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Jujuy: de Héctor Tizón a Tilcara, otro freno a las mineras

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Con un fallo fundamentado en el voto de un juez que además es uno de los más reconocidos escritores de habla hispana, Héctor Tizón, los vecinos autoconvocados de Tilcara y Juella, Jujuy, obtuvieron sentencia favorable del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (la corte suprema jujeña) que en términos prácticos detiene la instalación de una mina de uranio en la zona de la Quebrada (en territorios de comunidades indígenas).
La marcha
Tizón planteó el peligro cierto de contaminación por parte de las mineras «hasta que se demuestre lo contrario», definió el derecho a un medio ambiente sano como un Derecho Humano Fundamental, mencionó los posibles daños generacionales y calificó como «papelón internacional» dejar en manos mineras una zona como la de la Quebrada, considerada Patrimonio de la Humanidad.
El caso había provocado un estado de movilización durante los últimos dos años en esa zona, tal como se reflejó en Mu n° 17 (ver más abajo).
El Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, había rechazado el recurso de amparo presentado por los vecinos, pero ahora la máxima instancia judicial, fundada en el voto del juez Tizón, vuelve a darle cabida.

Cianuro, mercurio & compañía
Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara contra la Minería a Cielo Abierto explicaron en un comunicado que el recurso de amparo contra la minera Uranios del Sur había sido presentado el 1° de agosto del 2008, «exigiendo que el Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar permisos de cateos, exploración, y explotación minera a cielo abierto y la utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio, acido sulfúrico, y otros tóxicos similares utilizados en los procesos de producción y/ o industrialización de minerales metalíferos, especialmente de uranio, y que se revoquen los permisos concedidos o en tramite en la zona de la Quebrada de Humahuaca, Jujuy».

Parte de las bolsas con pastillas de cianuro que Mu encontró en la mina Pan de Azúcar, en la Puna. En la Quebrada querían instalar una mina de uranio.

Parte de las bolsas con pastillas de cianuro que Mu encontró en la mina Pan de Azúcar, en la Puna. En la Quebrada querían instalar una mina de uranio.


La empresa había tramitado permisos en 14.100 hectáreas en la zona Juella y Yacoraite, sobre los territorios de las Comunidades Aborígenes de Yacoraite y El Angosto de Yacoraite.
El dictamen del máximo tribunal se basó en los argumentos expuestos por el juez del Tribunal, Presidente de trámite, el Dr. Héctor Tizón. (Expte 6706/09). 


Tizón reconoció la plena vigencia del «principio precautorio» consagrado en el art. 4º de Ley General del Ambiente 25.675, del año 2002, que reglamenta el art. 41 de la Constitución Nacional, que postula que cuando haya peligro de daño grave e irreversible -como lo es la explotación minera a cielo abierto- se debe actuar a favor de la protección del medio ambiente. En este sentido no es necesario esperar que se produzca el daño, ya que el mismo resulta irreversible. 


Lo que escribe un juez
Juez y escritor Héctor Tizón

Juez y escritor Héctor Tizón


El juez Tizón aseguró además que «los daños causados al medio ambiente, una vez producidos, resultan en la práctica de casi imposible reparación».
Agregó: «Cabe presumir, hasta tanto se demuestre lo contrario, que por lo menos existe la posibilidad o el peligro cierto de que las tareas de las mineras en la zona produzcan contaminación, y conlleven un daño ambiental».
Otro argumento: «No es posible prescindir de la preservación del derecho a un ambiente sano y no contaminado, Derecho Humano Fundamental».
Tomando otro paradigma del derecho ambiental moderno, Tizón mencionó el de daños generacionales: «Es decir aquellos que por su magnitud repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar en las generaciones futuras».

Otro cuestionamiento del voto de Héctor Tizón: «Resulta un absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO en 2003, ya que ese título es revocable», y tildó de «papelón internacional», a la posible revocación de esa consideración, asegurando además que la misma «causaría seguramente daños a la infraestructura turística ya realizada» 

Olimpiadas de ignorancia

En el dictamen el Superior Tribunal cuestionó además fuertemente al Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, conformado por los jueces Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales, quienes según los fundamentos de Tizón «desatendieron e ignoraron olímpicamente» la existencia de presuntos daños ambientales en 8 causas penales, asentadas en los Juzgados Federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy (los torneos de ignorancia olímpica por los derechos ambientales se verifican no sólo en Jujuy).

Casi como despedida, consideró que «la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo no se ajustó a derecho vigente y que por el contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y autocontradictoria».
El Superior Tribunal (con las firmas de los jueces José Manuel del Campo, Maria Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio González, decidió revocar la sentencia anterior (negativa para los vecinos), y remitir nuevamente al Tribunal de origen, el expediente para que se vuelva a considerar el pedido de la comunidad de Tilcara organizada en asamblea. 

«No permitiremos el saqueo»

En su comunicado, los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y Juella plantean, textualmente:

* Constatamos con suma satisfacción que, no solamente, el Superior Tribunal de Justicia ordena revocar el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo, sino que también alude claramente a muchos conceptos ambientales que, por nuestra parte vamos sosteniendo y defendiendo contra vientos y mareas desde hace dos años.
* La gran minería a cielo abierto es la peor opción de «progreso» para nuestra provincia, como quieren hacernos creer. Mueve mucho dinero entre pocas personas; contamina el medio ambiente, ahora y para nuestros hijos; usa millones de litros de agua diarios, secando arroyos y napas de agua, perjudicando la agricultura y la ganadería, arruinando definitivamente la vida en el campo y los pueblos de la Quebrada y la Puna.
* Hoy existen numerosos casos de contaminación en nuestra Puna, reconocidos por el propio gobierno provincial y las empresas, y denunciados penalmente, causas radicadas en las Fiscalías Federales de Jujuy. Exigimos que se investiguen estas causas penales por delitos ambientales que se encuentran cajoneadas en las Fiscalía federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy, a cargo de los Fiscales Batule y Snopek.
* Reiteramos nuestros reclamos a la Legislatura de la provincia y al Gobernador, para que se prohíba la minería a cielo abierto, con el uso de sustancias químicas.
*No queremos la minería a cielo abierto contaminante en nuestras tierras y ríos. Estamos por la defensa de la vida, de la tierra y del agua, y por tanto de los cultivos y la ganadería que hacen a la vida tradicional quebradeña, y están fuertemente ligadas a la cultura de la tierra y al paisaje.
* No toleraremos la explotación minera en la zona. No permitiremos el saqueo de nuestros bienes naturales. Resistiremos con la fuerza que nos da la defensa de lo nuestro y de los nuestros, de nuestra salud y del futuro de nuestros hijos, de nuestras formas de vida, de nuestra cultura y de nuestra Madre Tierra.
Datos de un juez

Héctor Tizón nació en Yala, Jujuy en 1929. El último mes de octubre cumplió 80 años. Fue abogado, periodista, diplomático. Es de los argentinos que debió exiliarse en 1976, tiempos de la dictadura (más candidatos para las olimpiadas de la ignorancia). Como novelista y cuentista ha sido traducido al francés, inglés, ruso, polaco y alemán. Ganó toda clase de premios y reconocimientos locales e internacionales, incluido el del gobierno francés que lo consideró Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. En Palpalá una calle lleva su nombre.

Y no necesita de estas enumeraciones para saber que cuenta con lo más difícil de lograr: el prestigio y el respeto.

Sus obras:

  • A un costado de los rieles (1960)
  • Fuego en Casabindo (1969)
  • El cantar del profeta y el bandido (1972)
  • El jactancioso y la bella (1972)
  • Sota de bastos, caballo de espadas (1975)
  • El traidor venerado (1978)
  • La casa y el viento (1984)
  • Recuento (1984) (antología personal)
  • El hombre que llegó a un pueblo (1988)
  • El gallo blanco (1992)
  • Luz de las crueles provincias (1995)
  • La mujer de Strasser (1997)
  • Extraño y pálido fulgor (1999)

Para entender el conflicto


Mu estuvo en Tilcara y la Puna en 2008, investigando los temas mineros en Jujuy, y las movilizaciones de las comunidades y organizaciones que dieron nacimiento a este fallo.

Fue la tapa del número 17 de la revista: «A la gran Puna», una radiografía de la sociedad y de un negocio, que permitió detectar incluso las bolsas de cianuro en minas abandonadas. Este es el texto completo de aquella crónica.

Apunando a las mineras


mu17Una movilización vecinal logró frenar la amenaza de explotación de uranio en una provincia que todavía lucha contra las consecuencias del saqueo con la complicidad estatal: en Abra Pampa el 80 por ciento de los chicos está contaminado con plomo; en Pan de Azúcar, el cianuro está a la vista. Los venenos del modelo minero. Y sus antídotos.

En la mina Pan de Azúcar, caminando entre polvo de cianuro derramado de las bolsas de plástico con dibujos de calaveras, es posible abrirse a dilemas de orden moral y nasal. Ejemplos:

¿Cómo puede esta mina célebre, abandonada y letal, estar abierta así, sin control alguno, ni siquiera un alambrado, a 100 metros de una escuela?

¿Qué olor tiene el cianuro?

La primera pregunta quedará brevemente en suspenso. Sobre el olor, Ariel Méndez, integrante de Red Puna, no termina de decidirse: «Es cortante». A Noemí Cruz, una joven mamá kolla que prefirió esperar afuera con sus pequeños hijos, le recuerda a baño lavado (tal vez haya percibido el sodio que contienen las lavandinas). Entre la altura de la Puna y el cianuro, conviene lograr dos cosas a la vez: respirar y no respirar. Hay algo que se va apoderando de las fosas nasales, se aferra a la garganta, irrita los ojos. ¿Insecticida, ácido, un gas espeso? Algunos informan que el cianuro no tiene olor (gente que no visita Pan de Azúcar), y otros sugieren que sí, y que evoca almendras amargas. Fausta Mamani ronda con elegancia indígena los 80 años. Sombrero gris sobre un pañuelo rojo que le cubre el pelo, pulóver blanco bajo un saquito de lana azul, poncho marrón de vicuña cruzado sólo sobre un hombro, pollera colorada. La fuerza y la alegría de esos colores son aire puro. Se lo puede intuir en la foto que ilustra nuestra tapa. Pero Fausta está un poco harta ante el dilema:

-¿A qué va a tener olor el cianuro? A veneno. Por eso me mata los animales. Y nadie hace nada.

Jujuy es como Fausta: antigua, elegante y amenazada. El 24 por ciento de su territorio está a tiro de las multinacionales mineras, con 470 explotaciones -como los megaproyectos Pirquitas y Aguilar- y 1.200 pedidos de cateo y explotación de 13.000 kilómetros cuadrados (65 veces el tamaño de la Capital Federal), principalmente en la Quebrada de Humahuaca, un valle andino de 160 kilómetros y belleza deslumbrante, y la Puna, ese altiplano que a casi 4.000 metros de altura toca el cielo.

Pero una serie de movilizaciones, puebladas y hasta chusmeríos, están tratando de cambiar la historia minera. Los que se larguen a respirar este viaje, quedan ante el desafío de conocer una situación económica, política y social a veces absurda, y asfixiante. Hay que tomarlo con calma, aprovechando todo el oxígeno posible, y buscando descubrir qué hay más allá del vaho a almendras amargas.

Chusmerío y movilización

Juella no figura en los mapas ni en los diccionarios. Está habitada por apenas 100 familias. Allí nació una movilización social que copó a la bella y shoppinesca Tilcara, hizo que una jueza atravesara ventanas, parió una legislación contra la minería a cielo abierto, y frenó un proyecto minero multinacional. No se sabe el significado del nombre, que es anterior aun a la invasión de dos tribus: los incas con el quechua, y los españoles con el castellano. En Juella los indios Tilcara construyeron un pucará (fortaleza), que no alcanzó para protegerlos, pero hoy es atracción arqueológica y turística. La arqueología del presente indica que la mejor defensa es moverse, más que hacer pucarás.

El pueblito está a 6 kilómetros de Tilcara, a 1.700 kilómetros de la Capital Federal y a 2.500 metros de altura, en plena quebrada. En el vivero comunitario San Cayetano, Tomasa cuenta: «Acá vimos pasar una camioneta, se fue para arriba. Vino un vecino, el Mono, artesano con puesto en la plaza de Tilcara, donde está todo el chusmerío, y se enteró de la minera. Un día escuché una bomba en los cerros. Pensé que era por la fiesta de San Juan, el 24 de junio, pero me di cuenta de que eran ellos, los de la minera».

En el vivero trabajan 20 vecinos de la zona, perfeccionando lo que cultivan en sus huertas. Juella alberga el Festival del Durazno y la Humita, en marzo. El vivero San Cayetano forma parte de la Red Puna y eso lo conecta con otras 35 comunidades de la quebrada y la Puna.

El artesano, el Mono, es Cristian Giménez, oriundo de Mar del Plata que hace cuatro años está instalado en Juella con Carolina, su compañera nacida en Cali, Colombia, y sus hijitos Amsaya y Awki. Cristian y Carolina hacen aros, pulseras y colgantes labrados con un arte inusual, en su casita de Juella, ante un paisaje onírico. No llega la televisión abierta ni el cable, hay tres vecinos con televisión satelital. «No nos quemamos la cabeza haciendo zapping para no encontrar nunca nada. Acá hay sanidad mental y cosas más interesantes que mirar» dice Cristian. Apenas le llega la señal del celular, que lo conecta día por medio con su mamá.

Cosas que mirar. «Vimos la camioneta -cuenta Carolina, que no ha perdido el acento caleño- quisimos pararla y no nos hicieron caso. Los vi luego en la plaza de Tilcara, saliendo de la Municipalidad. Les pregunté qué hacían. Exploraciones, solamente uranio, me dijeron. Era este señor». Muestra la tarjeta que le dio Juan Guillermo Orozco, geólogo, director y gerente para Sudamérica -según se lee- de la empresa Uranio del Sur. «Le dije que tenía que pedir permiso al Centro Vecinal, y que además iban a mucha velocidad en la camioneta». El centro vecinal es presidido por don Eduardo Peloc. Orozco fue con un funcionario municipal. «Les dijimos que no los vamos a dejar entrar. No queremos que nos envenenen, ni que nos maten» relata Tomasa, la esposa de Don Peloc. Carolina suma: «Después supimos que mintieron, pidieron permiso no sólo para uranio sino oro, plata, cinc y demás». Red Puna organizó charlas con especialistas, Cristian preparó fotocopias y volantes para la gente de Juella. «Acá no tenemos Internet, usamos un locutorio de Tilcara con re buena onda, no nos cobraban las fotocopias y ya era fin de mes».

En pocos días, Juella se convirtió en una academia sobre el verdadero significado de la minería. «La radiactividad de la explotación de uranio llega a 200 kilómetros a la redonda -informa Carolina-. Ni siquiera dan trabajo. Todo lo hacen máquinas» agrega la kolla Pilar. «La gente ha sido muy sumisa, pero ahora ya no» completa Verónica.

La movida omitió pensar siquiera en el intendente, concejales de Tilcara y funcionarios provinciales. «Es que son políticos. Y si te dormís, te instalaron la minera. Al final nos apoyaron todos» editorializa Cristian. El intendente Félix Diaguita Pérez, radical, había declarado: «Tengo todo controlado». Cristian: «Nuestra duda era, ¿a favor de la minera o en contra? Nunca mostró de qué lado estaba, hasta que vio que íbamos en serio. Ahí firmó».

Jueza por la ventana

Uno de los concejales de Tilcara, el radical Eduardo Escobar, llegó a Juella y se puso a disposición de los vecinos: «Hago lo que ustedes quieran». Dos abogados, María José Castillo (de Red Puna) y Enrique Oyharzábal (del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y colaborador los hermanos Jesús y Pedro Olmedo, obispo de Humahuaca y párroco de La Quiaca, respectivamente) redactaron el proyecto de ordenanza que Escobar presentó al Concejo Deliberante. El 10 de julio llegaron a Tilcara para reunirse con los vecinos el director de Minería de la provincia, Martín Sánchez, el secretario de Cultura, Jorge Noceti, y la jueza de Minas, Cristina Lucas de Durruty.

Paralelamente, la comunidad salió desde Juella caminando los 6 kilómetros hasta Tilcara, sumando en el camino a más vecinos y hasta escuelas enteras. Para cuando llegaron frente al municipio, ya pasaban largamente las mil personas. A último momento se sumaron algunos integrantes de los movimientos Tupaj Katari (del ex célebre Perro Santillán) y la Corriente Clasista y Combativa (maoístas que apoyaron a los ruralistas en el reciente round con el gobierno). Los comercios y boutiques se plagaron de letreros contra la minería de uranio.

El Salón de Actos municipal quedó desbordado. Sánchez, Noceti y Durruty salieron a la vereda, fuera de la recova del municipio, para hablar con micrófono. Tomasa: «La verdad es que la gente se ha enojado, sobre todo con la jueza, porque seguía diciendo que defendía la minería». El abogado Oyharzábal aporta una impresión: «La actitud fue de mucha soberbia, frente a gente que estaba realmente indignada». Cristian: «Es que no querés que te sigan haciendo el verso». Durruty no pertenece al Poder Judicial: se llama «juez de minas» a la persona que otorga los permisos a las empresas.

La gente le gritaba a la jueza si estaba o no a favor de la minería, y cuando le preguntaron «¿y qué vas a hacer con el Pan de Azúcar?» dio media vuelta rumbo a la Municipalidad. Los caballeros Sánchez y Noceti rumbearon sigilosamente hacia otro lado. La jueza quedó sola en medio de la gente, erró el camino, y terminó entrando al municipio por una ventana. El público seguía reclamándole dentro del Salón de Actos y ella finalmente fugó por otra puerta hasta llegar a la comisaría. Fue un momento de obvia tensión.

El intendente Diaguita Pérez firmó la ordenanza que ya habían aprobado los concejales por unanimidad, y la leyó al público. «Como nunca la había visto -se ríe Tomasa- ni sabía las palabras». Tropezó especialmente con «lixiviación», término que define cómo el cianuro quema la tierra para separarla de los metales. Uno de los carteles en la calle decía: «Si sos Diaguita defendé a los indígenas». La jueza Durruty ya había huido de Tilcara.

La ordenanza o el marketing

La ordenanza 13/08 recuerda principios constitucionales sobre la preservación del ambiente, denuncia la destrucción del suelo, el agua y el aire que provoca la minería a cielo abierto, enumera catástrofes ambientales ocurridas en el mundo por este tipo de emprendimientos y reproduce el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea, por ejemplo:

«Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural».

«Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente».

Finalmente el texto prohíbe en el departamento de Tilcara «la radicación de explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos». Tal vez lo principal sea otra cosa: la ordenanza podría ser un caso testigo de los efectos institucionales que puede tener una veloz movilización social, como ya ocurrió en Famatina (La Rioja, donde en 2007 se frenó a la Barrick Gold y se prohibió la minería a cielo abierto) o la premonitoria Esquel, que con un plebiscito en 2003 detuvo la instalación de Meridian Gold.

Detalles curiosos: Tilcara es el primer Municipio Indígena de Argentina, y la Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). «Pero si sos Municipio Indígena, eso no puede ser sólo marketing» dice el kolla Ariel, de Red Puna, y revela un dato para turistas: «Ni siquiera hubo más trabajo. Muchas de las artesanías y tejidos típicos que te venden en Tilcara los traen de Bolivia». Cristian y Carolina también se indignan: «Las señoras que tejen en serio no tienen lugar donde mostrar y vender lo que hacen, pero las cosas truchas tienen espacio». La propia Red Puna (que tiene una cooperativa que produce increíbles tejidos de lana de oveja y fibra de llama) no tiene puesto en Tilcara y sí sus propios locales en Abra Pampa y Maimará.

¿Y qué significa Patrimonio de la Humanidad? María José, la abogada: «Es algo turístico, pero ni siquiera desarrolla un turismo que beneficie a la gente del lugar. Y al ser ‘de la humanidad’ parecería que no es de nadie». Remo Leaño, del grupo de vecinos autoconvocados de Tilcara, y diseñador de páginas web, cree que se trata de un negocio inmobiliario «que benefició a la gente del poder, y la gente del poder ahora apuesta por el negocio minero. Dicen que lo del Patrimonio de la Humanidad permitió mover 14 millones de dólares en turismo. Eso es un vuelto comparado con la minería». ¿Quién es esa gente del poder? «Imaginate: los políticos asociados con las empresas mineras».

¿Contra el progreso?

Cristian está molesto. «Un día discutí con la directora del hospital que decía que estar contra la minería es estar contra el progreso. Yo le dije: estamos en contra de que nos maten». Uranio del Sur pertenece a Uranio AG, fundada en 2006 con sede en Suiza, cuyo accionista mayoritario es la minera canadiense (paisana de Barrick Gold) Rome Resources ltd, ubicada en Vancouver. Allí, en la Columbia Británica de Canadá, también está prohibida la minería de uranio, mientras esta subsidiaria tiene ya 22 concesiones mineras en La Rioja y San Luis, 171.000 hectáreas. Los canadienses serían tan reacios al progreso como los habitantes de Tilcara. Facundo, psicólogo e integrante de los equipos de formación de Red Puna: «También sería progreso que haya agua, te dicen que en la Puna no hay agua, pero cuando aparece una minera hay millones de litros diarios. Lo que no hay es voluntad política de hacer un cambio estructural». La idea de que oponerse a la muerte, el empobrecimiento y la enfermedad es oponerse al progreso, es tal vez una curiosidad turística que la provincia debería publicitar.

El mecanismo de estos emprendimientos se basa en la confusión. Las autoridades jujeñas dijeron que Uranio del Sur tenía sólo dos pedidos otorgados por la jueza Durruty, uno de 500 y otro de 9.099 hectáreas, pero la investigación vecinal ya reveló que había al menos tres pedidos más de exploración. Leaño: «Todo va demostrando que el gobierno provincial miente».

Los kollas y campesinos parecen tenerlo muy claro. Tomasa: «Nos quieren sacar del medio». Verónica: «Nos quieren someter». Ariel cree que todo esto aporta a la expulsión de la gente de sus tierras. El abogado Oyharzábal se suma: «Esto es un proyecto de años para convertir a Jujuy en una provincia minera con un criterio de pura extracción, para llevarse todo». No se trata de un paranoico. «Al revés, el problema que tenemos las sociedades es que nos enteramos de estas cosas al final. Se ve con el trazado de los dos gasoductos que van hacia Chile, que pasan por todo el corredor minero mientras acá mismo, en Tilcara, no tenemos gas. Lo mismo con los tendidos eléctricos. El Estado no está representando a la sociedad, sino a las empresas, y a un proyecto minero».

A nivel nacional se puede recordar al secretario de Minería, Jorge Mayoral, empresario minero, o a la propia Presidenta haciendo algún acto de campaña con el logo de Barrick Gold a sus espaldas (propietaria de las megamineras Veladero y Pascua Lama, de San Juan). Además, las leyes mineras surgidas de la creatividad del gobierno de Carlos Menem siguen intactas. Las empresas pagan regalías de menos del 3% sobre lo que ellas mismas declaran, no pagan iva, ni impuesto a los combustibles, ni a la importación de sus maquinarias (que incluyen como «inversión»), ni siquiera el impuesto al cheque, y tienen el campo libre porque el Estado está expresamente impedido de actuar en el rubro. Si alguien quisiera redistribuir la riqueza, en este nicho hay con qué entretenerse.

También es cierto que hay otros enemigos del «progreso» minero, como Chubut, Río Negro, Mendoza, Tucumán, y La Rioja posmenemista, que prohibieron estas andanzas mineras aunque casi siempre como efecto de la movilización de sus comunidades. En Tucumán, además, existe una rama de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (ufima), bajo la órbita del fiscal general Antonio Gómez. Tramitan 60 denuncias, y de allí nació el procesamiento dictado por la Cámara Federal de Tucumán contra el vicepresidente de Bajo Alumbrera (Catamarca), Julián Rooney, por el delito de contaminación, donde se considera «cómplice» al secretario de Minería Mayoral. Y allí también fueron indígenas y campesinos jujeños a denunciar lo que ocurre en la provincia.

Tal vez por esas cosas, el director de Minería provincial, Martín Sánchez, no tuvo problemas en confesarle a la abogada María José Castillo lo siguiente: «Ah no, acá nunca vamos a hacer audiencias públicas por el tema ambiental. Mirá si después nos pasa como en Esquel».

Doctrina del plomo

Cuando estaba llegando a Abra Pampa, la llamada capital de la Puna, 3.500 metros de altura, me topé con una de las marchas más extrañas que puedan imaginarse. Sobre el asfalto vacío de la ruta 9, en medio del desierto puneño, por donde no hay ningún lugar lógico al cual llegar caminando, salvo un pueblito a 40 kilómetros, poco más de cien personas pasaban junto al cementerio de Abra Pampa (los cementerios jujeños parecen fiestas por los colores de las flores de plástico). Iban muy rápido. Mujeres kollas coloridas y exasperadas, chiquitos con mochilas escolares, hombres con pancartas. ¿A dónde estaban yendo? Paola Arias, 26 años, una mujer pequeña y enorme, tres hijas, visiblemente irritada, me sorprende:

Vamos a Jujuy. Los funcionarios habían prometido venir. Nos mintieron. Si el gobierno no viene, entonces nosotros vamos allá.

Pero estamos a 230 kilómetros.

(Enojada) No nos importa. Hace décadas que tenemos un cerro de escoria. Una montaña de plomo, y residuos tóxicos. La mayoría de la gente está contaminada. Mi nena, Malca, tiene índice 22 de plomo en sangre. Tiene problemas de la vista, nadie se hace cargo, no hay ni pediatras.

¿Por qué no vinieron los funcionarios?

(Paola mira el asfalto para disimular las lágrimas, pero sigue hablando) ¡No sabemos! Estamos muy molestos señor, es humillante. Diego Orellana, secretario de Gobierno, prometió venir. Nos engañaron otra vez pidiéndonos la confianza para votar. Queríamos hablar. Tenemos la contaminación con plomo, no hay cloacas. Ni agua. ¿Qué dicen los gobernantes? «Hay que dialogar». Bueno, hace años que estamos dialogando: pero además hay que hacer algo. En Tilcara salieron a la calle, nosotros salimos a la ruta. Acá nos explotan a todos. La verdad es que el gobierno nacional tendría que hacer algo. Pero todos hablan mucho, y nadie hace nada.

Veinte años de soledad

Paola me cuenta que buscarán subirse a algunos camiones, o hacer dedo para que los automovilistas al menos acerquen a los chicos. Acompaño la marcha un kilómetro, y no puedo caminar más. Los veo irse y no sé si están locos, o si la suya es la única lucidez posible para sobrevivir en esta normalidad. En Abra Pampa, Julio y Mario, de Red Puna, me llevan a conocer lo que me contó Paola. La minera Metalhuasi ya no existe, pero dejó en el medio de Abra Pampa dos recuerdos. Un gran terreno de derrame de químicos de unos 100 metros por 100 y, efectivamente, una montaña de escoria de plomo, de casi seis metros de altura, que están allí desde hace más de 20 años.

Sobre 234 casos estudiados de chicos de 6 a 12 años, el Centro de Investigación Química Aplicada de la Universidad Nacional de Jujuy, dirigido por la doctora en bioquímica Graciela Bovi Mitre, detectó que el 81 por ciento tiene valores superiores a los 5 microgramos de plomo en sangre. Resultado: daños neuromadurativos (retardo de crecimiento), plomo depositado en los huesos (con dolores imaginables) y los dientes, baja de las defensas, alergias, predisposición a las infecciones, sobre todo las urinarias. Yolanda, de Red Puna, una de las afectadas, agrega sin perder la sonrisa: «Hay muchos tumores, casos de leucemia y cáncer. Yo también tengo problemas…», y sin terminar señala su zona abdominal.

Los principales transmisores de plomo a la población en Abra Pampa son la tierra y el viento. Agua no tanto, por pura escasez, aunque el agua que se consigue es posible que esté contaminada por el vaciadero de desechos químicos. El bid (Banco Interamericano de Desarrollo) dio un préstamo para limpiar Metalhuasi, pero lo único que se hizo fue levantar un alambrado. El resto del dinero no se sabe a qué cuentas bancarias fue. La noticia: el alambrado ya está roto. El padre Jesús Olmedo intentó llamar la atención sobre esta situación en 2007. Organizó una peregrinación, que terminó con su propia cucifixión simbólica sobre la montaña de plomo. Ni así le hicieron caso.

Contra todo pronóstico razonable, Paola, los 40 chicos, y 60 adultos llegaron a San Salvador de Jujuy dos días después. Automovilistas y camioneros fueron haciendo fluir esa marcha. Acamparon frente a la Gobernación. Ante el hecho consumado, un grupo fue recibido por cuatro funcionarios. Sede del encuentro: el estacionamiento de la Gobernación, a cielo abierto. De los 14 puntos que llevaban, según el diario El Tribuno de Jujuy, les prometieron:

1) Llamar en 45 días a una licitación, para comenzar las obras de saneamiento.

2) Arreglar las pocas cloacas que hay en Abra Pampa, e incluir en el presupuesto 2009 una planta depuradora de líquidos cloacales.

3) Derivar un camión cisterna, con agua potable para Abra Pampa.

Los ministros ni siquiera prometieron algo con respecto a otros pedidos, como el envío de médicos clínicos o especializados en envenenamiento por plomo. Luego de 20 años, 45 días de plomo en sangre parecen poco. Podría incluso proponerse inaugurar la planta de líquidos cloacales como monumento al progreso, brindando con agua del camión cisterna. El Centro de Investigación Química no ha estudiado qué tienen los funcionarios en la sangre. Otros comentarios acerca de estos hallazgos quedan a cargo de los lectores presentes.

Cianuro en tus ojos

Si un Estado y sus gobiernos no logran limpiar plomo y residuos químicos en lugares del tamaño de sendas canchitas de fútbol durante 20 años, ¿qué garantía pueden dar frente a los proyectos de megaminería en marcha? Tal vez sólo sea una pregunta apunada. El gobierno de Jujuy tiene, como era de esperar, una instancia de control: el Departamento de Policía y Control Minero, área que cuenta exactamente con un (1) funcionario, el geólogo Juan Carlos Lavadenz. El propio Martín Sánchez reconoció que el organismo está totalmente superado en su posibilidad de trabajo.

De Abra Pampa a la mina Pan de Azúcar, en el departamento de Rinconada, se llega por un camino de unos 70 kilómetros de tierra y piedra en el que no hay señalizaciones. Ariel y María José son baqueanos para orientarse en la Puna. Como un espejismo en ese desierto de yuyos rodeado por cerros, se ve la Laguna de Pozuelos, declarada Monumento Natural. Llegamos a Pan de Azúcar. La población completa es de menos de 60 habitantes.

Seguimos hacia la mina, llevando a Noemí Cruz con su hijito Alexandro y su beba Ester (los asombrosos cachetes de los bebés kollas deberían ser algo más que Patrimonio de la Humanidad). En el camino hay una especie de manchón grisáceo al pie de dos cerros, como la escupida de un gigante en el paisaje. «Es el derrame químico del dique de colas» explica María José. Un tramo más, y dejamos la camioneta frente al establecimiento, que es como un pueblo blanco colgado de un barranco, arrasado por alguna guerra. Se cruza una tranquera abierta y ridícula, porque no hay alambrado que la contenga. Recorremos las construcciones, que alguna vez habrán sido oficinas y ya no tienen techos, ventanas ni puertas. La mina está supuestamente cerrada desde 1989.

Las sucesivas denuncias hicieron que el gobierno provincial enviara a don Martín Sánchez, que ya en 2006 ejerció el arte de la promesa sobre la «remediación del pasivo ambiental» (jerigonza que significa limpiar la contaminación). No se hizo nada. En 2007 el caso, ya emblemático, fue denunciado por las Comunidades Aborígenes y Pueblos Indígenas de Jujuy ante la ya citada ufima, que dictaminó la existencia de contaminación en el Río Cincel, en la Laguna de Pozuelos y en los campos de la zona. Como se detectó la presencia de bolsones de cianuro y además dinamita, allí fue la Gendarmería: sólo se llevó la dinamita. La jueza de Minas llegó en 2007, prometiendo nuevamente remediar el pasivo ambiental, alambrar el perímetro de la mina para que nadie pueda entrar (especialmente los chicos de la Escuela Albergue de Pan de Azúcar, que pasan allí toda la semana; la escuela está a menos de cien metros de la mina) y prometió tapar los socavones.

Actualmente, la realidad es la siguiente:

La mina está abierta a cualquiera que quiera entrar.

Los socavones (pozos que parecen infinitos) también están abiertos. Con el flash de la cámara de fotos no se alcanza a ver el fondo.

En el gran galpón se encuentra el cianuro caído de bolsas de la empresa química brasileña Metacril, ilustradas con enormes calaveras y leyendas en portugués: «cianato de sodio» y «este saco contem um veneno mortal». (Dato positivo: si los chicos de la escuela anduvieron jugando por aquí sin matarse, es indicio de que las futuras generaciones jujeñas acaso sean indestructibles).

Otro problema: vecinos de Pan de Azúcar y Rinconada se han ido llevando techos, ventanas y puertas para sus propias viviendas. Empiezan a faltar también partes de las paredes de chapas del galpón. Cuando sopla viento, vuela el cianuro. Doña Fausta Mamani llegó agitando los brazos pensando que íbamos a robar más chapas. «Se mueren los animales, las ovejitas, los cabritos. Nos hace mal a la nariz y el pecho. Nadie arregla esto». María José narra que hace dos meses estuvo reunida con el director de Minería Martín Sánchez, quien le dijo: «¿En serio sigue habiendo bolsas de cianuro? Ya las vamos a sacar. Gracias por avisarme».

En la recorrida encontramos también toda la papelería de la empresa, de los años 1985 y 1986: recibos, facturas y hasta ejemplares de la Mining Magazine, revista dedicada a ilustrar las bondades de esta industria. La mina pertenecía a Río Cincel samic, y más recientemente a Lapacha Minera. Siempre con la misma apoderada, Graciela Comas. Ambas empresas, según descubrió la Fiscalía tucumana, tienen pedidos de exploración en esta misma área, que la jueza de Minas debe definir. Y Lapacha aseguró en 2007 haber estado haciendo tareas en el lugar, lo que explicaría que las bolsas de cianuro -y el cianuro- estén tan bien conservados. Ya no postulan la minería de socavón, sino a cielo abierto. Como dice Sánchez, el director de Minería: «El futuro minero se presenta más que interesante y prometedor para la provincia».

Fin con sabor

Cuando anochece, las estrellas parecen lámparas y la luna es tan grande que marea. Al día siguiente, el abogado Oyharzábal, en Tilcara, cuenta: «La participación de las comunidades indígenas y de los vecinos consiste en decirles: vení y firmá, o andate. Una vez un diputado radical, Raúl García Goyena, me dijo con tono de patrón de estancia: ‘Escúcheme, la democracia es que ustedes delegan, y nosotros somos los representantes’. Eso está en crisis, esa cosa de funcionarios que se creen reyes que pueden hacer cualquier cosa. Pero la gente ya no se calla, ni delega, porque se empieza a ver que se tiene que plantar, porque el Estado posiblemente no sólo no la defienda, sino que además es socio de las mineras».

En Abra Pampa, María de la Red Puna, me contó que ya están armando reuniones en toda la zona para oponerse también allí (algo más difícil que en la turística Tilcara) a la infección minera. Con esa sonrisa sabia y suave de las «mamitas» kollas, reconoce que toda la experiencia de estos años con la gente organizándose es transformadora.

«Pero lo primero que se transformó fue mi forma de pensar. Pensar que otros hicieron la historia. Que la realidad ya está, así como es, y que uno no puede hacer nada. Que hay que cumplir las órdenes y lo que está dado, en el trabajo, en la vida. En cambio aquí uno dice: yo puedo hacer otras cosas. Y las puedo hacer con los demás». Luego menciona algo que en Jujuy parece aplicable a la movida de kollas, abogados, campesinos, webmasters, curas, tejedoras, militantes, comerciantes y artesanos: «Y bueno, eso nos pasa: le fuimos agarrando el gusto».

 

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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