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Apuntes para pensar qué nos pasa

Publicada

hace 9 años

02/06/2015

La autoconvocatoria a poner el cuerpo para decirle basta a la violencia contra las mujeres representa un cambio. ¿Por qué? ¿Cómo se expresa? ¿Qué significa? El rol de la condena social en la batalla contra la impunidad, la experiencia de H.I.J.O.S., la relación de los medios y las oenegés son algunos de los interrogantes que nos hicieron reflexionar y que compartimos con la esperanza de construir juntas, juntos, nuevas respuestas.

Apuntes para pensar qué nos pasa

Algo cambió y que ese cambio produzca el resultado necesario, preciso, urgente requiere un esfuerzo social clave: pensar juntas, juntos, qué nos pasa.

El disparador fue un signo de los tiempos: un hashtag. Es decir, el signito # que caracteriza el impulso que las redes sociales le dan a las preocupaciones de esta época. No las del poder, sino las de las personas. Así entró por la ventana y a la agenda política de un año electoral el tema de la violencia contra las mujeres, autoconvocando a poner el cuerpo el miércoles 3 de junio, a las 17 y frente al Congreso.

Sin duda será importante lo que pase ese día, pero ya todo lo sucedido antes indica que estamos ante un cambio. Un ejemplo concreto: la reacción social ante el fallo del juez Horacio Piombo, cuando se difundió que el magistrado había disminuido la pena de un violador porque el chico abusado,que tenía sólo 6 años, ya había sido abusado previamente. El juez Piombo tiene un frondoso prontuario: siempre juzgó primero a las víctimas para graduar luego la condena de sus victimarios, de acuerdo a su penosa escala moral. Con idéntica coherencia, negó en tiempos de la dictadura los hábeas corpus presentados por los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas. Ni entonces ni hasta ahora semejante actitud fue reprochada ni formó parte del cotilleo mediático. Sin embargo, a partir del hashtag –signito de los tiempos- la reacción social fue inmediata y contundente: lo echaron de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, a través de un petitorio online, se reunieron 40 mil firmas para exigir el juicio político del magistrado. Todo esto en menos de 48 horas.

Estamos hablando, entonces, de otro signo de estos tiempos: la condena social se puso en marcha.

Cómo se construye esa condena social y por qué es el origen de todo acto de justicia es algo que tenemos, una vez más, el privilegio de ser testigos y la obligación de analizar.

¿Por qué?

Porque es el mecanismo social que le pone fin a la violencia y a la impunidad.

El efecto inmediato que activa este mecanismo es bien concreto: nunca antes como en estas semanas se hicieron -y nos hicimos- tantas preguntas sobre la violencia contra las mujeres.

Este primer efecto revela, entonces, que todas las respuestas formuladas hasta ahora eran insuficientes, incompletas y vacías.

¿Por qué?

Simple: si no solucionan el problema, esas respuestas son parte del problema.

La condena social lo primero que moviliza es la creatividad social.

Deja un vacío.

Limpia y barre el escenario político.

Lo desnuda para mostrarnos su inutilidad para resolver problemas urgentes que atentan directamente contra la vida de las personas.

Nos revela, impúdicamente, que la vida de las personas no es prioridad de los Estados. Sí sus bienes, sí sus producciones, sí sus organizaciones, pero no aquello que posibilita que todo eso suceda en un marco que garantice en forma equilibrada, democrática y equitativa el cuidado de las vidas.

Los desaparecidos, los pueblos fumigados, los jóvenes pobres criminalizados, las comunidades originarias atacadas o los femicidios son expresiones de violencias totalmente diferentes, producidas en situaciones y contextos distintos y por variables diversas, pero tienen algo en común: el límite a la impunidad lo imponen siempre las personas.

Son las personas, en la calle y con los pies, las que le dictan a las instituciones -que encarnan a eso que llamamos Estado- lo que ya no puede hacer Nunca Más.

¿Cómo lo hacen?

Buscando el denominador común que expresa el límite social.

Aquello único que todas y todos tenemos en común, expresado de manera clara, sencilla y contundente.

Ni una menos.

Son muchas las cosas que nos permiten pensar la expresión de encuentro social que representa hoy esta frase, pero la que nos toca, obliga y corresponde es la de registrar el rol que cumplen los medios de comunicación.

Por un lado analizar cómo los medios comerciales interfieren para impedir ese encuentro. Algunas pistas:

El medio es el mensaje es la ley que construyó imperios mediáticos y es lógico, entonces, que esos imperios –hoy decadentes- defiendan su existencia tratando de que todo mensaje social se expanda exclusivamente a través de sus venas: eso es lo que les garantiza poder, importancia, negocios.

Los tiempos han cambiado y aquello que llamamos “medios masivos” incluye ahora un nuevo protagonista: las redes sociales. Bajo este imperio de virtualización de las relaciones, la foto con el hashtag se convierte en el signo de una operación que pretende neutralizar con una selfie el poder de transformación política que tiene una sociedad cuando ocupa el espacio público.

El mensaje es el mensaje. Y cada mensaje es construido con palabras. Desde hace décadas soportamos un disciplinamiento del lenguaje referido a la violencia contra la mujer, destinado a imponer una jerga vacía, opaca, que interfiere la posibilidad de encuentro social, creando jerarquías. Consagra un sistema en el cual hay personas que saben (hablar, escribir, decir) y personas que no. Elite unas, mayoría las otras, todas soportan violencias, pero solo algunas conocen las palabras correctas para denunciarlas, exponerlas y compartirlas públicamente: “violencia de género” es un ejemplo de este lenguaje disciplinado.

¿Por qué no es correcto decir “violencia de género”?, preguntó esta semana un integrante (varón) de lavaca. Que surja esta pregunta es de por sí revelador, importante, trascendente, porque la sola pregunta en sí misma cuestiona, obliga a pensar qué estamos haciendo y por qué, interrogantes fundamentales para el ejercicio independiente y responsable del oficio periodístico.

¿Por qué no es correcto decir “violencia de género”? Una posible respuesta: género tienen las telas y las especies. También las palabras. “La puerta” es una palabra de género femenino. “El vidrio” es una palabra de género masculino. “Violencia de género” es una expresión incompleta: le falta decir qué género ejerce esa violencia. Le falta nada menos que el sujeto. Esta operación gramatical de ocultar al responsable se ha convertido en una convención y práctica para referir a la forma “políticamente correcta” de aludir a la violencia contra las mujeres. ¿Quién estableció esa orden y ese orden? Las oenegés.

El fenómeno de las oenegés debe analizarse dentro de un contexto histórico y político de terciarización del Estado. Así como se privatizaron servicios públicos, se privatizaron las obligaciones sociales de las instituciones estatales. En el caso que nos ocupa, el ejemplo del registro de femicidios es claro. La legislación internacional obliga a los Estados a llevar un registro y elaborar estadísticas de los casos de femicidios, entre otras medidas, para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Las profesionales más aptas para denunciar el incumplimiento de esta obligación se convirtieron en elaboradoras de ese registro, financiadas por diferentes instituciones nacionales e internacionales. En lugar de exigirle al Estado que lo hiciera, lo hicieron. El resultado es incompleto, recortado, insuficiente, pero alcanza para que en los últimos años los medios obtengan y reproduzcan datos sobre los femicidios que presentan, siempre, como absolutos: “Estos son los femicidios ocurridos este año”, nos dicen. Pero no lo son: son apenas algunos, los que salieron en la prensa, porque esa base de datos se elabora a partir de recortes de prensa. Así, medios y oenegés se retroalimentan. Sin prensa no hay oenegé. Una necesita un Estado débil, la otra un Estado impotente, en falta.

No es este un señalamiento hacia una institución en particular, sino un ejemplo de todo el proceso que se inició a fines de los 80 para convertir la rica tradición de lucha de los organismos de derechos humanos en oenegés. Así una herramienta de presión, denuncia y acción directa se transformó en una ejecutora de servicios caritativos que, en realidad son derechos que obligan al Estado a destinar recursos para ejecutarlos: desde consultas jurídicas hasta procesamiento de datos.

La oenegé es -en el mejor de los casos- un organismo de derechos humanos con bozal. Dedicada a hacer -en el mejor de los casos- lo posible en lugar de exigir que lo imposible se convierta en política de Estado. El grito de aparición con vida expresa eso: que lo imposible es la impunidad. Que Ni una menos también lo logre depende de que no quede en manos de ese voluntarismo posibilista, propio de las oenegés.

Otra cosa sobre la cual nos permiten reflexionar las preguntas que citamos: las formularon varones. Muchas veces hemos proclamado que el patriarcado es un sistema de dominación, pero quizá haga falta explicitar –ahora más que nunca- que como todo sistema de dominación oprime la vida. Es decir, a todas las personas. ¿Por qué? Porque oprime, justamente, las relaciones sociales. El cómo nos relacionamos. Quién manda y quién obedece. Lo complejo del patriarcado es que a esta altura de la Historia ha diseñado un sistema de órdenes tan complejo, tan siniestro, tan controlador, que para desatar esa opresión es necesario desanudar múltiples órdenes, que provienen de diversos roles sociales. La punta de ese ovillo la tienen las mujeres, es cierto, porque en esa opresión se les va la vida y el cuerpo, pero son los hombres, especialmente los jóvenes (educados por mujeres, por cierto) los que nos van indicando cómo y a qué nivel de profundidad está operando este cambio. No sólo porque muchos ya comparten tareas y responsabilidades –que también- sino porque se permiten hacer preguntas que admiten un no saber (qué hacer, qué pensar), algo que cultural y socialmente no les estaba permitido. Sí la broma, sí la chicana, sí la palabra divorciada de la acción, sólo para recortar el campo y hacer foco en la cultura que domina la masculinidad de los sectores de universitarios, militantes y progres. Preguntar, entonces, representa la posibilidad de compartir la duda y, lo que es más importante, la creación de la respuesta.

Otra pregunta que surgió estos días: ¿quiénes son estos varones capaces de matar a patadas, descuartizar, quemar, acuchillar y, lo que es aún más siniestro, a veces hacer todo esto a la vez, sobre el cuerpo de una mujer? La inquietante frase escuchada en la charla con la mamá de Melina (“tomaron mate conmigo, acá, en mi casa”, nos dijo) sacudió aún más el interrogante.

La lista de casos deja en claro que esos hombres son maridos, novios, pareja, en su enorme mayoría. ¿Son monstruos? ¿Cómo identificarlos si se parecen a cualquiera, si son “normales”?

Esa misma semana nuestra compañera Julieta Colomer, hija de desaparecidos, participó del escrache que organizó H.I.J.O.S. para señalar a los cómplices civiles de la dictadura, aún impunes. Con esa experiencia en el cuerpo, los pies y la sensibilidad, Julieta nos dijo: “No son cualquiera, no somos todos, son algunos, pero están circulando entre nosotros y por eso es necesario construir en cada territorio condena social. Hay que ir al barrio a preguntar: ¿Por qué a nadie le importa que una chica de 14 años que vivía acá en la esquina aparezca en una bolsa? Cuando comenzamos a hacer escraches a nadie le importaba que los genocidas caminaran por su calle. Recuerdo que muchos de los vecinos nos decían: ‘eso es parte del pasado, hay que mirar para adelante, dejemos todo como está’. No. Así no. Así lo único que queda intacta, intocable, es la impunidad. Discutir estos temas con el vecino, la vecina, en el barrio, es una forma concreta de construir con los demás otras formas de relacionarnos, que no tienen que ser humillantes, no nos tienen que avergonzar. Tenemos que poder decir en voz alta y en ese barrio concreto: ‘Las mujeres no tenemos que vivir sometidas por el miedo’. Así no somos lo mismo que el monstruo que asesina”.

Lo que nos dice Julieta es que la forma de diferenciarnos del monstruo es no ser indiferentes, pasar a la acción, formular preguntas incómodas, impertinentes, en el espacio público, cara a cara. “Cuando hablamos de poner el cuerpo –nos dice Julieta- no es sólo porque esta violencia contra las mujeres se ejerza sobre el cuerpo, sino porque ese poner el cuerpo apela a asumir el compromiso de ser protagonistas de los cambios que queremos lograr”.

¿Hay más casos o ahora se difunden más? preguntó otro integrante (varón) de lavaca. Sin datos oficiales estamos a ciegas. Cualquier respuesta es una hipótesis imperfecta, un tanteo en la oscuridad. Nuestro trabajo con mujeres sobrevivientes de violencias nos hace intuir algunas posibles respuestas, que son solo eso: hipótesis que fueron escritas con la esperanza de que se lean en grupos que están pensando este tema. Por eso el cuadernillo que las resume La máquina abusadora: cómo dejar de ser víctimas acompaña esta edición.

Hay otra posible línea de análisis inspirada en el ejercicio mismo de esta profesión. Los reporteros que cubren situaciones de conflicto armado elaboraron hace años una serie de consejos basados en la propia experiencia de moverse en situaciones de riesgo vital. Uno de estos consejos es particularmente interesante. Dice, más o menos, así: “El día más peligroso, aquel en el que más fotógrafos y periodistas mueren, según demuestran todas las estadísticas, es el último día de un régimen autoritario. El problema es que nunca sabemos cuál es el último día, hasta el siguiente”.

La pregunta, entonces, que nos permite pensar este consejo -formulado por quienes han puesto el cuerpo en la batalla sin ser parte de esas violencias- es si estamos ante los últimos días de un régimen autoritario: el patriarcal. Si así fuera, son los días más peligrosos, también. ¿Por qué? Porque el dominador no tiene ya nada que perder. No hay nada para preservar, cuidar, proteger. Su poder ha caído. Lo sabe. Y está dispuesto a matar en nombre de un futuro que si si no lo domina él, no será tampoco de aquella (y aquel) que se le haya rebelado.

Si estos fueran los últimos días del patriarcado la tarea social que nos toca, entonces, no es sólo la de garantizar el fin del tirano sino también la de crear otras formas de estar juntos, juntas, en comunidad, sin violencias, sin sometimientos y con alegría.

Vivir, pero en el sentido que nos orienta el buen vivir. De eso se trata también Ni Una Menos.

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Padrón de femicidios

Es machismo y mata

Nota

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Publicada

hace 7 días

26/04/2024

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años.

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio de contundencia, ignorado.

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas — Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión.

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”.

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”.

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género.

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”.

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

“Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”.

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder.

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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91 femicidios y ninguna respuesta

Publicada

hace 1 semana

25/04/2024

“Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios nos dirigimos a usted para solicitar con respeto y esperanza una audiencia” dice la 2ª carta del colectivo que nuclea a familiares de todo el país, dirigida a Javier Milei. Este 8 de abril las Familias Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo, como todos los primeros lunes de cada mes, mientras el mundo seguía el eclipse de sol. Denunciaron en un documento –también presentado en la Casa Rosada– que hasta el domingo 7 se produjeron 91 femicidios en el año, que dejaron además 9 víctimas menores asesinadas y 52 huérfanos. Hay, en lo que va de 2024, 18 mujeres desaparecidas. Luego las Familias hablaron sobre las causas, el factor narco y la responsabilidad del Estado.

Marta, madre de Lucía Pérez y Facundo, el papá de Luna Ortiz. La lectura del documento que exhibe el nivel de violencia contra las mujeres en el país.

En sintonía con el eclipse de sol de este lunes, la Plaza de Mayo presentó de pronto un clima desapacible, frío, ventoso, mientras las Familias Sobrevivientes de Femicidios volvieron a presentarse allí para visibilizar el reclamo sobre las mujeres asesinadas y para solicitar por carta (la 2ª en el año) que el presidente Javier Milei las reciba.

El grupo, alineado en sillas negras de espaldas a la Casa Rosada, aguantó la ventolera y leyó un documento del que se desprenden distintos datos:

º Hubo 91 femicidios en los 98 días del año hasta el domingo 7 de abril, registrados por el Observatorio Lucía Pérez.
º Además, 9 víctimas menores fueron asesinadas en el transcurso de esos femicidios.
º Otro saldo: 52 huérefanxs.
º Se contabilizaron otros 62 intentos de femicidios.
º Hay en el país 18 mujeres desaparecidas en lo que va de 2024.

Mariela, y el reclamo por su hija.

Genocidio por goteo

Sobre estas cifras –que revelan lo que Marta Montero (madre de Lucía Pérez) define como “genocidio por goteo”– no ha habido respuesta alguna por parte del Estado.

El texto de la misiva fue presentado por la propia Marta, su esposo Guillermo Pérez, Susana Reyes (madre de Cecilia Basaldúa), Mariela Quintanilla (madre de Iara Nardelli), Facundo Ortiz y Marisa Rodríguez (padres de Luna Ortiz) en nombre del colectivo.

El texto: “Señor Presidente de la Nación Argentina. Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios nos dirigimos a usted para solicitar con respeto y esperanza una audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias”. En marzo se había presentado la primera carta en la Casa Rosada y les dijeron que sería derivada a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Susana con imágenes de su hija, Cecilia Basaldúa.

Asesinadas en democracia

Susana Reyes, con una foto de su hija y las palabras “Verdad y justicia”, recordó que hace cuatro años desaparecía Cecilia Basaldúa en Córdoba, cuyo cuerpo apareció el 25 de abril de 2020. “Y todavía estamos luchando para tener un fiscal en la causa por el crimen de mi hija, porque hubo un primer juicio en el que metieron preso a un inocente. Hay muchas causas armadas en Córdoba. Ahora estamos esperando que nos nombren nuevo fiscal, porque el que nos habían designado se jubiló el año pasado en agosto. Y no salió el decreto del nuevo. Nosotros vamos a seguir siempre. Estamos luchando no solo por Cecilia sino por todas y todos los asesinados en democracia”.

Susana agrega: “Queremos que nos reciban para ver si nos pueden escuchar, si pueden hacer algo. Cada vez son más muertes que se siguen sumando. Hay niños huérfanos y las madres también quedamos huérfanas por la muerte de nuestras hijas. Así que vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias”.

Marisa y Facundo, los padres de Luna Ortiz. El caso de su hija (drogada y muerta por sus captores) fue calificado como “homicidio imprudente”. Las familias reclaman justicia.

Homicidios imprudentes

Facundo suma sobre la historia de su hija, Luna Ortiz (19 años cuando fue asesinada el 2 de junio de 2017): “Hace ya siete años que asesinaron a Luna y todavía no podemos llegar a conseguir justicia, es una lucha interminable. La causa está en Casación, la Sala I. Es algo muy importante. Necesitamos que estos jueces nos escuchen y tomen una buena decisión condenando a Villarreal por femicidio”.

Para comprender: Luna fue contactada por Isaías Villarreal el 2 de junio de 2017 mediante Facebook. Se encontraron y él la llevó a su casa, donde la esperaban otros dos hombres: ahí la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. Un día después, el 3 de junio de 2017, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa del propio Villarreal. Los jueces Ariel Introzzi Truglia y Sebastián Hipólito Urquijo y la jueza Verónica Mara Di Tommaso lo condenaron finalmente al máximo posible solicitado por un delito menor: 4 años y 11 meses por “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”.

Marisa, la madre de Luna, agrega: “El femicidio sigue impune, nos encontramos en la etapa de Casación otra vez planteando un femicidio. Apelando lo después de siete años de impunidad porque los jueces liberaron a uno de los femicidas de Luna. Vamos a seguir luchando porque queremos justicia por Luna y por todas nuestras hijas”.

Lucía Pérez y Carla Soggiu. “Luchamos por justicia para todas”.

¿Cuál es la responsabilidad del Estado?

Guillermo (el padre de Lucía Pérez): “Hace 8 años que venimos buscando justicia por nuestra hija (el femicidio ocurrió el 8 de octubre de 2016 y provocó el Primer Paro Nacional de Mujeres). Ahora el 29 de abril tenemos el recurso de Casación”. En el caso de Lucía, en marzo de 2023 hubo sentencia a perpetua en un caso (Matías Farías), y el otro acusado (Juan Pablo Offidani) terminó con una condena menor, 15 años en total, como “partícipe secundario” del crimen, que incluye la condena a ambos por la venta de drogas en la puerta de una escuela secundaria, lo que desencadenó toda la tragedia. La familia apeló la sentencia a Offidani, y las defensas de los acusados apelaron sus condenas. Es lo que comenzará a debatirse en el tribunal de Casación bonaerense.

“Queremos justicia” dice Guillermo, “y que nuestras hijas puedan descansar”.

En el documento presentado el mes pasado al gobierno junto a la solicitud de audiencia, se planteaba una mirada amplia y a la vez profunda de lo que ocurre: “No podemos hablar de femicidios y travesticidios sin hablar de narcotráfico, como no podemos hablar, sin nombrarlo, de ningún otro tema de esta emergencia social que estamos padeciendo hoy: hambre, desocupación, destrucción de la educación y salud pública. Todos fuegos que alimentan el incendio de nuestro futuro y paz social”.

Marta Montero habla sobre el rol estatal: “El Estado es responsable, por eso hablamos de genocidio, con un Estado que no hizo ni hace nada por evitarlo. Y decimos que son narcofemicidios, porque muchísimas veces tienen que ver con esa cuestión de lo narco, donde el Estado no solo está ausente sino que muchas veces está presente, porque ¿quién es el que no hace nada cuando venden droga en la puerta de una escuela? La policía, que es parte del Estado. ¿Y quién deja impunes muchos de estos crímenes? El Poder Judicial, que es parte del Estado”.

¿Y en los casos en que el origen es la violencia dentro de una pareja? “El Estado también es responsable al no avanzar en las investigaciones, al ocultar pruebas muchas veces, al dejar impune al asesino, al no atender a las víctimas, a los huérfanos, a las familias. Pero además, muchas veces esa violencia se genera por lo que hablábamos antes: el tema de la droga, la violencia que se genera territorialmente y en la gente que está en eso, que termina golpeando y matando a las mujeres”.

Marta y Guillermo, los padres de Lucía.

El caso de Lucía implica una ruptura y un precedente, porque la familia logró que se anule el primer y vergonzoso juicio que absolvió a Farías y Offidani por el femicidio, acusándolos solamente de vender droga en vereda de la escuela marplatense a la que iba Lucía, que tenía 16 años cuando la mataron. Esa anulación permitió el segundo juicio (el que ahora irá a Casación por las respectivas apelaciones) y motivó además un jury: un juicio a los jueces de aquel primer proceso. “Estamos esperando que se concrete, porque ya está todo listo” explica Marta.

El rol de Marta Montero en Mar del Plata generó la invitación a participar con una ponencia en la 5º Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos que se está llevando a cabo en esa ciudad hasta el 11 de abril. Marta intervendrá este martes 9 en una sesión que tratará “Justicia de género en salud. Praxis feminists por la justicia en salud”. En el panel coordinado por Melanie Alperstein (Sudáfrica) intervendrá Marta (Femicidio, luchas por la justicia de género y rendición de cuentas), Julie Dale, de Brasil (Violencia y discriminación contra LGBTQI+), Zahira Bouhabra (en conexión desde Marruecos), y hablará sobre Resistencia a los sistemas violentos y respuesta a las crisis de violencia de género Rawia Mahmoud (en conexión desde Sudán).

Lo crucial del trabajo de la familia continúa en Mar del Plata con La Casa de Lucía, punto de encuentro, de conferencias, recitales, eventos culturales y lugar además de acompañamiento para otras familias víctimas de violencia o de femicidios.

O sea que allí se reúne lo académico con lo barrial y la solidaridad concreta, no discursiva. Sostiene Marta: “Para nosotros es una alegría, porque hay un enorme movimiento alrededor de las cosas que se hacen allí. Vienen mujeres, familias, también estudiantes, abogados, de todo. Estamos empezando un curso de huerta, pero también va a ser lugar para que terminen la secundaria quienes no pudieron hacerlo. Y el acompañamiento a otras familias es fundamental, porque a todos nos pasa que ante la justicia estamos desorientados, te hablan de modos que no entendés muchas veces. Con la experiencia que lamentablemente hemos tenido, ahora podeos ayudar a otra gente que pasa por lo mismo para que conozca y entienda sus derechos, y cómo llevar adelante las causas”.

Vuelve a hablar sobre la casa, y la cantidad y calidad de eventos que allí suceden: “Eso sorprendió incluso a los vecinos. Nos decían que era una casa que había estado siempre cerrada, oscura, abandonada (había pertenecido a un grupo narco, según puede verse en MU 190). Y la gente del barrio nos dice que hoy pudimos transformar esa oscuridad en una luz muy linda, que les da entusiasmo. Imaginate la alegría que es para nosotros” dice Marta, cuando se iban de Plaza de Mayo habiendo presentado la carta y el informe y –sorprendentemente- el lunes frío, ventoso, desapacible y eclipsado se transformaba en un día de otoño cálido y luminoso.

El próximo encuentro está previsto para el 6 de mayo.

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En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 1 mes

01/04/2024

Nuevo informe mensual del primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal.

En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez registró 85 femicidios y travesticidios en todo el país. Solo durante marzo ocurrieron 18, con el agregado de 3 infancias asesinadas: Alma, de 11 años; Mateo, de 2; y Zamir, de 9. El total en lo que va del año es de 9.

En 91 días de 2024 se produjeron 85 femicidios y travesticidios y hay 18 mujeres desaparecidas: datos del Observatorio Lucía Pérez

Otro dato que surge del relevamiento es que, como resultado de estos crímenes de mujeres, se registraron 47 huérfanxs.

En este 2024, se llevan registradas 53 tentativas de femicidios.

Hay 18 mujeres desaparecidas.

Y llevamos 1.144 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

Por otra parte, se realizaron 105 marchas y movilizaciones contra la violencia patriarcal que exigen justicia ante los crímenes que no cesan.

El número de funcionarios denunciados que ha registrado el Observatorio asciende a 482.

Esos datos, esos crímenes, no son solamente cifras: por eso en nuestros padrones se visualiza cada nombre, la edad, el lugar donde vivían las víctimas y cómo sucedió cada femicidio, entre otros muchos datos que permiten dimensionar la violencia.

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencia, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así reunidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

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