El crimen filmado de George Floyd en Estados Unidos revivió el debate global sobre el racismo. A nivel local la repercusión fue enorme y justificada, cosa que casi nunca ocurre cuando el problema estalla en el propio país, con los pueblos originarios como protagonistas muchas veces invisibilizados de esa discriminación. El reciente caso qom fue una excepción, por la viralización de un video. La violencia, los conflictos territoriales y los insultos en plena pandemia: “indios infectados”. Presidentes y presidentas que reinvidican para el país ascendientes europeos e ignoran a pueblos preexistentes al Estado. Un genocidio que no tiene su Nunca Más.

Por Darío Aranda

Periodista, autor de Argentina originaria (Lavaca editora).

Un allanamiento violento. Golpes, torturas y abuso a las mujeres.

Disparos por la espalda a un adolescente que queda al borde de la muerte. Ningún procesado.

Detienen a un referente wichí, lo mantienen incomunicado en la comisaría y lo dejan, durante toda la noche, atado y desnudo a la intemperie.

Asesinato de un abuelo qom en un corte de ruta. Ningún policía condenado.

Una decena de niños wichí mueren de hambre. Se inauguran “mesas contra el hambre”. Pasan las semanas. Nada estructural cambia.

Otro disparo por la espalda. Asesinato. Ningún detenido.

Los hechos sucedieron en Chaco, Formosa, Salta y Río Negro.

Lo sufrieron integrantes de los pueblos Qom, Wichí y Mapuche.

   Asesinatos impunes

El 10 de noviembre de 2010, la policía de Formosa reprimió el corte de ruta de la comunidad Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Asesinó al abuelo qom Roberto López. A casi diez años del hecho, aún no hubo juicio. Y los únicos procesados son los propios qom. No se investigó a los efectivos policiales y mucho menos al poder político que ordenó la represión.

El 25 de noviembre de 2017, la Prefectura Naval Argentina (PNA) reprimió a la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi (cercanías de Bariloche). Rafael Nahuel, de 22 años, murió por un disparo por la espalda. También fueron heridas otras cuatro personas. Se identificó quién disparó, el prefecto el cabo Francisco Javier Pintos. Está en libertad, a la espera de un juicio que no tiene fecha.

Dos nombres de una larga lista.

En los últimos años se sucedieron asesinatos y muertes dudosas de indígenas y campesinos (catalogados como “accidentes” por la policía pero denunciadas como asesinatos por las organizaciones sociales). Javier Chocobar (octubre de 2009, diaguita de Tucumán), Sandra Juárez (marzo de 2012, Santiago del Estero), Roberto López (noviembre de 2010, qom de Formosa), Mario López (noviembre de 2010, pilagá de Formosa), Mártires López (junio de 2011, de Chaco), Cristian Ferreyra (noviembre de 2011, de Santiago del Estero), Miguel Galván (octubre de 2012, lule-vilela de Santiago del Estero), Celestina Jara y Lila Coyipé -beba de 10 meses- (ambas qom de La Primavera, Formosa), Imer Flores (enero de 2013, qom de Chaco), Juan Daniel Díaz Asijak (enero de 2013, qom de La Primavera), Florentín Díaz (22 de mayo del mismo año, qom de Chaco). Son sólo algunos de los nombres de una lista más extensa.

   2020

1º de abril. Pampa del Indio, Chaco. La comunidad qom Campo Medina trabaja la tierra, siembra alimentos para autoconsumo y cosecha algodón. Los qom también hacen changas fuera de la comunidad, pero se terminaron por completo con la pandemia del coronavirus. El 1º de abril, el qom Edgardo Peñaloza, de 17 años, fue al monte a “mariscar”, recolectar frutos y cazar, en el campo vecino, la estancia Don Panos, 96.000 hectáreas propiedad de Unitec Agro, empresa del Grupo Eurnekian. Cuando estaba monte adentro, fue emboscado por guardias privados y efectivos de la policía chaqueña. Lo balearon por la espalda. Estuvo al borde de la muerte. Fue trasladado de urgencia a la capital provincial y permaneció una semana en terapia intensiva. Los agresores, empleados de la estancia y policías, están en libertad y ni siquiera fueron procesados.

22 abril. La comunidad Mbya Guaraní de Perutí está ubicada en el municipio de El Alcázar (en Misiones, a 100 kilómetros de Posadas). Llegó hasta el lugar una comitiva de la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes (dependiente del Ministerio de Derechos Humanos de Misiones) y entregó tarjetas alimentarias e insumos al recientemente destituido cacique de Perutí. Ante los reclamos de integrantes de la comunidad (que exigían se reconozca al nuevo cacique, Hugo Cristian Cabrera, y pedían ayuda alimentaria para enfrentar la pandemia), efectivos policiales golpearon a hombres y mujeres. Dos adolescentes (de 13 y 16 años) fueron heridos.

29 de abril. A las 11.30 una patota ingresó a la comunidad mapuche Buenuleo en la ladera sur del Cerro Ventana (Bariloche, Río Negro). En el marco de una disputa territorial, golpearon a hombres y mujeres de la comunidad, realizaron destrozos en las viviendas. Hirieron con un arma blanca a uno de los referentes mapuches. La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche había emitido un comunicado ante la represión del 29 de abril: “Lo que ocurrió es de una violencia institucional inusitada y una grave responsabilidad del secretario de Seguridad de la provincia, Gastón Pérez Esteban, quien es jefe político de la policía de Río Negro y de los efectivos de la comisaría 42 de Bariloche que liberaron la zona para que se produzca la agresión”.

7 de mayo. A las 8 de la mañana, la policía de Santa Fe realizó un gran operativo policial en el barrio municipal Toba de Rosario, zona oeste de la ciudad. Los efectivos rompieron puertas y esposaron a una decena de habitantes, sin explicar qué buscaban ni mostrar orden judicial. La mayor parte de las personas del barrio pertenecen a los pueblos originarios Qom y Moqoit. Además de la rotura de puertas y otros elementos de las viviendas, también denunciaron el robo (por parte de los efectivos) de electrodomésticos y de dinero en efectivo.

13 de mayo. La organización “Guardia Comunitaria Whasek Wichí” se movilizó en Sauzalito (Chaco) denunciando la complicidad policial con el tráfico de drogas y en reclamo por falta de agua potable y postas sanitarias. La policía provincial reprimió la protesta y detuvo a uno de sus referentes (Carlos José Peñaloza). Fue liberado recién dos días después, el 15 de mayo a la noche. “Me maltrataron. A la noche me sacaron toda la ropa. Me colgaron con esposas a cada mano, estaba desnudo… Toda la noche desnudo hasta el amanecer y ahí recién me dieron mi ropa. Yo nunca he visto que los policías actúen así. Para mí es un dolor. Yo no me canso, pase lo que pase, no me voy a cansar, voy a luchar por mi gente, por mi pueblo”, relató Peñaloza. La Guardia Comunitaria denunció la detención arbitraria y las torturas. También señaló que la Fiscalía de Nueva Pompeya se negó a brindarle asistencia legal. Los wichí denunciaron al Poder Judicial y al poder político de Chaco: “A muchos les molesta que denunciemos y mostremos la realidad que vivimos como pueblo y como cultura, abandonados, sin derechos. A muchos les molesta que como Guardia tengamos voz. Simplemente a muchos les molesta que existamos”.  

14 de mayo. A las 5.30 de la mañana, más de 130 efectivos de la policía de Salta llegaron hasta un predio ubicado en la vera de la ruta 34 (Tartagal), vecino a tres barrios de mayoría indígena. El campo, abandonado por sus dueños, había sido ocupado por 150 familias que necesitaban construir sus viviendas. El desalojo fue violento, con el saldo de una decena de heridos. La policía ni siquiera permitió que las familias retiren sus pertenencias. Luego del desalojo, además,  la policía inició una persecución por los barrios Nacional, Misión Cherenta y Misión Los Tobas.

21 de mayo. La comunidad indígena Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi (Bariloche, Rio Negro), la misma donde fue asesinado Rafael Nahuel, denunció que fue agredida por la policía local, con ataques de armas de fuego y alertaron que los efectivos también provocaron un incendio. “Hacemos responsable al Estado nacional, provincial y municipal ante cualquier suceso que les pase a nuestros peñi pu lagmien. Denunciamos los montajes y la persecución, quieren que nos vayamos de este territorio tan fértil para nosotros y tan valorado monetariamente para ellos. Nosotros somos mapuche y no nos vamos por más que tengamos otro caído en el territorio, vamos a seguir firmes luchando en este lugar. Por la memoria de Rafita Nahuel seguimos resistiendo y vamos a seguir estando acá en este territorio que nos pertenece como mapuche”, advirtió en el comunicado el Lof Lafken Winkul Mapu.

31 de mayo. La policía de Chaco ingresó a los golpes a una vivienda de una familia qom, en el el barrio Bandera Argentina, en la localidad de Fontana (el Gran Resistencia). El momento fue filmado con un teléfono desde adentro de la casa. Golpes de puño para hombres y mujeres. Ya en la comisaría, las víctimas denunciaron abusos a las mujeres y torturas para todos.

“Indios infectados”, denunció la Mesa Multisectorial Feminista de Chaco que les gritaban a los qom detenidos. También precisaron que les arrojaron alcohol y amenazaron con prenderlos fuego.

En el contexto del asesinato George Floyd en Estados Unidos, con el racismo en la agenda pública internacional, los medios de comunicación porteños dieron espacio a los hechos de Fontana.

El domingo 31 de mayo en Fontana hubo una cámara que filmó la violencia policial. Una imagen puede más que mil palabras e incluso más que años de denuncias. El hecho llegó a medios provinciales, luego porteños. Quienes habitualmente no miran a los pueblos indígenas, esta vez sí dieron la noticia. Los funcionarios no pudieron mirar para otro lado.

La Secretaría de Derechos Humanos de Chaco solicitó ser querellante en la causa. Pero el gobernador Jorge Capitanich no se refirió en ningún momento sobre el accionar de su policía.

El presidente Alberto Fernández emitió un twitt el 2 de junio: “Las imágenes de violencia institucional que hemos visto en las últimas horas en el Chaco son inaceptables. Celebro que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos, pero debemos trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”.

Cinco días antes, el Presidente visitó la vecina Formosa, gobernada desde 1995 por Gildo Insfrán, que en diciembre pasado asumió su séptimo mandato consecutivo. Insfrán acumula denuncias de todo tipo, desde corrupción hasta despotismo y vulneración de los derechos humanos. En particular quedó al descubierto su accionar desde 2010, por la violencia oficial sobre la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera). Amnistía Internacional, Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y Nora Cortiñas, entre otros, denunciaron en reiterados momentos el accionar de Insfrán.

El presidente Alberto Fernández lo abrazó en público y no dejó dudas de su evaluación sobre Insfrán: “La mayor obsesión de Gildo es que sus comprovincianos vivan cada vez mejor. Eso no habla de un buen político, que lo es, habla de su gran condición humana”.

   Genocidio sin Nunca Más

Desaparecidos. Torturas. Robos de niños. Campos de concentración. Asesinatos. Son acciones que ejecutó la última dictadura cívico militar en Argentina.

Un siglo antes, el Estado argentino cometió las mismas atrocidades sobre los pueblos indígenas, pero aún hoy amplios sectores de la población (y de la casta dirigente) niegan que se trate de un genocidio.

El Ejército ejecutó campañas militares hacia el Sur (quizá la más conocida, la mal llamada “Conquista del Desierto”), al Oeste y al Norte. “La Argentina se fundó sobre un genocidio”, gritan desde hace décadas los pueblos indígenas. Diana Lenton, referente de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, lo explicó ya en 2010 con destreza docente: “No sólo el Estado se construye sobre un genocidio sino que también nuestro marco de pensamiento se construye sobre el genocidio, de tal manera que no hemos salido aún de él. El genocidio realizado por el nazismo tiene fecha de finalización. El fin de la guerra, el suicidio de Hitler, los tribunales de Nuremberg. El genocidio de la dictadura tuvo una Conadep, juicios. El genocidio indígena no tiene fecha de finalización y no hay juicios”.

¿Cuál podría ser la reparación para el genocidio indígena? Lo debieran decidir las propias comunidades originarias. Pero sin dudas incluirían algo elemental para la vida: el territorio.

Justamente el territorio es lo que los gobiernos no quieren ceder a los pueblos originarios. Si hay una política de Estado en Argentina es el extractivismo (minero, petrolero, de agronegocio, forestal). Las leyes extractivas las sancionó el menemismo y se aplicaron a rajatabla durante los últimos gobiernos. Alberto Fernández en plena campaña anunció que el agro transgénico, la megaminería (de oro, cobre, plata, litio) y Vaca Muerta serían su prioridad. Y está cumpliendo esa palabra.

   “Blanquitos y europeos”

“Todos los que estamos sentados en esta mesa somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Esto es la Argentina”, remarcó Cristina Fernández de Kirchner en abril de 2015.

“Soy hijo de inmigrantes. Todos los somos”, afirmó Mauricio Macri en enero de 2017. Reforzó su idea en enero de 2018, en Davos: “Yo creo que la asociación entre el Mercosur y la Unión Europea es natural porque en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”.

Alberto Fernández, en febrero de 2020, en su visita a Francia, reversionó el dicho: “No tengo empacho en decir que soy un europeísta y eso tiene que ver directamente con la historia que tenemos en la Argentina. Nuestra sociedad se formó con gente que bajaba de los barcos que llegaban de Europa”.

Ante la violencia en Chaco, el Colegio de Graduados en Antropología de Argentina emitió un comunicado de repudio y preocupación ante la represión y discriminación que sufren los pueblos indígenas. “La matriz racista con la que se han sentado las bases de la Argentina ‘que bajó de los barcos’ no ha sido más que un obstáculo en el reconocimiento de las múltiples identidades que constituyen al país, y ha servido de legitimación al genocidio de los pueblos originarios”, afirmó el Colegio de Antropogía.

La abuela huerpe Paz Argentina Quiroga, de San Juan, ya lo había alertado en 2012: “Vivimos en una sociedad con aristas bien marcadas de racismo y xenofobia. Nuestras banderas son negadas porque buena parte de la sociedad argentina reniega de su origen, muchos argentinos quieren ser blanquitos y europeos. Pero a esa sociedad le tenemos malas noticias: somos pueblos preexistentes a la propia Argentina, relegados en los 200 años de conformación del Estado, y seguiremos luchando hasta que se cumplan nuestros derechos”.