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Corrientes en llamas: el extractivismo y la desidia como combustibles de una tragedia anunciada

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En Corrientes ya se quemaron casi 800 mil hectáreas, el 9% de la superficie provincial, y la sequía de lluvias continúa. Emilio Spataro es investigador y activista en defensa de los bosques desde hace casi dos décadas, inspirador del grupo Guardianes del Iberá y coordinador de la Campaña Bosques y Biodiversidad de la organización no gubernamental Amigos de la Tierra, y en esta nota para lavaca divide en tres actos la actualidad del trágico escenario correntino. El monocultivo, la política, las corporaciones, las prevenciones ignoradas. Y la respuesta social ante el desastre.

Por Emilio Spataro

Primer Acto. Una provincia que se decide por un modelo donde, de un lado del alambrado, hay áreas protegidas de conservación estricta (principalmente el Parque Nacional Iberá), y del otro, el extractivismo intensivo de los monocultivos forestales (pinos y eucaliptos), mega arroceras y estancias ganaderas. Un modelo donde las comunidades guaraníes, los campesinos y los pescadores no entran en la ecuación del diseño del territorio. En esa concepción binaria de producción intensiva/conservación estricta, toda ley (como la de humedales) o propuesta productiva diferente (como la agroecología) es rechazada virulentamente por los sectores económicos concentrados, representados en el gobierno correntino. Incluso la oposición a la sanción de la Ley de Humedales fue explícita no solo por parte de Sociedad Rural, la Asociación Forestal Argentina o la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz; también fue institucional con el Senado correntino como expresión de ello.

Segundo Acto. Luego de casi dos años de sequía extrema, producida por el fenómeno climático natural de La Niña (pero que se repite más seguido, por el cambio climático), que, entre otras cosas, se expresó en una bajante histórica y sostenida del río Paraná, las condiciones para el desastre estaban a la vista. Habría fuego, era sabido, y hoy hasta los mismos funcionarios del Gobierno correntino vinculados al agro lo plantean abiertamente. Y es que el apego a los negocios propios es siempre mayor a cualquier lealtad partidaria. Jorge Vara, diputado nacional y empresario arrocero, ferro militante anti ley de humedales declaró a un medio local de corrientes: “Ya se sabía desde septiembre u octubre que podíamos tener una seca fuerte en el área y lo que podía llegar a pasar (…), las provincias no pueden estar dependiendo tanto de Nación, tienen que prepararse para valerse por sí mismas”1.

Foto: Federación Campesina Guaraní de Corrientes

Tercer Acto. El pueblo combate las llamas mientras saca conclusiones obvias que el poder político aún decide ignorar: “Era mucho riesgo tener plantaciones forestales rodeando los pueblos y parajes rurales. No fue nada bueno forestar sobre humedales hasta secarlos y destruirlos”. Desde principio de enero, organizaciones sociales, ambientales y de bomberos, junto a ciudadanos de a pie, conforman la Asamblea Provincial Basta de Quemas, alertando de la grave situación e intentando sacar de la inacción veraniega al gobierno de Corrientes. Mientras, en el campo, cientos de bomberos voluntarios sumados a voluntarios que no son bomberos llevan más de 45 días de trabajo y esfuerzo para contener las llamas con lo que se puede. La intensidad del trabajo ha producido varios accidentes tanto de aviones hidrantes, como de vehículos, lamentándose el fallecimiento de un bombero (José Luis Mombaj, 11/01/2022) que iba a atender un incendio. Heridas varias en decenas de bomberos son el recordatorio en el cuerpo del drama que se vive. Entre los vecinos, las pérdidas de las casas, y la poca infraestructura rural agiganta el problema social en épocas de prolongada crisis económica.

El nombre de la obra está abierto, porque los actos aún no ser terminaron: las condiciones ambientales que propician el desarrollo de los incendios siguen intactas. Existe muchísima vegetación seca acumulada en los campos y no hay pronósticos de grandes lluvias. La sequía se extenderá hasta la primavera. Es la verdadera temporada histórica de los fuegos.

Foto: Federación Campesina Guaraní de Corrientes

¿Cuál es la relación entre extractivismo y los incendios?

Es directa. Si bien el fuego es parte de la dinámica natural en ecosistemas de sabanas y pastizales, como los de Corrientes, y también es cierto que el manejo cultural de los mismos por parte de los pobladores y campesinos es histórico, lo que hoy ocurre es otra cosa.

Los incendios naturales forman parte de menos del 10 % a nivel mundial. El 90% son producidos por el ser humano con distintos grados de intencionalidad y objetivos. En Corrientes es evidente que muchos de los focos tuvieron como objetivo la expectativa de eliminar humedales (con vegetación en estrés hídrico por la sequía), sabanas y bosques nativos, para dar paso a nuevas pasturas para el ganado u otros usos. Esto, si bien está expresamente prohibido por la nueva ley del fuego, no escapa a la realidad.

Por otra parta algunos fuegos han sido iniciados con la intencionalidad de evitar incendios mayores (sic) por la gran acumulación de vegetación seca y se han salido de control. En ese contexto el riesgo de incendio aumenta significativamente en las áreas donde los humedales han sido reemplazados por forestaciones y eucaliptos. Esos árboles exóticos no solo son más propensos a al fuego, sino que elevan la altura de los mismos, cobrando las llamas dimensiones dantescas. La libertad absoluta dada a los empresarios del sector forestal para plantar árboles sobre cualquier ambiente, los ha llevado a plantar hasta encima de parajes y pueblos, cuyos pobladores hoy deben auto-evacuarse ante cada foco de incendio nuevo.

Hace tan solo unas horas, en comunicación con el líder campesino Adrián Obregón, del paraje rural Montaña, en el Municipio San Miguel, decía: “Emilio, hace 8 años que venimos alertando que las plantaciones forestales de Harvard son un peligro, ahora que se quema todo nos dan la razón”2.

Bueno, el precio de la razón para los pueblos es dramáticamente claro.

1. Recuperado de: https://www.corrienteshoy.com/info-general/corrientes-exministro-de-produccion-expuso-falta-de-prevision-del-gobernador-ante-los-incendios.htm

2. 3 mil hectáreas de plantaciones forestales ardieron en la estancia Celina, propiedad de la Harvard. https://www.corrienteshoy.com/interior/incendios-mas-de-3-mil-hectareas-ardieron-en-san-miguel.htm

Foto: Federación Campesina Guaraní de Corrientes

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Femicidios seguidos de suicidio: la violencia como máquina de muerte

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Durante el mes de octubre el 20% de los femicidas se suicidaron luego de matar a sus víctimas. En este informe del Observatorio Lucía Pérez, la antropóloga e investigadora Florencia Paz Landeira analiza el suicidio de los agresores como otra muestra de la violencia patriarcal como maquinaria de muerte. El desarme de la masculinidad hegemónica. Y el análisis de la psicóloga clínica y terapeuta gestáltica Susana García sobre las escaladas de odio y violencia.


El mes de octubre cerró con una de las cifras de femicidios más altas en lo que va del año: 37 víctimas de la violencia patriarcal. A este dato, de por sí alarmante y estremecedor, se suma otro. Más del 20% de los femicidas se suicidaron luego de asesinar a sus víctimas. En todos los casos se trató de lo que se conoce como “femicidios íntimos”, es decir, aquellos que ocurren en el marco de relaciones de pareja o ex pareja. Como desde el Observatorio se viene señalando, el femicidio es una expresión sistemática y extrema de patrones generizados de violencia, subordinación y discriminación. Desde esa perspectiva, el suicidio de los agresores parece ser otra muestra de la violencia patriarcal como maquinaria de muerte.

El Observatorio registra 792 femicidios seguidos de suicidio, de los cuales 444 fueron con armas de fuego. Solamente en octubre de este año, se registraron los siguientes casos:

– Guillermo Vega (41 años), asesinó por asfixia a sus hijos (12 y 9 años) en un contexto de violencia de género hacia la madre y, luego, se ahorcó. Fue en Rosario, Santa Fe.

– Gastón Farías (35 años), asesinó a golpes a su hijo de 3 años, intentó matar a su ex pareja y se suicidó. Fue en Balcarce, Buenos Aires.

– Ramiro Anchordosqui (48 años) asesinó a su pareja, María Noel Orozco, y se suicidó. Tenían 3 hijos. Fue en Chacabuco, Buenos Aires

– Sebastián Tejerina (36 años) asesinó a su ex pareja, Analía Nieves, y se suicidó. Encontraron a los dos cuerpos juntos. Tenían 2 hijos. Fue en Orán, Salta.

– Juan Ignacio Benítez (32 años), asesinó a su ex pareja, Maria Belén Salinas, y se suicidó. El femicida tenía restricción de acercamiento. La interceptó en la calle y la mató de un disparo. Fue en Bernal, Buenos Aires.

– Ricardo Cardozo (69 años), asesinó a su pareja, Dora Samaniego, y se suicidó. La hija de ambos encontró los cuerpos. Fue en Posadas, Misiones.

– José Luis Lascano (71 años), asesinó a su pareja, Susana Beatriz Seitz, y se suicidó. El hijo de ambos encontró los cuerpos. Fue en Olavarría, Buenos Aires.

– Facundo Recalde (43 años), asesinó a su pareja, Mariela Arias, y se suicidó. La asfixió. El femicida se ahorcó luego de matar a la víctima. Fue en CABA.

– Raúl Ricardo M. (72 años), asesinó a su pareja, Gladys Graciela Soprano y se fugó en bicicleta. Dos días después encontraron el cuerpo, ahogado. Fue en San Lorenzo, Santa Fe.

*

“Femicidio-suicidio”, “suicidio extendido”, “suicidio machista”, son algunas de las categorías que se han elaborado para intentar comprender este fenómeno. Más allá de cómo se lo nombre, se trata del tipo más frecuente de suicidio de homicidas en las 24 horas posteriores al crimen. Desde la perspectiva de Susana García, psicóloga clínica y terapeuta gestáltica, no pueden pensarse estos suicidios por fuera de relaciones de violencia y dependencia emocional, donde hay un varón que controla y una mujer que es controlada. “Sin embargo, la base de ese control y búsqueda de dominio es una profunda inseguridad”, agrega. Frente al abandono por parte de la mujer o frente a cualquier mínimo gesto percibido como una resistencia a esa voluntad de control y dominio, “ese hombre, de haber sido controlador y autoritario, da un paso más y se vuelve peligroso. Sus sentimientos son ambivalentes y absolutamente disociados. Esto es muy frecuente. Por una parte, la necesita y siente que su vida no tiene sentido sin ella y, por otra parte, la odia. Finalmente, cuando la destruye, también la pierde y con su muerte su propia vida pierde sentido, ahí se da el suicidio”, analiza Susana García para el Observatorio.

En el análisis de estas escaladas de odio y violencia, Susana agrega: “En esta historia, entonces, todo comienza con un hombre inseguro y falto de confianza en sí mismo. Esa inseguridad es la que lo lleva a controlar, a ser como el amo de ese pequeño mundo. La paradoja es que es un hombre que se volvió cruel y con un autoestima deshecha. Justamente eso es lo que lo volvió tan peligroso. La gente rota rompe”. Mientras reflexiona, aclara que siente que las palabras resultan por momentos insuficientes para abordar hechos tan profundamente delicados y dolorosos para nosotras. En ese sentido, cualquier tecnicismo o saber especializado se vuelve irrelevante si no es atravesado por una mirada ética y sensible. Desde allí insiste en la importancia de las redes de mujeres y los espacios de escucha para acompañarnos, poder advertir a tiempo indicios de prácticas violentas y aprender a cuidarnos de esos hombres que, en su opinión, están muy deshechos. “Antes de que no haya opción. Sobre todo, porque por la sociedad patriarcal en la que vivimos, llega un momento en que como el Estado no nos cuida y la Justicia no nos cuida, hasta yéndonos estamos en peligro”, reflexiona Susana.

En una línea similar de análisis, la socióloga María Alejandra Otamendi también propone pensar que, como el sentido de la vida del agresor estaba dado por la dominación traumática de la mujer, al matarla desaparece el centro de su vida. De allí que estos suicidios machistas sean también abordados como resultado de la relación de dominación de dependencia entre el agresor y la víctima. Esto iría asociado, a su vez, a la incapacidad de estos varones de asumir y manejar su propia vulnerabilidad y dependencia, que es transmutada en odio y violencia misógina. Otro aspecto también señalado por Otamendi es que en Argentina la mayoría de los femicidios seguidos de suicidio del agresor están asociados al uso de armas de fuego. Para la socióloga, esto no es casual, ya que éstas aparecen como símbolos de virilidad asociados al poder, la fuerza y la agresividad. De allí que proponga, en términos fácticos y metafóricos, “el desarme de la masculinidad hegemónica”.

Otra hipótesis que se ha barajado en relación a este fenómeno es que el suicidio emerge de la desesperación del agresor frente a la posibilidad de enfrentar la sanción social y las consecuencias judiciales. Si bien ha sido matizada -puesto que en general los femicidas tienen largas trayectorias en el ejercicio de formas cotidianas y sistemáticas de violencias de género, asociadas a su vez a mecanismos de naturalización e impunidad- podría constituir parte de la explicación en el caso de femicidas de sectores sociales altos y de mayor edad. En todo caso, lo que es central a destacar es que el suicidio del agresor tiene como consecuencia directa la imposibilidad de alcanzar justicia por la víctima. Cuando un femicida se suicida no hay justicia. No hay investigación, no hay restitución de la verdad sobre los daños padecidos por la víctima, no hay reparación para sus familiares y allegados. Puede ser, en este sentido, interpretado como un último intento, desesperado y cruel, de controlar la situación y de amordazar a la víctima hasta la última consecuencia.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).

Referencias
Antúnez, J. (2016). El feminicidio/suicidio. Una forma extrema de violencia de género. Revista de Psicoterapia Psicoanalítica, IX(3), pp. 113-126.
Otamendi, María Alejandra. (2020). Suicidios, femicidios-suicidios y armas de fuego en Argentina. La masculinidad hegemónica en debate. Revista de Ciencias Sociales, 33(46), 107-130.

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Terminó el no-juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa: el proceso reveló la complicidad policial y de la fiscalía

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¿Qué es la Justicia? La familia de Cecilia Basaldúa – joven asesinada en Capilla del Monte- debió soportar hasta ayer un juicio en el que se acusaba una persona, sin pruebas, señalada únicamente por la policía y el fiscal Sergio Cuello, que en el alegato dijo esto: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Finalmente, el jurado absolvió al joven y su madre y la de Cecilia Basaldúa terminaron abrazadas. Lo que reveló el proceso judicial fue que a metros de donde fue hallado el cuerpo, una familia denunció haber encontrado una habitación llena de sangre: eso nunca se investigó. Ahora la familia motoriza un nuevo proceso en el que se investigue esa prueba y las responsabilidades de quienes hospedaban a Cecilia, y también las de la policía y la fiscalía que buscaron armar este no-juicio. La movilización social, clave para desarmar la in-justicia.

Por Bernardina Rosini desde Cruz del Eje.

La gramática de la justicia explotó. Ésta es la noticia.

Cuando a poco más de las 18:30hs del viernes 1 de julio se anunció la absolución de Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la decisión fue celebrada por la familia de la víctima.

Tras la lectura del veredicto la madre de Cecilia vio a la mamá del acusado en el pasillo de Tribunales, y le dio un fuerte abrazo.

Si el imaginario de Justicia – por lo menos el que sobrevive raquíticamente entre quienes se mantienen vírgenes de estas experiencias infernales- es un juez o jurado imparcial dirimiendo entre dos partes en conflicto, eso ya no existe. Como ver estrellas en la noche que hace tiempo no están. Otros tiempos, y otras distancias.

Veamos esto de cerca.

El proceso judicial que se inició el 2 de mayo ya tenía otro encuadre: no había conflicto entre las partes, los padres de Cecilia jamás consideraron a Lucas como posible femicida. Sabían que el joven poblador rural de 24 años había sufrido aprietes por parte de la policía local para forzar una confesión. La consistencia de la investigación que debía sostener no sólo la imputación de Lucas como autor material sino también la necesidad de que permaneciera dos años presos a la espera del juicio, no contaba con la mínima carga probatoria. La supuesta confesión se basaba únicamente en el testimonio de cuatro policías que dicen haber escuchado dicha confesión. Eso declaró, por ejemplo, el oficial Ariel Zárate, quien participó de manera virtual de la audiencia por encontrarse detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” a una joven de 21 años.

Nada más. No había testigos que incriminaran a Lucas en la escena del crimen, ni rastros genéticos. Tampoco en el cuerpo de Cecilia. No había pruebas siquiera de que Lucas y Cecilia se hubieran conocido. En las audiencias casi no se lo mencionaba, a él, a Lucas, a quien se supone que todo debiera señalar. Pero sí se mencionaba a otras personas: a la última persona que con certeza se sabe vio con vida a Cecilia, a Mario Mainardi. A quien nunca se investigó a pesar de que el luminol, sustancia que revela la presencia de rastros de sangre, diera positivo en 11 puntos de su casa. Por mencionar solo una de las líneas de investigación que claramente se presentaban y fueron descartadas, a pesar del pedido insistente de la familia de la víctima.

Las audiencias entraron en pausa en el mes de junio cuando la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, presentó al Tribunal una denuncia realizada a pocos días de la desaparición de Cecilia en abril del 2020. Una familia se acercó a la policía de Capilla del Monte tras haber encontrado en una casa de su propiedad una habitación manchada de sangre.  Radicaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. Casa ubicada a sólo 600 metros de donde se halló finalmente el  cuerpo de Cecilia. Quedó  tambaleante la definición del lugar del crimen.

Y así, repetidamente en las audiencias del juicio se exhibía la desprolijidad, el incumplimiento de los procesos y la deficiencia de la fiscal Paula Kelm. Y de una investigación llevada no judicialmente sino por efectivos policiales locales.

Tan trastocados estaban los roles y responsabilidades que en el alegato final, el fiscal Sergio Cuello expresó: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Seguidamente, repitió su solicitud de condena a cadena perpetua. Fue el abogado Gerardo Battiston, querellante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que debió recordarle al fiscal que su deber no era forzar una condena sino exhibir una sucesión de hechos probados que constituyan el crimen juzgado. “No hay certezas sobre el lugar del hecho, se omitieron testimonios claves, se ha dejado de valorar pruebas determinantes. ¿Van a condenar a un joven con un fiscal que manifiesta el deseo de tener más pruebas contra él?»

Para el cierre, Susana, la madre de Cecilia, pidió decir unas palabras. Se paró en el medio de la sala, micrófono en mano dijo desilusión. Dijo que todo era un mamarracho. Giró hacia el fiscal y le dijo que rompió una promesa, el compromiso de ir hacia la verdad. Y le apuntó: “Voy a pedir juicio político para vos”.

Afuera del edificio, bombos, cantos, bailes y golpes sobre las ventanas. “Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia por Cecilia, el Estado es responsable”.

Anunciaron el veredicto dos horas más tarde: “El Tribunal, integrado por jurados populares y jueces técnicos por unanimidad resuelve absolver a Lucas Adrián Bustos”. Y ordenó que se remitan las actuaciones para una nueva investigación y recomendó al Sr. Fiscal General de la provincia de Córdoba la designación de una nueva fiscalía de instrucción.

De este modo se celebró alegremente la absolución del acusado por el femicidio de Cecilia, se reconoció su inocencia y se logró abrir la puerta para una nueva investigación. Después de este estallido, puede que nazca algo nuevo.

Tal vez, luz.

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