún oficio u ocupación tiene un porcentaje tan elevado. Cuando se cruzan la violencia patriarcal con la estatal, se potencian”.
Medios de (in)comunicación: “Estamos discutiendo sobre el pibito de 8 años que robó una joyería, aunque sea un hecho absolutamente excepcional, porque los medios bombardean con casos de ese estilo. El conjunto de la política represiva no solo se administra a punta de pistola o picana, sino que además de lo que es violencia directa hay toda una serie de mecanismos de cooptación de concesos para legitimar lo que se ve y para naturalizar lo que debe ser invisibilizado. Ésa es la función que cumplen esas usinas propagandísticas oficiales disfrazas de medios de comunicación. Basta con leer los títulos. No es lo mismo decir ‘valiente miembro del orden abatió un precoz delincuente’, que ‘un policía hijo de puta le metió un tiro a un nene de doce años’”.
Nota
La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.
Por Franco Ciancaglini
Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:
- su salud era cada vez más delicada;
- los medicamentos oncológicos no llegaban;
- y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.
Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.
Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

Contaminada
María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.
Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.
La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.
Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.
Contaminada
La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.
Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.
Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:
- “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
- “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».
Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”
Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.
En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”
Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:
- “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
- Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.
Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.
Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.



Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”
El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada
Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.
Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.
Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».
Sino miren este video.
María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”
El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.
Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.
Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.
Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”
Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”
La respuesta era obvia: mal.
Insurgente
Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.
Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.
El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».
Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.
Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.
Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.
Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.
Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.
La muerte es el abandono.
La muerte es el olvido.
Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.
odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.
Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.
Mary: gracias.
Hasta mañana.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
Nota
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Modalidad: presencial y online por Zoom
Duración: 4 encuentros de 3 horas cada uno
No se requiere experiencia previa.
Docente:
Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.




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