Crisis económica, desabastecimiento y polarización social, dibujan un escenario en el que está en juego la continuidad del proceso bolivariano, pero también la soberanía de un país que se atrevió a desafiar la dependencia de una superpotencia que considera el Caribe como “un mar cerrado”. El analista Raúl Zibechi estuvo esta semana en Venezuela y traza un panorama de las tensiones que la atraviesan.

Llenar un tanquede 70 litros de gasolina vale la mitad del precio de una botella de medio litro de agua mineral. Lo mismo que un cigarrillo detallado (suelto), cinco bolos (bolívares fuertes). La última semana de marzo el dólar paralelo estaba a 52 bolívares, nueve veces más que el oficial que había alcanzado semanas atrás la astronómica cifra de cien bolívares.

Esta distorsión de los precios es el emergente de una economía deformada, que ya no funciona como una economía capitalista tradicional (dominada por los monopolios privados) y parece encontrarse a medio camino de la economía llamada socialista (monopolio estatal), con las tensiones y contradicciones que supone semejante tránsito. En suma, la economía es escenario de una aguda lucha de clases, en el sentido más tradicional del concepto.
Una de las distorsiones evidentes puede palparse recorriendo los diversos barrios de una ciudad de millón y medio de habitantes, como Barquisimeto, capital del estado occidental de Lara: en los barrios populares se aprecian colas frente a tiendas y supermercados, de diferente extensión pero casi diarias; en los barrios de clases medias altas como Fundalara, no se ven colas y los comercios parecen bien abastecidos. Las familias salen de los comercios con pequeñas bolsas de alimentos, mientras en los barrios populares las amas de casa acarrean grandes bultos para aprovisionar sus familias numerosas.
La principal diferencia es que en los barrios altos pueden verse, con la misma cotidianeidad que se observan colas en los populares, manifestaciones de estudiantes que portan banderas venezolanas en lo alto, sin que nadie los moleste y aplaudiendo algún que otro bocinazo de apoyo. La última semana de marzo la impresión es que tanto las colas como las protestas tendían a disminuir.

Empate catastrófico
La imagen de una sociedad dividida en partes casi iguales, y además polarizada, parece la más cercana a la realidad. Las elecciones presidenciales que llevaron a Nicolás Maduro a la presidencia, casi un año atrás, reflejaron ambos hechos al marcar una diferencia del 1,5 % entre el actual presidente y el aspirante opositor Henrique Capriles.
La división tiene, además, una lectura territorial necesaria que puede contribuir a explicar la situación actual. En los estados de Zulia, Táchira y Mérida, entre otros, ganó la oposición. Se trata de la región que limita con Colombia donde las protestas alcanzaron durante el mes de febrero una situación de “zona liberada”, como en la capital de Táchira, San Cristóbal, cuya universidad pública fue incendiada por los manifestantes con, por lo menos, la complicidad de las autoridades municipal y estatal vinculadas a la oposición.
Desde el oficialismo se denuncia la participación de paramilitares colombianos afines al ex presidente Álvaro Uribe en las protestas y, de modo particular, en las amenazas selectivas a militantes chavistas. La oposición, a su vez, denuncia malos tratos y torturas a los detenidos. Ambos hechos parecen plausibles, aunque no existen pruebas contundentes que los avalen.
Dos hechos parecen evidentes. Que la represión estatal provocó la muerte de varios manifestantes, y que tanto la oposición como los grupos chavistas utilizan armas de fuego. El periodista Aram Aharoninan, ex director de Telesur, asegura que de los 40 muertos entre el 12 de febrero y fines de marzo, 22 fueron “asesinatos selectivos de líderes de base bolivarianos, realizados por mercenarios paramilitares colombianos aliados de las fuerzas de la burguesía venezolana” (Rebelión, 1 de abril de 2014).
La Fiscalía General de la República difundió datos, cuando la cifra de muertos era de 31, de que entre los 461 heridos en las manifestaciones había 143 policías. Varios uniformados fueron muertos. De casi dos mil detenidos, sólo 168 permanecen tras las rejas.
Durante el mes de febrero, Venezuela fue escenario de una doble escalada y de un amago de negociación: la escalda de la derecha más ultra, liderada por el detenido Leopoldo López y la diputada Corina Machado pero no acompañada por la Mesa de Unidad Democrática (MUD) encabezada por Capriles quien en plena crisis afirmó que “el único camino es la vía electoral”.
La ofensiva de la derecha ultra conoció un viraje cuando irrumpieron las fuerzas chavistas, en particular los motorizados, miles de militantes en motos que son una de las más activas fuerzas organizadas del oficialismo. Contra ellos, la oposición cruzó cables en las calles a la altura de la cabeza.
Incluso el presidente Maduro apoyó públicamente la aparición de los motorizados denunciado que cinco de ellos fueron muertos por francotiradores. “Este golpe de Estado continuado que ya está derrotado, pero que sigue haciéndole daño al pueblo, ha permitido que los motorizados irrumpan como un actor para el bien de la patria. Ahora ustedes son visibles, ya no serán más estigmatizados. Los motorizados actuarán haciendo la paz y en este momento están derrotando un golpe de Estado” (El Nacional, 13 de marzo de 2014).

La mala economía
En la comunidad Abya Yala, en las afueras de Barinas, tierras tan secas como fértiles que esperan ansiosas el comienzo de la temporada de lluvias, Ignacio y Edis detallan cómo trabajan la producción de alimentos sin agrotóxicos en base al control biológico de las plagas. Producen hortalizas y frutas, cerdos y aves, que llevan al mercado de la Cooperativa de Autogestión Comunitaria integrada en una de las mayores redes cooperativas de abastecimiento, Cecosesola.
Ignacio, veterinario y productor uruguayo que lleva ocho años en Venezuela, es miembro de una cooperativa cercana que se destaca por una fuerte producción de yuca orgánica. Vive en una cooperativa de reforma agraria, también en las cercanías del capital del estado. Alucina con la tierra porque aquí se pueden cultivar los doce meses del año, mientras en Uruguay sólo es posible hacerlo durante cinco meses. Aunque sigue apoyando el proceso, sostiene que “la inmensa mayoría de los beneficiarios de la reforma agraria no trabajan la tierra y la abandonan”.
Sabe de lo que habla. Y tiene perfecta conciencia que está tocando un punto neurálgico de la economía bolivariana. Su relato a escala micro se ve reforzado por los datos macro: 56,2 por ciento de inflación en 2013, déficit fiscal cercano al 15 por ciento, caída de las reservas internacionales, importante escasez de alimentos.
Lo más grave es que las cosas vienen empeorando. Hasta mediados de 2013 no faltaban alimentos ni había colas. La inflación venía cayendo hasta 2008, para remontar hacia 2011. Datos a los que debe sumarse una aguda evasión de divisas y que en su conjunto reflejan un problema estructural que los sucesivos gobiernos no han resuelto y que eclosiona con la muerte de Chávez.
El periodista Modesto Emilio Guerrero, venezolano radicado en Argentina, quien apoya el proceso bolivariano, se pregunta cómo es posible que haya desabastecimiento cuando el gobierno controla el 36 por ciento del sistema de distribución de alimentos.
Señala que las 240 empresas creadas, y otras muchas nacionalizadas y estatizadas, no están consiguiendo un aumento de la producción. “Hay dos pbi en Venezuela, el petrolero y el no petrolero. El petrolera está intacto, no hay problemas. El pbi no petrolero es el que está liquidado, el privado y el estatal” (Notas, 21 de marzo de 2014).
Es cierto que el desabastecimiento se explica, en cierta medida, por el contrabando de productos con precios regulados hacia Colombia. Pero hay mucho más. El sector privado no crece porque la burguesía no está invirtiendo. Pero Venezuela cuenta con dos enormes plantas de aluminio que no son competitivas y la planta de acero que fue propiedad de Techint y cuya calidad productiva cayó luego que la empresa fue nacionalizada en mayo de 2009. “¿Le vas a echar la culpa al imperialismo?”, dice Guerrero en alusión a quienes sólo esgrimen ese argumento para eludir responsabilidades.
Su explicación va por el lado de la cultura política. Quien fue representante de la Unión Nacional de Trabajadores, creada por los seguidores de Chávez en 2003, señala que la ineficiencia de estas grandes empresas se debe a “la burocracia sindical, que efectivamente protege un tipo de industria para pagar salarios del Estado. El Estado paga salarios para que no haya crisis social”.
Explica que en Techint la producción era superior cuando era propiedad de la multinacional. Las empresas estatizadas repiten la historia del socialismo real, que hace que donde se producen transformaciones radicales “brota del propio organismo revolucionario, social, un cuerpo venenoso, gangrenoso, que es la llamada burocracia”, que en Venezuela se hizo burguesa y corrupta.
Sembrar petróleo
Arturo Uslar Pietri, uno de los más destacados intelectuales latinoamericanos, publicó en fecha tan temprana como 1936 un artículo periodístico que hizo historia, titulado “Sembrar el petróleo”. Señalaba dos hechos: que la industria petrolera tendría un carácter efímero y además destructivo. En el primer aspecto parece haber errado, en el segundo acertó como pocos.
Ciertamente, la explotación del petróleo se extiende por más de un siglo y Venezuela ha superado a Arabia Saudí como la mayor reserva de hidrocarburos del mundo. Hay petróleo para rato. Pero además consideró que la economía extractiva destruye un país. “La economía destructiva es aquella que sacrifica el futuro al presente”, porque su productividad “depende por entero de factores y voluntades ajenos a la economía nacional”.
Sostuvo que la explotación de las riquezas del subsuelo podrían “llegar a hacer de Venezuela un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia momentánea y corruptora y abocado a una catástrofe inminente e inevitable”. La única forma de evitar esa deriva catastrófica sería promover la agricultura y la industria, o sea el trabajo productivo. El petróleo es una mina, y las minas no se producen, se explotan; son riqueza, no economía. En la misma sintonía que Juan Pablo Pérez Alfonzo, ministro de Rómulo Bentancourt, quien definió al petróleo como “excremento del diablo”.
Uslar Pietri escribió que “la única política económica sabia y salvadora que debemos practicar, es la de transformar la renta minera en crédito agrícola, estimular la agricultura científica y moderna, importar sementales y pastos, repoblar los bosques, construir todas las represas y canalizaciones necesarias para regularizar la irrigación y el defectuoso régimen de las aguas, mecanizar e industrializar el campo, crear cooperativas para ciertos cultivos y pequeños propietarios para otros”.
Asombroso porque anticipó en setenta años la propuesta de Chávez, con quien simpatizó en sus primeros años. No contó, empero, con la nueva burguesía nacida del corazón del proceso, la llamada boliburguesía.
Las cosas en realidad se agravaron. En 2013 el petróleo representó el 96 por ciento del valor de las exportaciones. Un miembro del gabinete confiesa, en una cena privada, que los intentos por crear una industria textil bolivariana mediante la donación de miles de telares y máquinas a familias que se comprometieron en la producción, tuvo un efecto tan contrario como inesperado: hoy trabajan como maquilas para las multinacionales. Millones de bolívares echados al cesto. O peor, entregados involuntariamente al “enemigo”.
Hablemos de socialismo
La debacle económica no lo explica todo. Pero sobre ella muerden la oposición y la Casa Blanca, que no deja de recordar el aserto del teórico geopolítico con mayor influencia sobre la política exterior de Estados Unidos, Nicholas Spykman, recordado oportunamente por el profesor brasileño José Luis Fiori. Los países caribeños, incluyendo claro a Colombia y Venezuela, son parte de una región “donde la hegemonía de Estados Unidos no puede ser cuestionada” (Valor, 29 de enero de 2014).
Spykman consideró que la geografía es el factor fundamental de la política exterior porque es el más permanente, y se esmeró en dividir el planeta en zonas donde la superpotencia debería desarrollar acciones diferenciadas. Sobre el Caribe, dijo: “Para todos los efectos se trata de un mar cerrado cuyas llaves pertenecen a los Estados Unidos, lo que significa que quedarán siempre en una posición de absoluta dependencia de los Estados Unidos”. Eso explica no sólo la actitud de la Casa Blanca hacia Cuba, sino incluso la imponente reacción militar cuando el terremoto en Haití que llevó a una masiva intervención en la isla.
Así las cosas, es posible que el apoyo del gobierno estadounidense a la rebelión de la derecha ultra esté más relacionado con el viraje de Venezuela hacia Rusia y China que ante un inexistente proceso hacia el socialismo. Vale aclarar que en Venezuela nunca hubo una revolución, en el sentido clásico y habitual del término, sino una ocupación progresiva y pacífica del Estado “realmente existente”. O sea, un proceso reformista, también en el sentido clásico.
El socialismo, siguiendo a sus fundadores, debe asentarse en el trabajo y la producción, no en el reparto de la renta extractiva, aunque éste haya conseguido disminuir la pobreza, mejorar la vida de los sectores populares y abrirles nuevas perspectivas vitales. En ese sentido, la famosa “expropiación de los expropiadores” no es sino la restitución de medios sustraídos a los productores que no puede ser repetida hasta el infinito. Sembrar el petróleo es tanto como sembrar la corrupción. El socialismo no puede ser sembrado, sino laboriosamente construido durante largo tiempo. En este punto, no hay atajos.
Venezuela vive un “empate catastrófico”, término usado por el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, para describir una situación en la que ninguno de los contendientes logra imponerse. Por eso, el camino más probable es un pacto que evite que el país pueda enrumbarse hacia una guerra interna similar a la de Siria, o a una situación de desgobierno como en Libia luego de la caída de Muamar el Gadafi.
La participación de los más importantes empresarios en la reunión con el gobierno el 27 de febrero, la Conferencia Nacional de Paz, puede considerarse un primer paso en esa dirección.
Aunque no participaron miembros destacados del MUD, la presencia del presidente de Fedecámaras, Jorge Roig, y el presidente de Empresas de Alimentos Polar, Lorenzo Mendoza, dice que la burguesía tradicional venezolana está optando por un camino propio y que no parece doblarse ante los dictados de los ultras ni de Washington.
El Pacto de Puntofijo es el antecedente obligado. Caída la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y para garantizar una mínima estabilidad democrática, los dirigentes de la socialdemócrata Acción Democrática, los socialcristianos de Copei y la centroizquierdista Unión Republicana Democrática, firmaron un acuerdo el 31 de octubre de 1958 que garantizó la gobernabilidad durante medio siglo.
Los partidos se comprometieron a respetar el resultado de las elecciones, gobernar en conjunto sobre la base de un programa mínimo común y a integrar el gabinete con miembros de los dos partidos (urd se retiró del pacto en 1962). La cuestión central era garantizar la democracia frente a los alzamientos militares.
Ahora las cosas son más complejas. Un acuerdo entre la oposición y el gobierno con apoyo de los empresarios, debe neutralizar a la derecha ultra pero también a las bases chavistas, “los colectivos” de las comunas, los motoristas y todos los sectores organizados que han surgido desde el golpe de 2002.
Podar estos sectores del proceso bolivariano, rechazados tanto por la burguesía tradicional como por la boliburguesía incrustada en el gabinete, sería tanto como poner fin al proceso de cambios para garantizarle a la burguesía emergente la continuidad de sus privilegios. Pero a la vista de lo sucedido en Ucrania, donde los de afuera se montaron en las manifestaciones, semejante pacto puede allanar el camino de la intervención estadounidense.