Las cooperativas de trabajo siguen recuperando empresas quebradas, aunque todavía encuentran los mismos obstáculos en la justicia, la legislación y el Estado. Éstas son las últimas noticias sobre cómo se organiza, produce y resiste este movimiento que logró crear una alternativa de vida hasta para las mascotas.

D os hombres y una mujer, tan acalorados como agitados, esperan sentados en la antesala del estudio que el abogado Luis Caro tiene en Avellaneda. La puerta se entreabre, el letrado asoma, y los tres se apresuran a ponerse de pie. Uno de ellos estira la diestra para saludar y se presenta: “Somos la próxima empresa recuperada”, dice Roberto Villalba. Su cara se ilumina con una sonrisa que podría auspiciar Kolynos y sin dar tiempo a nada descerraja su historia: el hombre era jefe de planta en Ancla, una fábrica de cadenas con 97 años de vida. “Soy la quinta generación de mi familia que trabaja en la firma y desde que nací vivo en la planta”, dice con orgullo. Desde el 27 de noviembre comparte su residencia con 45 compañeros que decidieron tomar las instalaciones después de que advirtieran un intento de vaciamiento por parte de las noveles generaciones de patrones.
El proceso de recuperación de fábricas que emergió tras la crisis de 2001 tal vez haya perdido su imagen más violenta, aquella que mostraba en las pantallas televisivas a los trabajadores resistiendo desalojos, enfrentados cuerpo a cuerpo con la policía. Pero sin embargo, la reapertura por parte de los obreros de empresas quebradas o vaciadas por sus dueños no se detuvo, como lo ejemplifica la esperanzadora presentación de Villalba. También podrían mencionarse los casos de la lanera El Mirador, cuyos 36 trabajadores están acampando frente a la puerta de la fábrica o el ex lavadero hospitalario Lanape, reabierto hace menos de un mes por sus otrora empleados, devenidos ahora en socios de la recién nacida Cooperativa 24 de Febrero.
“Dicen que el país cambió, que todo está mejor, pero los trabajadores tienen que seguir recuperando fábricas”, sentencia Caro, presidente del Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores (mnfrt), uno de los varios agrupamientos que conformaron las casi dos centenas de firmas autogestionadas. El movimiento de Caro, que aglutina a unas 80 empresas, es uno de los desgranamientos de aquel viejo Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (mner) que originalmente reunió a las cooperativas de trabajadores que rescataron empresas en medio de la crisis de 2001.
 
Sobre guapos y lienzos
En diciembre de 2006 nació otro de los agrupamientos, la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (facta), que nombró como presidente a José Abelli, referente santafesino de la recuperación de empresas, y como vicepresidente a Fabio Resino, del Hotel Bauen de Buenos Aires. facta, que nuclea a unas 30 cooperativas, aspira –según declaran sus propios dirigentes– a convertirse en el ala más progresista del movimiento cooperativo tradicional. Para eso comenzó un acercamiento con Cooperar, una de las dos grandes confederaciones de cooperativas de Argentina. La nueva federación también inició contactos para avanzar en trabajos conjuntos con la Federación de Cooperativas de Trabajadores (fecootra), que agrupa a las antiguas cooperativas de trabajo y a un puñado de las recientes empresas recuperadas. “Cuando nuestro movimiento surgió, allá por 2002, podías ir de guapo a todos lados por el contexto de crisis terminal que vivía el país. Hoy necesitás hablar con todos: sentarse a conversar no implica bajarse los lienzos. Además, la economía social nos excede a las empresas recuperadas; hay que tender a un armado más amplio que nos permita disputar con el poder económico que domina el mercado”, argumenta Federico Tonarelli, uno de los voceros de facta, que también vislumbra un acercamiento con la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (anta), organización que reúne a las recuperadas aglutinadas por la Central de Trabajadores Argentinos.
 
Vientos del sur
En la zona sur bonaerense, 13 empresas –metalúrgicas, plásticas, químicas, constructoras y apicultoras– se agruparon en torno a la seccional uom de Quilmes, uno de los pocos gremios que apoyaron los procesos de recuperación autogestiva junto a la Federación Gráfica y a la seccional Rosario de la Asociación de Empleados de Comercio. Ahora que resultó electo intendente de Quilmes el referente de la uom, Francisco Barba Gutiérrez, estas empresas sureñas comenzaron a diseñar dos nuevas instancias de organización: una se denomina Consorcio Productivo del Sur, destinado a desarrollar trabajos en conjunto para mejorar la capacitación y los canales de comercialización de las empresas; y la otra es una nueva federación de empresas recuperadas de la zona con la intención de convertirla en una herramienta potente para discutir la expropiación definitiva de sus fábricas.
Las 13 fábricas nucleadas en la uom, como casi todas las recuperadas de la provincia de Buenos Aires y del interior del país, fueron expropiadas transitoriamente. La mayoría de las leyes de expropiación cedieron las maquinarias a los trabajadores en carácter de donación. Pero para los inmuebles la mecánica fue distinta: el Estado se comprometía a indemnizar en un lapso –generalmente de dos años– a los acreedores de las quiebras. Los trabajadores debían reintegrarle al erario público ese dinero en créditos que rondaban los 20 años. Pero el Estado no cumplió su parte. “La legislación hizo lo que tenía que hacer, lo que falta es la acción ejecutiva: homologar leyes y que los Estados depositen el dinero”, señala Osvaldo Pérez, miembro de la recuperada Metal Varela y presidente del Consorcio Productivo del Sur.
Como excepción apenas podría mencionarse un puñado de casos, como los de utrasa (ex Gatic) de Corrientes, donde el gobierno provincial desembolsó los 250.000 pesos que se había comprometido; o el incipiente acuerdo firmado para Renacer (ex Aurora-Grundig), en Ushuaia. Cansado de las zozobras que genera el incumplimiento del Estado, algunas cooperativas –como la Unión Papelera Platense, la metalúrgica MVH, la termoplástica Vinilplast, el diario cordobés Comercio y Justicia, la productora de sopletes Nueva Era o la fábrica de pastas rosarina Mil Hojas– decidieron aprovechar su buen momento económico y comprar la quiebra con recursos propios para sacarse el problema de encima. No obstante, la gran mayoría de las empresas autogestionadas aún vive en la incertidumbre legal. “Hasta el momento, ningún juez se animó a sacar a los trabajadores. En todos los casos logramos la extensión de los plazos. También ya hay algunos ex dueños, como en el caso de Lavalán, que iniciaron juicios al Estado para que les pague. Saben que es más fácil sacarles plata a los gobiernos que echar a los obreros”, tranquiliza Caro.
 
El Estado deudor
Aunque difieren en los caminos, todas las agrupaciones de empresas recuperadas colocan al frente de sus demandas una solución definitiva para las expropiaciones de las fábricas: “Si ya tuviéramos el título de propiedad, podríamos acceder a algunos créditos blandos para poder desarrollarnos”, señala Pérez. “Necesitamos reinvertir para vender. En el Bauen, por ejemplo, nos vendría muy bien arreglar la pileta. Pero si reinvertimos y después nos desalojan… Nadie quiere dar crédito en este limbo jurídico”, agrega Tonarelli.
La situación del Bauen es, tal vez, una de las más delicadas. Aunque el hotel fue reabierto y reacondicionado por sus trabajadores, no fue beneficiado con una ley de expropiación y ya recibió varias órdenes de desalojo. Hace tres años, la Legislatura porteña aprobó la expropiación definitiva de 13 empresas y el hotel quedó afuera de ese grupo. Después, hubo otra media docena de expropiaciones transitorias, entre las que se encuentran la editorial Cefomar, la elaboradora de tapas de empanada La Mocita, la transportadora Ravione y la fábrica de globos Global. Pero entre ellas tampoco fue incluido el Bauen, situado en el corazón porteño y en el medio de una disputa legal entre ex dueños y testaferros que dificulta aun más una resolución favorable para los trabajadores. Recién pocos días antes de las pasadas elecciones presidenciales, lograron ser recibidos por el ministro de Interior Aníbal Fernández para plantearle, cara a cara, sus necesidades.
A pesar de las leyes de expropiación definitiva que rigen en la Ciudad de Buenos Aires, las cooperativas porteñas tampoco respiran tranquilidad. Con excepción de la fábrica para materia primas para helados Ghelco, el gobierno de la Ciudad tampoco depositó el dinero correspondiente a las indemnizaciones. “Ahora no sabemos qué pasará cuando asuma Mauricio Macri, que dice que quiere revisar caso por caso. Encima las leyes de expropiación nunca fueron reglamentadas”, señala Tonarelli. Caro pide que no cunda el pánico: “Los antiguos patrones tendrán que hacerle juicio al Estado para que pague, pero de ninguna manera corren riesgo las cooperativas que cuentan con leyes de expropiación: el gobierno ya hizo presentaciones judiciales para ejecutar las transferencias a favor de los trabajadores, automáticamente quedaron interrumpidas las cláusulas de caducidad que establecían la leyes de expropiación”.
 
El Juego de la Oca
Ante este limbo legal, las cooperativas agrupadas en facta exigen una Ley Nacional de Expropiación que permita regularizar la situación de todas las fábricas recuperadas, tanto las que cuentan con leyes de expropiación como aquellas que no las tienen, como el Hotel Bauen o Cerámicas Zanón, de Neuquén.
El movimiento que responde a Caro, a su vez, exige una reforma a la Ley de Quiebras. El proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados pero venció el plazo para que lo apruebe el Senado, por lo tanto –como en el Juego de la Oca– el trámite volvió al punto de partida. El proyecto de la nueva ley busca que los jueces que tengan a su cargo una quiebra puedan ceder, de manera automática y sin necesidad de leyes de expropiación, los bienes de las empresas fallidas a los trabajadores, a quienes se les reconocerían los créditos laborales como forma de compensar los pagos.
facta, a su vez, también reclama una nueva ley de cooperativas de trabajo que reconozca un estatus especial al trabajador autogestionado, para que –entre otras cosas– los obreros de las fábricas recuperadas puedan contar con las obras sociales gremiales. “Es un disparate que los miembros de las empresas recuperadas tengan que pagar monotributo”, opina Tonarelli que, además, exige que cambie la ley de riesgo de trabajo que no contempla a las cooperativas. “Nuestros trabajadores no pueden asegurarse en las art, tenemos que sacar una póliza, que termina siendo mucho más caro”.
Otro grupo de empresa, autodenominado la Red Gráfica, que reúne a media docena de imprentas recuperadas, se aglutinó para solucionar problemas como éstos. “Coordinando juntos podremos abaratar seguros, comprar mejor el papel, presentarnos en forma conjunta a grandes licitaciones”, explica Gustavo Ojeda de la Cooperativa Gráfica Patricios.
 
Cadena de producción
La integración económica entre las cooperativas comenzó a ser, lentamente, una estrategia para compensar las desigualdades que viven en medio de un mercado despiadado. El Bauen, por ejemplo, concretó acuerdos con otras cooperativas del interior para que sus socios se alojen en sus habitaciones cuando tienen que viajar a Buenos Aires. La cooperativa Evaquil fabrica evaporadores para las heladeras que producen los trabajadores de la ex Coventry. El Hospital Israelita contrata los servicios de la recientemente recuperada lavandería 24 de Febrero. Y el mismo hospital, además, firmó convenios con una decena de fábricas recuperadas para brindarles asistencia médica a los trabajadores que las integran. La cooperativa “tractorera” Zanello reparó un micro de la Cooperativa de Transporte de San Salvador de Jujuy y ésta, a su vez, asesoró a una par correntina para que pueda adquirir el combustible con tarifa subsidiada. “Ahora que se reglamentó la Ley de Cajas de Crédito Cooperativas estamos analizando la posibilidad de crear nuestro propio sistema de crédito a tasas simbólicas, que permitan mantener el capital”, explica Tonarelli.
Si bien la realidad económica de cada fábrica recuperada es distinta, en líneas generales puede decirse que cuentan con economías esperanzadoras. Sus socios retiran –en promedio– 1.500 pesos y hay casos donde la suma se duplica. Algunas cooperativas lograron exportar su producción al extranjero, como Ghelco, Vinilplast, el frigorífico Yaguané y la metalúrgica Los Constituyentes. Otras fábricas, como Mil Hojas, logró un éxito inconmensurable para estos tiempos: en los programas televisivos de gastronomía rosarinos se anuncia que los platos que allí se preparan se cocinan con pastas producidas por la cooperativa.
Aquellas fábricas que lograron salir de la economía de subsistencia tomaron como conducta reinvertir una porción de sus ingresos, que suele oscilar entre el 10 y el 20 por ciento de sus excedentes. Así, la textil San Remo compró dos nuevas máquinas, el ex Astillero Zanin reparó su pantógrafo y adquirió soldadoras automáticas y la fábrica de sopletes Nueva Era (ex Cane) compró dos centros de mecanizado.
“Nosotros, como muchas cooperativas, tenemos una crisis de crecimiento, es una buena señal. A veces, la demanda excede nuestra capacidad de producción ante la falta de procesos innovadores y de acceso al crédito”, describe Pérez, de Metal Varela y agrega: “También tenemos una deuda pendiente con la sociedad. En los momentos más bravos, cuando acampábamos frente a la puerta o estábamos en medio de la toma, muchos se acercaron a darnos apoyo, a traernos guiso, o pan. Tenemos que devolvérlo con cultura, absorbiendo a trabajadores que están fuera del sistema, capacitando jóvenes”.
 
Puertas abiertas
El sentimiento que confiesa Pérez no es exclusivo de Metal Varela. Varias fábricas recuperadas abrieron sus puertas a la sociedad brindándole diversos servicios como forma de agradecimiento pero también como manera de aportar a la transformación social. Gráfica Patricios, por ejemplo, levantó una radio, un centro de salud y una escuela media que fue incorporada al programa oficial Deserción Cero. Otra imprenta, Chilavert, y Maderera Córdoba cuentan, a su vez, con bachilleratos populares. El hotel Bauen cede sus instalaciones para que se reúnan los trabajadores del subte, los familiares de las víctimas de Cromañón y diversos movimientos sociales. El supermercado Tigre, de Rosario, habilitó un Centro de Economía Solidaria en el que treinta emprendedores ofrecen sus productos, un centro editorial que ya ha publicado diez títulos y una sala teatral por donde ya han desfilado los premios Nóbel José Saramago y Adolfo Pérez Esquivel. Además, abre sus puertas para que se reúnan los Autoconvocados en Defensa de la Vivienda Única, la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados y los miembros de la Asociación Argentina de Actores. En sus instalaciones también funciona un servicio de psicología que lleva atendidas más de 5.500 consultas.
El mayor éxito de las recuperadas –subraya Caro– tal vez sea su mayor obstáculo: “Los trabajadores tienen que convencerse de que pueden hacerlo”, dice el abogado y completa: “No es fácil resistirse a la tentación de gerentes, inversores, capitalistas que aparecen y prometen el oro y el moro. Ghelco, por ejemplo, rechazó seis ofertas. Es muy difícil decir que no, más aun cuando los subsidios y ayudas estatales llegan siempre tarde”.
El modelo de las fábricas recuperadas inspiró también a numerosas cooperativas que emergieron en el país en los últimos años. Artesanos, medios sociales de comunicación, agrupaciones culturales y microemprendedores de los más diversos tipo utilizaron el know how de los trabajadores autogestionados. Uno de los casos más recientes y curiosos, tal vez sea el de los veterinarios de la asociación civil mapa –aquella que hizo famosa Gerardo Sofovich en sus noches de domingo– que se acercaron a facta para ver cómo podían organizarse después de que la institución comenzara a desintegrarse tras la muerte de sus fundadores. También para las mascotas –dicen los veterinarios– hay otro mundo posible.