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UniCABA: la Universidad que nadie pidió y que todos rechazan
Hoy se vota el proyecto que plantea una «transición» hacia el cierre de los 29 profesorados porteños. Los cuatros puntos del rechazo: fue inconsulto, ataca la autonomía de los institutos históricos, esconde un ahogo presupuestario y hace pie en la mercantilización de la educación. Datos y testimonios de una Ley que se preparan para votar en soledad los 34 legisladores del PRO.
Por Alejandro Volkind para lavaca.org
El proyecto original de Unicaba se anunció por primera vez en noviembre de 2017 y fue elaborado a escondidas, sin la participación de ningún representante de las 29 comunidades educativas de los profesorados. El por qué era obvio: en sus escuetas dos carillas, el proyecto busca cerrar los 29 profesorados actuales para unificarlos en una única sede (eliminando los traductorados Científico-Literarios y las Tecnicaturas en Deporte, Arte, Textil, Gastronomía), y achicaba la validez de los títulos a la Ciudad de Buenos Aires, cuando actualmente tienen alcance nacional.
A su vez, el proyecto ataca dos ejes centrales: ejerce un control sobre los contenidos de las materias y elimina los órganos democráticos de gobierno de cada instituto, imponiendo un rector elegido a dedo por el gobierno de la Ciudad.
El rechazo fue inmediato y contundente. En un hecho inédito, los 29 rectores de cada profesorado se unieron y se manifestaron en contra del proyecto. Lo mismo hicieron docentes y estudiantes que se movilizaron masivamente y lograron instalar el tema a fuerza de ingenio y perseverancia. La intervención en la inauguración de la Feria del Libro marcó un quiebre para el gobierno, que terminó retirando el proyecto de la Comisión de Educación de la Legislatura con la promesa de volver a presentarlo reformulado y consensuado.
Sin embargo, nada de eso sucedió y en septiembre el proyecto volvió a la Legislatura con la intención de ser aprobado, como sea, antes de fin de año.
Se espera que hoy los 34 legisladores del PRO traten el tema en el recinto y logren aprobarlo.
La nueva jugada Pro para aprobar la Unicaba: del shock a la muerte gradual de los profesorados
Cambiar todo, para que nada cambie
A diferencia del borrador original, la “nueva” propuesta – llamada Ley de la formación docente del sistema educativo y creación de la Universidad de la Ciudad- no conlleva la disolución inmediata de los 29 profesorados, sino que plantea su coexistencia -al menos por un tiempo- con la UniCABA. El resto del proyecto, se mantiene igual.
Sin embargo, para la comunidad educativa, la nueva propuesta es más dañina que la original, ya que además avasalla la autonomía de los Institutos de Formación y los somete a una evaluación por parte del Ministerio de Educación cuyo principal objetivo es justificar su cierre.
“Nos mantenemos como instituciones pero aparece un Ministerio muy controlador, muy fiscalizador”, asegura Patricia Simeone, rectora del Instituto Superior Joaquín V. González y Presidenta del Consejo de Educación de Gestión Estatal. “Hay artículos muy específicos de la ley donde se puede notar que todo va a quedar a discreción del Ministerio, recortando toda nuestra autonomía”.
Para ejercer esta vigilancia, el ministerio de Educación porteño contaría con dos herramientas fundamentales: por un lado la potestad de evaluación y acreditación de los institutos; y por otro el SIU, un sistema de gestión que controla todo lo referido a la matrícula de cada institución, con lo cual podría tomar decisiones en cuanto al cierre o no de los profesorados.
“Ellos son los que van a organizar el sistema formador, van a tener la potestad de cerrar cursos, no permitir abrir nuevas cohortes, trasladar a estudiantes de un lado a otro como consideren. Es un sistema autoritario sin comprender las identidades de cada institución”, analiza Vanesa Zito Lema, rectora del Instituto Superior Alicia Moreau de Justo. “Los planes de estudio corresponden a trabajos colectivos que hizo cada institución y de esta forma está la amenaza constante: el que no hace esto, alguna sanción va a tener”, advierte.
Lorena Pokoik, vicepresidenta de la Comisión de la Legislatura, coincide en esta mirada disciplinadora del gobierno y la vincula directamente al tema presupuestario. “Este nuevo proyecto somete a los 29 profesorados a una exhaustiva evaluación, cosa que, por lo visto, nunca hicieron en estos 12 años de gestión. Así, la supervivencia de los institutos está atada a esta decisión. De este modo buscan la justificación del recorte presupuestario que tienen decidido, junto a la desintegración del sistema de formación docente de la ciudad”.
Para Silvina Cuello, docente del Instituto Superior Alicia Moreau de Justo, el gobierno necesita recortar y cumplir los mandatos del FMI. “Nuestra educación superior, que es de excelencia pese a como la han ahogado presupuestariamente, es la única en el mundo pública, gratuita, con ingreso irrestricto, y es un escándalo para ellos. ¿Cómo un país endeudado va a tener educación superior pública?”, pregunta irónicamente.
#NoALaUnicaba: lo que hay que hacer para defender la educación pública
34 contra 40 mil
Luego de un año de “debates y consensos”, el gobierno no pudo sumar ni un apoyo fuera de su bloque y hoy jueves votará en soledad, haciendo valer su mayoría automática para aprobar una de las leyes educativas más resistidas de la última década. En resumen: treinta y cuatro legisladores decidirán por sobre cuarenta mil docentes, estudiantes y rectores.
Los profesorados, que ya ganaron una batalla, saben que si dentro de la Legislatura las posibilidades de debate y acción son escasas, la esperanza está afuera, en la calle.
La reforma mal educada: críticas de la comunidad educativa a la Universidad de formación docente
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Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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