Se realizó la 12º Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. El dolor y la perseverancia de las familias. La denuncia frente a lo que la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) califica como “el gobierno más represor de la democracia”, aunque además hay casos que llevan décadas sin resolverse, e incluso en instancias judiciales internacionales. La Plaza de Mayo, la gente y el acceso al informe completo de CORREPI.   

Por Lucas Pedulla

Fotos: lavaca.org

En Plaza de Mayo llueve. 

«El día acompaña este dolor», dice Angélica Urquiza. 

Es la mamá de Jonathan «Kiki» Lezcano, un joven asesinado y desaparecido en 2009 en la Villa 20, de Lugano, al sur de la Ciudad de Buenos Aires. Kiki hoy tendría 34 y Angélica se pregunta si ella tendría nietos, si la haría renegar. Kiki apareció enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. La familia denuncia hace 17 años al mismo oficial de la Policía Federal, Santiago Veyga, en un caso que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Kiki es sólo un pibe, y Angélica solo una madre, de los cientos de pibes y las cientas de madres y padres que integran la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que en CABA hicieron este jueves el decimosegundo encuentro en Plaza de Mayo.

Alrededor de la pirámide, la misma por donde en breve comenzará la ronda de Madres de Plaza de Mayo, hay fotos donde esos chicos tienen rostros, edades, sonrisas y fechas.

• Federico Pochi Barrios. Fusilado. 23 de marzo de 2019. Virrey del Pino, La Matanza.
• Nicolás Broeackaeer Lozano. Herido por un policía de Esteban Echeverría. Murió diez días después, el 28 de octubre de 2023.
• Santiago Beltrán. Asesinado por una policía de la Ciudad, en Moreno. 29 de junio de 2025. Tenía 15 años. Contamos su vida y su caso en MU.

Por nombrar solo tres de cientos.

El dolor se condensa y la Marcha Nacional funciona también como una ceremonia para que las familias se acerquen, hablen y se organicen. Un ejemplo es Carla Ibáñez, 26 años, quien viajó 1.700 kilómetros desde Pichanal, Salta. El 26 de febrero la policía provincial asesinó a su hermano en un operativo.

«Él no estaba haciendo nada, estaba en la esquina. El tiro le entró por la costilla derecha», dice a lavaca. El chico se llamaba Santiago, tenía 18 años y era el menor de diez hermanos. Había llegado hacía unos días: estaba trabajando con su hermano en Mendoza y ese fin de semana tenían el cumpleaños de 15 de una sobrina. «De un festejo pasamos a un velorio», dice. «Me vine hasta acá porque quiero justicia y que vayan presos».

Otra de las que se acercó es Sonia, la mamá de Joel «Cata» Pizarro, muerto por un policía bonaerense el 1º de noviembre de 2025: «Yo sé que no lo voy a volver a ver. Lo único que quiero es que el policía vaya preso».

O Rosa, abuela de Lautaro Benítez, asesinado el 10 de julio de este año en Moreno por un policía federal: «Queremos justicia».

Y así.

Y así.

«La policía nos mata a los pibes y nos deja todas las penas en el corazón», dice desde el micrófono Ricardo, un señor que desde 1989 Ricardo pide justicia por el asesinato de su hijo Marcelo «Peca» Rivero en Rafael Castillo. «Mi caso quedó nulo pero quiero pelear por todos los demás chicos», explica.

Según el informe completo que podés leer aquí de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), hay 1.274 personas asesinadas por la represión durante el gobierno de Javier Milei, de las cuales 337 son en casos de gatillo fácil.

Emilia Vasallo, mamá de Pablo «Paly» Alcorta (asesinado por un policía bonaerense en 2013), dice: «No podemos dejar de hacer la marcha y de seguir reclamando frente a todos los gobiernos. Esto siempre es una política de Estado, gobierne quien gobierne y está dirigida a los más pobres a lo largo y ancho de la República Argentina». En el documento, las familias ubican el contexto en el que se produce: crisis económica, jóvenes sin trabajo, estados de depresión cada vez más epidémicos y una estructura narco que avanza en los barrios mientras la inversión en espionaje aumentó a 50 mil millones de pesos y los bonos a jubilados siguen congelados en 70.000 pesos. De fondo, la criminalización de los chicos al bajar la edad de imputabilidad a los 14 años.

Las voces de las familias continúan.

Cambian los nombres.

Cambian las edades.

Cambian los años.

Angélica, la mamá de Kiki, ubica qué significa esta marcha, esta necesidad de juntarse, este día: «Seguimos acá no porque somos supermamás o superhéroes, sino porque tenemos que canalizar en hacer algo. No nos quedamos quietas».

Como si el clima entendiera, en Plaza de Mayo de pronto sale un breve rayo de sol.