#NiUnaMás

Apuntes para pensar qué nos pasa

Publicada

hace 11 años

02/06/2015

La autoconvocatoria a poner el cuerpo para decirle basta a la violencia contra las mujeres representa un cambio. ¿Por qué? ¿Cómo se expresa? ¿Qué significa? El rol de la condena social en la batalla contra la impunidad, la experiencia de H.I.J.O.S., la relación de los medios y las oenegés son algunos de los interrogantes que nos hicieron reflexionar y que compartimos con la esperanza de construir juntas, juntos, nuevas respuestas.

Algo cambió y que ese cambio produzca el resultado necesario, preciso, urgente requiere un esfuerzo social clave: pensar juntas, juntos, qué nos pasa.

El disparador fue un signo de los tiempos: un hashtag. Es decir, el signito # que caracteriza el impulso que las redes sociales le dan a las preocupaciones de esta época. No las del poder, sino las de las personas. Así entró por la ventana y a la agenda política de un año electoral el tema de la violencia contra las mujeres, autoconvocando a poner el cuerpo el miércoles 3 de junio, a las 17 y frente al Congreso.

Sin duda será importante lo que pase ese día, pero ya todo lo sucedido antes indica que estamos ante un cambio. Un ejemplo concreto: la reacción social ante el fallo del juez Horacio Piombo, cuando se difundió que el magistrado había disminuido la pena de un violador porque el chico abusado,que tenía sólo 6 años, ya había sido abusado previamente. El juez Piombo tiene un frondoso prontuario: siempre juzgó primero a las víctimas para graduar luego la condena de sus victimarios, de acuerdo a su penosa escala moral. Con idéntica coherencia, negó en tiempos de la dictadura los hábeas corpus presentados por los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas. Ni entonces ni hasta ahora semejante actitud fue reprochada ni formó parte del cotilleo mediático. Sin embargo, a partir del hashtag –signito de los tiempos- la reacción social fue inmediata y contundente: lo echaron de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, a través de un petitorio online, se reunieron 40 mil firmas para exigir el juicio político del magistrado. Todo esto en menos de 48 horas.

Estamos hablando, entonces, de otro signo de estos tiempos: la condena social se puso en marcha.

Cómo se construye esa condena social y por qué es el origen de todo acto de justicia es algo que tenemos, una vez más, el privilegio de ser testigos y la obligación de analizar.

¿Por qué?

Porque es el mecanismo social que le pone fin a la violencia y a la impunidad.

El efecto inmediato que activa este mecanismo es bien concreto: nunca antes como en estas semanas se hicieron -y nos hicimos- tantas preguntas sobre la violencia contra las mujeres.

Este primer efecto revela, entonces, que todas las respuestas formuladas hasta ahora eran insuficientes, incompletas y vacías.

¿Por qué?

Simple: si no solucionan el problema, esas respuestas son parte del problema.

La condena social lo primero que moviliza es la creatividad social.

Deja un vacío.

Limpia y barre el escenario político.

Lo desnuda para mostrarnos su inutilidad para resolver problemas urgentes que atentan directamente contra la vida de las personas.

Nos revela, impúdicamente, que la vida de las personas no es prioridad de los Estados. Sí sus bienes, sí sus producciones, sí sus organizaciones, pero no aquello que posibilita que todo eso suceda en un marco que garantice en forma equilibrada, democrática y equitativa el cuidado de las vidas.

Los desaparecidos, los pueblos fumigados, los jóvenes pobres criminalizados, las comunidades originarias atacadas o los femicidios son expresiones de violencias totalmente diferentes, producidas en situaciones y contextos distintos y por variables diversas, pero tienen algo en común: el límite a la impunidad lo imponen siempre las personas.

Son las personas, en la calle y con los pies, las que le dictan a las instituciones -que encarnan a eso que llamamos Estado- lo que ya no puede hacer Nunca Más.

¿Cómo lo hacen?

Buscando el denominador común que expresa el límite social.

Aquello único que todas y todos tenemos en común, expresado de manera clara, sencilla y contundente.

Ni una menos.

Son muchas las cosas que nos permiten pensar la expresión de encuentro social que representa hoy esta frase, pero la que nos toca, obliga y corresponde es la de registrar el rol que cumplen los medios de comunicación.

Por un lado analizar cómo los medios comerciales interfieren para impedir ese encuentro. Algunas pistas:

El medio es el mensaje es la ley que construyó imperios mediáticos y es lógico, entonces, que esos imperios –hoy decadentes- defiendan su existencia tratando de que todo mensaje social se expanda exclusivamente a través de sus venas: eso es lo que les garantiza poder, importancia, negocios.

Los tiempos han cambiado y aquello que llamamos “medios masivos” incluye ahora un nuevo protagonista: las redes sociales. Bajo este imperio de virtualización de las relaciones, la foto con el hashtag se convierte en el signo de una operación que pretende neutralizar con una selfie el poder de transformación política que tiene una sociedad cuando ocupa el espacio público.

El mensaje es el mensaje. Y cada mensaje es construido con palabras. Desde hace décadas soportamos un disciplinamiento del lenguaje referido a la violencia contra la mujer, destinado a imponer una jerga vacía, opaca, que interfiere la posibilidad de encuentro social, creando jerarquías. Consagra un sistema en el cual hay personas que saben (hablar, escribir, decir) y personas que no. Elite unas, mayoría las otras, todas soportan violencias, pero solo algunas conocen las palabras correctas para denunciarlas, exponerlas y compartirlas públicamente: “violencia de género” es un ejemplo de este lenguaje disciplinado.

¿Por qué no es correcto decir “violencia de género”?, preguntó esta semana un integrante (varón) de lavaca. Que surja esta pregunta es de por sí revelador, importante, trascendente, porque la sola pregunta en sí misma cuestiona, obliga a pensar qué estamos haciendo y por qué, interrogantes fundamentales para el ejercicio independiente y responsable del oficio periodístico.

¿Por qué no es correcto decir “violencia de género”? Una posible respuesta: género tienen las telas y las especies. También las palabras. “La puerta” es una palabra de género femenino. “El vidrio” es una palabra de género masculino. “Violencia de género” es una expresión incompleta: le falta decir qué género ejerce esa violencia. Le falta nada menos que el sujeto. Esta operación gramatical de ocultar al responsable se ha convertido en una convención y práctica para referir a la forma “políticamente correcta” de aludir a la violencia contra las mujeres. ¿Quién estableció esa orden y ese orden? Las oenegés.

El fenómeno de las oenegés debe analizarse dentro de un contexto histórico y político de terciarización del Estado. Así como se privatizaron servicios públicos, se privatizaron las obligaciones sociales de las instituciones estatales. En el caso que nos ocupa, el ejemplo del registro de femicidios es claro. La legislación internacional obliga a los Estados a llevar un registro y elaborar estadísticas de los casos de femicidios, entre otras medidas, para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres. Las profesionales más aptas para denunciar el incumplimiento de esta obligación se convirtieron en elaboradoras de ese registro, financiadas por diferentes instituciones nacionales e internacionales. En lugar de exigirle al Estado que lo hiciera, lo hicieron. El resultado es incompleto, recortado, insuficiente, pero alcanza para que en los últimos años los medios obtengan y reproduzcan datos sobre los femicidios que presentan, siempre, como absolutos: “Estos son los femicidios ocurridos este año”, nos dicen. Pero no lo son: son apenas algunos, los que salieron en la prensa, porque esa base de datos se elabora a partir de recortes de prensa. Así, medios y oenegés se retroalimentan. Sin prensa no hay oenegé. Una necesita un Estado débil, la otra un Estado impotente, en falta.

No es este un señalamiento hacia una institución en particular, sino un ejemplo de todo el proceso que se inició a fines de los 80 para convertir la rica tradición de lucha de los organismos de derechos humanos en oenegés. Así una herramienta de presión, denuncia y acción directa se transformó en una ejecutora de servicios caritativos que, en realidad son derechos que obligan al Estado a destinar recursos para ejecutarlos: desde consultas jurídicas hasta procesamiento de datos.

La oenegé es -en el mejor de los casos- un organismo de derechos humanos con bozal. Dedicada a hacer -en el mejor de los casos- lo posible en lugar de exigir que lo imposible se convierta en política de Estado. El grito de aparición con vida expresa eso: que lo imposible es la impunidad. Que Ni una menos también lo logre depende de que no quede en manos de ese voluntarismo posibilista, propio de las oenegés.

Otra cosa sobre la cual nos permiten reflexionar las preguntas que citamos: las formularon varones. Muchas veces hemos proclamado que el patriarcado es un sistema de dominación, pero quizá haga falta explicitar –ahora más que nunca- que como todo sistema de dominación oprime la vida. Es decir, a todas las personas. ¿Por qué? Porque oprime, justamente, las relaciones sociales. El cómo nos relacionamos. Quién manda y quién obedece. Lo complejo del patriarcado es que a esta altura de la Historia ha diseñado un sistema de órdenes tan complejo, tan siniestro, tan controlador, que para desatar esa opresión es necesario desanudar múltiples órdenes, que provienen de diversos roles sociales. La punta de ese ovillo la tienen las mujeres, es cierto, porque en esa opresión se les va la vida y el cuerpo, pero son los hombres, especialmente los jóvenes (educados por mujeres, por cierto) los que nos van indicando cómo y a qué nivel de profundidad está operando este cambio. No sólo porque muchos ya comparten tareas y responsabilidades –que también- sino porque se permiten hacer preguntas que admiten un no saber (qué hacer, qué pensar), algo que cultural y socialmente no les estaba permitido. Sí la broma, sí la chicana, sí la palabra divorciada de la acción, sólo para recortar el campo y hacer foco en la cultura que domina la masculinidad de los sectores de universitarios, militantes y progres. Preguntar, entonces, representa la posibilidad de compartir la duda y, lo que es más importante, la creación de la respuesta.

Otra pregunta que surgió estos días: ¿quiénes son estos varones capaces de matar a patadas, descuartizar, quemar, acuchillar y, lo que es aún más siniestro, a veces hacer todo esto a la vez, sobre el cuerpo de una mujer? La inquietante frase escuchada en la charla con la mamá de Melina (“tomaron mate conmigo, acá, en mi casa”, nos dijo) sacudió aún más el interrogante.

La lista de casos deja en claro que esos hombres son maridos, novios, pareja, en su enorme mayoría. ¿Son monstruos? ¿Cómo identificarlos si se parecen a cualquiera, si son “normales”?

Esa misma semana nuestra compañera Julieta Colomer, hija de desaparecidos, participó del escrache que organizó H.I.J.O.S. para señalar a los cómplices civiles de la dictadura, aún impunes. Con esa experiencia en el cuerpo, los pies y la sensibilidad, Julieta nos dijo: “No son cualquiera, no somos todos, son algunos, pero están circulando entre nosotros y por eso es necesario construir en cada territorio condena social. Hay que ir al barrio a preguntar: ¿Por qué a nadie le importa que una chica de 14 años que vivía acá en la esquina aparezca en una bolsa? Cuando comenzamos a hacer escraches a nadie le importaba que los genocidas caminaran por su calle. Recuerdo que muchos de los vecinos nos decían: ‘eso es parte del pasado, hay que mirar para adelante, dejemos todo como está’. No. Así no. Así lo único que queda intacta, intocable, es la impunidad. Discutir estos temas con el vecino, la vecina, en el barrio, es una forma concreta de construir con los demás otras formas de relacionarnos, que no tienen que ser humillantes, no nos tienen que avergonzar. Tenemos que poder decir en voz alta y en ese barrio concreto: ‘Las mujeres no tenemos que vivir sometidas por el miedo’. Así no somos lo mismo que el monstruo que asesina”.

Lo que nos dice Julieta es que la forma de diferenciarnos del monstruo es no ser indiferentes, pasar a la acción, formular preguntas incómodas, impertinentes, en el espacio público, cara a cara. “Cuando hablamos de poner el cuerpo –nos dice Julieta- no es sólo porque esta violencia contra las mujeres se ejerza sobre el cuerpo, sino porque ese poner el cuerpo apela a asumir el compromiso de ser protagonistas de los cambios que queremos lograr”.

¿Hay más casos o ahora se difunden más? preguntó otro integrante (varón) de lavaca. Sin datos oficiales estamos a ciegas. Cualquier respuesta es una hipótesis imperfecta, un tanteo en la oscuridad. Nuestro trabajo con mujeres sobrevivientes de violencias nos hace intuir algunas posibles respuestas, que son solo eso: hipótesis que fueron escritas con la esperanza de que se lean en grupos que están pensando este tema. Por eso el cuadernillo que las resume La máquina abusadora: cómo dejar de ser víctimas acompaña esta edición.

Hay otra posible línea de análisis inspirada en el ejercicio mismo de esta profesión. Los reporteros que cubren situaciones de conflicto armado elaboraron hace años una serie de consejos basados en la propia experiencia de moverse en situaciones de riesgo vital. Uno de estos consejos es particularmente interesante. Dice, más o menos, así: “El día más peligroso, aquel en el que más fotógrafos y periodistas mueren, según demuestran todas las estadísticas, es el último día de un régimen autoritario. El problema es que nunca sabemos cuál es el último día, hasta el siguiente”.

La pregunta, entonces, que nos permite pensar este consejo -formulado por quienes han puesto el cuerpo en la batalla sin ser parte de esas violencias- es si estamos ante los últimos días de un régimen autoritario: el patriarcal. Si así fuera, son los días más peligrosos, también. ¿Por qué? Porque el dominador no tiene ya nada que perder. No hay nada para preservar, cuidar, proteger. Su poder ha caído. Lo sabe. Y está dispuesto a matar en nombre de un futuro que si si no lo domina él, no será tampoco de aquella (y aquel) que se le haya rebelado.

Si estos fueran los últimos días del patriarcado la tarea social que nos toca, entonces, no es sólo la de garantizar el fin del tirano sino también la de crear otras formas de estar juntos, juntas, en comunidad, sin violencias, sin sometimientos y con alegría.

Vivir, pero en el sentido que nos orienta el buen vivir. De eso se trata también Ni Una Menos.

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Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords

Publicada

hace 4 días

09/06/2026

En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.

Por Evangelina Bucari

En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. En Cañuelas, un hombre le prendió fuego a la casa de una pareja de lesbianas. En Recoleta, dos mujeres, de 26 y 24 años, caminaban de la mano cuando un hombre las frenó y las increpó: una terminó con la nariz fracturada; la otra, con lesiones en la mano. En Palermo, un joven gay fue brutalmente golpeado y le rompieron la mandíbula. En Neuquén, Azul Mía Natasha Semeñenko fue asesinada, sin haber podido “ser Azul del todo” porque no recibió su hormonización.

Ninguno de estos hechos violentos de 2025 fue excepcional. El año pasado se registraron 227 crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y otras identidades disidentes. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, fue el año más violento desde la creación de este organismo, con un crecimiento de más del 60% respecto de 2024, cuando se habían registrado 140 casos. Se trata, dice el relevamiento, de un aumento “abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”.

La violencia por odio hacia el colectivo LGBT+ se intensificó en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, vaciamiento de organismos de protección, paralización de la agenda legislativa en materia de derechos y consolidación de discursos fascistas que estigmatizan a la diversidad.

Para María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el drástico aumento de estos crímenes en Argentina no puede separarse de los discursos de odio que provienen del gobierno nacional. “Tanto el presidente como funcionarios y allegados se expresan de manera violenta y discriminatoria hacia la comunidad LGBT en general y, principalmente, hacia la comunidad trans”, describe Rachid. “Y eso –agrega– genera mayor violencia y discriminación en la vida cotidiana. Esos discursos terminan legitimando, avalando y fomentando la violencia hacia nuestra comunidad”.

Esa realidad se percibe en lo cotidiano. Ayito Cabrera, director y fundador de la organización Espacio Tolomocho –que nuclea a personas trans con discapacidad–, advierte que el aumento no se limita a los casos visibles, sino que se expresa en formas más silenciosas y estructurales de violencia, atravesadas por la precarización económica y el desfinanciamiento.

“Los pedidos de ‘apañe’ de personas trans se multiplicaron considerablemente”, resume. Ese crecimiento, explica, tiene directa vinculación con la dificultad de acceder a un trabajo que permita sostener condiciones básicas de vida: comer cuatro veces al día, estudiar y alquilar. Cientos de personas travestis, trans y no binarias perdieron sus empleos en ámbitos estatales y muchas se quedaron sin acceder a medicamentos o tratamientos.

RADIOGRAFÍA

El informe elaborado por la FALGBT y las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires permite visibilizar la violencia cotidiana y su naturaleza.

Más de un tercio de los casos corresponde a ataques contra el derecho a la vida, que incluyen asesinatos, suicidios o muertes vinculadas a condiciones estructurales, mientras que casi dos tercios son agresiones físicas que no terminaron en muerte. Rachid aclara que hay un subregistro, “porque hay casos donde no se desarrolla ninguna línea de investigación relacionada a la posibilidad de un crimen de odio”.

En ese punto aparece uno de los datos más significativos del período: las agresiones físicas se duplicaron en un año y pasaron de 73 a 147 casos, un incremento del 101,4%.

Las muertes vinculadas a crímenes de odio se mantienen altas y con un patrón sostenido. En 2024 se registraron 67 casos (17 asesinatos, 44 muertes por violencia estructural y 6 suicidios), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 80 (16 asesinatos, 53 muertes por violencia estructural y 11 suicidios), es decir, un aumento del 19,4%. Ese crecimiento incluye un dato especialmente preocupante: los suicidios casi se duplicaron en un año.

Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas y concentran el 62,56% de los casos registrados. En segundo lugar se ubican los varones gays (22,03%), seguidos por varones trans (7,93%), lesbianas (5,73 %) y personas no binarias (1,76%).

Pero el documento advierte algo más: es un fenómeno que se expande. Entre 2024 y 2025, los ataques contra varones trans pasaron de 5 a 18 casos. Y las agresiones contra personas no binarias, que ni siquiera aparecían en registros anteriores, se duplicaron.

Ayito Cabrera describe con crudeza cuando además hay intersección de violencias. “Quienes somos personas trans con discapacidad vivimos una doble vulnerabilidad y una discriminación estructural histórica”, advierte. En ese contexto, señala, la falta de políticas públicas agrava condiciones ya precarias y profundiza el abandono.

Para el fundador de Espacio Tolomocho, las identidades trans –en especial, las transmasculinidades– se convirtieron en blanco de discursos que buscan deslegitimar derechos conquistados. “En esta intersección, nuestra identidad se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña internacional de las derechas globales. En nuestro territorio, eso se traduce en necesidades básicas –salud, vivienda, trabajo– gravemente afectadas: las hormonas se han vuelto prácticamente inaccesibles, la atención sanitaria se deteriora y la falta de empleo impide sostener una vivienda”, detalla Ayito.

En este sentido, las cifras no pueden interpretarse de forma aislada, sino como parte de un entramado de violencias estructurales, simbólicas e institucionales que impactan de lleno en las condiciones de vida.

Otro tema preocupante es un crecimiento sostenido de agresiones en comisarías y establecimientos penitenciarios, junto con un dato que marca un punto de quiebre: la participación de fuerzas de seguridad pasó de 17 casos en 2024 a 64 en 2025. Esto consolida a la violencia institucional como uno de los principales vectores de agresión, en especial contra la población trans y, en particular, contra las mujeres trans.

Rachid señala que esto no resulta sorpresivo. “Cuando aparecen o se instalan gobiernos de derecha, las fuerzas de seguridad se sienten más avaladas para ejercer su violencia hacia los grupos vulnerados en general y la población LGBT en particular”, explica.

LA ANTIAGENDA

El hecho de que el registro más alto de toda la serie histórica del Observatorio se produzca durante el gobierno de Javier Milei es un dato cargado de sentido. Desde que comenzó su mandato, siguiendo la agenda de ultraderecha de su amigo Donald Trump, el presidente argentino promovió discursos que cuestionan derechos, deslegitiman identidades de género diversas y contribuyen a habilitar formas más intensas de violencia contra las personas LGBT+, como quedó demostrado durante su intervención en Davos en enero de 2025.

Esa violencia simbólica vino acompañada de la eliminación de programas, organismos y dispositivos estatales que cumplían funciones centrales en la prevención de la violencia y el acompañamiento de las víctimas. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por ejemplo, dejó a la población LGBT+ sin un canal institucional específico para denunciar actos discriminatorios. El informe lo sintetiza en una frase que funciona como advertencia: “Allí donde el Estado se retira, el odio encuentra condiciones para expandirse”.

Esa relación entre discurso y violencia también aparece en la experiencia cotidiana de las organizaciones. Para María Rachid, los informes no solo marcan un aumento de los crímenes de odio, sino que evidencian su vínculo con los discursos que circulan desde el poder.

Agrega que, a partir de expresiones públicas de funcionarios y del propio Milei, se produjo un cambio perceptible: crecieron las denuncias, las consultas y también la violencia cotidiana. “Hay evidencia de esa relación directa. Lo muestran los informes, pero también se puede ver en las redes sociales de cualquier organización LGBT”, plantea Rachid.

Ocurre que cuando esos discursos provienen de una voz de autoridad como lo es el Poder Ejecutivo Nacional, el impacto es concreto. No solo habilitan la violencia, también la legitiman.

Desde el Espacio Tolomocho explican que lo que antes circulaba como insulto marginal hoy es retomado por funcionarios y medios, ampliando su alcance y su legitimidad social, y habilitando agresiones físicas, institucionales y discursivas con mayor impunidad.

Las consecuencias de ese proceso también se observan en el acceso a derechos básicos, como la ley de cupo laboral. Los despidos en la administración pública y la falta de implementación efectiva de estas normativas profundizaron la exclusión de la población trans y empujaron a muchas personas a situaciones de extrema precarización.

En este contexto, espacios como Tolomocho adquieren otro sentido y se transforman en redes de contención y cuidado, un recurso fundamental en tiempos hostiles. “Somos personas trans con discapacidad profesionales en nuestras áreas, editamos libros, hacemos muestras de arte, damos clases, trabajamos en accesibilidad. Apostamos a la educación y al arte como formas de construir otra sociedad”, explican.

En un clima social marcado por el ascenso de los discursos de odio, la discriminación y el individualismo, la respuesta vuelve a ser colectiva. La organización, la denuncia y la presencia en las calles se tornan fundamentales ante una avanzada antiderechos que tiene en el propio Estado nacional a uno de sus impulsores.

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Nota

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Publicada

hace 1 semana

04/06/2026

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.

Por Bernardina Rosini

El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.

Lo que no se puede creer

Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.

Varones

Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org

«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.

Dónde está Delicia

Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.

Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.

Justicia sin apellido

Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»

Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.

La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

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#NiUnaMás

El 3J porteño: Vamos

Publicada

hace 1 semana

04/06/2026

Por Claudia Acuña

Fotos: Juan Valeiro

Muchas: eso fuimos. Muchísimas más que la última vez y ojalá que menos que la próxima, o mejor: que no sea necesario una próxima. Que al fin podamos descansar y dedicarnos a otra cosa en lugar de escribir con marcador en un cartón: “Ayer estaba viva. Hoy mi hermana es la foto de este cartel” o salir del trabajo donde estamos paradas ocho horas por dos pesos para sumarnos últimas, con lágrimas regando las mejillas y la convicción de exigir justicia por la compañera que acuchilló su novio hace dos días, en ese femicidio que en la tele informaron como resultado de “una infidelidad”. Con esa orfandad de sensibilidad y respeto, que abona el permiso social para carnear mujeres están hablando en los medios de Noelia, 30 años, de Temperley, la compañera de este grupo de chicas que no pueden decir dónde trabajan porque la firma se los prohibió. “Ella ya lo había denunciado porque sufría su violencia, se había separado y ese día iba a sacar sus cosas de la casa. Él le dijo que no iba a salir viva de ahí, la tomó de rehén y ella pidió ayuda al 911, la policía demoró y cuando llegó no supo cómo intervenir: fue peor”, cuentan temblando. Masacradas primero, criminalizadas luego, silenciadas después, lo que queda es estar ahí con los carteles escritos a las apuradas y el llanto incontenible, al final de la concentración que un grupo decidió que no sea marcha ni disponer de lugar donde el dolor de las familias descanse (aprendan de Córdoba, orgas porteñas), pero no importa porque no es lo importante.