La agenda del año judicial en todo el país está marcada por los juicios orales y públicos a los responsables del terrorismo de Estado. En tanto, no se han puesto en marcha mecanismos para proteger a las personas cuyo testimonio es clave para que se haga justicia. La mirada del abogado de un grupo de sobrevivientes.

Cuando en agosto de 2003 el Congreso anuló las leyes de Punto Final y Obediencia Debida se abrió el camino para que los crímenes del terrorismo de Estado fueran, finalmente, condenados. Casi cinco años después, el abogado Rodolfo Yanzón define con sus manos lo que realmente sucedió. Las junta al mencionar los treinta largos años de impunidad y dice sólo tres palabras: “Nada de justicia”. Las separa apenas un centímetro para explicar la situación actual y dice una sola: “Poca”. Apenas un puñado de juicios – ahora mismo se está desarrolando uno en Corrientes- por causas menores que dejaron un saldo concreto: “Todavía no logramos sentar en el banquillo a ningún oficial de la Armada. Sólo a menos de 10 oficiales del Ejército, un cura, un policía y un prefecto. El saldo, desde ese punto de vista, es escaso”. Desde otro, el balance es también inquietante: un testigo desaparecido y un represor asesinado.
Yanzón es integrante de un equipo compuesto por abogados, sobrevivientes y militantes de derechos humanos. Tienen un nombre informal, que tomaron de una leyenda televisiva: Kaos. Ese toque de humor es quizá el único lujo de una tarea que implica ser una de las partes querellantes en casi una docena de causas contra responsables de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la mirada de Yansón sobre el camino recorrido desde la nulidad hasta hoy no es pesimista: es crítica. En este año que, espera, llegarán a juicio oral y público causas emblemáticas que alcanzan a nombres aún más emblemáticos, señala dos frentes concretos de esta larga batalla:

Por un lado, la concentración de juicios en una sola sala de la Capital. “Si seguimos con el criterio actual, solo el Tribunal 5 –es decir: sólo 3 jueces– deberá llevar adelante juicios que involucran a miles y miles de víctimas. Si tenemos en cuenta que para este año ya está toda la agenda de ese tribunal tomada con muy pocos casos, la tendencia es clara: vamos a seguir con juicios hasta el 2020”. También señala quien es responsable de esta situación: “La inacción de la Corte Suprema. Estos juicios tienen una incidencia directa en el funcionamiento del sistema en general y, por lo tanto, la Corte está obligada a hacer algo. Lamentablemente no lo ha hecho y no tengo expectativas de que lo haga.”
Por el otro, la consecuencia directa de este piquete judicial: miles de testigos deberán exponerse una y otra vez. “Esta es una batalla que libran con el cuerpo quienes, como las causas están tan fragmentadas, deben sobrevellar la pesada carga de declarar más de una vez lo mismo, por los mismos delitos, desguazados en diferentes causas. Y cuando señalamos esto no solo hablamos de su sufrimiento, que es real, sino por su seguridad”.

Luego de la desaparición de Julio López, ¿el Estado tomó alguna medida para proteger a los testigos?
Lo único que hizo el gobierno nacional fue conformar un Programa de protección y asistencia a los testigos que todavía siguen discutiendo: están discutiendo cargos, presupuestos, etc. La cuestión es qué se discute…
¿No se implementó?
No. Y la verdad es que no sé cómo podría implementar un programa que sea eficiente. Especialmente, si tenemos en cuenta las investigaciones recientes.

Yanzón se refiere concretamente al asesinato del represor Héctor Febres, envenenado en su celda vip de la Prefectura Naval, cuatro días antes de escuchar su condena por cuatro casos de torturas cometidas en la Esma. La jueza Sandra Arroyo Salgado, que investiga ese asesinato, “produjo mucha prueba que demuestra que el juicio a Febres fue para la Armada un ensayo. Lo que demuestra que la Armada –y por cierto, también el Ejército– siguen teniendo un control importante sobre los represores. La jueza Arroyo Salgado dice esto claramente: que el apoyo y hasta los privilegios que le dieron a Febres en su prisión vip funcionaron como una forma de tenerlo controlado las 24 horas para saber si podían confiar en él. Es decir, para saber si iba a hablar o no.” Justamente, el día de la lectura de la sentencia Febres tendría la oportunidad de pronunciarse públicamente. Lo asesinaron antes.
Finalmente, ¿Febres fue condenado?
No. Fue sobreseído por fallecimiento.
Por otro lado, los organismos de derechos humanos parecen haber perdido la distancia con respecto a cómo pararse frente al Estado, ¿dónde se paran ustedes?
En la lucha por la defensa de los derechos humanos hay límites que no podemos pasar. La independencia tiene que ser la primera regla de oro y lamentablemente se rompió. La rompió Hebe, la rompió Estela Carlotto hace más tiempo y, en general, la rompieron casi todos. Y esto es algo que vamos a pagar.
¿Por qué?
Porque quienes están a favor de la impunidad hacen un tipo de lectura que estas actitudes favorece. Dicen: ´se va este gobierno y se dejan de joder´. Y nosotros tenemos que lograr que esto no sea cierto.
¿Cómo?
Tenemos que lograr que los juicios sigan aunque este gobierno no esté. Los jueces responden al aire predominante: cuidan su asiento y su carrera y todo lo demás está en segundo o tercer plano, con algunas excepciones que son eso: excepciones. Y no sé si hay más de dos. El poder disciplina y la justicia independiente no existe ni existirá. La cuestión política incide directamente y, más allá de que esté bien o mal, tenemos que trabajar con eso. Lo que nosotros deberíamos hacer es lograr que esos jueces no se disciplinen con un gobierno sino con una causa y la forma de lograrlo es que la garantía de esa causa no sea un gobierno, sino la comunidad. Si vamos a proclamar que el gobierno es el que está llevando adelante estos juicios, perdimos la batalla. Creo que el desafío de hoy es darnos cuenta de que la política de defensa de derechos humanos no es de Kirchner, sino nuestra.