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Subtes: la ley del más fuerte

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¿Quién va a ganar el conflicto en subterráneos? ¿Metrovías, la UTA (Unión de Tranviarios Automotor), el gobierno, un link entre estos tres actores? ¿Los trabajadores del subte? Los trabajadores resolvieron levantar transitoriamente el paro, pero avisaron que están dispuestos a realizar medidas más fuertes aún si no se reconoce a su gremio. lavaca acompañó la jornada de paro que pone a los trabajadores en una situación que no buscaron: la de mostrar que la fuerza real está de su parte, además del consenso, la razón, los fallos judiciales, el sentido común y la Constitución. Este último es un libro tal vez secreto, que en su artículo 14 bis garantiza a los trabajadores, entre otras cosas, «organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial».
Subtes
El conflicto es por el reconocimiento del Sindicato del Subte, organización sindical libre y democrática frente al cual el Ministerio de Trabajo presenta una demora para su «simple inscripción» de 247 días (según se cuentan con horas, minutos y segundos en el reloj que aparece en la página web del Sindicato del Subte).
Uno de los trabajadores en la estación Virreyes, terminal de la Línea E y el Premetro, comentaba: «Aquí te obligan a mostrar quién es el más fuerte. Si sos débil, te patean aunque tengas la ley de tu lado. La UTA es enorme, pero en el subte los fuertes somos nosotros. Y además tenemos razón». Roberto Beto Pianelli, uno metrodelegado de los históricos, agregaba: «La empresa dijo que iba a garantizar servicios parciales. Acá ves que no puede. El gobierno decretó que el servicio de subtes es esencial. Lo hizo para tensar la cuerda, obligar a que la empresa mueva trenes, y tratar de quebrarnos. Pero tampoco puede».
Enrique, otro de los miles trabajadores que ocuparon toda la red de subtes, planteaba una disyuntiva: «El gobierno tiene que decidir entre la patota o con el cumplimiento de la ley, la Constitución y la democracia sindical. Si va a estar con los trabajadores como es su discurso, o con Roberto Fernández (titular de UTA), Moyano y la gente de siempre».
Los trabajadores están nucleados en el Sindicato del Subte, modo sencillo de llamar a la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro, AGTSyP, «sigla totalmente impronunciable» se ríe Pianelli comiendo una factura. «Dejemos Sindicato del Subte».
Subtes
El carnet y el campo
Al realizar la medida de fuerza, los trabajadores mostraron un detalle que es obvio sólo en apariencia: son trabajadores del subte. Lo hicieron explícitamente, en Virreyes, y para ser fotografiados para lavaca mostrando sus carnets de Metrovías y el del Sindicato que ya crearon aunque aún no tenga el reconocimiento ministerial. Ya son 1.600 los afiliados al nuevo sindicato. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) gremio del cual prefieren separarse, ha realizado algunas movidas, persecuciones y agresiones (por ejemplo a la familia del delegado Néstor Segovia) con personas que seguramente tienen amplios currículums, salvo el de ser trabajadores del subte. Enrique: «Siempre quise que hagamos esa foto, mostrando nuestra acreditación como trabajadores, para que todos entiendan que somos todos los que estamos asumiendo esta situación, y dispuestos a seguir haciendo lo que haya que hacer para no depender más de la burocracia y de los matones». En la estación se notaba una gran tranquilidad. Nexo con las otras estaciones, Pianelli, cada tanto, hablaba por dos celulares a la vez, como si fueran auriculares.
Cortó, y dijo a lavaca: «Ver a los que hablan de la juventud maravillosa, juventud que enfrentó a las burocracias, haciendo esto, es penoso. Hemos tenido muy buena relación con Trabajo y con el gobierno. Cumplimos todos nuestros compromisos, hemos sabido eperar los tiempos. Cuando fue el conflicto con el campo levantamos todo un plan de lucha para no jugar a debilitar al gobierno. Ver ahora esta actitud ante un colectivo de trabajadores que ha sido siempre respetuoso y cuidadoso, es muy triste».
Subte a Constitución

Los trabajadores llevan más de una década organizándose y logrando conquistas frente a Metrovías, entre las cuales figura la jornada de 6 horas (en lugar de 8 ) y aumentos salariales que su propio sindicato jamás obtenía. Marcelo Contreras, por ejemplo, fue despedido en febrero de 1997 -menemismo puro y duro- por Metrovías la concesionaria privada del servicio. Sus compañeros de todas las líneas hicieron un paro (traducción: lo hicieron trabajadores que en muchos casos ni lo conocían). Hubo varios que se instalaron en las vías para evitar que los trenes funcionaran. Ayer Marcelo dijo a lavaca: «Fui el primer reincorporado en una empresa privatizada y después ya prácticamente no hubo más despidos de ningún compañero. En cambio la UTA nunca hizo nada. Venían a decir que los que hacían paro iban a tener una demanda judicial, para asustar a la gente».
Otro logro del cuerpo de delegados fue incorporar a los trabajadores de empresas tercerizadas, como integrantes de Metovías. Y desde entonces empezó a madurar la idea de desprenderse de UTA (que reúne a choferes de colectivos) y consolidar la propia experiencia.
En septiembre de 2008 iniciaron el trámite. Es interesante, con estos datos, leer unas pocas líneas asombrosas de eso que se llama Constitución Nacional, en su artículo 14 bis:
«El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial».
¿Los jueces son metrodelegados?
La gente del subte corre el riesgo de convertirse en un modelo constitucionalista, pero cuando fueron con  su idea de «organización sindical libre y democrática» para que fuera «reconocida por la simple inscripción en un registro, especial», encontraron que todo el trámite fluía sin que hubiera reparo alguno a los papeles presentados. «Pero a la vez nunca definían el número de inscripción» dice Pianelli. En diciembre el ministro  de Trabajo Carlos Tomada recibió el expediente, elevado por la secretaria de trabajo Noemí Rial y aprobado por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales.
«Como no resolvía, este año nos presentamos ante la justicia» cuenta Pianelli. «Y el ministro apeló, pero la justicia seguía diciéndole que tenía que resolver el expediente».
En septiembre de este año el Juzgado del Trabajo 79 ordenó al ministerio que resolviera el expediente. Tomada apeló nuevamente. En octubre la Sala 10 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la resolución judicial que le ordenaba inscribir al sindicato del subte.
Por si faltaba algo, la idea del sindicato fue refrendada por los trabajadores en un plebiscito organizado en enero, donde las patotas de la UTA aparecieron con su tradicional política de los puñetazos, de los que logró salvarse raspando Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo. Uno de los planteos del nuevo sindicato frente a la UTA era el de aumentar de 26 a 40 el número de delegados. Con el éxito del plebiscito redoblaron la idea, y hoy son 85 los delegados, como estilo que garantice la mayor democracia interna en el nuevo gremio.
Ayer se conoció la denuncia de un ex empleado de Metrovías, Humberto Cisneros, acerca del espionaje de la empresa a los delegados, con teléfonos pinchados y cámaras ocultas.
Los acusados
La empresa jamás dice tales cosas en público, pero paga solicitadas planteando que son apenas un grupo de trabajadores. Pianelli habla en medio de cientos de los que ocupan la estación Virreyes (escena que se repitió por debajo de toda la ciudad): «Metrovías y UTA dicen eso. Dicen que mucha gente está con ellos. Pero no pueden demostrarlo. El problema es que las cosas que uno dice tiene que demostrarlas. Nosotros a cada momento mostramos quiénes somos. Dijeron que iban a organizar recorridos especiales y acá lo ves. Todo parado. Los hechos son hechos. Que cada uno los valore».
Carina es guarda del subte: «Nos dimos cuenta que la paciencia y la espera no sirvieron para nada. Nosotros no queremos perjudicar a nadie, pero la gente sabe que si no es así, reclamando, nadie te escucha. Los reclamos dejando pasar a la gente gratis no sirvieron, porque a la empresa no le importa que no paguen boletos. Y a la UTA menos todavía».
Para Carina «la ventaja de un sindicato propio es que tomamos nuestras propias decisiones, sabiendo lo que es el subte. La UTA que lamentablemente nos quiere nuclear nunca consulta nada. Todas las conquistas que tuvimos fue por la lucha nuestra, ellos jamás hicieron nada».
La charla quedó para más tarde, porque las asambleas empezaban a reunirse en distintos lugares bajo tierra, para definir sus propias decisiones para el futuro mientras el reloj de la página web del Sindicato del Subte sigue marcando días, horas, minutos y segundos de una injusticia.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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