Nota
Una corporación vs los vecinos de Esquel: Una querella de película
La demanda impulsada por la multinacional canadiense Meridian Gold contra seis vecinos de la Asamblea No a la Mina de Esquel es una confesión. Por primera vez se revelan allí los métodos usados por una empresa multinacional para manipular la opinión pública. Una prueba irrefutable de cómo mienten y quiénes construyen esas mentiras. La agencia de publicidad del kichnerismo, Braga Menéndez; el vocero de Carlos Menem, Jorge Azcarate y Raúl Timerman, primo del cónsul argentino en Nueva York, son revelados en esta querella como los autores de un plan destinado “a buscar el quiebre” entre los vecinos que se organizaron para resistir la instalación de una mina que contaminaría con cianuro la región.
El 23 de marzo de 2003 los vecinos de Esquel lograron que se realizara un plebiscito para que toda la comunidad exprese su opinión sobre el proyecto de la multinacional canadiense Meridian Gold. El resultado: “no a la mina” ganó con el 81% de los votos. Seis meses después de este rotundo pronunciamiento, Meridian Gold organizó en hotel Crowne Plaza de Buenos Aires una reunión de tres jornadas, por la que abonaron 9.670 pesos más IVA, según la factura que presentaron como prueba en la causa Nº 6777/72 que iniciaron en el juzgado Nº 13, a cargo del juez Luis Alberto Schelgel. Allí se detalla que el 16, 17 y 18 de setiembre de 2003 contrataron un servicio de coffe break continuo, almuerzo para 16 personas, Internet por banda ancha, equipo de traducción simultánea inglés-castellano y viceversa, pantalla, proyector y siete micrófonos. El contenido de esa reunión no es el objetivo de la querella, sino su conclusión: intentan identificar quién o quiénes grabaron lo que allí se decía y criminalizar a la Asamblea No a la mina, que lo difundió públicamente. Las consecuencias de todo este despropósito es, en palabras del abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) Santiago Felgueras, defensor de los asambleístas demandados, “el guión de una película de Hollywood”.
Los personajes
Como detalla la minera en su presentación judicial, “entre los meses de abril y julio de 2003 contrató como consultora a la organización no gubernamental extranjera Bussines for Social Responsability (BSR) que, a fines de establecer las causas y soluciones para el conflicto, se encargaría de realizar un estudio de campo en la ciudad de Esquel, relevando opiniones, conocimientos, estados anímicos sociales e intereses de la población”. BSR se presenta en ese informe (que puede leerse completo en esta página) “como una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a las empresas a alcanzar resultados exitosos respetando los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente”. La integran 450 empresas, entre ellas Shell, General Motors, Brittish Petroleum y Sony y ha intervenido en todos los lugares del globo donde hubo resistencia organizada de la población a los desmanes de las multinacionales: el norte de Perú, Nigeria, Bolivia o Venezuela son algunos de los ejemplos que ellos mismos citan.
La delegada de BSR para intervenir en el conflicto de Esquel es Christina Sabater, domiciliada en San Francisco según revela la presentación judicial y portadora de un caribeño castellano, según revelan los audios. Su nombre está al pie de la factura del Hotel Crowne Plaza.
Según detalla la querella “las personas que estando autorizadas intervinieron en las reuniones” son las siguientes:
Por Meridian Gold Holdings: Edward Colt (vicepresidente ejecutivo), Darcy Edward Marud ( gerente de exploración) y Guillermo Mendoza (jefe de prensa).
Por la consultora BSR: Jim Bader, Matt Jeschke y Christina Sabater.
Por la agencia de publicidad Braga Menéndez y Asociados: Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli.
El último nombre de la lista: “El señor Jorge Azcárate, también convocado por Braga Menéndez”.
Veamos quiénes son estos criollos que jugaban de locales y qué dijeron.
Quién es quién
Braga Menéndez y Asociados es una agencia de publicidad que lleva el apellido de su mentor: Fernando Braga Menéndez. Como él mismo cuenta, “descubrió” a Néstor Kirchner cuando todos daban dos pesos por el entonces gobernador santacruceño. Braga Menéndez decidió trabajar en su campaña electoral, la que convirtió a Néstor Kichner en Presidente con el 22% de los votos, cuando su contrincante Carlos Menen se bajó del ballotage. El anuncio público de esta renuncia lo realizó el vocero del riojano, Jorge Azcárate, el participante de la reunión de Meridian Gold convocado por Braga Menéndez.
Braga Menéndez está abocado actualmente a la campaña de imagen de Cristina Kichner.
Jorge Azcárate es el responsable de la consultora Bonaparte 48 S.A. Además de la ya mencionada participación en la campaña electoral de Menem, fue su subsecretario de Medios. trabajó para Mauricio Macri en el 2002 y fue portavoz del Grupo Dolphin, que controla a Transener y Edenor, entre otras empresas. Actualmente, es además asesor editorial de la revista Debates, cuya última portada inunda la ciudad con la imagen de Cristina Kichner y una nota que, en el mejor de los casos, formará parte de la antología de las mejores no-entrevistas de la historia del fin del periodismo.
Como neutralizar a Greenpeace
El juego de estas cínicas coincidencias no termina allí: en su página web, la agencia presenta como ejemplo de campaña institucional -en primer lugar y con despliegue de gráfica y video- la campaña que realizó para Greenpeace. En el aviso gráfico puede verse la cara de Mario Pergolini en primerísimo plano, con un barbijo y el slogan: “la indiferencia huele como la contaminación”. Hay más: en los audios de la reunión del Crownel Plaza puede escucharse como Raúl Timerman, socio de la agencia Braga Menéndez, señala que el plan de acción ideado por la agencia contempla “contrabalancear la acción de Greenpace” en Esquel. ¿Cómo? Contratando servicios de otras ongs. “Las que nosotros identificamos son la Fundación Vida Silvestre, Cambio Democrático (menciona haber tenido una reunión con Graciela Tapia, miembro del consejo honorario), Poder Ciudadano (menciona que habló con su director, Carlos March, aunque no específica sobre qué) y FARN”. Los americanos suman un dato: “una fundación que trabaja mucho con los mapuches en la patagonia, de Cristina Miguens. Su hermano, Carlos Miguens vendió la empresa a Meridian Gold. Es como un grupo secundario, pero es para prevenir cualquier movilización sobre el tema indígena. Ella puede ser el contacto para asegurarse de estar hablando con la persona correcta.” Se trata de la Fundación Huiliches y de los Miguens del Grupo Bemberg, dueño -entre otras cosas- del Chocón y la minera Patagonia Gold. Carlos y Cristina son hijos de la fallecida cineasta María Luisa Bemberg. En el plan de acción presentado en la reunión del Hotel Crowne Plaza por la agencia Braga Menéndez, Timerman detalla qué pensaron hacer con estas ongs “creemos que van ser importante en el desarrollo de nuestra estrategia ir otorgándoles tareas. Es probable que se las contrate para determinadas actividades”.
Cómo encontrar el quiebre en la comunidad
A la reunión del Hotel Crowne Plaza realizada -reiteramos- seis meses después del rotundo pronunciamiento ciudadano del no a la mina, la agencia envió a su director de medios, Juan Carlos Malagoli. El fue el encargado de hablar claro:
“El tema hoy es el problema con la comunidad. El 70% de la gente hoy en Esquel piensa que la compañía va a seguir avanzando. Y las cosas obvias son obvias, porque por más que digamos que estamos en pausa, el 70% del pueblo de Esquel sabe que va a seguir avanzando. Ya lo saben.”
Luego de detallar los problemas de “filtraciones” internas que los preocupan, los directivos norteamericanos de Meridian Gold, en ese inconfundible castellano gringo, enuncian el objetivo de la reunión: “cómo dar vuelta a la comunidad”. Malagoli es entonces el que explica el plan de la agencia. En primer lugar, deben realizar un diagnóstico para encontrar lo que llama “el punto de quiebre entre aquel que le importa más la ecología aunque se muera de hambre y aquel que le importa más el dinero, como un eje absurdo y exagerado. Es decir, cuántos son esos en Esquel.” La forma ideada para realizar este diagnóstico es una encuesta que, aprovechando la coyuntura electoral provincial, los ayudará a disimular las verdaderas intenciones del sondeo. La agencia señala cuál cree que es la consultora ideal para encargarse de esta tarea: Catterberg y Asociados, que realiza habitualmente los sondeos para el radical, Carlos Maestro
“Elegimos esta consultora por su vinculo con Maestro y con el radicalismo de la provincia (…) Esta gente es muy amiga de Maestro, por lo tanto si estamos de acuerdo en que vamos a hacer la encuesta, esta gente hablaría con Maestro primero, antes de largar la encuesta. Tendríamos un ok de parte de ellos antes”.
Cómo llegar a Kirchner
Raúl Timerman es primo del cónsul argentino en Nueva York, Héctor Timerman y sobrino del legendario Jacobo. Se presenta como un experto en marketing, es licenciado en Ciencias Químicas y tiene, además, un programa en Radio El Mundo, cuyo título quizá resulte premonitorio para contextualizar sin dichos: “Sin pedir permiso”.
Timerman fue el encargado de presentar, en la reunión del Hotel Crown Plaza, un power point que presentó bajo el título de: “Cómo generar confianza”. Según sus palabras: “Cuáles son los mecanismos de generación de confianza que nosotros pensamos ejecutar”.
El primer mecanismo señalado por el plan ideado por la agencia Braga Menéndez contempla lo siguiente:
“Hay una lista de los integrantes del gobierno nacional que van a recibir la información que vamos a preparar: el ministro de planificación Julio De Vido; el secretario de minería Jorge Mayoral; el jefe de gabinete Alberto Fernández; el vocero presidencial Miguel Núñez; el secretario general de la presidencia Oscar Parilli; el secretario privado de la presidencia de la Nación, Pepe Salvini y el jefe de asesores políticos del presidente de la nación Carlos Cunten. Esto se lee: Néstor Kirchner. Es decir, este es el grupo de confianza de Néstor Kirchner que nos interesa mantenerlos informados para asegurarnos que a cualquiera persona de su entorno que el Presidente consulte tenga la información”.
Malagoli amplía: “la idea es mantenerlos informados. Lo mismo que se hace con los periodistas, en este caso con los políticos”.
A continuación, se escucha el tono caribeño de Christina Sabater preguntando:
–“¿Están considerando que alguna persona de la empresa tenga contacto con esos políticos? Porque eso fue un problema: hasta ahora la empresa no ha tenido esos contactos.”
Responde Malagoli:
“Nosotros creemos que primero hay un trabajo por parte nuestra, porque ellos van a hablar con mayor tranquilidad, y van a decir una serie de cosas que ciertas o no y aunque enojen, hay que escucharlas. Es necesario que ellos se explayen y digan lo que piensan para preparar la visita donde la empresa pueda anunciar algo concreto. Esto no quiere decir que ellos no hagan lo que hace cualquier político: que corten con nosotros, llamen a Darcy (gerente de Meridian Gold), si él es el que estuviera a cargo del tema y le digan: ‘quedate tranquilo, nosotros estamos con vos’; porque es parte de su profesión de políticos”.
Cómo ser honesto
Tal como lo especifica Meridian Gold en la querella, la corporación no había solicitado la grabación de esta reunión. De acuerdo a sus sospechas, la grabación que trascendió públicamente -y que, entre otros, los vecinos de la Asamblea de No a la Mina recibieron anónimamente- corresponde exactamente al uso de los micrófonos que hizo cada participante: no se escuchan allí otras voces que no fueran las de quienes en cada momento tuvieron el uso de la palabra amplificada por los parlantes.
Es por eso que la querella presentada por la corporación tiene dos grupos de demandados. Por un lado, solicita que declare todo el personal del hotel, sonidistas y traductores que intervinieron en las jornadas. Pretenden así descubrir quién se dio cuenta que lo que allí pasaba era de interés de esa opinión pública que se pretendía manipular. Alegan que ese justiciero anónimo es responsable del delito previsto por la ley 24.766 que sanciona conductas “contrarias a los usos comerciales honestos”. Lo dicho: no hay aquí ironías, solo cínicas coincidencias.
Por otro lado, identifica a seis vecinos de Esquel -notorios por su participación y compromiso en la Asamblea No a la Mina- como responsables del delito previsto en el artículo 153 del Código Penal, que sanciona con prisión de 15 días a seis meses a quien “se apoderare indebidamente de una carta, de un pliego, de un despacho o de otro papel privado, aunque no esté cerrado”. Esto es: por difundir los audios que en esta página reproducimos.
La primera resolución del juez fue rechazar la demanda. El argumento: ni siquiera se entiende en la presentación a quiénes estaba Meridian Gold querellando. Sin embargo, la Cámara, apelación mediante, resolvió darle curso a la demanda.
La querella fue iniciada hace casi un año, pero los vecinos de Esquel recién se enteraron en octubre pasado, cuando les llegó la cédula de citación a los demandados. Como las actuaciones se presentaron en un tribunal de la Capital Federal, el primer inconveniente que se les presentó es el más obvio: trasladarse, conseguir abogados acreditados en esta jurisdicción, contar con el tiempo y el dinero suficiente para enfrentarse en tribunales con una corporación y todos los etcéteras de escala humana imaginables. Finalmente, concretaron el patrocinio legal del Cels, que el martes pasado solicitó al juez la postergación de la primera audiencia, ya que dos de las personas citadas acreditaban con certificados médicos estar impedidas de trasladarse: una por su avanzado embarazo y otra por una diabetes complicada. El juez, sin embargo, denegó la postergación, medida que fue apelada por los abogados.
David vs. Goliat
Por lo pronto, hasta Buenos Aires pudo llegar uno de los vecinos demandados: el abogado Gustavo Macayo. En diálogo con lavaca, fue el encargado de sintetizar la situación:
-Creo que esto no va a prosperar, la minera se ha equivocado. Es más: se ha equivocado grueso, porque nos ha permitido venir a Buenos Aires a difundir la situación. Están locos con lo que han hecho, o están desesperados.
-Resulta una paradoja que la demanda pretenda penalizar a quienes difundieron un plan secreto para manipular a la Asamblea.
– No sólo a la Asamblea, sino a toda la población de Esquel. Si uno escucha las grabaciones se da cuenta de que no sólo quieren incidir en la gente sino además en todas las figuras políticas relevantes: diputados, senadores, jefes de partidos políticos, algunos funcionarios cercanos al gobernador y al Presidente, a los que son las líneas más cercanas al ejecutivo provincial y nacional. Ellos hablan de ‘mantenerlos informados’ de los planes de la empresa, lo cual deja ver que todo el mundo está sabiendo que la empresa va a seguir adelante con el proyecto.
-¿Cómo es que la minera pudo seguir en Esquel después de la consulta?
– A ellos la consulta se les escapó, no la pudieron parar. Nosotros hicimos muchas acciones: un amparo que está con sentencia, acciones administrativas, judiciales y legales importantes, pero que no fueron suficientes. Evidentemente estamos en una lucha muy desigual, frente a una empresa que maneja millones de dólares e influencias políticas en todos los niveles. Es una empresa que tiene mucha plata para aguantar los años que sea de desgaste, porque ellos tratan de desgastarnos a nosotros y nosotros tratamos de desgastarlos a ellos. Pero nosotros trabajamos a pulmón, sin recursos, como podríamos decir… trabajamos con una utopía que es ver si los podemos parar. Es un trabajo que no tiene ninguna financiación ni estructura y que es muy difícil, porque van surgiendo otros conflictos, como la empresa hidroeléctrica que se quiere hacer en Corcovado o el avance de otras empresas en la zona de la meseta. Surgieron un montón de concesiones mineras y la lucha se va haciendo más compleja para que una sola comunidad pueda seguir resistiendo. Y ellos siguieron avanzando, por donde pudieron seguir, siguieron.
-¿Por ejemplo?
-Se extendieron en concesiones.
-¿En el mismo Esquel?
-En toda la provincia hay más de 200 concesiones. La gobernación las siguió dando. Es más: la provincia prohibió mediante una ley la minería a cielo abierto con cianuro y la dirección provincial de mina continuó dando concesiones. Nosotros paramos el proyecto en Esquel, pero tenemos otro que está detrás de Esquel, en otro sector de la cordillera, donde Meridian Gold hizo un intento de avanzar. También tuvimos que salir a pararlo, lo desactivamos pero no hay ninguna seguridad de que no vayan a seguir. Esto es así, es muy complejo, muy largo y muy difícil.
-¿La Meridian Gold sigue teniendo abiertas sus oficinas?
-Ellos hoy operan con un perfil bajo. Tienen oficinas y personal, aunque se han vuelto invisibles, nadie los ve. No tienen discurso, ni vocero de prensa. A veces sacan un comunicado, pero no tienen un representante. Es que nadie quiere asumir ese papel ahora, porque la presión de los vecinos es muy fuerte.
-¿Será por eso que hicieron esta denuncia en Buenos Aires?
-Creo que ellos tratan de sacarnos a Esquel. Un poco porque acá la gente está menos enterada de lo que es la minera y también porque seguramente apuestan a desgastarnos más trayéndonos a Buenos Aires.
Lo dicho: Gustavo Macayo no se parece a Julia Roberts, pero esta querella parece una copia mejorada de aquel personaje que le valió un Oscar: Erin Brockovich.
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Nota
El estado de la salud: Hospitales marcharon contra el recorte, con el Bonaparte como símbolo de la insensibilidad
Médicos y médicas de distintos hospitales públicos e instituciones de salud marcharon hoy a Plaza de Mayo. El Hospital Garrahan -donde el gobierno nacional echó al Consejo Directivo- fue el punto de partida y el símbolo, el Hospital Bonaparte cuyos trabajadores y trabajadoras resisten al cierre. Lo común: el ahogo presupuestario y el recorte salarial. El contexto: mayor demanda, menos dinero, menos insumos y más precariedad. Un combo insalubre para quienes trabajan y para quienes se atienden. El llamado a un paro general, y la unión sin distinciones de todo el personal de las instituciones. El jueves, Día de la Salud Mental, habrá una nueva marcha a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte.
Por Lucas Pedulla
Karen tiene 35 años y este martes cumplió su primera semana de residencia en el Hospital Nacional Laura Bonaparte. Lamenta no estar en su área de trabajo, después de estudiar durante años en la Universidad Nacional de Luján, sino en Plaza de Mayo, fruto de una necesidad que la empujó a salir a la calle, con miles de trabajadores y trabajadoras de la salud.
Pero rescata lo bueno, ante la pregunta de cómo está, que ella elige responder en plural: “Estamos bien, es muy energética esta situación: permanecimos en nuestros puestos de trabajo, con el hospital abierto, garantizando la continuidad de la atención, y reconforta que haya tenido toda esta respuesta. Todo eso implica que es una pelea que vamos a poder ganar”.
Karen ingresó al Bonaparte en medio de un plan de lucha que trabajadores y trabajadoras de la salud llevan adelante hace meses, con pedidos de recomposición salarial y la denuncia del desabastecimiento de las instituciones. Hasta ahí, todo a-normal. Hasta que el viernes llegó el “baldazo de agua fría”, según describe: “Cuando volvimos a nuestros puestos y a realizar las tareas diarias, a las dos y media de la tarde, sin que tengamos la mínima sospecha empezaron a circular mensajes de que habían anunciado el inminente cierre del hospital -dice Karen a lavaca– Para nosotros fue impactante. No sabíamos cómo reaccionar hasta que bajamos al hall de entrada y nos encontramos con las puertas cerradas y los pacientes en la vereda: los habían sacado de la guardia”.
Así fue que una compañera propuso quedarse hasta revertir la decisión de cierre. El apoyo fue unánime, con festivales y vigilias que acompañaron a lxs trabajadorxs todo el fin de semana. El lunes realizaron un abrazo simbólico, donde cantaron: “El Bona no se cierra”. Y hoy se movilizaron a Plaza de Mayo.
A Karen, en su primera semana, ya algo le quedó claro: “Nos quieren destruir como clase trabajadora. No quieren que tengamos salud. No quieren que tengamos educación. Nos quieren destruir para poder explotarnos más. Quieren que ganemos salarios miserables. No sé cómo pretenden que sostengamos la productividad del país si no tenemos salud, vivienda, educación y alimento”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Del Hospital a la Plaza
La movilización partió del Hospital Garrahan, donde la junta interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante un paro de 48 horas en reclamo de recomposiciones salariales, pero que es tan solo la punta de un iceberg: así se plegaron trabajadorxs del Bonaparte y, también, de otras instituciones como el Piñero, el Penna o el Posadas.
La Plaza de Mayo combina hoy dos escenarios, Casa Rosada y el Ministerio de Economía, a donde el presidente Javier Milei cruzó al mediodía para almorzar con el ministro Luis Caputo, protagonista de uno de los estribillos de este mediodía:
“Che caputo, che Caputo / no te lo decimos más / si tocás los hospitales / qué quilombo se va a armar”.
Cantando está Magalí, 34 años, bioquímica, quien hizo toda su carrera dentro del Garrahan, donde trabaja hace ocho años. Hoy es personal de planta, en el sector de Laboratorio. Precisa el reclamo: “Pedimos 100% de aumento en una sola cuota. Recomposición salarial de todos los trabajadores de todos los hospitales. Desde diciembre nuestro salario perdió mucho, quedamos atrasados, y eso genera una situación de mucho pluriempleo, con mucho cansancio, que redunda en una mala calidad de atención y en que muchos profesionales formados se están yendo. El hospital se está vaciando con estas políticas de recorte. Y eso afecta a la salud”.
Luego, otro trabajador del Garrahan toma el micrófono: “Esta marcha agrupa sin distinción de tareas y sin distinción de agrupación. Nos tenemos que unir en una sola lucha y hacer una huelga general para derrotar a este gobierno”.
Un residente del Hospital Posadas, en el oeste del conurbano bonaerense suma: “Tenemos que estar todos juntos para enfrentar un gobierno de insensibles que quieren llevarnos a la pobreza extrema”.
Un residente del Penna: “Si hay algo que quiere el Gobierno es dividirnos: los residentes por un lado, los de planta por otro, los del Bonaparte por otro, los enfermeros por allá. Tenemos que unirnos y que todas las centrales llamen a un paro”.
Una trabajadora de hospitales de Lanús y Alejandro Korn, al sur del conurbano profundo: “Este es un gobierno despiadado y oscurantista que quiere cerrar baluartes para la sociedad, como las universidades que brindan la posibilidad de ascenso social para la clase trabajadora. Paro general ya”.
Magalí, del Garrahan, escucha y dice a lavaca: “Hemos movilizado en todos los gobiernos pero este recorte no lo vi hasta ahora. Aumentó la demanda, porque se caen de las obras sociales y vienen al hospital público, y los insumos y reactivos tardan mucho llegar”.
Foto: Tadeo Bourbon para lavaca
Desde la Plaza anuncian que el jueves es el día de la Salud Mental y habrá una nueva marcha, a las 10 de la mañana, desde el Hospital Rawson al Bonaparte. “No queremos resignarnos a los salarios de miseria que atentan contra la salud de los pacientes -dice, desde el camión otra trabajadora del Bonaparte-. Acumulamos casi un 50% de pérdida de poder adquisitivo. Sostenemos, con profunda vocación, que vamos a seguir luchando”.
El vocero presidencial Manuel Adorni dijo el lunes que “el Hospital Bonaparte no va a cerrar”, aunque habló de una “reestructuración” en base a un supuesto “desfasaje” entre la cantidad de empleados y los usuarios. En Plaza de Mayo, desde un camión, responde una de esas trabajadoras: “Atendemos de 8 a 20 (horas). Recibimos a mamás y papás que tienen a sus hijos en tratamiento. Contamos con una guardia las 24 horas y un 0800 que atiende llamados. Hoy el hospital está funcionando porque lo estamos defendiendo. No se cierra. Están diciendo que sobran los trabajadores, pero es mentira: estamos desbordados de demanda. En el Bonaparte no sobra nadie. La mayoría hacen tratamientos ambulatorios. Es el primer hospital que quieren cerrar en democracia, y no lo vamos a permitir”.
Nota
Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.
En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.
El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.
Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:
La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.
La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.
¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.
Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.
¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.
Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.
El desmantelamiento como política
La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.
El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.
Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.
Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.
Cómo trabaja el Bonaparte
Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.
El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.
Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.
El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.
Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.
¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.
La fortaleza de la lucha
Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.
Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.
Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
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