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UniCABA: la Universidad que nadie pidió y que todos rechazan
Hoy se vota el proyecto que plantea una «transición» hacia el cierre de los 29 profesorados porteños. Los cuatros puntos del rechazo: fue inconsulto, ataca la autonomía de los institutos históricos, esconde un ahogo presupuestario y hace pie en la mercantilización de la educación. Datos y testimonios de una Ley que se preparan para votar en soledad los 34 legisladores del PRO.
Por Alejandro Volkind para lavaca.org
El proyecto original de Unicaba se anunció por primera vez en noviembre de 2017 y fue elaborado a escondidas, sin la participación de ningún representante de las 29 comunidades educativas de los profesorados. El por qué era obvio: en sus escuetas dos carillas, el proyecto busca cerrar los 29 profesorados actuales para unificarlos en una única sede (eliminando los traductorados Científico-Literarios y las Tecnicaturas en Deporte, Arte, Textil, Gastronomía), y achicaba la validez de los títulos a la Ciudad de Buenos Aires, cuando actualmente tienen alcance nacional.
A su vez, el proyecto ataca dos ejes centrales: ejerce un control sobre los contenidos de las materias y elimina los órganos democráticos de gobierno de cada instituto, imponiendo un rector elegido a dedo por el gobierno de la Ciudad.
El rechazo fue inmediato y contundente. En un hecho inédito, los 29 rectores de cada profesorado se unieron y se manifestaron en contra del proyecto. Lo mismo hicieron docentes y estudiantes que se movilizaron masivamente y lograron instalar el tema a fuerza de ingenio y perseverancia. La intervención en la inauguración de la Feria del Libro marcó un quiebre para el gobierno, que terminó retirando el proyecto de la Comisión de Educación de la Legislatura con la promesa de volver a presentarlo reformulado y consensuado.
Sin embargo, nada de eso sucedió y en septiembre el proyecto volvió a la Legislatura con la intención de ser aprobado, como sea, antes de fin de año.
Se espera que hoy los 34 legisladores del PRO traten el tema en el recinto y logren aprobarlo.
La nueva jugada Pro para aprobar la Unicaba: del shock a la muerte gradual de los profesorados
Cambiar todo, para que nada cambie
A diferencia del borrador original, la “nueva” propuesta – llamada Ley de la formación docente del sistema educativo y creación de la Universidad de la Ciudad- no conlleva la disolución inmediata de los 29 profesorados, sino que plantea su coexistencia -al menos por un tiempo- con la UniCABA. El resto del proyecto, se mantiene igual.
Sin embargo, para la comunidad educativa, la nueva propuesta es más dañina que la original, ya que además avasalla la autonomía de los Institutos de Formación y los somete a una evaluación por parte del Ministerio de Educación cuyo principal objetivo es justificar su cierre.
“Nos mantenemos como instituciones pero aparece un Ministerio muy controlador, muy fiscalizador”, asegura Patricia Simeone, rectora del Instituto Superior Joaquín V. González y Presidenta del Consejo de Educación de Gestión Estatal. “Hay artículos muy específicos de la ley donde se puede notar que todo va a quedar a discreción del Ministerio, recortando toda nuestra autonomía”.
Para ejercer esta vigilancia, el ministerio de Educación porteño contaría con dos herramientas fundamentales: por un lado la potestad de evaluación y acreditación de los institutos; y por otro el SIU, un sistema de gestión que controla todo lo referido a la matrícula de cada institución, con lo cual podría tomar decisiones en cuanto al cierre o no de los profesorados.
“Ellos son los que van a organizar el sistema formador, van a tener la potestad de cerrar cursos, no permitir abrir nuevas cohortes, trasladar a estudiantes de un lado a otro como consideren. Es un sistema autoritario sin comprender las identidades de cada institución”, analiza Vanesa Zito Lema, rectora del Instituto Superior Alicia Moreau de Justo. “Los planes de estudio corresponden a trabajos colectivos que hizo cada institución y de esta forma está la amenaza constante: el que no hace esto, alguna sanción va a tener”, advierte.
Lorena Pokoik, vicepresidenta de la Comisión de la Legislatura, coincide en esta mirada disciplinadora del gobierno y la vincula directamente al tema presupuestario. “Este nuevo proyecto somete a los 29 profesorados a una exhaustiva evaluación, cosa que, por lo visto, nunca hicieron en estos 12 años de gestión. Así, la supervivencia de los institutos está atada a esta decisión. De este modo buscan la justificación del recorte presupuestario que tienen decidido, junto a la desintegración del sistema de formación docente de la ciudad”.
Para Silvina Cuello, docente del Instituto Superior Alicia Moreau de Justo, el gobierno necesita recortar y cumplir los mandatos del FMI. “Nuestra educación superior, que es de excelencia pese a como la han ahogado presupuestariamente, es la única en el mundo pública, gratuita, con ingreso irrestricto, y es un escándalo para ellos. ¿Cómo un país endeudado va a tener educación superior pública?”, pregunta irónicamente.
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34 contra 40 mil
Luego de un año de “debates y consensos”, el gobierno no pudo sumar ni un apoyo fuera de su bloque y hoy jueves votará en soledad, haciendo valer su mayoría automática para aprobar una de las leyes educativas más resistidas de la última década. En resumen: treinta y cuatro legisladores decidirán por sobre cuarenta mil docentes, estudiantes y rectores.
Los profesorados, que ya ganaron una batalla, saben que si dentro de la Legislatura las posibilidades de debate y acción son escasas, la esperanza está afuera, en la calle.
La reforma mal educada: críticas de la comunidad educativa a la Universidad de formación docente
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar: