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Policía porteña: cómo viene la mano

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Un nuevo hallazgo de Mauricio Macri instala al frente de la futura policía porteña a Eugenio Burzaco, diputado nacional del PRO que promueve acciones de inteligencia interna sobre ciudadanos argentinos para evitar el «terrorismo internacional» y, entre otros emprendimientos similares, vendió (en el sentido comercial de la palabra) a la provincia de Neuquén, el plan de seguridad que regía la acción policial en los días del fusilamiento por la espalda del docente Carlos Fuentealba, además de haber creado una especie de identikit del supuesto malhechor, equiparándolo previsiblemente con toda persona pobre y joven. Identifica «aborto» con «crimen» en sus cartas a los diarios, cuestiona la «píldora del día después» y no se sabe cuánto cobra por asesorar en temas de seguridad a River Plate.
Eugenio BurzacoEl señor Burzaco es civil, a diferencia de Jorge «Fino» Palacios, cuya nominación se derritió al calor de un cúmulo de denuncias y miles de firmas que exigieron su desplazamiento por razones que incluyen su turbia actuación en relación al caso AMIA. El comisario Osvaldo Chamorro, con virtudes similares a las de Palacios, queda por ahora en el segundo puesto de la posible policía porteña, aunque se rumorea que también podría ser evacuado.
El nombramiento de Burzaco además intenta ser un cambio de conversación, tras la vergonzosa contratación de un espía de la Federal, Ciro James (el modo en que los agentes secretos argentinos logran hacerse famosos es un tema que deberá estudiarse aparte). James, acusado por el espionaje también de personas relacionadas con la AMIA iba a esttar a cargo del sector de «inteligencia» de la nueva policía, lo cual refleja inmejorablemente el espíritu que guía esta novedad.
Como para «emprolijar» las cosas, Macri opta ahora por alguien que no lleva uniforme, que es de su entorno, y lo hace como para exhibir cierta inmunidad oficial y policial al papelón. Los datos sobre Burzaco, sin embargo, parecen mostrar un típico cambio para que todo siga igual.
Fundar, Pensar, Creer y Crecer
Burzaco es hijo del periodista Raúl Burzaco, fallecido en 2004, creador del diario Tiempo Argentino, ex director de El Cronista Comercial,  que pasó también por la burocracia estatal como Secretario de Medios de la siempre recordada gestión de Carlos Menem, siendo bisagra de las negociaciones que en aquellos años favorecieron la concentración del grupo Clarín, política que siguieron todos los gobiernos hasta hace muy poco.
Su hijo Eugenio es licenciado en Ciencias Políticas y realizó un master en Economía y Políticas Públicas en Georgetown. Participa al menos en tres fundaciones. Fundar Justicia y Seguridad (presidente), PensAR (vicepresidente), y Creer y Crecer (que preside Macri, y donde Burzaco es encargado de Seguridad y Justicia. Para amplios sectores de la política argentina, las Fundaciones (con verbos en infinitivo, y los ingresos que generan) son una neo religión.
Estas marcas representan, en términos actuales, algo así como «el pensamiento de la derecha». En PensAR, por ejemplo, se desempeñaba el ex agente de inteligencia y jefe de un grupo de tareas del Ejército, Julio Cirino, huésped ahora de la cárcel de Marcos Paz, acusado de privación ilegal de la libertad seguida de muerte de al menos cinco personas entre 1979 y 1980 (tiempos de la denominada «contraofensiva montonera»).
Pero en el contexto de estos contactos y trabajos político, y el oficio de las fundaciones, Burzaco escribió dos libros, Rehenes de la violenciaMano Justa (juego de palabras para definir una supuesta tercera vía entre la mano blanda y la dura).
Contrato para el PIS
En 2004 Fundar firmó un contrato con la provincia de Neuquén para coordinar y asesorarla en el Plan Integral de Seguridad (PIS). El diputado Claudio Lozano denunció que el contrato fue de «cinco dígitos» y que también Creer y Crecer había firmado un contrato sideral con Sobisch. La razón por la cual una provincia deba contratar a estas fundaciones para encarar temas claves como seguridad, o incluso educación, es otro misterio que queda a consideración de los lectores.
El PIS fue anunciado por Sobisch en los comienzos de su tercera gestión como gobernador, pero nunca fue revelado en su totalidad. Se conocía solamente la compra directa de helicópteros, cámaras para las calles, 200 patrulleros y otros gastos sin licitación que significaron 50 millones de dólares según declaró el propio Sobisch al animador Mariano Grondona.
La diario neuquino 8300 (www.8300.com.ar) logró encontrar el documento fundacional del PIS en el que -detalla- se propone integrar a las fuerzas policiales públicas con las agencias de seguridad privadas, «teerciarizar» servicios, se indica que el objetivo principal no es tanto aumentar la seguridad como bajar «la sensación de inseguridad». Y hasta se trza un perfil del delincuente estándar (joven y pobre) planteando que las calles neuquinas deben ser «sólo para los ciudadanos honestos».
Lo importante es parecer
El PIS se basó en una encuesta realizada por W. Tracking Group, empresa que había realizado un par de trabajos previos, para la candidatura de Sobisch y para la marca Casa del Bosque de Villa La Angostura (si la «seguridad» -sea lo que sea que signifique- es un tema importante, que su estudio quede en manos de estos señores entra en una zona patética).
El documento de Burzaco y su fundación llega a una conclusión inquietante: «Es tan importante reducir los delitos como que esta reducción sea acompañada de una mejora en la percepción que tienen los habitantes sobre la evolución de la delincuencia» (idea que demuestra la veracidad de su opuesta: si se genera inseguridad y miedo, y los medios grandes son los principales responsables de hacerlo, la percepción será terrible aunque todo siga igual).
En el PIS Burzaco plantea un nuevo modelo policial, el Problem Oriented Policing, que debería «identificar las conexiones entre delitos o incidentes -rastreando los patrones comunes en cuanto a la localización, horarios, modus operandi y personas involucradas-, se familiarice con los factores causantes de ellos, y desarrolle las soluciones más apropiadas para modificar las causas de dichos problemas» (sic). 8300 luego se pregunta: Poblete ¿habrá ejecutado todo este proceso mental antes de descerrajarle un tiro en la cabeza por la espalda a Fuentealba?»
Retrato del delincuente
En el PIS se plantea que hay grupos y zonas de riesgo o «hot spots», también llama a esas áreas «degradadas» y postula qu elos policías centrarán su accionar en los grupos de iesgo que integran hombres, de entre 15 y 24 años, excluidos del mercado laboral y del sistema educativo, que viven en un entorno violento. Incluye a hijos de de individuos privados de su libertad o con antecedentes criminales que volvieron a su comunidad «sin las herramienta para reinsertarse socialmente». Otro identikit de riesgo, revelado por 8300 son los drogadictos y también los potenciales drogadictos El PIS informa que los delincuentes viven en asentamientos precarios y zonas aledañas «cuyas condiciones de vida constiuyen un factor que favorece el surgimiento de actividades criminales». (Es la criminalización y la inversión de la carga de la prueba, con culpables latentes por edad, portación de cara, pero también de barrio, de familia, y hasta de potencialidad).
En estos barrios «degradados»  y con poca presencia estatal el PIS propone literalmente «desmalezar y sembrar de nuevo». La Ciudad de Buenos Aires queda advertida. Es amplia la propuesta de equipamientos con autos, lancha, helicópteros, computadoras y todas esas cosas que en Neuquén se hicieron sin licitación ni control alguno. Pero el documento propone algo que remite a la lógica de delación en tiempos de la dictadura, como cualquier vecino que lo haya vivido sabrá recordar. Se trata de una política de acercamiento en que los vecinos cooperen con las agencias especializadas en materia de seguridad «brindándole información».
Abortos

El señor Burzaco, 39 años, es otro dolor de cabeza para River Plate, en cuyas páginas web los socios e hinchas no dejan de lamentar su nombramiento en el área de seguridad, más indescifrable que el del técnico Gorosito, y que se ve como un nuevo avance macrista ahora en River, con Diego Santilli como impulsor.
Por otra parte Burzaco ha planteado proyectos de leyes como el de «Régimen de prevención y sanción del terrorismo» donde argumenta que el Estado argentino debe establecer «un sistema judicial penal eficaz para combatir las actividades terroristas que tienen como fin subvertir la paz mundial». En su artículo 22 el proyecto dice lo que suena a un prolegómeno de cosas que, en términos criollos, terminan haciendo gente como Fino Palacios, Ciro James o Julio Cirino:
«Durante el curso de la investigación judicial y a los efectos de comprobar la comisión de hechos previstos por la presente Ley, de impedir su consumación, de lograr la individualización o detención de los autores, partícipes o encubridores, o para obtener y asegurar los medios de prueba necesarios, el juez por resolución fundada podrá disponer, si las finalidades de la investigación no pudieran ser logradas de otro modo, que agentes de las fuerzas de seguridad, policiales o de los organismos de inteligencia, actuando de forma encubierta se introduzcan en organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la comisión de los hechos previstos en la presente ley.»
Burzaco se presenta públicamente como antiabortista, y ha escrito cartas con cierta pretensión humorística al diario La Nación, que las publica. En una plantea que una madre que tiene un niño, y queda embarazada, si opta por abortar está haciendo lo mismo que si matara al bebé. Estas ideas, más la tónica del encubrimiento, tal vez brinden pistas de lo que intentará la nueva policía. En las palabras, Burzaco reproducirá su idea de «mano justa» (y alguien reeditará su libro). Habrá que ver si en la práctica lo que se busca es resucitar en PRO, el tiempo del PIS.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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